Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20020627
Fecha de Publicacion: 08/07/2002
Número de boletín: 79
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación el aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Texto
     LEY 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación
     el aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía
     PREAMBULO
     1
     La Comunidad Autónoma de Aragón es titular de la competencia
     exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias
     agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la
     economía, y también en materia de pastos, tal y como señalan los
     números 12.ª y 15.ª del artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía de
     Aragón. De acuerdo con los aludidos títulos competenciales, la
     Comunidad Autónoma de Aragón fue recibiendo las transferencias de
     funciones y medios materiales necesarios correspondientes a aquellos,
     y así, en virtud del Real Decreto 3136/1982, de 24 de julio, sobre
     transferencias de competencias, funciones y servicios de la
     Administración del Estado a la Diputación General de Aragón en
     materia de agricultura, se traspasan a la Comunidad Autónoma de
     Aragón las funciones y servicios sobre las acciones relacionadas con
     el Reglamento de Ordenación de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.
     2
     La Comunidad Autónoma de Aragón carece de una regulación material
     propia sobre el aprovechamiento de los pastos, por lo que, en virtud
     de la aplicación de la cláusula de supletoriedad del derecho estatal
     respecto al de las Comunidades Autónomas establecida en el artículo
     149.3. de la Constitución, se aplican en Aragón tanto la Ley de 7 de
     octubre de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras, como
     el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, aprobado por Decreto
     1256/1969, de 6 de junio.
     Sin embargo, ya hace algunos años se viene observando una creciente
     inaplicación del sistema previsto en las aludidas disposiciones
     estatales, lo que ha sucedido de un modo más acusado en los últimos
     años, de manera que son cada vez más los municipios aragoneses
     excluidos del sistema de ordenación de pastos.
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     Las razones que justifican la cada vez más generalizada inaplicación
     del sistema de ordenación de pastos son de diversa naturaleza: unas
     devienen del propio diseño del sistema, otras son de carácter
     agronómico derivadas del modelo de ayudas públicas actualmente
     existente en el marco de la Política Agrícola Común, y también las
     hay consecuencia de algunas actuaciones públicas específicas
     efectuadas sobre la estructura de la tierra.
     La exclusión del aprovechamiento de los pastos del libre mercado que
     implica la aplicación del modelo diseñado por la Ley de Pastos
     ocasiona conflictos entre agricultores y ganaderos, algunos de ellos
     de preocupante intensidad. Tal situación se plantea con mucha menor
     frecuencia y también con menor virulencia cuando se deja libre de
     ordenación el mercado de pastos y, fruto del juego de la autonomía de
     la voluntad, agricultor y ganadero llegan libremente a acuerdos, sin
     estar encorsetados en el reglado e intervencionista sistema contenido
     en las disposiciones de ordenación de pastos.
     Además, el sistema previsto en las disposiciones estatales antes
     citadas choca con obstáculos para su aplicación y pacífica aceptación
     por las partes implicadas, al existir unos precios que están
     claramente por debajo de los que se satisfacen en el mercado libre,
     apareciendo también, en no pocas ocasiones, importantes dificultades
     para el pago de los precios y para hacerlos efectivos en caso de
     negativa para proceder a su abono.
     4
     Asimismo, el modelo de ayudas públicas construido por la Política
     Agrícola Común tiene una doble consecuencia: por un lado, es causa de
     la decreciente aplicación del sistema normativo de ordenación del
     aprovechamiento de pastos, ante los recelos de que la estricta
     ejecución del mismo pueda devenir en incumplimientos de las
     obligaciones impuestas en el correspondiente régimen de ayudas y, por
     otro lado, parece imponer que, para evitar incumplimientos no
     achacables al sujeto sometido al régimen de ayudas, sean entregados a
     él los medios necesarios para autocontrolar el correcto cumplimiento
     de las obligaciones asumidas como beneficiario de las ayudas, lo que
     implica que resulte aconsejable acudir a un sistema en el que las
     partes sean las que libremente acuerden cómo van a aprovecharse los
     pastos, lo que finalmente conduce a la adopción de un sistema libre
     de ordenación en el que la ley sea aquello que las partes pacten y no
     lo que establezca una Ley externa a ellos, que no siempre tendrá en
     consideración las específicas y peculiares circunstancias que
     converjan en cada caso.
     En concreto, dentro del sistema de ayudas por superficie, se
     establecen diversas limitaciones respecto al uso de las superficies
     agrarias sometidas a retiradas de la producción o destinadas a
     barbecho; las limitaciones citadas se circunscriben al
     aprovechamiento ganadero y a las fechas en que el mismo puede
     efectuarse. En ese mismo régimen específico de ayudas, viene
     sucediendo que el aprovechamiento ganadero de los rastrojos
     correspondientes a parcelas cuyo cultivo ha sido declarado y
     recolectado dificulta, cuando no hace imposible, las inspecciones y
     controles en campo. Ambas situaciones pueden conducir a la imposición
     de penalizaciones al beneficiario de la ayuda por conductas de las
     que pudiera no ser responsable y que, además, quedan fuera de su
     esfera de decisión y control. Similares circunstancias a las
     apuntadas se producen en otros sistemas de ayudas, como el de las
     llamadas «ayudas agroambientales», para cuya percepción se exige el
     respeto a determinadas cargas ganaderas, estando las ayudas ligadas a
     la tierra y no al ganado.
     También resulta preciso advertir que actualmente las ayudas
     establecidas por la Política Agrícola Común están cada vez más
     vinculadas al cumplimiento de lo que se conoce como «buenas prácticas
     agrarias», que constituyen un conjunto de reglas de carácter
     ambiental que deben cumplirse en el ejercicio de las actividades
     agrícolas y ganaderas, y que son de imperativo cumplimiento para la
     percepción de diversos tipos de ayudas. La obligada asunción del
     contenido de las buenas prácticas agrarias, de creciente importancia,
     deriva en la consideración de que la manera más factible de hacer
     posible su cumplimiento sea dejar libre de ordenación el
     aprovechamiento de los pastos, de modo que, en el contexto de las
     circunstancias singulares que en cada caso existan, agricultor y
     ganadero prescriban el modo de aprovechar los mismos dentro de los
     límites que les marquen las condiciones impuestas por las buenas
     prácticas agrarias.
     Todas las circunstancias descritas que envuelven el régimen de ayudas
     de la Política Agrícola Común conducen a afirmar que, para cumplir
     los requisitos necesarios para su percepción y evitar caer en
     penalizaciones por el modo y tiempo de aprovechar los pastos, es
     necesario cumplir un calendario, conocer las limitaciones en las
     formas de aprovechamiento de los pastos, asumir las prohibiciones de
     aprovechamiento ganadero existente, datos todos estos que sólo son
     conocidos, con precisión y seguridad, por el titular del
     aprovechamiento agrícola de la parcela.
     Por tanto, tal y como se deduce de lo expuesto en los párrafos
     precedentes, el sistema de ayudas establecido en el contexto de la
     Política Agrícola Común hace prácticamente incompatible una adecuada
     gestión de las ayudas con la existencia de un sistema general de
     ordenación de pastos ajeno al que puedan determinar libremente las
     partes haciéndolo a la luz de las circunstancias específicas del
     caso.
     A todo lo señalado respecto a la incidencia del sistema de ayudas
     diseñado por la Política Agrícola Común, deben añadirse otras
     circunstancias de índole estructural que igualmente afectan a la
     posible aplicación del sistema de ordenación de pastos, como sucede
     con la extensión de las transformaciones en regadío y con la
     ejecución de procedimientos de concentración parcelaria, con los que
     se alcanza una distribución de la propiedad de mayor tamaño y más
     concentrada, de modo que en esas nuevas circunstancias estructurales
     se fijan habitualmente acuerdos específicos bilaterales entre
     agricultores y ganaderos.
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     La globalidad de las razones expuestas conducen a concluir que hoy
     existe un escenario en el que resulta indeseable acudir a un sistema
     de ordenación de pastos intervencionista y generalista, y ello no
     sólo porque las modificaciones organizativas impuestas por la Ley
     2/1996, de Cámaras Agrarias de Aragón, hayan supuesto la desaparición
     de la estructura básica sobre la que se asentaba el sistema de
     ordenación de pastos, sino sobre todo porque causas económicas,
     estructurales, poblacionales y de gestión administrativa conducen a
     la conclusión de que el mejor modo de aprovechar los pastos,
     haciéndolo compatible con las circunstancias hoy existentes, es aquel
     que deje libre de ordenación el mercado, siendo los particulares los
     que convengan el modo de aprovechamiento de los mismos a tenor de las
     consideraciones que en cada caso confluyan. Puede decirse, por tanto,
     que la mejor opción legislativa para determinar el aprovechamiento de
     los pastos tampoco sería aquella que partiera de la exclusiva idea de
     entender que los contenidos de la Ley y del Reglamento de Pastos,
     Hierbas y Rastrojeras se aplican cada vez menos en Aragón, por la
     única razón de tratarse de disposiciones arcaicas y necesitadas de
     adaptación, y que una mera adecuación de tal sistema sería suficiente
     para que volviera a aplicarse el mismo con entera satisfacción. No
     resulta aventurado afirmar que si el contenido de la futura
     regulación del sistema de aprovechamiento de pastos consistiera en la
     definición de un sistema de ordenación de pastos general y adaptado a
     las actuales circunstancias organizativas, su aplicación pondría de
     manifiesto todas las disfunciones de diversa índole antes descritas,
     lo que finalmente conduciría a la inaplicación del «nuevo» sistema de
     ordenación, de manera que en algunos casos agricultores y ganaderos
     alcanzarían acuerdos puntuales fuera del modelo que se ordenase, pero
     también, en otros casos, el resultado podría ser dejar el pasto sin
     aprovechar.
     Dejar libre de ordenación de pastos el territorio de la Comunidad
     Autónoma ha de permitir que todas las dificultades que actualmente se
     plantean desaparezcan, de modo que ello haga posible que se produzca
     un aprovechamiento de los pastos más racional, ajustado a las
     prácticas ambientales que las disposiciones vigentes imponen, así
     como haciendo compatible un satisfactorio aprovechamiento de los
     recursos pastables con el cumplimiento de las obligaciones derivadas
     de los sistemas de ayudas agrarias existentes, y también la creación
     de unas condiciones más realistas que con seguridad harán posible que
     ganaderos y agricultores convengan acuerdos para aprovechar
     sosteniblemente recursos que antes estaban sin emplear.
     6
     En definitiva, la presente disposición procede, única y
     exclusivamente, a declarar libre de ordenación de pastos las tierras
     de cultivo de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedando con ello
     solventadas todas las dificultades que el actual sistema, que viene
     aplicándose en una reducida porción del territorio aragonés, plantea
     y, a la vez, abriendo todo el espacio territorial aragonés a un
     sistema fundado en la libertad de pactos, el cual ha funcionado con
     normalidad en las partes de Aragón en que ha venido utilizándose.
     La decisión que esta Ley hace efectiva, dejando libre de ordenación
     de pastos el territorio de la Comunidad Autónoma, se adopta
     evidentemente en uso de las competencias que la Comunidad Autónoma
     tiene en el ámbito del Derecho Público, sin que tal decisión afecte
     en modo alguno a la aplicación en cada municipio o lugar de los
     respectivos usos y costumbres que en aquellos se siguen teniendo
     presentes.
     7
     Por otra parte, lo extenso del territorio aragonés pone de manifiesto
     la existencia de diversas situaciones, presentándose municipios donde
     el sistema de ordenación de pastos se viene aplicando hace décadas,
     por lo que resulta aconsejable que la Ley recoja la posibilidad de
     que la libertad de ordenación de pastos que la aprobación de la misma
     supone se aplace temporalmente en los municipios cuyos términos
     estuvieran sujetos al sistema de ordenación de pastos. Tal moratoria,
     que queda a decisión de los Ayuntamientos, ha de permitir una
     aplicación no traumática de la Ley, haciendo posible que en ese plazo
     se tomen las medidas necesarias para adaptar las zonas a la nueva
     situación y siendo, a su vez, un plazo prudencial para que
     agricultores y ganaderos vayan consumando acuerdos tendentes al
     aprovechamiento de los pastos.
     Artículo único.-Libertad de ordenación.
     Por la presente Ley, queda libre de ordenación el aprovechamiento de
     los pastos, hierbas y rastrojeras en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Aplicación del sistema de ordenación de pastos.
     El sistema de ordenación de pastos existente a la entrada en vigor de
     la presente Ley se aplicará hasta la conclusión de la correspondiente
     campaña de aprovechamiento de pastos.
     Segunda.-Inaplicación temporal de la libertad de ordenación.
     Los Ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal, a la
     entrada en vigor de esta Ley, se aplique el sistema de ordenación de
     pastos previsto en la Ley de 7 de octubre de 1938, sobre
     aprovechamiento de pastos y rastrojeras, y en su Reglamento,
     dispondrán de un plazo de dos meses desde aquella fecha para
     solicitar a la Administración autonómica que durante las dos campañas
     de aprovechamientos de pastos que se inicien tras la entrada en vigor
     de la presente disposición continúe aplicándose en su término
     municipal el señalado sistema de ordenación, formulándose tal
     solicitud por acuerdo del Ayuntamiento, una vez consultados los
     órganos paritarios correspondientes en los que estén representados
     los agricultores y ganaderos afectados.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Cláusula derogatoria.
     1. A salvo de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta
     Ley, quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:
     a) Los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Orden de 29 de octubre de 1996 del
     Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula de
     forma provisional la composición y funcionamiento de las Juntas
     Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, las Comisiones Mixtas de
     Pastos, Hierbas y Rastrojeras, y las Juntas de Fomento Pecuario.
     b) La Orden de 19 de julio de 2000 del Departamento de Agricultura,
     por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 1996 del
     Departamento de Agricultura y Medio Ambiente referida en la letra a)
     anterior.
     2. Quedan igualmente derogadas aquellas disposiciones de igual o
     inferior rango, en lo que se opongan o contradigan a lo previsto en
     esta Ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Habilitación reglamentaria.
     Se faculta al Consejero responsable en materia de agricultura para
     dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
     esta Ley.
     Segunda.-Entrada en vigor.
     La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación
     en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 27 de junio de 2002.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU