Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20030212
Fecha de Publicacion: 24/02/2003
Número de boletín: 22
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

Texto
     LEY 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y
     viudedad.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO I
     Esta Ley de Derecho civil, que desarrolla y pone al día la regulación
     de las relaciones patrimoniales en la familia, incluida la
     institución de la viudedad, constituye un segundo paso, de gran
     importancia por su extensión y contenido, para la renovación del
     cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. Se avanza así en este
     «objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad» que
     señalaba el Preámbulo de la Ley de sucesiones por causa de muerte. 
     Con aquella Ley, las Cortes de Aragón, en ejercicio de las
     competencias reconocidas por el artículo 149.1.8ª de la Constitución
     y el artículo 35.1.4ª del Estatuto de Autonomía, iniciaban la «tarea
     de largo aliento» de desarrollar sistemáticamente el Derecho
     aragonés. La presente Ley sigue el camino trazado por aquélla.
     En adelante, los títulos IV, V y VI del Libro Primero de la
     Compilación del Derecho civil de Aragón quedarán derogados y
     sustituidos por las normas que ahora se aprueban. No se produce con
     ello una ruptura sustancial con el pasado, que sería impensable
     tratándose de las normas que configuran el consorcio conyugal, la
     libertad para pactar sobre el régimen económico del matrimonio o el
     derecho de viudedad. La mayor parte de las normas compiladas, basadas
     en la experiencia histórica de siglos, quedan incorporadas a la
     presente Ley, que proporciona a las mismas un marco general que sirve
     de contexto sistemático y hace más fácil su interpretación, evitando
     las dudas sobre la pertinencia de acudir al Código civil para darles
     respuesta. El Código civil, como Derecho general del Estado, sigue
     siendo supletorio del Derecho civil de Aragón, pero la Ley tiene buen
     cuidado de incluir normas propias en todos los casos en que el
     hipotético recurso al Código era más claramente perturbador, así como
     de construir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a
     los enunciados del Código, de acuerdo con el artículo 1 de la
     Compilación.
     La Ley no es una reforma de la Compilación, sino una nueva
     formulación legal de las normas que han de regir las relaciones
     patrimoniales familiares. Su contenido, como se ha dicho, coincide en
     gran medida con el de las normas derogadas, en ocasiones aprovechando
     su mismo texto, pero ha sido pensado de nuevo en su totalidad,
     contrastándolo con los principios constitucionales, las aspiraciones
     reconocibles de los aragoneses y aragonesas, las enseñanzas de su
     aplicación por los jueces, la experiencia de los profesionales del
     Derecho y las sugerencias de la doctrina especializada. En
     consecuencia, las adiciones, modificaciones y aun supresiones son
     numerosas. Las principales de ellas se señalan a continuación.
     II
     La Ley se abre con un título primero dedicado a disposiciones
     generales, que arranca de la comunidad de vida que el matrimonio
     constituye, enlazando así con las determinaciones legales sobre el
     matrimonio contenidas en el Código civil, dentro del ámbito de la
     competencia exclusiva que al Estado reserva el artículo 149.1.8º de
     la Constitución en materia de «relaciones jurídico civiles relativas
     a las formas de matrimonio».
     Una parte de estas disposiciones se encontraban, sustancialmente, en
     la Compilación, en las normas sobre el régimen legal, y, por tanto,
     con vocación de aplicarse en todos los casos, o en diversos lugares
     de la misma, mientras que algunas otras proceden del Derecho
     supletorio. Al situarlas ahora en el frontispicio de la Ley, se
     subraya el valor informador de principios tales como la libertad de
     regulación y la atribución del gobierno de la familia a ambos
     cónyuges, que toman juntos las decisiones sobre la economía del hogar
     y se proporcionan uno a otro la información adecuada. Además, se
     precisan los criterios con que debe atenderse a la satisfacción de
     las necesidades familiares, incluyendo el deber que los hijos tienen
     de contribuir equitativamente a ellas en el hogar en que conviven, se
     establece la responsabilidad frente a terceros por las obligaciones
     contraídas para la satisfacción de las mismas y se enfatiza el
     respeto a los derechos de terceros. Reunir en un mismo título todas
     estas normas contribuye a dibujar los rasgos que el legislador
     considera fundamentales en toda comunidad de vida matrimonial y
     permite señalar expresamente el carácter imperativo de algunos
     preceptos básicos.
     Respecto de la vivienda familiar, la norma atiende a aspectos hasta
     ahora no regulados, como la extinción del derecho de viudedad,
     proporcionando una regulación completa tan sencilla como permite la
     complejidad del importante supuesto que regula, sin olvidar la
     situación de los terceros adquirentes de buena fe.
     El artículo 10 señala que la celebración del matrimonio atribuye a
     cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que
     primero fallezca, con independencia del régimen económico de su
     matrimonio y como efecto de la celebración de éste en todo caso. Este
     criterio, acorde con el Derecho tradicional y vivido así en nuestros
     días, armoniza con la declaración contenida en el artículo 89, según
     el cual el derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen
     matrimonial, y con la referencia que hace el artículo 23 a la
     conservación del derecho de viudedad también cuando resulta aplicable
     el régimen de separación, único caso en el que podría suscitarse
     alguna duda y en el que, naturalmente, cabe la renuncia a la viudedad
     si los cónyuges así lo desean.
     Es una novedad la colaboración requerida en el artículo 11 a quienes,
     por su cargo o profesión, intervienen en un expediente matrimonial. 
     Como es sabido, el grave problema que para los derechos de los
     cónyuges y la seguridad jurídica de quienes con ellos se relacionan
     supone la indeterminación o ignorancia del régimen matrimonial
     aplicable a aquéllos en razón de su distinta vecindad civil o de
     otras vicisitudes, ha sido señalado reiteradamente desde hace
     decenios, sin que se vislumbre una solución legislativa próxima. El
     artículo 11 supone una aportación modesta que, si encuentra eco en la
     práctica, podrá servir para mitigar unos inconvenientes a los que
     sólo el legislador estatal puede hacer frente de manera directa y en
     su integridad.
     III
     Los capítulos matrimoniales son el instrumento en que,
     tradicionalmente, los particulares vierten sus pactos y
     determinaciones en orden a regular el régimen económico del
     matrimonio, hacer aportaciones en atención al mismo e incluso atender
     con efectos jurídicos a las más variadas incumbencias relativas a los
     derechos de los cónyuges y sus parientes, en vida o para después de
     la muerte de alguno de ellos que pacta sobre su sucesión.
     La Ley acoge esta libertad de contenido sin otros límites que los
     genéricos del principio standum est chartae, que la historia ha
     emparejado señaladamente con las capitulaciones matrimoniales.  Los
     capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de sus
     estipulaciones a condición o término, incluso con efecto retroactivo,
     en la forma más amplia.
     Dado que, en ejercicio de esta libertad de capitular, instituciones
     como la dote o la firma de dote hace tiempo que han caído en desuso,
     la nueva Ley no contiene para ellas previsiones específicas, sino que
     las menciona junto a las demás instituciones familiares
     consuetudinarias, regidas por el pacto e interpretadas conforme a la
     costumbre y los usos locales.
     Las reglas sobre capacidad sientan criterios propios, fundados en la
     edad aragonesa de los catorce años, que aclaran dudas y resuelven
     contradicciones. Junto con las que atienden a la modificación de las
     estipulaciones capitulares, inspiradas en la doctrina mejor fundada,
     forman con el resto de los artículos de este título una regulación
     autosuficiente.
     IV
     Del mismo modo, las previsiones legales sobre el régimen de
     separación de bienes, contenido del título III, se bastan a sí
     mismas, cerrando el paso a la aplicación supletoria del Código civil. 
     Si el régimen de separación de determinados cónyuges, acordado por
     ellos o consecuente a todo caso de disolución o exclusión del
     consorcio conyugal legal, no prevé determinadas consecuencias
     mediante pactos ni pueden deducirse de los mismos, no habrán de
     producirse otras que las señaladas en este título y, en último
     término, las que puedan derivar mediante la aplicación analógica, en
     lo que proceda, de las normas del consorcio conyugal.
     V
     La regulación que del régimen matrimonial legal hizo la Compilación
     de 1967 era, en aquella fecha, tanto por su sustancia como por su
     factura técnica, la más acabada de las vigentes en España. Siguió
     siéndolo tras la reforma del Código civil en 1981, que en algún punto
     se inspiró en las normas aragonesas.
     La presente Ley pretende, en esta materia, completar y perfeccionar
     aquella regulación, atender a algunos problemas surgidos al
     aplicarla, prever supuestos nuevos que ha traído el paso del tiempo
     y, en general, desarrollar conforme a sus propios principios
     consecuencias más explícitas, lo que lleva, especialmente en materia
     de disolución, liquidación y división, a una exposición más
     pormenorizada.
     El régimen matrimonial aragonés de comunidad carecía de nombre propio
     con que designarlo y diferenciarlo. Esta Ley opta por el de
     «consorcio conyugal», siguiendo una práctica bastante extendida, que
     denomina asimismo «consorciales» a los bienes comunes. De esta
     manera, se pone de relieve la especificidad de este régimen
     matrimonial, que tiene sus propias raíces en los fueros más antiguos
     y una configuración doctrinal, judicial y legislativa que le dota de
     un perfil propio entre los regímenes de comunidad limitada, como los
     de gananciales, que surgieron y se mantienen, puestos al día, en
     tantos países europeos.
     Rasgo definitorio y clave para entender y aplicar este régimen es el
     papel predominante que en el mismo tiene la voluntad de los
     particulares, de manera que más puede considerarse subsidiario de
     ella que propiamente legal. El Derecho aragonés nunca consideró
     fundados los temores de otros legisladores desconfiados, que
     prohibieron las donaciones y contratos entre cónyuges y que solamente
     les permitieron capitular antes de celebrar su matrimonio. Los
     aragoneses han configurado en cada caso el contenido del patrimonio
     común y los privativos con total libertad, obligándose también entre
     sí y reconociéndose derechos actuales o futuros según su propio
     criterio.
     Una manera de configurar libremente el régimen de comunidad encontró
     cauce tradicional en las fórmulas de «llevar muebles por sitios», o
     la inversa, que la Compilación recibió en su artículo 29. La Ley
     recoge, en su artículo 33, el contenido principal de aquél, pero se
     ocupa además de indicar con claridad muchas de las consecuencias del
     principio general que el precepto encierra en otros lugares, como en
     la letra b) del apartado 2 del artículo 28 y en las letras a) y d)
     del artículo 29.
     Ahora bien, la vieja y entrañable fórmula de «muebles por sitios o
     viceversa» deja de ser útil en su tenor literal en razón de una de
     las decisiones de política legislativa más aparentes, aunque
     probablemente de escasas consecuencias prácticas, que ha adoptado el
     legislador. Los muebles ya no son llamados, por el mero hecho de ser
     muebles, a ingresar en el patrimonio común. Ya la exposición de
     motivos que acompañó en 1967 a la Compilación advertía que el sistema
     de comunidad de muebles y ganancias, asentado en los fueros y
     observancias y que llegó íntegramente al Apéndice de 1925,
     «justificado en una época en que la importancia económica de los
     primeros era exigua y en que la identificación de los bienes casi
     sólo era posible tratándose de inmuebles, tiene difícil defensa en
     nuestros días». La Compilación no dio el paso definitivo -que acababa
     de acometer el Derecho francés, muy cercano en esto al aragonés
     histórico- de suprimir la regla que hacía comunes los bienes muebles,
     pues cabía temer que, reducida la comunidad básicamente a las
     ganancias, se encontrara fuera de Aragón motivo para considerar el
     régimen aragonés como una variante de escasa importancia respecto del
     de gananciales del Código, con el peligro de supresión de las normas
     aragonesas.  Siguió entonces un camino indirecto, apoyado hábilmente
     en la fórmula de «muebles por sitios», para considerar aportados o
     adquiridos como sitios los bienes muebles enumerados en el artículo
     39, que son prácticamente todos los que pueden identificarse y tienen
     algún valor, incluido el dinero. «Con esta ficción (explicaba aquella
     exposición de motivos) se empalmará la nueva norma con la
     tradicional, sin menoscabo del propósito legislativo».
     Asumida por la Comunidad Autónoma la competencia legislativa
     exclusiva sobre nuestro Derecho civil, es claro que han desaparecido
     los motivos que llevaron a aquella ficción. Hoy, el propósito de
     excluir la inadecuada regla sobre los muebles puede y debe realizarse
     de manera directa. Con ello, el sistema adquiere mayor claridad, sin
     que, por otra parte, las consecuencias sean muy distintas de las que
     la Compilación previó con su rodeo.
     VI
     En el capítulo dedicado a determinar qué bienes sean comunes y cuáles
     privativos, se mantienen, salvo lo dicho sobre los muebles, los
     criterios ya bien asentados en la Compilación, subrayando la libertad
     de los cónyuges de atribuir en todo momento carácter consorcial o
     privativo a los bienes que deseen y añadiendo reglas para casos muy
     variados que hasta ahora tenían solución poco segura. Se atiende así
     a las adquisiciones a título oneroso con precio aplazado, a las
     indemnizaciones por despido, a las cantidades devengadas por
     pensiones, a las participaciones en fondos de inversión y productos
     financieros similares, a los derechos del arrendatario o a la
     adquisición de acciones o participaciones de sociedades, determinando
     su carácter consorcial en las condiciones en cada caso consideradas,
     en atención a la fuerte caracterización comunitaria que tiene el
     consorcio aragonés. (La seguridad que proporciona el pronunciamiento
     directo por parte del legislador parece ventajosa, incluso en algún
     supuesto en que la opinión doctrinal contraria sería también
     defendible en ausencia de ley).
     Correlativamente, puede decirse que los bienes adquiridos durante el
     matrimonio, distintos de los que tengan carácter personal, sólo son
     privativos -salvo voluntad distinta de los cónyuges- cuando se
     adquieren a título lucrativo y en determinados supuestos en que la
     adquisición está relacionada de algún modo con el patrimonio
     privativo. Entre estos supuestos, merece destacarse el de la compra
     celebrada antes del matrimonio por precio aplazado, caso en que el
     bien, cualquiera que sea su clase y destino, es siempre privativo,
     salvo que la totalidad del precio se pague durante el matrimonio con
     fondos comunes.
     Se mantiene, naturalmente, la categoría de los bienes patrimoniales
     de carácter personal, introducida por la Compilación y luego adoptada
     por otros legisladores. Ahora se precisan con mayor detalle los
     bienes y derechos que entran en esta categoría, distinguiendo, cuando
     procede, entre la titularidad de los bienes y sus posibles
     rendimientos y señalando algunas consecuencias de los seguros sobre
     la vida.
     Al objeto de hacer posible en la práctica una verdadera subrogación
     de bienes en el patrimonio privativo mediante utilización de dinero
     de aquella procedencia, se ha introducido una «presunción de
     privatividad» que, en los términos bastante estrictos en que está
     formulada, permite la subrogación sin necesidad de que intervenga el
     cónyuge del adquirente. Ahora bien, no se desconoce que esta
     intervención, bajo forma de reconocimiento de privatividad, seguirá
     utilizándose en muchos casos en que no pueda operar aquella
     presunción o se prefiera no acudir a ella, por lo que se regula
     asimismo este reconocimiento de privatividad tanto en la manera de
     producirse como en sus consecuencias.
     Tanto la presunción como el reconocimiento de privatividad se
     presentan, de acuerdo con su naturaleza, como fenómenos diferentes de
     los verdaderos pactos por los que los cónyuges atribuyen a bienes
     privativos el carácter de comunes o, a éstos, la condición de
     privativos o asignan, en el momento de su adquisición, carácter
     privativo o común a lo adquirido.
     El capítulo se cierra con una precisión sobre bienes de origen
     familiar y con la formulación de la presunción de comunidad en
     términos sustancialmente idénticos a los que acuñó la Compilación,
     referida tanto a los bienes como a la procedencia de la
     contraprestación que, por su adquisición, se pagó.
     VII
     En materia de deudas comunes y privativas, ha sido preocupación
     principal hacer más explícito y desarrollar el excelente esquema
     conceptual que sustenta esta materia en la Compilación.
     El artículo 36, que enumera las deudas que constituyen el pasivo
     definitivo del consorcio, carece de significación para los terceros
     salvo a través de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 37. Es
     en este artículo 37 donde se relacionan las deudas que, aun
     contraídas por uno solo de los cónyuges, comprometen frente a
     terceros el patrimonio común. Como puede verse, respecto de terceros
     de buena fe, se amplía considerablemente la responsabilidad
     patrimonial del deudor cuando está casado en régimen de consorcio,
     pues pueden cobrarse, en definitiva, sobre bienes que sólo en parte
     corresponden a su deudor la mayor parte de las deudas contraídas
     ordinariamente por las personas casadas, aun aquéllas que en la
     relación interna son privativas de acuerdo con los artículos 36 y 41. 
     Bien es verdad que, sin esta ampliación de responsabilidad, los
     acreedores no les concederían crédito de buen grado, pues no podrían
     embargar simplemente la cuota del deudor en el consorcio.
     También a favor de los terceros acreedores, se hace responder
     solidariamente a ambos cónyuges, una vez agotados los bienes comunes,
     por las deudas contraídas por uno solo de ellos para satisfacer las
     atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 36. 
     Para evitar esta responsabilidad solidaria del otro cónyuge con
     bienes privativos, así como su deber de contribución en la relación
     interna indicado en el artículo 39, se han situado en la letra d) del
     apartado 1 del artículo 36 los gastos de crianza y educación de los
     hijos de uno solo de los cónyuges que no convivan con el matrimonio. 
     Estos gastos son también a cargo definitivamente del patrimonio
     común, sin la excepción que la Compilación estableció respecto de los
     hijos adulterinos, de cuya constitucionalidad cabe dudar.
     Deudas privativas, en la relación interna, son todas las que no
     pueden encuadrarse en la enumeración de deudas comunes del artículo
     36 y, en particular, las anteriores al consorcio, así como las deudas
     y cargas por razón de sucesiones y donaciones.  Pero, para los
     terceros, sólo tienen el tratamiento de privativas las distintas de
     las enunciadas en el artículo 37. Es un ámbito notablemente reducido,
     en que no se aprecia razón alguna para favorecer los intereses de los
     acreedores en perjuicio de los del cónyuge no deudor. La Compilación,
     en las huellas de una tradición histórica que dejaba a salvo la parte
     correspondiente a la mujer cuando las deudas de su marido habían sido
     contraídas «en su propio provecho, con ocasión de vicios, afianzando
     a favor de otros o con propósito conocido de perjudicar a aquélla»,
     previó en su artículo 46 un mecanismo por el que había de quedar
     siempre a salvo el valor que en el patrimonio común corresponde al
     cónyuge no deudor. Son conocidas las dificultades procesales que
     obstaculizaron la adecuada aplicación de este precepto, tanto antes
     como después de la reforma del Código civil de 1981. Es de creer que
     el cauce que la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 ha previsto para
     la ejecución en bienes gananciales resulte suficiente y expedito. Por
     ello, esta Ley se remite al mismo en su artículo 43, con las
     necesarias adaptaciones sustantivas, entre las que destaca la
     posibilidad de dejar a salvo el valor que en el patrimonio común
     corresponda al cónyuge no deudor sin necesidad de disolución del
     consorcio, salvo que opte por ella, pero siempre mediante liquidación
     del mismo a los efectos de constatar el valor que ha de quedar a
     salvo.
     VIII
     La gestión del consorcio es abordada en el capítulo III del título IV
     en su sentido más amplio, como ya hiciera la Compilación, abarcando
     las decisiones sobre administración y disposición de todos los bienes
     de los cónyuges, así como las que llevan a su endeudamiento. Por
     ello, la sección primera se ocupa «de la economía familiar» en
     general, estableciendo el principio según el cual las decisiones
     sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges y
     desarrollando algunas de sus consecuencias sobre atención al interés
     de la familia, diligencia debida y deber de información.
     En un solo artículo se regula la gestión de los bienes privativos,
     que corresponde a cada cónyuge. La gestión de los bienes comunes
     recibe, por el contrario, un desarrollo mucho más amplio, acorde con
     la frecuencia y dificultad de los problemas que plantea una gestión
     que compete exclusivamente a dos personas, consideradas absolutamente
     en pie de igualdad, de modo que tampoco puede decirse que una de
     ellas gestiona mientras la otra se limita a vigilar en salvaguarda de
     sus intereses, sino que ambas tienen los mismos poderes y los mismos
     límites. Al no estar ninguna de ellas en posición de superioridad,
     tampoco lo están en situación de ser especialmente protegidas.
     Junto al principio de igualdad, el de libertad. Los cónyuges pueden
     pactar sobre la gestión del patrimonio común sin otros límites que
     los genéricos del standum est chartae: la Constitución y las normas
     imperativas del Derecho aragonés. El principio de igualdad se realiza
     tanto a través de la gestión conjunta como de la gestión indistinta
     de cualquiera de los cónyuges. Prolongando líneas ya nítidamente
     trazadas en la Compilación, se enumeran actos que cualquiera de los
     cónyuges está legitimado para realizar por sí solo, incluidos, como
     novedad, los de disposición sobre los bienes comunes cuando sean
     necesarios para satisfacer las necesidades familiares, con ciertas
     cautelas.
     Se mantiene la legitimación para realizar los actos de administración
     o disposición incluidos en el tráfico habitual de la profesión o
     negocio de cada cónyuge, acompañada ahora de un cauce que facilita la
     prueba en el tráfico. Asimismo, se mantiene y amplía a cualesquiera
     bienes muebles la legitimación de cada cónyuge, frente a terceros de
     buena fe, respecto de los que figuran a su nombre, exclusiva o
     indistintamente, o se encuentran en su poder.
     Con estas previsiones legales, se propicia la deseable libertad con
     que cada cónyuge ha de poder presentarse ante los terceros, haciendo
     innecesarias y, por tanto, inoportunas las averiguaciones de éstos
     sobre el estado civil y régimen matrimonial de la persona con la que
     contratan. El límite es el fraude a los derechos del otro cónyuge,
     sancionado en el artículo 54.
     En todos los casos en que la Ley no atribuye una legitimación para
     actuar por sí solo, la regla respecto de los actos de administración
     extraordinaria o de disposición de bienes comunes es la actuación
     conjunta de ambos cónyuges, a la que se asimila la de uno de ellos
     con el consentimiento del otro. Sólo en el caso de que un cónyuge se
     halle impedido por cualquier causa para prestar su consentimiento,
     podrá el otro acudir al juez solicitando su actuación, de manera que,
     sin el consentimiento de un cónyuge que se encuentra en situación de
     prestarlo, no cabe enajenar el bien. Los desacuerdos graves o
     reiterados en esta materia son considerados desacuerdos sobre la
     gestión de la economía familiar, con las posibles consecuencias
     señaladas en el artículo 46.
     Son conocidas las dudas sobre la aplicación al consorcio conyugal
     aragonés de las reglas que en el Código civil señalan la anulabilidad
     como forma de invalidez de los actos de disposición a título oneroso
     sobre bienes gananciales realizados por un cónyuge sin el necesario
     consentimiento del otro. Son también numerosas y fundadas las
     críticas a los preceptos del Código por parte de sus propios
     comentaristas, preceptos, por otra parte, que responden a una
     tradición jurisprudencial y doctrinal que no hay razones para adoptar
     en Aragón. En consecuencia, la Ley aborda el problema de la venta de
     cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el
     consentimiento de ambos con criterios nuevos, inspirados en un
     análisis jurídico más depurado y que atienden mejor al complejo
     conflicto de intereses entre tres partes que estos casos suponen. En
     particular, trata de evitarse la fácil y frecuente presunción
     judicial de que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió ha
     consentido, por el mero hecho de que no se ha opuesto a la venta
     antes de interponer su demanda. Partiendo de la validez del contrato
     -título- y de que la propiedad no se transmite al entregar la cosa
     uno solo de sus dueños, se señala la inoponibilidad del contrato al
     cónyuge que no consintió, así como las acciones que éste puede
     ejercitar, al tiempo que se muestra también el cauce para la defensa
     de los intereses del comprador a través de las acciones nacidas de la
     compraventa contra su vendedor incumplidor.
     Se prevén asimismo algunas situaciones especiales, en que la gestión
     conjunta por ambos cónyuges no resulta posible. De manera automática,
     todas las facultades se concentran en un cónyuge -con necesidad de
     autorización judicial para ciertos actos- cuando el otro haya sido
     incapacitado o declarado pródigo o ausente. Con esta regla, situada
     en su sede propia de gestión del consorcio, se hace innecesaria la
     del apartado 3 del artículo 7 de la Compilación, que se deroga. 
     También podrá el Juez, con las cautelas que en cada caso parezcan
     convenientes, atribuir la gestión a uno solo de los cónyuges cuando
     el otro se encuentre imposibilitado de hecho para la gestión del
     patrimonio común. Por último, cabe que el Juez, a petición de un
     cónyuge, prive al otro total o parcialmente de sus facultades de
     gestión, cuando por sus actos haya puesto repetidamente en peligro la
     economía familiar.
     Las previsiones del artículo 56 sobre disposiciones por causa de
     muerte relativas a la participación en el patrimonio común, a bienes
     determinados del patrimonio común o a los derechos que sobre un bien
     determinado corresponden al disponente, suponen una novedad, al menos
     formal, en el Derecho aragonés. Inspiradas en opiniones doctrinales
     solventes y en sugerencias de los profesionales del Derecho, tienden
     a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes que, en un régimen
     como el aragonés, no parecería razonable impedir solamente por
     razones derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del
     consorcio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente
     poderosas. Es de notar que las mismas reglas, de acuerdo con el
     artículo 73, se aplican a las disposiciones por causa de muerte ya
     disuelto el consorcio pero todavía no dividida la masa común.
     IX
     Las normas sobre disolución, liquidación y división del consorcio
     ocupan veintisiete artículos, multiplicando por más de cuatro su
     número en la Compilación. Las razones son varias: se ha pretendido
     enumerar exhaustivamente las causas de disolución, evitando
     remisiones inciertas; asimismo, se detallan en lo necesario todas las
     fases e incidencias que pueden ocurrir, desde la disolución a la
     atribución de bienes a cada partícipe mediante la división, buscando
     un texto autosuficiente para cuya aplicación no sea necesario
     recurrir más que, en su caso, a la Ley de enjuiciamiento civil.
     Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho anterior en
     buen número de artículos, como la posibilidad de que el Juez
     retrotraiga los efectos de la disolución hasta el inicio de los
     procedimientos de nulidad, separación o divorcio (65), o las
     consecuencias de la disolución por nulidad del matrimonio (67).  En
     la liquidación ordinaria (83) se aclaran algunas operaciones de
     compensación, reembolsos y reintegros. Las aventajas que consisten en
     bienes de uso personal o profesional no quedan reducidas al caso de
     disolución por muerte (84), lo mismo que el derecho que un cónyuge
     haga incluir en su lote determinados bienes comunes que guardan
     especial relación con su persona, que puede ejercitarse también en
     los demás supuestos de disolución, hoy más frecuentes que en 1967. La
     posibilidad de incluir en su lote la vivienda habitual, por evidentes
     razones, se reconoce sólo para el caso de muerte del otro cónyuge.
     En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y a la situación
     de los acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo
     universal del viudo, que pocas veces dejará de darse, y la figura del
     fiduciario, sea o no el viudo, de tan frecuente presencia, dando
     solución de forma que ha parecido a la vez sencilla y prudente a
     dudas surgidas en la práctica.
     En los artículos 68 a 75 se regula «la comunidad que continúa tras la
     disolución». Allí se incluyen, con pequeñas modificaciones, las
     normas hasta ahora contenidas en el artículo 53 de la Compilación,
     que recogen en lo esencial la llamada comunidad conyugal continuada
     tal como se conoció en el Derecho de los Fueros y Observancias. No ha
     parecido conveniente, por el contrario, trasladar a la Ley los
     preceptos que en 1967 construyó la Compilación (artículos 60 a 67)
     con la intención de proporcionar a las pequeñas empresas familiares
     un cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento
     del empresario sin más cambio estructural que la sustitución del
     difunto por sus herederos y la atribución de la dirección, en todo
     caso, al cónyuge viudo. Las grandes transformaciones operadas desde
     entonces en el entorno económico y legal de las actividades
     económicas, así como las exigencias administrativas que condicionan
     la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado
     fuera de uso, o acaso sólo para supuestos marginales que no es
     prudente propiciar, unas normas sin duda bienintencionadas y,
     entonces, innovadoras, pero que no han dado los frutos que cabía
     desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.
     X
     El título V, dedicado a la viudedad, comienza exactamente como lo
     hacía el título correspondiente de la Compilación: «La celebración
     del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre
     todos los bienes del que primero fallezca». En esta frase se expresa
     la esencia del derecho de viudedad aragonés y sus rasgos definitorios
     tal como lo conocemos desde su origen histórico en la época de los
     Fueros. El derecho de viudedad se adquiere con la celebración del
     matrimonio, de manera que durante el mismo se mantiene «expectante»,
     según el tecnicismo consagrado hace más de un siglo para denotar una
     situación jurídica aludida y configurada por la doctrina de los
     foristas desde al menos el siglo XIV.
     El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho
     expectante, es coherente con una concepción igualitaria y
     participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos
     cónyuges comparten todas las decisiones económicas que tienen
     incidencia sobre la familia, en particular las más importantes y, por
     tanto, las relativas a la enajenación de bienes inmuebles de uno de
     ellos sobre los que el otro está llamado a tener usufructo. Esta
     forma de entender la comunidad de vida matrimonial corresponde
     verosímilmente a las ideas, creencias y vivencias de la mayor parte
     de los aragoneses y aragonesas de hoy, que entienden asimismo el
     usufructo vidual más como posición personal del viudo en cuanto
     continuador de la familia que como un beneficio puramente económico
     en su exclusivo interés.  Mientras se mantengan arraigadas en la
     sociedad estas concepciones sobre el matrimonio y la familia, el
     legislador cumplirá óptimamente su función manteniendo la
     configuración secular del derecho de viudedad, de acuerdo con la cual
     ambos cónyuges concurren normalmente a la enajenación de los
     inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su
     derecho.
     La Compilación extendió el usufructo de viudedad hasta hacerlo
     universal, interpretando correctamente los deseos de los aragoneses. 
     Pero el cambio respecto de la situación anterior, en que la viudedad
     legal estaba limitada a los inmuebles, introducido cuando ya aquella
     Ley se encontraba en estado avanzado de elaboración, dejó algunas
     costuras mal asentadas en las relaciones entre la fase de derecho
     expectante y la de usufructo. En consecuencia, se han reformulado
     ahora con cuidado todos los preceptos con la finalidad de presentar
     con la mayor claridad y coherencia el armazón conceptual, a la vez
     que se atiende a aspectos concretos que habían presentado dudas o
     dificultades en la práctica. De estos problemas, los profesionales
     del Derecho se habían hecho eco especialmente de los relativos a las
     vicisitudes del derecho de viudedad en su fase expectante, por su
     presencia continuamente reiterada en el tráfico jurídico sobre
     inmuebles. Contribuir a la seguridad jurídica y limitar eventuales
     abusos es asimismo el objetivo de varios preceptos de este título.
     XI
     El capítulo primero plasma los criterios fundamentales a que se acaba
     de aludir, aclarando y desarrollando preceptos de la Compilación,
     pero también contiene algunas novedades.
     El derecho de viudedad, inalienable e inembargable, puede
     renunciarse. La práctica ha introducido renuncias al derecho de
     viudedad limitadas al derecho expectante, con la finalidad de que el
     cónyuge propietario de los inmuebles pueda disponer de ellos sin
     trabas, pero conservando el renunciante el usufructo sobre todos
     aquellos que aquél no haya enajenado. Es una finalidad razonable que
     se expresa de maneras diversas en los documentos notariales, lo que
     puede dar lugar en algunos casos a dudas en la interpretación, para
     cuya solución hay que partir de que la Compilación entendía que la
     renuncia al derecho expectante, como las demás causas de extinción
     del mismo, comprendía, naturalmente, la extinción del derecho de
     viudedad en su conjunto. Por el contrario, la Ley adopta otro punto
     de vista, abordando por separado la extinción del derecho de viudedad
     en su conjunto (artículo 94) y la extinción del derecho expectante
     sobre determinados bienes inmuebles (artículos 98 y 99) o muebles
     (artículo 100) y, del mismo modo, distinguiendo la renuncia al
     derecho de viudedad sobre todos los bienes o parte de ellos (artículo
     92, apartado 1) de la renuncia solamente al derecho expectante,
     igualmente sobre todos o parte de los bienes del otro (artículo 92,
     apartado 2), sin merma en este último caso del usufructo sobre todos
     los bienes que, al fallecer el otro cónyuge, le pertenezcan.
     Es nueva la posibilidad que el artículo 93 admite de que un cónyuge
     prive de la viudedad al otro cuando incurra en alguna de las causas
     que, cuando se trata de legitimarios, pueden fundar la desheredación. 
     La Compilación ya dio entrada, como causas de extinción de la
     viudedad, a las de indignidad para suceder. En ambos supuestos, ante
     conductas tan censurables por parte de un cónyuge, su goce del
     derecho de viudedad sin que hubiera medios hábiles para evitarlo
     podría considerarse contrario al fundamento mismo de la institución.
     La separación judicial, el divorcio o la declaración de nulidad son
     causa de extinción en todo caso, con la posibilidad de pacto en
     contrario mientras el matrimonio subsista. Además, el artículo 94
     considera que la extinción se produce ya por la mera admisión a
     trámite de la correspondiente demanda, con solución similar a la
     adoptada por el legislador en la Ley de sucesiones por causa de
     muerte en los artículos 89, 123, 125 y 216 para supuestos que pueden
     considerarse semejantes.
     Se ha suprimido la limitación que en la extensión del derecho de
     viudedad mantenía la Compilación en su artículo 73 para el caso de
     matrimonio de persona que tuviera descendencia conocida con
     anterioridad, procedente, con otra redacción y alcance, de la Ley de
     1967. Ha llevado a esta conclusión la dificultad de identificar el
     fundamento y finalidad de la norma, junto con lo arduo de encontrar
     una regulación coherente con la misma que evitara los graves
     problemas que su aplicación ofrece. Se prevé, con todo, la
     posibilidad de que un cónyuge, por su sola voluntad, excluya del
     usufructo vidual del otro bienes de la herencia que recaigan en
     descendientes suyos que no sean comunes, siempre que su valor no
     exceda de la mitad del caudal hereditario (artículo 101.3).
     Se mantiene, por el contrario, la regla que veta a los ascendientes
     prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad
     en los bienes que transmitan a éste por donación o sucesión. Es una
     regla a favor de la viudedad, dirigida a impedir que la posición del
     viudo sea alterada en su perjuicio por la mera voluntad de los
     ascendientes de su cónyuge. Ahora la regla se pone directamente en
     contacto con la que recibe el contenido del artículo 77 de la
     Compilación, de manera que resulte más claro su alcance y los casos
     que comprende.
     Por último, se reitera en su sede más propia la norma que considera
     sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente los
     bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a
     aceptar o repudiar la herencia (véase el artículo 39 de la Ley de
     sucesiones), y se aclara que, en situación de consorcio foral, están
     sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido
     los bienes que los demás consortes adquieren por acrecimiento.
     XII
     El derecho de viudedad se manifiesta durante el matrimonio como
     derecho expectante que tiene como objeto tanto los bienes muebles
     como los inmuebles, si bien no de la misma manera. Cuando un bien
     mueble sale del patrimonio común o del privativo se extingue el
     derecho expectante sobre el mismo, salvo que se haya enajenado en
     fraude del derecho de viudedad (artículo 100), mientras que el mismo
     derecho sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o
     explotaciones económicas no se extingue o menoscaba por su
     enajenación.
     La Ley enumera, sin embargo, diversos supuestos en los que el derecho
     expectante de viudedad se extingue con la enajenación del inmueble,
     tratando con ello de introducir mayor claridad y también mayor
     seguridad en el tráfico, en atención a los intereses de los
     adquirentes que, conviene recordar, en su mayor parte conocen
     perfectamente la existencia y consecuencias de una institución
     central en la vida jurídica privada aragonesa.
     La renuncia ha de ser expresa y, en principio, sólo vale si es
     expresada en escritura pública. Pero se admite ahora su validez sin
     tal forma siempre que se otorgue en el mismo acto por el que
     válidamente se enajena el bien.
     La renuncia no se presume nunca. Los demás supuestos de extinción se
     configuran como consecuencia directa del acto de enajenación por
     mandato de la Ley. Algunos podían acaso inferirse por interpretación
     de las normas de la Compilación, pero otros son claramente una
     novedad. Se extingue el derecho expectante siempre que se enajena
     válidamente un bien consorcial (también, por tanto, en los casos en
     que la enajenación es válida aunque sólo haya dispuesto uno de los
     cónyuges) o su titular enajena bienes privativos incluidos en el
     tráfico habitual de su profesión o negocio. Si concurren ambos
     cónyuges a una enajenación, cualquiera que sea el concepto en que uno
     y otro concurran, se extingue para ambos el derecho expectante, salvo
     reserva expresa.  En la partición o división de bienes se extingue el
     derecho expectante respecto de los que no se adjudiquen al cónyuge,
     de manera que no será necesaria la concurrencia de los cónyuges de
     los comuneros o coherederos en la partición. También la expropiación
     y procedimientos equivalentes extinguen el derecho expectante. Que se
     extinga en la enajenación de bienes por el cónyuge del declarado
     ausente no es norma nueva, sino situación en su sede más propia de la
     hasta ahora contenida en el artículo 7 de la Compilación.
     Se mantiene la regla, procedente de la reforma de 1985, según la cual
     el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante, aclarando
     ahora algunos extremos y prescindiendo de la referencia al abuso del
     derecho: el Juez, atendidas todas las circunstancias, declarará la
     extinción cuando crea que así procede en razón de las necesidades o
     intereses familiares.
     Es totalmente nueva la regla del apartado 4 del artículo 98, pensada
     para supuestos extraordinarios en que resulta muy difícil la
     comunicación y trato entre los cónyuges, especialmente si uno de
     ellos rehuye cualquier respuesta. Podría ser, por ejemplo, el caso
     entre cónyuges que viven separados por sentencia judicial anterior a
     la entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Compilación
     operada en 1985 y que, por tanto, conservan el derecho de viudedad. 
     Mediante la notificación de la enajenación en los términos que el
     precepto precisa se impone, ciertamente, al cónyuge la carga de
     pronunciarse expresamente y hacer llegar al Registro de la Propiedad
     su voluntad de conservar el derecho expectante, que de otro modo se
     extinguirá. Es de esperar que este mecanismo pueda aliviar, al menos,
     casos extremos que la práctica conoce, sin enturbiar el
     funcionamiento normal del derecho de viudedad durante el matrimonio
     en los casos más regulares y frecuentes.
     La Compilación, en uno de sus escasos desaciertos, dejó en la
     incertidumbre la suerte del derecho expectante de viudedad cuando los
     bienes inmuebles se enajenan judicialmente para pago de deudas
     privativas de un cónyuge. El artículo 99 sigue un criterio
     tradicional al respecto, adaptándolo al contexto legislativo actual y
     de manera que entorpezca lo menos posible las ejecuciones judiciales.
     XIII
     El usufructo vidual no es simplemente un derecho de goce en cosa
     ajena, como puede ser el usufructo regulado en el Código civil.  Su
     carácter de derecho de familia, a la vez que su extensión como
     universal, que afecta a una masa patrimonial en su conjunto, requiere
     normas distintas. La Ley incorpora las ya contenidas en la
     Compilación, con algunas variantes y concreciones (por ejemplo, sobre
     inventario y fianza), e incluye asimismo otras nuevas, sin por ello
     pretender hacer innecesaria la aplicación del Derecho supletorio.
     La preocupación por la adecuada gestión de los bienes se muestra en
     las nuevas normas sobre gastos, mejoras, reparaciones, tributos y
     seguros, pero también en la previsión específica respecto de las
     empresas y explotaciones económicas, que posibilita, por voluntad del
     premuerto titular de las mismas, que su gestión incumba a sus hijos o
     descendientes, con sustitución del usufructo por una renta a favor
     del viudo. Se mantiene la norma que permite a los nudo propietarios
     acudir al Juez cuando entienden que el viudo no administra
     adecuadamente, pero se simplifican y amplían las posibilidades de
     resolución por el Juez, que puede optar por la transformación del
     usufructo. Se favorece, sin embargo, una solución pactada para los
     casos en que el ejercicio ordinario del derecho de usufructo resulte
     poco deseable para las partes, pues se permite, en todos los casos, a
     los nudo propietarios y al viudo usufructuario pactar la
     transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen
     oportuno, siguiendo el camino tímidamente iniciado por la Compilación
     en el apartado 1 de su artículo 83. Ciertamente, en estos casos se
     pondrá de manifiesto que el viudo no cumple su función tradicional de
     continuador de la familia, pero, aun así, parece prudente no cerrar
     el camino a una solución paccionada de conflictos que en la práctica
     se presentan con cierta frecuencia.
     Se corrobora que el usufructo de viudedad sobre los bienes afectos al
     mismo es inalienable y, por tanto, inembargable. En ningún caso un
     tercero puede adquirir derivativamente el usufructo de viudedad sobre
     un bien. Cabrá -como ya permitía la Compilación- la enajenación del
     bien concurriendo todos los que tienen derechos sobre el mismo (nudo
     propietarios y usufructuario), con la consiguiente extinción del
     usufructo como derecho real sobre el bien enajenado y la subrogación
     del precio recibido. El mismo principio se aplica a los embargos y
     enajenaciones judiciales. Naturalmente, nada obsta al embargo y
     enajenación de los frutos y rentas que corresponden al usufructuario
     -conservando el mismo el derecho de usufructo-, y ésta será la vía
     ordinaria de embargo en razón de sus propias deudas.
     Los artículos 117 y 118, sobre usufructo de dinero y usufructo de
     fondos de inversión, atienden a problemas que se plantean con gran
     frecuencia. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo, por lo
     que el viudo podrá, si quiere, disponer del capital, con obligación
     de restituir su valor actualizado. En cuanto a las participaciones en
     fondos de inversión acumulativos y otros productos financieros
     similares, parece que, de acuerdo con la intención corriente de
     quienes practican estas formas de ahorro e inversión, la plusvalía ha
     de ser tratada como si constituyera beneficio o renta y, por tanto,
     quedar a favor del viudo usufructuario. Para ello, se dan reglas de
     suficiente amplitud con la intención de que puedan ser aplicables
     flexiblemente a unos productos que evolucionan con gran rapidez.
     En la extinción del usufructo vidual no se introduce otra novedad de
     nota que la aclaración de la admisibilidad de la disposición en
     contrario respecto de la causa consistente en llevar el viudo vida
     marital estable.
     XIV
     Las disposiciones transitorias parten del principio de aplicación
     inmediata de todas las normas de esta Ley, como parece exigir la
     índole misma de las modificaciones introducidas, a la vez que señalan
     que los hechos, actos o negocios relativos a los variados asuntos a
     que la Ley se refiere sólo se regirán por ella cuando se produzcan
     con posterioridad a su entrada en vigor. Se añaden dos sencillas
     reglas sobre comunidad conyugal continuada y sobre la limitación que,
     en caso de existencia de hijos no comunes, establecía el artículo 73
     de la Compilación.
     La Ley deroga íntegramente los Títulos IV, V y VI del Libro Primero
     de la Compilación (artículos 27 a 88), así como el artículo 7 (cuyas
     previsiones se encuentran ahora, con técnica distinta, en el artículo
     60, en la letra e) del apartado 1 del artículo 98 y en el apartado 2
     del artículo 101 de esta Ley).  Deroga también el artículo 22 de la
     Compilación, que quedó sin contenido con la entrada en vigor de la
     Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999.
     La Disposición final primera da nueva redacción a tres artículos de
     la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999: al artículo 139,
     por haber desaparecido el precepto de la Compilación a que se remitía
     y no ser posible hacer ahora la remisión a otro equivalente; al 202.2
     y al 221, sobre el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de
     Gracia, para tener en cuenta su actual dependencia de la Diputación
     General.
     Por la segunda, se da, asimismo, nueva redacción a dos preceptos de
     la Compilación que ya habían sido sustancialmente afectados por la
     Ley de sucesiones.
     Se prevé la entrada en vigor de la Ley el día 23 de abril de 2003, de
     manera similar a como se hizo en la Ley de sucesiones, para
     proporcionar un plazo de vacación de la Ley superior al ordinario,
     dar seguridad en cuanto al día exacto de su entrada en vigor y
     hacerlo coincidir con la fecha señalada en que la Comunidad Autónoma
     celebra el día de Aragón.
     TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.-Comunidad de vida.
     1. El matrimonio constituye una comunidad de vida entre marido y
     mujer en la que ambos son iguales en derechos y obligaciones.
     2. Marido y mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente, vivir
     juntos, guardarse fidelidad y actuar en interés de la familia.
     Artículo 2.-Domicilio familiar.
     1. El marido y la mujer determinan de común acuerdo el domicilio
     familiar.
     2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges
     conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la
     familia.
     3. En caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el domicilio
     familiar, cualquiera de ellos puede solicitar al Juez su
     determinación, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes
     con el mismo fin.
     Artículo 3.-Principio de libertad de regulación.
     1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en
     capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después de contraer el
     matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin
     más límites que los del principio standum est chartae.
     2. Las normas de los artículos 1, 2, 4 a 8 y 12 son imperativas.
     Artículo 4.-Dirección de la vida familiar.
     Corresponden a ambos cónyuges el gobierno de la familia y las
     decisiones sobre la economía familiar.
     Artículo 5.-Satisfacción de las necesidades familiares.
     1. Ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a la satisfacción de
     las necesidades familiares con la atención directa al hogar y a los
     hijos, la dedicación de sus bienes al uso familiar, la remuneración
     de su trabajo, los rendimientos de sus capitales y otros ingresos y,
     en último término, con su patrimonio.
     2. En defecto de pacto, para determinar la contribución de cada
     cónyuge se tendrán en cuenta los medios económicos de cada uno, así
     como sus aptitudes para el trabajo y para la atención al hogar y los
     hijos.
     3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus
     padres, deben contribuir equitativamente a la satisfacción de las
     necesidades familiares.
     Artículo 6.-Deber de información recíproca.
     Cada cónyuge está facultado para exigir al otro información
     suficiente y periódica de la gestión de su patrimonio, de sus
     ingresos y de sus actividades económicas, en orden a la toma de
     decisiones sobre la economía familiar y la atención de las
     necesidades familiares.
     Artículo 7.-Responsabilidad frente a terceros.
     Marido y mujer responden solidariamente, frente a terceros de buena
     fe, de las obligaciones contraídas por uno de ellos para atender a la
     satisfacción de las necesidades familiares.
     Artículo 8.-Vivienda familiar.
     1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los derechos que
     a uno de los cónyuges correspondan sobre la vivienda habitual de la
     familia o el mobiliario ordinario de la misma, así como para
     sustraerlos al uso común, será necesario el consentimiento del otro
     o, en su defecto, autorización judicial. En ambos casos, con la
     enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad.
     2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar
     judicialmente la nulidad de los actos de disposición realizados por
     el otro sin el debido consentimiento o autorización en el plazo de
     cuatro años desde que los conoció o pudo razonablemente conocer, y,
     en todo caso, desde la disolución del matrimonio o la separación
     conyugal.
     3. No procede la anulación contra los adquirentes a título oneroso y
     de buena fe cuando el disponente manifestó que no constituía vivienda
     o mobiliario familiar.
     Artículo 9.-Mandatos entre cónyuges.
     A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las
     reglas del mandato, pero el mandatario no tendrá obligación de rendir
     cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya
     dispuesto otra cosa, y no podrá nombrar sustituto si no se le ha
     otorgado facultad para ello.
     Artículo 10.-Derecho de viudedad.
     La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de
     viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las
     consecuencias y la regulación contenidas en el Título V.
     Artículo 11.-Régimen económico matrimonial.
     1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por las
     capitulaciones que otorguen los cónyuges.
     2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico
     del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva
     naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el
     Título IV.
     3. Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo
     expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro
     Civil el régimen económico de los contrayentes y les informarán sobre
     las posibilidades y consecuencias en orden al régimen económico
     matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable.
     Artículo 12.-Derechos de terceros.
     La modificación del régimen económico del matrimonio no perjudicará
     en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.
     TITULO II DE LOS CAPITULOS MATRIMONIALES
     Artículo 13.-Contenido y forma de los capítulos.
     1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera
     estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los
     contrayentes y de quienes con ellos concurran al otorgamiento, sin
     más límites que los del principio standum est chartae.
     2. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para
     su validez, el otorgamiento en escritura pública.
     Artículo 14.-Idioma de los capítulos.
     Los capítulos matrimoniales podrán redactarse en cualquiera de las
     lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los otorgantes
     elijan. Si el notario autorizante no conociera la lengua o modalidad
     lingüística elegida, los capítulos se otorgarán en presencia y con
     intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado
     por los otorgantes y aceptado por el notario, que deberá firmar el
     documento.
     Artículo 15.-Tiempo y eficacia.
     1. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse y modificarse antes
     del matrimonio y durante el mismo.
     2. Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la
     celebración de éste, salvo que prevean un momento posterior para su
     eficacia.
     3. En cualquier caso, los otorgantes pueden someter la eficacia de
     las estipulaciones a condición o término, incluso darles efecto
     retroactivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.
     Artículo 16.-Inoponibilidad a terceros.
     1. Las estipulaciones capitulares sobre régimen económico matrimonial
     son inoponibles a los terceros de buena fe.
     2. La buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de
     los capítulos matrimoniales conste en el Registro Civil.
     Artículo 17.-Capacidad.
     1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones
     que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. 
     Sin embargo:
     a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están
     emancipados, necesitarán la asistencia de uno cualquiera de sus
     padres y, en su defecto, del tutor, de la Junta de Parientes o del
     Juez.
     b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal,
     salvo que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa.
     c) Los declarados pródigos necesitarán la asistencia de su curador.
     2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones
     requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada
     caso.
     Artículo 18.-Modificación de estipulaciones capitulares.
     1. Tanto antes como después de celebrado el matrimonio, la
     modificación de las estipulaciones que determinan el régimen
     económico familiar requiere únicamente el consentimiento de las
     personas que están o han de quedar sujetas a dicho régimen.
     2. La modificación del régimen económico matrimonial permite la
     revocación de los actos y negocios patrimoniales contenidos en los
     capítulos y que se otorgaron en atención al régimen que ahora se
     modifica, a no ser que sus otorgantes presten consentimiento para la
     modificación. El notario que autorice la escritura de modificación
     notificará su otorgamiento a los que intervinieron en las
     capitulaciones matrimoniales que se modifican dentro de los ocho días
     hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que
     hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de
     la modificación.
     3. La revocación unilateral de los pactos sucesorios precisará de los
     requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley de sucesiones por
     causa de muerte.
     Artículo 19.-Instituciones familiares consuetudinarias.
     Cuando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares
     consuetudinarias, tales como «dote», «firma de dote», «hermandad
     llana», «agermanamiento» o «casamiento al más viviente», «casamiento
     en casa», «acogimiento o casamiento a sobre bienes», «consorcio
     universal o juntar dos casas» y «dación personal», se estará a lo
     pactado, y se interpretarán aquéllas con arreglo a la costumbre y a
     los usos locales.
     Artículo 20.-Otras situaciones de comunidad.
     Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación
     permanente de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento
     o acogimiento, los beneficios obtenidos con el trabajo común se
     dividirán entre los asociados en proporción equitativa, conforme a la
     costumbre y atendidas las diversas aportaciones en bienes o trabajo,
     los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás
     circunstancias.
     TITULO III DEL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES
     Artículo 21.-Aplicación del régimen.
     El régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes:
     a) Cuando así lo hayan acordado los cónyuges en capitulaciones
     matrimoniales.
     b) En todo caso de exclusión o disolución del consorcio conyugal, si
     los cónyuges no han pactado otro régimen.
     Artículo 22.-Régimen jurídico.
     El régimen económico de separación de bienes se regirá en primer
     término por lo convenido por los cónyuges en los capítulos que lo
     establezcan; en su defecto, por las normas establecidas en el
     presente Título para este régimen y, subsidiariamente, por las normas
     del consorcio conyugal en tanto lo permita su naturaleza.
     Artículo 23.-Contenido.
     1. En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge
     los que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después
     adquiera por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la
     administración, goce y libre disposición de tales bienes.
     2. Salvo renuncia expresa, ambos cónyuges conservarán el derecho de
     viudedad.
     Artículo 24.-Titularidad de los bienes.
     1. La titularidad de los bienes corresponderá a quien determine el
     título de su adquisición.
     2. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges corresponde
     la titularidad de algún bien o derecho o en qué proporción, se
     entenderá que pertenece a ambos por mitades indivisas.
     3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes
     muebles de uso personal o que estén directamente destinados al
     desarrollo de la actividad o profesión de uno de los cónyuges y que
     no sean de extraordinario valor, que se presumirá que pertenecen a
     éste.
     Artículo 25.-Gestión con mandato expreso.
     Cada cónyuge podrá en cualquier tiempo conferir al otro mandato
     expreso para la administración de sus bienes, así como revocarlo,
     condicionarlo o restringirlo.
     Artículo 26.-Gestión sin mandato expreso.
     1. Cuando uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o
     intereses del otro sin su oposición tiene las obligaciones y
     responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir
     cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre
     que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los
     bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
     2. El cónyuge que administre bienes del otro contra su voluntad
     responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los
     lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.
     Artículo 27.-Responsabilidad por deudas.
     El régimen de separación de bienes atribuye a cada cónyuge la
     responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas,
     salvo en los casos previstos en el artículo 7.
     TITULO IV DEL CONSORCIO CONYUGAL
     CAPITULO PRIMERO BIENES COMUNES Y PRIVATIVOS
     Artículo 28.-Bienes comunes.
     1. Al iniciarse el régimen, constituyen el patrimonio común los
     bienes aportados por los cónyuges para que ingresen en él y los que
     les son donados por razón del matrimonio con carácter consorcial.
     2. Durante el consorcio, ingresan en el patrimonio común los bienes
     enumerados en los apartados siguientes:
     a) Los adquiridos por título lucrativo cuando así lo disponga el
     donante o causante.
     b) Los que los cónyuges acuerden que tengan carácter consorcial.
     c) Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los
     cónyuges a costa del caudal común. Si el precio ha quedado aplazado
     en todo o en parte, serán comunes, salvo que la totalidad del precio
     se satisfaga con dinero privativo.
     d) Los bienes que los cónyuges obtienen de su trabajo o actividad.
     e) Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o
     cese de actividad profesional.
     f) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes o privativos, así
     como el beneficio obtenido de las empresas y explotaciones
     económicas.
     g) Las cantidades devengadas por pensiones cuya titularidad
     corresponda a cualquiera de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el
     artículo 30.
     h) La diferencia positiva entre el importe actualizado del valor al
     ingresar en el patrimonio privativo y el que tengan al producirse el
     reembolso o disolverse el consorcio conyugal de los productos
     financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al
     tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos.
     i) Los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el
     consorcio.
     j) Las empresas y explotaciones económicas fundadas por uno
     cualquiera de los cónyuges durante el consorcio, salvo que sea
     totalmente a expensas del patrimonio privativo de uno solo de ellos.
     k) Las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase
     adquiridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno
     solo de los cónyuges; pero, en este caso, en las relaciones con el
     ente social, se estará a lo dispuesto en las normas por que se rija.
     Artículo 29.-Bienes privativos.
     Son bienes privativos de cada cónyuge los que le pertenecieren al
     iniciarse el consorcio y los enumerados en los apartados siguientes:
     a) Los que, durante el consorcio, ambos cónyuges acuerden atribuirles
     carácter privativo.
     b) Los adquiridos por usucapión comenzada antes de iniciarse el
     consorcio, así como los adquiridos en virtud de títulos anteriores
     cuando la adquisición se consolide durante su vigencia y los
     comprados antes con precio aplazado, salvo que la totalidad del
     precio sea satisfecha con fondos comunes.
     c) Los adquiridos a título lucrativo. Si hubieran sido adquiridos por
     ambos cónyuges sin designación de partes, corresponderán a cada uno
     de ellos por mitad, y no se dará el derecho de acrecer salvo que lo
     hubiera dispuesto el transmitente o que, tratándose de una
     adquisición por causa de muerte, procediera según la regulación de la
     sucesión.
     d) Los adquiridos en escritura pública a costa del patrimonio común
     si en el título de adquisición ambos cónyuges establecen la
     atribución privativa a uno de ellos.
     e) Los que vienen a reemplazar a otros propios, y ello aunque se
     adquieran con fondos comunes, así como el dinero obtenido por la
     enajenación o privación de bienes propios y el resarcimiento de los
     daños inferidos a los mismos.
     f) Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los
     adquiridos por derecho de retracto, opción, suscripción preferente o
     cualquier otro de adquisición preferente o de acceso a la propiedad
     que pertenezca con carácter privativo a uno de los cónyuges.
     g) Los adjudicados a un cónyuge en la partición o división de
     cualquier comunidad cuando la cuota que le correspondía fuera
     privativa, y ello aunque reciba un exceso de adjudicación que se
     abone con cargo al caudal común.
     h) Las accesiones o incrementos de los bienes propios.
     Artículo 30.-Bienes patrimoniales de carácter personal.
     1. Son también privativos:
     a) Los bienes y derechos inherentes a la persona y los
     intransmisibles inter vivos, mientras conserven estos caracteres. 
     Pero serán comunes los rendimientos de bienes de esta clase, como el
     derecho de autor sobre obra propia o el derecho a la propia imagen,
     devengados durante el consorcio.
     b) El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios
     causados a la persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se
     cobra en forma de capital como de pensión.
     c) Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los
     contratos de seguros.
     d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de
     los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.
     Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el
     consorcio por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las
     cantidades devengadas antes de la disolución de aquél. En este caso,
     se reintegrará al patrimonio privativo el valor actualizado de las
     primas satisfechas a su costa.
     2. En los seguros sobre la vida contratados por uno solo de los
     cónyuges a favor de persona distinta del otro y que no constituyan
     acto de previsión acorde con las circunstancias familiares, deberá
     reembolsarse al patrimonio común el valor actualizado de las primas
     que se hayan satisfecho a costa de dicho patrimonio.
     Artículo 31.-Presunción de privatividad.
     1. Adquirido bajo fe notarial dinero privativo, se presume que es
     privativo el bien que se adquiera por cantidad igual o inferior en
     escritura pública autorizada por el mismo notario o su sucesor,
     siempre que el adquirente declare en dicha escritura que el precio se
     paga con aquel dinero y no haya pasado el plazo de dos años entre
     ambas escrituras.
     2. La presunción admite en juicio prueba en contrario.
     Artículo 32.-Reconocimiento de privatividad.
     1. Se considerará privativo un bien determinado cuando la atribución
     por un cónyuge de tal carácter al dinero o contraprestación con que
     lo adquiera sea confirmada por declaración o confesión del otro, que
     habrá de constar en documento público si ha de acceder al Registro de
     la Propiedad.
     2. La titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun
     fallecido el otro cónyuge, no puede quedar afectada o limitada sino
     por el ejercicio de las acciones que puedan corresponder a acreedores
     y legitimarios en defensa de su derecho.
     Artículo 33.-Ampliación o restricción de la comunidad.
     1. A efectos de extender o restringir la comunidad, ambos cónyuges
     podrán, mediante pacto en escritura pública, atribuir a bienes
     privativos el carácter de comunes o, a éstos, la condición de
     privativos, así como asignar, en el momento de su adquisición,
     carácter privativo o común a lo adquirido.
     2. Salvo disposición en contrario, los pactos regulados en este
     precepto darán lugar al correspondiente derecho de reembolso o
     reintegro entre los patrimonios privativos y el común.
     Artículo 34.-Bienes de origen familiar.
     Cuando por cualquier título ingrese en el patrimonio común algún bien
     procedente de la familia de uno de los cónyuges, se considerará que
     el bien ha salido de la familia de procedencia y que ningún otro bien
     o derecho ha adquirido por subrogación su condición de bien de origen
     familiar.
     Artículo 35.-Presunción de comunidad.
     1. Se presumen comunes todos aquellos bienes cuyo carácter privativo,
     con arreglo a los artículos anteriores, no pueda justificarse.
     2. La adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso,
     durante el consorcio, se considerará hecha a costa del caudal común.
     CAPITULO II DEUDAS COMUNES Y PRIVATIVAS
     Artículo 36.-Deudas comunes.
     1. Son de cargo del patrimonio común:
     a) Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada
     cónyuge, incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo de
     ellos que convivan con el matrimonio.
     b) Los réditos e intereses normales devengados durante el consorcio
     por las obligaciones de cada cónyuge.
     c) Las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente
     usufructuario.
     d) Los alimentos legales entre parientes debidos por cualquiera de
     los cónyuges, así como la crianza y educación de los hijos de uno
     solo de los cónyuges no incluida en el apartado a).
     e) Toda deuda del marido o la mujer contraída en el ejercicio de una
     actividad objetivamente útil a la comunidad, aunque no haya redundado
     en beneficio común, o en el ejercicio de cualquier otra actividad,
     pero en este caso sólo hasta el importe del beneficio obtenido con
     ella por el consorcio. Son actividades objetivamente útiles al
     consorcio las de la letra a) del apartado 1 del artículo siguiente.
     f) Las indemnizaciones debidas por daños a terceros, si bien los
     causados con dolo o culpa grave, únicamente hasta el importe del
     beneficio obtenido con la actividad en la que se causó el daño.
     2. No son, sin embargo, de cargo del patrimonio común las deudas del
     apartado anterior contraídas por un cónyuge con intención de
     perjudicar al consorcio o con grave descuido de los intereses
     familiares.
     Artículo 37.-Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.
     1. Frente a terceros de buena fe, los bienes comunes responden
     siempre del pago:
     a) De las deudas que cada cónyuge contrae en el ejercicio, incluso
     sólo aparente, de sus facultades de administración o disposición de
     los bienes comunes o de administración ordinaria de los suyos
     propios, así como en la explotación regular de sus negocios o en el
     desempeño corriente de su profesión.
     b) De las indemnizaciones por daños a terceros causados en el
     ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aun por
     dolo o culpa grave.
     2. También responden los bienes comunes frente a terceros por las
     deudas enunciadas en el apartado 1 del artículo 36 contraídas por uno
     solo de los cónyuges.
     3. De las deudas contraídas por ambos cónyuges responden siempre los
     bienes comunes junto a sus privativos.
     Artículo 38.-Responsabilidad de los bienes privativos.
     1. Los bienes privativos de cada cónyuge responden en todo caso de
     las deudas por él contraídas.
     2. En defecto de bienes comunes, de las deudas contraídas por un
     cónyuge para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del
     apartado 1 del artículo 36 responde también el patrimonio privativo
     del otro.
     Artículo 39.-Contribución en defecto de bienes comunes.
     En defecto de bienes comunes, en la relación interna, los cónyuges
     contribuirán por mitad, o en la proporción pactada, a las deudas de
     la letra a) del apartado 1 del artículo 36 y a aquellas otras que el
     cónyuge que las contrajo demuestre que proceden de una actividad que,
     efectivamente, haya redundado en beneficio común.
     Artículo 40.-Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes
     comunes.
     El bien común adquirido por uno de los cónyuges sin el consentimiento
     del otro responde, en todo caso, del precio aplazado y demás gastos
     de adquisición pendientes de pago.
     Artículo 41.-Deudas privativas.
     1. Son privativas las deudas contraídas por un cónyuge cuando no sean
     de cargo del patrimonio común de acuerdo con el artículo 36.
     2. En particular, son privativas las deudas de cada cónyuge
     anteriores al consorcio, así como las deudas y cargas por razón de
     sucesiones y donaciones.
     Artículo 42.-Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.
     1. De las deudas contraídas por un cónyuge distintas de las
     enunciadas en el artículo 37 responden en primer lugar los bienes
     privativos del cónyuge deudor y, faltando o siendo éstos
     insuficientes, los bienes comunes, a salvo siempre el valor que en
     ellos corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos
     de los acreedores por deudas comunes.
     2. El valor actualizado de los bienes comunes empleados en el pago de
     deudas privativas se imputará en la participación del cónyuge deudor
     hasta que lo reembolse, y se tendrá en cuenta para ulteriores
     reclamaciones de acreedores privativos.
     Artículo 43.-Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.
     1. Cuando en una ejecución sobre bienes comunes, seguida a causa de
     deudas distintas de las enunciadas en el artículo 37, el cónyuge del
     deudor quiera, en el procedimiento previsto por la Ley de
     enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales, hacer
     valer su derecho a que quede a salvo el valor que en el patrimonio
     común le corresponde, podrá pedir la liquidación del mismo al
     exclusivo fin de constatar el valor que ha de quedarle a salvo, sin
     disolución del consorcio. En este caso, la ejecución proseguirá tan
     pronto se constate la existencia de bienes que sobrepasen el valor
     que ha de quedar a salvo y sólo sobre aquellos bienes, alzándose en
     todo caso el embargo sobre los demás.
     2. El cónyuge del deudor podrá también optar por la disolución del
     consorcio y división de los bienes comunes. Producida la disolución,
     el matrimonio se regirá por el régimen de separación de bienes.
     Artículo 44.-Relaciones entre patrimonios.
     1. Los patrimonios de los cónyuges y el común deben reintegrarse
     entre sí aquellos valores que cada uno hubiese lucrado sin causa a
     costa de los otros.
     2. En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al
     reintegro del importe actualizado:
     a) De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o
     empleados en la adquisición de bienes comunes.
     b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran
     de cargo de la comunidad.
     3. En particular, el consorcio tiene derecho a ser reembolsado del
     importe actualizado:
     a) De los bienes comunes empleados en la adquisición de bienes
     privativos.
     b) De los bienes comunes empleados en el pago de deudas que fueran de
     cargo de los patrimonios privativos.
     4. Los patrimonios privativos deben indemnizar al común el importe
     actualizado de los daños y perjuicios que el marido o la mujer le
     hayan causado por acción dolosa o gravemente negligente.
     5. El pago de las obligaciones existentes entre el patrimonio
     consorcial y los privativos, aunque válido en cualquier momento por
     acuerdo entre los cónyuges, sólo puede exigirse antes de la
     liquidación de la comunidad cuando así se hubiera pactado o cuando
     medie justa causa. Es siempre justa causa la disposición abusiva de
     capital común en beneficio propio.
     CAPITULO III GESTION DEL CONSORCIO
     Sección 1.ª DE LA ECONOMIA FAMILIAR
     Artículo 45.-Reglas generales.
     1. Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos
     cónyuges.
     2. Los cónyuges gestionarán el patrimonio común y los suyos
     privativos con la debida diligencia y teniendo en cuenta el interés
     de la familia.
     3. Los cónyuges deben informarse recíprocamente sobre la gestión del
     patrimonio común y de los suyos privativos, y sobre los resultados
     económicos de la profesión o negocio que ejerzan.
     Artículo 46.-Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.
     1. En los supuestos de graves o reiterados desacuerdos sobre la
     gestión de la economía familiar, cualquiera de los cónyuges podrá
     solicitar del Juez la disolución y división del consorcio, rigiendo
     en su caso, y para lo sucesivo, la separación de bienes.
     2. La misma decisión podrá solicitar un cónyuge cuando el otro
     incumpla reiteradamente su deber de informar.
     Sección 2.ª GESTION DE LOS BIENES COMUNES
     Artículo 47.-Pactos sobre gestión.
     1. La gestión del patrimonio común corresponde a los cónyuges,
     conjuntamente o por separado, en la forma pactada en capitulaciones
     matrimoniales.
     2. En defecto de pactos válidos o para completarlos se aplicará lo
     dispuesto en los artículos siguientes.
     Artículo 48.-Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.
     Cada uno de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo
     sobre los bienes que integran el patrimonio común:
     a) Actos de administración ordinaria.
     b) Actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas
     expresamente para el consorcio conyugal, como agrupaciones,
     segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva o constitución
     de edificios en régimen de propiedad horizontal. Si estuvieran
     inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para su
     inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las
     hubiera adquirido.
     c) Actos de defensa, judicial o extrajudicial.
     d) Actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones
     señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 36. Para
     justificar la necesidad del acto, será suficiente la declaración, en
     ese sentido, de la Junta de Parientes del otro cónyuge.
     Artículo 49.-Ejercicio de profesión o negocio.
     1. Cada cónyuge estará legitimado para realizar los actos de
     administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de su
     profesión o negocio.
     2. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro
     habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la
     aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.
     Artículo 50.-Actuación frente a terceros.
     En cuanto a los bienes que figuren a su nombre exclusiva o
     indistintamente, o se encuentren en su poder, cada cónyuge está
     legitimado, frente a terceros de buena fe, para realizar actos de
     administración, así como los de disposición a título oneroso de
     dinero, valores mobiliarios, derechos de crédito y cualesquiera otros
     bienes muebles.
     Artículo 51.-Actuación conjunta de ambos cónyuges.
     En los supuestos no comprendidos en los artículos anteriores, la
     realización de actos de administración extraordinaria o de
     disposición de bienes comunes corresponde a ambos cónyuges
     conjuntamente o a uno de ellos con el consentimiento del otro.
     Artículo 52.-Autorización judicial.
     Cuando un cónyuge pretenda realizar o haya realizado actos de
     administración o disposición a título oneroso que requieran el
     consentimiento del otro cónyuge y éste se halle impedido para
     prestarlo o se niegue injustificadamente a ello, resolverá el Juez.
     Artículo 53.-Falta de consentimiento en actos a título oneroso.
     1. La venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es
     necesario el consentimiento de ambos es válida y produce sus efectos
     obligacionales exclusivamente entre las partes contratantes y sus
     herederos, pero la entrega de la cosa, en cualquier forma que se
     realice, no transmite la propiedad al comprador.
     2. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o
     tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. 
     Mientras no consienta, puede interponer demanda contra el comprador
     en petición de que se declare que la compraventa en que no ha sido
     parte le es inoponible, así como exigir la restitución al patrimonio
     común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador haya
     adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de
     las reglas de protección de terceros de buena fe.
     3. El comprador tiene contra el vendedor las acciones de
     incumplimiento y las demás que deriven de la compraventa.
     4. Las mismas reglas se aplicarán en los demás casos de transmisión o
     disposición de bienes comunes a título oneroso.
     Artículo 54.-Rescisión por fraude.
     El acto de disposición realizado a título oneroso por uno de los
     cónyuges sobre el patrimonio común en fraude de los derechos del otro
     cónyuge podrá rescindirse a solicitud de este último, si el
     adquirente hubiese sido cómplice en el fraude.
     Artículo 55.-Actos inter vivos a título lucrativo.
     Será nula de pleno derecho la donación de un bien consorcial
     realizada por uno solo de los cónyuges. Se exceptúan las
     liberalidades usuales según las circunstancias de la familia.
     Artículo 56.-Disposiciones por causa de muerte.
     1. Cualquiera de los cónyuges podrá disponer por causa de muerte de
     su participación en el patrimonio común.
     2. A la disposición por causa de muerte de bienes determinados del
     patrimonio común, en defecto de otra previsión, le serán de
     aplicación las siguientes reglas:
     a) Si la realizara un cónyuge a favor del otro, éste adquirirá su
     propiedad directamente al deferirse la herencia de aquél, sin
     necesidad de liquidación del consorcio.
     b) Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la
     herencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que
     en la liquidación del consorcio la mitad indivisa de los indicados
     bienes se adjudique a la parte correspondiente al causante.
     c) Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona
     distinta del otro, sólo producirá sus efectos si al liquidarse el
     consorcio los bienes fueran adjudicados a la herencia del disponente;
     en caso contrario, se entenderá legado el valor que tuvieran al
     tiempo de la delación.
     3. Si un cónyuge lega los derechos que le corresponden en un bien
     determinado del patrimonio común, el legado se limitará a una mitad
     indivisa del mismo o, si todo él se adjudica al otro cónyuge, al
     valor de la mitad al tiempo de la delación.
     Artículo 57.-Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.
     Cuando un bien haya sido adquirido por uno solo de los cónyuges a
     costa del patrimonio común contra la voluntad del otro cónyuge, por
     solicitud de este último al liquidarse el consorcio el bien adquirido
     se integrará en el patrimonio privativo del adquirente, reembolsando
     al patrimonio común el valor actualizado del precio y demás gastos de
     la adquisición.
     Artículo 58.-Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.
     El cónyuge cuyo consorte se encuentre imposibilitado para la gestión
     del patrimonio común podrá solicitar del Juez que se la confiera a él
     solo. El Juez podrá acceder a lo solicitado y señalar límites o
     cautelas a la gestión concedida, según las circunstancias.
     Artículo 59.-Privación de la gestión.
     Cuando por actos de uno de los cónyuges se haya puesto en peligro
     repetidamente la economía familiar, el otro cónyuge puede pedir al
     Juez que prive a aquél en todo o en parte de sus facultades de
     gestión.
     Artículo 60.-Concreción automática de facultades.
     La gestión del patrimonio común corresponderá al cónyuge del
     incapacitado o declarado ausente o pródigo. Necesitará, no obstante,
     autorización del Juez o de la Junta de Parientes de su cónyuge para
     los actos de disposición sobre inmuebles o establecimientos
     mercantiles.
     Sección 3.ª GESTION DE LOS BIENES PRIVATIVOS
     Artículo 61.-Gestión de los bienes privativos.
     1. Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus
     propios bienes.
     2. El cónyuge que administra bienes privativos de su consorte con su
     consentimiento o sin su oposición tiene las obligaciones y
     responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir
     cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre
     que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los
     bienes puede recuperar la administración a su voluntad.
     3. El cónyuge que administre bienes privativos del otro contra su
     voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione,
     descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la
     gestión.
     CAPITULO IV
     DISOLUCION, LIQUIDACION Y DIVISION DEL CONSORCIO
     Sección 1.ª DISOLUCION DEL CONSORCIO
     Artículo 62.-Causas de disolución de pleno derecho.
     El consorcio conyugal concluirá de pleno derecho:
     a) Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos
     matrimoniales.
     b) Cuando se disuelva el matrimonio.
     c) Cuando sea declarado nulo.
     d) Cuando judicialmente se conceda la separación de los cónyuges.
     Artículo 63.-Causas de disolución por decisión judicial.
     El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de
     uno de los cónyuges, en los casos siguientes:
     a) Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado, declarado
     pródigo o ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la
     persona que represente al incapacitado o ausente y, en el caso de
     pródigo o incapaz sujeto a curatela, cuando lo pida éste con
     asistencia del curador.
     b) Haber sido el otro cónyuge declarado en quiebra o concurso de
     acreedores o condenado por abandono de familia.
     En los casos de las letras a) y b), para que el Juez acuerde la
     disolución bastará que quien la pida presente la correspondiente
     resolución judicial.
     c) Llevar separados de hecho más de un año.
     d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 46.
     e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución
     sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme
     a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 43.
     Artículo 64.-Medidas provisionales.
     Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el
     proceso en que se haya solicitado la disolución del consorcio,
     cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario
     y, a falta de acuerdo entre los cónyuges, el Juez señalará las reglas
     que deban observarse en la administración y disposición de los bienes
     comunes. En defecto de acuerdo entre los cónyuges, se requerirá
     autorización judicial para todos los actos que excedan de la
     administración ordinaria.
     Artículo 65.-Momento de eficacia de la disolución.
     1. La disolución, si es de pleno derecho, se produce desde que
     concurre su causa y, en los casos que requieren decisión judicial,
     desde la fecha que en ella se fije o, en su defecto, desde la fecha
     de la resolución en que se acuerde.
     2. En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de
     disolución de la comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez
     podrá retrotraer los efectos de la disolución hasta el momento de
     admisión a trámite de la demanda, pero quedarán a salvo los derechos
     adquiridos por terceros.
     Artículo 66.-Régimen subsiguiente.
     1. Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, existirá
     entre los cónyuges separación de bienes, salvo que pacten otro
     régimen.
     2. La separación de bienes no se altera por la reconciliación de los
     cónyuges en caso de separación personal o por la desaparición de
     cualquiera de las demás causas que la hubiesen motivado.
     Artículo 67.-Disolución por nulidad del matrimonio.
     Si la sentencia de nulidad del matrimonio declara la mala fe de uno
     solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar
     por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de este
     capítulo o por la aplicación retroactiva del régimen de separación de
     bienes.
     Sección 2.ª LA COMUNIDAD QUE CONTINUA TRAS LA DISOLUCION
     Artículo 68.-Bienes comunes.
     Disuelta la comunidad matrimonial y hasta tanto no se divida,
     ingresarán en el patrimonio común:
     a) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes.
     b) Los bienes y caudales procedentes de sustitución o enajenación de
     bienes comunes.
     c) Los incrementos y accesiones de los bienes comunes, sin perjuicio
     de los reintegros que procedan.
     Artículo 69.-Deudas comunes.
     1. Además de las deudas y responsabilidades comunes originadas
     durante el consorcio conyugal, tras la disolución serán también de
     responsabilidad de los bienes comunes las deudas y gastos derivados
     de la gestión del patrimonio común.
     2. De las deudas comunes contraídas tras la disolución responde
     también el gestor que las contrajo, quien, en defecto de bienes
     comunes, podrá obligar a los demás partícipes a contribuir al pago en
     proporción a sus cuotas.
     Artículo 70.-Responsabilidad de los bienes comunes.
     1. Hasta la división, el patrimonio común responde del pago de las
     deudas comunes, pero los acreedores que pretendan cobrar una deuda de
     esta naturaleza sobre bienes comunes habrán de proceder contra ambos
     cónyuges o sus herederos.
     2. Los acreedores privativos de los cónyuges o de sus herederos no
     pueden proceder contra bienes concretos de la comunidad disuelta y no
     dividida, pero sí contra los derechos que a su deudor puedan
     corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquélla.
     Artículo 71.-Disolución por muerte.
     1. Disuelto el consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio,
     el cónyuge viudo lo administrará, salvo cuando al producirse la
     disolución se encontrasen ya en trámite los procedimientos dirigidos
     a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la
     separación, o la disolución del consorcio.
     2. El cónyuge viudo podrá deducir del patrimonio de la comunidad
     disuelta alimentos para sí y las personas que con el matrimonio
     convivían y mientras continúen viviendo en casa, pero cuando sea
     titular del usufructo de viudedad sólo a falta o insuficiencia de
     frutos de los bienes comunes.
     3. El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que
     fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén
     indivisos, puede por sí solo, con ocasión de casarse un hijo o hija
     de ambos, hacerle donación análoga a la que marido y mujer hayan
     otorgado a favor de hijo o hija casados en vida de los dos.
     4. El cónyuge viudo responderá de su gestión como administrador y
     dará cuenta de ella a los partícipes en cuanto exceda de las
     facultades que le pudieran corresponder en virtud del usufructo de
     viudedad. Cualquiera de los partícipes podrá, entonces, solicitar la
     aplicación de las mismas cautelas previstas para el usufructo vidual.
     5. Habiendo sólo hijos comunes, los bienes consumibles que no
     aparezcan al tiempo de la división se presumen aprovechados en
     beneficio del consorcio.
     Artículo 72.-Disolución por otras causas.
     En los demás casos de disolución, la administración y disposición de
     los bienes comunes se regirá por lo acordado por los cónyuges o
     partícipes y, en su defecto, se estará a lo dispuesto por el Juez en
     el correspondiente procedimiento.
     Artículo 73.-Disposición por causa de muerte.
     La disposición por causa de muerte mientras la masa común no haya
     sido dividida se regirá por lo dispuesto en el artículo 56.
     Artículo 74.-Preferencia del derecho de viudedad.
     Los derechos y obligaciones derivados de la viudedad son preferentes
     a los contenidos en esta sección.
     Artículo 75.-Régimen supletorio.
     A la comunidad regulada en esta sección le será de aplicación, en
     cuanto no contradiga su naturaleza, el régimen jurídico de la
     comunidad hereditaria.
     Sección 3.ª LIQUIDACION Y DIVISION
     Artículo 76.-Derecho a la división.
     1. Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes
     tiene derecho a promover en cualquier tiempo la liquidación y
     división del patrimonio consorcial. También se hallan legitimados
     para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del
     cónyuge premuerto o de cualquier partícipe.
     2. En caso de disolución por muerte, a la prohibición de división
     pactada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos
     cónyuges y al convenio de indivisión unánimemente acordado por los
     partícipes se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 50
     de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
     Artículo 77.-Modalidades de liquidación y división.
     1. Los cónyuges o partícipes pueden, mediante acuerdo unánime,
     liquidar y dividir por sí mismos el patrimonio consorcial, así como
     encomendar a terceros la liquidación y división.
     2. El fiduciario o contador partidor de la herencia del premuerto,
     actuando junto con el cónyuge viudo que no ejerza dichos cargos,
     pueden practicar la liquidación y división de la comunidad
     matrimonial disuelta sin que sea necesaria la concurrencia de los
     partícipes.
     3. El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto, para realizar
     la liquidación y división, necesitará la autorización de cualquiera
     de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, si son todos
     menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente;
     y no habiendo legitimarios, precisará de la autorización del Juez. 
     Dichas autorizaciones no serán necesarias cuando se limite a
     adjudicar proindiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos
     del cónyuge premuerto y a él mismo en igual proporción en que sean
     cotitulares del patrimonio.
     4. Si la liquidación y división no se pudiera llevar a cabo de alguna
     de las formas recogidas en este precepto, se practicará, a instancia
     de cualquiera de los cónyuges o partícipes, conforme a lo previsto en
     la Ley de enjuiciamiento civil.
     Artículo 78.-Capacidad.
     A la liquidación y división voluntaria con cónyuges incapacitados o
     partícipes en igual situación o menores de edad se le aplicarán las
     previsiones contenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley de
     sucesiones por causa de muerte.
     Artículo 79.-Inventario.
     A petición de cualquiera de los cónyuges o partícipes, la liquidación
     de la comunidad conyugal disuelta comenzará por un inventario del
     activo y pasivo del patrimonio consorcial.
     Artículo 80.-Activo del inventario.
     En el activo se incluirán las siguientes partidas:
     a) Todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges
     o partícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente,
     sean comunes, así como aquéllos de igual naturaleza que se pruebe
     existían al cesar la comunidad matrimonial, todo ello a salvo de lo
     dispuesto en el apartado 5 del artículo 71 y en el artículo 87.
     b) Los créditos de la comunidad contra terceros.
     c) Los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios
     privativos de los cónyuges.
     Artículo 81.-Pasivo del inventario.
     En el pasivo se incluirán las siguientes partidas:
     a) Las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad.
     b) Los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios
     privativos de los cónyuges.
     Artículo 82.-Liquidación concursal.
     Cuando el activo inventariado no baste para satisfacer las deudas
     consorciales y los reintegros a los patrimonios privativos, se
     aplicarán las normas sobre concurrencia y prelación de créditos.
     Artículo 83.-Liquidación ordinaria.
     1. Una vez determinado que existe efectivamente un activo consorcial
     superior al pasivo y cuál sea aquél, la liquidación seguirá este
     orden:
     1.º Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios
     privativos con lo que éstos, por cualquier concepto, deban a aquélla.
     2.º Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la
     respectiva participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta
     agotar su importe, salvo que opte por el reembolso en metálico o se
     acuerde su pago mediante dación de bienes de los patrimonios
     privativos.
     3.º Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido
     ser objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga
     mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
     4.º Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las
     pendientes.
     5.º Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo
     acreedor resultante de la compensación del número 1.º, que, a falta
     de metálico suficiente, podrá hacerse mediante dación en pago de
     bienes consorciales.
     2. Los reembolsos y reintegros se harán por su importe actualizado al
     tiempo de la liquidación.
     3. Si para las operaciones precedentes fuera necesario vender o dar
     en pago bienes consorciales, se respetarán, en tanto sea posible, los
     mencionados en los dos artículos siguientes.
     Artículo 84.-Aventajas.
     1. Los cónyuges tienen derecho a detraer de los bienes comunes, como
     aventajas, sin que sean computados en su lote, sus bienes de uso
     personal o profesional de un valor no desproporcionado al patrimonio
     consorcial.
     2. Fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá detraer
     ajuar de casa en consonancia con el tenor de vida del matrimonio;
     además de cualesquiera otros bienes comunes que, como tales
     aventajas, le conceda la costumbre local.
     3. El derecho a las aventajas es personalísimo y no se transmite a
     los herederos.
     Artículo 85.-División y adjudicación.
     1. Liquidado el patrimonio y detraídas las aventajas, el caudal
     remanente se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus
     respectivos herederos por mitad o en la proporción y forma pactadas.
     2. Cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su
     lote, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, los
     siguientes bienes:
     a) Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante
     las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.
     b) Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan
     aventajas.
     c) La empresa o explotación económica que dirigiera.
     d) Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas
     exclusivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o
     pactadas, para su transmisión al otro cónyuge o sus herederos, o
     cuando el adquirente forme parte del órgano de administración de la
     sociedad.
     e) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
     f) Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
     g) En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo
     del fallecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.
     Artículo 86.-Las deudas comunes tras la división.
     1. La división no modifica la responsabilidad por deudas que
     correspondía a los patrimonios privativos o al común.
     2. El cónyuge no deudor o sus herederos responderán solidariamente de
     las deudas comunes, pero exclusivamente con los bienes que les hayan
     sido adjudicados, aunque no se haya hecho inventario. Sin embargo,
     cuando dichos bienes no sean suficientes, responderán con su propio
     patrimonio del valor de lo adjudicado que hayan enajenado o
     consumido, así como del valor de la pérdida o deterioro de los bienes
     recibidos.
     3. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado un partícipe
     mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra los
     que resultasen favorecidos y en la proporción en que lo hayan sido.
     Artículo 87.-Liquidación de varias comunidades.
     Cuando, extinguida la comunidad, contrae uno de los anteriores
     cónyuges ulteriores nupcias sin previa división, se hará
     separadamente liquidación de cada comunidad. Entre ellas se
     verificarán los reintegros y reembolsos que procedan. Los bienes y
     deudas cuya condición no pudiera ser exactamente determinada se
     distribuirán equitativamente, atendiendo además al tiempo y duración
     de cada comunidad y a los bienes e ingresos de los respectivos
     cónyuges.
     Artículo 88.-Régimen supletorio.
     A la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de
     aplicación, en lo no previsto en esta sección y en tanto lo permita
     su naturaleza, las normas de la liquidación y partición de la
     comunidad hereditaria.
     TITULO V DE LA VIUDEDAD
     CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 89.-Origen.
     1. La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo
     de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca.
     2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como
     derecho expectante.
     3. El derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen
     económico matrimonial.
     Artículo 90.-Pactos.
     1. Los cónyuges pueden pactar en escritura pública o disponer de
     mancomún en su testamento la exclusión o limitación del derecho de
     viudedad, para los dos o para uno solo de ellos, o regularlo como
     libremente convengan. Antes del matrimonio, los pactos entre
     contrayentes habrán de constar en capitulaciones matrimoniales.
     2. Pueden asimismo pactar, en escritura pública, la exclusión del
     derecho expectante de viudedad, conservando para su caso el de
     usufructo vidual.
     3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas a la
     viudedad se entenderán siempre en sentido favorable a la misma.
     Artículo 91.-Inalienabilidad.
     El derecho de viudedad es inalienable e inembargable.
     Artículo 92.-Renuncia.
     1. Cada cónyuge puede renunciar, en escritura pública, a su derecho
     de viudedad sobre todos los bienes del otro o parte de ellos.
     2. También es válida la renuncia, en escritura pública, solamente al
     derecho expectante de viudedad, sobre todos o parte de los bienes del
     otro.
     Artículo 93.-Privación.
     1. Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho de
     viudedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar a la
     desheredación de acuerdo con el artículo 195 de la Ley de sucesiones
     por causa de muerte.
     2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del
     cónyuge premuerto, si el viudo la niega.
     Artículo 94.-Extinción.
     1. El derecho de viudedad se extingue necesariamente con la
     disolución del matrimonio por causa distinta de la muerte y por la
     declaración de su nulidad.
     2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de
     separación, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges,
     a menos que pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista. 
     El derecho de viudedad nace de nuevo cuando el proceso finaliza en
     vida de ambos cónyuges sin sentencia firme estimatoria, se
     reconcilian los cónyuges separados, o así lo pactan éstos.
     3. Se extingue también cuando, al fallecer un cónyuge, incurre el
     supérstite en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 13 de
     la Ley de sucesiones por causa de muerte como causas de indignidad.
     Artículo 95.-Limitaciones.
     1. El derecho de viudedad no comprende los bienes que los cónyuges
     reciban a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su
     fallecimiento pasen a tercera persona.
     2. Sin embargo, los ascendientes no pueden prohibir o impedir que el
     cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que
     transmitan a éste por donación o sucesión.
     Artículo 96.-Derecho de transmisión y consorcio foral.
     Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho
     a aceptar o repudiar la herencia quedan sujetos al usufructo de
     viudedad del cónyuge del transmitente; y los adquiridos por el
     acrecimiento derivado del consorcio foral, al del cónyuge del
     consorte fallecido.
     CAPITULO II EL DERECHO DE VIUDEDAD DURANTE EL MATRIMONIO
     Artículo 97.-Derecho expectante de viudedad.
     De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 89,
     durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como
     derecho expectante a favor de cada uno de los cónyuges sobre los
     bienes del otro y los consorciales.
     Artículo 98.-Disposición de bienes inmuebles.
     1. El derecho expectante de viudedad sobre los bienes inmuebles por
     naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue
     por su enajenación, salvo en los siguientes supuestos:
     a) Renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública,
     a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se
     enajena el bien.
     b) Enajenación válida de un bien consorcial.
     c) Enajenación de bienes privativos de uno de los cónyuges incluidos
     en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Para probar en el
     tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo
     realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que
     le consta por notoriedad.
     d) Partición y división de bienes, incluso con exceso de
     adjudicación, respecto de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.
     e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.
     f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento
     administrativo.
     2. Salvo reserva expresa, en toda enajenación en que hayan concurrido
     ambos cónyuges se extinguirá el derecho expectante de viudedad.
     3. A petición de un cónyuge, el Juez puede declarar extinguido el
     derecho expectante del otro sobre un bien, antes o después de su
     enajenación, en razón de las necesidades o intereses familiares.
     4. También se extingue el derecho expectante cuando se haya
     notificado fehacientemente al cónyuge la enajenación, con el
     requerimiento para que manifieste su voluntad de conservar o
     renunciar su derecho con las consecuencias legales que de ello se
     derivan, y hayan transcurrido dos años desde dicha notificación sin
     que en el Registro de la Propiedad conste la voluntad del cónyuge de
     conservar el derecho expectante.
     Artículo 99.-Enajenación judicial de bienes inmuebles.
     1. Se extingue el derecho expectante de viudedad en la enajenación
     judicial por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos
     cuando sean de cargo o responsabilidad común, así como por deudas
     contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de sucesiones o
     donaciones.
     2. También se extingue en la enajenación judicial por deudas
     contraídas por uno de los cónyuges si, notificado el embargo del bien
     común o privativo al menos diez días hábiles antes de la celebración
     de la subasta al otro cónyuge, éste no manifiesta en el citado plazo
     su voluntad de conservarlo por no ser deudas de las enumeradas en el
     apartado anterior. Corresponde al acreedor probar que la deuda es de
     las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en la Ley
     de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales.
     Artículo 100.-Disposición de bienes muebles.
     El derecho expectante de viudedad sobre bienes muebles se extingue
     cuando salen del patrimonio común o privativo, salvo que se hayan
     enajenado en fraude del derecho de viudedad.
     CAPITULO III USUFRUCTO VIDUAL
     Artículo 101.-Comienzo y extensión del usufructo vidual.
     1. El fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el
     derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto, así como de
     los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante
     de viudedad, de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los
     artículos anteriores.
     2. Cuando un cónyuge hubiera sido declarado ausente, quedan excluidos
     de su derecho de usufructo vidual los bienes enajenados válidamente
     por los herederos del premuerto antes de la aparición de aquél.
     3. Por voluntad de uno de los cónyuges expresada en testamento o
     escritura pública, podrán excluirse del usufructo vidual los bienes
     de su herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean
     comunes, siempre que el valor de esos bienes no exceda de la mitad
     del caudal hereditario.
     4. Desde el fallecimiento de un cónyuge el sobreviviente adquiere la
     posesión de los bienes afectos al usufructo vidual.
     Artículo 102.-Explotaciones económicas.
     1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que
     se transmitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o
     escritura pública, la sustitución del usufructo vidual del
     sobreviviente sobre las mismas por una renta mensual a cargo del
     adquirente.
     2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera
     producido la explotación durante los cinco años anteriores al
     fallecimiento.
     3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones
     del índice general de precios al consumo y se extinguirá por las
     mismas causas que el usufructo vidual.
     4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán,
     en cualquier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en
     este precepto por el ordinario del usufructo vidual.
     5. La transmisión por el titular de la explotación económica por
     actos entre vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas
     futuras.
     Artículo 103.-Inventario y fianza.
     El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de
     los bienes usufructuados y a prestar fianza:
     a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones
     en testamento u otro instrumento público.
     b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición
     contraria del premuerto.
     c) Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a
     instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio
     hereditario.
     Artículo 104.-Formalización del inventario.
     1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con
     citación de los nudo propietarios de los bienes o sus representantes
     legales y comprenderá todos los bienes sujetos al usufructo vidual.
     2. El plazo para terminarlo será:
     a) En el caso de la letra a) del artículo 103, el fijado por el
     causante y, en su defecto, el de seis meses contados desde el
     fallecimiento.
     b) En el caso de la letra b) del artículo 103, el de cincuenta días,
     contados desde el oportuno requerimiento fehaciente.
     c) Y en el caso de la letra c) del artículo 103, el señalado por el
     Juez y, en su defecto, el de cincuenta días a contar desde la
     notificación de la resolución judicial que ordene su práctica.
     En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o
     cualquiera de los nudo propietarios podrá pedir al Juez y éste
     acordar la prórroga o reducción del plazo.
     3. El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura
     pública.
     Artículo 105.-Otras medidas cautelares.
     Cuando proceda el inventario y hasta tanto éste se formalice y, en su
     caso, se constituya la fianza, los nudo propietarios podrán instar
     del Juez la adopción de medidas de aseguramiento respecto de los
     bienes sujetos al usufructo.
     Artículo 106.-Sanción de la falta de inventario.
     Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya
     dentro del plazo, podrá ser requerido por los nudo propietarios para
     que lo termine. Los disfrutes de viudedad, desde el día del
     requerimiento y hasta la terminación del inventario, corresponderán
     definitivamente a los nudo propietarios.
     Artículo 107.-Derechos y obligaciones
     El usufructo vidual atribuye a su titular los derechos y obligaciones
     de todo usufructuario, con las modificaciones que resultan del
     presente Capítulo.
     Artículo 108.-Inalienabilidad e inembargabilidad.
     1. El usufructo vidual sobre los bienes afectos al mismo es
     inalienable e inembargable.
     2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados,
     concurriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario.  Salvo
     pacto en contrario, quedarán subrogados el precio o la cosa adquirida
     en lugar de lo enajenado.
     3. El usufructo de viudedad sobre bienes determinados sólo podrá
     embargarse y transmitirse como consecuencia del procedimiento de
     ejecución conjuntamente con la nuda propiedad.
     4. Son susceptibles de enajenación y embargo los frutos y rentas
     resultantes del disfrute de los bienes afectos al usufructo de
     viudedad.
     Artículo 109.-Transformación del usufructo.
     El viudo usufructuario y los nudo propietarios pueden pactar la
     transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen
     oportuno.
     Artículo 110.-Intervención de los nudo propietarios.
     Cuando los nudo propietarios estimen que de la administración y
     explotación de los bienes por el usufructuario se derivan graves
     perjuicios para ellos, podrán acudir al Juez para que dicte las
     medidas oportunas, incluida la transformación del usufructo.
     Artículo 111- Liquidación de frutos.
     A la constitución o extinción del usufructo, la liquidación de los
     frutos naturales, industriales y civiles obtenidos durante el
     correspondiente período productivo se hará en proporción a la
     duración en él del respectivo derecho. La misma regla regirá en
     cuanto a los gastos de producción.
     Artículo 112.-Gastos y mejoras.
     1. Son a cargo del usufructuario los gastos de producción,
     conservación, mantenimiento y reparaciones ordinarias.
     2. El usufructuario tiene derecho a que se le abonen los gastos
     necesarios y útiles que no sean de su cargo, pudiendo retener la cosa
     hasta que se le satisfagan. El nudo propietario podrá optar por
     satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor
     que por ellos haya adquirido la cosa.
     3. No se abonarán al usufructuario los gastos de puro lujo o mero
     recreo, pero podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido
     la cosa principal si no sufre deterioro, y si el nudo propietario no
     prefiere abonar el importe de lo satisfecho.
     Artículo 113.-Reparaciones extraordinarias.
     1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias
     cuando los nudo propietarios fueran descendientes suyos.
     2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario
     está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de
     hacerlas.
     3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias,
     tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la
     cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las
     hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa,
     podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del
     nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que
     tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo
     propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el
     usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus
     productos.
     Artículo 114.-Tributos.
     1. Serán de cargo del usufructuario los tributos que graven los
     bienes usufructuados.
     2. Cuando los nudo propietarios no fueren descendientes del viudo
     usufructuario serán a cargo de aquéllos los tributos de carácter
     extraordinario.
     Artículo 115.-Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual.
     1. Si un bien afecto al usufructo vidual estuviera asegurado en vida
     del cónyuge difunto deberá el viudo mantenerlo asegurado, siendo de
     su cargo el pago de las primas.
     2. De no estar asegurado al fallecimiento de su cónyuge, el viudo no
     tendrá obligación de hacerlo. De asegurarlo el nudo propietario, será
     de su cargo el pago de las primas.
     3. Producido el siniestro, el nudo propietario podrá emplear el
     importe de la indemnización en la reparación, reconstrucción o
     sustitución del bien. De no hacerlo, se aplicarán a la indemnización
     las reglas del usufructo de dinero.
     Artículo 116.-Alimentos.
     La obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que
     corresponde a los ascendientes, se extiende para el viudo
     usufructuario respecto de los descendientes no comunes del cónyuge
     premuerto.
     Artículo 117.-Usufructo de dinero.
     El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. 
     También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el
     viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse
     el usufructo, el valor actualizado del dinero dispuesto.
     Artículo 118.-Usufructo de fondos de inversión.
     1. En los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la
     plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de
     inversión acumulativos, corresponde al viudo la diferencia positiva
     entre el importe actualizado de su valor al comienzo del usufructo y
     el que tengan al producirse el reembolso o extinguirse el usufructo.
     2. La facultad de exigir el reembolso corresponde al nudo
     propietario. No obstante, el usufructuario podrá disponer con
     periodicidad anual de aquellas participaciones del fondo que sean
     equivalentes al importe que le corresponde conforme al apartado
     anterior, haciendo suya definitivamente la cantidad así obtenida.
     3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo
     con el usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese
     momento, las reglas del usufructo de dinero a la parte del importe
     obtenido que no corresponda al viudo.
     Artículo 119.-Extinción del usufructo vidual.
     1. Se extingue el usufructo de viudedad:
     a) Por muerte del usufructuario.
     b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública.
     c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital
     estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en
     contrario.
     d) Por corromper o abandonar a los hijos.
     e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia,
     las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo
     dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario.
     f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la
     defunción del otro cónyuge.
     2. Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:
     a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura
     pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que
     válidamente se enajena el bien.
     b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma
     persona.
     c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
     Artículo 120.-Posesión de los propietarios.
     Extinguida la viudedad, los propietarios podrán entrar en posesión de
     los bienes usufructuados por el mismo procedimiento previsto para los
     herederos.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Aplicación inmediata.
     Las normas de esta Ley serán aplicables de inmediato, cualquiera que
     fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio del
     usufructo vidual, con las excepciones señaladas en las disposiciones
     siguientes.
     Segunda.-Hechos, actos y negocios.
     Los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación
     de capítulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones,
     gestión o disposición de bienes y disolución, liquidación o división
     del consorcio conyugal, así como los relativos al derecho expectante
     y al usufructo de viudedad, sólo se regirán por esta Ley cuando
     tengan lugar o hayan sido realizados con posterioridad a su entrada
     en vigor.
     Tercera.-Comunidad conyugal continuada.
     Las comunidades conyugales continuadas existentes a la entrada en
     vigor de esta Ley seguirán rigiéndose por las normas de la
     Compilación del Derecho civil.
     Cuarta.-Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.
     En el supuesto de existencia de hijos no comunes del cónyuge
     premuerto, a la extensión del usufructo de viudedad ya causado a la
     entrada en vigor de esta Ley se seguirán aplicando las limitaciones
     del artículo 73 de la Compilación del Derecho Civil.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Artículos de la Compilación del Derecho Civil de Aragón que se
     derogan.
     Quedan derogados por la presente Ley los artículos 7 y 22 y los
     Títulos IV, V y VI, artículos 23 a 88, del Libro Primero de la
     Compilación del Derecho Civil de Aragón.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Modificación de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
     1. El artículo 139 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
     «Artículo 139.-Disposición habiendo legitimarios.
     Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición
     de inmuebles por naturaleza, empresas y explotaciones económicas,
     valores mobiliarios u objetos preciosos, será necesaria la
     autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de
     obrar y, siendo todos los legitimarios menores o incapaces, de la
     Junta de Parientes o del Juez competente.»
     2. El artículo 202.2, 2º de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de
     sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes
     términos:
     «Artículo 202.2, 2º.-Los bienes no recobrables ni troncales, y
     también éstos si no hay parientes con derecho preferente, se
     defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los
     colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su
     caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.»
     3. El artículo 221 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones
     por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
     «Artículo 221.-Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
     1. En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra
     Señora de Gracia será llamado, con preferencia, a la sucesión legal
     de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos
     dependientes.
     2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de
     Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación
     a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del
     Hospital.»
     Segunda.-Modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
     1. El apartado 1 del artículo 20 de la Compilación del Derecho Civil
     de Aragón quedará redactado en los siguientes términos:
     «1. Si en virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto
     jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en
     asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas,
     actuarán aquéllos reunidos en Junta, excepto si hay previsión
     distinta.»
     2. El apartado 3 del artículo 149 de la Compilación del Derecho civil
     de Aragón quedará redactado en los siguientes términos:
     «3. Si concurren dos o más parientes, la preferencia se determinará
     por el orden establecido en los números 1.º y 3.º del artículo 211 de
     la Ley de sucesiones por causa de muerte, y en igualdad de derecho la
     tendrá el primero en ejercitarlo.»
     Tercera.-Entrada en vigor.
     La presente ley entrará en vigor el día 23 de abril de 2003.
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 12 de febrero de 2003.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU