Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20061130
Fecha de Publicacion: 13/12/2006
Número de boletín: 142
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.

Texto
     LEY 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín
     Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     La alimentación, entendida como el conjunto de actividades que se
     ocupa de la producción y puesta a disposición de los ciudadanos de
     los bienes necesarios y adecuados para satisfacer sus necesidades de
     nutrición, presenta diferentes aspectos, necesariamente
     interrelacionados.
     En los últimos años, alguno de estos aspectos, como la seguridad
     alimentaria, incluidas sus repercusiones sanitarias, ha sido objeto
     de especial regulación, tanto en el ámbito comunitario como en el
     estatal. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la calidad de los
     alimentos, cuya importancia en el desarrollo de las relaciones en el
     sistema alimentario no puede soslayarse y debe traducirse en una
     regulación sistemática y actualizada. En el ámbito de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, esta ley viene a cubrir dicha necesidad.
     La calidad de un alimento puede definirse como el conjunto de
     características objetivas del mismo que se derivan del cumplimiento
     de las exigencias sobre materias primas, procedimientos utilizados en
     su producción, composición final y formas de comercialización, y que
     lo hacen idóneo para su transformación en otro alimento o para su
     consumo directo. Tales exigencias vienen establecidas en normas de
     obligado cumplimiento para todos los operadores, lo que esta Ley
     denomina «calidad estándar». Por contraposición, la ley regula las
     diferentes figuras de «calidad diferenciada», establecidas en normas
     relativas a las características organolépticas, los modos y procesos
     de elaboración o el origen del alimento, que establecen exigencias
     adicionales a las de calidad estándar obligatorias para el alimento.
     Cualquier operador que reúna las condiciones necesarias para ello
     puede acogerse voluntariamente a una de estas figuras, cuya norma,
     lógicamente, pasa a ser obligatoria para él.
     La ley regula la calidad estándar de los alimentos como instrumento
     eficaz para garantizar la lealtad en la competencia entre los
     operadores y las transacciones comerciales, así como para defender
     los intereses económicos de los consumidores. En todo caso, el
     aseguramiento de la calidad estándar contribuye a la consecución de
     la seguridad alimentaria y de la salud pública.
     Por otra parte, esta ley opta por el fomento de la calidad
     diferenciada de los alimentos producidos o elaborados en Aragón con
     el fin de incrementar su valor añadido y mejorar su competitividad en
     el mercado global, al tiempo que se contribuye a la fijación de la
     población en el medio rural y a la diversificación de su economía.
     La Ley consta de cuatro títulos.
     El título I está dedicado a los principios generales de la ley.  Se
     define su objeto, que es triple: asegurar la calidad estándar de los
     alimentos, fomentar los alimentos de Aragón, en particular mediante
     las figuras de calidad diferenciada, y regular las obligaciones de
     los operadores, la inspección y el control y el régimen sancionador.
     También se delimita la aplicación de la ley en un doble ámbito:
     primero, el territorial, que se corresponde con el de la Comunidad
     Autónoma de Aragón; y segundo, el material, al abarcar los alimentos
     y las materias y elementos alimentarios utilizados en la producción o
     comercialización de alimentos, incluidos los piensos y los abonos
     agrícolas. Aun cuando el vino sea objeto de abundante normativa
     específica tanto comunitaria como estatal, esta ley declara de forma
     expresa su aplicabilidad a este alimento, en consideración a su
     importancia como uno de los elementos de la dieta mediterránea, junto
     a otras bebidas fermentadas, como la cerveza. Por el contrario, se
     excluyen de su ámbito de aplicación los productos fito y
     zoosanitarios, así como cualquier otro aspecto de los alimentos
     relacionado con la salud pública, cuya regulación es objeto de otras
     normas.
     El título II está dedicado a los principios generales del
     aseguramiento de la calidad estándar. En él se regulan las
     obligaciones de los operadores, entre las que destacan las relativas
     a la obligatoriedad de su inscripción registral; al establecimiento
     de un sistema de autocontrol y de un sistema de reclamaciones y
     retirada rápida de productos que se hallen en el circuito de
     distribución o comercialización; y a la implantación de sistemas de
     trazabilidad que, a su vez, exigen la identificación de los
     productos, su registro y la cumplimentación de los documentos que
     acompañen su transporte. Asimismo, se declara expresamente que no
     pueden utilizarse ni comercializarse dentro del sector alimentario
     los productos no conformes, es decir, los que no cumplen las
     exigencias de esta ley y de las normas específicas aplicables. Para
     facilitar la adaptación de los operadores al cumplimiento de las
     obligaciones que impone esta ley se prevé que sus normas de
     desarrollo podrán determinar el nivel de obligaciones exigibles para
     cada producto, sector o tipo de operador.
     También se regula en el título II la inspección y control oficial de
     alimentos por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. Se
     atribuyen al Departamento de Agricultura y Alimentación las
     actuaciones de control de la calidad estándar y se prevé la
     coordinación de estas actuaciones con los controles relativos a
     disciplina de mercado y defensa de consumidores y usuarios que
     correspondan a otros Departamentos o Administraciones públicas. A tal
     efecto, se regulan el objeto de la inspección, las facultades de los
     inspectores, sus obligaciones y necesidad de acreditación, el valor
     probatorio de las actas y los derechos y obligaciones de los
     inspeccionados.  Por último, y dado que la trascendencia para los
     ciudadanos de medidas cautelares y preventivas requiere una norma de
     rango legal, también se incluye la regulación de estas en el título
     II.
     El título III está dedicado a la calidad diferenciada.
     Su primer capítulo establece una serie de disposiciones generales,
     define los fines y objetivos que se persiguen con su fomento y
     enumera las diferentes figuras de calidad diferenciada existentes,
     previendo la posibilidad de creación de alguna nueva en el futuro.
     Estas figuras de calidad son desarrolladas en los siguientes
     capítulos.
     Así, el segundo está dedicado a las denominaciones geográficas de
     calidad, que abarcan tanto las denominaciones de origen protegidas
     (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) reguladas en el
     Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006,
     sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las
     denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,
     como los vinos de la tierra y las distintas categorías de vinos de
     calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) que se contemplan
     en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de
     1999, por el que se establece la organización común del mercado
     vitivinícola, así como en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña
     y del Vino, y demás normativa concordante. Las citadas categorías,
     DOP e IGP por una parte y vinos de la tierra y vcprd por otra, están
     reguladas en normas comunitarias diferentes, pero tienen los
     suficientes elementos comunes para ser objeto de tratamiento
     unificado por la ley, sin perjuicio del posterior desarrollo
     reglamentario específico. La Ley viene a resolver uno de los
     problemas más acuciantes de los consejos reguladores, actualmente
     órganos desconcentrados de la Administración, que han venido actuando
     en la práctica con amplia autonomía funcional. A fin de consolidar
     normativamente esta situación, se les otorga personalidad jurídica
     propia con el estatus de corporaciones de derecho público. Esta
     fórmula permite combinar la mayor agilidad de gestión con el carácter
     público exigido para el desempeño de algunas funciones propias de la
     Administración. Por otra parte, y siguiendo las orientaciones
     comunitarias y las exigencias del mercado, el control de las
     denominaciones de origen e indicaciones geográficas está validado en
     última instancia por entidades de certificación que cumplen la norma
     sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la
     certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma que la
     sustituya) y autorizadas por la Administración de la Comunidad
     Autónoma, que, en todo caso, se reserva los controles que estime
     necesarios.
     El tercer capítulo del título III se reserva a la artesanía
     alimentaria, hasta ahora regulada por la Ley 1/1989, de 24 de
     febrero, de Artesanía de Aragón. Dada la relevancia de la artesanía
     alimentaria dentro del sector alimentario de Aragón, se considera que
     debe ser objeto de un tratamiento singularizado respecto a otras
     modalidades de artesanía. El carácter de «artesano» se vincula no a
     alimentos o productos, sino a los operadores, que, previo
     reconocimiento administrativo, podrán utilizar, con exclusividad y
     referidas a sí mismos, las menciones «artesano alimentario», «empresa
     artesana alimentaria» o «maestro artesano alimentario». Se crea el
     Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón, órgano colegiado con
     funciones de estudio, informe y propuesta en materia de artesanía
     alimentaria.
     El cuarto capítulo del título III se dedica a la producción
     ecológica, de importancia creciente en el sector agroalimentario en
     Aragón.
     El quinto capítulo del título III se dedica a las restantes figuras
     de calidad diferenciada de los alimentos: las especialidades
     tradicionales garantizadas, la producción integrada y las marcas de
     calidad alimentaria, cuyo control corresponde a entidades de
     certificación a la vista de las exigencias del mercado. Sin perjuicio
     del posterior desarrollo reglamentario que prevé la ley para todas
     estas figuras, debe destacarse la creación del Comité aragonés de
     agricultura ecológica como corporación de derecho público y la
     ratificación del Consejo asesor de la producción integrada de Aragón
     como órgano colegiado y consultivo.
     El último capítulo del título III recoge disposiciones comunes para
     todas las figuras de calidad diferenciada en materia de inspección y
     control, entre ellas una referencia al Registro de entidades de
     control y certificación de productos agroalimentarios.
     El título IV de la ley regula el régimen sancionador: atribuye
     competencias a distintos órganos; tipifica las infracciones; y fija
     el sistema de sanciones, las normas de prescripción y las
     peculiaridades del procedimiento sancionador.
     Por último, un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias,
     derogatorias y finales viene a precisar las particularidades de
     aplicación de la ley en aspectos conexos.
     La ley se promulga al amparo de las competencias que el artículo 35.1
     del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en las
     siguientes materias: 12.ª, agricultura, ganadería e industrias
     agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la
     economía; 13.ª, denominaciones de origen, en colaboración con el
     Estado; 24.ª, planificación de la actividad económica y el fomento
     del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los
     objetivos marcados por la política económica nacional; y 31.ª,
     artesanía. Asimismo, en las materias 1.ª, organización, régimen y
     funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con arreglo al
     propio Estatuto, y 5.ª, procedimiento administrativo derivado de las
     especialidades de la organización propia.
     TITULO I
     Principios generales
     Artículo 1.-Objeto.
     Esta ley tiene por objeto:
     a) Establecer normas para asegurar en la Comunidad Autónoma de Aragón
     la calidad estándar de los alimentos producidos o comercializados en
     su territorio y su conformidad con la normativa que les es de
     aplicación, en defensa de la lealtad de las transacciones comerciales
     alimentarias y de los derechos e intereses legítimos de los
     productores agrarios, operadores económicos y profesionales del
     sector, así como de los consumidores finales.
     b) Fomentar los alimentos de Aragón, en particular mediante las
     diferentes figuras de calidad diferenciada.
     c) Establecer, en materia de calidad estándar y calidad diferenciada
     de los alimentos, las obligaciones de los operadores alimentarios en
     Aragón, así como regular la inspección y el control, y establecer el
     régimen sancionador.
     Artículo 2.-Ambito.
     Esta ley se aplicará a todas las actuaciones que se realicen en el
     territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de calidad
     estándar y de calidad diferenciada de los alimentos, materias y
     elementos alimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto por la
     normativa específica en materia de disciplina de mercado y de defensa
     de consumidores y usuarios.
     Artículo 3.-Definiciones.
     A los efectos de esta ley, se entiende por:
     1. Alimento: cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido
     por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si
     ha sido transformado entera o parcialmente como si no, incluidos el
     vino y los productos de la pesca, acuicultura y marisqueo. Se
     excluyen de este concepto:
     a) Las semillas destinadas a la reproducción.
     b) Los medicamentos.
     c) Los productos fitosanitarios.
     d) Los productos zoosanitarios.
     e) Los piensos.
     f) Los cosméticos.
     g) El tabaco y productos derivados.
     h) Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
     i) Las bebidas espirituosas.
     2. Materia o elemento alimentarios: cualquier producto o sustancia,
     materia prima, aditivo, producto intermedio, producto acabado y otros
     productos de adición, así como los envases, etiquetas, útiles,
     instalaciones, documentos, actividades y servicios utilizados en la
     producción, transformación o comercialización alimentarias o con
     probabilidad razonable de ser utilizados. Tendrán también esta
     consideración los abonos agrícolas y los piensos no medicamentosos.
     3. Lote: conjunto de unidades de venta de alimentos o materias y
     elementos alimentarios, producido, fabricado o envasado en
     circunstancias prácticamente idénticas y que deberá ser identificable
     y diferenciable del resto de la producción a efectos de su
     trazabilidad.
     4. Etapas de la producción, transformación y comercialización
     alimentarias: cualquiera de las fases que van desde la producción
     primaria de un alimento o una materia o elemento alimentarios hasta
     su comercialización, con inclusión, particularmente, de las
     actividades de producción, fabricación, elaboración, manipulación,
     procesado, preparación, tratamiento, acondicionamiento, envasado,
     embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, exposición,
     conservación, expedición, transporte, circulación, importación,
     exportación, venta o suministro.
     5. Comercialización: la posesión, tenencia, depósito o almacenamiento
     para su venta, la oferta de venta o cualquier otra forma de
     transferencia o cesión de un alimento o una materia o elemento
     alimentarios.
     6. Trazabilidad: posibilidad de reconstruir el historial de un
     alimento o de una materia o elemento alimentarios mediante un sistema
     documentado, que permita seguirlo en el espacio y en el tiempo y
     conocer, a su vez, la identidad y localización de los operadores que
     intervienen a lo largo de todas las etapas de su producción,
     transformación y comercialización.
     7. Operador alimentario: toda persona física o jurídica que
     desarrolla por cuenta propia, con o sin ánimo de lucro, actividades
     relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción,
     transformación y comercialización de alimentos o materias o elementos
     alimentarios.
     8. Conformidad de un alimento o una materia o elemento alimentarios:
     adecuación de dicho producto, materia o elemento a lo establecido en
     esta ley y en las demás normas obligatorias que le sean de aplicación
     respecto a la calidad estándar.
     9. Calidad estándar: conjunto de características objetivas de un
     alimento, consecuencia de las exigencias previstas en las
     disposiciones obligatorias relativas a las materias primas, a los
     procedimientos utilizados en su producción, transformación y
     comercialización y a su composición final, que lo hacen conforme para
     su consumo directo o su transformación en otro alimento.
     10. Calidad diferenciada: conjunto de características de un alimento,
     consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en
     disposiciones de carácter voluntario, relativos a sus materias primas
     o procedimientos de producción, transformación o comercialización, y
     adicionales a las exigencias de calidad estándar obligatorias para el
     alimento.
     11. Entidades u organismos independientes de control y certificación:
     los definidos como tales en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
     Industria.
     12. Autocontrol: conjunto de actuaciones, procedimientos y controles
     que, de forma específica, programada y documentada, realizan los
     operadores alimentarios para asegurar que los alimentos, materias o
     elementos alimentarios cumplen los requisitos establecidos por normas
     de calidad obligatorias o voluntarias.
     TITULO II
     Calidad alimentaria estándar
     CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 4.-Concepto y objetivos.
     1. El aseguramiento de la calidad alimentaria estándar consiste en el
     conjunto de principios y de actuaciones de los operadores
     alimentarios y de las Administraciones públicas tendentes a
     garantizar la conformidad de los alimentos y de las materias o
     elementos alimentarios, así como la competencia leal de las
     transacciones comerciales de los operadores alimentarios. Estos
     principios y actuaciones se regulan en este título.
     2. El aseguramiento de la calidad estándar se extiende a todas las
     etapas de la producción, transformación y comercialización de
     alimentos, materias y elementos alimentarios
     Artículo 5.-Ambito de aplicación
     1. Se excluyen del ámbito de aplicación de este título los aspectos
     de los alimentos regulados por normas de salud pública, sanidad y
     bienestar animal; las cuestiones relativas a la seguridad física de
     las personas, y, en particular, las relacionadas con la salud, el
     control microbiológico, la inspección veterinaria, el control de
     puntos críticos, el control de residuos en animales y sus productos y
     en vegetales, y con la normativa sobre sustancias peligrosas y medio
     ambiente.
     2. Asimismo se excluyen del ámbito de aplicación de este título los
     animales vivos no destinados al consumo directo y las plantas antes
     de la recolección.
     3. Este título se aplicará a todas las actuaciones de control que, en
     materia de conformidad y calidad estándar de la producción,
     transformación y comercialización alimentarias, se realicen en el
     territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     Artículo 6.-Obligaciones de los operadores alimentarios.
     1. Los operadores alimentarios deben cumplir con todos los requisitos
     que marque la normativa vigente en la materia para la conformidad de
     los alimentos que produzcan, transformen o comercialicen en Aragón,
     así como para la transparencia en las relaciones comerciales,
     ofreciendo un alimento que se ajuste fielmente a las normas
     obligatorias aplicables en materia de etiquetado, presentación y
     publicidad de alimentos o materias y elementos alimentarios.
     2. Como instrumentos para asegurar la conformidad de los alimentos,
     se establecen las siguientes obligaciones para los operadores que
     produzcan, transformen o comercialicen alimentos en Aragón:
     a) Inscripción en los registros administrativos establecidos según
     las condiciones y con las exenciones que se establezcan
     reglamentariamente.
     b) Establecimiento de un sistema de autocontrol que incluya un
     sistema de documentación que permita definir las fases del proceso de
     elaboración y garantizar su control y un plan de control de calidad
     que contemple al menos los procedimientos, la periodicidad y la
     frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el
     destino de los productos en caso de que no se ajusten a la normativa.
     c) Sistema de reclamaciones, localización y retirada rápida de
     productos no conformes que se hallen en el circuito de distribución o
     comercialización. El sistema habrá de permitir conocer con exactitud
     el destino de los productos que tengan que ser retirados, y antes de
     una nueva puesta en circulación de los mismos habrán de ser evaluados
     nuevamente por el control de calidad del operador.
     Artículo 7.-Trazabilidad.
     1. Los operadores alimentarios deberán establecer un sistema que
     asegure la trazabilidad de los alimentos, materias y elementos
     alimentarios en todas las etapas de la producción, transformación y
     comercialización alimentarias. Este sistema debe permitir conocer en
     todo momento la identidad y localización de los suministradores y
     receptores de los lotes o partidas de alimentos, materias y elementos
     alimentarios con que trabajen, así como las informaciones relativas a
     dichos productos.
     2. Las informaciones que no puedan ser verificadas ni contrastadas
     por el propio operador alimentario y por los servicios de inspección
     y control no podrán ser incluidas en los sistemas y procedimientos de
     aseguramiento de la trazabilidad.
     3. Los operadores alimentarios habrán de tener a disposición de los
     servicios de inspección y control toda la información relativa al
     sistema y a los procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad,
     así como los datos que contengan.
     4. El sistema de aseguramiento de la trazabilidad contendrá, sin
     perjuicio de lo establecido en normas generales o sectoriales que
     sean de aplicación, al menos los elementos siguientes:
     a) La identificación de los productos.
     b) Los registros de los productos.
     c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.
     Artículo 8.-Identificación de productos.
     1. Los alimentos o las materias y elementos alimentarios acabados,
     susceptibles de ser comercializados con destino al receptor o
     consumidor final, habrán de estar convenientemente identificados
     mediante el etiquetado reglamentario.
     2. En el supuesto de productos a granel, los operadores alimentarios
     están obligados a la utilización de dispositivos físicos para
     identificar tanto los depósitos, silos, contenedores o cualquier
     clase de envases que contengan alimentos, materias o elementos
     alimentarios como su contenido. La identificación se hará de forma
     clara mediante una rotulación o marcado único, indeleble e inequívoco
     y habrá de quedar registrada y en correlación con los registros a que
     hace referencia el artículo siguiente y, en su caso, con la
     documentación descriptiva de los productos.
     3. Está prohibido el depósito o almacenamiento en cualquier
     instalación o medio de transporte de productos no identificados.
     4. Cuando no conste claramente el destino de los alimentos o materias
     y elementos alimentarios acabados en depósito o almacenamiento, se
     presumirá siempre que son para su venta, salvo que pueda demostrarse
     un destino o finalidad distinta.
     Artículo 9.-Registros de alimentos.
     1. Los operadores alimentarios habrán de tener actualizado un sistema
     de registros para la conservación de la información o la contabilidad
     material de los alimentos, las materias y los elementos alimentarios
     que utilicen.
     2. Los registros habrán de ser suficientes y adecuados para que en
     todo momento pueda disponerse de la información necesaria para poder
     correlacionar la identificación de los productos que hay en las
     instalaciones con las características principales de estos productos,
     y particularmente la identificación y el domicilio del suministrador
     o receptor, su naturaleza, origen, composición, características
     esenciales y cualitativas, designación y cantidad.
     3. En los registros deberán constar las entradas y salidas de
     alimentos y de materias y elementos alimentarios de cada instalación,
     así como las manipulaciones, tratamientos y prácticas que han
     soportado.
     4. El registro de productos que procedan de otras instalaciones
     reproducirá fielmente los datos relativos a su identificación y a sus
     características de calidad que consten en el documento que acompaña
     su transporte o en la documentación comercial.
     5. Los registros de todas las operaciones realizadas habrán de
     conservarse durante cinco años a disposición de los servicios de
     inspección y control.
     Artículo 10.-Documentos de acompañamiento.
     1. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos
     recibidos y las copias de los documentos de acompañamiento de
     productos expedidos deberán conservarse durante un periodo de cinco
     años a disposición de los servicios de inspección y control.
     2. Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de
     identificación y codificación de los productos que sustituyan a los
     documentos de acompañamiento de los productos durante su transporte y
     circulación.
     3. En caso de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier
     transporte o circulación de productos alimentarios o materias y
     elementos alimentarios habrá de ir siempre acompañado de un documento
     en el cual constarán los datos necesarios para que el receptor o
     consumidor de la mercancía tenga la adecuada y suficiente
     información.
     Artículo 11.-Prohibición de productos no conformes.
     1. Los alimentos, materias o elementos alimentarios que no cumplan lo
     establecido, en esta ley o en normas específicas, respecto a la
     calidad estándar tendrán la consideración de no conformes y, en
     consecuencia, no podrán utilizarse ni comercializarse dentro del
     sector alimentario. Los productos no conformes serán objeto, si
     procede, de una inmediata regularización o bien serán, de forma
     controlada, destinados a otros sectores, reexpedidos a su origen o
     destruidos.
     2. En el supuesto de que un alimento o una materia o elemento
     alimentarios que pertenezca a un lote, partida o remesa concreta no
     sean conformes, todos los productos del mismo lote, partida o remesa
     tendrán también la consideración de no conformes, a no ser que el
     operador alimentario acredite lo contrario.
     3. Los productos no conformes se identificarán debidamente con
     etiquetas o rótulos que hagan referencia a su falta de conformidad y
     estarán almacenados de manera separada y delimitada para evitar la
     confusión con los productos conformes.
     4. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes se
     reflejarán en los registros a los que se refiere el artículo 9.
     5. En los documentos de acompañamiento de los productos no conformes
     se hará constar expresamente esta condición.
     Artículo 12.-Obligaciones específicas.
     Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezcan
     disposiciones de ámbito sectorial, las normas de desarrollo de esta
     ley podrán determinar para cada producto, sector o tipo de operador
     el nivel de las obligaciones que se establecen en este capítulo,
     particularmente en función de la naturaleza y del riesgo especial de
     los productos o actividades, de la complejidad de los procesos de
     transformación, de la dimensión del operador y del volumen y la
     frecuencia de los intercambios de productos. En particular, serán
     objeto de regulación específica las obligaciones de los titulares de
     explotaciones del sector primario.
     CAPITULO II
     Inspección y control
     Artículo 13.-La inspección de calidad alimentaria.
     1. Sin perjuicio de los controles relativos a disciplina de mercado y
     defensa de consumidores y usuarios que correspondan a otros
     Departamentos o Administraciones públicas, el Departamento de
     Agricultura y Alimentación desarrollará actuaciones de inspección y
     control oficial sobre los alimentos y las materias y elementos
     alimentarios con el fin de comprobar su adecuación a la normativa
     vigente en materia de producción y comercialización alimentarias.
     2. Las actuaciones de inspección tendrán como objetivo preferente el
     control de:
     a) La conformidad, etiquetado y publicidad de los alimentos y las
     materias y elementos alimentarios.
     b) La lealtad de las transacciones comerciales en materia de
     producción y comercialización alimentarias.
     c) La identidad y actividad de los operadores alimentarios.
     d) La trazabilidad de los alimentos o materias y elementos
     alimentarios, tanto comunitarios como extracomunitarios.
     3. Sin perjuicio de la práctica de inspecciones derivadas de planes
     de ámbito comunitario o estatal, la actuación inspectora se llevará a
     cabo con las siguientes prioridades:
     a) En desarrollo de planes o campañas de inspección aprobados por el
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     b) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del
     sector alimentario.
     c) En desarrollo de campañas o actuaciones concretas derivadas de
     posibles situaciones detectadas con motivo de denuncia, reclamación,
     queja, alerta, o a iniciativa de la Administración de la Comunidad
     Autónoma.
     4. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse en cualquier etapa
     de la producción, transformación y comercialización de alimentos.
     Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de coordinación con
     otras autoridades también competentes para la inspección de
     alimentos, materias y elementos alimentarios.
     Artículo 14.-Objeto de la inspección.
     1. Estarán sometidos a la inspección los alimentos y las materias y
     elementos alimentarios. La inspección podrá extenderse a:
     a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno,
     medios de transporte, equipos y materiales, en las diferentes etapas
     a las que se refiere el último apartado del artículo anterior.
     b) Los productos semiacabados y los productos acabados dispuestos
     para la venta.
     c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás
     materias y elementos alimentarios.
     d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los
     alimentos.
     e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración,
     tratamiento o conservación de los alimentos.
     f) El etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos.
     g) La documentación o registros derivados de la actividad del
     operador alimentario.
     2. Reglamentariamente se establecerán los sistemas de control y el
     procedimiento de actuación de la inspección.
     Artículo 15.-Facultades de los inspectores.
     1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Administración
     Pública que realiza funciones inspectoras tiene la consideración de
     agente de la autoridad y podrá recabar la colaboración de cualquier
     Administración Pública, organizaciones profesionales y organizaciones
     de consumidores. Asimismo, podrá recabar la ayuda que precise de las
     fuerzas y cuerpos de seguridad.
     2. La actuación inspectora consistirá, entre otras, en una o varias
     de las operaciones siguientes:
     a) Inspección.
     b) Toma de muestras y análisis.
     c) Examen del material escrito y documental.
     d) Examen de los sistemas de autocontrol aplicados por los
     inspeccionados y de los resultados que se desprendan de los mismos.
     3. Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación
     industrial, mercantil y contable de los operadores alimentarios que
     inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus
     actuaciones.
     4. Asimismo, los inspectores podrán hacer copias o extractos del
     material escrito, informático y documental sometido a su examen.
     5. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán
     completarse en caso necesario:
     a) Con las manifestaciones del responsable de la empresa
     inspeccionada y de las personas que trabajan por cuenta de dicha
     empresa.
     b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de
     medida utilizados por la empresa.
     c) Con los controles, realizados por el inspector con sus propios
     instrumentos, de las mediciones efectuadas con los instrumentos
     instalados por la empresa.
     Artículo 16.-Obligaciones y acreditación del personal inspector.
     1. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el
     deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber podrá
     dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
     2. Antes de comenzar su actuación, los inspectores deberán
     identificarse, mostrando su acreditación al responsable de la empresa
     en la que vaya a realizarse la inspección.
     3. Una vez realizadas todas las averiguaciones que estimen oportunas,
     los inspectores levantarán acta, haciendo una relación pormenorizada
     de las conductas y hechos resultado de la inspección, y facilitarán
     una copia de la misma al responsable de la empresa objeto de
     inspección, informándole de las deficiencias subsanables que hayan
     detectado en el curso de la inspección.
     4. Los hechos constatados por los inspectores debidamente acreditados
     que se formalicen en acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de
     las pruebas que puedan señalar o aportar los propios administrados en
     defensa de sus respectivos derechos o intereses.
     5. Las funciones inspectoras serán realizadas por el personal que con
     esa consideración conste en la relación de puestos de trabajo del
     Departamento de Agricultura y Alimentación, así como,
     transitoriamente y en circunstancias debidamente motivadas, por el
     personal del mismo o distintos Departamentos que, reuniendo los
     requisitos de titulación necesarios, determine el órgano competente.
     6. Excepcionalmente, el Departamento de Agricultura y Alimentación
     podrá acreditar temporalmente, para la realización de funciones
     inspectoras, a personal que no tenga la condición de funcionario y
     que esté en posesión de la titulación académica necesaria. Dicha
     acreditación, no definitiva, les conferirá el carácter de agentes de
     la autoridad, y finalizará al desaparecer la situación excepcional
     que la motivó. En ningún caso, el desempeño de dichas funciones dará
     derecho a la adquisición del carácter de funcionario de carrera.
     7. Mediante orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se
     regulará el sistema de acreditación de los inspectores que controlen
     la calidad alimentaria.
     Artículo 17.-Obligaciones de los inspeccionados.
     1. Los titulares de los establecimientos, así como los responsables
     de los mismos en el momento de la inspección, están obligados a:
     a) Consentir y facilitar las visitas de inspección.
     b) Suministrar toda clase de información sobre los sistemas de
     producción, transformación o comercialización y las instalaciones,
     productos, equipos o servicios, y particularmente sobre las
     autorizaciones, permisos y licencias necesarias para el ejercicio de
     la actividad, y permitir que el personal inspector compruebe
     directamente los datos aportados.
     c) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las
     transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas,
     albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así como aquellos
     que sean necesarios para determinar las responsabilidades
     pertinentes.
     d) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la documentación
     exhibida.
     e) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o se
     efectúe cualquier tipo de control o ensayo sobre los productos y
     bienes en cualquier fase de producción, elaboración, envasado,
     transporte, almacenamiento o comercialización.
     f) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los
     productos alimentarios.
     2. Las personas físicas o jurídicas que hayan mantenido relaciones
     comerciales con algún operador alimentario inspeccionado deberán
     suministrar la información relativa a tales relaciones que resulte
     necesaria para el buen fin de la inspección.
     Artículo 18.-Derechos de los inspeccionados.
     1. Los operadores alimentarios inspeccionados tendrán los derechos
     establecidos en los artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, de
     26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
     y del Procedimiento Administrativo Común.
     2. Los operadores inspeccionados tienen derecho a recurrir a un
     contraperitaje de las pruebas o muestras tomadas en la inspección,
     dentro del plazo y con arreglo al procedimiento que
     reglamentariamente se determine.
     3. Los operadores inspeccionados podrán exigir la acreditación del
     inspector en el momento de la inspección, efectuar alegaciones en el
     mismo acto y obtener una copia del acta.
     4. Los operadores tendrán derecho a ser informados de las
     deficiencias subsanables detectadas en el curso de las actuaciones de
     inspección.
     CAPITULO III
     Medidas cautelares y preventivas
     Artículo 19.-Supuestos de adopción.
     1. En aquellos supuestos en que existan claros indicios de infracción
     en materia de conformidad y calidad estándar de la producción y
     comercialización alimentarias, se podrán adoptar motivadamente las
     medidas cautelares o preventivas que resulten adecuadas. En
     particular, las medidas cautelares podrán adoptarse en los supuestos
     siguientes:
     a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses
     económicos y sociales del sector alimentario.
     b) Cuando se utilicen inadecuadamente indicaciones que no
     correspondan al producto o induzcan a confusión.
     c) Cuando exista fraude, adulteración o prácticas no permitidas en
     los alimentos o las materias y elementos alimentarios.
     d) Si se comprueba que se transportan o comercializan alimentos o
     materias y elementos alimentarios sin el preceptivo documento de
     acompañamiento o que el mismo contiene indicaciones falsas, erróneas
     o incompletas.
     e) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y seguridad de las
     personas. En este último caso se dará inmediato conocimiento a las
     autoridades sanitarias.
     2. En casos de urgencia y para la protección provisional de los
     intereses implicados, las medidas cautelares podrán ser adoptadas por
     el inspector, que las hará constar en el acta correspondiente, así
     como los motivos de su adopción. En la notificación de su adopción se
     fijará un plazo máximo de audiencia al interesado de tres días
     hábiles. Dichas medidas habrán de ser confirmadas, modificadas o
     levantadas, dentro de los quince días siguientes a su adopción, por
     el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador,
     quedando sin efecto si no se inicia el procedimiento en el citado
     plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
     pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
     3. Los órganos competentes para instruir o resolver el procedimiento
     sancionador podrán acordar motivadamente la adopción, modificación o
     levantamiento de medidas cautelares.
     4. En los supuestos previstos en el apartado 1 en los que no proceda
     la iniciación de procedimiento sancionador, la adopción de medidas
     cautelares o, en su caso, la decisión sobre las mismas corresponderá
     al director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación
     competente por razón del lugar en que deban aplicarse.
     5. Si en el curso de una inspección de calidad estándar se detectasen
     claros indicios de infracción en materia de calidad diferenciada,
     podrán imponerse medidas cautelares por los mismos órganos
     establecidos en los apartados anteriores.
     Artículo 20.-Tipos de medidas cautelares.
     1. En cualquier caso, las medidas cautelares habrán de ser
     proporcionadas a la irregularidad detectada y mantenerse el tiempo
     estrictamente necesario para la realización de las diligencias
     oportunas o, en caso de que la falta de conformidad sea subsanable,
     el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su
     adopción.
     2. Las medidas cautelares consistirán en una o varias de las
     actuaciones siguientes:
     a) La inmovilización de alimentos o materias o elementos
     alimentarios.
     b) El control previo de los productos que se pretenden comercializar.
     c) La paralización de los vehículos en que se transportan alimentos,
     materias o elementos alimentarios.
     d) La retirada del mercado de alimentos, materias o elementos
     alimentarios.
     e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, elemento o
     actividad del establecimiento inspeccionado.
     f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o
     adquisición de alimentos, materias o elementos alimentarios.
     3. Las medidas cautelares adoptadas se adaptarán a las
     características específicas de los alimentos perecederos o de difícil
     conservación.
     4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un
     órgano de control, podrá acordarse la suspensión cautelar del citado
     órgano y se establecerá el sistema de control aplicable en tanto se
     sustancia el procedimiento sancionador.
     5. Las medidas cautelares podrán ser objeto de los recursos que en
     cada caso proceda.
     6. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares
     serán de cuenta del responsable o titular de derechos sobre la
     mercancía.
     Artículo 21.-Destino de los productos sometidos a inmovilización
     cautelar.
     1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador
     adopta una inmovilización cautelar o confirma la ya adoptada,
     comunicará en el acuerdo de incoación al responsable o titular de
     derechos sobre las mercancías inmovilizadas que dispone de un plazo
     de 30 días para optar por alguna de las operaciones siguientes, en
     función de los supuestos que motivaron la adopción de la medida
     cautelar:
     a) Regularizar y subsanar la falta de conformidad de las mercancías,
     adaptándolas a la normativa mediante la aplicación de prácticas o
     tratamientos autorizados o bien adaptando su etiquetado y
     presentación a la normativa de aplicación.
     b) Destinar las mercancías a otros sectores, particularmente para uso
     industrial.
     c) Reexpedir o retornar las mercancías a su lugar de origen.  Cuando
     por razón del lugar de origen de las mercancías no puedan
     garantizarse adecuadamente el seguimiento y control de la operación
     de reexpedición o retorno, o del procedimiento sancionador que, en su
     caso, pudiera corresponder, será necesaria la previa constitución por
     el responsable de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad
     civil y la posible sanción.
     d) Destruir las mercancías o mantenerlas en depósito, en tanto no se
     resuelva el procedimiento sancionador.
     2. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar,
     el responsable o titular de derechos sobre las mercancías
     inmovilizadas podrá solicitar del órgano competente para iniciar el
     procedimiento que le comunique las opciones a las que tiene derecho
     respecto a las mismas. El órgano competente, mediante resolución
     motivada, comunicará las opciones que procedan de entre las
     especificadas en el apartado 1 de este artículo.
     3. En la resolución motivada a la que se refiere el apartado anterior
     o en el acuerdo de incoación, en su caso, el órgano competente
     decidirá subsidiariamente el destino de las mercancías inmovilizadas
     para el supuesto de que el responsable o titular de las mismas no
     opte, en el plazo otorgado al efecto, por alguna de las especificadas
     singularmente.
     4. La ejecución de las opciones a las que se refieren los apartados 1
     y 2 habrá de ser verificada por el personal inspector del
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     5. El órgano competente para incoar, o el instructor una vez iniciada
     la tramitación del procedimiento sancionador, ordenará el
     levantamiento de la medida cautelar si se constata que las mercancías
     inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno de los
     destinos especificados singularmente, sin perjuicio de la sanción que
     pudiera corresponder en su caso.
     6. Los gastos generados por estas operaciones correrán a cargo del
     responsable o titular de derechos sobre las mercancías.
     Artículo 22.-Multas coercitivas.
     En el supuesto de que el operador alimentario no realice las
     actividades ordenadas por la inspección o no aplique las medidas
     cautelares que se le impongan, el órgano competente para confirmar la
     medida cautelar podrá imponer una multa coercitiva de hasta 3.000
     euros. Transcurrido el nuevo plazo concedido para la realización de
     las actividades ordenadas o la aplicación de medidas cautelares sin
     que ello se produzca, se podrá reiterar la imposición de multas
     coercitivas, cada una de ellas con importe máximo de 3.000 euros con
     una periodicidad de tres meses, hasta el cumplimiento total de las
     obligaciones impuestas.
     TITULO III
     Calidad alimentaria diferenciada
     CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 23.-Fines y objetivos.
     1. Como elemento estratégico para el sector agroalimentario en
     Aragón, el Gobierno de Aragón fomentará la calidad diferenciada de
     los alimentos, con los siguientes fines:
     a) Incremento del valor añadido de los alimentos y de las materias y
     elementos alimentarios.
     b) Mejora de la competitividad de los alimentos y de las materias y
     elementos alimentarios en el mercado global.
     c) Fijación de la población en el medio rural.
     d) Diversificación de la economía de las zonas rurales.
     e) Reconocimiento de los valores culturales que vinculan determinadas
     maneras de producción a una zona concreta.
     2. Para conseguir los fines descritos en el apartado anterior se
     establecen los siguientes objetivos:
     a) Incentivar entre los operadores alimentarios el empleo de las
     diferentes figuras de calidad diferenciada.
     b) Establecer medidas para favorecer las iniciativas de colaboración,
     asociación e interacción entre los operadores alimentarios.
     c) Contribuir a la promoción de estos productos en el mercado interno
     e internacional.
     d) Preservar y valorar el patrimonio de los alimentos de Aragón y la
     artesanía alimentaria.
     e) Fomentar la implantación de programas específicos de
     investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el campo de la
     calidad de los alimentos. Para ello podrán formalizarse convenios de
     colaboración con universidades y organismos públicos o privados de
     investigación.
     f) Establecer medidas para favorecer la ubicación de industria
     alimentaria en el medio rural.
     Artículo 24.-Figuras de calidad diferenciada.
     Para conseguir los fines descritos en el artículo anterior, el
     Gobierno de Aragón fomentará la implantación en su territorio de las
     siguientes figuras de calidad diferenciada de los alimentos:
     a) Las denominaciones geográficas de calidad.
     b) La artesanía alimentaria.
     c) La producción ecológica.
     d) Las especialidades tradicionales garantizadas.
     e) La producción integrada.
     f) Las marcas de calidad alimentaria.
     g) Aquellas otras que sean creadas por decreto del Gobierno de
     Aragón.
     Artículo 25.-Obligaciones adicionales.
     Los operadores alimentarios que, con carácter voluntario, pretendan
     utilizar alguna de las figuras de calidad diferenciada deberán
     cumplir, además de las obligaciones generales sobre calidad estándar
     y conformidad de los alimentos, la normativa específica que regule la
     correspondiente figura de calidad diferenciada.
     Artículo 26.-Comité de calidad alimentaria.
     Se crea el Comité de calidad alimentaria, como órgano consultivo del
     Departamento de Agricultura y Alimentación. Su composición y régimen
     de funcionamiento se regularán por orden del Departamento de
     Agricultura y Alimentación.
     CAPITULO II
     Denominaciones geográficas de calidad
     Artículo 27.-Denominaciones geográficas de calidad.
     1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por denominaciones
     geográficas de calidad:
     a) Las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones
     geográficas protegidas (IGP) reguladas en el Reglamento (CE) n.º
     510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de
     las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
     productos agrícolas y alimenticios.
     b) Los vinos de la tierra y las distintas categorías de vinos de
     calidad producidos en una región determinada (vcprd) que se
     contemplan en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de
     mayo de 1999, por el que se establece la organización común del
     mercado vitivinícola, así como en la Ley 24/2003, de la Viña y del
     Vino.
     2. En todo caso, a las distintas denominaciones geográficas de
     calidad de los alimentos producidos en Aragón les será de aplicación
     la normativa general citada en el apartado anterior.
     Artículo 28.-Titularidad y uso.
     1. Los nombres de las denominaciones geográficas de calidad son
     bienes de dominio público y no podrán ser objeto de apropiación
     individual, venta, enajenación o gravamen.
     La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la
     Comunidad Autónoma de Aragón cuando su respectiva área geográfica se
     sitúe íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad.
     2. El uso y la gestión de los nombres protegidos estarán regulados
     por esta ley y por la normativa concordante.
     3. No podrá negarse el acceso al uso de la denominación a cualquier
     persona física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos
     generales establecidos en la normativa de aplicación, salvo en los
     supuestos de sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del
     nombre protegido o por otras causas previstas, expresamente y con
     carácter general, en la normativa aplicable a la denominación.
     Artículo 29.-Alcance de la protección.
     1. En los supuestos a los que se refiere el apartado 1.b) del
     artículo 27, la protección otorgada por la denominación geográfica de
     calidad se extiende al uso de los nombres de las regiones, comarcas,
     municipios y localidades que componen su área geográfica.
     2. Los nombres geográficos asociados a denominaciones geográficas de
     calidad no podrán utilizarse para la designación de otros productos
     de la misma o similar naturaleza distintos de los amparados, salvo en
     el caso de supuestos previstos por la normativa comunitaria.
     3. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases
     de comercialización, presentación, publicidad y etiquetado, así como
     a los documentos comerciales de los productos afectados.  La
     protección implica la prohibición de emplear cualquier indicación
     falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, origen, naturaleza o
     características esenciales de los productos en el envase o embalaje,
     la publicidad o los documentos relativos a los mismos.
     4. Los nombres protegidos por una denominación no podrán ser
     empleados en la designación, presentación o publicidad de los
     productos de la misma o similar naturaleza que no cumplan los
     requisitos exigidos en la denominación, aunque tales nombres vayan
     traducidos a otras lenguas o vayan precedidos de expresiones como
     tipo, estilo, imitación u otras similares, ni aun cuando se indique
     el verdadero origen del producto. Tampoco podrán emplearse
     expresiones del tipo embotellado en, envasado en u otras análogas.
     5. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan
     referencia a los nombres geográficos protegidos por las
     denominaciones únicamente podrán utilizarse en productos con derecho
     a la denominación de que se trate, sin perjuicio de lo contemplado en
     la normativa comunitaria en esta materia.
     6. En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social
     sea utilizada para la comercialización de un producto con
     denominación geográfica de calidad y otro u otros de similar especie
     que carezcan de dicha denominación de calidad, habrán de introducirse
     en el etiquetado, presentación y publicidad de estos productos los
     elementos suficientes que permitan diferenciar de manera clara y
     sencilla el producto con denominación del que no la tiene para
     evitar, en todo caso, la competencia desleal entre los operadores,
     así como la confusión en los consumidores.
     7. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, la normativa
     propia de cada denominación geográfica de calidad podrá exigir que
     las marcas comerciales que se utilicen en los productos por ella
     amparados no sean utilizadas en otros de similar especie que no estén
     acogidos a su protección.
     Artículo 30.-Solicitud de reconocimiento.
     1. Toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su
     composición, de productores o transformadores interesados en el mismo
     producto agrícola o alimentario o, en casos excepcionales, las
     personas físicas o jurídicas podrán solicitar el reconocimiento de
     una denominación geográfica de calidad.
     2. Los solicitantes habrán de acreditar su vinculación profesional,
     económica y territorial con los productos para los que se solicita la
     inscripción, por su condición de productores o transformadores que
     ejerzan su actividad en el ámbito geográfico de la denominación.
     3. La solicitud se efectuará ante el Departamento de Agricultura y
     Alimentación en la forma en que reglamentariamente se establezca. En
     todo caso, deberá acompañarse al menos la documentación que se cita
     en el artículo 31.
     Artículo 31.-Pliego de condiciones y reglamento de funcionamiento.
     Las denominaciones geográficas de calidad se regirán por:
     1. Una norma técnica o pliego de condiciones, con el contenido mínimo
     establecido, según los casos, en el artículo 4 del Reglamento (CE)
     n.º 510/2006 o en el artículo 29 de la Ley 24/2003, de la Viña y del
     Vino: nombre de la denominación; definición expresa del producto a
     proteger; delimitación de la zona de producción y elaboración;
     especies, variedades o razas aptas para producir la materia prima;
     prácticas de cultivo, producción, elaboración y transformación;
     características y condiciones de la materia prima, en su caso;
     características del producto final.
     2. Un reglamento de funcionamiento, que habrá de contemplar, al
     menos, los aspectos siguientes:
     a) La constitución, composición, organización administrativa y
     financiación del órgano de gestión, salvo, en su caso, para los vinos
     de pago.
     b) El sistema de control o certificación.
     c) Los registros.
     d) El régimen de declaraciones y controles para asegurar la calidad,
     el origen y la especificidad de los productos amparados.
     e) Los elementos específicos del etiquetado.
     f) Los derechos y obligaciones de los inscritos en los registros.
     3. El contenido mínimo de los reglamentos de funcionamiento se
     establecerá por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     Artículo 32.-Reconocimiento.
     1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de
     reconocimiento de las denominaciones geográficas de calidad y de
     modificación de sus respectivas normas técnicas y reglamentos de
     funcionamiento, incluida, en su caso, la designación de un órgano de
     gestión provisional.
     2. Instruido el correspondiente procedimiento, por orden del
     Departamento de Agricultura y Alimentación se resolverá:
     a) El reconocimiento con carácter provisional de la denominación
     geográfica hasta que la Comisión Europea apruebe o deniegue su
     registro definitivo, en el caso de las DOP e IGP.
     b) Su reconocimiento definitivo en los demás casos.
     3. La misma orden a la que se refiere el apartado anterior aprobará
     la norma técnica y el reglamento de funcionamiento de la denominación
     geográfica.
     4. La resolución de reconocimiento, junto con la norma técnica
     correspondiente, será remitida a la Administración General del Estado
     para su ratificación o publicación en el Boletín Oficial del Estado,
     a efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional, con
     carácter transitorio o definitivo según la clase de denominación
     geográfica de calidad de que se trate.
     Artículo 33.-Los órganos de gestión.
     1. Para cada denominación geográfica en el ámbito territorial de la
     Comunidad Autónoma de Aragón existirá un órgano de gestión. Se
     exceptúan los vinos de pago en los que se haya inscrito un solo
     vitivinicultor, caso en el que la forma de su gestión se determinará
     en su reglamento de funcionamiento.
     2. Se podrá autorizar un único órgano de gestión para varias
     denominaciones geográficas de calidad, de acuerdo con las
     peculiaridades organizativas de cada sector.
     3. Las competencias del órgano de gestión estarán limitadas a los
     productos protegidos por la denominación, en cualquiera de sus fases
     de producción, acondicionamiento, almacenaje, envasado, circulación y
     comercialización, y a los operadores inscritos en los registros que
     establezca la norma reguladora de esa denominación.
     4. En el caso de las denominaciones de origen y denominaciones de
     origen calificadas de vinos y de las DOP e IGP de productos
     alimenticios, el órgano de gestión tendrá el carácter de corporación
     de derecho público y se denominará «consejo regulador».
     5. Los consejos reguladores tienen personalidad jurídica propia,
     autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
     de sus fines. Su funcionamiento estará sujeto al régimen de derecho
     privado con carácter general, a excepción de las actuaciones que
     supongan el ejercicio de potestades públicas, en las cuales se
     someterán a las normas de derecho administrativo.
     Artículo 34.-Composición, estructura y funcionamiento de los consejos
     reguladores.
     1. Forman parte del consejo regulador los productores, elaboradores
     y, en su caso, comercializadores inscritos en los registros
     correspondientes de la denominación.
     2. La constitución, estructura y funcionamiento de los consejos
     reguladores se regirán por principios democráticos, que se
     concretarán mediante desarrollo reglamentario, cumpliendo en
     cualquier caso lo contemplado en esta ley y demás normativa de
     aplicación, y manteniendo como principio básico su funcionamiento sin
     ánimo de lucro y la representatividad de los intereses económicos de
     los distintos sectores que integran la denominación.
     3. Los órganos de gobierno de los consejos reguladores serán el
     pleno, el presidente, el vicepresidente y cualquier otro que se
     establezca en los respectivos estatutos.
     4. Corresponderá a los consejos reguladores la organización de los
     procesos de elección de sus órganos de gobierno, excepto en los casos
     de incumplimiento previstos en al apartado 2 del artículo 38.
     5. El Departamento de Agricultura y Alimentación designará hasta dos
     delegados, que formarán parte del pleno con voz, pero sin voto.
     Artículo 35.-Finalidad y funciones de los consejos reguladores.
     1. La finalidad de los consejos reguladores es la representación,
     defensa, garantía y promoción de la denominación geográfica.
     2. Son funciones de cada consejo regulador:
     a) Velar por el prestigio y fomento de la denominación y denunciar,
     en su caso, cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos
     y jurisdiccionales competentes.
     b) Gestionar los correspondientes registros de operadores de la
     denominación.
     c) Aplicar, en su caso y en los términos establecidos en el artículo
     37, los sistemas de control establecidos por la normativa comunitaria
     y sus propios reglamentos, referidos a los productos, la calidad, las
     circunstancias conducentes a la certificación del producto final y
     otros que correspondan.
     d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de las
     correspondientes normas técnicas y reglamentos de funcionamiento.
     e) Investigar y difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas
     de producción y comercialización propios de la denominación, y
     asesorar a las empresas que lo soliciten y a la Administración.
     f) Proponer las modificaciones oportunas de las correspondientes
     normas técnicas y reglamentos de funcionamiento.
     g) Informar a los consumidores sobre las características de calidad
     de los productos.
     h) Realizar actividades promocionales.
     i) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y
     comercialización de los productos amparados para uso interno y para
     su difusión y general conocimiento.
     j) Gestionar las cuotas obligatorias que se establezcan en el
     reglamento de la denominación para su financiación.
     k) Expedir certificados de origen y precintos de garantía, incluida
     la autorización de las etiquetas y contraetiquetas de los productos
     amparados por la denominación, sin perjuicio de lo establecido en el
     artículo siguiente.
     l) Controlar el uso de las etiquetas comerciales utilizables en los
     productos protegidos, a través de los servicios técnicos, en aquellos
     aspectos que afecten a la denominación.
     m) En su caso, establecer para cada campaña, con base en criterios de
     defensa y mejora de la calidad, y dentro de los límites fijados por
     la norma técnica, por el reglamento de cada denominación o por el
     correspondiente manual de calidad, los rendimientos, límites máximos
     de producción o transformación o cualquier otro aspecto de coyuntura
     anual que pueda influir en estos procesos.
     n) Proponer los requisitos mínimos de control a los cuales ha de
     someterse cada operador inscrito en todas y cada una de las fases de
     producción, elaboración y comercialización y, en su caso, los mínimos
     de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la
     certificación.
     ñ) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el
     mantenimiento de los registros públicos oficiales, así como con los
     órganos encargados del control.
     o) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
     p) Elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos.
     q) En su caso, calificar cada añada o cosecha.
     r) Las demás funciones atribuidas por la normativa vigente.
     3. Los acuerdos y decisiones de los consejos reguladores que afecten
     de forma directa a los operadores inscritos deberán ser objeto de
     divulgación, de modo que se asegure su conocimiento por estos.
     4. Cuando llegue a conocimiento de un consejo regulador cualquier
     presunto incumplimiento de la normativa sobre calidad alimentaria,
     incluida la propia de la denominación, deberá denunciarlo ante el
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     5. Además del ejercicio de las funciones de carácter público que les
     atribuye esta ley y de las que les pueda encomendar y delegar la
     Administración, los consejos reguladores podrán llevar a cabo toda
     clase de actividades que contribuyan a sus fines, promover,
     participar o relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones
     y sociedades civiles o mercantiles, así como con otras
     Administraciones públicas, estableciendo los oportunos convenios de
     colaboración.
     Artículo 36.-Tutela administrativa.
     1. La tutela administrativa sobre cada consejo regulador será
     ejercida por el Departamento de Agricultura y Alimentación. La tutela
     comprenderá el control de legalidad de los actos y acuerdos de sus
     órganos de gobierno sujetos al derecho administrativo, la resolución
     de los recursos administrativos contra actos dictados en ejercicio de
     sus funciones públicas y el control de legalidad de las demás
     actuaciones que se contemplen en esta ley y disposiciones que la
     desarrollen.
     2. A los efectos del apartado anterior, estarán sujetas al derecho
     administrativo las funciones a las que se refieren las letras b), j),
     k), l) y m) del apartado 2 del artículo 35.
     3. A efectos del control de legalidad, cada consejo regulador deberá
     remitir al Departamento de Agricultura y Alimentación la siguiente
     documentación: estatutos y sus modificaciones, comunicaciones de
     composición, presupuestos anuales y memorias anuales de actuación.
     4. A los mismos efectos previstos en el apartado anterior, los
     consejos reguladores elaborarán anualmente un inventario que
     contendrá los bienes inmuebles, los incorporales y los muebles cuyo
     valor exceda de 300 euros, debiendo comunicar tal inventario al
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     Artículo 37.-Recursos de los consejos reguladores.
     Para el cumplimiento de sus fines, los consejos reguladores podrán
     contar con los recursos siguientes:
     1. Las cuotas que habrán de abonar sus inscritos por los conceptos e
     importes o porcentajes que se determinen en sus propios reglamentos,
     de acuerdo con los límites que las disposiciones específicas
     establezcan. En caso de impago, dichas cuotas podrán ser exigibles en
     vía de apremio en los términos que reglamentariamente se determinen.
     2. Las subvenciones que puedan establecerse anualmente en los
     presupuestos generales de las Administraciones públicas.
     3. Las rentas y productos de su patrimonio.
     4. Las donaciones, legados y demás ayudas que puedan percibir.
     5. Los rendimientos por la prestación de servicios.
     6. Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.
     Artículo 38.-Incumplimiento de las obligaciones de los consejos
     reguladores.
     1. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de un
     consejo regulador, el Departamento de Agricultura y Alimentación
     formulará una advertencia en orden a la subsanación del
     incumplimiento.
     2. En caso de persistir el incumplimiento o si se comprueba la
     concurrencia de mala fe o de perjuicios al interés público, el
     Departamento de Agricultura y Alimentación resolverá, previa la
     tramitación del correspondiente procedimiento, la suspensión del
     órgano de gestión y, en su caso, el nombramiento de una comisión
     gestora, y fijará la fecha de celebración de nuevas elecciones para
     la renovación de los órganos de gobierno.
     Artículo 39.-Sistemas de control.
     1. El control del cumplimiento de la norma técnica o pliego de
     condiciones de una denominación geográfica corresponde al propio
     operador acogido voluntariamente a la denominación de que se trate.
     Este autocontrol se efectuará según las prescripciones del manual de
     calidad visado por el órgano de gestión.
     2. La verificación del cumplimiento de la norma técnica o pliego de
     condiciones antes de la comercialización del producto se efectuará
     según una de las modalidades siguientes, que será aprobada para cada
     denominación geográfica por orden del Departamento de Agricultura y
     Alimentación:
     a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la
     norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la
     certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma que la
     sustituya) y autorizada por el Departamento de Agricultura y
     Alimentación. La selección de la entidad independiente de control
     será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios
     que rigen la contratación de las Administraciones públicas.
     b) Una estructura de control integrada en el propio órgano de
     gestión, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
     1.º Que la estructura de control se halle adecuadamente separada de
     los órganos de gobierno del órgano de gestión.
     2.º Que la actuación de los órganos de control se realice sin
     dependencia jerárquica ni administrativa respecto a los órganos de
     gobierno del órgano de gestión y bajo la tutela del Departamento de
     Agricultura y Alimentación.
     3.º Que se garantice la independencia del personal que realiza las
     funciones de control, que habrá de ser habilitado por el Departamento
     de Agricultura y Alimentación y cuya remoción habrá de ser motivada e
     informada favorablemente por el mismo.
     4.º Que la estructura de control ajuste su funcionamiento a la norma
     sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos
     tipos de organismos que realizan inspección» (Norma UNE-EN 45004 o
     norma que la sustituya).
     c) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la
     norma sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los
     diversos tipos de organismos que realizan inspección» (UNE-EN 45004 o
     norma que la sustituya). La selección de la entidad independiente
     será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios
     que rigen la contratación de las Administraciones públicas.
     d) El consejo regulador, siempre que se haya acreditado en el
     cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades
     que realizan la certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o
     norma que la sustituya) y haya sido autorizado por el Departamento de
     Agricultura y Alimentación.
     3. En los supuestos expuestos en los párrafos b) y c) del apartado
     anterior, el órgano de gestión, como organización que integra a los
     diferentes operadores inscritos, deberá, a su vez, contratar los
     servicios de una entidad de certificación de las descritas en el
     apartado 2.a).
     No obstante, reglamentariamente se determinarán los supuestos en los
     que la validación de los controles de la estructura de control a sus
     operadores podrá ser efectuada por las Administraciones competentes
     para ello, previa formalización de convenio.
     4. En caso de que asuma funciones de inspección o certificación, el
     órgano de gestión podrá subcontratar todas o algunas de las
     actuaciones relacionadas con tales funciones, a fin de asegurar su
     independencia e imparcialidad. Asimismo, podrá suscribir convenios de
     colaboración con otros órganos de gestión.
     5. El coste de los controles deberá ser financiado íntegramente por
     los operadores inscritos en la denominación.
     6. Los controles a los que se refieren los apartados anteriores se
     efectuarán sin perjuicio de los controles oficiales que competen al
     Departamento de Agricultura y Alimentación en el ámbito de la
     Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con el artículo 10 del
     Reglamento (CE) n.º 510/2006 y con el título I del Reglamento (CE)
     n.º 2729/2000, de la Comisión, de 14 de diciembre de 2000, que
     establece disposiciones de aplicación relativas a los controles en el
     sector vitivinícola.
     CAPITULO III
     Artesanía alimentaria
     Artículo 40.-Definición y objetivo de su reconocimiento.
     1. Se considera artesanía alimentaria la actividad de elaboración,
     manipulación y transformación de alimentos que, cumpliendo los
     requisitos que establece la normativa general correspondiente, están
     sujetos a unas condiciones durante todo su proceso productivo que
     garantizan al consumidor un producto final individualizado y con
     características diferenciales, obtenido gracias a las pequeñas
     producciones controladas por la intervención personal del artesano.
     2. Los objetivos de la regulación de la artesanía alimentaria son:
     a) Reconocer y fomentar los valores económicos, culturales y sociales
     que representa para Aragón.
     b) Preservar, conservar y fomentar las empresas artesanales que
     elaboran alimentos, especialmente en el medio rural.
     Artículo 41.-Categorías de artesanos.
     1. Para que una actividad sea reconocida como artesanal, deberá estar
     incluida en el Censo de actividades artesanas alimentarias del
     Registro de la artesanía alimentaria de Aragón.
     2. Artesano alimentario es la persona que realice alguna de las
     actividades incluidas en el Censo de actividades artesanas
     alimentarias y que haya obtenido la correspondiente Carta de artesano
     alimentario.
     3. Empresas artesanales alimentarias son aquellas que realicen una
     actividad incluida en el Censo de actividades artesanas alimentarias
     y que cumplan las condiciones que se relacionan a continuación:
     a) Que sus procesos de elaboración sean manuales, admitiendo no
     obstante un cierto grado de mecanización en operaciones parciales,
     siempre que, en todo caso, se origine un producto final
     individualizado.
     b) Que la responsabilidad y dirección del proceso de producción
     recaiga en un artesano alimentario, quien tomará parte directa y
     personal en la ejecución del trabajo.
     c) Que la empresa cumpla una serie de requisitos, los cuales se
     definirán por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación,
     en cuanto a aspectos como volumen de negocio anual, número de
     empleados e independencia respecto a otras empresas que no cumplan
     dichos requisitos.
     4. Maestro artesano alimentarios es el artesano que cumpla unos
     determinados méritos de creatividad y conocimientos, y que haya
     obtenido el Diploma de maestro artesano alimentario con el informe
     favorable del Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón.
     5. Por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se
     establecerán los requisitos y condiciones para la obtención de la
     Carta de artesano alimentario y del Diploma de maestro artesano
     alimentario.
     Artículo 42.-Protección de los términos referidos a la artesanía
     alimentaria.
     1. Solo los operadores alimentarios que tengan reconocida la
     condición de artesano alimentario, empresa artesanal alimentaria o
     maestro artesano alimentario podrán calificarse con tales
     denominaciones en el etiquetado, presentación y publicidad de los
     alimentos que produzcan. El uso de tales términos estará restringido
     a la actividad artesanal alimentaria para la que se les haya
     reconocido.
     2. Los alimentos no producidos o elaborados en Aragón podrán utilizar
     los términos protegidos por el apartado anterior siempre que cumplan
     la respectiva normativa que haya establecido la autoridad competente.
     En caso de ausencia de normativa, la utilización de tales términos
     estará sujeta al cumplimiento del principio de veracidad en el
     etiquetado.
     Artículo 43.-Registro de la artesanía alimentaria de Aragón.
     1. Se crea el Registro de la artesanía alimentaria, dependiente del
     Departamento de Agricultura y Alimentación, para la inscripción de
     las empresas y artesanos alimentarios.
     2. Por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se
     determinarán las normas de funcionamiento de este Registro.
     Artículo 44.-Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón.
     1. Se crea el Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón, órgano
     colegiado adscrito al Departamento de Agricultura y Alimentación, con
     funciones referidas únicamente a la actividad artesanal alimentaria e
     integrado por representantes de la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, de las organizaciones sectoriales y de
     asociaciones de consumidores y por expertos en la materia.
     2. Son funciones del Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón:
     a) Estudiar y proponer actuaciones relativas al fomento, protección,
     promoción y comercialización de la artesanía alimentaria.
     b) Estudiar y proponer la inscripción de nuevas actividades
     artesanales alimentarias en el Censo del Registro de la artesanía
     alimentaria.
     c) Estudiar y proponer las reglamentaciones relativas a empresas
     artesanales alimentarias y los requisitos y condiciones para otorgar
     la Carta de artesano alimentario y el Diploma de maestro artesano
     alimentario.
     d) Informar la concesión del Diploma de maestro artesano alimentario.
     e) Estudiar y proponer las condiciones que regulen la utilización en
     el etiquetado, presentación y publicidad de los términos artesano,
     maestro artesano y empresa artesanal, referidos a operadores
     alimentarios.
     f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada para el
     desarrollo del sector alimentario artesanal.
     3. Su composición y régimen de funcionamiento se regularán por orden
     del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     CAPITULO IV
     Producción ecológica
     Artículo 45.-La producción ecológica.
     Solo los alimentos, materias y elementos alimentarios a los que se
     refiere el artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo,
     de 24 de junio, sobre producción agrícola ecológica y su indicación
     en los productos agrarios y alimentarios, que cumplan con los
     requisitos establecidos en dicho Reglamento y en normas concordantes
     podrán utilizar en su etiquetado, presentación y publicidad las
     indicaciones protegidas que se regulan en su artículo 2.
     Artículo 46.-El Comité aragonés de agricultura ecológica.
     1. Se crea el Comité aragonés de agricultura ecológica como
     corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia,
     autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
     de sus fines.
     2. El Comité aragonés de agricultura ecológica prestará el apoyo y
     asesoramiento precisos al Departamento de Agricultura y Alimentación
     en la elaboración de normas y en la fijación de criterios para la
     aplicación en Aragón de las disposiciones sobre agricultura
     ecológica.
     3. La composición del Comité aragonés de agricultura ecológica se
     establecerá por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     La misma orden fijará sus funciones, análogas a las establecidas para
     los consejos reguladores, así como el régimen de tutela
     administrativa, recursos y las actuaciones en caso de incumplimiento
     de sus obligaciones.
     4. Las competencias del Comité aragonés de agricultura ecológica
     estarán limitadas a los productos que lleven o vayan a llevar
     indicaciones referentes al método de producción ecológico, en
     cualquiera de sus fases de producción, acondicionamiento, almacenaje,
     envasado, circulación y comercialización, y a los operadores
     inscritos en los diferentes registros que se establezcan en la norma
     reguladora de esa denominación.
     5. La inscripción en el Comité aragonés de agricultura ecológica será
     requisito imprescindible para el uso de las indicaciones protegidas a
     las que se refiere el artículo 43, así como para la percepción de
     ayudas públicas ligadas a la producción agrícola ecológica.
     Artículo 47.-Control y certificación de la producción ecológica.
     1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la aplicación del
     sistema de control previsto en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 se
     llevará a cabo por organismos de control debidamente autorizados
     según una o varias de las opciones siguientes, que se determinarán, a
     propuesta del Comité aragonés de agricultura ecológica, por orden del
     Departamento de Agricultura y Alimentación:
     a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la
     norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la
     certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma que la
     sustituya) y autorizada por el Departamento de Agricultura y
     Alimentación. La selección de la entidad independiente de control
     será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios
     que rigen la contratación de las Administraciones públicas.
     b) Una estructura de control integrada en el propio Comité aragonés
     de agricultura ecológica, siempre que se cumplan los requisitos
     siguientes:
     1.º Que la estructura de control se halle adecuadamente separada de
     los órganos de gobierno del Comité.
     2.º Que la actuación de la estructura de control se realice sin
     dependencia jerárquica ni administrativa respecto a los órganos de
     gobierno del Comité y bajo la tutela del Departamento de Agricultura
     y Alimentación.
     3.º Que se garantice la independencia del personal que realiza las
     funciones de control, que habrá de ser habilitado por el Departamento
     de Agricultura y Alimentación y cuya remoción habrá de ser motivada e
     informada favorablemente por el mismo.
     4.º Que la estructura de control ajuste su funcionamiento a la norma
     sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos
     tipos de organismos que realizan inspección» (Norma UNE-EN 45004 o
     norma que la sustituya).
     c) Una entidad independiente de inspección acreditada en el
     cumplimiento de la norma sobre «Criterios generales para el
     funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan
     inspección» (UNE-EN 45004 o norma que la sustituya). La selección de
     la entidad independiente de inspección será efectuada por el órgano
     de gestión de acuerdo con los principios que rigen la contratación de
     las Administraciones públicas.
     d) El propio Comité aragonés de agricultura ecológica, siempre que se
     haya acreditado en el cumplimiento de la norma sobre «Requisitos
     generales para entidades que realizan la certificación de producto»
     (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya) y haya sido autorizado
     por el Departamento de Agricultura y Alimentación.
     2. En los supuestos expuestos en los párrafos b) y c) del punto
     anterior, el órgano de gestión, como organización que integra a los
     diferentes operadores inscritos, deberá a su vez contar con los
     servicios de una entidad de certificación de las descritas en el
     apartado 1.a).
     3. El coste de los controles deberá ser financiado por los operadores
     inscritos en los registros del Comité.
     CAPITULO V
     Otras figuras de calidad diferenciada de los alimentos
     Artículo 48.-Las especialidades tradicionales garantizadas.
     1. A efectos de esta ley, y de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º
     509/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las
     especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas
     y alimenticios, y con sus disposiciones de aplicación, «especialidad
     tradicional garantizada» (ETG) es la mención reservada a un alimento
     que haya obtenido el reconocimiento de sus características
     específicas por parte de la Comisión Europea mediante su registro,
     para lo que deberá responder a un pliego de condiciones.
     2. Los operadores alimentarios que utilicen la mención de una ETG
     estarán obligados a respetar su pliego de condiciones y podrán
     utilizar tal mención en los alimentos que produzcan o transformen con
     sujeción a él.
     3. Las normas particulares de aplicación de la normativa comunitaria
     en la Comunidad Autónoma de Aragón se establecerán por orden del
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     Artículo 49.-La producción integrada.
     1. Se entiende por producción integrada el sistema de producción
     agraria medioambientalmente sostenible y de comercialización de
     alimentos, materias o elementos alimentarios, constituido por un
     conjunto de técnicas que aseguran la conservación y mejora de la
     fertilidad del suelo y de la biodiversidad mediante métodos
     biológicos, químicos y técnicos que compatibilicen la protección del
     medio ambiente con la rentabilidad agraria y con las demandas
     sociales.
     2. Los operadores de producción integrada que cumplan las normas
     aplicables en la Comunidad Autónoma de Aragón a este sistema de
     producción y quieran utilizar las menciones y símbolos y percibir las
     ayudas ligadas al mismo deberán inscribirse en el Registro de
     producción integrada. La gestión del Registro se atribuye al
     Departamento de Agricultura y Alimentación, y sus normas de
     funcionamiento se establecerán mediante orden de este Departamento.
     3. El control externo y la certificación de la producción integrada
     se realizarán por las entidades de certificación y control inscritas
     en el Registro de entidades de control y certificación de productos
     agroalimentarios, que deberán cumplir las obligaciones que se
     establezcan por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     4. El Consejo asesor de la producción integrada de Aragón se
     configura como órgano colegiado y consultivo en la elaboración de
     normas y en la fijación de criterios para aplicar en Aragón las
     disposiciones sobre producción integrada. Su composición y funciones
     serán establecidas por orden del Departamento de Agricultura y
     Alimentación.
     Artículo 50.-Las marcas de calidad alimentaria.
     1. De conformidad con la normativa general sobre marcas, el Gobierno
     de Aragón creará y registrará marcas comerciales para su utilización
     exclusiva en alimentos de calidad diferenciada que se elaboren bajo
     controles específicos.
     2. Podrán utilizar las marcas a las que se refiere el apartado
     anterior los operadores de Estados miembros de la Unión Europea que
     cumplan con los requisitos de uso establecidos reglamentariamente con
     carácter general, así como los regulados para cada producto
     alimentario.
     3. El sistema de control y uso se establecerá por orden del
     Departamento de Agricultura y Alimentación.
     CAPITULO VI
     Inspección y control
     Artículo 51.-Inspectores habilitados y medidas cautelares.
     1. El personal de los órganos de gestión de las denominaciones
     geográficas, o de las estructuras de control integradas en ellos, que
     realice funciones de inspección y control y que haya sido habilitado
     por el Departamento de Agricultura y Alimentación tendrá la
     consideración de agente de la autoridad.
     El sistema de habilitación del citado personal inspector se regulará
     mediante orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     2. Los hechos constatados por los inspectores habilitados que se
     formalicen en acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las
     pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses,
     puedan señalar o aportar los propios administrados.
     3. Los inspectores habilitados limitarán su competencia a los
     operadores inscritos en los registros de la denominación geográfica
     de calidad a la que se refiera su habilitación.
     4. El artículo 10 de esta ley será aplicable, con las necesarias
     adaptaciones, a los productos que presenten irregularidades respecto
     a la normativa de calidad diferenciada que les sea de aplicación.
     5. Los inspectores habilitados podrán adoptar medidas cautelares de
     acuerdo con lo regulado en el artículo 19.
     6. En el caso de operadores inscritos en los registros de una figura
     de calidad diferenciada, además de las medidas cautelares enumeradas
     en el artículo 20, se podrá acordar la suspensión temporal del
     derecho al uso de la denominación, marca o elemento identificativo de
     que se trate.
     Artículo 52.-Controles de la Administración.
     El Departamento de Agricultura y Alimentación podrá efectuar aquellos
     controles complementarios que considere convenientes tanto a los
     operadores inscritos en los registros de figuras de calidad
     diferenciada como a los órganos o entidades de control o
     certificación autorizados.
     Artículo 53.-Registro de entidades de control y certificación.
     1. Las entidades independientes de control y certificación de
     productos agroalimentarios que pretendan actuar en el ámbito de la
     Comunidad Autónoma de Aragón deberán obtener la autorización del
     Departamento de Agricultura y Alimentación y posteriormente
     inscribirse en el Registro de entidades de control y certificación de
     productos agroalimentarios, dependiente de dicho Departamento.
     2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de autorización de
     dichas entidades de control y certificación, que corresponderá al
     mismo Departamento.
     3. Las entidades independientes de control y certificación
     acreditadas ante la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) obtendrán
     automáticamente, previa solicitud, la autorización y registro a que
     se refiere el apartado 1.
     TITULO IV
     Régimen Sancionador
     CAPITULO I
     Infracciones y sanciones
     Artículo 54.-Infracciones administrativas.
     1. Constituye infracción administrativa en materia de conformidad de
     la producción, transformación y comercialización alimentarias y de
     calidad diferenciada de los alimentos cualquier acción u omisión
     tipificada en la presente ley o en otras disposiciones legales de
     aplicación.
     2. Las infracciones administrativas en dichas materias se clasifican
     en leves, graves y muy graves.
     Artículo 55.-Responsables.
     1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente
     ley las personas físicas o jurídicas que por acción u omisión hayan
     participado en las mismas.
     2. Se presumirán responsables de las infracciones en productos
     envasados, etiquetados o cerrados con cierre íntegro los siguientes:
     a) La firma o razón social que figure en la etiqueta o documentos de
     acompañamiento, sea nominalmente o mediante cualquier indicación que
     permita su identificación cierta, excepto cuando se demuestre que el
     tenedor ha falsificado o no ha conservado correctamente el producto,
     siempre que en el etiquetado se especificaran las condiciones de
     conservación.
     b) También será responsable el elaborador o fabricante que no figure
     en el etiquetado o documentos de acompañamiento, si se prueba la
     connivencia. En el supuesto de que se hayan falsificado el etiquetado
     o documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponderá a
     quien los haya falsificado.
     c) Quienes comercialicen productos no conformes, si del etiquetado o
     documentos de acompañamiento se dedujera directamente la infracción.
     d) Si el producto envasado no aportara los datos necesarios para
     identificar al responsable, conforme a lo dispuesto en la normativa
     vigente, será considerado responsable quien comercializó el producto,
     salvo que pudiera identificarse al envasador, sin perjuicio de la
     responsabilidad que corresponda al tenedor, conforme a lo dispuesto
     en el apartado siguiente.
     3. Se presumirá responsable de las infracciones en productos a granel
     o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna
     firma o razón social, a su tenedor, excepto cuando pueda
     identificarse de manera cierta la responsabilidad de un tenedor
     anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al
     actual.
     4. De las infracciones cometidas por personas jurídicas, incluidos
     los órganos de gestión de las figuras de protección de calidad
     diferenciada y los órganos o entidades de control o certificación,
     serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares
     de las mismas que no realizaran los actos necesarios que fueran de su
     incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas,
     consintieran el incumplimiento por quienes de ellos dependan o
     adoptaran acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
     5. Asimismo, serán responsables subsidiariamente los técnicos
     responsables de la elaboración y control respecto a las infracciones
     directamente relacionadas con su actividad profesional.
     6. También tendrá esta consideración el transportista que lleve las
     mercancías sin la documentación adecuada, cuando se pruebe su
     connivencia con el responsable.
     7. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas
     en esta ley será independiente de la responsabilidad civil o penal
     que, en su caso, pueda exigirse a sus responsables, sin perjuicio de
     que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie identidad de
     sujeto, hecho y fundamento.
     8. En las infracciones en que haya participado más de una persona,
     física o jurídica, la responsabilidad será solidaria.
     Artículo 56.-Infracciones leves.
     Son infracciones leves:
     1. No presentar el certificado acreditativo de la inscripción oficial
     de la empresa, industria, establecimiento, instalación, local, medio
     de transporte, actividad, alimento o materia o elemento alimentarios
     cuando fuera obligatoria dicha inscripción o no exhibirlo en el
     correspondiente local en la forma establecida legalmente.
     2. No presentar dentro de los plazos marcados las declaraciones
     establecidas en la normativa alimentaria, o su presentación
     defectuosa, cuando las declaraciones sean obligatorias conforme a la
     normativa.
     3. No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de
     los registros cuando fuera requerida para su control en actos de
     inspección.
     4. Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la
     diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no rebase en un
     15% esta última y ello no afecte a la naturaleza, calidad,
     características, composición, procedencia u origen de los productos.
     En caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna
     denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad
     diferenciada, la infracción se entenderá cometida cuando la
     diferencia no rebase el 5%.
     5. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en
     el etiquetado, documentos de acompañamiento, documentos comerciales,
     registros, rotulación, presentación y embalaje de los alimentos o las
     materias y elementos alimentarios cuando estas inexactitudes, errores
     u omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad,
     características, composición, procedencia u origen de los mismos.
     6. No tener actualizados los registros cuando no haya transcurrido
     más de un mes desde la fecha en que hubo de practicarse el primer
     asiento no reflejado, siempre que los asientos no registrados puedan
     justificarse mediante otra documentación.
     7. No comunicar o inscribir las modificaciones de los datos ya
     declarados de las explotaciones e industrias agrarias y alimentarias,
     tales como las relativas a las ampliaciones o reducciones
     sustanciales, traslado, cambio de titularidad, cambio de domicilio
     social o cierre.
     8. No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y
     cualquier clase de envase de productos a granel o los productos que
     contengan, o su identificación de forma no clara o sin marcado
     indeleble e inequívoco, y, en su caso, no indicar el volumen nominal
     u otras indicaciones contempladas en la normativa de aplicación.
     9. Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma diferente a la
     establecida, siempre que no afecten a la composición, definición,
     identidad, naturaleza, características o calidad de los alimentos o
     las materias o elementos alimentarios y que no entrañen riesgos para
     la salud.
     10. La validación o autenticación de los documentos de acompañamiento
     o documentos comerciales sin estar autorizados por el órgano
     competente o la ausencia de validación o autenticación cuando este
     trámite sea obligatorio.
     11. La falta de habilitación o autorización para llevar los registros
     cuando este trámite sea preceptivo.
     12. El incumplimiento de las obligaciones adicionales a las generales
     de cualquier operador que establezcan las normas reguladoras de las
     denominaciones geográficas u otras figuras de protección de la
     calidad, en materia de declaraciones, libros de registro, documentos
     de acompañamiento y otros documentos de control.
     13. La discrepancia entre las características reales del alimento, la
     materia o elemento alimentarios y las que ofrezca el operador cuando
     se refieran a parámetros o elementos cuyo contenido estuviera
     limitado por la reglamentación de aplicación y su exceso o defecto no
     afecte a la propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria,
     calidad, designación o denominación del producto y las diferencias no
     superen el doble de la tolerancia admitida reglamentariamente para el
     parámetro o elemento de que se trate.
     14. No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las
     reclamaciones y de localización rápida de retirada de productos no
     conformes.
     15. La falta de autorización para etiquetar en los supuestos en que
     esta autorización sea preceptiva o que las indicaciones que consten
     no sean las autorizadas.
     16. No denunciar a la autoridad competente, cuando se tenga tal
     obligación, cualquier forma de fraude, alteración, adulteración,
     abuso o negligencia que perjudique o ponga en peligro la calidad de
     los productos, la protección del consumidor o los intereses
     generales, económicos o sociales del sector alimentario.
     17. El incumplimiento de las medidas cautelares, siempre que se trate
     de incumplimientos meramente formales no tipificados como graves.
     18. El suministro incompleto de información o documentación
     necesarias para las funciones de inspección y control administrativo.
     19. En general, el incumplimiento de las instrucciones que sobre su
     actividad emanen de las Administraciones competentes en materia de
     calidad alimentaria o de los órganos de gestión de las denominaciones
     geográficas de calidad cuando desarrollen actuaciones públicas que
     les sean propias y de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
     establecidas en las normas relacionadas con la producción y
     comercialización alimentarias, incluido el transporte, siempre que se
     trate de infracciones meramente formales no previstas en los
     artículos siguientes.
     Artículo 57.-Infracciones graves.
     Son infracciones graves:
     1. El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las
     etapas de la producción, transformación o comercialización de
     alimentos o materias y elementos alimentarios sin estar autorizados
     y, en su caso, debidamente inscritos, o cuando las actividades no
     estén contempladas en la mencionada autorización o la misma haya sido
     cancelada, en el caso de que la autorización o inscripción sea
     preceptiva.
     2. El incumplimiento de las cláusulas de la autorización o de los
     requisitos exigibles, así como de los términos previstos en la misma.
     3. La falta de inscripción de los alimentos o materias o elementos
     alimentarios en la forma que para cada uno de ellos se hubiera
     establecido.
     4. No comunicar inmediatamente a la autoridad competente, desde que
     se tenga conocimiento, la comercialización de alimentos o materias o
     elementos alimentarios fabricados, elaborados o comercializados por
     el propio operador que no cumplan con la legislación en materia de
     conformidad y de calidad.
     5. No disponer de un sistema de autocontrol de calidad o no llevarlo
     a la práctica.
     6. La falta de datos en el sistema de aseguramiento de la
     trazabilidad que deben constar conforme a las disposiciones
     aplicables, tales como la identidad de los suministradores y
     receptores de productos, así como no disponer de informaciones
     relativas a esos productos, como su identificación, naturaleza,
     origen, características cualitativas y condiciones de producción y
     distribución.
     7. La falta de cualquiera de los elementos reglamentarios en el
     sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación,
     registros y documentación de acompañamiento de los productos, así
     como la falta de sistemas y procedimientos de trazabilidad que sean
     adecuados, comprensibles y estén puestos al día.
     8. La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados
     para ello, así como de sustancias no autorizadas por la legislación
     específica de aplicación o para cuya posesión o venta se carece de
     autorización.
     9. La posesión de maquinaria o instalaciones no autorizadas en las
     dependencias de las industrias agrarias y alimentarias.
     10. El depósito de productos no identificados en cualquier
     instalación o medio de transporte.
     11. La omisión en la etiqueta de la razón social responsable.
     12. La instalación o modificación de las industrias agrarias y
     alimentarias con incumplimiento de las disposiciones vigentes en
     materia de regulación de dichas industrias.
     13. La falta de registros, libros de registro comerciales, talonarios
     matrices de facturas de venta u otros documentos establecidos por las
     disposiciones vigentes, la constancia en ellos de información
     ilegible o incomprensible, o su gestión defectuosa, cuando ello
     dificulte verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
     calidad alimentaria.
     14. No conservar durante el tiempo establecido los registros, los
     originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos
     y las copias de los documentos de acompañamiento de productos
     expedidos.
     15. No tener realizada una anotación en los registros cuando haya
     transcurrido más de un mes desde la fecha en que reglamentariamente
     hubo de practicarse o cuando, no habiendo transcurrido dicho periodo
     de tiempo, el asiento o los asientos no registrados no puedan
     justificarse mediante otra documentación.
     16. La imposibilidad de correlacionar los productos que hay en las
     instalaciones con las características principales de estos productos
     que constan en los registros y documentación de acompañamiento o, en
     su caso, documentación comercial, así como que no consten las
     entradas y salidas de los productos ni las manipulaciones,
     tratamientos y prácticas que han sufrido.
     17. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones
     en el etiquetado, documentos de acompañamiento, documentos
     comerciales, registros, rotulación, presentación y embalajes cuando
     esas inexactitudes, errores u omisiones afecten a la naturaleza,
     identidad, calidad, características, composición, procedencia u
     origen de los productos.
     18. La imposibilidad de demostrar la exactitud de las informaciones
     que consten en el etiquetado, documentos de acompañamiento o
     documentos comerciales, así como de los productos utilizados en su
     producción o transformación.
     19. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las
     declaraciones que hayan de realizarse con relación a la ejecución de
     prácticas de elaboración y tratamiento de determinados productos, así
     como tener inexactitudes, errores u omisiones en estas declaraciones,
     cuando estos hechos afecten a la naturaleza, calidad,
     características, composición, procedencia u origen de los productos
     consignados.
     20. Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones
     establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre
     la cantidad consignada y la correcta rebase en un 15% esta última o
     cuando, no rebasándola, afecte a la naturaleza, calidad,
     características, composición, procedencia u origen de los productos.
     En caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna
     denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad
     diferenciada, la infracción se entenderá cometida cuando la
     diferencia rebase el 5%.
     21. La modificación de la verdadera identidad de los alimentos o las
     materias y elementos alimentarios mediante la falsificación de los
     datos o documentos que sirvieran para identificarlos.
     22. La comercialización de alimentos, materias o elementos
     alimentarios sin el etiquetado correspondiente, documentos de
     acompañamiento, documentos comerciales, rotulación, presentación,
     embalajes, envases o recipientes que sean preceptivos, o bien que la
     información que contengan induzca a engaño a sus receptores o
     consumidores.
     23. La utilización en el etiquetado, envases, embalajes,
     presentación, oferta, publicidad de los alimentos o las materias y
     elementos alimentarios de indicaciones, razones sociales, nombres o
     denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos,
     emblemas, denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de
     producto, indicaciones de origen o procedencia, indicaciones sobre el
     sistema de producción o elaboración que:
     a) No correspondan al producto o que, por su similitud fonética,
     gráfica u ortográfica, puedan inducir a confusión, aunque vayan
     precedidos por los términos tipo, estilo, género, imitación,
     sucedáneo u otros análogos.
     b) No correspondan a la verdadera identidad del operador.
     c) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación,
     elaboración, envasado, comercialización o distribución.
     d) No puedan ser verificados.
     24. La aplicación de tratamientos, prácticas o procesos que no estén
     autorizados por la normativa vigente o de manera diferente a la
     establecida, o la utilización de materias primas que no reúnan los
     requisitos mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente, o
     la adición o sustracción de sustancias o elementos, cuando cualquiera
     de estas operaciones afecte a la composición, definición, identidad,
     naturaleza, características o calidad de los alimentos, materias o
     elementos alimentarios.
     25. Las defraudaciones en las características de los alimentos o de
     las materias y elementos alimentarios, particularmente las relativas
     a la identidad, naturaleza, especie, composición, contenido,
     designación, definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso,
     volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios
     útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia que exista
     entre las características reales del alimento, materia o elemento de
     que se trate y las que ofrezca el operador alimentario, que no puedan
     tipificarse como infracción leve.
     26. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la
     información requerida por los órganos competentes o sus agentes, en
     orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia,
     investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a
     que se refiere la presente ley, así como suministrar información
     inexacta o documentación falsa. En particular, las acciones
     siguientes:
     a) No permitir el acceso a los locales, instalaciones o medios de
     transporte.
     b) No permitir que se tomen muestras o realicen otro tipo de
     controles sobre los productos.
     c) No justificar las verificaciones o controles efectuados sobre los
     productos puestos en circulación.
     d) No proporcionar en el momento de la inspección toda la
     documentación, datos e informaciones que el personal de la
     Administración pública que realiza funciones inspectoras y el de los
     órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad
     necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, y no
     permitir su comprobación.
     e) No proporcionar en el plazo dado por el personal que realiza
     funciones inspectoras las informaciones que se requieran.
     27. La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con
     la autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas
     cautelarmente.
     28. El traslado físico de mercancías intervenidas cautelarmente sin
     autorización del órgano competente, siempre que no se manipulen los
     precintos y las mercancías no hayan salido de las instalaciones donde
     fueron intervenidas.
     29. La expedición, por parte de los órganos de control o
     certificación de las distintas figuras de calidad diferenciada, de
     certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de
     los hechos, así como la realización de ensayos, pruebas o
     inspecciones de forma incompleta o con resultados inexactos, por una
     insuficiente constatación de los hechos o la deficiente aplicación de
     normas técnicas.
     30. Los insultos leves y el trato desconsiderado a los inspectores
     acreditados o habilitados o a los instructores de los procedimientos
     sancionadores.
     31. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año.  El
     plazo comenzará a contar desde el día de la comisión de la
     infracción, siendo preciso para su aplicación que la resolución
     sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa.
     32. El impago de las cuotas que se establezcan de acuerdo con los
     reglamentos de los órganos de gestión de las denominaciones
     geográficas de calidad y del Comité aragonés de agricultura
     ecológica.
     Artículo 58.-Infracciones muy graves.
     Son infracciones muy graves:
     1. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de
     indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que
     hagan referencia a los nombres protegidos por una denominación
     geográfica u otras figuras de calidad diferenciada o que, por su
     similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o los signos
     o emblemas característicos, puedan inducir a confusión sobre la
     naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan
     acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación,
     sucedáneo u otros análogos.
     2. No introducir en las etiquetas y presentación de los productos
     alimentarios los elementos suficientes para evitar la confusión de
     los consumidores sobre su calificación y procedencia, en aquellos
     casos en que se utiliza una misma marca, nombre comercial o razón
     social en la comercialización de productos incluidos en una
     determinada figura de protección de calidad diferenciada y en la de
     otros que no lo están.
     3. La indebida tenencia, negociación o utilización de documentos,
     precintas, etiquetas u otros elementos de identificación propios de
     las denominaciones geográficas u otras figuras de protección de la
     calidad alimentaria, así como la falsificación de los mismos.
     4. La falsificación de productos o venta de productos falsificados,
     siempre que no sean constitutivas de delito o falta.
     5. La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de
     mercancías intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos o
     si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron
     intervenidas.
     6. Las infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes
     con infracciones graves a la normativa sanitaria o que hayan servido
     para facilitar o encubrir las mismas.
     7. Las infracciones graves cuando la alteración, adulteración,
     falsificación o fraude se extienda a terceros a quienes se facilita
     la sustancia, medios o procedimientos para realizarlas, encubrirlas o
     enmascararlas.
     8. La transmisión a industrias agrarias y alimentarias, sea a título
     oneroso o gratuito, de alimentos, materias o elementos alimentarios
     no permitidos.
     9. Las infracciones cometidas por los órganos de control o
     certificación de las distintas figuras de protección de la calidad
     cuando de las mismas resulte un daño muy grave e inminente para las
     personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.
     10. La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de
     inspección.
     11. Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o
     cualquier otra forma de presión al personal de la Administración y de
     los órganos de gestión de las figuras de protección de calidad
     diferenciada que realiza funciones de inspección, así como a los
     instructores de los procedimientos sancionadores.
     12. La reincidencia en la misma infracción grave en los dos últimos
     años. El plazo comenzará a contar desde el día de la comisión de la
     infracción, siendo necesario para su aplicación que la resolución
     sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa
     Artículo 59.-Concurrencia de infracciones.
     Cuando concurran dos o más infracciones imputables por los mismos
     hechos a un mismo sujeto y alguna de las mismas sea medio necesario
     para cometer otra, se impondrá como sanción conjunta la
     correspondiente a la infracción más grave.
     Artículo 60.-Sanciones.
     1. La comisión de infracciones que figuran en la presente ley podrá
     dar lugar a las sanciones siguientes:
     a) El apercibimiento previsto en el artículo 62.
     b) Multa desde 500 hasta 2.000 euros en caso de infracciones leves,
     pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el valor de los
     productos objeto de la infracción.
     c) Multa comprendida entre 2.001 y 30.000 euros para las faltas
     graves, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 5% del
     volumen de ventas de los productos objeto de la infracción
     correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de
     iniciación del procedimiento sancionador.
     d) Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros para las faltas muy
     graves, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 10% del
     volumen de ventas de los productos objeto de la infracción
     correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de
     iniciación del procedimiento sancionador.
     2. No tendrá carácter de sanción la suspensión temporal o definitiva
     del derecho al uso de la denominación cuando ello sea resultado del
     incumplimiento de los requisitos que las disposiciones
     correspondientes exigen para el uso de los distintivos de la
     denominación.
     3. No tendrá el carácter de sanción la clausura, cierre, cese,
     suspensión o interrupción temporal de las actividades empresariales,
     instalaciones, locales o establecimientos que no tengan las
     autorizaciones administrativas o registros preceptivos, mientras no
     se cumplan los requisitos exigidos.
     4. Tampoco tendrá carácter de sanción la retirada, cautelar o
     definitiva, de los canales de producción o distribución de aquellos
     productos que sean suministrados por establecimientos que carezcan de
     la preceptiva autorización.
     Artículo 61.-Sanciones accesorias.
     1. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy
     graves que sean cometidas por personas inscritas en los registros de
     una figura de calidad diferenciada, cuando las actuaciones realizadas
     hayan ocasionado un grave perjuicio o desprestigio a la denominación,
     marca o figura protegida, la autoridad a la que corresponda resolver
     el procedimiento podrá acordar, como sanción accesoria, la suspensión
     temporal del derecho al uso de dicha denominación, marca o figura de
     que se trate, o la baja definitiva de sus registros.
     2. La suspensión temporal, que conllevará la pérdida del derecho a
     etiquetas u otros documentos propios de la figura, tendrá una
     duración máxima de tres años, si se trata de una infracción
     calificada como grave, y de cinco años, si se trata de una infracción
     muy grave.
     3. La sanción de baja definitiva de sus registros solo podrá
     imponerse por faltas muy graves, e implicará la exclusión del
     infractor de los registros y, simultáneamente, la pérdida de los
     derechos inherentes a la denominación, marca o figura.
     4. La autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento podrá
     acordar como sanción accesoria el decomiso o destrucción de la
     documentación de presentación del producto, del material de
     identificación del mismo, así como de la mercancía adulterada,
     falsificada, fraudulenta o no identificada y de aquella que pueda
     suponer un riesgo para las personas, animales o vegetales. Serán de
     cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de
     intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía,
     incluida la indemnización al propietario de la mercancía decomisada
     cuando el mismo no sea el infractor.
     5. También podrá imponerse como sanción accesoria a la empresa
     responsable el pago de los análisis necesarios para comprobar la
     infracción cometida.
     6. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejero de
     Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón podrá decretar, por
     acuerdo motivado, el cierre temporal del establecimiento, instalación
     o servicio donde se cometió la infracción por el plazo máximo de dos
     años, sin perjuicio, en todo caso, del pago por parte del infractor
     del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas
     que puedan arbitrarse para su garantía.
     7. Siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño
     efectivo para los intereses económicos del sector alimentario,
     reincidencia en infracciones graves o muy graves o acreditada
     intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que
     resuelva el procedimiento sancionador podrá acordar que se hagan
     públicas las sanciones impuestas, siempre que hayan adquirido firmeza
     en vía administrativa, acompañadas del nombre de la empresa y de las
     personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación
     de las infracciones cometidas.
     Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón», en el
     Boletín Oficial del Estado si la empresa infractora es de ámbito
     estatal o internacional y en los medios de comunicación que se
     consideren oportunos.
     8. Las sanciones contempladas en la presente ley serán compatibles
     con la pérdida o retirada de derechos económicos previstos en la
     normativa comunitaria.
     Artículo 62.-Apercibimiento.
     Si se comprueba la existencia de infracciones como consecuencia de
     una inspección, el órgano competente para resolver el procedimiento
     sancionador podrá apercibir a la empresa para que subsane los
     defectos detectados en un plazo determinado, siempre y cuando no haya
     sido apercibida en el último año por un hecho igual o similar y la
     conducta carezca de efectos sobre la salud pública, los intereses de
     los consumidores y la credibilidad del sistema alimentario.
     Artículo 63.-Pérdida del derecho a la obtención de ayudas.
     La comisión de infracciones muy graves conllevará la pérdida, durante
     el plazo de un año siguiente a la firmeza de la resolución en vía
     administrativa, del derecho a obtener ayudas de la Comunidad Autónoma
     de Aragón vinculadas a la actividad agroalimentaria.
     Artículo 64.-Gradación de las sanciones.
     1. A efectos de su gradación, las sanciones se dividirán en tres
     grados iguales del siguiente modo:
     a) Infracciones leves:
     -Grado inferior: de 500 a 1.000 euros.
     -Grado medio: de 1.001 a 1.500 euros.
     -Grado superior: de 1.501 a 2.000 euros.
     b) Infracciones graves:
     -Grado inferior: de 2.001 a 11.333 euros.
     -Grado medio: de 11.334 a 20.666 euros.
     -Grado superior: de 20.667 a 30.000 euros.
     c) Infracciones muy graves:
     -Grado inferior: de 30.001 a 120.000 euros.
     -Grado medio: de 120.001 a 210.000 euros.
     -Grado superior: de 210.001 a 300.000 euros.
     2. Para la determinación concreta de la sanción a imponer, dentro de
     los grados asignados a cada tipo de infracción, se tomarán en
     consideración los criterios siguientes:
     a) La existencia de intencionalidad o simple negligencia.
     b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias
     irregularidades o infracciones que se sancionen en el mismo
     procedimiento.
     c) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de
     una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado
     por resolución firme. Este plazo comenzará a contar desde el día de
     la comisión de la infracción, siendo necesario para su aplicación que
     la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía
     administrativa.
     d) La naturaleza de los perjuicios causados a los operadores
     alimentarios, en particular el efecto perjudicial que la infracción
     haya podido causar sobre la salud o los intereses económicos de los
     consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de
     una denominación geográfica u otra figura de protección de la
     calidad.
     e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa
     infractora en el sector.
     f) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de
     las mercancías o productos afectados por la infracción.
     g) La cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de la
     infracción, cuyo importe no podrá ser superior a la sanción impuesta.
     h) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de
     que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
     i) La falta de los controles y precauciones exigibles en la
     actividad, servicio o instalación de que se trate.
     j) El grado de incumplimiento de los apercibimientos previos.
     k) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de
     infracción.
     3. No obstante lo recogido en el apartado anterior, el grado y la
     cuantía de la sanción podrán minorarse motivadamente, en atención a
     las circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte
     excesivamente onerosa.
     4. Los criterios de gradación recogidos en el apartado 2 no podrán
     utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando ya estén
     contenidos en la propia descripción de la conducta infractora o
     formen parte del propio ilícito administrativo.
     5. La resolución administrativa habrá de explicitar los criterios de
     gradación de la sanción tenidos en cuenta de entre los señalados en
     los apartados anteriores de este artículo. Cuando no se considere
     relevante a estos efectos alguna de las circunstancias enumeradas en
     dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado inferior.
     Artículo 65.-Proporcionalidad y efectividad de la sanción.
     Las sanciones pecuniarias se impondrán de modo que la comisión de las
     infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el
     cumplimiento de las normas infringidas, y siempre de acuerdo con el
     principio de proporcionalidad y la debida adecuación entre la
     gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a
     imponer.
     Artículo 66.-Multas coercitivas.
     1. En el supuesto de que un infractor no cumpliera con las
     obligaciones impuestas como sanción o lo hiciera de forma incompleta,
     podrán imponérsele multas coercitivas con una periodicidad de tres
     meses hasta el cumplimiento total de la sanción impuesta, no pudiendo
     el importe de cada multa exceder de 3.000 euros.
     2. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones
     pecuniarias impuestas por la infracción cometida.
     Artículo 67.-Prescripción.
     1. Las infracciones leves a que se refiere esta ley prescribirán al
     año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.
     El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que
     se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá
     desde el momento en que el presunto infractor reciba la notificación
     del acuerdo de iniciación.
     2. El procedimiento sancionador podrá incoarse en cualquier momento
     en tanto no haya prescrito la presunta infracción que se impute en el
     acuerdo de iniciación.
     3. Cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección
     se entenderán finalizadas después de haber practicado el análisis
     inicial.
     4. Las sanciones leves reguladas en esta ley prescribirán al año de
     haber adquirido firmeza; las graves, a los dos años, y las muy
     graves, a los tres años.
     CAPITULO II
     Competencia
     Artículo 68.-Potestad sancionadora.
     1. Sin perjuicio de las competencias titularidad de las entidades
     locales, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón la potestad sancionadora en materia de conformidad de la
     producción, transformación y comercialización alimentarias y de
     calidad diferenciada de los alimentos, que se ejercerá por los
     órganos administrativos que la tengan atribuida.
     2. El órgano competente para resolver, previa tramitación del
     correspondiente procedimiento, sancionará las infracciones en materia
     de conformidad y calidad diferenciada de la producción,
     transformación y comercialización alimentarias detectadas en el
     ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     Artículo 69.-Organos competentes.
     1. Son competentes para iniciar y resolver los procedimientos
     sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
     esta ley los órganos correspondientes de las entidades locales o de
     la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las
     competencias que a cada Administración le atribuye el ordenamiento
     jurídico.
     2. Las entidades locales determinarán, de acuerdo con su normativa de
     funcionamiento, los órganos que tienen encomendadas las facultades
     señaladas en el apartado anterior.
     3. Cuando la Administración autonómica sea la competente para ejercer
     la potestad sancionadora, las facultades correspondientes serán
     desempeñadas por los siguientes órganos:
     a) La iniciación de los procedimientos sancionadores, por los
     directores de los Servicios Provinciales del Departamento de
     Agricultura y Alimentación de la provincia donde el operador
     alimentario tenga su domicilio o razón social.
     b) La resolución de los procedimientos sancionadores, por:
     -Los directores de los Servicios Provinciales, para las sanciones
     inferiores a 12.000 euros.
     -El director general competente por razón de la materia, para las
     sanciones comprendidas entre 12.000 y 30.000 euros.
     -El Consejero de Agricultura y Alimentación para las sanciones cuya
     cuantía supere los 30.000 euros.
     c) El órgano competente para la imposición de las sanciones
     pecuniarias lo será también para imponer sanciones complementarias.
     4. El órgano competente para incoar designará instructor del
     procedimiento.
     CAPITULO III
     Procedimiento sancionador
     Artículo 70.-Plazo para resolver.
     1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa
     que ponga fin al procedimiento será de doce meses, a contar desde la
     fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador,
     considerando como tal la fecha de notificación del acuerdo de
     incoación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la
     resolución, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las
     actuaciones.
     2. En caso de que un procedimiento se suspenda o se paralice por
     causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo
     para resolver.
     Artículo 71.-Procedimiento abreviado.
     En el supuesto de infracciones calificadas como leves, y si los
     hechos estuvieran recogidos en el acta correspondiente o se dedujeran
     de la documentación recogida por la inspección o de los resultados de
     los análisis, el expediente podrá instruirse mediante procedimiento
     abreviado.
     Artículo 72.-Resolución.
     1. Los órganos competentes para resolver podrán imponer sanciones de
     igual o menor gravedad que las propuestas por el instructor o bien
     declarar que no existe responsabilidad.
     2. Cuando el órgano al que haya sido remitida la propuesta del
     instructor considere que las conductas declaradas probadas deben ser
     objeto de mayor sanción, remitirá el expediente al órgano que resulte
     competente, a su juicio, según el artículo anterior, junto con la
     nueva propuesta de resolución. Una copia de esta propuesta será
     notificada al interesado para que pueda formular alegaciones al
     respecto en el plazo de diez días.
     3. Cuando el órgano al que se remita la propuesta considere que la
     infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta
     de resolución y la sanción que considera que debe imponerse resulte
     de su competencia, igualmente concederá al interesado el trámite
     previsto en el apartado anterior.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Normativa complementaria.
     1. En todo lo no contemplado en la presente ley, y en tanto no se
     aprueben las normas que la desarrollen o complementen, serán de
     aplicación la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
     normativa estatal vigente sobre las materias que regula.
     2. La Ley 1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de Aragón, y las
     disposiciones que la desarrollan no serán de aplicación en materia de
     artesanía alimentaria.
     Segunda.-Bienes, derechos y obligaciones de los consejos reguladores
     y del Comité aragonés de agricultura ecológica.
     Los bienes, derechos y obligaciones que, a la entrada en vigor de
     esta ley, sean titularidad de los consejos reguladores y del Comité
     aragonés de agricultura ecológica pasarán, sin que se altere su
     situación jurídica, a ser titularidad de las nuevas corporaciones de
     derecho público, en cuanto entidades sucesoras de aquellos.
     Tercera.-Personal de los consejos reguladores y del Comité aragonés
     de agricultura ecológica.
     Las nuevas corporaciones de derecho público, como sucesoras de los
     consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica,
     mantendrán en idénticos términos a los existentes a la entrada en
     vigor de esta ley sus obligaciones y derechos respecto a su personal
     laboral.
     Cuarta.-Bebidas espirituosas.
     Las previsiones de esta ley se aplicarán a las bebidas espirituosas,
     así como a las denominaciones específicas y denominaciones
     geográficas de tales bebidas a las que se refiere el Reglamento (CEE)
     n.º 1576/89 del Consejo, de 23 de mayo de 1989, por el que se
     establecen las normas generales relativas a la definición,
     organización y presentación de las bebidas espirituosas.
     Quinta.-Productos agrarios no alimentarios.
     Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones
     geográficas protegidas que se reconozcan para productos agrarios no
     alimentarios se sujetarán a lo dispuesto en los capítulos II y VI del
     título III y en el título IV de esta ley.
     Sexta.-Coordinación de controles.
     Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, y los
     departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma con
     competencias en la materia coordinarán los controles y sistemas de
     información para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable
     a los alimentos, en particular respecto a su trazabilidad.
     Séptima.-Marcas de garantía alimentaria.
     En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
     Departamento de Agricultura y Alimentación será el órgano
     administrativo competente para autorizar los reglamentos de uso de
     marcas de garantía aplicadas a los productos alimentarios a las que
     se refiere el artículo 69 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
     Marcas.
     Octava.-Competencias del Departamento de Agricultura y Alimentación.
     Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón relativas a las materias objeto de esta ley serán ejercidas
     por el Departamento de Agricultura y Alimentación, salvo que el
     Gobierno de Aragón las atribuya expresamente a otro departamento.
     Novena.-Sistema de gestión de vinos de la tierra y de vinos de pago.
     Reglamentariamente se determinará la forma de gestión para los vinos
     de la tierra y los vinos de pago, pudiéndose establecer que se
     aplique lo previsto en esta ley para los consejos reguladores.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Adaptación de los operadores alimentarios.
     1. Los operadores alimentarios tendrán un plazo de un año desde la
     entrada en vigor de esta ley para adaptar su régimen de aseguramiento
     de la calidad a las exigencias contenidas en el título II.
     2. Durante el periodo de adaptación, los operadores deberán cumplir
     las obligaciones que les eran exigibles antes de la entrada en vigor
     de esta ley, y será de aplicación el sistema de infracciones y
     sanciones previsto en la normativa anterior.
     Segunda.-Infracciones.
     Las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta ley
     se regirán por la normativa anterior, salvo cuando la nueva
     regulación resulte más favorable para el presunto infractor.
     Tercera.-Registros existentes.
     1. Las inscripciones que consten en el Registro general de artesanos
     de Aragón relativas a actividades agroalimentarias, en el Registro de
     operadores de producción integrada o en cualquier otro registro
     existente a la entrada en vigor de esta ley y cuyo objeto resulte
     total o parcialmente coincidente con el de aquellos registros que se
     creen por o en ejecución de la misma, se trasladarán de oficio para
     su inscripción en el nuevo registro correspondiente.
     2. En el caso de que las exigencias del nuevo Registro impidan la
     anotación de las anteriores inscripciones, reglamentariamente se
     determinará el plazo y forma para regularizar las inscripciones.
     Cuarta.-Financiación de órganos de gestión.
     Mientras no se establezcan las cuotas internas definitivas, los
     consejos reguladores existentes, así como el Comité aragonés de
     agricultura ecológica, continuarán aplicando los importes que tengan
     establecidos conforme a la legislación hasta ahora vigente.
     Quinta.-Adaptación de los reglamentos de denominaciones geográficas
     de calidad existentes.
     1. Los consejos reguladores existentes a la entrada en vigor de esta
     ley deberán presentar en el plazo máximo de un año el proyecto de
     adaptación de su respectivo reglamento a las previsiones de la misma,
     sometiéndolo a su aprobación por orden del Departamento de
     Agricultura y Alimentación.
     2. En el caso de que en el plazo indicado no se hubiera presentado el
     proyecto de adaptación, la elaboración y aprobación del mismo podrán
     efectuarse por el Departamento de Agricultura y Alimentación.
     3. Los consejos reguladores de las denominaciones geográficas de
     calidad existentes antes de la aprobación de esta ley tendrán la
     consideración de corporaciones de derecho público a partir de la
     entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se adapten a
     las previsiones de la misma.
     Sexta.-Comité aragonés de agricultura ecológica.
     Aprobada la orden del Departamento de Agricultura y Alimentación en
     la que se establezca el nuevo régimen jurídico del Comité aragonés de
     agricultura ecológica, este pasará a tener la consideración de
     corporación de derecho público.
     Séptima.-Acreditación de entidades de control y de certificación.
     A los efectos de lo exigido en los capítulos II y IV del título III
     de esta ley, y durante el plazo de tres años siguientes a su entrada
     en vigor, se entenderá cumplido el requisito de acreditación cuando
     la correspondiente solicitud presentada ante la Entidad Nacional de
     Acreditación (Enac) haya sido admitida a trámite y no haya sido
     resuelta.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación normativa.
     1. Quedan derogados los artículos del Texto Refundido de las Tasas de
     la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
     1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, que regulan la Tasa
     18, por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones
     de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos
     agroalimentarios, y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité
     aragonés de agricultura ecológica.
     2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
     se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en esta
     ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Normativa de desarrollo.
     El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el
     desarrollo y correcta aplicación de esta ley.
     Segunda.-Actualización de sanciones.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar la cuantía de las
     sanciones transcurridos tres años desde la entrada en vigor de esta
     ley, así como para actualizaciones posteriores con intervalo mínimo
     de un año cuando las circunstancias económicas y sociales lo
     requieran.
     Tercera.-Entrada en vigor.
     Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
     «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 de
     la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
     Aragón
     Zaragoza, 30 de noviembre de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU