Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20061227
Fecha de Publicacion: 30/12/2006
Número de boletín: 149
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.

Texto
     LEY 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la
     actividad industrial de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín
     oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     INDICE
     PREAMBULO
     CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1. Objeto
     Artículo 2. Fines
     Artículo 3. Ambito de aplicación
     Artículo 4. Funciones públicas
     CAPITULO II. ACTUACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
     Sección 1.ª Medidas generales
     Artículo 5. Principios
     Artículo 6. Directrices
     Artículo 7. Proyectos de interés general de Aragón
     Artículo 8. Competencias
     Sección 2.ª Coordinación y participación
     Artículo 9. Informe
     Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo de Industria de
     Aragón
     Artículo 11. Adscripción y composición del Consejo de Industria de
     Aragón
     Sección 3.ª Tecnologías de la información y de las comunicaciones
     Artículo 12. Impulso
     Artículo 13. Servicio básico electrónico
     Artículo 14. Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas
     Artículo 15. Efectos
     CAPITULO III. LIBERTAD DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
     Artículo 16. Principio de libertad
     Artículo 17. Comunicación responsable
     Artículo 18. Autorización
     Artículo 19. Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias
     Artículo 20. Otras comunicaciones y autorizaciones
     CAPITULO IV. INFORMACION INDUSTRIAL
     Sección 1.ª Disposiciones generales
     Artículo 21. Concepto y fines
     Artículo 22. Fuentes
     Artículo 23. Tratamiento
     Sección 2.ª Registro de Establecimientos Industriales de Aragón
     Artículo 24. Constitución
     Artículo 25. Fines
     Artículo 26. Ambito
     Artículo 27. Contenido
     Artículo 28. Obligación
     Artículo 29. Acceso
     Artículo 30. Colaboración
     Artículo 31. Registros especiales
     CAPITULO V. FOMENTO INDUSTRIAL
     Artículo 32. Actuaciones
     Artículo 33. Objetivos
     Artículo 34. Instrumentos
     Artículo 35. Competencias
     Artículo 36. Régimen jurídico
     Artículo 37. Requisitos
     Artículo 38. Obligaciones
     CAPITULO VI. CALIDAD INDUSTRIAL
     Artículo 39. Fines
     Artículo 40. Planes de mejora de la calidad
     Artículo 41. Obligatoriedad
     Artículo 42. Infraestructura
     CAPITULO VII. SEGURIDAD INDUSTRIAL
     Sección 1.ª Disposiciones comunes
     Artículo 43. Objeto
     Artículo 44. Sistema
     Sección 2.ª Titulares y responsables
     Artículo 45. Régimen de actuación de los titulares
     Artículo 46. Comunicación de modificaciones e incidencias
     Sección 3.ª Organismos de control
     Artículo 47. Naturaleza jurídica
     Artículo 48. Autorización y régimen de actuación
     Sección 4.ª Profesionales habilitados y empresas instaladoras y
     mantenedoras
     Artículo 49. Autorización y régimen de actuación
     Artículo 50. Transmisión a los usuarios
     CAPITULO VIII. DISCIPLINA INDUSTRIAL
     Sección 1.ª Inspección industrial
     Artículo 51. Objeto
     Artículo 52. Principios de la actuación inspectora
     Artículo 53. Personal inspector
     Artículo 54. Facultades del personal inspector
     Artículo 55. Inspecciones ordinarias
     Artículo 56. Inspecciones extraordinarias
     Artículo 57. Planes de inspección industrial
     Artículo 58. Actas de inspección
     Sección 2.ª Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad
     Artículo 59. Medidas provisionales por la Administración
     Artículo 60. Medidas provisionales por los organismos de control
     Artículo 61. Restablecimiento de la legalidad
     Sección 3.ª Infracciones y Sanciones
     Artículo 62. Disposiciones generales
     Artículo 63. Infracciones muy graves
     Artículo 64. Infracciones graves
     Artículo 65. Infracciones leves
     Artículo 66. Sanciones
     Artículo 67. Determinación de las sanciones
     Artículo 68. Responsabilidades
     Artículo 69. Sanciones accesorias
     Artículo 70. Prescripción
     Artículo 71. Multas coercitivas
     Artículo 72. Sujetos responsables
     Artículo 73. Plazo del procedimiento sancionador
     Artículo 74. Procedimiento sancionador simplificado
     Artículo 75. Organos competentes
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera. Consejo de Industria de Aragón
     Segunda. Regulación de actividades profesionales específicas
     Tercera. Elaboración de los planes de inspección industrial
     DISPOSICION TRANSITORIA
     Unica. Disposiciones reglamentarias aplicables
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica. Derogación normativa
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera. Habilitación reglamentaria
     Segunda. Actualización de sanciones
     Tercera. Entrada en vigor
     PREAMBULO I
     Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial.  Se
     estima que más de una quinta parte de la riqueza generada en Aragón
     procede de la actividad industrial, incluyendo la energía, dato que
     se halla por encima de la media nacional, lo que demuestra la mayor
     especialización e intensidad de la actividad industrial en el tejido
     económico aragonés. En cuanto al mercado laboral, la industria
     representa la cuarta parte del empleo total, porcentaje superior al
     resto de empleo industrial en España. La industria aragonesa está en
     evolución, con una progresión evidente hacia sectores de fuerte valor
     añadido. Es un hecho que los esfuerzos se dirigen hacia la promoción
     de actividades industriales de máxima competitividad, valorándose de
     manera especial los esfuerzos por la diversificación. Así pues, es
     deseable la evolución del tejido industrial aragonés hacia la
     implantación de nuevas actividades industriales en las que los
     procesos económicos y productivos se basen en la utilización de
     nuevas tecnologías, en la innovación de procesos y en la modificación
     de determinados sistemas de gestión empresarial obsoletos.
     El comercio exterior aragonés, referido al intercambio de mercancías
     con el extranjero, es, casi en su totalidad, de bienes industriales.
     La actividad económica de la industria se desarrolla en un mercado
     globalizado, donde la alta competitividad internacional hace que
     nuestra comunidad tenga que ser todavía más productiva y eficiente.
     Su promoción afecta de manera positiva a toda la sociedad, pues
     contribuye a su desarrollo económico y social, constituyendo la
     consolidación de dicho sector uno de los factores que de manera más
     clara influyen en la vertebración y el reequilibrio del territorio,
     aspecto este de enorme importancia en Aragón.
     Con independencia del sector de actividad económica del que se trate,
     cualquier empresa aragonesa tiene instalaciones industriales de las
     que depende para ejercer su actividad con normalidad y eficacia,
     afectadas por la amplísima y compleja legislación en materia de
     seguridad industrial. El tiempo transcurrido entre la toma de
     decisiones en las empresas y su materialización influye en el éxito o
     el fracaso empresarial.
     Es obvio que las competencias en materia de industria afectan a toda
     la ciudadanía en sus quehaceres cotidianos (en su trabajo, como
     consumidores y usuarios), a su calidad de vida y a las prestaciones
     que pueden obtener de los avances técnicos.  Cualquier hogar, centro
     de trabajo, de ocio, cualquier centro educativo o sanitario contiene
     un número elevado de instalaciones industriales; toda la sociedad,
     altamente tecnificada, se ve afectada por el nivel de calidad de las
     mismas.
     II
     La norma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón
     donde se asumen las competencias en materia de industria
     es una buena muestra de la complejidad de la materia. El carácter
     exclusivo con el que dicha competencia es asumida permite al
     legislador aragonés dictar una norma como la presente, ambiciosa en
     su contenido y extensión. Ambición que en la redacción de la Ley se
     ha procurado compatibilizar con la pluralidad de derechos subjetivos
     de la ciudadanía y de intereses públicos afectados.
     En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Aragón se ha ido
     dotando de diferentes normas que han permitido cumplir con los
     deberes públicos en materia industrial, establecer las oportunas
     regulaciones y promulgar medidas de fomento de la actividad
     industrial en Aragón. Cabe mencionar la normativa del Gobierno de
     Aragón sobre ayudas económicas a las empresas industriales en la
     Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el ejercicio de las funciones en
     materia de vigilancia sobre seguridad de productos, equipos e
     instalaciones industriales asignado a los organismos de control y
     sobre acreditaciones profesionales, autorización de empresas y
     acreditación de entidades de formación en materia de seguridad
     industrial. Junto a ella se han ido promulgando una serie de órdenes
     del departamento con competencias en industria que permiten, por el
     lado del fomento, la convocatoria anual de ayudas a las empresas
     industriales y, por otro lado, la utilización de un novedoso sistema
     de gestión de procedimientos para la tramitación de las
     instalaciones, aparatos y equipos industriales. Ya no cabe seguir
     ahondando en esta labor si no se da un decidido paso que concrete un
     tronco legislativo del que puedan emanar coherentemente las normas y
     que proporcione los fundamentos suficientes para que la andadura se
     pueda adaptar a los actuales requerimientos sociales y a las más
     modernas tecnologías, permitiendo nuevos desarrollos que profundicen
     en los principios de esta Ley.
     Uno de los grandes objetivos en la redacción de esta Ley ha sido
     dotar a la sociedad aragonesa del necesario marco legal completo que
     afecta a la amplia actividad industrial. También pretende facilitar
     el acceso al mismo y su comprensión.
     III
     El punto de partida de la nueva regulación legal estriba en la
     definición del concepto de «actividad industrial», que supera de
     manera expresa y deliberada al concepto de «industria» y que no se
     asimila únicamente a las actividades de los establecimientos
     industriales. También se desarrollan cuáles son los derechos y
     deberes de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
     La transparencia de la actuación de la Administración es uno de los
     principios que promueve esta ley. Así, se regulan los supuestos en
     los que se debe informar o hacer pública la información sobre la
     actividad industrial generada o elaborada por la Administración. Todo
     ello con la salvaguarda debida a la confidencialidad de los datos,
     que tan sensibles resultan para el mundo empresarial.
     La participación y la coordinación de los diversos, plurales e
     importantes intereses territoriales, públicos y privados que
     confluyen en materia de industria es un objetivo fundamental de esta
     Ley. Se trata de recoger de manera coordinada las necesidades, la
     experiencia y la información técnica y económica, haciendo posible
     una retroalimentación permanente y oportuna de dicha información y
     una mejora continua de todas las actuaciones sobre la actividad
     industrial. Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta
     la existencia y la composición del Acuerdo Económico y Social para el
     Progreso de Aragón (AESPA) 2004-2007, acuerdo suscrito el 5 de
     febrero de 2004 entre el Gobierno de Aragón y los agentes económicos
     y sociales aragoneses, cuyas orientaciones más importantes han sido
     incorporadas a esta Ley. Además, es necesario incluir en la
     legislación aragonesa el nuevo enfoque que la Unión Europea está
     desarrollando con el impulso renovado a la estrategia de Lisboa, que
     pretende «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del
     mundo, capaz de impulsar un crecimiento económico sostenible, de
     mejorar cuantitativamente el empleo y alcanzar una mayor cohesión
     social».
     La Unión Europea, en esta redefinición de «Lisboa», da un nuevo
     enfoque a la política industrial que basa en tres ejes: legislar
     mejor, desarrollar un enfoque integrado de las políticas y recurrir a
     políticas sectoriales y medidas específicas adecuadas.
     La Ley explicita el compromiso de la Administración de dar un
     servicio y de crear unas oportunidades acordes con las necesidades
     actuales que la sociedad precisa. Estos servicios, que corresponden
     de manera principal a la Administración Pública, se plantean en dos
     grandes niveles: garantizar la seguridad para las personas, los
     bienes y el medio ambiente, y fomentar la actividad industrial en
     tanto que es generadora de evidentes beneficios sociales. La
     realización de actuaciones de promoción y fomento industrial aparece
     como un mandato legal. Debe asumirse la limitación de recursos de los
     que dispone la Administración, de manera que no le es posible dar,
     por sí sola, respuesta a las necesidades de especialización, agilidad
     y flexibilidad que hoy caracterizan a la actividad industrial, al ser
     tan intensa la capacidad de cambio en la actividad económica y en los
     progresos tecnológicos. Para superar esta realidad se posibilita la
     acción a través de recursos externos sujetos a procedimientos de
     supervisión y control. Asimismo, se obliga a que los servicios
     técnicos de la Administración, de elevada cualificación, hayan de
     aplicarse preferentemente a las tareas de las que se obtiene
     socialmente mayor valor añadido.
     Dentro de este contexto se plantea y proyecta un Aragón moderno,
     comprometido con el concepto de desarrollo sostenible, que procura,
     en particular y de manera explícita, la integración social de
     colectivos desfavorecidos y la igualdad de oportunidades, así como
     medidas para incrementar el número de mujeres en el sector
     industrial. Se promueve un modelo destinado a velar por los derechos
     y los legítimos intereses de progreso, desarrollo económico,
     bienestar y empleo de calidad de toda la ciudadanía aragonesa. Y todo
     esto en consonancia con las políticas industriales de las
     Administraciones europeas, estatales y locales, prestando atención a
     los cambios estructurales y a los objetivos y sensibilidades de los
     agentes económicos y sociales.
     El progresivo desarrollo e implantación de la sociedad de la
     información y del conocimiento exige de los poderes públicos crear y
     promover la infraestructura técnica que posibilite la misma y
     favorecer y potenciar instrumentos para el acceso de toda la
     ciudadanía, en condiciones de igualdad, a estas tecnologías.
     IV
     La Ley se estructura en setenta y cinco artículos, agrupados en ocho
     capítulos y la parte final.
     En el capítulo I se aborda lo relativo al objeto y fines de la Ley,
     haciendo explícitos los objetivos perseguidos con su redacción
     (regular y fomentar la actividad industrial, en desarrollo de las
     competencias atribuidas en el Estatuto de Autonomía(, definiendo los
     conceptos técnicos sobre los que se apoya la regulación de la materia
     y reafirmando la vigencia del principio de legalidad en la actividad
     de la Administración de la comunidad autónoma. En particular se hace
     coincidir el ámbito de
     aplicación con la actividad industrial que radique en el territorio
     de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los sujetos que sean
     titulares o actúen sobre la misma.
     El capítulo II lleva por título «Actuación y modernización
     administrativa», abarcando diversas cuestiones que se regulan en tres
     secciones. Las medidas generales se refieren a los principios, con
     los que se quiere compatibilizar la flexibilidad y respeto por los
     legítimos intereses privados con el respeto a la legalidad, a la
     seguridad industrial y al interés público, bajo los principios de
     intervención mínima y eficacia, encomendando a la Administración de
     la comunidad autónoma una labor necesaria de homogeneización y
     simplificación de una normativa que ha llegado a ser difícilmente
     asequible incluso a los profesionales; en esta sección se hace
     explícita la posibilidad de usar de los recursos e instrumentos
     técnicos que la legislación específica pone a disposición de la
     Administración y, por último, se articulan los principios generales
     de la competencia administrativa en materia de industria. En la
     sección segunda se establecen los supuestos en los que el
     departamento competente en materia de industria (en adelante,
     departamento competente) deberá ser consultado por los demás órganos
     de la Administración de la comunidad autónoma y, en especial, se
     regula el Consejo de Industria de Aragón como órgano colegiado de
     tipo representativo, con funciones especializadas de carácter
     consultivo y de asesoramiento, cuya función será la de coordinar los
     distintos intereses que confluyen en materia de industria. En la
     sección tercera, que tiene como epígrafe el de «Tecnologías de la
     información y de las comunicaciones», se encomienda a la
     Administración de la comunidad autónoma, para el ámbito industrial,
     no solo promover la asunción e interiorización por la sociedad de los
     medios, retos y posibilidades de las nuevas tecnologías de la
     información, sino que se asumen obligaciones para la Administración
     de avanzar en la puesta a disposición de sus servicios de forma
     electrónica y telemática (se introduce el concepto de «servicio
     básico electrónico»(, de adaptar sus procedimientos y de regular los
     sistemas de intercambio telemático de información entre
     Administración y los agentes del sistema de la seguridad y calidad
     industrial, dándoles plena eficacia jurídica.
     En el capítulo III se regula lo relativo a la «Libertad de la
     actividad industrial» y se da plena eficacia al principio de libertad
     industrial que inspiran las modernas legislaciones española y
     europea, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones legalmente
     establecidas superando el marco establecido por el Real Decreto
     2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial. En este
     capítulo se regula como regla general la «comunicación responsable»,
     con un compromiso de agilidad administrativa aunque recogiendo como
     posibilidad excepcional la existencia de autorizaciones para
     supuestos legalmente establecidos. Para uno y otro caso, se
     implantarán procedimientos de solicitud o de resolución conjunta para
     agilizar y favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de
     la actividad industrial. Entre sus previsiones está la de adaptar los
     requisitos técnicos exigidos por la normativa de seguridad industrial
     al progreso tecnológico, habilitando a la Administración de la
     comunidad autónoma para autorizar la adopción de alternativas
     técnicas más avanzadas que acrediten niveles de seguridad
     equivalentes.
     El capítulo IV, relativo a la «Información industrial», tiene como
     contenido fundamental, aunque no único, la regulación del Registro de
     Establecimientos Industriales de Aragón, que se adapta a la
     distribución administrativa y territorial aragonesa contemplando el
     ámbito comarcal. La información es un elemento necesario de la toma
     de decisiones adecuadas, y, por ello, en
     este capítulo se articulan mecanismos de coordinación de la
     información en poder de los distintos departamentos y las distintas
     Administraciones y se encomienda a la Administración de la comunidad
     autónoma la promoción de sistemas voluntarios y compartidos de
     información para las empresas, particularmente entre las medianas y
     pequeñas. En este sentido, se establece la obligación de generar y
     gestionar la información industrial y facilitar el acceso, no solo de
     la Administración, sino de entidades, asociaciones y particulares,
     mediante una publicidad adecuada en los ámbitos autonómico y local,
     además de sectorial.  Se crea el Registro de Establecimientos
     Industriales de Aragón, con la finalidad de reunir información veraz
     y de calidad sobre el sector industrial y ponerla a disposición de la
     Administración de la comunidad autónoma y de los ciudadanos,
     particularmente como un servicio al sector empresarial. De
     conformidad con ello, se regula la inscripción y su comunicación al
     registro de ámbito estatal, ordenando el acceso a la información
     sobre los establecimientos industriales, los servicios relacionados
     con las actividades industriales, la infraestructura para la
     seguridad y la calidad industrial y los otros agentes autorizados en
     esta materia. Con el fin de adecuar la imagen que transmita el
     Registro a la realidad, se establece la obligación de los distintos
     departamentos de la Administración de la comunidad autónoma de
     comunicar al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón los
     datos relativos a establecimientos industriales de que dispongan en
     sus registros respectivos. Un aspecto fundamental del régimen
     jurídico será la primacía del carácter censal, desligando la
     inscripción de las tramitaciones relativas a la seguridad industrial.
     En el capítulo V se aborda, como se indica en su título, el «Fomento
     industrial». En la regulación contenida en este capítulo se
     establecen claramente los objetivos que debe perseguir el fomento
     industrial, los instrumentos de que dispone para ello la
     Administración de la comunidad autónoma, las competencias del
     Gobierno y del consejero competente en materia de industria y los
     requisitos y obligaciones de los beneficiarios directos de la
     actividad de fomento. Con estos preceptos se busca incorporar un
     modelo de desarrollo sostenible que aúne el desarrollo y la
     modernización del sector industrial, la adaptación estructural a las
     exigencias del mercado y a la proyección internacional, con el
     equilibrio territorial y la solidaridad. Para ello, se pretende
     perseguir la innovación en servicios y procesos productivos,
     incorporar el diseño industrial, promocionar servicios técnicos de
     valor añadido, propiciar la creación de empleo de calidad,
     compatibilizar las exigencias ambientales y de seguridad laboral,
     aprovechando los recursos endógenos, potenciando el impulso
     emprendedor y explotando la renta de situación de la comunidad
     autónoma.
     El capítulo VI se dedica a la «Calidad industrial», concepto que
     pretende aplicarse tanto al sector privado como a la propia
     Administración de la comunidad autónoma. La relación existente entre
     el concepto calidad y el concepto seguridad es obvia, y en este texto
     se hace expresa de conformidad con las más modernas tendencias en la
     Unión Europea; de hecho, en la teoría más avanzada, la seguridad no
     es sino una especialización de la calidad en un aspecto concreto. La
     Ley propone observar un doble aspecto de la calidad: por una parte,
     la que se promueve y busca para los productos industriales y los
     servicios, incluyendo entre ellos los que prestan tanto las empresas
     como los de la propia Administración, que aquí quedan equiparados, y
     por otra, la que debe presidir el funcionamiento de la
     infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, componente
     integrante de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
     La regulación contenida en el capítulo VII tiene por objeto la
     «Seguridad industrial», lo que constituye una de las exigencias
     fundamentales de las sociedades modernas como la aragonesa. De
     conformidad con ello, se hace un enfoque global de esta materia,
     abordando sus competencias normativas, reconociendo la posibilidad
     de, previo informe del Consejo de Industria de Aragón, poder, tal
     como posibilita la legislación básica del Estado, añadir requisitos
     adicionales a los reglamentos estatales de seguridad industrial. Se
     define el sistema de la seguridad industrial, con participación de la
     Administración de la comunidad autónoma y de distintos agentes con
     responsabilidades específicas, que interactúan bajo la supervisión de
     la Administración. En particular, se define el régimen de actuación y
     obligaciones de los titulares y responsables de las instalaciones
     industriales, de los organismos de control y de los profesionales
     habilitados, así como de las empresas instaladoras y mantenedoras
     autorizadas, pudiendo crearse nuevas figuras.  Destaca el
     reconocimiento de la validez de las actuaciones de terceras partes
     independientes, sometidas a procesos estrictos y fiables de
     autorización y control por parte de la Administración.
     El capítulo VIII tiene por título «Disciplina industrial» y se
     estructura en tres secciones respectivamente dedicadas, a la
     «Inspección industrial», a «Medidas provisionales y restablecimiento
     de la legalidad» y a «Infracciones y sanciones».  La regulación de la
     inspección industrial es sumamente relevante tanto para garantizar
     los adecuados niveles de seguridad industrial como para garantizar
     los derechos de los sujetos pasivos de los poderes de supervisión que
     la Administración de la comunidad autónoma ejerce, bien directamente,
     bien a través de diversos agentes del sistema de la seguridad
     industrial. Por ello, no solo se establecen principios que vincularán
     toda la actividad de inspección, entre ellos el respeto a los ritmos
     de la actividad empresarial, sino que se fijan los requisitos del
     personal habilitado para su práctica, especificando la necesidad de
     identificación del personal inspector, así como sus facultades en el
     ejercicio de sus funciones, el régimen de las inspecciones ordinarias
     y extraordinarias, los contenidos y efectos de las actas y los planes
     de inspección industrial. En particular, con estos últimos se
     pretende racionalizar al máximo la actuación administrativa en este
     campo y lograr la máxima transparencia, elaborando un informe final
     al terminar el período de vigencia de cada plan de inspección
     industrial, del que deberá darse cuenta a las Cortes de Aragón y al
     Consejo de Industria de Aragón.
     El restablecimiento de la legalidad, con el logro de los niveles de
     seguridad industrial necesarios, debe ser una de las prioridades de
     la actividad administrativa. El fin último de la actividad de
     inspección no es necesariamente sancionar, sino garantizar el
     cumplimiento de la legalidad. Por ello, se articulan las medidas
     necesarias para conseguir un cumplimiento pronto y voluntario de las
     medidas ordenadas por la Administración, estableciendo multas
     coercitivas y la obligación de valorar la ejecución diligente de
     estas medidas en el posible procedimiento sancionador. No obstante,
     la seguridad industrial exigirá en muchas ocasiones la adopción de
     medidas provisionales que incluso pueden preceder al inicio de un
     procedimiento administrativo, para lo que hace falta una habilitación
     específica que en la Ley se proporciona, aunque con los adecuados
     contrapesos exigidos por la seguridad jurídica. La realización de
     muchas de las inspecciones por organismos de control obliga a
     habilitar al personal de los mismos, en línea con la normativa
     estatal, para adoptar medidas exigidas por situaciones de necesidad,
     dando cuenta inmediata a la Administración de la comunidad autónoma.
     Por último, en este capítulo se incluye un cuadro completo de
     infracciones y sanciones que, dentro del respeto a la legislación
     básica estatal, realiza una tipificación más completa y más correcta
     técnicamente, regulando además los aspectos del ejercicio de la
     potestad sancionadora necesarios para garantizar los derechos de los
     imputados y la eficacia de la Administración.  En este sentido, se
     realiza una simplificación normativa, se aclaran los tipos de
     infracción y se concreta la determinación de la responsabilidad.
     La parte final incluye una disposición transitoria dedicada a las
     disposiciones reglamentarias aplicables, manteniéndose las vigentes
     en el momento de la entrada en vigor de la Ley, en lo que no se
     opongan a sus previsiones, hasta tanto se apruebe la normativa
     reglamentaria de desarrollo. Las disposiciones adicionales hacen
     referencia a la elaboración, en el plazo de seis meses desde la
     entrada en vigor de la Ley, del Decreto regulador del Consejo de
     Industria de Aragón; a la habilitación para la regulación de
     actividades profesionales específicas, incluyendo el intrusismo
     profesional, así como a la elaboración en el plazo máximo de un año
     de los planes de inspección industrial. Contiene también una
     disposición derogatoria y las disposiciones finales que habilitan al
     consejero competente en materia de industria para dictar las
     disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley y autorizan al
     Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las sanciones
     establecidas en esta Ley de acuerdo con el IPC, cerrándose esta parte
     con la entrada en vigor.
     CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 1.-Objeto.
     La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulador de la
     actividad industrial en Aragón y el fomento de la misma, en el ámbito
     de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por su
     Estatuto de Autonomía.
     Artículo 2.-Fines.
     Los fines perseguidos por la presente Ley son:
     a) Promover el progreso y la cohesión social.
     b) Incentivar la creación de empleo de calidad y riqueza conforme al
     principio de desarrollo sostenible.
     c) Acelerar la adaptación de la actividad industrial a los cambios
     estructurales.
     d) Impulsar la mejora de la competitividad.
     e) Garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y del medio
     ambiente.
     f) Fomentar la calidad, el diseño, la investigación, el desarrollo y
     la innovación en relación con la actividad industrial, creando para
     ello un entorno favorable a la misma.
     g) Determinar el régimen de responsabilidad en materia de actividad
     industrial.
     Artículo 3.-Ambito de aplicación.
     1. La presente Ley es de aplicación a todos los establecimientos,
     aparatos, equipos, productos o instalaciones industriales
     radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón,
     cualquiera que sea su uso, utilización o ubicación, así como a los
     sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma.
     2. La actividad industrial, a los efectos de esta Ley, queda
     constituida por:
     a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación,
     mantenimiento, investigación, aprovechamiento, transformación o
     reutilización de productos industriales; el envasado y el embalaje;
     el aprovechamiento, la recuperación y la eliminación de residuos o
     subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y
     procesos técnicos utilizados, así como los servicios de ingeniería,
     diseño, consultoría tecnológica, asistencia técnica y formación de
     profesionales habilitados directamente relacionados con las
     actividades anteriores.
     b) En relación con las disposiciones de seguridad y calidad
     industrial, las actividades, instalaciones, operaciones, procesos,
     equipos, aparatos y productos industriales que utilicen o incorporen
     elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir riesgo,
     daños o perjuicios conforme a lo dispuesto en esta Ley.
     c) Las actividades de generación, distribución y suministro de la
     energía y productos energéticos y de investigación energética.
     d) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de
     los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera
     que fueren su origen y su estado físico.
     e) Las instalaciones nucleares y radiactivas.
     f) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y aquellas que
     se declaren de interés para la defensa nacional.
     g) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y
     pesqueras.
     h) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las
     telecomunicaciones.
     i) Las actividades industriales relativas al medicamento y la
     sanidad.
     j) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura.
     k) Las industrias y las tecnologías medioambientales.
     l) Las actividades industriales biotecnológicas.
     3. La presente Ley será de aplicación a la actividad industrial
     definida en el párrafo anterior en todo lo no previsto por la
     correspondiente legislación específica.
     4. A los efectos de esta Ley, se considera titular de la actividad
     industrial a la persona física o jurídica que figure como responsable
     ante la Administración de las obligaciones impuestas en la normativa
     vigente.
     Artículo 4.-Funciones públicas.
     1. Las actuaciones públicas relativas a la actividad industrial se
     desarrollarán de conformidad con la realidad social, económica,
     tecnológica, sectorial y territorial, teniendo los siguientes
     contenidos generales:
     a) Promover los mejores modelos y prácticas, así como establecer las
     estrategias, recursos y directrices para alcanzarlos.
     b) Establecer el régimen jurídico de la actividad industrial.
     c) Gestionar, proteger y mantener actualizada la información
     industrial de Aragón, generando bases de datos homogéneas, ordenadas
     y fiables.
     d) Ejercer la inspección y vigilancia de la actividad industrial.
     2. Para la consecución de los fines de esta Ley, se realizará, en
     particular, una actividad de promoción, fomento y calidad, así como
     de prevención, inspección y limitación de riesgos.
     CAPITULO II
     Actuación y modernización administrativa
     Sección 1.ª
     Medidas generales
     Artículo 5.-Principios.
     1. La actuación administrativa en materia de industria estará regida
     por los principios de:
     a) Libertad de establecimiento y de actividad.
     b) Intervención necesaria y suficiente.
     c) Eficacia y proporcionalidad.
     d) Adaptación a las necesidades de la actividad industrial con plena
     garantía de la legalidad, la seguridad industrial y el interés
     público.
     2. La Administración impulsará la homogeneización, estructuración y
     simplificación de la regulación aplicable y de los trámites
     administrativos que puedan ser requeridos en aras del desarrollo
     social, económico, industrial y tecnológico.
     Artículo 6.-Directrices.
     1. Mediante las directrices previstas en la legislación de ordenación
     del territorio se podrá:
     a) Definir modelos de desarrollo de sectores o subsectores
     industriales.
     b) Atender necesidades de suelo, infraestructuras, urbanización y
     equipamiento industrial para polígonos industriales, parques
     empresariales, plataformas logísticas e industrias con
     características singulares.
     c) Impulsar la promoción industrial o la reindustrialización de zonas
     o comarcas determinadas.
     d) Establecer el marco para la realización de cualesquiera otras
     actuaciones en materia de industria de trascendencia territorial.
     2. En la elaboración de las directrices participará en todo caso el
     departamento competente.
     Artículo 7.-Proyectos de interés general de Aragón.
     De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, el
     consejero competente en materia de industria podrá adoptar la
     iniciativa de tramitar proyectos de interés general en Aragón para la
     realización de infraestructuras que favorezcan especialmente a las
     pequeñas y medianas empresas industriales, a la instalación de
     industrias con características singulares o aquellos proyectos que
     favorezcan la diversificación del tejido industrial aragonés.
     Artículo 8.-Competencias.
     El departamento competente en materia de industria es el órgano
     encargado de la ejecución de las funciones públicas relativas a la
     actividad industrial, sin perjuicio de su coordinación con otros
     departamentos y con otras Administraciones Públicas en el ejercicio
     de sus respectivas competencias.
     Sección 2.ª
     Coordinación y participación
     Artículo 9.-Informe.
     1. El departamento competente será consultado preceptivamente en
     relación con aquellas acciones que puedan incidir significativamente
     en la estructura del tejido industrial aragonés y que tengan como
     soporte:
     a) Planes y programas que afecten a la actividad industrial.
     b) Medidas de fomento de la calidad y de la seguridad que afecten a
     la actividad industrial.
     c) Planes, programas y medidas que impliquen un volumen de
     contratación de productos o servicios industriales que incida
     significativamente sobre el total de la demanda o sobre el desarrollo
     industrial o tecnológico de la comunidad autónoma.
     2. Cuando se den las circunstancias tecnológicas, económicas,
     organizativas o productivas que puedan incidir de manera
     significativa en la estructura del tejido industrial aragonés, la
     autoridad laboral de la Administración de la comunidad autónoma
     notificará la tramitación o sometimiento a informe de los expedientes
     de regulación de empleo o de modificación de las condiciones de
     trabajo al departamento competente para que este informe al respecto
     en el plazo de diez días.
     Artículo 10.-Naturaleza y composición del Consejo de Industria de
     Aragón.
     1. El Consejo de Industria de Aragón es el órgano representativo,
     colegiado, consultivo y de participación en materia de industria.
     2. El Consejo tendrá como fines estimular el consenso y la unidad de
     acción en materia de industria y la coordinación de los intereses
     públicos y privados que confluyen en la misma.
     3. En su composición estarán representadas las asociaciones
     empresariales y sindicales más representativas, los profesionales y
     agentes del sector industrial y del sistema de la seguridad
     industrial de Aragón y los departamentos con competencias conexas o
     relacionadas en la materia.
     Artículo 11.-Adscripción y composición del Consejo de Industria de
     Aragón.
     1. El Consejo de Industria de Aragón se adscribe sin dependencia
     jerárquica al departamento competente y será presidido por su
     titular, a quien corresponderá el nombramiento de sus miembros, a
     propuesta de los órganos directivos de cada uno de los sectores
     representados o de las Administraciones implicadas. El Consejo podrá
     funcionar en Pleno o en Comisión Permanente, pudiéndose crear
     comisiones especializadas.
     2. Se atribuirán al Consejo funciones especializadas de carácter
     consultivo y de asesoramiento en relación con la política industrial
     de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular sobre coordinación
     e inspección administrativa; participación de los agentes económicos
     y sociales; elaboración de disposiciones generales, planes y
     programas en la materia, y emisión de informes a petición del
     Gobierno de Aragón o del departamento competente en materia de
     industria.
     3. Reglamentariamente se determinarán su composición, su
     organización, su régimen de funcionamiento y sus funciones.
     4. Dentro del primer semestre de cada año, el Consejo remitirá a las
     Cortes de Aragón un informe sobre los resultados alcanzados el año
     anterior en relación con los objetivos propuestos.
     Sección 3.ª
     Tecnologías de la información y de las comunicaciones
     Artículo 12.-Impulso.
     1. La Administración favorecerá e impulsará la utilización de las
     tecnologías de la información y de la comunicación, la tramitación de
     procedimientos administrativos y la formación y el acceso de los
     ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías.  En cualquier
     caso, el departamento competente facilitará el inicio de los
     procedimientos administrativos en soporte digital mediante la
     disponibilidad electrónica de todos los modelos de formularios
     normalizados que se encuentren a su disposición en soporte papel en
     las dependencias de la Administración.
     2. Salvo que, por la naturaleza de los procedimientos o de los
     interesados, reglamentariamente se establezca lo contrario, los
     interesados siempre podrán optar por utilizar los medios
     convencionales admitidos en la legislación reguladora del
     procedimiento administrativo común o por servirse, en su totalidad o
     parcialmente, de medios electrónicos, informáticos o telemáticos
     cuando su disponibilidad esté regulada, sin perjuicio de que el
     servicio, procedimiento o actuación posterior se realice de forma
     presencial o a distancia.
     Artículo 13.-Servicio básico electrónico.
     1. Cuando uno de los servicios encomendados al departamento
     competente pueda ser ofrecido por medio de sistemas electrónicos y
     telemáticos de forma segura y con garantías de eficacia y se
     considere básico por su relevancia para los fines propios del mismo o
     para el desarrollo económico y social de la sociedad aragonesa, podrá
     ser declarado «servicio básico electrónico» por el consejero
     competente en materia de industria.
     2. Declarado un servicio como básico, la Administración impulsará su
     implantación como servicio electrónico e interactivo,
     disponible de manera totalmente electrónica.
     Artículo 14.-Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas.
     1. El departamento competente podrá regular sistemas de intercambio
     de información por vía telemática con los agentes del sistema de la
     seguridad y la calidad industrial, estableciendo su objeto de
     aplicación, dentro de las líneas marcadas por la planificación
     general de la comunidad autónoma sobre protección y seguridad de
     datos y sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos
     y telemáticos.
     2. Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que en
     el ámbito de aplicación de esta Ley, sean utilizadas por el
     departamento competente en el ejercicio de sus potestades serán
     previamente aprobadas por su titular y publicadas.
     Artículo 15.-Efectos.
     La información y documentación transmitida mediante técnicas, medios
     y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos regulados tendrá
     la validez y eficacia establecidas legalmente.  Asimismo, las fechas
     de transmisión y recepción acreditadas en las comunicaciones
     realizadas a través de estos sistemas serán válidas a efectos de
     cómputo de términos y plazos.
     CAPITULO III
     Libertad de la actividad industrial
     Artículo 16.-Principio de libertad.
     1. Se declara y protege la libertad de establecimiento de la
     actividad industrial que comprende la instalación, la ampliación, el
     traslado y la puesta en funcionamiento de establecimientos e
     instalaciones; la fabricación y la comercialización de aparatos,
     equipos y productos y la realización de procesos y operaciones, sin
     perjuicio de las excepciones y obligaciones procedentes.
     2. El Gobierno de Aragón establecerá mecanismos de coordinación entre
     las distintas Administraciones Públicas e implantará procedimientos
     de solicitud o de resolución conjunta con el fin de agilizar y
     favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la actividad
     industrial.
     Artículo 17.-Comunicación responsable.
     1. Con carácter general y previo al ejercicio de la actividad
     industrial, se presentará ante el departamento competente una
     comunicación acompañada de la documentación acreditativa de la plena
     adecuación de la actividad industrial a la normativa correspondiente.
     Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos aplicables
     para la realización de las comunicaciones, las cuales se podrán
     realizar igualmente a través de las entidades que sean habilitadas
     por el mismo.
     2. En ningún caso la presentación de la documentación exigida
     supondrá su aprobación por parte de la Administración de la comunidad
     autónoma ni su idoneidad técnica.
     Artículo 18.-Autorización.
     1. De manera excepcional, se requerirá autorización administrativa
     del órgano competente en cada caso para la instalación, la
     ampliación, el traslado y el cierre de
     actividades industriales cuando así se establezca legalmente por
     razones de interés público o se derive de tratados internacionales o
     de normas comunitarias europeas.
     2. En todo caso, constituye una excepción al principio de libertad,
     conforme a la normativa aplicable a los mismos, el régimen de
     actuación de:
     a) Los organismos de control.
     b) Los profesionales habilitados.
     c) Las empresas instaladoras o mantenedoras.
     d) Las entidades de formación en materia de seguridad industrial.
     3. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos
     competentes en materia de industria de certificaciones,
     homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a
     las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan
     de resolver otros órganos.
     Artículo 19.-Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
     1. A los exclusivos efectos de esta Ley, se considerará que la
     actividad industrial proporciona las suficientes condiciones de
     seguridad cuando cumpla con las prescripciones establecidas en los
     correspondientes reglamentos de seguridad industrial.
     2. Cuando, por la naturaleza, el destino, el diseño o la ubicación de
     una actividad industrial o por la incorporación de tecnologías o
     soluciones novedosas, sea materialmente imposible cumplir
     determinadas prescripciones reglamentarias, su titular deberá
     presentar ante el departamento competente, con carácter previo a su
     ejecución y puesta en servicio, una solicitud de adopción de
     alternativas técnicas, exponiendo los motivos de la misma e indicando
     las medidas de seguridad que se propongan, las cuales en ningún caso
     podrán rebajar los niveles de protección establecidos en los
     reglamentos de seguridad industrial.
     3. El departamento competente podrá desestimar la solicitud, requerir
     la modificación de las medidas alternativas o conceder su
     autorización, que habrá de ser expresa. Asimismo, para la formación
     del criterio motivador de la decisión, podrá requerirse la
     colaboración de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
     Artículo 20.-Otras comunicaciones y autorizaciones.
     Las comunicaciones, las autorizaciones, los permisos o los títulos
     habilitantes objeto de la presente Ley serán exigibles sin perjuicio
     de lo establecido por otros órganos y Administraciones Públicas en
     ejercicio de sus competencias.
     CAPITULO IV
     Información industrial
     Sección 1.ª
     Disposiciones generales
     Artículo 21.-Concepto y fines.
     1. La información industrial comprende el conjunto de datos
     necesarios para el ejercicio de las funciones públicas, útiles para
     el sector en materia de actividad industrial y para el desarrollo de
     las estrategias y la política industrial de Aragón.
     2. El departamento competente, mediante la adecuada publicidad de
     dicha información, facilitará el acceso a la misma de entidades,
     asociaciones, particulares, empresas, sindicatos, otros órganos de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras
     Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la presente
     Ley.
     Artículo 22.-Fuentes.
     1. El departamento competente es el órgano administrativo receptor y
     depositario de la información industrial, correspondiéndole generar,
     reunir, coordinar, analizar y elaborar, con fines de difusión, la
     información sobre todos los aspectos del desarrollo industrial en los
     ámbitos autonómico, comarcal y municipal, así como sectorial,
     pudiendo, a tal fin, crear los registros que sean oportunos y
     facilitar la explotación estadística de los mismos.
     2. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales
     establecidos en materia de utilización de los registros
     administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, gestionará tanto la información derivada del Registro de
     Establecimientos Industriales de Aragón como la información técnica y
     económica asociada a las tramitaciones relativas a las actividades
     industriales, los agentes del sistema de la seguridad industrial y
     las ayudas públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho
     departamento.
     Artículo 23.-Tratamiento.
     1. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales
     establecidos y, en su caso, en colaboración con agentes del sistema
     de la seguridad industrial, deberá dotarse de los medios
     electrónicos, informáticos y técnicos necesarios para garantizar el
     acceso a la información industrial, estableciendo los mecanismos que
     aseguren la integridad y la confidencialidad de la misma.
     2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá
     mecanismos que faciliten el acceso de los consumidores, usuarios,
     sindicatos y empresarios a la información sobre los agentes del
     sistema de la seguridad industrial y sobre las actividades reguladas
     por reglamentos de seguridad industrial.
     3. Al objeto de simplificar y homogeneizar tramitaciones y minimizar
     costes, se establecerán mecanismos de coordinación de la información
     industrial producida o archivada por los diferentes departamentos de
     la Administración de la comunidad autónoma o por cualquier otra
     Administración Pública u otro ente vinculados a la misma a quienes
     incumba la responsabilidad de conservar adecuadamente la citada
     información.
     4. La Administración potenciará la colaboración entre empresas para
     la creación y mantenimiento de sistemas de información de base
     voluntaria y utilización compartida, particularmente entre las
     pequeñas y medianas empresas.
     5. Los órganos y las entidades vinculadas o dependientes de la
     Administración de la comunidad autónoma y de las Administraciones
     locales deberán respetar las exigencias establecidas en la
     legislación sobre propiedad industrial, protección de datos y demás
     disposiciones que aseguren la confidencialidad cuando
     transmitan, elaboren, reciban, gestionen, faciliten, difundan o, de
     cualquier otra manera, manejen la información industrial.
     Sección 2.ª
     Registro de Establecimientos Industriales de Aragón
     Artículo 24.-Constitución.
     Se crea el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón como
     servicio público gestionado por el departamento competente,
     correspondiendo al Gobierno de Aragón establecer su organización, los
     procedimientos y datos de inscripción, el sistema de publicidad y
     acceso al mismo, la difusión de los datos inscritos y las normas de
     confidencialidad aplicables.
     Artículo 25.-Fines.
     El Registro de Establecimientos Industriales tiene por finalidad
     garantizar:
     a) La disponibilidad de la información básica sobre la actividad
     industrial y la distribución territorial de la misma necesaria para
     el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones
     Públicas en materia social, económica e industrial.
     b) La publicidad de la información sobre los establecimientos
     industriales, los servicios relacionados con las actividades
     industriales y la infraestructura para la calidad y la seguridad
     industrial, entendida como servicio para la ciudadanía y,
     particularmente, para el sector empresarial.
     c) El suministro a los órganos competentes de la Administración de la
     comunidad autónoma de los datos precisos para la elaboración de los
     directorios de las estadísticas industriales.
     Artículo 26.-Ambito.
     1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón ejerce sus
     funciones respecto a establecimientos, actividades, servicios,
     infraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la
     comunidad autónoma, con independencia del domicilio social de las
     empresas titulares de los mismos.
     2. El ámbito material del Registro de Establecimientos Industriales
     de Aragón incluye la información industrial relativa a los
     establecimientos y las actividades empresariales de carácter
     industrial, a los servicios relacionados con ellos y a la
     infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, así como a
     las demás actividades industriales que se determinen
     reglamentariamente.
     Artículo 27.-Contenido.
     1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón contendrá:
     a) Los datos básicos y complementarios establecidos en la legislación
     básica.
     b) Los datos que se establezcan en la disposición que regule el
     Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, teniendo en
     cuenta los criterios de colaboración entre Administraciones y
     minimización de costes para las empresas.
     2. La inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de
     Aragón de nuevos establecimientos y actividades o de modificaciones
     de los mismos no supone ni autorización administrativa ni aprobación
     técnica por parte de la Administración de la comunidad autónoma.
     Artículo 28.-Obligación.
     1. Los titulares de empresas, actividades, servicios y agentes
     incluidos en el ámbito de aplicación del Registro de Establecimientos
     Industriales de Aragón tienen obligación de facilitar los datos
     exigidos por la legislación vigente, así como las modificaciones que
     se produzcan en los mismos y, en su caso, el cese de la actividad.
     2. El procedimiento de inscripción se establecerá de acuerdo con los
     principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste para
     los sectores industriales objeto de inscripción.
     3. El departamento competente realizará un continuo mantenimiento del
     Registro de Establecimientos Industriales con el fin de conservarlo
     siempre actualizado, utilizando para ello los mecanismos necesarios.
     4. La comunicación al Registro de Establecimientos Industriales de
     los datos exigidos será condición para acogerse a los beneficios
     derivados de los programas de modernización, fomento y promoción, así
     como a las ayudas, las subvenciones, los préstamos y los avales que
     pueda establecer el Gobierno de Aragón.
     Artículo 29.-Acceso.
     1. Los datos básicos incluidos en el Registro de Establecimientos
     Industriales de Aragón tienen carácter público, con excepción de los
     relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y las
     que se declaren de interés para la defensa nacional.
     También tienen carácter público los siguientes datos ordenados por
     provincias o comarcas:
     a) Identificación del sujeto inscrito.
     b) Domicilio.
     c) Actividad.
     2. No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso,
     además de los titulares, los terceros que acrediten un interés
     legítimo y directo. Los datos relativos a enumeración de productos
     utilizados podrán sustraerse del conocimiento público cuando así lo
     solicite el interesado por razones justificadas en el secreto
     industrial o comercial.
     3. Los datos complementarios del Registro de Establecimientos
     Industriales de Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden
     difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o
     estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titular.
     4. En todo caso, se observará la legislación aplicable sobre los
     datos de carácter personal y el secreto comercial e industrial.
     Artículo 30.-Colaboración.
     1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón facilitará
     al Registro estatal la información que proceda
     conforme a lo previsto en la legislación básica.
     2. Todos los departamentos de la Administración de la Comunidad
     Autónoma, las entidades locales y los organismos dependientes o
     vinculados a ellos, así como los agentes del sistema de la seguridad
     industrial, remitirán al Registro de Establecimientos Industriales de
     Aragón los datos relativos al ámbito material del mismo que obren en
     sus correspondientes registros, en los términos y plazos que se
     establezcan reglamentariamente.
     Artículo 31.-Registros especiales.
     Sin perjuicio de la inscripción en el Registro de Establecimientos
     Industriales de Aragón, los titulares incluidos en el ámbito material
     del mismo que, por razón de la legislación aplicable, hayan de estar
     inscritos en registros especiales deben comunicar a los mismos los
     datos pertinentes.
     CAPITULO V
     Fomento industrial
     Artículo 32.-Actuaciones.
     El Gobierno de Aragón, con el fin de contribuir a un modelo de
     desarrollo sostenible que posibilite seguir avanzando en términos de
     desarrollo económico y social, competitividad, productividad,
     solidaridad y equilibrio territorial, así como a propiciar y abundar
     en la diversificación del tejido industrial aragonés, llevará a cabo
     actuaciones de promoción y fomento industrial, adoptando planes y
     programas, conforme al contexto global de la actividad económica, con
     especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
     Artículo 33.-Objetivos.
     Los planes y programas de promoción y fomento atenderán, además de a
     los fines contenidos en los restantes capítulos de la presente Ley, a
     los siguientes objetivos:
     a) Desarrollo y modernización de la actividad industrial, que
     comprende:
     1.º Incentivar la implantación y la localización industrial,
     atendiendo a criterios de ordenación y de equilibrio territorial, así
     como a criterios sectoriales, favoreciendo la creación, la
     diversificación y la expansión del tejido industrial.
     2.º Impulsar grandes proyectos y actuaciones singulares que, por su
     importancia tecnológica o por el volumen de inversión supongan una
     importante contribución al desarrollo económico de la comunidad
     autónoma, mediante la generación de empleo de calidad y un impacto
     significativo en el volumen total de actividad industrial.
     3.º Posibilitar la adecuada financiación de la industria, con
     especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así como a las
     empresas viables en crisis con un plan que sustente su viabilidad.
     4.º Prestar especial atención y promocionar las actuaciones
     encaminadas a orientar la actividad de empresas en sectores maduros,
     así como las que están sometidas a mercados cautivos.
     5.º Prevenir los efectos desfavorables de la deslocalización
     industrial.
     6.º Potenciar los servicios necesarios para el correcto desarrollo
     del sector industrial aragonés y para su progresiva modernización.
     7.º Implementar actuaciones encaminadas a corregir y paliar
     situaciones de desempleo o de declive social en zonas o comarcas de
     la geografía aragonesa.
     8.º Fomentar la promoción exterior de la actividad industrial en
     Aragón.
     9.º Fomentar la iniciativa emprendedora, con especial atención a la
     creación de viveros de empresas y a la implantación empresarial en el
     medio rural.
     b) Apoyar proyectos de diversificación industrial tendentes a
     fomentar líneas de negocio dentro de empresas ya existentes, así como
     proyectos de investigación y desarrollo de nuevos mercados y
     productos, y potenciar los servicios y líneas de actuación
     específicas necesarias para la progresiva diversificación y
     modernización.
     c) Incremento de la competitividad, que comprende:
     1.º Implantar la cultura de la mejora continua, que impulse la
     adaptación estructural del sector industrial aragonés a las
     exigencias del mercado y a su proyección internacional.
     2.º Mejorar la eficiencia y flexibilidad de los procesos de
     producción, distribución y comercialización y las sinergias entre
     todo el tejido económico y social.
     3.º Favorecer la promoción y la sensibilización en la búsqueda
     colectiva de mejores prácticas empresariales.
     4.º Fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas
     aragonesas.
     5.º Promover todas las iniciativas destinadas a contribuir a que las
     industrias alcancen la dimensión necesaria para poder competir más
     eficazmente en el mercado mundial.
     d) Fomento y promoción de la innovación y de los nuevos modelos de
     gestión, que comprende:
     1.º Mejorar el nivel tecnológico de las empresas mediante actuaciones
     encaminadas hacia la incorporación de personal técnico de apoyo, el
     mantenimiento y consolidación de los grupos de investigación y la
     obtención de la infraestructura necesaria para conseguir un elevado
     nivel científico y tecnológico.
     2.º Promocionar la transferencia de conocimientos y la innovación,
     con especial atención a la innovación en la gestión, en los
     productos, en los servicios y en los procesos productivos,
     propiciando, en particular, la incorporación del diseño industrial.
     3.º Incrementar y promocionar los servicios técnicos de valor añadido
     relacionados con la actividad industrial y con los nuevos modelos de
     negocio.
     4.º Implantar los nuevos modelos y sistemas de formación, de
     aseguramiento de la calidad, de gestión de la innovación y de
     organización y gestión empresarial orientados hacia la excelencia.
     5.º Propiciar que el sistema de investigación, desarrollo y
     transferencia de conocimiento y la industria actúen de manera
     conjunta con objetivos complementarios.
     6.º Promover la actividad empresarial electrónica y el comercio
     electrónico mediante la incorporación de tecnología de la información
     y de las comunicaciones.
     7.º Impulsar las plataformas tecnológicas.
     8.º Fomentar la creación y consolidación de una eficiente
     infraestructura tecnológica al servicio de la mejora de la
     competitividad industrial, en colaboración con otras
     Administraciones.
     9.º Impulsar las iniciativas de responsabilidad social corporativa.
     e) Especial consideración a los recursos humanos, que comprende:
     1.º Crear empleo de calidad y mejorar las condiciones del empleo
     existente.
     2.º Mejorar la cualificación profesional, técnica y empresarial que
     permita la rápida adaptación de las empresas y de su personal a los
     cambios tecnológicos, organizativos y gerenciales, en particular
     mediante la formación permanente, la especialización y el reciclaje.
     f) Otros objetivos:
     1.º La igualdad de oportunidades y la acción positiva sobre los
     colectivos desfavorecidos, así como medidas para facilitar la
     integración de la mujer al sector industrial en todos los ámbitos:
     productivo, administrativo, gestión, dirección e investigación.
     2.º El fomento de la cooperación interempresarial que tenga como
     objetivo la potenciación de asociaciones y grupos de empresas que
     compartan áreas de negocio, permitiendo su identificación y
     diagnóstico, así como la definición de sus planes conjuntos de mejora
     y, en particular, los que presenten sinergias con otros sectores o
     comporten el aprovechamiento de recursos endógenos.
     3.º Apoyo a la creación de redes de empresas en sus diferentes
     configuraciones que permitan al atomizado tejido industrial aragonés
     dimensionarse y realizar proyectos de mayor envergadura.
     4.º Compatibilidad y adaptación de las actividades industriales a las
     exigencias ambientales, potenciando las correspondientes medidas
     preventivas, protectoras y correctoras, el desarrollo y la
     incorporación de las tecnologías adecuadas y de las mejores técnicas
     disponibles, así como el ahorro y la eficiencia energética.
     5.º Aprovechamiento de los recursos endógenos, la potenciación del
     impulso emprendedor y la explotación de la renta de situación de
     Aragón.
     6.º Impulsar el desarrollo y la dimensión de empresas aragonesas para
     que tengan el carácter de líderes.
     7.º Apoyar a las industrias familiares, con el objeto de que la
     transmisión de la empresa a los descendientes garantice la
     continuidad de la actividad empresarial.
     8.º Fomento a la exportación de los productos industriales
     aragoneses.
     9.º Aquellos otros que puedan ser definidos en función del contexto y
     de la coyuntura del sector y de la actividad industrial.
     Artículo 34.-Instrumentos.
     1. Para la consecución de los objetivos en materia de promoción y
     fomento industrial, podrán establecerse planes y programas que
     incluyan, entre otras, las siguientes medidas de fomento de contenido
     económico:
     a) Subvenciones a fondo perdido.
     b) Avales en garantía de préstamos o créditos concedidos por las
     entidades financieras.
     c) Inversiones directas y participaciones en el capital de empresas
     públicas o privadas.
     d) Préstamos directos o mediante los oportunos convenios con las
     entidades financieras colaboradoras.
     e) Subvenciones de los intereses de los préstamos.
     f) Deducciones, bonificaciones o reducciones fiscales, de acuerdo con
     las normas que las regulen.
     g) Convenios con entidades de capital-riesgo o capital-inversión.
     2. Sin perjuicio de las anteriores medidas, los planes y programas
     podrán contener otras que se constituirán como instrumentos de apoyo
     con funciones de información, sensibilización y promoción, como las
     siguientes:
     a) Prestación de asesoramiento para acciones como la implantación de
     nuevas empresas, la tramitación administrativa de patentes y marcas,
     el apoyo a la iniciativa emprendedora y el diseño industrial.
     b) Acciones de sensibilización y divulgación.
     c) Contactos permanentes y formalización de convenios, con objetivos
     concretos relacionados con las materias que regula esta Ley, con
     agentes sociales, cámaras oficiales de comercio e industria y con las
     principales asociaciones empresariales.
     d) Realización de jornadas, cursos y congresos, así como la
     publicación de planes y estudios sectoriales.
     e) Realización de propuestas en materia de industria tendentes a la
     agilización de trámites administrativos.
     f) Habilitación de profesionales y empresas para actividades de
     promoción.
     Artículo 35.-Competencias.
     1. Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación de los requisitos
     generales de las medidas de fomento y promoción de contenido
     económico, que determinarán los elementos esenciales para su puesta
     en práctica y, en su caso, las bases reguladoras a las que se atendrá
     la convocatoria de las medidas que se autoricen.
     2. Corresponde al consejero competente en materia de industria la
     regulación y el desarrollo de los restantes instrumentos de apoyo.
     Artículo 36.-Régimen jurídico.
     1. Los planes, los programas y las medidas de promoción y fomento
     industrial respetarán las limitaciones derivadas de la normativa de
     defensa de la competencia.
     2. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo
     establecido en la legislación aplicable. En todo caso, la legislación
     de subvenciones se aplicará con carácter supletorio a las restantes
     medidas de fomento.
     Artículo 37.-Requisitos.
     Para obtener la condición de beneficiario de los planes y programas
     de promoción y fomento industrial de la Administración de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, y salvo que, mediante norma
     reglamentaria, se exceptúe de manera expresa y para supuestos
     específicos, se deberá acreditar el desarrollo de actividad
     industrial en la comunidad autónoma y facilitar a la Administración
     los datos de la empresa que se determinen, los cuales podrán
     incluirse de oficio en el Registro de Establecimientos Industriales
     de Aragón.
     Artículo 38.-Obligaciones.
     Además de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable a
     la medida, los planes y programas de promoción y fomento industrial
     podrán prever los compromisos del beneficiario de mantener los
     puestos de trabajo creados o sus condiciones laborales, de no
     trasladar ni limitar la actividad en los plazos que se establezcan,
     así como cualquier otra condición relevante.  Dichos compromisos
     habrán de cumplirse salvo autorización administrativa previa
     otorgada, de manera motivada, por razones extraordinarias.
     CAPITULO VI
     Calidad industrial
     Artículo 39.-Fines.
     La Administración de la comunidad autónoma impulsará el desarrollo de
     la calidad industrial, promoviendo la realización de actuaciones
     encaminadas a:
     a) El incremento de la competitividad industrial, así como de la
     seguridad, la calidad y el confort de los productos, equipos y
     servicios ofrecidos por las empresas en todo su ciclo de vida.
     b) La implantación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad
     en las empresas, fomentando el incremento de la calidad de la
     actividad industrial.
     c) La participación de todos los sectores e intereses de la actividad
     económica y social en la normalización, así como en su difusión.
     d) La existencia de entidades de normalización, acreditación,
     certificación, inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica,
     para que puedan ser reconocidas en el ámbito europeo e internacional.
     e) La elaboración de estudios y propuestas de actuaciones
     encaminados a diseñar nuevos instrumentos para la mejora de la
     gestión empresarial y la difusión de su utilización.
     f) La sensibilización, divulgación y formación en materia de calidad.
     g) El fomento de la calidad mediante el establecimiento de planes,
     programas y medidas.
     h) La información, consulta y participación de los trabajadores en
     materia de calidad.
     Artículo 40.-Planes de mejora de la calidad.
     1. La Administración de la comunidad autónoma establecerá planes de
     mejora de la calidad de los servicios prestados por esta a los
     ciudadanos y a las empresas en el ámbito de la actividad industrial,
     utilizando herramientas de gestión de la calidad y sistemas de
     información.
     2. El Gobierno de Aragón asumirá el objetivo de adoptar e implantar
     un sistema de gestión de calidad en los servicios públicos vinculados
     a las actividades industriales.
     Artículo 41.-Obligatoriedad.
     Reglamentariamente, y por razones de seguridad u otras de interés
     general, la Administración de la comunidad autónoma podrá exigir el
     cumplimiento de determinados aspectos del ámbito voluntario de la
     calidad.
     Artículo 42.-Infraestructura.
     1. La consecución de los fines en materia de calidad se instrumentará
     a través de los agentes descritos en la normativa reguladora de la
     infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
     2. Reglamentariamente, se podrán determinar los requisitos para la
     autorización y las condiciones de organización y funcionamiento que
     deberán cumplir los agentes, públicos o privados, que constituyen la
     infraestructura para la calidad industrial en la comunidad autónoma,
     incluidos los organismos de normalización y de acreditación, las
     entidades de certificación, los laboratorios de ensayo y calibración
     y las entidades auditoras y de inspección, así como la ordenación de
     las funciones y requisitos de nuevos agentes.
     CAPITULO VII
     Seguridad industrial
     Sección 1.ª
     Disposiciones comunes
     Artículo 43.-Objeto.
     1. La seguridad industrial, como sistema de disposiciones
     obligatorias, tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos,
     así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de
     producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio
     ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la
     utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones,
     aparatos o equipos y de la
     producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de los
     productos industriales.
     2. Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad
     industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas,
     flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, los
     incendios, las explosiones y otros hechos susceptibles de producir
     quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución,
     riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales,
     perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como
     cualquier otro que pudiera preverse en la normativa aplicable sobre
     seguridad.
     3. Reglamentariamente se dictarán las normas y se establecerán
     requisitos técnicos que garanticen el cumplimiento del objeto de la
     seguridad industrial. Previo informe del Consejo de Industria de
     Aragón, se podrán incrementar los requisitos técnicos establecidos en
     los reglamentos estatales de seguridad industrial, añadir requisitos
     adicionales para la puesta en servicio de la actividad industrial o
     crear ámbitos reglamentarios nuevos. El incremento de la exigencia
     técnica deberá fundarse en necesidades de seguridad industrial, y se
     podrá actuar, entre otras formas, a través de la fijación de niveles
     mínimos de servicio, de requerimientos de calidad de producto o de la
     mejora de la prestación a recibir por el usuario o consumidor final.
     Para establecer los citados requisitos adicionales, podrán utilizarse
     referencias a normas elaboradas por organismos de normalización.
     4. La Administración de la comunidad autónoma impulsará el desarrollo
     de la seguridad industrial, promoviendo la realización de estudios,
     planes de formación y acciones de sensibilización, divulgación y
     formación en esta materia entre toda la ciudadanía de un modo general
     y con especial atención a los implicados en la industria.
     5. Las actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el
     trabajo se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.
     Artículo 44.-Sistema.
     1. Forman parte del sistema de la seguridad industrial, además de las
     normas jurídicas y los requisitos técnicos, sus agentes, con las
     funciones que reglamentariamente estén establecidas.
     2. Son agentes del sistema de la seguridad industrial: el
     departamento competente; los organismos de control; las empresas
     instaladoras o mantenedoras autorizadas; las entidades de formación
     autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial; los
     profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores
     de obra; los titulares o responsables por cualquier título de
     instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u
     operaciones industriales, y la infraestructura para la calidad y la
     seguridad industrial, compuesta por organismos de normalización,
     entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios
     de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de
     calibración industrial, verificadores medioambientales y empresas
     prestadoras de servicios a las que la regulación aplicable confiera
     responsabilidad en la seguridad industrial, así como cualquier otra
     persona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya funciones
     de seguridad industrial.
     3. Reglamentariamente, se podrá establecer el régimen jurídico de
     cualquier agente del sistema de la seguridad industrial como persona
     o entidad habilitada para la realización de actividades de ensayo,
     certificación, inspección, auditoría o cualquier otra contemplada en
     la normativa correspondiente.
     4. Los agentes del sistema de la seguridad industrial están obligados
     a comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tenga
     conocimiento y esté relacionado con la ejecución, el uso y el
     funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que
     se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención.
     Asimismo, en los casos de grave riesgo de accidente o emergencia,
     están obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias,
     comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá proceder
     a su inmediata ratificación o revocación.
     Sección 2.ª
     Titulares y responsables
     Artículo 45.-Régimen de actuación de los titulares.
     1. Los titulares de la actividad industrial deberán cumplir las
     obligaciones establecidas en la legislación vigente y, especialmente,
     las siguientes:
     a) Realizar una utilización adecuada, de acuerdo con las
     instrucciones de uso y el fin de la instalación o equipo, así como
     adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta
     en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la
     limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles
     mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto
     exigibles.
     b) Conservar la documentación que acredite que la instalación,
     aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables.
     c) Solicitar o aceptar, en su caso, la realización de las
     comprobaciones e inspecciones ordinarias o extraordinarias por los
     agentes del sistema de la seguridad industrial en el ejercicio de sus
     funciones y de acuerdo con la normativa aplicable, colaborando en la
     realización de las mismas, permitiendo el acceso a las instalaciones
     o lugares donde se realice la actividad y aportando cualquier
     información o documentación adicional que se les pueda solicitar y
     que guarde relación con la inspección en curso.
     d) Ejecutar las prescripciones que resulten de las comprobaciones e
     inspecciones periódicas establecidas por la regulación aplicable
     derivadas de la actuación de los agentes del sistema de la seguridad
     industrial.
     2. El deber de colaboración se aplicará tanto respecto al personal de
     la Administración competente como al del resto de los agentes del
     sistema de la seguridad industrial, cuando actúen en el ejercicio de
     sus atribuciones y cualquiera que fuera el solicitante de su
     actuación, siempre que esta sea conforme con la regulación aplicable.
     3. El representante legal de los trabajadores en materia de
     prevención de riesgos laborales, en cuanto pudiera afectar a las
     condiciones de trabajo, estará facultado para acceder la información
     y la documentación en materia de seguridad industrial en los términos
     establecidos en el artículo 36.2.b de la Ley 31/1995, de 8 de
     noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
     Artículo 46.-Comunicación de modificaciones e incidencias.
     En relación con todo tipo de actividad industrial, sus titulares, sin
     perjuicio de otras obligaciones, deberán dar cuenta al
     departamento competente de toda modificación o circunstancia que
     afecte significativamente, según la normativa aplicable, al estado de
     la misma y, en todo caso, las siguientes:
     a) Modificaciones relevantes que se pretendan realizar en la
     explotación de la instalación. En las disposiciones reguladoras de
     determinados ámbitos de la actividad industrial podrán especificarse
     modificaciones que tendrán, en todo caso, el carácter de relevantes.
     b) Modificaciones en el proceso o en la actividad productiva que
     puedan entrañar un riesgo no previsto.
     c) Denuncias sobre riesgos en las instalaciones o en la producción
     que los trabajadores o sus representantes formulen ante la empresa.
     d) Accidentes o incidentes que afecten de forma significativa a las
     personas, los bienes o el medio ambiente.
     Sección 3.ª
     Organismos de control
     Artículo 47.-Naturaleza jurídica.
     1. Los organismos de control, de acuerdo con los principios y fines
     establecidos en la legislación correspondiente, tendrán la
     consideración de entidades habilitadas para la actuación en la
     comunidad autónoma en materia de seguridad industrial. La
     Administración podrá actuar a través de ellos cuando, legal o
     reglamentariamente, así se establezca.
     2. Los organismos de control podrán intervenir como entidades
     habilitadas para la tramitación de las comunicaciones o
     autorizaciones exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad
     industrial cuando así se establezca en la normativa aplicable.
     3. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos en los que se
     exigirá que, en la documentación emitida por los distintos agentes
     del sistema de la seguridad industrial que deba acompañar a una
     comunicación o a una solicitud de autorización, se incluya un informe
     adicional emitido por un organismo de control dictaminando la
     corrección jurídica y técnica del proyecto o de las obras o
     instalaciones ya realizadas con el alcance que en cada supuesto se
     determine. También podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su
     inclusión no esté exigida.
     Artículo 48.-Autorización y régimen de actuación.
     1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los
     requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los
     organismos de control para cada tipo de actividad que estos realicen
     en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a
     recursos técnicos y humanos, procedimientos de actuación y
     documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de
     información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes
     del sistema de la seguridad industrial, así como las relaciones con
     los usuarios.
     2. Corresponderá a la Administración de la comunidad autónoma la
     autorización de los organismos de control cuyas instalaciones se
     encuentren situadas en territorio aragonés o inicien en él su
     actividad.
     3. Los organismos competentes supervisarán las actuaciones de los
     organismos de control en la comunidad autónoma, correspondiéndole a
     la Administración competente en materia de seguridad industrial
     revocar las autorizaciones que haya otorgado o suspender su
     actividad, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al
     interesado. Cuando no sea competente para adoptar la pertinente
     medida de suspensión de la actividad o revocación de la autorización,
     dará traslado de lo actuado al órgano o Administración autorizante,
     por si procediera la adopción de esa u otra medida.
     Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin
     efecto la revocación de la autorización.
     4. Cuando de la gravedad de los daños causados o del carácter
     gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una
     pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración Pública a
     la correspondiente autorización como organismo de control, el órgano
     competente de la comunidad autónoma podrá proceder a la revocación de
     la autorización, previo el correspondiente procedimiento con
     audiencia al interesado.
     5. En caso de no ser competente para acordar la revocación, dará
     traslado de los hechos a la Administración Pública autorizante.  En
     tal supuesto, la Administración de la comunidad autónoma podrá
     acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la autorización en
     territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie
     expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
     Sección 4.ª
     Profesionales habilitados
     y empresas instaladoras y mantenedoras
     Artículo 49.-Autorización y régimen de actuación.
     1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los
     requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los
     profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y
     mantenedoras para cada tipo de actividad que estos realicen en la
     comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a recursos
     humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de las
     actividades, condiciones y procedimientos de información de sus
     actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la
     seguridad industrial.
     2. La Administración competente en materia de seguridad industrial
     supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las
     empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de
     Aragón, correspondiéndole revocar las habilitaciones o autorizaciones
     que haya otorgado o suspender la actividad de cualquiera de estos
     agentes del sistema de la seguridad industrial en la comunidad
     autónoma, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al
     interesado. Cuando esta no sea competente para adoptar la pertinente
     medida de suspensión o revocación de la habilitación o de la
     autorización, dará traslado de lo actuado a la Administración
     habilitante o autorizante, por si procediera la adopción de una u
     otra medida.
     3. Cuando, de la gravedad de los daños causados o del carácter
     gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una
     pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración pública a
     la correspondiente habilitación o autorización, el
     órgano competente de la comunidad autónoma podrá proceder a la
     revocación de la habilitación o autorización, previo el
     correspondiente procedimiento en el que se acrediten los hechos y se
     dé audiencia al interesado, en aquellos casos en que fuese competente
     para su otorgamiento o haya adquirido la competencia para su
     renovación. Asimismo, reglamentariamente, se establecerán los
     procedimientos para dejar sin efecto la revocación de habilitaciones
     o autorizaciones.
     4. En caso de no ser competente para acordar la revocación de la
     correspondiente habilitación o autorización, dará traslado de los
     hechos a la Administración Pública competente. En tal supuesto, la
     Administración de la comunidad autónoma podrá acordar la suspensión
     cautelar de la eficacia de la habilitación o autorización en
     territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie
     expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
     Artículo 50.-Transmisión a los usuarios.
     1. De conformidad con lo establecido reglamentariamente, la empresa
     que realice una instalación o instale un aparato, equipo o producto,
     una vez verificada su correcta ejecución y realizadas las pruebas
     pertinentes, estará obligada, en el momento de su finalización o
     entrega, a informar de sus obligaciones y a entregar a su titular
     original o copia de la documentación técnica establecida, así como,
     en su caso, las correspondientes instrucciones de utilización y
     mantenimiento.
     2. La obligación contenida en el párrafo anterior se extiende a las
     empresas suministradoras o comercializadoras y a las empresas
     mantenedoras respecto a las operaciones periódicas de mantenimiento,
     que se reflejarán en el correspondiente informe.
     3. Cuando la empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la
     instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el
     contrato le sea rescindido antes de su finalización, tiene el deber
     de entregar al departamento competente, a petición del mismo, la
     documentación técnica y el certificado de adecuación de lo ya
     ejecutado tanto a dicha documentación como a la normativa de
     aplicación, sin hacer depender tal entrega de cuestiones ajenas a la
     propia normativa.
     4. La entrega de documentación técnica o de la certificación antes
     mencionados en ningún caso supondrá una renuncia tácita a ninguno de
     los derechos que, conforme a la legislación civil o mercantil, le
     puedan corresponder.
     5. En los casos en los que la anterior entrega no se haga efectiva,
     previo requerimiento a la empresa instaladora o mantenedora a cumplir
     con su obligación, el órgano competente podrá emitir una resolución
     motivada por la que comunicará a los interesados que la documentación
     técnica y el certificado de la parte ya ejecutada, en su caso, pueden
     quedar sustituidos por un informe técnico emitido por un organismo de
     control, a solicitud del interesado.
     6. Reglamentariamente, se podrá establecer un régimen de
     obligaciones, responsabilidades, certificación, documentación y
     ejecución subsidiaria en los casos en que una empresa instaladora o
     mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las
     operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de
     su finalización.
     CAPITULO VIII
     Disciplina industrial
     Sección 1.ª
     Inspección industrial
     Artículo 51.-Objeto.
     1. La inspección industrial es la actividad por la que el
     departamento competente, con medios propios o por medio de personas
     habilitadas o entidades habilitadas para ello, examina, controla y
     vigila la actividad industrial, así como a los sujetos que sean
     titulares o actúen sobre la misma, para verificar el cumplimiento de
     los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa
     aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar
     por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus
     competencias.
     2. En caso de constatarse un incumplimiento legal o defecto técnico y
     dependiendo de su naturaleza, se podrá adoptar las medidas
     provisionales que resulten necesarias, incluidas aquellas de
     paralización en relación con el funcionamiento de una actividad o
     instalación industrial; ordenar el restablecimiento de la legalidad;
     iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador,
     así como exigir las responsabilidades que se hayan podido producir.
     3. El procedimiento, el contenido y los efectos de la actuación
     inspectora se ordenarán reglamentariamente.
     Artículo 52.-Principios de la actuación inspectora.
     Las actividades de control e inspección industrial se realizarán con
     observancia de los principios de legalidad, objetividad,
     proporcionalidad, coordinación y eficacia, atendiendo como norma
     general a los ritmos de la actividad empresarial.
     Artículo 53.-Personal inspector.
     1. Las funciones de inspección industrial serán realizadas por el
     personal inspector, que podrá ser:
     a) Los empleados públicos que cuenten con los conocimientos técnicos
     necesarios, adscritos a un órgano o unidad administrativa competente
     en las actividades que constituyen el ámbito de aplicación de esta
     Ley y que tengan expresamente atribuida la función de inspección.
     b) Las personas habilitadas o el personal de una entidad habilitada
     como agente del sistema de la seguridad industrial para la
     realización de las actividades de inspección o auditoría.
     2. El personal del departamento competente habilitado para la
     realización de funciones inspectoras podrá estar presente en
     cualquier actuación de inspección o control industrial realizada por
     personas habilitadas o entidades habilitadas como agentes del sistema
     de la seguridad industrial.
     3. El personal inspector deberá identificarse y, en todo momento,
     estará en condición de hacerlo a solicitud del titular del
     establecimiento o instalación o de su representante.
     Artículo 54.-Facultades del personal inspector.
     1. Para el cumplimiento de su función, el personal que realice las
     actividades de inspección estará investido de las siguientes
     facultades:
     a) Acceder en cualquier momento a los establecimientos e
     instalaciones sujetos a la inspección.
     b) Requerir la comparecencia del titular o de los responsables del
     establecimiento o instalación, o de quien los represente, durante el
     tiempo que resulte preciso para el desarrollo de sus actuaciones.
     c) Requerir en las visitas de inspección que los técnicos al servicio
     del establecimiento o instalación, así como aquellos que hayan
     participado o participen en la instalación, el mantenimiento, la
     utilización o la inspección de equipos o aparatos, acompañen al
     personal inspector cuando sea conveniente para el desarrollo de la
     función inspectora.
     d) Practicar, con medios propios o ajenos, cualquier diligencia de
     investigación o prueba que resulte necesaria para la comprobación del
     cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables.
     e) Requerir información al titular o a los responsables del
     establecimiento o instalación sobre cualquier asunto relativo al
     cumplimiento de la normativa aplicable.
     f) Solicitar información al personal al servicio del establecimiento
     o instalación.
     g) Requerir la realización de aquellas operaciones de funcionamiento
     del objeto de la inspección que se consideren estrictamente
     necesarias, ajustándose a los ritmos de la actividad empresarial.
     h) Recabar, cuando lo considere preciso, la colaboración del personal
     y servicios dependientes de otros departamentos, Administraciones y
     agentes del sistema de la seguridad industrial.
     2. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las actividades
     inspectoras, tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
     Artículo 55.-Inspecciones ordinarias.
     Al objeto de comprobar el cumplimiento de la legislación vigente, el
     personal inspector realizará inspecciones de carácter ordinario en
     los siguientes supuestos:
     a) Las realizadas en cualquier momento para la comprobación de una
     actividad o instalación o cuando se tengan indicios de la existencia
     de defectos o de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito o
     infracción administrativa.
     b) Las que la normativa aplicable establezca como previas a la puesta
     en funcionamiento o inicio de la actividad o instalación, de
     verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos o
     periódicas, previstas con carácter obligatorio y periodicidad
     determinada.
     Artículo 56.-Inspecciones extraordinarias.
     Además de las inspecciones relacionadas en el artículo anterior, se
     realizarán inspecciones extraordinarias en los siguientes supuestos:
     a) Cuando exista una denuncia, que inicialmente parezca fundada, en
     relación con el cumplimiento normativo y para cuyo
     esclarecimiento sea necesaria la realización de una inspección.
     b) En caso de accidente o incidente, cuando se derive directa o
     indirectamente del proceso de ejecución o del funcionamiento de una
     instalación, equipo o aparato sujeto a la normativa de seguridad
     industrial y que haya tenido consecuencias significativas para las
     personas, los bienes o el medio ambiente.
     c) Cuando se tenga conocimiento de una situación de riesgo
     significativo para las personas, los bienes o el medio ambiente o de
     un incumplimiento en relación con las materias objeto de esta Ley.
     Artículo 57.-Planes de inspección industrial.
     1. El departamento competente elaborará planes de inspección
     industrial como instrumentos dirigidos a orientar la realización de
     las inspecciones ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la
     actividad industrial y la de los sujetos que sean titulares o actúen
     sobre la misma, con objeto de comprobar la adecuación de su diseño,
     fabricación, puesta en funcionamiento, ejercicio de actividades y
     condiciones de servicio a los requisitos legales y técnicos previstos
     en la normativa aplicable y de los planes y programas relativos a la
     promoción y fomento de la actividad industrial que les sean de
     aplicación.
     2. Los planes de inspección industrial se estructurarán en programas
     específicos de inspección definidos por su alcance y contenido. En
     todo caso, se realizarán programas específicos de inspección de los
     agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para la
     realización de actuaciones inspectoras.
     3. Los planes de inspección industrial se elaborarán con sujeción a
     los siguientes criterios:
     a) Siempre que sea posible, se establecerán procesos integrales de
     control, tanto respecto de la actividad industrial como de su
     documentación técnica y administrativa.
     b) Para la delimitación de los distintos campos de actuación y del
     grado de intervención en cada uno de ellos, se tendrán en cuenta el
     interés general, las demandas sociales, la peligrosidad intrínseca de
     las instalaciones, aparatos o productos, así como criterios de
     eficiencia.
     4. La Administración deberá, como máximo cada dos años, aprobar un
     nuevo plan de inspección industrial o prorrogar el existente tras un
     procedimiento de revisión y actualización de su contenido.
     5. Sin perjuicio de las funciones de inspección del personal técnico
     al servicio de la Administración Pública, la ejecución material de
     los programas podrá llevarse a cabo por personas habilitadas o
     personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la
     seguridad industrial para la realización de las actividades de
     inspección o auditoría. Con esta finalidad podrá acudirse a la
     celebración de convenios de colaboración con los sectores afectados
     por el plan o programa específico de inspección, si así se previese
     en el correspondiente plan de inspección industrial.
     6. Tras la ejecución de cada plan de inspección industrial, se
     elaborará un informe final que recoja las conclusiones generales
     extraídas de la ejecución de los planes, así como de las inspecciones
     que puedan haber sido realizadas al margen del plan y cuyo resultado
     se considere relevante. Los citados informes finales se remitirán
     periódicamente a la comisión competente en
     materia de industria de las Cortes de Aragón y al Consejo de
     Industria de Aragón.
     Artículo 58.-Actas de inspección.
     1. Todas las actuaciones de inspección se documentarán por medio de
     la correspondiente acta, que reflejará las actuaciones de
     investigación y comprobación realizadas y sus resultados, además de
     los hechos o circunstancias que resulten relevantes.
     2. Las actas de inspección elaboradas por los empleados públicos o
     por el personal de los organismos de control autorizados en materia
     de seguridad industrial con las debidas garantías tienen valor
     probatorio en los consiguientes procedimientos administrativos, en
     cuanto a las circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos
     consignados en ellas.
     3. Cuando del resultado de la inspección se deduzca la posible
     existencia de infracciones que afecten a las competencias de otros
     departamentos, se remitirá a los órganos competentes copia del acta
     donde se reflejen las actuaciones.
     Sección 2.ª
     Medidas provisionales
     y restablecimiento de la legalidad
     Artículo 59.-Medidas provisionales por la Administración.
     1. Cuando se aprecie la existencia de un riesgo grave o inminente
     para las personas, los bienes o el medio ambiente, el órgano
     competente para la incoación del procedimiento sancionador o de
     restablecimiento de la legalidad podrá ordenar motivadamente la
     adopción de cuantas medidas provisionales resulten necesarias, sin
     necesidad de esperar al inicio del procedimiento sancionador o de
     restablecimiento de la legalidad.
     2. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los empleados públicos
     habilitados para la inspección en materia de industria detecten
     situaciones de riesgo grave e inminente, con daños probables para las
     personas, los bienes o el medio ambiente, podrán adoptar las medidas
     necesarias para evitarlo o disminuirlo, comunicándolo de forma
     inmediata al órgano competente para el inicio del procedimiento de
     restablecimiento de la legalidad.
     En particular, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales
     de carácter temporal:
     a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control
     que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra
     situación de riesgo o peligro inminente.
     b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos.
     c) Clausura parcial o total de la actividad industrial.
     d) Paralización parcial o total de la actividad.
     e) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que
     deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas
     suministradoras.
     f) Limitación o prohibición de la distribución o venta de
     productos y su retirada del mercado.
     g) Suspensión de la actividad de un organismo de control, profesional
     habilitado, empresa autorizada o entidad de formación autorizada.
     3. Cuando se adopte alguna de las medidas señaladas en el apartado
     anterior, el órgano competente para el inicio del procedimiento de
     restablecimiento de la legalidad deberá ratificarla en el plazo
     máximo de setenta y dos horas desde su adopción.
     4. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de
     cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada
     sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse un
     procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la
     legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo
     de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la
     medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio
     de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento
     correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
     5. Si la medida provisional es adoptada o confirmada en el acuerdo de
     inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la
     legalidad o en un momento posterior de la tramitación de los mismos,
     su vigencia se prolongará hasta el momento en que adquiera
     ejecutividad el acto administrativo que ponga fin al procedimiento,
     salvo que se dicte resolución expresa acordando su levantamiento.
     6. Las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley, que lo
     estén también en otras Leyes, se calificarán con arreglo a la Ley que
     comporte mayor sanción.
     Artículo 60.-Medidas provisionales por los organismos de control.
     1. Los organismos de control pondrán en conocimiento del departamento
     competente en la materia objeto de la inspección los incumplimientos
     legales y defectos técnicos que detecten en el ejercicio de su
     función inspectora en un plazo máximo de diez días. No obstante, si
     tales incumplimientos o defectos técnicos fuesen susceptibles de
     generar un riesgo inminente o grave, la comunicación a las
     autoridades competentes se hará de forma inmediata.
     2. Si los incumplimientos legales o defectos técnicos generasen un
     riesgo inminente y grave de accidente, con daños probables para las
     personas, los bienes o el medio ambiente, el organismo de control
     adoptará, bajo su responsabilidad y de forma inmediata, las medidas
     necesarias para evitarlo o disminuirlo. De las medidas adoptadas dará
     cuenta de forma inmediata al departamento competente.
     3. En el caso anterior, la vigilancia del organismo de control se
     mantendrá hasta que el departamento competente se haga cargo de la
     situación, pudiendo prolongarse posteriormente por este. La
     Administración confirmará o levantará las medidas en el plazo máximo
     de setenta y dos horas siguientes a su adopción.
     4. En particular, podrán acordarse las siguientes medidas
     provisionales de carácter temporal:
     a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control
     que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra
     situación de riesgo o peligro inminente.
     b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos.
     c) Paralización parcial o total de la actividad.
     d) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que
     deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas
     suministradoras.
     5. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de
     cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada
     sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse o un
     procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la
     legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo
     de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la
     medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio
     de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento
     correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
     Artículo 61.-Restablecimiento de la legalidad.
     1. El sujeto responsable determinado con arreglo al apartado
     siguiente y, subsidiariamente, el titular de la actividad estarán
     obligados a adoptar las medidas de cumplimiento de la legalidad y, en
     su caso, a reparar los daños y perjuicios causados, a restaurar o
     reponer lo alterado a su estado anterior y a indemnizar en el caso de
     que no sea posible la reposición en sus propios términos, de acuerdo
     con lo que la Administración Pública establezca en la resolución
     sancionadora o en un acto administrativo específicamente dictado al
     efecto.
     2. Se consideran sujetos responsables del procedimiento de
     restablecimiento de la legalidad los así enunciados en esta Ley para
     el procedimiento sancionador.
     3. Ejecutadas las medidas señaladas en el apartado primero, el
     responsable y, subsidiariamente, el titular de la actividad lo
     comunicarán a la Administración para que, tras la pertinente
     verificación, realizada directamente por ella o por el agente del
     sistema de la seguridad industrial y con cargo al responsable, se
     extienda la correspondiente acta de restablecimiento de la legalidad.
     4. Cuando el sujeto responsable no cumpla con la obligación de
     adoptar las medidas acordadas por la Administración Pública o lo haga
     de modo incompleto, podrán serle impuestas hasta un máximo de tres
     multas coercitivas. La cuantía de cada una de las anteriores multas
     no superará el veinte por ciento de la cuantía máxima de la sanción
     prevista. Todo ello, sin perjuicio de la posible ejecución
     subsidiaria por la propia Administración Pública a cargo del sujeto
     responsable.
     5. Las multas coercitivas serán independientes de las que se hubieran
     impuesto o pudieran imponerse como sanción por la infracción
     administrativa y, asimismo, de la repercusión íntegra sobre el
     patrimonio del responsable de la eventual ejecución subsidiaria de la
     medida de restablecimiento de la legalidad.
     6. Cuando la corrección de los defectos técnicos o incumplimientos
     legales observados en relación con una actividad industrial o con la
     de un sujeto que sea titular o actúe sobre la misma se haga con
     acuerdo de la Administración antes de finalizar el procedimiento de
     restablecimiento de la legalidad o, terminado éste, dentro de los
     plazos acordados a tal efecto por la Administración de la comunidad
     autónoma, esta lo tendrá en cuenta para valorar la oportunidad de
     apertura del procedimiento sancionador o la magnitud de la sanción
     dentro del mismo tipo,
     siempre que se trate de conductas ocasionales y de escasa incidencia
     sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
     7. El inicio del procedimiento sancionador será obligatorio en todo
     caso cuando haya sido preciso acudir a la ejecución forzosa de las
     medidas de restablecimiento de la legalidad.
     Sección 3.ª
     Infracciones y sanciones
     Artículo 62.-Disposiciones generales.
     1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas
     en esta Ley las acciones u omisiones de los distintos sujetos
     responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
     2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley
     se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales
     o de otro orden en que puedan incurrir sus autores.
     3. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de
     conformidad con la tipificación establecida en los artículos
     siguientes.
     Artículo 63.-Infracciones muy graves.
     Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo siguiente
     como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy
     grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas,
     los bienes o el medio ambiente, así como la reincidencia en una misma
     infracción grave declarada por resolución firme en vía administrativa
     antes de transcurrido el periodo de tiempo señalado legalmente como
     plazo de prescripción de la infracción previa.
     Artículo 64.-Infracciones graves.
     Son infracciones graves:
     a) La fabricación, la importación, la venta, el transporte, la
     instalación, la distribución, la comercialización, el suministro o la
     utilización de productos, aparatos o elementos, así como la
     realización de las actividades sujetas a seguridad industrial sin
     cumplir la normativa aplicable, cuando comporte peligro o daño grave
     para las personas, los bienes o el medio ambiente.
     b) El inicio de la actividad industrial careciendo de la
     correspondiente autorización cuando esta sea preceptiva.
     c) La ocultación o alteración dolosa de los datos de comunicación
     obligatoria al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón,
     así como la resistencia a proporcionarlos o la demora reiterada,
     siempre que no esté debidamente justificada.
     d) La ocultación deliberada de información relevante, la resistencia
     a facilitar la información requerida o la reiterada demora en
     proporcionarla a la Administración competente, así como su provisión
     falseada, cuando hubiese obligación de presentar la misma.
     e) La negativa a admitir las verificaciones o inspecciones acordadas
     por la Administración de la comunidad autónoma, así como la
     obstrucción que impida su práctica de la manera
     establecida.
     f) La no solicitud de las verificaciones o inspecciones establecidas
     en la normativa o acordadas por la Administración de la comunidad
     autónoma cuando se genere un daño o riesgo grave para las personas,
     los bienes o el medio ambiente.
     g) La expedición dolosa de certificados o informes cuyo contenido no
     se ajuste a la realidad de los hechos.
     h) Las inspecciones, ensayos o pruebas, revisiones o actuaciones
     realizadas por los agentes del sistema de la seguridad industrial
     autorizados para ello de forma incompleta en relación con el objetivo
     de la inspección o prueba o con resultados inexactos cuando ello se
     deba a una insuficiente constatación de los hechos o a una deficiente
     aplicación de normas técnicas.
     i) El incumplimiento de las prescripciones, instrucciones u órdenes
     dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad
     relacionadas con esta Ley y con las normas que la desarrollen.
     j) El incumplimiento de las prescripciones o la no subsanación de las
     deficiencias detectadas por un organismo de control o un agente
     habilitado cuando de las mismas se derive un daño o riesgo grave para
     las personas, los bienes o el medio ambiente.
     k) La no realización de las inspecciones o revisiones de acuerdo con
     lo establecido en esta Ley.
     l) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de
     ello puede resultar un peligro para las personas, los bienes o el
     medio ambiente.
     m) La aplicación de las ayudas y subvenciones públicas a fines
     distintos de los determinados en su concesión, así como no efectuar
     su reintegro cuando así se hubiera establecido.
     n) La falta de entrega o negativa a entregar la documentación técnica
     que preceptivamente tenga que expedirse en relación con la
     instalación, parte de la instalación o labores de mantenimiento o
     revisión realizadas.
     o) El intrusismo profesional cometido por personas o empresas que
     realicen actuaciones de instalación o mantenimiento de aparatos o
     instalaciones sujetos al ámbito de esta Ley sin contar con la
     habilitación para ello o fuera del ámbito de actuación reconocido por
     la acreditación profesional con que cuenten, o por empresas o
     profesionales que realicen labores de verificación del cumplimiento
     sin estar autorizados para ello.
     p) La actuación del titular de la actividad industrial que fomente o
     se aproveche dolosamente del intrusismo profesional.
     q) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
     necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha,
     mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus
     consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de
     prestación del servicio o de calidad del producto exigibles.
     r) El incumplimiento de la obligación de conservar la documentación
     que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las
     disposiciones aplicables cuando de ello se derive un daño o riesgo
     grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
     s) El no mantenimiento de las condiciones que llevaron a la
     Administración de la comunidad autónoma a otorgar la correspondiente
     habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad
     industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le
     corresponda otorgarla.
     t) La reincidencia en la comisión de una misma infracción leve,
     declarada por resolución firme en vía administrativa, antes de
     transcurrido el período de tiempo señalado legalmente como plazo de
     prescripción de la infracción previa.
     Artículo 65.-Infracciones leves.
     Son infracciones leves:
     a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en
     esta Ley no incluida como infracción grave o muy grave.
     b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en las letras
     a), f), g), h), i), j), k), l), n), p), r), y s) del artículo
     anterior cuando no hubiesen generado riesgo grave para las personas,
     los bienes o el medio ambiente.
     c) La no comunicación al departamento competente de los cambios que
     pudiesen afectar a la seguridad de los establecimientos,
     instalaciones y productos industriales, así como las modificaciones e
     incidencias de la actividad industrial que, legal o
     reglamentariamente, estén establecidas.
     d) El inicio de la actividad industrial sin haberlo comunicado con
     carácter previo al órgano competente en materia de industria cuando
     dicha comunicación sea preceptiva.
     e) La demora no justificada en la aportación de documentos
     solicitados por el órgano competente cuando tal conducta no sea
     reiterada.
     f) La falta de colaboración con el personal inspector en el ejercicio
     por este de las funciones derivadas de esta Ley.
     g) La no comunicación a la Administración competente de los datos de
     comunicación obligatoria al Registro de Establecimientos Industriales
     de Aragón.
     h) La no comunicación al departamento competente de los cambios o
     modificaciones de las condiciones que llevaron a la Administración de
     la comunidad autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o
     autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al
     reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda
     otorgarla.
     i) El incumplimiento de las normas de seguridad industrial, siempre
     que no constituya infracción grave o muy grave.
     Artículo 66.-Sanciones.
     1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos
     anteriores se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en
     relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción,
     considerándose especialmente las circunstancias establecidas en el
     artículo siguiente.
     2. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
     a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 6.000 euros.
     b) Las infracciones graves, con multa de 3.000 a 100.000 euros.
     c) Las infracciones muy graves, con multa de 50.000 a 1.000.000 de
     euros.
     3. Cuando, a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio
     económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el
     doble del beneficio obtenido específicamente en la operación.
     4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez
     firmes, serán publicadas en la forma que se determine
     reglamentariamente.
     Artículo 67.-Determinación de las sanciones.
     Para la determinación de la cuantía de las sanciones
     correspondientes, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
     a) El riesgo resultante de la infracción para las personas, los
     bienes o el medio ambiente.
     b) La importancia del daño o deterioro causado a las personas, los
     bienes o el medio ambiente.
     c) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como
     infracción y el beneficio obtenido de la misma.
     d) El grado de intencionalidad o negligencia en la comisión de la
     infracción o la reiteración de infracciones previstas en esta Ley.
     e) El incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos de
     las autoridades competentes o agentes colaboradores cuando actúen en
     el ámbito de la seguridad industrial.
     f) La reincidencia, por la comisión, en el período de tiempo señalado
     legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa, de más
     de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarada
     por resolución firme, salvo en los casos en los que tal circunstancia
     forme parte de la descripción del tipo de la infracción.
     g) La capacidad económica del infractor.
     h) La cualificación técnica y la capacidad profesional exigibles al
     infractor, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme
     parte de la descripción del tipo de la infracción.
     Artículo 68.-Responsabilidades.
     Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el
     infractor estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados y
     a restaurar o reponer los bienes alterados a su estado anterior.
     Artículo 69.-Sanciones accesorias.
     1. En los supuestos de infracciones graves, además de la sanción
     pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por plazo no superior a un
     año, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad o
     de la instalación y la retirada del certificado de profesional
     habilitado, de la autorización de empresa instaladora o mantenedora o
     de la autorización de entidad de formación.
     2. En los supuestos de infracciones muy graves, además de la
     correspondiente multa, podrán acordarse las siguientes sanciones por
     acuerdo del Gobierno de Aragón:
     a) El cierre del establecimiento o la suspensión, total o parcial, de
     la actividad por un plazo no superior a cinco años.
     b) La clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o de
     la actividad.
     c) La revocación del certificado de profesional habilitado o la
     autorización de empresa instaladora o mantenedora o entidad de
     formación, pudiendo establecerse la prohibición de solicitar una
     nueva acreditación profesional, autorización como empresa instaladora
     o mantenedora o entidad de formación o autorización como organismo de
     control por un plazo de hasta cinco años.
     3. El órgano administrativo competente para la imposición de la
     sanción podrá acordar, además, en las infracciones graves o muy
     graves, la devolución de las subvenciones o ayudas de cualquier clase
     otorgadas por la Administración de la comunidad autónoma que guarden
     directa relación con el objeto de la infracción, así como la pérdida
     de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para
     celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un
     plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años
     en las muy graves.
     4. En la aplicación de las sanciones accesorias se tendrá en cuenta
     el impacto sociolaboral de las mismas.
     Artículo 70.-Prescripción.
     1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley
     será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno
     para las leves, a contar desde su total consumación.
     El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en que
     se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad
     continuada, en la fecha de su cese. Se entenderá cometida la
     infracción cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los
     hechos constitutivos de la misma.
     2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en esta Ley
     será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres
     para las graves y uno para las leves.
     Artículo 71.-Multas coercitivas.
     1. El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas, hasta un
     máximo de tres, para compeler a los responsables a cumplir las
     prescripciones previstas en la correspondiente reglamentación.
     2. Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y reiterada por
     lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
     3. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por
     ciento de la multa fijada para la infracción cometida.
     Artículo 72.-Sujetos responsables.
     1. Serán sujetos responsables de las infracciones las personas
     físicas o jurídicas que incurran en las mismas y, en particular:
     a) El titular de la actividad industrial será responsable de que su
     funcionamiento responda en todo momento a lo dispuesto en la
     normativa aplicable y, especialmente, en las normas de seguridad,
     sanidad y protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
     responsabilidades que contraigan tanto los autores de los proyectos,
     de la documentación técnica y de los certificados
     expedidos como las empresas y personas que hayan intervenido o
     intervengan en la instalación, el funcionamiento, la reparación, el
     mantenimiento, la inspección y el control.
     b) El autor del proyecto es responsable de que éste cumpla con la
     normativa vigente. El técnico competente que haya emitido el
     certificado de dirección de obra es responsable de la adaptación de
     la obra al proyecto y de que en su ejecución se hubiesen adoptado las
     medidas y cumplido las condiciones técnicas reglamentarias que sean
     de aplicación, sin perjuicio de las sanciones penales que, en su
     caso, correspondan.
     Todo ello, con independencia de la responsabilidad de los técnicos,
     las empresas o personas o entidades habilitadas sobre la veracidad de
     las certificaciones acreditativas del cumplimiento reglamentario que
     emitan.
     c) El director de obra, en su caso, y las personas y empresas que
     participen en la instalación, la reparación, el mantenimiento, la
     utilización o la inspección de las industrias, los equipos y los
     aparatos cuando la infracción sea consecuencia directa de su
     intervención profesional.
     d) Los organismos de control y las entidades que conforman la
     infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, respecto
     de las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad.
     e) Los fabricantes, distribuidores, comercializadores o importadores
     de los productos, aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a
     las exigencias reglamentarias.
     2. Cada uno de los sujetos reseñados responde por sus actos propios,
     considerándose como tales los de los directivos y empleados en el
     caso de las personas jurídicas. No obstante, cuando en la comisión de
     una infracción hayan concurrido varios sujetos, cada uno de ellos
     responderá individualmente de la comisión de la infracción.
     Artículo 73.-Plazo del procedimiento sancionador.
     El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de un año, a
     contar desde la fecha de su iniciación. Si transcurre el plazo máximo
     para resolver sin que se haya dictado y notificado una resolución, se
     declarará la caducidad del procedimiento. En caso de que la
     infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo
     procedimiento sancionador, pudiendo incorporarse al mismo los
     elementos probatorios y otros actos de instrucción válidamente
     realizados durante la tramitación del procedimiento caducado.
     Artículo 74.-Procedimiento sancionador simplificado.
     Cuando la comisión de una infracción de carácter leve presente
     carácter evidente o haya quedado acreditada en un procedimiento
     anterior o durante la práctica de la inspección u otras diligencias
     previas, se podrá optar por el procedimiento simplificado, que
     constará de acuerdo de iniciación, audiencia del interesado,
     propuesta de resolución y resolución. No obstante, como resultado de
     lo alegado en el trámite de audiencia, se podrá optar por pasar a
     instruir y resolver el asunto conforme al procedimiento ordinario,
     notificándolo así a los interesados.
     Artículo 75.-Organos competentes.
     En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia
     para imponer las sanciones por las infracciones establecidas en la
     legislación básica en materia de industria y en la presente Ley
     corresponde al consejero competente en materia de industria en caso
     de infracción muy grave, al director general competente en materia de
     industria en caso de infracción grave y al director provincial
     competente en materia de industria en caso de infracción leve.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Consejo de Industria de Aragón.
     1. El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses desde la entrada
     en vigor de esta Ley, elaborará el Decreto regulador del Consejo de
     Industria de Aragón, dando audiencia por plazo de un mes en el
     correspondiente procedimiento a los sindicatos de trabajadores y a
     las asociaciones empresariales, así como a las corporaciones
     representativas de intereses económicos y sociales y previo trámite
     de información pública.
     2. Hasta tanto no sea efectivamente constituido el Consejo de
     Industria de Aragón, ejercerá sus funciones el consejero competente
     en materia de industria.
     Segunda.-Regulación de actividades profesionales específicas.
     Cuando el desarrollo de determinadas actividades dificulte el
     cumplimiento de las prescripciones de esta Ley o genere un perjuicio
     para los intereses generales, se regularán las condiciones bajo las
     cuales habrán de ejercerse dichas actividades, incluyendo medidas que
     eviten el intrusismo profesional en el ejercicio de las mismas por
     parte de sujetos que no cumplan la reglamentación aplicable.
     Tercera.-Elaboración de los planes de inspección industrial.
     En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley,
     el consejero competente en materia de industria regulará el
     procedimiento de elaboración de los planes de inspección industrial.
     DISPOSICION TRANSITORIA
     Unica.-Disposiciones reglamentarias aplicables.
     En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente
     Ley, continuarán en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las
     disposiciones reglamentarias aplicables en las materias que
     constituyen su objeto.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación normativa.
     Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior
     rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Habilitación reglamentaria.
     1. Se habilita al consejero competente en materia de industria para
     dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
     desarrollo de la presente Ley.
     2. En especial, mediante Orden del consejero competente en materia de
     industria, se aprobarán todas aquellas disposiciones que sean
     consecuencia de los avances tecnológicos y la evolución del estado de
     la técnica y que obliguen a una adaptación de los requisitos y
     condiciones de carácter estrictamente técnico que deban reunir tanto
     las instalaciones como los aparatos, equipos y productos de carácter
     industrial, incluidos, en su caso, los procedimientos de prueba,
     inspección y control a que deban ser sometidos.
     Segunda.-Actualización de sanciones.
     Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las
     sanciones establecidas en esta Ley de acuerdo con el índice general
     de precios al consumo.
     Tercera.-Entrada en vigor.
     La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación
     en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 27 de diciembre de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU