Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20041220
Fecha de Publicacion: 27/12/2004
Número de boletín: 151
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.

Texto
     LEY 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26
     de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     La puesta en marcha y la aplicación del conjunto de medidas de la Ley
     24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
     vivienda protegida a lo largo de su primer año de vigencia, aún
     resultando globalmente positivas, han puesto de manifiesto la
     conveniencia de realizar diversos ajustes y mejoras en su articulado,
     así como de introducir algunas medidas adicionales que eviten
     repercusiones presupuestarias innecesarias, derivadas del ejercicio
     de los derechos de adquisición preferente, o que se incumplan
     determinaciones de planeamiento acerca del destino de terrenos a la
     construcción de viviendas protegidas, entre otras.
     Esta Ley, por ello, modifica diversos preceptos de la Ley 24/2003, de
     26 de diciembre. En primer lugar, en relación con la enajenación de
     terrenos destinados por el planeamiento a usos residenciales libres,
     se regula la posibilidad, en municipios de población inferior a cinco
     mil habitantes que no deban realizar reservas mínimas de terrenos
     para vivienda protegida, de que, previo informe favorable del
     Departamento competente en materia de vivienda, pueda realizarse la
     enajenación a través de otros procedimientos previstos en la
     legislación urbanística y local distintos de la permuta. Con ello, se
     hacen posibles pequeñas actuaciones de vivienda, libre o protegida,
     impulsadas desde el Ayuntamiento para dar respuesta inmediata a las
     demandas de autopromoción individual de vivienda para uso propio,
     entre otras finalidades.
     En segundo lugar, esta Ley simplifica la regulación de las
     autorizaciones administrativas para la cesión en propiedad por
     cualquier título, la constitución de derechos reales o el
     arrendamiento de viviendas protegidas, coordinándola con la
     regulación del visado y de las comunicaciones relativas a los
     derechos de adquisición preferente que ostenta la Administración.  La
     nueva regulación, que mantiene el fondo de la anterior, se limita a
     clarificar diferentes cuestiones conforme a la práctica durante este
     primer año de vigencia de la Ley, en la que han participado
     activamente los notarios de la Comunidad. En esencia, todos los
     trámites se unifican, de manera que el ciudadano realizará
     simultáneamente la comunicación, la solicitud de autorización y la
     solicitud de visado a la Administración.
     En tercer lugar, se perfeccionan algunos aspectos de la regulación
     del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de Aragón, ya en
     funcionamiento, con la finalidad de ampliar el espectro de ciudadanos
     que podrán participar en los procedimientos de adjudicación de
     viviendas protegidas que van a tener lugar el próximo año. En su
     nueva redacción, la Ley permitirá que cualquier ciudadano inscrito en
     el Registro pueda participar en los procedimientos de adjudicación a
     partir del día siguiente de la inscripción, conforme a lo que se
     señale en la resolución que dé inicio al procedimiento. La gestión de
     tales procedimientos, de este modo, será mucho más flexible.
     En cuarto lugar, esta Ley introduce una mayor precisión en la
     definición del ámbito de aplicación de los derechos de adquisición
     preferente establecidos a favor de la Administración y regula su
     posible ejercicio a favor de terceros, evitando de este modo que se
     produzcan dobles transmisiones, que las viviendas objeto de los
     mismos pasen por el patrimonio de la Comunidad Autónoma
     innecesariamente y que, en definitiva, se produzcan repercusiones
     presupuestarias innecesarias.
     Finalmente, se mejora técnicamente la redacción del precepto que
     establece la posibilidad de adopción de medidas de restauración de la
     legalidad en relación con actuaciones, omisiones o usos concluidos,
     se rebaja el rango de la infracción administrativa consistente en la
     percepción de sobrerrentas por el arrendamiento de viviendas
     protegidas, que pasa de muy grave a grave, y, al tiempo que se mejora
     la redacción de algún tipo de infracción, se tipifican infracciones
     dirigidas a garantizar que se evite la retención de suelo destinado a
     vivienda protegida o su destino a otros usos vulnerando el
     planeamiento urbanístico, así como a garantizar el cumplimiento de
     las medidas de restauración de la legalidad.
     Artículo único.-Modificación de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre,
     de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
     1. Se añade un nuevo párrafo al apartado primero del artículo 3, que
     queda redactado del siguiente modo:
     «Previo informe favorable del Departamento competente en materia de
     vivienda, los municipios a los que se refiere la letra c) del
     artículo 5 de esta Ley podrán disponer de los terrenos destinados por
     el planeamiento urbanístico a usos residenciales, sin concretar que
     lo sean de viviendas protegidas, conforme a lo establecido en la
     normativa urbanística y de régimen local. El informe deberá emitirse
     antes del acuerdo de toma de conocimiento o aprobación del acto
     dispositivo.»
     2. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente
     modo:
     «1. Las viviendas protegidas de Aragón no podrán ser cedidas en
     propiedad, arrendamiento, precario o por cualquier otro título, ni
     gravadas con derechos reales, salvo el de hipoteca, sin autorización
     administrativa previa de la Administración autonómica. La solicitud
     de autorización podrá formularse simultáneamente con la comunicación
     establecida en el artículo 29 de esta Ley. La autorización de
     enajenación de viviendas de promoción pública se regirá por lo
     establecido en el artículo 27 de esta Ley, sin perjuicio de la
     exigencia de visado y de la aplicación de lo establecido en este
     artículo, en lo que proceda.
     2. La autorización administrativa y visado de contratos tendrán lugar
     conforme a las siguientes reglas:
     a) El transmitente deberá presentar un modelo de contrato que será
     aprobado por los Servicios Provinciales del Departamento competente
     en materia de vivienda. La autorización concedida permitirá al
     transmitente suscribir los correspondientes contratos de enajenación
     de las viviendas.
     Al mismo tiempo que presente el modelo de contrato o con
     posterioridad a su aprobación, el transmitente deberá acreditar que
     el futuro adquirente de la vivienda cumple los requisitos de acceso a
     la vivienda de que se trate y se halla inscrito en el Registro de
     Solicitantes de Vivienda Protegida. Si queda acreditado, los
     Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de
     vivienda autorizarán la transmisión.
     El transmitente deberá presentar copia de los contratos, una vez
     suscritos, para su visado. Los Servicios Provinciales comprobarán que
     el contrato suscrito coincide con el modelo autorizado. En el
     supuesto de denegación de visado, se entenderá que el contrato
     suscrito carece de validez.
     b) Lo establecido en la letra anterior se aplicará también a las
     transmisiones de garajes o trasteros no vinculados a favor de quienes
     figuren como titulares de viviendas protegidas situadas en el mismo
     edificio, unidad edificatoria o promoción. En tal caso, no se exigirá
     la inscripción en el Registro.
     c) En los supuestos previstos en la letra anterior, así como en los
     casos de segundas transmisiones que afecten a una sola vivienda, no
     será necesaria la presentación del modelo de contrato, pudiéndose
     presentar el contrato ya firmado junto con la documentación necesaria
     señalada en la letra a) de este apartado. El Servicio Provincial
     procederá a autorizar la enajenación y visar el contrato en un solo
     acto.
     d) En el caso de arrendamientos de vivienda protegida se procederá en
     la misma forma establecida en las letras anteriores.
     e) Reglamentariamente podrá establecerse la documentación necesaria
     que habrá de presentarse para la tramitación de la autorización y el
     visado. El plazo para resolver la aprobación del modelo de contrato
     será de un mes a contar desde el día siguiente a la solicitud. El
     plazo para resolver la autorización de cesión será también de un mes.
     El plazo para el visado será de quince días. En el caso de que se
     hayan tramitado conjuntamente la autorización y el visado, el plazo
     para resolver será de dos meses. La falta de resolución expresa en
     cualquiera de estos casos tendrá efectos estimatorios.
     3. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá autorizar
     discrecionalmente segundas o ulteriores transmisiones de viviendas
     protegidas siempre que hayan transcurrido al menos cinco años desde
     la calificación definitiva, conforme al procedimiento que se
     establezca reglamentariamente, en el que habrán de acreditarse
     suficientemente los hechos y circunstancias alegados.
     Antes del transcurso de cinco años, la Administración de la Comunidad
     Autónoma podrá autorizar segundas o ulteriores transmisiones, en las
     mismas condiciones, únicamente en los siguientes supuestos:
     a) Cuando la vivienda hubiese sido adquirida para la sociedad
     conyugal y ésta se haya disuelto en virtud de separación, nulidad o
     divorcio del matrimonio, así como cuando hubiese sido adquirida
     proindiviso por los futuros contrayentes o por personas integrantes
     de parejas de hecho con aportaciones de ambos y concurriese la
     ruptura del vínculo de afectividad.
     b) Cuando concurran circunstancias laborales u otras de fuerza mayor,
     apreciadas como tales por el Departamento competente en materia de
     vivienda, que exijan necesariamente el cambio de domicilio.
     c) Cuando la vivienda resulte objetivamente inadecuada para la unidad
     de convivencia según su distribución y características en el momento
     de la calificación definitiva. Se considera, en todo caso,
     objetivamente inadecuada la vivienda cuando, dada la composición
     familiar, deban compartir habitación ascendientes y descendientes de
     la unidad familiar o la vivienda disponga, además de cocina, baño y
     salón-comedor, de una habitación para tres o más miembros de la
     familia, dos habitaciones para cuatro o más miembros y tres
     habitaciones para seis o más miembros.
     d) Cuando el titular de la vivienda acredite suficientemente, a
     juicio del Departamento competente en materia de vivienda, una
     alteración sustancial de sus circunstancias económicas que determine
     la imposibilidad de continuar haciendo frente a la amortización de
     los préstamos con garantía hipotecaria concertados para la
     adquisición de la vivienda.
     4. Las viviendas protegidas de Aragón que hayan sido adjudicadas en
     arrendamiento o precario, tanto en promociones públicas como en
     privadas, no podrán ser cedidas por ningún título por el arrendatario
     o precarista. Tampoco podrán ser cedidas en arrendamiento o precario
     las viviendas protegidas de promoción pública adjudicadas en
     propiedad.
     5. El régimen previsto en este artículo no será de aplicación a las
     transmisiones mortis causa. En este caso, el nuevo titular de la
     vivienda deberá comunicar la transmisión al Servicio Provincial
     correspondiente.»
     3. Se modifican los apartados primero, segundo y cuarto del artículo
     23, que quedan redactados del siguiente modo:
     «1. La adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública
     tendrá lugar entre quienes estén inscritos en el Registro como
     solicitantes de vivienda protegida en la correspondiente modalidad de
     demanda con la antelación mínima que se señale, que no podrá ser
     superior a dos meses, al iniciar el procedimiento de adjudicación.
     2. La adjudicación pública de viviendas protegidas de promoción
     privada tendrá lugar entre quienes estén inscritos como solicitantes
     de vivienda protegida en la correspondiente modalidad de demanda con
     la antelación mínima que se señale, que no podrá ser superior a dos
     meses, al iniciar el procedimiento de adjudicación, o, cuando la
     adjudicación no corresponda a la Administración, en la fecha en que
     se someta a autorización administrativa el listado provisional de
     adjudicatarios.
     4. Unicamente se tendrán en cuenta, a los efectos de participación en
     los procedimientos públicos de adjudicación o de control de las
     adjudicaciones provisionales realizadas por particulares, los datos
     de inscripción existentes con la antelación mínima que se señale, que
     no podrá ser superior a dos meses, al iniciar el procedimiento de
     adjudicación, o, cuando la adjudicación no corresponda a la
     Administración, en la fecha en que se someta a autorización
     administrativa el listado provisional de adjudicatarios. En ningún
     caso se considerarán a estos efectos los datos comunicados pendientes
     de tramitación.»
     4. En relación con las limitaciones al poder de disposición y los
     derechos de adquisición preferente sobre viviendas protegidas
     regulados en el título segundo de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre,
     se introducen las siguientes modificaciones:
     a) Se crea un nuevo apartado quinto en el artículo 27, redactado del
     siguiente modo:
     «5. Los derechos de adquisición preferente regulados en este artículo
     serán de aplicación únicamente en las transmisiones inter vivos,
     onerosas o gratuitas. Se exceptúan en todo caso las transmisiones
     resultantes de procedimiento de apremio, las derivadas de la
     disolución de comunidad conyugal o cualquier otra comunidad y las
     aportaciones a la comunidad conyugal.  Reglamentariamente podrán
     establecerse otras excepciones de carácter análogo.»
     b) Los apartados primero y segundo del artículo 28 quedan redactados
     del siguiente modo:
     «1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la
     entidad local donde radiquen viviendas protegidas de promoción
     privada el derecho de opción de compra sobre las mismas. Tendrá
     preferencia la Administración de la Comunidad Autónoma en el
     ejercicio de la opción, salvo que se trate de viviendas de promoción
     privada concertada por Ayuntamiento o Comarca, en cuyo caso la
     preferencia corresponderá a la entidad local.
     2. Las entidades promotoras de viviendas protegidas, cualquiera que
     sea su naturaleza, al solicitar la calificación provisional,
     presentarán a la Administración de la Comunidad Autónoma la oferta de
     venta, que deberá comunicarla a las entidades locales
     correspondientes, a fin de que, en el plazo de un mes computado desde
     la presentación de la oferta de venta a la Administración de la
     Comunidad Autónoma, pueda ejercerse el derecho de opción de compra.»
     c) Los apartados primero y tercero del artículo 29 quedan redactados
     del siguiente modo:
     «1. El titular de viviendas protegidas de promoción privada podrá
     transmitirlas conforme a la normativa y precios máximos que resulten
     de aplicación, respetando, en todo caso, el derecho de tanteo que, de
     acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes de este
     artículo, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y
     a la entidad local donde radiquen, en tanto se mantenga el régimen de
     protección. Tendrá preferencia la Administración de la Comunidad
     Autónoma en el ejercicio del tanteo, salvo que se trate de viviendas
     de promoción privada concertada por Ayuntamiento o Comarca, en cuyo
     caso la preferencia corresponderá a la entidad local.
     3. Con objeto de hacer posible el ejercicio del derecho de tanteo,
     los propietarios de las viviendas sujetas al mismo deberán comunicar
     a la Administración de la Comunidad Autónoma la decisión de
     enajenarlas, el precio y la forma de pago pactados y las restantes
     condiciones esenciales de la transmisión. La Administración de la
     Comunidad Autónoma dará traslado de la comunicación a las entidades
     locales correspondientes.»
     d) Se crea un nuevo apartado quinto en el artículo 29, redactado del
     siguiente modo:
     «5. El derecho de tanteo regulado en este artículo será de aplicación
     únicamente en las transmisiones inter vivos, onerosas o gratuitas. Se
     exceptúan en todo caso las transmisiones resultantes de procedimiento
     de apremio, las derivadas de la disolución de comunidad conyugal o
     cualquier otra comunidad y las aportaciones a la comunidad conyugal.
     Reglamentariamente podrán establecerse otras excepciones de carácter
     análogo.»
     e) Se introduce un nuevo inciso al final de los apartados 27.1 y
     29.2, redactado del siguiente modo:
     «En las transmisiones gratuitas, el precio aplicable será el máximo
     vigente para las viviendas de análoga tipología.»
     f) Se crea un nuevo artículo 30 bis, redactado del siguiente modo:
     «Artículo 30 bis.-Adquisición preferente a favor de tercero.
     1. Las Administraciones públicas podrán ejercer los derechos de
     adquisición preferente establecidos en los artículos anteriores a
     favor de terceros incluidos en las listas de espera elaboradas a tal
     fin por la Administración de la Comunidad Autónoma.
     2. Las listas de espera serán públicas. Serán confeccionadas y
     aprobadas por la Administración de la Comunidad Autónoma sobre la
     base de los datos de demanda del Registro de Solicitantes de Vivienda
     Protegida de Aragón.
     3. Cuando se ejerzan los derechos de adquisición preferente a favor
     de tercero, los gastos que genere la transmisión serán de cuenta de
     éste. La actuación de la Administración se limitará al ejercicio
     fehaciente de su derecho conforme a lo establecido en esta Ley,
     indicando expresamente que ejerce su derecho a favor de tercero
     incluido en lista de espera del ámbito territorial y cupo que
     correspondan.
     4. En las escrituras públicas que documenten las transmisiones de
     propiedad resultantes del ejercicio de derechos de adquisición
     preferente a favor de tercero conforme a esta Ley, se indicará
     expresamente tal circunstancia. Al acto de otorgamiento concurrirá
     necesariamente un representante de la Administración que ejerza el
     derecho de adquisición preferente.»
     5. En relación con la inspección de vivienda, la protección y
     restauración de la legalidad y el régimen sancionador de la Ley
     24/2003, de 26 de diciembre, se introducen las siguientes
     modificaciones:
     a) El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
     «1. El mismo régimen previsto en el artículo anterior se aplicará
     cuando se trate de actuaciones, omisiones o usos concluidos que,
     requiriendo autorización de los órganos competentes en materia de
     vivienda, hayan sido realizados sin ella o contra sus determinaciones
     o cuando, contando con autorización, sea ésta ilegal, siempre que no
     haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.
     2. El mero transcurso del plazo para la adopción de las medidas de
     protección y restauración de la legalidad infringida no conllevará la
     legalización de las obras que pudieren haberse realizado.»
     b) La letra m) del artículo 43 queda redactada del siguiente modo:
     «m) La publicidad engañosa sobre vivienda protegida realizada por
     cualquiera de los posibles intervinientes en la transmisión o cesión
     de uso, incluidos intermediarios comerciales. Se entenderá como tal,
     en todo caso, la oferta de venta, arrendamiento o adjudicación de
     viviendas sujetas a lo establecido en esta Ley por precio, renta o
     coste superiores a los legalmente establecidos, o que falsee u omita
     la condición de vivienda protegida en todos sus pormenores.»
     c) La letra t) del artículo 43 queda redactada del siguiente modo:
     «t) Cualesquiera acciones u omisiones que diesen lugar a vicios o
     defectos que afecten a la edificación, salvo que concurra causa de
     fuerza mayor o constituyan infracción muy grave.»
     d) Se crean dos nuevas letras u) y v) en el artículo 43, redactadas
     del siguiente modo:
     «u) La celebración de contratos o la percepción de cualquier cantidad
     que exceda de la renta máxima y no esté autorizada conforme a la
     normativa vigente en el arrendamiento de viviendas protegidas.
     v) El incumplimiento de las medidas de restauración de la legalidad,
     sin perjuicio de las medidas de ejecución forzosa o de lo establecido
     en los artículos 40 y 61 de esta Ley, cuando no constituya infracción
     muy grave.»
     e) La letra c) del artículo 44 queda redactada del siguiente modo:
     «c) La celebración de contratos o la percepción de cualquier
     sobreprecio, prima, cantidad prohibida o que exceda de las máximas
     establecidas conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.»
     f) Se crean tres nuevas letras n), ñ) y o) en el artículo 44 de la
     Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
     vivienda protegida, redactadas del siguiente modo:
     «n) Destinar los terrenos calificados por el planeamiento para la
     construcción de viviendas protegidas a cualesquiera otros usos.
     ñ) No destinar los terrenos calificados por el planeamiento para la
     construcción de viviendas protegidas a tal uso en los plazos que
     resulten de aplicación conforme a la normativa urbanística.
     o) El incumplimiento reiterado de las medidas de restauración de la
     legalidad, una vez sancionado con falta grave.»
     6. Se introduce una disposición transitoria décima en la Ley 24/2003,
     de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda
     protegida, con el siguiente tenor:
     «Décima.-Régimen de uso y disposición de inmuebles resultantes de
     actuaciones protegidas de vivienda y suelo que no queden sujetos a
     limitaciones de precio o renta.
     Lo establecido en el artículo 10.2.b) no será de aplicación cuando se
     acredite que los bienes a los que se refiere dicho precepto habían
     sido adquiridos a precio libre con anterioridad a la entrada en vigor
     de la presente Ley.»
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
     rango contradigan lo establecido en esta Ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Queda autorizado el Gobierno de Aragón para aprobar los
     reglamentos de desarrollo de esta Ley.
     Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
     publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 20 de diciembre de 2004.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU