Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20030324
Fecha de Publicacion: 11/04/2003
Número de boletín: 43
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional.

Texto
     LEY 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.20, reconoce
     a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia
     de publicidad, sin perjuicio de las normas generales dictadas por el
     Estado para sectores y medios específicos.
     La presente Ley se enmarca en la normativa comunitaria existente en
     materia de publicidad, así como en lo dispuesto en la Ley 34/1988, de
     11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Ley
     39/2002, que traspone al ordenamiento jurídico español diversas
     directivas comunitarias en esta materia.
     La publicidad institucional busca proporcionar a los ciudadanos una
     adecuada información sobre sus derechos y obligaciones legales; sobre
     la existencia, composición y funcionamiento de las instituciones
     públicas y sus actividades, proyectos y servicios, así como promover
     valores sociales de carácter comunitario. La publicidad institucional
     debe distinguirse de la publicidad estrictamente normativa, de la
     relativa a actos administrativos cuya publicidad es legalmente
     exigible y de la regulada específicamente por la legislación
     electoral. Por ello, deben establecerse también las limitaciones de
     las actividades publicitarias institucionales en períodos
     electorales, a fin de evitar injerencias en los procesos
     correspondientes.
     Esta publicidad no puede alejarse de los criterios que deben informar
     cualquier actuación administrativa, siendo preciso establecer unas
     normas que permitan que la misma no sea utilizada como elemento
     discriminatorio desde el sector público y sirva adecuadamente a sus
     objetivos, evitando su uso incorrecto. La relación que se establece
     entre las administraciones y los medios de comunicación social ha de
     realizarse con la máxima transparencia y respeto a la igualdad de
     oportunidades, sin interferir en la libre competencia ni en el
     necesario pluralismo informativo.
     Artículo 1.-Objeto.
     La presente Ley tiene por objeto establecer los principios generales
     por los cuales ha de regularse la publicidad institucional a través
     de contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación
     publicitaria y patrocinio.
     Artículo 2.-Ambito de aplicación.
     1. La presente Ley será de aplicación a toda actividad publicitaria
     que desarrollen las administraciones de Aragón, incluidas las
     administraciones locales, así como los organismos, entidades de
     derecho público y empresas públicas vinculadas o dependientes de
     aquéllas y que estén participadas mayoritariamente de forma directa o
     indirecta, que no sean de carácter industrial o comercial.
     2. Queda excluida del ámbito de esta Ley la publicidad normativa y
     otros anuncios de actos de la Administración que deban publicarse
     legalmente.
     Artículo 3.-Descripción y objetivos.
     1. La publicidad institucional debe promover el ejercicio de derechos
     o el cumplimiento de deberes en condiciones de igualdad y fomentar
     comportamientos de los ciudadanos en relación con bienes o servicios
     públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de
     fomento de empleo u otros de naturaleza análoga.
     2. La publicidad institucional está al servicio de los ciudadanos y
     debe cumplir los siguientes objetivos:
     a) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales.
     b) Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las
     instituciones públicas; sobre las actividades y proyectos ejecutados,
     y sobre los servicios prestados por cada Administración pública en el
     ámbito de sus atribuciones y competencias.
     c) Difundir la imagen de Aragón o del ámbito propio de cada
     Administración.
     d) Constituir un instrumento útil para el desarrollo del territorio
     al que va dirigida.
     e) Promover valores y conductas que consoliden la democracia, la
     libertad, la convivencia y la solidaridad.
     f) Velar por los derechos de los destinatarios de sus mensajes.
     g) Implicar a la ciudadanía en el objetivo de lograr una sociedad
     cohesionada y avanzada en cuanto a conciencia cívica y progreso
     económico y social.
     Artículo 4.-Principios.
     1. La publicidad institucional habrá de respetar los siguientes
     principios:
     a) Objetividad y veracidad de los mensajes.
     b) La dignidad de la persona y los derechos fundamentales que le son
     inherentes, en particular los derechos al honor, a la intimidad y a
     la propia imagen, así como el derecho a la igualdad y a la no
     discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
     o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
     c) La protección de la juventud y de la infancia.
     d) El respeto al medio ambiente.
     2. La comunicación publicitaria institucional deberá respetar la
     ética publicitaria y las normas establecidas en materia de publicidad
     engañosa, desleal, subliminal y encubierta.
     3. La publicidad institucional ha de diferenciarse claramente de la
     propaganda partidista.
     4. La publicidad institucional debe tener claros elementos de
     identificación, al objeto de no inducir a confusión a sus
     destinatarios en cuanto a sus objetivos y contenido.
     Artículo 5.-Criterios de contratación.
     1. Los contratos de publicidad, difusión publicitaria y creación
     publicitaria en los que fueren parte las administraciones, los
     organismos y las empresas públicas comprendidos en el ámbito de
     aplicación de esta Ley, se ajustarán a los principios contenidos en
     la misma y a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
     contratación de las Administraciones públicas, con respeto a los
     principios de libre concurrencia e igualdad entre los licitadores.
     2. Las administraciones, organismos y empresas públicas incluidos en
     el ámbito de aplicación de esta Ley consignarán en sus presupuestos
     créditos específicos para gastos de publicidad institucional.
     3. Los contratos a los que se refiere este artículo no podrán excluir
     a ningún medio de comunicación, modulándose la cuota de participación
     en el contrato de los distintos medios utilizando criterios objetivos
     de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente. En caso
     de campañas dirigidas sólo a un segmento de la población, se tendrá
     en cuenta la adaptación de cada medio o soporte al público objetivo
     de esa acción publicitaria. Se tendrán en cuenta a estos efectos las
     cifras de tirada y venta, así como la audiencia, conforme a las
     comprobaciones realizadas por las organizaciones sin fines lucrativos
     a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 34/1988, de 11 de
     noviembre, General de Publicidad.
     4. Todos los contratos de asistencia, de consultoría, de servicios o
     de difusión o creación publicitarias que se celebren en el marco de
     la presente Ley harán constar en sus cláusulas que la asignación de
     las campañas publicitarias se realizará conforme a los criterios del
     presente artículo.
     5. Todos los contratos que infrinjan lo previsto en la presente Ley
     falseando, impidiendo o restringiendo la competencia tendrán la
     consideración de prácticas abusivas o restrictivas de la competencia
     conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, sin perjuicio de las
     responsabilidades penales que fueran exigibles en su caso.
     Artículo 6.-Lenguas de redacción.
     Para el uso del castellano o de alguna de las modalidades
     lingüísticas aragonesas, la publicidad institucional regulada en esta
     Ley se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente.
     Artículo 7.-Limitaciones y garantía en período electoral.
     1. Al objeto de no influir en la intención de voto de la ciudadanía,
     la publicidad comprendida en el ámbito de las administraciones,
     organismos y empresas públicas a que hace referencia el artículo 2 de
     la presente Ley no podrá realizarse en el período comprendido entre
     la convocatoria de las elecciones y el día de su celebración, a
     excepción de la estrictamente necesaria para el normal funcionamiento
     de los servicios administrativos que se establezcan en la normativa
     legal y para la salvaguarda del interés general.
     2. Lo dispuesto en el punto anterior no es aplicable a la campaña
     institucional que se encuentra regulada en el artículo 22.2 de la Ley
     2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, aunque sí hará mención expresa a dicha prohibición el Decreto
     de convocatoria a que se refiere el artículo 22.1 de la misma Ley.
     3. En las campañas institucionales para promover la participación en
     las elecciones, no se pueden utilizar eslóganes, simbología o
     elementos publicitarios claramente identificables con un partido
     político.
     4. En todos los contratos suscritos o adjudicados por las
     administraciones, organismos y empresas públicas comprendidas en el
     ámbito de la presente Ley se incluirán las cláusulas oportunas para
     que lo previsto en el apartado primero de este artículo sea efectivo
     y exigible.
     Disposición Final Unica.-Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.
     1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar cuantas
     disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo
     previsto en la presente Ley.
     2. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su
     publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 24 de marzo de 2003.
     El Presidente del Gobierno de Aragón.  MARCELINO IGLESIAS RICOU