Rango: -LEY+
Fecha de disposición: 20030317
Fecha de Publicacion: 28/03/2003
Número de boletín: 36
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 15/2003, de 17 de marzo, de reforma de la Ley 30/2002, de 30 de diciembre, de Protección Civil y Emergencias de Aragón.

Texto
     LEY 15/2003, de 17 de marzo, de reforma de la Ley 30/2002, de 30 de
     diciembre, de Protección Civil y Emergencias de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó en fecha 12 de diciembre de
     2002 la Ley de Protección Civil y Emergencias de Aragón, cuya
     finalidad era la regulación y organización de la protección civil de
     la Comunidad Autónoma de Aragón ante situaciones de emergencia,
     catástrofe o calamidad colectiva, así como la gestión y atención de
     emergencias individuales. Esta normativa aragonesa queda plenamente
     justificada desde un punto de vista competencial, debido a la propia
     regulación del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como por los
     pronunciamientos clarificadores del Tribunal Constitucional en esta
     materia.
     Como indica el propio Preámbulo de la citada norma, el concepto de
     «protección civil» incluye una serie de acciones cuyo objeto es el de
     evitar (o reducir y corregir, en su caso) los daños personales y
     patrimoniales ocasionados por cualquier tipo de medios de agresión,
     así como por elementos naturales o extraordinarios en tiempos de paz,
     siempre y cuando los mismos supongan una amplitud y gravedad en sus
     efectos que les haga alcanzar el carácter de calamidad pública.
     El texto de la ley en cuestión incluye una Disposición Adicional
     Cuarta, con diversos apartados. Entre éstos últimos existen dos que
     son objeto de esta modificación, y son los denominados con las letras
     g) y h). Concretamente, el apartado g) establece como criterio de la
     Comunidad Autónoma para crear en el futuro una Organización
     Profesional de Bomberos dependiente de la Administración Pública, el
     siguiente:
     «g) Establecimiento de un proceso formativo y de capacitación de los
     bomberos profesionales, que tendrá como objetivo su formación
     teórica, práctica y física continuada, y contemplará la realización
     de estudios destinados a la promoción en su carrera profesional.».
     Igualmente, el apartado h) de dicha Disposición Adicional se presenta
     como otro criterio cuyo contenido es el siguiente:
     «h) Organización del personal en las siguientes escalas:
     -Escala Superior, a la que pertenecerá el personal funcionario del
     Grupo A, que desarrollará funciones de dirección y coordinación de
     todo el personal, de propuesta de planes y actuaciones relacionados
     con la prevención y extinción de incendios y salvamento, y aquellas
     otras que se le asignen de acuerdo con la titulación y preparación
     exigidas para su acceso.
     -Escala Ejecutiva, a la que pertenecerá el personal funcionario del
     Grupo B, que realizará funciones de dirección y coordinación de la
     escala básica, y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción
     de incendios y salvamento que se le encomienden conforme a la
     titulación y preparación requeridas para su acceso.
     -Escala básica, a la que pertenecerá el personal funcionario de los
     Grupos C y D, que desempeñará las funciones operativas y de ejecución
     que le sean encomendadas relativas a la prevención y extinción de
     incendios, así como, en su caso, la dirección y supervisión de las
     personas a su cargo.»
     La Ley aprobada por las Cortes de Aragón pretende ser, tal y como se
     establece en el Preámbulo de la misma, una norma eminentemente
     material, es decir, dirigida a regular el ámbito exclusivo de gestión
     de emergencias integrado, tanto para emergencias propias de la
     protección civil en sentido estricto como en otros tipos de menor
     gravedad (sin trastorno social ni desbordamiento de los servicios
     sociales esenciales pero que requieran una coordinación en los
     servicios a cumplir por estar en peligro la vida e integridad de las
     personas). Sin embargo, los apartados de la Disposición Adicional
     anteriormente citados poseen un evidente contenido que, trascendiendo
     de la regulación puramente objetiva o material, alcanza a asuntos más
     propios de función pública.
     En este sentido, las circunstancias actuales y los objetivos de la
     propia Ley aconsejan distinguir claramente entre la regulación
     material (emergencias y protección civil) y la regulación afectante a
     función pública, con objeto de dotar de mayores garantías y seguridad
     al desarrollo de ambos campos. Por dicha razón, los Grupos
     Parlamentarios de las Cortes de Aragón creen conveniente la
     modificación de la Ley de Protección Civil y Emergencias de Aragón,
     dejando sin efecto los apartados g) y h) de su Disposición Adicional
     cuarta, y con el compromiso ineludible de regular la materia hoy
     objeto de derogación en la próxima legislatura de este Parlamento.
     Artículo Unico.-Se modifica la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de
     Protección y Emergencias de Aragón, derogando y dejando sin efecto
     los apartados g) y h) de la Disposición Adicional cuarta del citado
     texto.
     Disposición Final.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
     al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 24 de marzo de 2003.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU