Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20061227
Fecha de Publicacion: 30/12/2006
Número de boletín: 149
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona.

Texto
     LEY 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín
     oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO I
     En el Derecho aragonés histórico tuvo especial importancia la
     regulación de la capacidad de las personas en razón de la edad, como
     consecuencia de que en Aragón no tuvo entrada la patria potestad
     romana. De consuetudine Regni non habemus patriam potestatem es
     aforismo recogido en las Observancias que no solo expresa unas
     relaciones entre padres e hijos menores dirigidas al bienestar de los
     hijos, sino que, caso raro en Europa hasta la edad contemporánea, no
     conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las
     necesarias para su protección por su minoría de edad o las graves
     dificultades para gobernarse por sí mismos.
     Al no haber patria potestad, todos los aragoneses y aragonesas
     alcanzaban la plena capacidad de obrar al cumplir determinada edad,
     fijada en los Fueros más antiguos en los catorce años, y que se
     mantuvo así con el complemento de una protección a su inexperiencia
     hasta cumplir los veinte: edad que seguía contrastando con la de los
     veinticinco, que, procedente del Derecho romano, era la más habitual
     en la Península Ibérica y en Europa.
     También, por no reconocerse la patria potestad, pudo admitirse que la
     madre mantuviera unas relaciones jurídicas con sus hijos idénticas a
     las del padre; así como que la madre, en los mismos casos que el
     padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda.
     El sistema histórico, en definitiva, se adelantó en siglos a lo que
     hoy puede leerse en los Códigos de nuestro entorno. El legislador
     actual se encuentra con aquella realidad histórica y su plasmación en
     la Compilación de 1967, a la vez que declaraciones internacionales y
     españolas establecen parámetros muy exigentes en el tratamiento de
     los derechos de las personas menores de edad o incapaces de obrar. No
     hay contradicción entre nuestro Derecho histórico y las concepciones
     del siglo XXI, sino que el desarrollo del Derecho aragonés enlaza con
     toda naturalidad con las más altas exigencias e ideales de la
     regulación del Derecho de la persona.
     La presente Ley, por tanto, tiene como objeto el desarrollo de las
     normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las
     instituciones civiles para la protección de menores e incapaces hasta
     ahora contenidas en la Compilación, y, como criterio, los principios
     más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la
     personalidad, sin olvidar el Derecho histórico en lo mucho que tiene
     de actual y enriquecedor.
     Esta Ley es la tercera que de forma sistemática desarrolla el Derecho
     civil aragonés, en ejercicio de la competencia exclusiva que
     corresponde a Aragón de acuerdo con el artículo 149.1.8.ª de la
     Constitución española y el artículo 35 del Estatuto de Autonomía. Las
     dos anteriores fueron la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, y la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
     económico matrimonial y viudedad. De este modo, con la presente Ley,
     la mayor parte de las instituciones civiles aragonesas tienen una
     formulación legal reciente, adecuada a las circunstancias y valores
     del tiempo en el que vivimos.
     Como en las otras dos leyes autonómicas antes mencionadas, y a
     diferencia de la Compilación, las normas no se presentan como
     peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el
     sistema y sus principios generales, a la vez que atienden a
     concreciones y pormenores hasta ahora no reflejados en las leyes y
     que resultan muy convenientes para precisar el alcance práctico de
     los preceptos.
     La Ley se estructura en cuatro Títulos: el I se ocupa de la capacidad
     y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes
     y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la
     Junta de Parientes. Como puede verse, las rúbricas siguen casi
     exactamente las de los correspondientes Títulos del Libro I de la
     Compilación, lo que es buena muestra de la continuidad con el Derecho
     hasta ahora vigente. La técnica legislativa, sin embargo, como se ha
     dicho, es distinta, pues son visibles la intención sistemática, la
     enunciación de principios y la regulación más detallada.
     II
     El Título I («De la capacidad y estado de las personas») consta de
     tres Capítulos: I, «Capacidad de las personas por razón de la edad»;
     II, «Incapacidad e incapacitación», y III, «Ausencia».
     El más extenso es el primero, dividido a su vez en cuatro Secciones.
     En la Sección primera («Mayoría y minoría de edad») prevalecen los
     planteamientos sistemáticos y de principio. La mayoría de edad se
     adquiere al cumplir dieciocho años, tal como es en Aragón desde 1978
     (cuando se redujo la mayoría de edad para toda España), y armoniza
     muy bien con nuestra tradición histórica, en la que las limitaciones
     a la capacidad de obrar de los mayores de catorce años no llegaban
     sino hasta cumplir los veinte. También, de acuerdo con una regla del
     Derecho histórico respetada por la Compilación, son mayores de edad
     los que han contraído matrimonio. De este modo, quien se ha casado
     deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es
     capaz para todos los actos de la vida civil.
     La minoría de edad no es una situación de incapacidad, sino un estado
     de las personas en los primeros años de su vida, cuando su
     personalidad se está desarrollando y requieren una formación adecuada
     a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y
     esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la
     tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas
     dirigidas a los menores, están presididas siempre por el criterio del
     interés del menor. Criterio este hoy central y decisivo en estas
     materias en todos los países de nuestro entorno, pero que en Aragón
     pudo ser enunciado sencillamente hace muchos siglos (en particular,
     por Jerónimo Portolés en el siglo XVI), como consecuencia de que en
     Aragón no se ha conocido la patria potestad.
     Por la misma razón, los padres no eran considerados, en cuanto tales,
     representantes de sus hijos, y ahora la representación por el padre o
     la madre se extingue en edad temprana, a los catorce años, que fue
     durante siglos en Aragón el límite de la minoría de edad. De manera
     general expresa el artículo 2 que al cumplir los catorce años termina
     la representación legal, de manera que la capacidad de los menores se
     completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. Es
     decir, a partir de los catorce años, el menor aragonés actúa siempre
     por sí (sin representante), con la asistencia de las personas
     llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Esta regla,
     como en general todas las relativas a la mayoría y minoría de edad,
     se aplica en todas las ramas del ordenamiento, pues es el Derecho
     civil el que determina de manera central la capacidad de obrar de las
     personas y los medios de suplir o completar la falta de capacidad
     para determinados actos. De ahí también la
     trascendencia del principio enunciado en el artículo 4, según el cual
     las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán
     de forma restrictiva: la capacidad es la regla y sus limitaciones, la
     excepción.
     En algunos ámbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento
     de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga
     suficiente juicio. Como mínimo, el menor que tiene suficiente juicio
     (y, en todo caso, si es mayor de doce años) ha de ser oído antes de
     la adopción por otros (particulares o autoridades públicas) de
     medidas que le afecten en su persona o bienes (artículo 3). El
     criterio del juicio suficiente no es de aplicación tan simple y
     automática como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al
     mismo, por sí solo o con adición de otros, cuando, fuera del ámbito
     de los derechos y el tráfico patrimoniales, se trata de tomar
     decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la
     vida, la integridad física, el honor, la intimidad o la propia
     imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar no solamente el
     desarrollo psíquico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino
     también la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisión que
     ha de tomarse, de modo que cuando la decisión se le atribuye en
     exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir
     responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha
     cumplido catorce años, se presume su aptitud de entender y querer
     para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (artículo
     31).
     En particular, el menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo
     ejercer los derechos de la personalidad (artículo 4), ejercicio en el
     que, en ningún caso, es posible la representación. Esta regla general
     estará matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado
     aplicables en Aragón por encima de esta ley civil, en particular
     leyes orgánicas, desdichadamente poco coherentes entre sí en este
     punto y en las que las limitaciones habrán de interpretarse en
     sentido restrictivo, como se ha dicho. También hay que tener en
     cuenta que en esta ley se regulan diversos supuestos de intromisión
     de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al
     consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisión (artículos
     17 y 21, según el menor haya cumplido o no los catorce años).
     En esta Sección, las disposiciones sobre materia estrictamente
     patrimonial atienden únicamente a cuestiones de principio. Al menor
     titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute,
     según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés en razón de la
     ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno
     (artículo 5, que recoge en lo esencial el texto del artículo 11 de la
     Compilación). La administración de los bienes del menor no emancipado
     corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad
     familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta
     que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el
     menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria
     asistencia en cada caso. El artículo 6 hace referencia también a los
     supuestos en los que la administración y disposición de ciertos
     bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real,
     administrador judicial o persona designada por aquel de quien el
     menor hubo los bienes por donación o sucesión).
     En cualquier caso, el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar
     los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con
     los usos sociales (artículo 4).
     La Sección se cierra con una concisa norma sobre cómputo de la edad
     (artículo 8) y una disposición que legitima en términos muy
     amplios la intervención judicial, incluso a instancia del propio
     menor, dirigida a apartar al menor de un peligro o a evitarle
     perjuicios, en los casos tipificados en el propio precepto o en
     cualesquiera otros (artículo 7).
     III
     La edad de los catorce años, que en los Fueros señalaba la mayoría de
     edad (F. De contractibus minorum, 1247), determina en el Derecho
     hasta ahora vigente un cambio sustancial dentro de la minoría de edad
     de los sujetos. En esta línea sigue la presente ley, que, por ello,
     regula por separado la situación de la persona menor de edad según
     haya cumplido o no los catorce años.
     La Sección 2.ª del Capítulo I del Título I se ocupa de «la persona
     menor de catorce años». Esta opera de ordinario en la vida jurídica
     mediante los actos de sus representantes legales, excepto en los
     actos relativos a los derechos de la personalidad y los demás
     enunciados en el artículo 4.º, que realiza por sí sola si tiene para
     ello suficiente juicio. Corresponde su representación legal a las
     personas que ejercen la autoridad familiar o, en su defecto, al
     tutor, pero también y preferentemente, para la administración y
     disposición de determinados bienes, a los administradores de los
     mismos, de conformidad con el artículo 6.
     Se regulan con detalle las situaciones en las que entre representante
     o representantes del menor y este mismo existe oposición de
     intereses, siguiendo en lo esencial los criterios hoy aplicables y
     buscando también armonizar la regulación con la necesidad de
     autorizaciones en muchos casos. En particular, se admite que el padre
     o madre único titular de la autoridad familiar, así como el tutor
     único, puedan actuar en representación del menor de catorce no
     obstante estar en conflicto de intereses con él, considerando
     suficiente cautela la autorización por la Junta de Parientes o por el
     Juez, de manera que, prestada esta autorización, no se precisa otra
     (la que procedería en razón de lo dispuesto en los artículos 11, 12 y
     13). Con esto se evita la necesidad de intervención judicial cuando
     la autorización, en este caso, la preste la Junta de Parientes. No se
     admite la misma solución simplificadora cuando la oposición de
     intereses exista con ambos padres, entre otras razones porque, en tal
     caso, los miembros de la Junta son necesariamente parientes de ambos
     representantes, lo que hace prudente la autorización judicial para
     los actos en los que esta se exige.
     Cuáles sean los actos de los representantes legales que requieren
     autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez viene
     especificado en los artículos 11 (atribuciones gratuitas), 12 (actos
     de disposición) y 13 (adicionalmente, para actos del tutor). Los
     criterios no se apartan mucho del Derecho hasta ahora aplicable, si
     bien se aclaran y precisan muchos de los supuestos.
     La división de un patrimonio o cosa común no requiere autorización
     previa, pero sí aprobación posterior por la Junta de Parientes o por
     el Juez en ciertos casos. Es de señalar el supuesto en el que
     interviene en representación del menor su único padre o madre titular
     de la autoridad familiar en situación de oposición de intereses, caso
     en el que es necesaria aprobación posterior o autorización previa,
     que pueden ser prestadas por la Junta de Parientes. El supuesto es
     frecuente en la práctica a la hora de dividir la herencia resultante
     del fallecimiento de uno de los padres viviendo el otro.
     Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los
     menores de catorce años (artículo 19), o de los otorgados en su
     nombre por sus representantes sin la necesaria autorización o
     aprobación (artículo 16). En todos los casos se evita la nulidad
     absoluta cuando la invalidez persigue proteger el interés particular
     de persona determinada, siguiendo la tónica de las leyes civiles
     aragonesas. Solo será nulo de pleno derecho el acto realizado por un
     menor que vulnere leyes que exijan una capacidad específica o le
     señalen prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto
     distinto. En los demás, será la anulabilidad el régimen de invalidez,
     de manera que el propio menor estará siempre legitimado para anular
     el acto desde que cumpla catorce años, con la debida asistencia en
     principio, y sin ella cuando por la mayoría de edad o la emancipación
     hubiera podido realizar el acto sin asistencia; la acción prescribirá
     a los cuatro años contados desde este momento. Además, estará
     legitimado el representante legal (solo el que no haya intervenido en
     el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorización o
     aprobación) hasta que el menor cumpla los catorce años. Quienes
     pueden anular pueden también, alternativamente, confirmar. Por otra
     parte, cabe que los actos del menor sean válidos originariamente si,
     no siendo de los que necesitarían intervención de la Junta de
     Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, este ha
     autorizado el acto del menor.
     A todo lo largo de la ley se atiende a la libertad y los intereses
     morales y existenciales de los sujetos tanto o más que a sus
     intereses patrimoniales. Buena expresión de esta actitud del
     legislador es el artículo 4, ya aludido, así como los artículos 17,
     21 y 32, que versan sobre «intromisión en los derechos de la
     personalidad» de los menores de catorce años, de los menores que han
     cumplido esta edad y de los mayores no incapacitados que no están en
     condiciones de decidir por sí mismos. En todos estos casos se da por
     supuesta la aplicación de las leyes generales del Estado (leyes
     orgánicas la mayor parte de ellas), desgraciadamente no exentas de
     oscuridades y contradicciones, para atender exclusivamente a la
     cuestión puramente de Derecho civil de la validez del consentimiento
     prestado por las personas menores de edad o que carecen, de modo
     duradero o circunstancial, de juicio suficiente. Por ello, los tres
     artículos (17, 21 y 32) comienzan circunscribiendo su ámbito de
     aplicación a los supuestos en los que, «con arreglo a las leyes [que
     son, en primer lugar, las aludidas leyes estatales], la voluntad del
     sujeto decida sobre la intromisión en los derechos de la
     personalidad». Supuestos caracterizados son, por ejemplo, la
     intromisión en los derechos al honor, la intimidad o la propia
     imagen, o bien en la integridad física, que presenta a su vez
     variedades muy distintas, como la cirugía, el trasplante de órganos,
     las transfusiones de sangre, la cirugía estética o la práctica de
     tatuajes o de perforaciones corporales.
     Tratándose de menores de catorce años (artículo 17), si la persona
     tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier
     intromisión de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo
     que contra su voluntad la injerencia solo será posible con
     autorización judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino
     que, para su protección, requiere autorización conjunta de quienes
     ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorización que podrá
     suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la
     intromisión sólo será posible cuando lo exija el interés del menor,
     apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o
     el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
     Para los menores que han cumplido catorce años (artículo 21), la
     regla es que la intromisión de terceros en sus derechos de la
     personalidad depende exclusivamente de su voluntad, si bien, cuando
     su decisión suponga un grave riesgo para su vida o su
     integridad física o psíquica, necesitará adicionalmente la
     autorización de uno cualquiera de sus padres que estén en el
     ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. 
     Contra la voluntad del mayor de catorce años solo será posible la
     intromisión con autorización judicial en interés del menor. Si no
     está en condiciones de decidir sobre la intromisión (contra la
     presunción del artículo 31) esta solo será posible cuando lo exija el
     interés del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y,
     subsidiariamente, por el Juez.
     IV
     La regulación de la capacidad del menor mayor de catorce años,
     característica secular del Derecho aragonés, sigue las pautas de la
     Compilación. De hecho, el artículo 20 recoge literalmente la mayor
     parte del artículo 5.1 de la Compilación, cuya referencia final a la
     anulabilidad se desarrolla en el artículo 26, al tiempo que el
     apartado 2 da lugar al artículo 25.
     La idea central es que el menor que ha cumplido catorce años realiza
     por sí toda clase de actos y contratos. No tiene representante legal
     (aunque cabe que los administradores de sus bienes realicen en este
     ámbito actos en representación suya: artículo 23). Ahora bien, en la
     generalidad de los casos, la plena validez de sus actos requiere la
     asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del
     tutor.
     La doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jurídica
     de esta asistencia, que, cuando la introdujo con este nombre el
     Apéndice de 1925, no tenía parangón en otras leyes civiles españolas.
     El artículo 24 proporciona unas pautas prácticas que permitirán
     actuar con la deseable seguridad. No se ha configurado exactamente
     como una declaración de voluntad de quien autoriza, sino como
     expresión de su criterio afirmativo sobre la conformidad del acto con
     los intereses del menor, para lo cual es necesario que conozca
     suficientemente el contenido y circunstancias de tal acto. Por ello
     no puede prestarse una asistencia meramente genérica. No puede
     prestarse la asistencia con posterioridad a la realización del acto,
     pues con ello se frustraría el componente de consejo y asesoramiento
     que la asistencia conlleva, si bien la confirmación del acto anulable
     evitará la anulación. En la asistencia simultánea al acto se llega a
     admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposición
     signifique prestación de la asistencia.
     El menor mayor de catorce años puede actuar por sí solo, sin
     necesidad de asistencia, en todos los casos en los que también podría
     actuar de este modo el menor de catorce años con suficiente juicio y
     además, respecto de la administración de bienes, en los casos
     señalados en el artículo 23. Su voluntad es decisiva para consentir
     intromisiones en los derechos de la personalidad, con las
     matizaciones que establece el artículo 21, ya mencionado en el
     apartado anterior.
     El supuesto de oposición de intereses entre el menor y quienes hayan
     de prestarle la asistencia se regula en el artículo 25 partiendo de
     los criterios del artículo 5.2 de la Compilación, con pequeñas
     aclaraciones y la adición del caso en que la contraposición de
     intereses se dé entre varios menores o incapacitados que habrían de
     ser asistidos por la misma persona.
     El artículo 26 cierra esta Sección con reglas sobre la anulabilidad
     de los actos realizados sin la debida asistencia.  Partiendo de lo
     dispuesto en el artículo 5.1 de la Compilación, y para sustituir a la
     confusa regulación estatal aplicable hasta ahora, se concreta la
     legitimación para anular o confirmar y se precisa el momento inicial
     del plazo de prescripción de cuatro
     años.
     La emancipación es instituto procedente del Derecho romano y
     vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la misma, por lo
     que algunas críticas pusieron de manifiesto su inadecuación teórica
     en el Derecho aragonés. Sin embargo, nunca ha dejado de utilizarse en
     la práctica, en la que puede seguir prestado buenos servicios. En
     consecuencia, se han recogido sus rasgos esenciales adaptándolos al
     sistema de la ley. En particular, se aclara que es posible conceder
     la emancipación al menor desde que cumple catorce años. Por otra
     parte, los efectos de la emancipación, determinados en la ley
     directamente o por remisión al artículo 12, se producen también para
     el emancipado por vida independiente, ampliándose de este modo las
     previsiones del artículo 5.3 de la Compilación.
     Obviamente, no cabe en Aragón ni ha existido nunca la emancipación
     por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la
     situación de mayor de edad.
     V
     En las leyes civiles aragonesas hay numerosas referencias a las
     personas incapaces y a las incapacitadas, así como, en el Derecho
     histórico, una regulación de la tutela y la curatela que las incluía.
     La presente ley, en el Capítulo II del Título I, dedicado a la
     incapacidad e incapacitación, se propone superar las dificultades
     conocidas de armonización de las leyes estatales sobre la materia con
     las normas y principios del Derecho aragonés sobre capacidad de las
     personas, autoridad familiar y tutela. En lo demás seguirá
     aplicándose como supletorio el Derecho general del Estado.
     Es de notar la presunción de capacidad sentada en el artículo 31,
     referida a toda persona mayor de catorce años no incapacitada
     judicialmente, de manera coherente con la ausencia de representación
     legal a partir de esta edad y la posibilidad de realizar por sí (con
     la necesaria asistencia según los casos) toda clase de actos y
     contratos.
     Para las personas mayores no incapacitadas que no estén en
     condiciones de decidir por sí mismas se prevé un cauce relativamente
     flexible para permitir intromisiones en los derechos de la
     personalidad; para permitir el internamiento o la permanencia en el
     mismo contra su voluntad se requiere siempre autorización judicial
     (artículos 32 y 33).
     El artículo 34 viene a llenar un vacío legal al precisar el tipo de
     invalidez de los actos realizados por personas no incapacitadas en
     situación (duradera o transitoria), en la que carecían de aptitud
     para entenderlo y quererlo. Puesto que se trata de proteger intereses
     particulares, se opta por la anulabilidad, precisando los aspectos de
     legitimación y prescripción, salvo que el acto, además, vulnere otras
     leyes.
     Las causas de incapacitación previstas en el artículo 35 no se
     apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se
     refiere a la prodigalidad. El Derecho histórico la excluía como causa
     autónoma («por costumbre del Reino no se da curador al que dilapida o
     disipa sus bienes, a no ser que además sea mentecato y privado de
     razón»: Observancia. 7.ª De tutoribus) y esto mismo expresa el
     apartado 3 del artículo 35. Es decir, cabe incapacitar (para
     protegerlo, como en los demás supuestos de incapacitación) al que
     dilapida sus bienes cuando por enfermedad o deficiencia psíquica no
     pueda gobernarse por sí mismo, pero no, sin este presupuesto, limitar
     su capacidad de obrar en el ámbito patrimonial como medida protectora
     de intereses ajenos, tal como,
     en su ámbito de aplicación, establece el Código civil.
     La Ley estatal 41/2003, de protección patrimonial de las personas con
     discapacidad, se aplica en Aragón en lo necesario -pues buena parte
     de su contenido de Derecho civil era ya posible en Aragón en virtud
     del principio standum est chartae- y así prevé el artículo 37 que
     siga siendo en adelante, con pequeñas adaptaciones.
     La prórroga y la rehabilitación de la autoridad familiar estaban
     admitidas en Aragón, adaptando en lo necesario las prescripciones del
     Código sobre la patria potestad, como muestra la referencia textual
     en los artículos. 31 y 51 de la Ley de sucesiones de 1999. Ahora, los
     artículos 38 a 42 de esta ley completan y aclaran tanto los supuestos
     en que los procede como el régimen de la potestad de guarda
     prorrogada o rehabilitada, así como las causas de su extinción.
     VI
     La ausencia es el objeto del Capítulo III del Título I. En el Derecho
     histórico, dos fueros y una observancia atendieron a algunas
     consecuencias esenciales de la situación de ausencia, en particular
     para determinar la administración de los bienes del ausente, en la
     que se da entrada a su mujer. Tanto el Apéndice de 1925 como la
     Compilación de 1967 se ocuparon de estos temas, que relacionaron
     también con el derecho de viudedad y la administración de los bienes
     comunes del matrimonio.
     La presente Ley tiene en cuenta las situaciones de desaparición y de
     ausencia declarada, para señalar, en el primer caso, sobre quién
     habrá de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y
     coordinar las consecuencias de la desaparición de una persona casada
     con las disposiciones de la Ley de régimen económico matrimonial y
     viudedad sobre gestión de bienes consorciales.
     El artículo 45 determina quiénes están legitimados para promover la
     declaración de ausencia legal y el 46, por remisión al 43, las
     personas a las que el Juez nombrará representantes del ausente.  Las
     obligaciones del representante se enumeran en el artículo 47, y sus
     facultades y derechos en el 48. El artículo 50.1 resuelve, por
     remisión a la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, sobre
     la gestión del patrimonio consorcial.
     Particular importancia práctica tiene la proyección de la declaración
     de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y
     otro cónyuge. El artículo 51 se ocupa de esta cuestión, siguiendo la
     pauta establecida en la Ley de régimen económico matrimonial y
     viudedad.
     Por último, el artículo 52 aborda el complejo problema planteado por
     el llamamiento hereditario a favor de persona declarada ausente para,
     sin apartarse en lo sustancial del derecho hasta ahora vigente,
     armonizarlo con los criterios de la Ley de sucesiones, en particular
     en atención al juego de la sustitución legal.
     VII
     Las relaciones entre ascendientes y descendientes tienen en el Título
     II de esta ley un desarrollo acorde con la tradición propia del
     Derecho aragonés, esencialmente en la forma en la que se plasmó en la
     Compilación, pero desembarazada ahora de los condicionamientos
     externos procedentes de un sistema, el del Código, tributario de una
     tradición radicalmente distinta. El núcleo central de esta
     regulación, que da sentido a toda ella, es
     el deber de crianza y educación de los hijos, obviamente presidido
     por el principio de primacía del interés de estos. La autoridad
     familiar -que no es, conceptualmente, el equivalente de la
     institución de la patria potestad- es una función atribuida a los
     padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su
     deber de crianza y educación. Habitualmente lleva consigo la gestión
     de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno,
     sino como función aneja a la autoridad familiar (artículo 6) que no
     esencial a la misma, puesto que también puede corresponder a otras
     personas, incluido un tutor real, al tiempo que los padres ejercen la
     autoridad familiar.  Esta distinción y relativa disociación entre
     autoridad familiar y gestión de los bienes facilita también la
     atribución del ejercicio de la autoridad familiar a personas
     distintas de los padres (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos
     mayores), sin darles acceso por ello a la gestión de los bienes.
     Estas ideas básicas explican la estructura externa del Título II. 
     Tras un primer Capítulo sobre efectos de la filiación (puesto que se
     dan incluso cuando los padres están excluidos de la autoridad
     familiar), el Capítulo II se ocupa del deber de crianza y educación
     de los hijos, del ejercicio de la autoridad familiar por los padres y
     de la autoridad familiar de otras personas, y el III, de la gestión
     de los bienes de los hijos.
     El Capítulo primero es acorde con las concepciones sociales sobre las
     relaciones entre padres e hijos y recoge preceptos ya vigentes, con
     algunas concreciones y adiciones. Puede señalarse la aclaración de
     que es suficiente la edad de catorce años para solicitar la
     alteración en el orden de los apellidos paterno y materno (artículo
     54) o la expresión de un deber de asistencia recíproca que comprende
     el de contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la
     satisfacción de las necesidades familiares (artículo 55); deber que
     se concreta luego en la colaboración personal del hijo en las tareas
     del hogar y los negocios familiares mientras conviva con la familia
     (artículo 63), la posibilidad de que los padres que ejerzan la
     autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a
     necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación
     (artículo 64) y las reglas de convivencia entre padres e hijos
     mayores de edad (artículo 67, que atiende a una realidad social hoy
     muy relevante), todo ello con normas flexibles que invocan criterios
     equitativos.
     Es también de señalar el enunciado de derechos y deberes de los
     padres que no tienen la autoridad familiar ni conviven con los hijos
     (artículo 56), el énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con
     ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, cuyo
     único límite es el del propio interés del menor (artículo 57) y, por
     último, la obligación del padre de contribuir a los gastos de
     embarazo y parto de la madre del hijo común, en los términos del
     artículo 59.
     El artículo 60, que encabeza el Capítulo II, reproduce casi
     literalmente la atinada fórmula del artículo 9 de la Compilación: «El
     deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así
     como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a
     ambos padres». Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad
     familiar, desarrolla los criterios del citado artículo de la
     Compilación en una Sección (artículos 68 a 71) con disposiciones más
     pormenorizadas. En otra Sección (artículos 77 a 80) se sistematizan
     los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad
     familiar.
     En relación con la titularidad, caracteres y contenido de la
     autoridad familiar (artículos 60 a 62), apenas puede hablarse de
     novedades. Por ejemplo, que corresponde a los padres decidir
     sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años
     (artículo 62.1.c) deriva de normas constitucionales bien conocidas
     así como de la regla de ejercicio de los derechos de la personalidad
     por el menor con suficiente juicio.
     Ya se ha aludido a los deberes de los hijos de contribuir, según las
     circunstancias, a la satisfacción de las necesidades familiares. En
     cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y
     educación de los hijos, se aclara que se mantiene cuando alcanza el
     hijo la mayoría de edad, aunque valorado de distinto modo que en
     situación de minoría de edad y con término de extinción, salvo que
     judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al
     cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá,
     naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad (artículo
     66).
     El desconocimiento de la patria potestad en Aragón permitió reconocer
     relaciones jurídicas familiares flexibles entre nietos y abuelos, así
     como entre los hijos de una persona y el cónyuge de esta. La Ley
     3/1985 amplió los supuestos de «autoridad familiar de otras personas»
     a los hermanos mayores del menor. La presente Ley recoge en sus
     artículos 72 a 76 la experiencia de la Compilación y su modificación
     en 1985 para aclarar algunos extremos y facilitar la asunción
     automática de la autoridad familiar por el hecho de hacerse cargo
     voluntariamente las personas señaladas de la crianza y educación de
     los menores.  Además, precisa que el ámbito de esta autoridad
     familiar de otras personas distintas de los padres es idéntico al que
     a estos corresponde en el terreno personal, pero que no se extiende a
     la gestión de los bienes del menor (artículo 75.3). Para la gestión
     de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento
     de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad
     familiar, pero sujeto a las garantías y cautelas propias de las
     instituciones tutelares (artículo 116.1.a).
     De este modo queda claro que la gestión de los bienes de los hijos es
     función aneja a la autoridad familiar solo cuando esta se ejerce por
     los padres (artículo 6), y entonces se rige por las normas contenidas
     en los artículos 81 a 86, que desarrollan los preceptos de la
     Compilación a los que vienen a sustituir.
     VIII
     El Derecho histórico aragonés contenía un sistema propio de
     instituciones tutelares, completado, como en otros países, con los
     principios del Derecho común europeo.
     Es de señalar que la tutela de los menores podía coexistir con la
     autoridad de los padres, aun viviendo ambos, pues, como ya se ha
     dicho, la autoridad de estos operaba en el terreno de las relaciones
     personales.
     La tutela era únicamente dativa y testamentaria, pues la Observancia.
     9.ª De tutoribus establecía que nadie fuera admitido como tutor si no
     estaba designado por el Juez o el testador.  Tenía carácter troncal,
     de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de
     donde procedían los bienes que habían de ser administrados (F. 4.º,
     De tutoribus, Monzón, 1533); consiguientemente, cabía una pluralidad
     de tutores, y así se hace patente en la Observancia. 1.ª De
     tutoribus: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos
     menores, por razón de los bienes que tienen por parte del padre o
     madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se darán dos
     tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por
     parte de madre en los maternos.
     Contenía, además, el Derecho aragonés precisiones de varia índole
     sobre obligación de inventario y de jurar comportarse bien y
     legalmente el tutor, posibilidad de remoción, etc. También había
     referencia expresa a la tutela de los dementes y furiosos, y la
     observación de que no procede incapacitación por prodigalidad, según
     se ha dicho.
     El sistema tutelar propio del Derecho aragonés fue erosionado por las
     Leyes de enjuiciamiento civil (1855 y 1881) y, luego, por el Código
     civil, situación en la que llegó al Apéndice de 1925. Sin embargo,
     tanto los proyectos de Apéndice (1899 y 1904) como el Anteproyecto
     del Seminario de la Comisión compiladora que preparó la Compilación
     de 1967 replantearon toda la materia inspirándose de una parte en el
     Derecho histórico y atentos, de otra, a las necesidades sentidas en
     cada momento por la sociedad. Esta línea sigue la presente Ley, que
     viene a sustituir a una regulación fragmentaria que ofrecía muchas
     dudas de interpretación y, sobre todo, de integración con las normas
     supletorias del Código civil, que responden a principios parcialmente
     distintos y, por ello, inadecuados.
     El Título III de la ley se ocupa de las relaciones tutelares en toda
     su amplitud, referidas tanto a menores como a incapacitados.  Regula
     la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones
     tutelares, así como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin
     tutela como instituciones complementarias de las anteriores. También
     posibilita el nombramiento de administrador de bienes (coexistente
     con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a
     título gratuito a favor del menor o incapacitado.
     En general, el sistema no se aparta en los rasgos esenciales del
     hasta ahora conocido, de modo que puede considerarse de «tutela de
     autoridad», puesto que todas las funciones tutelares están bajo la
     salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercerán bajo la
     vigilancia del Ministerio Fiscal, pero se potencia la autonomía de
     los particulares tanto en la delación como en la determinación de las
     reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acentúan los
     rasgos familiares.
     En los tres primeros Capítulos de este Título se abordan cuestiones
     que atañen a todas las instituciones tutelares.
     Prevalece la delación voluntaria, puesto que la dativa o judicial es
     subsidiaria y complementaria de aquella (artículo 89.2) y únicamente
     procede en su defecto, total o parcial (artículo 101), mientras que
     la legal está prevista tan solo en caso de desamparo de menores o
     incapacitados (artículos 89.1. c, y 104 a 108).
     Se admite la llamada «autotutela», es decir, que cualquier persona
     mayor de edad y capaz, en previsión de ser incapacitada
     judicialmente, podrá en escritura pública designar a las personas que
     han de ejercer las funciones tutelares, así como adoptar cualquier
     otra disposición relativa a su persona y bienes para cuando esté
     incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su
     incapacidad sobrevenida o su incapacitación (artículo 95). Conviene
     recordar que, de acuerdo con el artículo 757 de la Ley de
     enjuiciamiento civil, también podrá promover, en su momento, su
     propia incapacitación.
     Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas
     que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra
     disposición sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados
     que están bajo su autoridad, mediante testamento o escritura pública
     (artículo 96). Se prevén reglas para cuando haya pluralidad de
     designados o disposiciones incompatibles, así como la vinculación del
     Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias.
     Solo en
     ausencia de estas procede la designación judicial de las personas del
     elenco ordenado del artículo 102.
     El Capítulo III de este Título señala con cuidado la capacidad de las
     personas tanto físicas como jurídicas para ser titulares de cargos
     tutelares, las causas de inhabilidad, las causas y efectos de la
     excusa y de la remoción, así como el procedimiento para esta última.
     IX
     El Capítulo IV, dedicado específicamente a la tutela, comienza
     señalando las personas sujetas a tutela ordinaria o a la tutela
     automática de la entidad pública, así como las personas obligadas a
     promover la constitución de la tutela.
     En el sistema aragonés pueden concurrir varias personas
     simultáneamente en el ejercicio de la tutela (artículo 120).  Además
     de la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los
     bienes, cabe que en la delación voluntaria se haya designado a dos
     tutores -nunca más de dos- para actuar simultáneamente. También serán
     dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o
     maternos, así como, por decisión del Juez, cuando tutor sea una
     persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela
     su cónyuge. El artículo 128 da reglas para el ejercicio de la tutela
     plural.
     La administración de los bienes corresponde al tutor, en la medida en
     la que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no
     haya designado administrador para determinados bienes la persona de
     quien proceden estos por título lucrativo (artículo 121). Se prevén
     las clásicas obligaciones de fianza e inventario, así como la de
     rendir cuenta general justificada de su gestión, ante la autoridad
     judicial, al cesar en sus funciones.
     En el contenido personal de la tutela se acentúan los rasgos
     familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del
     tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo
     contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de
     tener al pupilo en su compañía. La edad del menor es decisiva para
     determinar la extensión y modo de ejercicio de los deberes del tutor
     (por ejemplo, a efectos de la representación o la prestación de
     asistencia según sea o no mayor de catorce años) (artículo 122.1).
     Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la
     sentencia de incapacitación, pero, en lo que ella no prevea, se
     considerará que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad
     familiar sobre los hijos menores de catorce años: esta última
     precisión es necesaria, entre otras cosas, a efectos de la
     representación legal del pupilo por el tutor (artículo 122.2).
     El reforzamiento de los aspectos familiares de la tutela se
     manifiesta también en la eventual obligación de alimentos que, en
     última instancia, recae sobre el tutor, una vez agotadas todas las
     demás vías para proporcionárselos al pupilo (artículo 123).
     A la curatela, objeto del Capítulo V, pueden estar sujetos los
     emancipados, así como los incapacitados en el caso de que así lo
     determine la sentencia de incapacitación. No hay una curatela para
     los pródigos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su
     capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados
     (huérfanos, en el supuesto más frecuente), solo se constituirá la
     curatela a instancia de estos, pues su cometido es únicamente la
     intervención o asistencia del curador en los actos que los
     emancipados no pueden realizar por sí solos (artículo
     135). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la
     sentencia de incapacitación, de manera que tanto puede limitarse al
     ámbito personal como incluir poderes de representación, si bien el
     parámetro supletorio es la situación de un menor mayor de catorce
     años, criterio aplicable también a la prestación de la asistencia.
     En cuanto al defensor judicial (Capítulo. VI), su regulación apenas
     se aparta de la vigente, sin más que las adaptaciones necesarias al
     sistema aragonés de Derecho de la persona.
     La guarda de hecho (Capítulo. VII) es definida por las notas de
     iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse de la
     guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la
     posibilidad de que el guardador sea persona física o jurídica y el
     guardado necesariamente menor o incapacitado que se encuentren en
     situación de desamparo, o persona que podría ser incapacitada. El
     guardador está obligado a poner el hecho de la guarda en conocimiento
     del Juez o del Ministerio Fiscal, y la autoridad judicial cuenta con
     las necesarias facultades para requerir información y establecer las
     medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
     La institución de la Junta de Parientes, de actuación tan frecuente y
     útil en el Derecho aragonés, ha permitido, en relación con la guarda
     de hecho, reconocer la validez de ciertos actos del guardador cuando,
     en el ámbito de la administración de los bienes, son necesarios. Si
     la Junta de Parientes declara que es necesario el acto de
     administración realizado en representación del guardado, este será
     válido. Los actos no necesarios serán anulables, salvo que hayan
     redundado en utilidad de la persona protegida.
     El Capítulo VIII (artículos 146 a 155) está dedicado a la guarda
     administrativa y al acogimiento, especialmente al familiar. Los
     preceptos son coherentes con los principios y las disposiciones
     concretas de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la
     adolescencia en Aragón, y procuran el adecuado engarce entre las
     normas civiles y las administrativas. Por razones sistemáticas, hay
     algunas reiteraciones de preceptos de la citada Ley y, en particular,
     se desarrollan y concretan algunos aspectos civiles a los que aquella
     hace referencia en sus remisiones a la Compilación del Derecho civil
     de Aragón o a la «legislación civil» que resulte aplicable de acuerdo
     con la vecindad civil de los sujetos.
     X
     La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma sistemática
     en la Compilación de 1967, ha tenido desde entonces una excelente
     aceptación social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de
     los supuestos en los que los particulares pueden suscitar su
     intervención, evitando otras alternativas, en particular la judicial.
     En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas desde entonces, el
     legislador ha ido añadiendo nuevos casos susceptibles de encauzarse a
     través de la Junta de Parientes. Así ocurrió en la Ley de sucesiones
     de 1999 y en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de
     2003. Pero es en el ámbito del Derecho de la persona en el que con
     más frecuencia el legislador ha de referirse a esta institución. En
     la presente Ley, son más de una veintena los artículos que la
     mencionan, sin contar el Título IV y último de la misma, dedicado a
     las reglas generales de composición y funcionamiento de este órgano
     familiar, cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros
     legisladores españoles a incorporarlo a sus leyes.
     Posiblemente, al menos desde el punto de vista de su frecuencia
     en la práctica, las funciones principales de la Junta de Parientes
     son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce
     años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a
     los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que
     las leyes prevén. Pero no hay que olvidar que puede también dirimir
     divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad
     familiar (artículo 71), así como divergencias sobre la titularidad de
     la autoridad familiar de personas distintas de los padres (artículo
     76), si prefieren acudir a ella en lugar de al Juez (del mismo modo
     que las divergencias entre cónyuges sobre la determinación del
     domicilio familiar, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de régimen
     económico matrimonial y viudedad, que utiliza una fórmula similar).
     Además, tiene una participación interesante en la organización y
     funcionamiento de la tutela (artículos 92, 94, 99, 100, 126, 127 y
     129) y en la guarda de hecho (artículo 145).
     Por otra parte, la Ley de sucesiones dejó sin contenido el artículo
     22 de la Compilación (derogado por la Ley de régimen económico
     matrimonial y viudedad), que se refería a la «Junta de Parientes en
     funciones de fiducia sucesoria». Hoy la fiducia colectiva no es
     considerada propiamente como un supuesto de Junta de Parientes, pero
     sí ha parecido oportuno señalar que las normas del Título IV de esta
     ley se aplican supletoriamente, en defecto o para completar la
     normativa específica contenida en la Ley de sucesiones, a su vez
     subsidiaria de las instrucciones del comitente.
     El Título IV regula la composición y funcionamiento de la Junta de
     Parientes partiendo de los artículos 20 y 21 de la Compilación, cuyo
     texto incorpora en buena parte, pero sin olvidar que, en la
     experiencia de los últimos decenios, es muchísimo más frecuente la
     constitución y funcionamiento de la Junta bajo fe notarial (cuando,
     hallándose juntos sus miembros, deciden por unanimidad bajo fe
     notarial para asunto o asuntos determinados) que la constitución
     judicial. Esta constatación lleva a establecer (artículos 158 y 159)
     unas reglas de composición que puedan aplicarse automáticamente
     cuando los parientes llamados quieran actuar bajo fe notarial, sin
     privar por otra parte al Juez de la facultad de apartarse
     motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la
     constitución judicial (o en los presumiblemente escasos supuestos en
     los que en documento público alguien haya configurado la Junta de
     Parientes como órgano permanente; por ejemplo, como órgano de control
     de una tutela) (artículo 161).
     El procedimiento para la toma de decisiones por parte de la Junta
     sigue siendo libre en todo caso (artículos 161.3 y 163). Es
     fundamental la regla de unanimidad (artículos 160 y 161.3),
     completada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a
     la reunión, deliberación conjunta y decisión conforme al leal saber y
     entender de los vocales (artículos 162 y 163).
     Se aclara que la decisión de la Junta, ya sea positiva o negativa,
     impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión (en
     particular, al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria)
     (artículo 164.2) y se precisan los casos en los que el transcurso de
     un mes sin haber obtenido acuerdo permite acudir a otra vía (artículo
     167). Además, se incluyen algunas normas, que la doctrina echaba en
     falta, sobre validez y eficacia de las decisiones de la Junta (que se
     presume mientras no se declare judicialmente la invalidez) (artículo
     164), así como sobre causas de invalidez y cauce procesal para instar
     la correspondiente declaración (artículo 166).
     XI
     Las disposiciones transitorias establecen una regla general de
     aplicación inmediata de los preceptos de la nueva ley a partir del
     momento de su entrada en vigor, así como la sujeción a la nueva ley
     del ejercicio de las acciones, derechos y deberes nacidos con
     anterioridad. En particular, son aplicables desde la entrada en vigor
     de la Ley las normas sobre nulidad y anulabilidad de los actos de los
     menores (mayores o no de catorce años), de los incapaces, de los
     sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de la
     Junta de Parientes.
     Tres normas específicas de Derecho intertemporal se ocupan de la
     prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegración de
     su capacidad por las personas declaradas pródigas con anterioridad a
     la ley; de los gastos de maternidad, señalando que el artículo 59
     solo se aplicará respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad
     a la ley, y de la autoridad familiar de otras personas, acomodándola
     en todo caso a lo dispuesto en el artículo 75.3.
     Las disposiciones finales tienen por objeto pequeñas modificaciones
     en otros textos legales de Derecho civil como consecuencia de las
     disposiciones de la presente Ley. La primera se refiere a tres
     artículos de la Ley de sucesiones por causa de muerte, con incidencia
     muy pequeña en su contenido, bien para suprimir remisiones ahora
     indebidas a disposiciones de la Compilación, bien para remitir a los
     preceptos de la presente Ley. La segunda modifica tres artículos de
     la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad: armoniza la
     regulación de la asistencia al mayor de catorce años, suprime las
     referencias a la prodigalidad y a la quiebra, y adapta el precepto
     aragonés a lo dispuesto en la Ley concursal.
     La disposición derogatoria única priva de vigencia al Libro Primero
     («Derecho de la persona y de la familia») de la Compilación del
     Derecho civil de Aragón en su totalidad. La mayor parte de sus
     artículos habían sido ya derogados, de modo que ahora desaparece el
     Libro mismo con los artículos que aún estaban en vigor. En
     consecuencia, la Compilación queda reducida a su fundamental Título
     Preliminar, sobre «Las normas en el Derecho civil de Aragón», y dos
     breves Libros, el Tercero y el Cuarto, con algunos preceptos sobre
     Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente. La
     mayor parte y más importante de las normas legales del Derecho civil
     de Aragón se contienen ahora en la Ley de sucesiones (1999), en la de
     régimen económico matrimonial y viudedad (2003) y en la que ahora se
     promulga.
     TITULO PRIMERO
     De la capacidad y estado de las personas
     CAPITULO PRIMERO
     Capacidad de las personas por razón de la edad
     Sección primera
     Mayoría y minoría de edad
     Artículo 1.-Mayoría de edad.
     1. Es mayor de edad:
     a) El que ha cumplido los dieciocho años.
     b) El que ha contraído matrimonio.
     2. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil,
     salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley.
     3. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría
     de edad adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe.
     Artículo 2.-Minoría de edad.
     1. El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación
     conforme a su personalidad.
     2. El menor de edad está sujeto a autoridad familiar y,
     subsidiariamente, a tutela o curatela.
     3. La representación legal del menor termina al cumplir los catorce
     años; desde entonces, su capacidad se completa con la asistencia.
     4. Los guardadores legales ejercerán sus funciones siempre en interés
     del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle
     de autonomía en la organización de su propia vida.
     5. El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea
     ilícito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus
     indicaciones.
     6. En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública
     competente en materia de protección de menores adoptará en interés
     del menor las medidas oportunas.
     Artículo 3.-Derecho del menor a ser oído.
     Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a
     su persona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga
     suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años.
     Artículo 4.-Capacidad del menor.
     1. El menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo:
     a) Ejercer los derechos de la personalidad.
     b) Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del
     menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes
     a los usos sociales.
     c) Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda
     realizar sin necesidad de representación o asistencia.
     2. Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se
     interpretarán de forma restrictiva.
     Artículo 5.-Patrimonio del menor.
     Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y,
     consiguientemente, su disfrute, así como los frutos y productos de
     cualesquiera otros que se le hubieren confiado.
     Artículo 6.-Administración y disposición.
     1. La administración de los bienes del menor no emancipado, así como
     la disposición hasta que cumpla los catorce años, compete a los
     padres, como función aneja a la autoridad familiar, y, en
     defecto de ambos, al tutor.
     2. Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición
     correspondan al tutor real, administrador judicial o persona
     designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o
     sucesión. En los dos últimos casos se estará a lo ordenado por el
     Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las mismas
     limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.
     Artículo 7.-Intervención judicial.
     En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del
     propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del
     Ministerio Fiscal, dictará:
     a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos
     y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de
     incumplimiento de este deber por sus guardadores.
     b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor
     perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la
     potestad de guarda.
     c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción del menor por
     alguno de los progenitores o por terceras personas.
     d) En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin
     de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
     Artículo 8.-Cómputo de la edad.
     Para el cómputo de la edad se incluirá completo el día del
     nacimiento.
     Sección 2.ª
     La persona menor de catorce años
     Artículo 9.-Representación legal.
     1. La representación legal del que no ha cumplido los catorce años
     incumbe a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten
     su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.
     2. Se exceptúan de la representación legal los actos relativos a
     derechos de la personalidad.
     3. Las personas a las que corresponda la administración y disposición
     de los bienes del menor conforme al artículo 6 le representarán en la
     realización de dicho tipo de actos.
     Artículo 10.-Oposición de intereses.
     1. Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposición de
     intereses en algún asunto:
     a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa
     el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera
     dispuesto otra cosa de modo expreso.
     b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o
     del tutor único, la actuación de este requiere autorización de la
     Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria además la
     autorización o aprobación que en su caso
     exija el acto. También podrá ser representado por un defensor
     judicial.
     c) Si es por parte de ambos padres o tutores, la representación
     corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial.  Cuando
     intervenga la Junta de Parientes en representación del menor en actos
     que requieran autorización o aprobación, esta será necesariamente
     judicial.
     d) Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la
     administración de los mismos bienes, le representarán los titulares
     de la autoridad familiar o el tutor.
     2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que
     habrían de ser representados por la misma persona, tengan intereses
     contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
     Artículo 11.-Atribuciones gratuitas.
     1. El representante legal del menor necesita autorización previa de
     la Junta de Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribución
     gratuita en favor de este. Denegada la autorización se entenderá
     automáticamente aceptada la atribución.
     2. También precisa autorización previa para aceptar donaciones
     modales u onerosas. En caso de denegación, se entenderá rechazada la
     donación.
     Artículo 12.-Actos de disposición.
     1. El representante del menor necesita autorización previa de la
     Junta de Parientes o del Juez para:
     a) Realizar actos de disposición sobre inmuebles por naturaleza,
     empresas o explotaciones económicas, valores mobiliarios, bienes
     muebles de valor extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se
     exceptúa la enajenación de acciones o derechos de suscripción
     preferente por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa.
     b) Realizar actos de disposición a título gratuito, salvo las
     liberalidades usuales.
     c) Renunciar a derechos de crédito.
     d) Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o
     garantizar con derecho real obligaciones ajenas.
     e) Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones
     económicas, por plazo superior a seis años, computándose a estos
     efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar
     el contrato.
     f) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la
     responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.
     g) Transigir o allanarse.
     2. No será necesaria la indicada autorización para tomar dinero a
     préstamo o crédito, incluso por vía de subrogación, para financiar la
     adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garantía
     real sobre los bienes adquiridos.
     Artículo 13.-Autorización en caso de tutela.
     El tutor del menor que no ha cumplido los catorce años necesita
     también autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
     a) Hacer gastos extraordinarios en los bienes.
     b) Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a
     tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
     c) Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o
     adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el
     tutelado.
     d) Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por
     su parte bienes por igual título.
     Artículo 14.-División de patrimonio o cosa común.
     La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización
     previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez
     cuando haya sido practicada en representación del menor:
     a) Por el tutor, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de
     Parientes o del Juez.
     b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial. Cuando
     intervenga la Junta de Parientes, la aprobación será necesariamente
     judicial.
     c) Por el único padre titular de la autoridad familiar con el que
     exista oposición de intereses si no se ha obtenido autorización
     previa.
     Artículo 15.-Concesión de la autorización o aprobación.
     1. La autorización o aprobación requerida en los artículos anteriores
     solo se concederá en interés del menor, por causas justificadas de
     utilidad o necesidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es
     judicial.
     2. La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin
     embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma
     naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica,
     actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de
     especificarse.
     Artículo 16.-Falta de autorización o aprobación.
     Serán anulables los actos realizados sin la debida autorización o
     aprobación:
     a) A petición del representante legal que no haya intervenido en el
     acto, hasta que el menor cumpla catorce años.
     b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que
     cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde
     que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar
     el acto sin asistencia.
     Artículo 17.-Intromisión de terceros en los derechos de la
     personalidad.
     1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida
     sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la
     intromisión en los del menor de catorce años se regirá por las
     siguientes reglas:
     a) Si tiene suficiente juicio, requerirá su consentimiento y la
     autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar o del
     tutor; en caso de negativa de alguno de ellos, su autorización podrá
     ser suplida por el Juez.
     b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con
     autorización judicial en interés del menor.
     c) Si no tiene suficiente juicio, solo será posible la intromisión
     cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los
     titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente,
     por el Juez.
     2. Para internar al menor contra su voluntad en un establecimiento de
     salud mental o de educación o formación especial que comporte
     privación de libertad, se necesita autorización judicial.
     Artículo 18.-Prestación personal.
     Los contratos que impliquen alguna prestación personal del menor de
     catorce años que tenga suficiente juicio requieren su consentimiento
     previo y la autorización de quienes ostenten su representación legal.
     Artículo 19.-Invalidez de los actos del menor.
     1. El acto celebrado por un menor de catorce años sin capacidad para
     ello será inválido. No obstante, será válido si medió autorización
     previa de su representante legal y el acto no requería la
     intervención de la Junta de Parientes o del Juez. Si la requería, se
     aplicará el artículo 16.
     2. Si el acto no contó con dicha autorización previa, mientras no sea
     confirmado por quienes pueden anularlo, será anulable:
     a) A petición de su representante legal, hasta que el menor cumpla
     catorce años.
     b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que
     cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde
     que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar
     el acto sin asistencia.
     3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una
     capacidad específica o señalan prohibiciones para el menor, salvo que
     en ellas se establezca un efecto distinto.
     Sección 3.ª
     El menor mayor de catorce años
     Artículo 20.-Capacidad.
     1. El menor de edad, cumplidos los catorce años, aunque no esté
     emancipado, puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos,
     con asistencia, en su caso, de uno cualquiera de sus padres que esté
     en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.
     2. La imposibilidad de prestar la asistencia permitirá al menor
     solicitarla a la Junta de Parientes o al Juez.
     3. El menor mayor de catorce años no necesita asistencia en los actos
     que la ley le permita realizar por sí solo.
     Artículo 21.-Intromisión de terceros en los derechos de la
     personalidad.
     1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida
     sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la
     intromisión en los del menor mayor de catorce años dependerá de su
     exclusiva voluntad, con las salvedades siguientes:
     a) Si su decisión entraña un grave riesgo para su vida o integridad
     física o psíquica, necesitará la asistencia prevista en el artículo
     anterior.
     b) Contra su voluntad solo será posible la intromisión con
     autorización judicial en interés del menor.
     2. Si el menor no está en condiciones de decidir sobre ella, solo
     será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor
     apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el
     tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
     Artículo 22.-Nombre propio.
     Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá
     solicitar, sin necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre
     propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas
     propias de Aragón.
     Artículo 23.-Administración de bienes.
     1. El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce
     años en representación suya, pero los actos de administración podrán
     ser realizados también por el menor con la debida asistencia.
     2. Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la
     administración de:
     a) Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.
     b) Los que se le hubieren confiado a tal fin, así como los frutos y
     productos obtenidos con ellos.
     c) Los que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así
     lo hubiere ordenado.
     Artículo 24.-Prestación de la asistencia.
     1. La prestación de asistencia requiere conocer el acto que el menor
     se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus
     intereses.
     2. La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al
     acto; en esta puede bastar con la mera presencia sin oposición.
     3. La asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin
     embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma
     naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica,
     actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de
     especificarse.
     Artículo 25.-Oposición de intereses.
     1. Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia
     exista oposición de intereses en algún asunto:
     a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia
     será prestada por el otro, a no ser que en la delación de la tutela
     se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
     b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o
     del tutor único, así como si es por parte de ambos padres o tutores,
     la asistencia será suplida por la Junta de Parientes o un defensor
     judicial.
     c) Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia será
     prestada por uno cualquiera de los padres o el tutor.
     2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que
     habrían de ser asistidos por la misma persona, tengan intereses
     contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
     Artículo 26.-Anulabilidad por falta de asistencia.
     Será anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden
     anularlo, el acto o contrato celebrado por el menor sin la debida
     asistencia:
     a) A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras
     el menor no pueda anularlo por sí solo.
     b) A petición del propio menor, con la debida asistencia. La acción
     prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o
     mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
     Sección 4.ª
     El menor emancipado
     Artículo 27.-Emancipación por concesión.
     1. La emancipación por concesión de quienes ejerzan la autoridad
     familiar requiere que el menor tenga catorce años cumplidos y que la
     consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por
     comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil.
     2. El Juez podrá conceder la emancipación al menor mayor de catorce
     años si este la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la
     autoridad familiar o la tutela:
     a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o
     conviva maritalmente con persona que no sea también titular de la
     autoridad familiar sobre el menor.
     b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.
     c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el
     ejercicio de la autoridad familiar.
     d) Cuando el menor esté sujeto a tutela.
     3. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.
     Artículo 28.-Inscripción.
     La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro
     Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.
     Artículo 29.-Emancipación por vida independiente.
     El menor mayor de catorce años que, con beneplácito de quienes
     ejerzan la autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa,
     viva con independencia económica de ellos, será reputado para todos
     los efectos como emancipado. Quienes dieron este beneplácito podrán
     revocarlo.
     Artículo 30.-Efectos de la emancipación.
     1. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes
     como si fuera mayor, pero necesitará la asistencia que previene el
     artículo 20 y, en su defecto, la de su curador para:
     a) Realizar los actos enumerados en el artículo 12.
     b) Repudiar atribuciones gratuitas.
     c) Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier
     clase.
     2. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
     CAPITULO II
     Incapacidad e incapacitación
     Sección primera
     La persona incapaz y la incapacitada
     Artículo 31.-Presunción de capacidad.
     1. La capacidad de la persona que ha cumplido los catorce años y no
     ha sido incapacitada se presume siempre.
     2. Se presume también su aptitud de entender y querer para un acto
     concreto mientras no se demuestre lo contrario.
     Artículo 32.-Intromisión en los derechos de la personalidad.
     Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida
     sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la
     intromisión en los del mayor de edad no incapacitado que no esté en
     condiciones de decidirla por sí mismo requiere el consentimiento del
     cónyuge no separado judicialmente o de hecho o, en su defecto, del
     pariente más próximo o allegado que se ocupe de él. A falta de tales
     personas resolverá el Juez lo que estime más conveniente para este.
     Artículo 33.-Internamiento.
     Para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento
     de salud mental o de educación o formación especial o en un centro
     residencial que comporte privación de libertad, se necesita
     autorización judicial. Nadie podrá ser obligado a permanecer
     internado, salvo si media autorización judicial en tal sentido.
     Artículo 34.-Invalidez de los actos de la persona no incapacitada.
     1. El acto de la persona mayor de catorce años no incapacitada que en
     el momento de su celebración carezca de la suficiente aptitud para
     entenderlo y quererlo será inválido.
     2. El acto será anulable, mientras no sea confirmado por quienes
     puedan anularlo:
     a) A petición del representante legal si llegara a haberlo, hasta que
     el interesado pueda anularlo por sí mismo.
     b) A petición del propio interesado, en su caso con la debida
     asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que hubiera
     recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o,
     en su defecto, desde su fallecimiento.
     3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una
     capacidad específica, salvo que en ellas se establezca un efecto
     distinto.
     Artículo 35.-Incapacitación.
     1. Nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas
     establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinará la
     extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de
     protección a que haya de quedar sometido el incapacitado.
     2. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias
     persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona
     gobernarse por sí misma.
     3. La prodigalidad no tendrá otro efecto que el de ser causa de
     incapacitación cuando reúna los requisitos del apartado anterior.
     4. El menor de edad podrá ser incapacitado cuando concurra en él
     causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma
     persistirá después de la mayoría de edad.
     Artículo 36.-Capacidad del incapacitado.
     A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitación o en la ley
     para casos concretos, se aplicarán, con las necesarias adaptaciones,
     al incapacitado menor de edad, así como al mayor sujeto a tutela o
     autoridad familiar, las reglas sobre capacidad del menor que no ha
     cumplido los catorce años y al sujeto a curatela las del menor que
     los ha cumplido ya.
     Artículo 37.-Patrimonio especial de las personas con discapacidad.
     1. La regulación del patrimonio protegido de las personas con
     discapacidad será de aplicación preferente a lo dispuesto en este
     Capítulo y en el Título III de esta ley sobre los efectos de la
     incapacitación.
     2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, también
     podrán constituir un patrimonio protegido las otras personas con
     autoridad familiar.
     3. Asimismo, cuando el constituyente del patrimonio protegido no sea
     el propio beneficiario del mismo, para su administración será
     necesaria autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los
     mismos supuestos en los que el tutor la requiere respecto de los
     bienes del tutelado, conforme a lo dispuesto en esta ley. La
     autorización no será necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad
     de obrar suficiente.
     Sección 2.ª
     Prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda
     Artículo 38.-Prórroga.
     La autoridad familiar o tutela a que estuviera sometido el menor de
     edad que hubiera sido incapacitado quedará prorrogada, por ministerio
     de la ley, al llegar aquel a la mayor edad.
     Artículo 39.-Rehabilitación.
     Si el hijo soltero mayor de edad que viviere en compañía de sus
     padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, a falta de
     previsiones sobre autotutela, se rehabilitará por ministerio de la
     ley la autoridad familiar, que será ejercida por quien correspondiere
     si el hijo fuera menor de edad.
     Artículo 40.-Excepción a la prórroga o rehabilitación.
     El Juez, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,
     atendidos el grado de deficiencia del incapacitado y la edad o
     situación personal y social de las personas a quienes correspondería
     ejercer la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada, puede en su
     lugar acordar la constitución de la tutela o curatela.
     Artículo 41.-Régimen de la potestad de guarda prorrogada o
     rehabilitada.
     La potestad de guarda prorrogada o rehabilitada se ejercerá con
     sujeción a lo especialmente dispuesto en la sentencia de
     incapacitación y, subsidiariamente, conforme a las reglas de la
     autoridad familiar o la tutela.
     Artículo 42.-Extinción de la autoridad familiar prorrogada o
     rehabilitada.
     Además de por las causas generales que resulten de aplicación, la
     autoridad familiar prorrogada o rehabilitada se extingue:
     a) Por haberse dictado sentencia que deje sin efecto la
     incapacitación.
     b) Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
     c) Por declaración judicial, basada en la dificultad grave de los
     titulares para el adecuado cumplimiento de su función, atendidos su
     edad o situación personal y social y el grado de deficiencia del
     incapacitado.
     CAPITULO III
     La ausencia
     Artículo 43.-Defensor del desaparecido.
     Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última
     residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, el nombramiento
     por el Juez de defensor, para que ampare y represente al desaparecido
     en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio
     grave, deberá recaer, por este orden, y salvo motivo grave apreciado
     por el propio Juez, en:
     a) El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho.
     b) El heredero contractual del desaparecido.
     c) El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el
     cuarto grado, que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la
     cuantía de su porción hereditaria y la proximidad con el
     desaparecido.
     d) La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que,
     oído el Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez,
     atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.
     Artículo 44.-Desaparición de cónyuge.
     En caso de desaparición de uno de los cónyuges, son de aplicación a
     la gestión de los bienes del consorcio conyugal los artículos 52 y 58
     de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.
     Artículo 45.-Legitimación.
     1. Tienen la obligación de promover e instar la declaración de
     ausencia legal, sin orden de preferencia:
     a) El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
     b) El heredero contractual del desaparecido.
     c) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
     d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
     2. Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que
     racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún
     derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.
     Artículo 46.-Representante del declarado ausente.
     Salvo motivo grave apreciado por el Juez, nombrará este como persona
     encargada de la representación del declarado ausente, la pesquisa de
     su persona, la protección y administración de sus bienes y el
     cumplimiento de sus obligaciones a las mismas personas enumeradas en
     el artículo 43 y por el mismo orden.
     Artículo 47.-Obligaciones del representante.
     1. El representante del declarado ausente quedará sujeto a las
     obligaciones siguientes:
     a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su
     representado.
     b) Prestar la garantía que el Juez, atendidas las circunstancias,
     pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
     c) Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus
     bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
     d) Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la
     posesión y administración de los bienes del ausente.
     2. Serán aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se
     adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el
     ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa
     de los tutores.
     Artículo 48.-Facultades y derechos del representante.
     1. Los representantes del declarado ausente disfrutarán de la
     posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los
     productos líquidos cuando el Juez lo decida y en la cuantía que
     señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y
     aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones
     alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la
     representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás
     circunstancias de la propia índole.
     2. Los representantes del declarado ausente necesitarán autorización
     de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los
     que la precisa el tutor.
     Artículo 49.-Derechos de terceros.
     Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la
     representación alguno probase su derecho preferente a dicha posesión,
     será excluido el poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los
     productos sino a partir del día de la presentación de la demanda.
     Artículo 50.-Ausencia y economía del matrimonio.
     1. La gestión del patrimonio consorcial del declarado ausente se rige
     por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de régimen económico
     matrimonial y viudedad.
     2. El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su
     cónyuge se rigen por lo dispuesto en la Ley de régimen económico
     matrimonial y viudedad.
     Artículo 51.-Ausencia y usufructo de viudedad.
     1. Fallecido el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los
     sucesores de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados,
     pero deberán hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera
     extender el derecho de usufructo vidual del ausente.
     2. Si apareciere el ausente, tendrá derecho desde ese momento al
     usufructo vidual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le
     correspondiera. Dicho derecho no se extenderá a los bienes enajenados
     por su cónyuge vigente la declaración de ausencia, ni a los que
     hubieran enajenado a título oneroso sus herederos antes de la
     aparición.
     3. Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la
     apertura de la sucesión en beneficio de los que en el momento del
     fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales dejará a
     salvo el derecho de usufructo vidual a favor del cónyuge de dicho
     ausente.
     Artículo 52.-Llamamiento sucesorio a favor del ausente.
     1. Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente,
     quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de
     este deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal,
     inventario de los bienes, los cuales reservarán hasta la declaración
     de fallecimiento.
     2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de
     las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al
     ausente, sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se
     extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la
     prescripción.
     3. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes
     inmuebles que reciban los que han resultado herederos, se expresará
     la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone
     este artículo.
     TITULO II
     De las relaciones entre ascendientes y descendientes
     CAPITULO PRIMERO
     Efectos de la filiación
     Artículo 53.-Principio de igualdad.
     La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva,
     surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.
     Artículo 54.-Apellidos del hijo.
     1. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en
     la ley.
     2. El hijo, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin
     necesidad de asistencia, que se altere el orden de los apellidos.
     Artículo 55.-Deberes de padres e hijos.
     1. Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto,
     ayuda y asistencia.
     2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar
     alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en
     común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las
     necesidades familiares.
     Artículo 56.-Padres con hijos menores.
     Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con
     el hijo menor, tienen el derecho y la obligación de:
     a) Velar por él.
     b) Visitarlo y relacionarse con él.
     c) Informarse recíprocamente, aun cuando vivan separados, acerca de
     la situación personal del hijo.
     Artículo 57.-Relación personal del hijo menor.
     1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque
     vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y
     allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo
     desaconseja.
     2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal
     del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado
     anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.
     3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o
     allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar
     o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También
     puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de
     esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan
     separados.
     Artículo 58.-Eficacia limitada de la filiación.
     1. Quedará excluido de la autoridad familiar y demás funciones
     tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto
     del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el padre:
     a) Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que
     obedezca la generación, según sentencia penal firme.
     b) Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su
     oposición.
     2. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del padre en
     cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce
     años, o, con anterioridad, su representante legal.
     3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación
     del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que
     cumpla los catorce años, por voluntad del propio hijo con la debida
     asistencia.
     4. El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en
     los artículos 55 y 56.
     Artículo 59.-Gastos de maternidad.
     El padre, aunque no esté casado o no conviva con la madre del hijo,
     está obligado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y
     parto, así como a prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre
     los parientes de esta, durante el período de embarazo y el primer año
     de vida del hijo si la madre se ocupa de él.
     CAPITULO II
     Deber de crianza y autoridad familiar
     Sección primera
     Principios generales
     Artículo 60.-Titularidad.
     1. El deber de crianza y educación de los hijos menores no
     emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo,
     corresponde a ambos padres.
     2. Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los
     casos legalmente previstos.
     Artículo 61.-Caracteres de la autoridad familiar.
     La autoridad familiar es una función inexcusable que se ejerce
     personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y
     siempre en interés del hijo.
     Artículo 62.-Contenido.
     1. La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen
     la autoridad familiar los siguientes deberes y derechos:
     a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio
     familiar o el de la persona o institución a que haya sido confiado,
     ni ser retirado de él por otras personas.
     b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de
     acuerdo con sus posibilidades.
     c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los
     padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de
     catorce años.
     d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con
     pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones
     humillantes, ni que atenten contra sus derechos.
     2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus
     derechos, los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la
     asistencia e intervención de los poderes públicos.
     Artículo 63.-Contribución personal del hijo.
     Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de colaborar en
     las tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida
     propia de su edad y de su condición vital, sin que por ello tenga
     derecho a reclamar pago o recompensa.
     Artículo 64.-Contribución económica.
     1. Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden
     destinar los productos del trabajo e industria de este y los frutos
     líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y
     educación; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo
     podrán destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente,
     otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios, pueden
     destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, según la
     situación económica de la familia, resulte equitativa.
     2. En uso de su facultad, los padres pueden pedir la entrega de los
     frutos o la enajenación de los bienes de los hijos que ellos no
     administren.
     3. La utilización para esos fines de frutos de bienes o bienes que
     correspondan al hijo por donación o sucesión no puede ser excluida
     por el donante o causante.
     Artículo 65.-Contribución cuando la autoridad familiar corresponda a
     otras personas.
     Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los
     que viva el hijo pueden destinar los productos del trabajo o
     industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender
     los gastos de su crianza y educación. Para ello podrán pedir su
     entrega a la persona que administre los bienes del hijo.  Esta
     facultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del
     hijo.
     Artículo 66.-Gastos de los hijos mayores o emancipados.
     1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no
     hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos
     propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá
     el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la
     que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo
     normalmente requerido para que aquella formación se complete.
     2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al
     cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o
     judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del
     derecho del hijo a reclamar
     alimentos.
     Artículo 67.-Convivencia con hijos mayores de edad.
     La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres.
     Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres
     dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la
     satisfacción de las necesidades familiares. Los padres podrán exigir
     del hijo el cumplimiento de esa obligación.
     Sección 2.ª
     Ejercicio de la autoridad familiar por los padres
     Artículo 68.-Ejercicio por ambos padres.
     1. Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuarán
     según lo que lícitamente hayan pactado en documento público. En
     defecto de previsión legal o pacto actuarán, conjunta o
     separadamente, según los usos sociales o familiares.
     2. Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa
     en correcto ejercicio de sus facultades.
     Artículo 69.-Ejercicio exclusivo por uno de los padres.
     El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los
     padres en los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción
     de la autoridad familiar del otro, y también cuando así se haya
     resuelto judicialmente.
     Artículo 70.-Padre menor no emancipado o incapacitado.
     1. El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercerá la
     autoridad familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y,
     a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o
     imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o la de un defensor
     judicial.
     2. El mismo criterio se aplicará al incapacitado si la sentencia no
     ha suspendido el ejercicio de su autoridad familiar.
     Artículo 71.-Divergencias entre los padres.
     1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar,
     cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de
     plano lo mas favorable al interés del hijo, si no prefieren ambos
     acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.
     2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra
     causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad
     familiar, el Juez podrá atribuirlo total o parcialmente a uno solo de
     los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá
     vigencia durante el plazo que se fije.
     Sección 3.ª
     Autoridad familiar de otras personas
     Artículo 72.-Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.
     1. El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un
     menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha
     autoridad.
     2. Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge
     podrá continuar teniendo en su compañía a los hijos menores de aquel
     y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la
     correspondiente autoridad familiar.
     Artículo 73.-Autoridad familiar de los abuelos.
     1. Fallecidos los padres, si no se hace aplicación de lo previsto en
     el artículo anterior, o cuando de hecho aquellos no atiendan a sus
     hijos menores, los abuelos podrán tenerlos consigo para criarlos y
     educarlos, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad
     familiar.
     2. Tendrán preferencia los abuelos de la rama con los que mejor
     relación tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan
     separados, la preferencia corresponderá al que de ellos más se ocupe
     del nieto y, en última instancia, al de menor edad.
     Artículo 74.-Autoridad familiar de los hermanos mayores.
     1. En los mismos supuestos del artículo anterior, a falta de abuelos
     que se hagan cargo de la crianza y educación de los nietos, podrá
     hacerlo uno de sus hermanos mayor de edad, asumiendo a tales fines la
     correspondiente autoridad familiar.
     2. Tendrá preferencia el hermano que mejor relación tenga con el
     menor y, en última instancia, el de mayor edad.
     Artículo 75.-Régimen.
     1. La autoridad familiar prevista en los artículos anteriores se
     asume de forma automática al hacerse cargo voluntariamente de la
     crianza y educación del menor.
     2. Se estará al orden y al contenido señalados por la ley, salvo que,
     fallecidos los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su
     autoridad familiar hubiera establecido otra cosa en instrumento
     público.
     3. Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento
     del oficio de criar y educar al menor, comprende, en el ámbito
     personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y
     no se extiende a la gestión de los bienes del menor.
     4. Si no viven los padres, solo por motivos de mal trato o
     incumplimiento de dicha función podrá ser separado el menor del
     titular o titulares de esta autoridad.
     5. La autoridad familiar de otras personas se podrá hacer constar en
     el Registro Civil.
     Artículo 76.-Divergencias.
     1. En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad
     familiar, cualquiera de los interesados en ella puede solicitar al
     Juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos acudir a la
     Junta de Parientes del menor con el mismo fin.
     2. La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma
     de ejercicio, oirá a los interesados y al menor que reúna los
     requisitos del artículo 3, y, teniendo en cuenta la previsión
     expresada al respecto si la hubiera, decidirá siempre en interés del
     menor; si el interés del menor lo requiere, promoverá otro régimen de
     guarda o protección.
     3. Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad
     familiar se resolverán según lo previsto para los padres.
     Sección 4.ª
     Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar
     Artículo 77.-Privación.
     1. En interés del hijo, cualquiera de los padres podrá ser privado
     total o parcialmente de la autoridad familiar por sentencia firme
     fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes
     inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
     2. Los Tribunales podrán, en interés del hijo, acordar la
     recuperación de la autoridad familiar cuando hubiere cesado la causa
     que motivó su privación.
     3. Este precepto será aplicable a la autoridad familiar de otras
     personas.
     Artículo 78.-Suspensión.
     1. La autoridad familiar quedará en suspenso, en su caso solo para el
     titular afectado, mientras dure:
     a) La tutela automática de la entidad pública.
     b) La declaración de fallecimiento o ausencia del titular o
     titulares, o de alguno de ellos, así como la declaración de
     fallecimiento del hijo.
     c) La incapacitación del titular o titulares, o de alguno de ellos, a
     no ser que la sentencia haya dispuesto de otro modo.
     d) La imposibilidad de ejercerla declarada en resolución judicial.
     2. La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas
     no conlleva la suspensión de la de los padres.
     Artículo 79.-Consecuencias de la privación o suspensión.
     1. La privación o suspensión de la autoridad familiar no suprime las
     obligaciones de los padres establecidas en los artículos 55 y 56.
     2. Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno
     solo de los titulares, continúa ejerciéndola el otro conforme al
     artículo 69.
     3. La resolución judicial que establezca la privación o suspensión de
     la autoridad familiar a ambos titulares, o al único titular de ella,
     determinará el régimen de guarda o protección, y nombrará a la
     persona o personas que hayan de cumplir estas funciones. Si la
     resolución estableciera la autoridad familiar de otras personas,
     proveerá también sobre la administración y disposición de los bienes
     del menor.
     Artículo 80.-Extinción.
     1. La autoridad familiar se acaba:
     a) Por la muerte de los titulares o del hijo.
     b) Por la emancipación o mayoría de edad del hijo.
     2. En caso de adopción del hijo se extingue la autoridad de los
     padres anteriores, salvo si subsisten los vínculos jurídicos con
     alguno de ellos.
     CAPITULO III
     Gestión de los bienes de los hijos
     Artículo 81.-Ejercicio de la gestión paterna.
     1. Cuando corresponda a los padres la gestión de los bienes del hijo,
     incluida la disposición hasta que este tenga catorce años, ejercerán
     esta función conforme a lo dispuesto para la autoridad familiar; en
     su caso cumplirán lo ordenado válidamente por la persona de quien
     procedan los bienes por donación o sucesión.
     2. Se exceptúan de la gestión paterna:
     a) Los bienes que el hijo adquiera por sucesión en la que uno de los
     padres o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados
     indignos de suceder.
     b) Los bienes dejados en título sucesorio o donados al hijo con
     exclusión de la administración de los padres.
     3. Los bienes del apartado 2 serán gestionados, si nada ha ordenado
     el causante o donante, por el otro padre, o, si los dos están
     afectados, por un tutor real nombrado por el Juez.
     Artículo 82.-Obligaciones.
     1. Los padres gestionarán los bienes del hijo con la misma diligencia
     que los suyos propios, cumplirán las obligaciones generales de todo
     administrador e inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la
     Propiedad.
     2. Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gestión al
     cesar en ella. Solo tendrán que formalizar inventario o prestar
     fianza cuando existan fundados motivos para ello.
     Artículo 83.-Responsabilidad.
     1. Si en el ejercicio de la gestión se causa daño al patrimonio del
     hijo por dolo o culpa grave, responderán los padres o el que de ellos
     tenga atribuida en exclusiva la administración.
     2. La responsabilidad será solidaria salvo si uno acredita no haber
     podido evitar el daño, en cuyo caso quedará exonerado de
     responsabilidad.
     3. El padre que no haya intervenido en la gestión causante del daño
     podrá repetir del otro la totalidad de lo pagado.
     4. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres
     años contados desde que finalice su administración.
     Artículo 84.-Derechos.
     Los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la gestión,
     pero será a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los
     gastos soportados, así como el resarcimiento de
     los daños y perjuicios sufridos sin su culpa que no pueda obtenerse
     de otro modo.
     Artículo 85.-Puesta en peligro del patrimonio del hijo.
     Cuando la gestión de los padres ponga en peligro el patrimonio del
     hijo, el Juez, a petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o
     de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime
     necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución
     o fianza para la continuación en la gestión, o incluso nombrar un
     tutor real.
     Artículo 86.-Obligaciones al finalizar la administración.
     1. Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración
     deben restituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o
     emancipado o, en otro caso, a quien corresponda la administración.
     Los gastos de restitución son a cargo del hijo. En caso de muerte del
     hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los padres deben continuar
     atendiendo los negocios de este para evitar perjuicios a los
     herederos.
     2. Al cesar la administración de los padres o de alguno de ellos,
     podrán exigirles la rendición de cuentas de su administración:
     a) El hijo mayor de edad o emancipado.
     b) El hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o
     aquel a quien corresponda la administración de sus bienes.
     c) El representante legal del hijo menor de catorce años.
     La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá
     a los tres años.
     3. Solicitada la rendición de cuentas, deberá realizarse en el plazo
     de seis meses, contados desde la fecha de la reclamación.  Este plazo
     podrá ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por
     otro período de tres meses como máximo.
     4. El que no haya cumplido dieciocho años necesita, para aprobar las
     cuentas de administración de sus bienes y dar finiquito de las
     responsabilidades derivadas de la misma, la asistencia de la Junta de
     Parientes o autorización judicial.
     TITULO III
     De las relaciones tutelares
     CAPITULO PRIMERO
     Disposiciones generales
     Artículo 87.-Instituciones tutelares.
     1. La guarda y protección de la persona y bienes o solo de la persona
     o de los bienes del menor o incapacitado se realizará, en los
     supuestos previstos en la ley, mediante:
     a) La tutela.
     b) La curatela.
     c) El defensor judicial.
     2. A la guarda y protección pueden contribuir la guarda de hecho
     y la guarda administrativa sin tutela.
     Artículo 88.-Caracteres.
     1. La aceptación y el ejercicio de las funciones tutelares
     constituyen un deber del que solo cabe excusarse en los supuestos
     legalmente previstos.
     2. Las funciones tutelares se ejercen personalmente, sin excluir la
     colaboración de otras personas, y siempre en interés de la persona
     protegida.
     3. Las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad
     judicial y se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido
     expresamente una remuneración.
     Artículo 89.-Modos de delación.
     1. Las funciones tutelares se defieren por:
     a) Disposición voluntaria en instrumento público.
     b) Resolución judicial.
     c) Disposición de la ley en caso de desamparo de menores o
     incapacitados.
     2. La delación dativa es subsidiaria y complementaria de la
     voluntaria.
     Artículo 90.-Nombramiento, vigilancia y control.
     1. La Autoridad judicial nombrará y dará posesión del cargo tutelar a
     la persona designada.
     2. El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se
     constituya la institución tutelar, o en otra posterior, las medidas
     de vigilancia y control que estime oportunas, en interés de la
     persona protegida.
     3. El Juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir en cualquier momento
     del titular del cargo que les informe sobre la situación de la
     persona protegida o del estado de la administración patrimonial,
     según proceda. También podrán exigirle una información periódica.
     4. Las funciones tutelares se ejercerán bajo la vigilancia del
     Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier
     interesado.
     5. Las resoluciones judiciales o administrativas sobre instituciones
     tutelares, incluida la curatela y la guarda administrativa, habrán de
     inscribirse en el Registro Civil.  Dichas resoluciones no serán
     oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas
     inscripciones.
     Artículo 91.-Gastos, daños y perjuicios.
     1. Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la función
     tutelar, incluidos en su caso los de realización del inventario,
     prestación de fianza y medidas de vigilancia y control, son a cargo
     del patrimonio de la persona protegida contra la que tendrá derecho
     de reembolso.
     2. La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños
     y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la
     indemnización de estos con cargo a los bienes del tutelado, de no
     poder obtener por otro medio su resarcimiento.
     Artículo 92.-Remuneración.
     1. El derecho a remuneración por el desempeño de una función tutelar,
     así como la cuantía y forma de percibirla, podrán ser establecidos,
     siempre que el patrimonio de la persona protegida lo permita y sin
     exceder del veinte por ciento de su rendimiento líquido, en la
     delación voluntaria. En otro caso, podrán hacerlo en todo momento la
     Junta de Parientes o el Juez, en atención a la dedicación que suponga
     el ejercicio de la función tutelar.
     2. La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrán modificar
     en cualquier momento la remuneración prevista si han cambiado las
     circunstancias de la institución tutelar.
     3. El ejercicio de la función tutelar por las personas jurídicas
     públicas será siempre gratuito.
     Artículo 93.-Responsabilidad.
     1. Todo el que intervenga en funciones tutelares responderá de los
     daños que su actuación cause a la persona protegida por acción u
     omisión en la que intervenga culpa o negligencia.
     2. La acción para reclamar esta responsabilidad del cargo tutelar
     prescribe a los tres años contados desde el cese en el cargo o, en su
     caso, desde la rendición final de cuentas.
     Artículo 94.-Administración voluntaria.
     1. El que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o
     incapacitado, puede establecer reglas de gestión, así como nombrar o
     excluir al administrador. Las funciones no conferidas al
     administrador, incluida la prestación de la debida asistencia,
     corresponden a los padres o al tutor.
     2. El nombramiento del administrador no será eficaz sino desde la
     adquisición de la donación, herencia o legado.
     3. El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorización
     de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos
     bienes.
     4. Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el
     administrador, a falta de sustituto voluntario, administrarán los
     padres o el tutor salvo si resultare con claridad que fue otra la
     voluntad del disponente. En este caso se nombrará un tutor real.
     CAPITULO II
     Delación
     Sección primera
     Delación voluntaria
     Artículo 95.-Delación hecha por uno mismo.
     1. Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona mayor
     de edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser
     incapacitada judicialmente, podrá, en escritura pública, designar a
     las personas que han de ejercer las funciones tutelares y sus
     sustitutos, excluir a determinadas personas o dispensar causas de
     inhabilidad, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a
     su persona o bienes, incluido el otorgamiento de un mandato que no se
     extinga por su incapacidad o incapacitación. Podrá también establecer
     órganos de fiscalización, así como designar a las personas que hayan
     de integrarlos, sin perjuicio de la vigilancia y control por el Juez
     y el Ministerio Fiscal.
     2. La entidad pública competente en materia de protección de menores
     o incapacitados no podrá ser objeto de designación o exclusión
     voluntaria.
     Artículo 96.-Delación hecha por titulares de la autoridad familiar.
     1. Las mismas disposiciones, excepto el otorgamiento de mandato,
     podrán adoptar en instrumento público notarial, sea o no testamento,
     los titulares del ejercicio de la autoridad familiar, incluso
     prorrogada o rehabilitada, respecto de la persona o bienes de los
     menores o incapacitados que sigan bajo su autoridad cuando llegue el
     día en el que ya no puedan ocuparse de ellos.
     2. La delación testamentaria será eficaz al fallecimiento del
     testador salvo que entonces se hallara privado por su culpa del
     ejercicio de la autoridad familiar; la hecha en escritura pública, lo
     será además en caso de que el disponente sea incapacitado o por otra
     causa no culpable no pueda desempeñar él mismo el cargo tutelar.
     Artículo 97.-Publicidad de la delación voluntaria.
     Los documentos públicos a los que se refieren los artículos
     anteriores se comunicarán de oficio por el Notario autorizante al
     Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento
     del interesado.
     Artículo 98.-Pluralidad de designados.
     En la delación voluntaria se puede designar titular del cargo tutelar
     o sustituto del mismo a una o dos personas para que actúen conjunta o
     solidariamente. Además, se puede encomendar la administración de los
     bienes a otras personas.
     Artículo 99.-Delaciones incompatibles.
     1. En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma
     persona, prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.
     2. Cuando existieren disposiciones de varios titulares de la
     autoridad familiar, se aplicarán unas y otras conjuntamente, en
     cuanto fueren compatibles. De no serlo, la Junta de Parientes o, en
     su defecto, el Juez adoptarán las que consideren más convenientes
     para el menor o incapacitado.
     3. Si los titulares de la autoridad familiar hubiesen designado
     distintas personas para el ejercicio de los cargos tutelares, la
     Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez elegirán al designado o
     designados por uno de ellos. A los no elegidos como tutores de la
     persona por la Junta o el Juez, corresponde la administración y
     disposición de los bienes que quien les designó haya atribuido por
     donación, herencia o legado al menor o incapacitado.
     Artículo 100.-Vinculación de la delación voluntaria.
     1. Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones propias de la
     delación voluntaria, incluida en su caso la elección efectuada por la
     Junta de Parientes, vincularán al Juez al
     constituir la institución tutelar, salvo que, de oficio o a instancia
     de las personas mencionadas en el artículo 102 o del Ministerio
     Fiscal, y siempre mediante decisión motivada, considere que, por
     alteración sustancial de las circunstancias, el interés del menor o
     incapacitado exige otra cosa.
     2. El Juez, en resolución motivada, podrá declarar extinguido el
     mandato a que se refiere el artículo 95, tanto al constituir la
     institución tutelar, como posteriormente a instancia del tutor o
     curador.
     Sección 2.ª
     Delación dativa
     Artículo 101.-Supletoriedad.
     En defecto, total o parcial, de delación voluntaria válida y eficaz,
     corresponde a la autoridad judicial determinar o completar la
     institución tutelar y, en su caso, designar a su titular.
     Artículo 102.-Preferencia.
     1. Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez
     preferirá:
     a) Al cónyuge del incapacitado que conviva con este.
     b) A los descendientes mayores de edad del incapacitado.
     c) A los padres.
     d) A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden
     señalado por esta ley para el ejercicio de la autoridad familiar.
     e) Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de
     bienes en favor del menor o incapacitado.
     f) A la persona que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o
     por otras circunstancias, considere más idónea.
     g) A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última
     instancia la entidad pública a la que esté encomendada la protección
     de menores o incapacitados.
     2. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar
     el orden del apartado anterior si el interés del menor o incapacitado
     así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la
     integración en la vida de familia del tutor o curador.
     Artículo 103.-Tutela de varios hermanos.
     Si hubiere que designar tutor, curador o defensor judicial para
     varios hermanos de doble vínculo, el Juez procurará que el
     nombramiento recaiga en una misma persona.
     Sección 3.ª
     Delación legal
     Artículo 104.-Desamparo.
     1. Se considera como situación de desamparo la que se produce de
     hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado
     ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes
     para la guarda de los menores o incapacitados, cuando estos queden
     privados de la necesaria asistencia moral o material.
     2. La situación de desamparo se interpretará de forma restrictiva. La
     mera situación de riesgo no constituye desamparo.
     Artículo 105.-Asunción de funciones tutelares.
     Corresponde a la entidad pública a la que en Aragón esté encomendada
     la protección de menores e incapacitados apreciar la situación de
     desamparo mediante resolución motivada, que supondrá la asunción
     automática por la entidad pública de las funciones tutelares y la
     suspensión de la autoridad familiar o tutela ordinaria. Si la
     situación de desamparo se debe a fuerza mayor de carácter
     transitorio, la entidad pública ejerce solo la guarda mientras se
     mantenga la situación.
     Artículo 106.-Comunicaciones.
     La resolución de desamparo se comunicará al Ministerio Fiscal y se
     notificará en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un
     plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el
     momento de la notificación se les informará de forma presencial y de
     modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la
     intervención de la Administración y de los posibles efectos de la
     decisión adoptada.
     Artículo 107.-Oposición.
     Contra la resolución de desamparo, sin necesidad de reclamación
     administrativa previa, cabe formular oposición ante la jurisdicción
     civil, que gozará de una tramitación rápida y preferente.
     Artículo 108.-Promoción del régimen ordinario.
     1. Cuando no sea contrario al interés del menor o incapacitado, la
     entidad pública procurará su reintegración a quien tenga la autoridad
     familiar o tutela sobre él.
     2. En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el
     menor o incapacitado o por otras circunstancias, pueden asumir la
     autoridad familiar o las funciones tutelares con beneficio para este,
     la entidad pública promoverá que la asuman o que se les nombre cargo
     tutelar conforme a las reglas ordinarias. A tal efecto podrá
     ejercitar la acción de privación de la autoridad familiar o de
     remoción del cargo tutelar.
     CAPITULO III
     Capacidad, excusa y remoción
     Artículo 109.-Capacidad de las personas físicas.
     Podrá ser titular de funciones tutelares toda persona mayor de edad
     que, encontrándose en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no
     incurra en causa de inhabilidad.
     Artículo 110.-Capacidad de las personas jurídicas.
     También podrá ser titular de funciones tutelares la persona jurídica
     que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines
     figure la protección de menores o incapacitados, siempre que no
     incurra en causa de inhabilidad.
     Artículo 111.-Causas de inhabilidad.
     1. No pueden ser titulares de funciones tutelares:
     a) Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el
     ejercicio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los
     derechos de guarda y educación, por resolución judicial o
     administrativa.
     b) Las legalmente removidas de un cargo tutelar anterior.
     c) Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras
     estén cumpliendo la condena.
     d) Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente
     que no desempeñarán bien la tutela.
     e) Las personas en quien concurra imposibilidad absoluta de hecho.
     f) Las que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida.
     g) Las personas que por su conducta puedan perjudicar a la formación
     de la persona protegida o que no dispongan de medios de vida
     conocidos.
     h) Las que tengan importantes conflictos de intereses con la persona
     protegida, mantengan con ella pleito o actuaciones sobre el estado
     civil o sobre la titularidad de los bienes, o las que le adeuden
     sumas de consideración.
     i) Las personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un
     proceso concursal, mientras dure la inhabilitación.
     2. Las causas de inhabilidad de las letras d), g), h) e i) del
     apartado anterior podrán ser objeto de dispensa, expresa o tácita, en
     la delación voluntaria.
     Artículo 112.-Excusa.
     1. Tanto el desempeño inicial de las funciones tutelares como la
     continuación en su ejercicio serán excusables cuando por razones de
     edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta
     de vínculos de cualquier clase con la persona protegida o por
     cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del
     cargo o su continuación.
     2. Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan
     de medios suficientes para el inicio o continuación del adecuado
     desempeño del cargo.
     3. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del
     plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del
     nombramiento. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá alegarla
     en cualquier momento, siempre que hubiera persona adecuada para
     sustituirle.
     Artículo 113.-Causas de remoción.
     1. Será removido del cargo tutelar el que después de tomar posesión
     incurra en causa legal de inhabilidad, o se conduzca mal en el
     desempeño de la función tutelar, por incumplimiento de los deberes
     propios de la misma o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando
     surjan problemas de convivencia graves y
     continuados.
     2. Además, la persona jurídica será removida del cargo tutelar cuando
     deje de reunir los requisitos del artículo 110.
     Artículo 114.-Procedimiento de remoción.
     El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o
     incapacitado o de otra persona interesada, decretará la remoción del
     cargo tutelar, previa audiencia de este si, citado, compareciese.
     Artículo 115.-Efectos de la excusa o remoción.
     1. Durante la tramitación del procedimiento de excusa sobrevenida o
     de remoción, podrá el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al
     titular del cargo tutelar y nombrar a la persona protegida un
     defensor judicial.
     2. La resolución judicial que admita la excusa u ordene la remoción
     debe contener la designación de un nuevo titular, que solo podrá
     ocupar el cargo cuando la resolución sea firme.
     3. En el procedimiento que corresponda, el Juez podrá acordar,
     atendidas la voluntad del disponente y las circunstancias del caso,
     que la aceptación de la excusa o la remoción conlleven la pérdida,
     total o parcial, de aquello que se haya dejado en consideración al
     nombramiento.
     CAPITULO IV
     La tutela
     Sección primera
     Disposiciones generales
     Artículo 116.-Personas sujetas a tutela.
     1. Estarán sujetos a tutela ordinaria:
     a) Los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad
     familiar. En caso de autoridad familiar de otras personas se nombrará
     tutor de los bienes que carezcan de administrador.
     b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la
     resolución judicial que la modifique lo hayan establecido.
     c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de
     guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la curatela.
     2. Los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo
     estarán sujetos a tutela automática, salvo cuando la entidad pública
     haya asumido solo la guarda.
     Artículo 117.-Promoción de la tutela ordinaria.
     1. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela o
     curatela quienes soliciten la incapacitación de una persona. 
     También, desde el momento en que conocieren el hecho que motiva la
     tutela, los llamados a ella por delación voluntaria y los mencionados
     en los cinco primeros números del apartado 1 del artículo 102, así
     como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o
     incapacitado, y, si no lo hicieren, serán responsables solidarios de
     la indemnización de los daños y perjuicios
     causados.
     2. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento
     de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que
     deba ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo,
     incluso de oficio, la constitución de la tutela.
     3. Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio
     Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela.
     Artículo 118.-Tutela provisional.
     Cuando se tenga conocimiento de que una persona puede ser sometida a
     tutela, y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al
     procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio
     Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera
     de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un
     administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su
     gestión una vez concluida.
     Artículo 119.-Constitución de la tutela ordinaria.
     1. El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de las personas
     obligadas a promoverla y de las demás que considere oportuno.
     2. Antes de la constitución, y especialmente en los procedimientos de
     incapacitación, el Juez recabará certificación del Registro Civil y,
     en su caso, del Registro de Actos de Ultima Voluntad, a efectos de
     comprobar la existencia de disposiciones sobre delación voluntaria de
     la tutela.
     Artículo 120.-Número de tutores.
     La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:
     a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los
     bienes.
     b) Cuando en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores
     para actuar simultáneamente.
     c) Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o
     maternos, así como a una persona casada si el Juez considera
     conveniente que su cónyuge, mientras lo sea, también la ejerza.
     Artículo 121.-Tutela y administración.
     El tutor es el administrador legal de los bienes del tutelado. No
     obstante, la administración podrá corresponder, en todo o en parte, a
     otras personas:
     a) Cuando la persona de quien procedan los bienes por título
     lucrativo haya designado para ellos un administrador, así como en el
     supuesto del apartado 3 del artículo 99.
     b) Cuando en la delación voluntaria se haya separado la tutela de la
     persona y la de los bienes.
     c) Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que
     conviene separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el
     de los bienes. También podrá hacer esta separación con posterioridad
     en cualquier clase de tutela cuando concurran circunstancias
     especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.
     Sección 2.ª
     Contenido y ejercicio
     Artículo 122.-Contenido personal de la tutela.
     1. Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y
     tienen en cada etapa de su evolución el mismo contenido que la
     autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en
     este Título.
     2. Las funciones del tutor del incapacitado serán las que señale la
     sentencia de incapacitación. En su defecto, se considerará que tienen
     el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores
     de catorce años, con las modificaciones previstas en este Título.
     Artículo 123.-Alimentos.
     A falta o por insuficiencia del patrimonio del pupilo, así como de
     parientes obligados a prestarle alimentos, el tutor debe
     procurárselos por otras vías y, en última instancia, sufragarlos él
     mismo.
     Artículo 124.-Cuidado de la persona del incapacitado.
     El tutor del incapacitado no está obligado a tenerle en su compañía,
     pero debe procurarle la atención especializada que requiera, así como
     promover la adquisición o recuperación de su capacidad y su mejor
     inserción en la sociedad.
     Artículo 125.-Contenido económico.
     1. La administración y disposición de los bienes del pupilo tienen el
     mismo contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad y
     capacidad, con las modificaciones previstas en este Título.
     2. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la
     enajenación de los bienes o derechos del tutelado.
     Artículo 126.-Fianza.
     Antes de darle posesión del cargo, el Juez, si no lo ha hecho ya la
     Junta de Parientes, podrá exigir a cualquier tutor, salvo si es
     persona jurídica pública, la constitución de fianza, y determinará la
     modalidad y cuantía de la misma. El Juez, motivadamente, podrá
     también exigirla en cualquier momento, así como dejar sin efecto o
     modificar en todo o en parte la que se hubiera exigido antes.
     Artículo 127.-Inventario.
     1. El tutor está obligado a hacer inventario notarial o judicial de
     los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de
     aquel en el que hubiese tomado posesión de su cargo. La autoridad
     judicial podrá prorrogar este plazo en resolución motivada.
     2. El inventario judicial se formará con intervención del Ministerio
     Fiscal y con citación de las personas que el Juez estime conveniente.
     En el notarial intervendrá la Junta de Parientes y el tutor
     depositará una copia en el Juzgado que haya constituido la tutela.
     3. El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga
     contra el tutelado se entenderá que los renuncia.
     Artículo 128.-Ejercicio de la tutela plural.
     1. Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercerá en la forma
     establecida en la delación y, en su defecto, de modo análogo a la
     autoridad familiar.
     2. El tutor de la persona y el de los bienes, o en su caso el
     administrador, actuarán independientemente en el ámbito de su
     competencia.
     3. Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona,
     la tutela subsiste con el otro, a no ser que en la delación se
     hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando
     cesa un tutor real respecto de los otros que administren los mismos
     bienes.
     Artículo 129.-Contribución a las cargas.
     1. El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al
     tutor de la persona los correspondientes recursos, a fin de que pueda
     cumplir adecuadamente sus obligaciones.
     2. Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su
     contribución a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes, o, en
     su defecto, el Juez, acordará la proporción en la que según la
     importancia y rendimiento de los bienes han de contribuir cada uno de
     ellos, incluido el tutor de la persona que también administre.
     Sección 3.ª
     Extinción de la tutela y rendición final de cuentas
     Artículo 130.-Extinción.
     La tutela se extingue:
     a) Por la emancipación.
     b) Por la mayoría de edad, a menos que con anterioridad se hubiera
     incapacitado judicialmente al menor.
     c) Por la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que
     la modifique y sustituya la tutela por la curatela.
     d) Por la recuperación de la autoridad familiar por quien hubiera
     sido privado, excluido o suspendido de ella.
     e) Por la adopción.
     f) Por la determinación de la filiación que conlleve la atribución de
     la autoridad familiar
     g) Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.
     Artículo 131.-Cuenta general de la gestión.
     1. El tutor al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior
     a la extinción de la tutela, deberá rendir cuenta general justificada
     de su gestión ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses
     desde el cese, prorrogables por períodos
     de tres meses si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo
     comienza a contar desde la aceptación de la herencia.
     2. La rendición de cuentas puede ser exigida por el tutelado o, en su
     caso, su representante legal o sus herederos. La acción prescribe a
     los tres años, contados desde la terminación del plazo establecido
     para efectuarla.
     3. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del
     que estuvo sometido a tutela.
     4. A la restitución de los bienes se aplicará el apartado 1 del
     artículo 86.
     5. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la tutela automática
     de entidad pública.
     Artículo 132.-Aprobación.
     1. Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá
     al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a
     la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.
     2. La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones
     que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus
     causahabientes por razón de la tutela.
     Artículo 133.-Devengo de intereses.
     1. Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general a favor del tutor
     devengará interés legal desde que el que estuvo sometido a su tutela
     o, en su caso, su representante legal o su heredero, sea requerido
     para el pago, previa entrega de sus bienes.
     2. Si el saldo es en contra del tutor, devengará interés legal desde
     la aprobación de la cuenta.
     CAPITULO V
     La curatela
     Artículo 134.-Personas sujetas a curatela.
     Estarán sujetos a curatela:
     a) Los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la
     asistencia prevenida por la ley fallezcan o queden impedidas para
     hacerlo.
     b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la
     resolución judicial que la modifique lo hayan establecido en atención
     a su grado de discernimiento.
     c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de
     guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la tutela.
     Artículo 135.-Curatela de emancipados.
     La curatela del emancipado, que solo se constituirá a su instancia,
     no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos
     que aquel no pueda realizar por sí solo.
     Artículo 136.-Curatela de incapacitados.
     1. La sentencia de incapacitación debe determinar los actos para
     los que el incapacitado necesita la asistencia del curador. Si no
     dispone otra cosa, se entenderá que la requiere, además de para los
     actos determinados por la ley, para aquellos en los que la precisa el
     menor mayor de catorce años.
     2. La sentencia podrá conceder al curador la representación para
     determinados actos de administración o disposición de bienes del
     incapacitado. También podrá limitar la curatela al ámbito personal.
     3. Si el incapacitado hubiese estado con anterioridad bajo tutela,
     desempeñará el cargo de curador quien hubiese sido su tutor, a menos
     que el Juez disponga motivadamente otra cosa.
     4. A esta curatela le son de aplicación supletoria, con las
     necesarias adaptaciones, las normas relativas a la tutela de
     incapacitados, especialmente en materia de promoción, constitución,
     contenido personal y extinción.
     Artículo 137.-Asistencia.
     1. La asistencia que debe prestar el curador al sometido a curatela
     se rige, con las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la
     asistencia al menor mayor de catorce años.
     2. La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto
     en el artículo 26, pero la acción del sometido a curatela prescribirá
     a los cuatro años desde que alcance la mayoría de edad o desde que
     hubiere recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin
     asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.
     Artículo 138.-Informe final.
     El curador del incapacitado deberá, al cesar en sus funciones,
     presentar el informe general justificado de su actividad ante la
     autoridad judicial.
     CAPITULO VI
     El defensor judicial
     Artículo 139.-Supuestos.
     Se nombrará un defensor judicial que represente o asista a quienes se
     hallen en alguno de los siguientes supuestos:
     a) Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el
     menor o incapacitado y quienes le representen o asistan y, conforme a
     lo previsto en la ley, corresponda intervenir a un defensor judicial.
     b) Cuando por cualquier causa los titulares de la autoridad familiar,
     tutela o curatela no desempeñen sus funciones, hasta que cese la
     causa determinante o se designe por resolución firme otra persona
     para desempeñarlas.
     c) En todos los demás casos previstos en la ley, a los que lo
     regulado en este Título solo será de aplicación supletoria.
     Artículo 140.-Nombramiento.
     El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio
     menor o incapacitado o de cualquier persona capaz de comparecer en
     juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.
     Artículo 141.-Régimen.
     1. El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido
     el Juez al que deberá dar cuenta de su gestión una vez concluida.
     2. Cuando el acto que ha determinado el nombramiento de defensor
     judicial requiera autorización judicial previa, esta se entenderá
     implícita en el nombramiento si el Juez no dispone otra cosa.
     CAPITULO VII
     La guarda de hecho
     Artículo 142.-Definición.
     Guardador de hecho es la persona física o jurídica que, por
     iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor
     o incapacitado en situación de desamparo o de una persona que podría
     ser incapacitada.
     Artículo 143.-Obligación de notificar el hecho.
     El guardador debe poner el hecho de la guarda en conocimiento del
     Juez o del Ministerio Fiscal.
     Artículo 144.-Información, control y vigilancia.
     1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia
     de un guardador de hecho, le requerirá para que informe de la
     situación de la persona bajo su guarda y de sus bienes, así como de
     la actuación del guardador en relación con ambos extremos.
     2. La autoridad judicial podrá establecer las medidas de control y
     vigilancia que considere oportunas.
     Artículo 145.-Régimen jurídico.
     1. La actuación del guardador de hecho en función tutelar debe
     limitarse a cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de
     administración de sus bienes que sean necesarios. La realización de
     estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representación
     legal.
     2. Para justificar la necesidad del acto y la condición de guardador
     de hecho será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta
     de Parientes de la persona protegida.
     3. El acto declarado necesario por la Junta de Parientes será válido;
     los demás serán anulables si no eran necesarios, salvo si han
     redundado en utilidad de la persona protegida.
     CAPITULO VIII
     La guarda administrativa y el acogimiento
     Sección primera
     La guarda administrativa
     Artículo 146.-Supuestos de guarda administrativa.
     1. La entidad pública competente tiene la guarda de los menores e
     incapacitados declarados en situación de desamparo, así como la de
     aquellos que se hallen bajo su tutela por delación dativa.
     2. Además asumirá la guarda, durante el tiempo necesario:
     a) Cuando se lo pidan los titulares de la autoridad familiar o
     institución tutelar que, por circunstancias graves y ajenas a su
     voluntad, no puedan cuidar de los menores o incapacitados a su cargo.
     b) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en los que legalmente
     proceda.
     Artículo 147.-Guarda a solicitud de padres o tutores.
     1. La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando
     constancia de que los titulares de la autoridad familiar o
     institución tutelar han sido informados de las responsabilidades que
     siguen manteniendo respecto del menor o incapacitado, así como de la
     forma en la que dicha guarda va a ejercitarse por la Administración.
     2. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será
     fundamentada y comunicada a aquellos y al Ministerio Fiscal.
     Artículo 148.-Medidas de protección.
     1. La entidad pública adoptará las medidas de protección
     proporcionadas a la situación personal del menor o incapacitado, para
     lo que podrá contar con la colaboración de instituciones habilitadas
     a tal efecto. Se procurará no separar a los hermanos de doble
     vínculo.
     2. La guarda administrativa se realizará mediante el acogimiento
     familiar y, subsidiariamente, mediante el acogimiento residencial. El
     acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que
     determine la entidad pública, pero tendrán preferencia los parientes
     o allegados del menor o incapacitado que resulten idóneos. El
     acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro donde
     sea acogido.
     3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor o
     incapacitado y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en
     acogimiento, aquel o persona interesada podrán solicitar la
     modificación del acogimiento.
     4. Todas las actuaciones en materia de protección de menores o
     incapacitados se practicarán con la obligada reserva.
     Artículo 149.-Administración de bienes.
     1. La entidad pública tutora es la administradora legal de los bienes
     de sus pupilos y debe hacer inventario de los mismos.
     2. Serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los
     titulares suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en
     representación del menor o incapacitado y que sean beneficiosos para
     él.
     3. Al cesar la administración de la entidad pública serán de
     aplicación, con las necesarias adaptaciones, las obligaciones
     previstas en el artículo 86.
     Artículo 150.-Vigilancia del Ministerio Fiscal.
     1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o
     acogimiento de los menores o incapacitados a los que se refiere este
     capítulo.
     2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los
     nuevos ingresos de menores o incapacitados y le remitirá copia de las
     resoluciones administrativas y de los escritos de formalización
     relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas,
     guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier
     novedad de interés en las circunstancias del menor o incapacitado.
     3. El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la
     situación del menor o incapacitado, y promoverá ante el Juez las
     medidas de protección que estime necesarias.
     4. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad
     pública de su responsabilidad para con el menor o incapacitado y de
     su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las
     anomalías que observe.
     Sección 2.ª
     El acogimiento familiar
     Artículo 151.-Contenido y ejercicio.
     1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor o
     incapacitado en la vida de familia e impone a quien lo recibe las
     obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía y alimentarlo,
     así como educar y procurar una formación integral al menor y promover
     la adquisición o recuperación de la capacidad del incapacitado y su
     mejor inserción en la sociedad.
     2. Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que
     sustituyan al núcleo familiar del menor o incapacitado, o por
     responsable del hogar funcional.
     Artículo 152.-Formalización.
     1. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento
     de la entidad pública, de las personas acogedoras y del menor mayor
     de doce años o del incapacitado que tenga suficiente juicio. Cuando
     fueran conocidos los titulares de la autoridad familiar que no
     estuvieren privados de ella, o el tutor, será necesario también que
     presten o hayan prestado su consentimiento.
     2. El documento de formalización del acogimiento familiar incluirá
     los siguientes extremos:
     a) Los consentimientos necesarios.
     b) Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
     c) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
     1.º La periodicidad de las visitas por parte de la familia del
     acogido.
     2.º El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de
     otros responsables civiles de los daños que sufra el acogido o de los
     que pueda causar a terceros.
     3.º La asunción de los gastos de manutención, educación y
     atención sanitaria.
     d) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del
     acogimiento, vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de
     colaboración de la familia acogedora al mismo.
     e) La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los
     acogedores.
     f) En su caso, que los acogedores actúan con carácter
     profesionalizado o que el acogimiento se realiza en un hogar
     funcional.
     Artículo 153.-Acogimiento acordado por el Juez.
     1. Si los titulares de la autoridad familiar o el tutor no consienten
     o se oponen al acogimiento, este solo podrá ser acordado por el Juez.
     La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos extremos
     referidos en el apartado 2 del artículo anterior e irá acompañada de
     los informes que la fundamentan.
     2. No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor
     o incapacitado un acogimiento familiar provisional, que subsistirá
     hasta tanto se produzca resolución judicial.
     3. La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas,
     y concluido el expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de
     manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días.
     Artículo 154.-Modalidades de acogimiento familiar.
     El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades
     atendiendo a su finalidad:
     a) Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien
     porque de la situación del menor o incapacitado se prevea la
     reinserción de este en su propia familia, bien en tanto se adopte una
     medida de protección que revista un carácter más estable.
     b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras
     circunstancias del menor o incapacitado y su familia así lo aconsejen
     y así lo informen los servicios de atención al menor o incapacitado.
     En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que
     atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que
     faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo
     caso al interés superior del menor o incapacitado.
     c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la
     entidad pública cuando esta eleve la propuesta de adopción del menor,
     informada por los servicios de atención al menor, ante la autoridad
     judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios
     para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la
     entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el
     menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
     La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento
     familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la
     presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario
     establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este
     período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder
     del plazo de un año.
     Artículo 155.-Cese del acogimiento familiar.
     1. El acogimiento del menor o incapacitado cesará:
     a) Por decisión judicial.
     b) Por decisión de las personas acogedoras, previa comunicación de
     estas a la entidad pública.
     c) A petición del tutor o de los titulares de la autoridad familiar
     que reclamen su compañía.
     d) Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda
     del menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para
     salvaguardar el interés de estos, oídos los acogedores.
     2. Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento
     haya sido dispuesto por el Juez.
     TITULO IV
     De la Junta de Parientes
     Artículo 156.-Llamamiento.
     1. Si a virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto
     jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en
     determinados asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas
     imperativas, actuarán aquellos reunidos en Junta.
     2. Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los
     interesados, este deberá constar en documento público.
     Artículo 157.-Reglas aplicables.
     1. La Junta de Parientes se regirá por las disposiciones del
     llamamiento y, en su defecto o para completarlas, por las reglas
     contenidas en el presente Título.
     2. La fiducia a favor de parientes se regirá, en defecto de
     instrucciones del comitente o para completarlas, por lo dispuesto en
     su normativa específica y, supletoriamente, por las normas de este
     Título.
     3. Serán de aplicación supletoria a los miembros de la Junta de
     Parientes, en la medida que su naturaleza lo permita, las normas
     relativas a los cargos tutelares, especialmente en materia de causas
     de inhabilidad, excusa, remoción y responsabilidad.
     Artículo 158.-Composición.
     1. Cuando la composición de la Junta no estuviere determinada, la
     formarán los dos más próximos parientes capaces, mayores de edad y no
     incursos en causa de inidoneidad, uno por cada línea o grupo
     familiar. En igualdad de grado, será preferido el de más edad, salvo
     entre ascendientes, en cuyo caso se preferirá al de menos.
     2. La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se
     formará con un pariente de cada una de ellas.
     Artículo 159.-Causas de inidoneidad.
     Carecen de idoneidad para ser miembros de la Junta:
     a) Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en
     documento público o testamento.
     b) Los que tengan un interés personal directo en la decisión a tomar
     por ella.
     c) Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.
     d) Los que estén excluidos, privados o suspendidos de la autoridad
     familiar, así como los excluidos o removidos del cargo tutelar, sobre
     el menor o incapacitado de cuya Junta se trate.
     Artículo 160.-Constitución y funcionamiento bajo fe notarial.
     Sin necesidad de ninguna formalidad previa, podrá reunirse y acordar
     válidamente la Junta de Parientes cada vez que, hallándose juntos sus
     miembros, decidan por unanimidad bajo fe notarial para asunto o
     asuntos determinados.
     Artículo 161.-Constitución judicial y funcionamiento de esta Junta.
     1. Cuando en documento público se haya configurado como órgano
     permanente, así como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe
     notarial, el Juez del domicilio de la persona o familia de cuya Junta
     se trate ordenará, a instancia de parte interesada, su constitución
     en expediente de jurisdicción voluntaria.
     2. Si la composición de la Junta no estuviese determinada, el Juez la
     formará teniendo en cuenta los criterios del artículo 158, pero
     podrá, motivadamente, apartarse de ellos. De la misma forma, el Juez
     podrá cubrir las vacantes que se produzcan por fallecimiento,
     renuncia, pérdida de idoneidad o incumplimiento de los deberes
     propios, previa remoción del cargo en los dos últimos supuestos.
     3. Una vez constituida, funcionará la Junta en la forma que los
     vocales decidan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la
     integran. De los acuerdos se levantará acta, que firmarán todos.
     Artículo 162.-Asistencia a la reunión.
     1. La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse
     personalmente. Quien falte a la reunión sin causa justificada
     responderá de los daños y perjuicios.
     2. Los gastos legítimos ocasionados por la reunión de la Junta serán
     de cuenta de aquellos que la motivan.
     Artículo 163.-Toma de decisiones.
     Las decisiones de la Junta serán tomadas mediante deliberación
     conjunta, conforme al leal saber y entender de los vocales, y con
     libertad de procedimiento.
     Artículo 164.-Eficacia de las decisiones.
     1. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y
     eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez.
     2. La decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el
     mismo asunto a otro órgano de decisión, incluso si este hubiera
     podido intervenir en él de forma alternativa o subsidiaria.
     3. La decisión de la Junta de Parientes que resuelva una controversia
     sometida a su juicio por acuerdo de las partes tendrá, si no han
     pactado otra cosa, la fuerza de obligar de un contrato.
     4. Lo decidido podrá ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez
     cuando con posterioridad ocurriese o se conociese algún hecho de
     relevancia para la decisión.
     Artículo 165.-Invalidez de las decisiones.
     1. A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicará
     la regulación de los contratos en el Código civil.
     2. Los defectos formales en la constitución o funcionamiento de
     aquella, que no sean de mero trámite, acarrearán la nulidad absoluta
     de sus acuerdos.
     Artículo 166.-Cauce procesal.
     Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta
     se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la
     demanda se dará traslado a los demandados y, cuando proceda, al
     Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte días,
     conforme a lo previsto en el artículo 405 de la Ley de enjuiciamiento
     civil.
     Artículo 167.-Falta de acuerdo de la Junta.
     En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de
     Parientes, si solicitada su intervención transcurre un mes sin haber
     obtenido acuerdo, se podrá optar por acudir a la decisión judicial o,
     en su caso, al nombramiento de un defensor judicial.
     Artículo 168.-Llamamiento de no parientes.
     Cuando por acto jurídico fueran llamadas personas determinadas o
     determinables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos
     familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, serán
     aplicables en lo pertinente las normas de este Título.
     DISPOSICION ADICIONAL
     Unica.-Términos genéricos.
     Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de
     la presente Ley se entenderán referidas también a su correspondiente
     femenino.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Aplicación inmediata.
     1. Las normas contenidas en los Títulos I, II y III se aplicarán
     íntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquiera
     que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o
     declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de
     protección de su persona o bienes.
     2. Las normas contenidas en el Título IV se aplicarán también
     íntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquiera
     que sea la fecha del llamamiento a la Junta de Parientes.
     Segunda.-Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no
     ejercitados o cumplidos todavía.
     1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes de regir esta ley,
     pero no ejercitados o cumplidos a su entrada en vigor,
     subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la
     legislación precedente, pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio,
     duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo
     dispuesto en esta ley.
     2. En particular, las normas de la presente Ley sobre nulidad o
     anulabilidad de actos serán aplicables desde su entrada en vigor,
     aunque el acto se hubiera otorgado con anterioridad.
     Tercera.-Prodigalidad.
     1. Desde la entrada en vigor de esta ley nadie puede ser declarado
     pródigo.
     2. Las personas declaradas pródigas a la entrada en vigor de esta ley
     seguirán rigiéndose por las normas de la legislación anterior, pero
     podrán solicitar judicialmente la reintegración de su capacidad.
     Cuarta.-Gastos de maternidad.
     Lo dispuesto en el artículo 59 sobre gastos de maternidad solo será
     de aplicación cuando el nacimiento tenga lugar después de la entrada
     en vigor de esta Ley.
     Quinta.-Autoridad familiar por personas distintas de los padres.
     El contenido de la autoridad familiar de otras personas constituida
     con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se ajustará a lo
     dispuesto en el artículo 75.3.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación del Libro Primero de la Compilación del Derecho
     Civil de Aragón.
     Queda derogado por la presente Ley el Libro Primero, «Derecho de la
     persona y de la familia», de la Compilación del Derecho Civil de
     Aragón.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Modificación de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
     1. El artículo 31 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
     «Artículo 31.-Capacidad de las personas físicas para aceptar o
     repudiar.
     1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce años
     no incapacitadas; pero para repudiarla los menores de edad mayores de
     catorce años, aunque estén emancipados, necesitarán la debida
     asistencia.
     2. La aceptación y la repudiación de las atribuciones deferidas a
     menores de catorce años o a incapacitados sometidos a tutela o a
     autoridad familiar prorrogada o rehabilitada corresponde a sus
     representantes legales; pero para repudiarlas necesitan autorización
     de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorización se
     entenderá automáticamente aceptada la atribución sucesoria.
     3. Cuando sean representantes ambos padres, puede aceptar en nombre
     del hijo uno cualquiera de ellos; sin embargo, la repudiación exigirá
     la intervención de ambos.
     4. El sometido a curatela puede aceptar o repudiar la herencia con la
     asistencia del curador, salvo que se establezca un régimen distinto
     en la sentencia de incapacitación.»
     2. El artículo 51 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
     «Artículo 51.-Partición con menores de catorce años o incapacitados.
     1. La representación de las personas menores de catorce años o
     incapacitadas en la solicitud y práctica de la partición se rige por
     lo dispuesto en los artículos 6, 10 y 14 de la Ley de Derecho de la
     persona, pero si el ejercicio de la autoridad familiar lo ostentan
     ambos padres, se requiere la actuación conjunta de los dos.
     2. No será necesaria la intervención de ambos padres ni la aprobación
     de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se limite a
     adjudicar proindiviso a los herederos en la proporción en que lo sean
     todos los bienes integrantes de la herencia.»
     3. El artículo 52 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
     «Artículo 52.-Partición con mayores de catorce años.
     1. Los menores de edad mayores de catorce años pueden solicitar la
     partición e intervenir en ella con la debida asistencia.
     2. El sometido a curatela, si la sentencia de incapacitación no
     dispone otra cosa, puede, asistido por el curador, solicitar la
     partición e intervenir en ella. Cuando exista oposición de intereses
     con el curador, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes
     o un defensor judicial.»
     Segunda.-Modificación de la Ley de régimen económico matrimonial y
     viudedad.
     1. El artículo 17 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
     económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes
     términos:
     «Artículo 17.-Capacidad.
     1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones
     que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio.
     Sin embargo:
     a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están
     emancipados, necesitarán la asistencia debida.
     b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal,
     salvo que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa.
     2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones
     requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada
     caso.»
     2. El artículo 60 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
     económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes
     términos:
     «Artículo 60.-Concreción automática de facultades.
     La gestión del patrimonio común corresponderá al cónyuge del
     incapacitado o declarado ausente. Necesitará, no obstante,
     autorización del Juez o de la Junta de Parientes de su cónyuge para
     los actos de disposición sobre inmuebles o establecimientos
     mercantiles.»
     3. El artículo 63 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen
     económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes
     términos:
     «Artículo 63.-Causas de disolución por decisión judicial.
     El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de
     uno de los cónyuges, en los casos siguientes:
     a) Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado
     ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona
     que represente al incapacitado o ausente, y, en el caso de
     incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida este con asistencia
     del curador.
     b) Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.
     En los casos de las letras a) y b), para que el Juez acuerde la
     disolución bastará que quien la pida presente la correspondiente
     resolución judicial.
     c) Llevar separados de hecho más de un año.
     d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 46.
     e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución
     sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme
     a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 43.
     f) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso
     de acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en
     la masa activa, conforme a la legislación concursal.»
     Tercera.-Entrada en vigor.
     La presente Ley entrará en vigor el 23 de abril de 2007.
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 27 de diciembre de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU