Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20061228
Fecha de Publicacion: 30/12/2006
Número de boletín: 149
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.

Texto
     LEY 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín
     oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     INDICE
     PREAMBULO
     TITULO I
     DISPOSICIONES GENERALES
     CAPITULO PRIMERO
     Definición y principios generales
     Artículo 1.-Objeto.
     Artículo 2.-Fines.
     Artículo 3.-Principios generales.
     Artículo 4.-Función social de los montes.
     Artículo 5.-Definiciones.
     Artículo 6.-Concepto de monte.
     CAPITULO SEGUNDO
     Competencias de las Administraciones públicas
     Artículo 7.-Disposiciones generales.
     Artículo 8.-Administración de la Comunidad Autónoma.
     Artículo 9.-Comarcas.
     Artículo 10.-Municipios.
     TITULO II CLASIFICACION Y REGIMEN JURIDICO DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Clasificación de los montes
     Artículo 11.-Clasificación de los montes.
     CAPITULO SEGUNDO
     Régimen jurídico de los montes públicos
     Artículo 12.-Régimen jurídico de los montes demaniales.
     Artículo 13.-Declaración de utilidad pública.
     Artículo 14.-Propiedad y presunción de posesión de los montes
     catalogados.
     Artículo 15.-Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
     Artículo 16.-Descatalogación.
     Artículo 17.-Permuta.
     Artículo 18.-Prevalencia de demanialidad.
     Artículo 19.-Desafectación de montes catalogados.
     Artículo 20.-Desafectación de montes no catalogados.
     Artículo 21.-Régimen jurídico de los sotos y masas arboladas de las
     riberas.
     Artículo 22.-Régimen jurídico de los montes comunales.
     Artículo 23.-Régimen jurídico de los montes patrimoniales.
     CAPITULO TERCERO
     Régimen jurídico de los montes privados
     Artículo 24.-Régimen jurídico de los montes privados.
     Artículo 25.-Registro de montes protectores.
     Artículo 26.-Efectos de la declaración e inclusión en el Registro de
     montes protectores.
     Artículo 27.-Pérdida de condición de monte protector.
     CAPITULO CUARTO
     Montes vecinales en mano común
     Artículo 28.-Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
     CAPITULO QUINTO
     Adquisición y pérdida de la condición de monte
     Artículo 29 .-Adquisición de la condición de monte.
     Artículo 30.-Pérdida de la condición de monte.
     Artículo 31.-Pérdida del uso forestal por puesta en cultivo.
     Artículo 32.-Procedimientos de concentración parcelaria.
     Artículo 33 .-Planeamiento urbanístico.
     TITULO III
     INVESTIGACION, DESLINDE, ADQUISICION E INSCRIPCION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Investigación e inventario de los montes públicos
     Artículo 34.-Investigación.
     Artículo 35.-Inventario.
     CAPITULO SEGUNDO
     Deslinde y amojonamiento de los montes públicos
     Artículo 36.-Disposiciones generales.
     Artículo 37.-Contenido de la memoria.
     Artículo 38.-Inicio del deslinde.
     Artículo 39.-Efectos del acto inicial del deslinde.
     Artículo 40.-Régimen de audiencia y publicidad.
     Artículo 41.-Práctica del apeo.
     Artículo 42.-Procedimientos de deslinde.
     Artículo 43.-Primera fase del procedimiento de deslinde.
     Artículo 44.-Segunda fase del procedimiento de deslinde.
     Artículo 45.-Condiciones de la aprobación.
     Artículo 46.-Aprobación del deslinde.
     Artículo 47.-Efectos del deslinde.
     Artículo 48.-Impugnación del acto aprobatorio del deslinde.
     Artículo 49.-Amojonamiento.
     Artículo 50.-Deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
     CAPITULO TERCERO
     Recuperación, adquisición e inscripción
     Artículo 51.-Recuperación posesoria.
     Artículo 52.-Adquisición de montes.
     Artículo 53.-Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto.
     Artículo 54.-Inscripción en el Registro de la Propiedad.
     Artículo 55.-Régimen registral de fincas sitas en términos
     municipales en los que se hallen montes demaniales.
     TITULO IV
     POLITICA FORESTAL, ORDENACION Y GESTION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Política forestal
     Artículo 56.-Plan forestal de Aragón.
     Artículo 57.-Ambito, vigencia y contenido.
     Artículo 58.-Elaboración y aprobación.
     Artículo 59.-Comité Forestal de Aragón.
     CAPITULO SEGUNDO
     Ordenación y gestión de los montes
     Artículo 60.-Disposición general.
     Artículo 61.-Planes de ordenación de los recursos forestales.
     Artículo 62.-Instrucciones de ordenación de montes y normas de
     silvicultura mediterránea.
     Artículo 63.-Instrumentos de gestión forestal.
     Artículo 64.-Instrumentos de gestión forestal en montes catalogados y
     protectores.
     Artículo 65.-Instrumentos de gestión forestal en otros montes.
     CAPITULO TERCERO
     Información y estadística forestal
     Artículo 66.-Información y estadística forestal.
     TITULO V REGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Disposiciones generales
     Artículo 67.-Regulación aplicable.
     Artículo 68.-Definiciones.
     CAPITULO SEGUNDO
     Concesiones y servidumbres
     Artículo 69.-Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad
     pública.
     Artículo 70.-Condiciones generales para el otorgamiento de
     concesiones para uso privativo en montes catalogados.
     Artículo 71.-Concesiones de interés público.
     Artículo 72.-Concesiones de interés particular.
     Artículo 73.-Servidumbres en montes públicos no catalogados.
     Artículo 74.-Servidumbres en montes catalogados.
     Artículo 75.-Servidumbres en montes de titularidad privada.
     CAPITULO TERCERO
     Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales
     Artículo 76.-Aprovechamientos forestales.
     Artículo 77.-Control de los aprovechamientos forestales.
     Artículo 78.-Aprovechamientos en montes catalogados. Plan anual de
     aprovechamientos.
     Artículo 79.-Fondos y planes de mejoras.
     Artículo 80.-Aprovechamientos en montes no catalogados.
     Artículo 81.-Aprovechamientos en montes comunales.
     Artículo 82.-Condiciones especiales de los aprovechamientos
     maderables.
     Artículo 83.-Aprovechamientos de pastos.
     Artículo 84.-Aprovechamiento de la biomasa forestal residual.
     Artículo 85.-Recursos del subsuelo.
     CAPITULO CUARTO
     Actividades y usos sociales
     Artículo 86.-Actividades y uso público de los montes.
     Artículo 87.-Uso cultural, turístico y recreativo de los montes
     públicos.
     Artículo 88.-Prohibiciones o limitaciones de ciertos usos.
     Artículo 89.-Acceso a los montes.
     Artículo 90.-Régimen de uso de las pistas forestales.
     TITULO VI PROTECCION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Control de la erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación
     Artículo 91.-Disposición general.
     Artículo 92.-Control de la erosión y corrección hidrológico-forestal.
     Artículo 93.-Repoblación forestal.
     Artículo 94.-Medidas de repoblación forestal.
     Artículo 95.-Material forestal de reproducción.
     CAPITULO SEGUNDO
     Prevención de plagas y enfermedades
     Artículo 96.-Sanidad forestal.
     Artículo 97.-Controles fitosanitarios.
     Artículo 98.-Contaminación.
     CAPITULO TERCERO
     Protección frente a los incendios forestales
     Artículo 99.-Competencias de las distintas Administraciones públicas
     en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.
     Artículo 100.-Obligación de aviso.
     Artículo 101.-Zonas de alto riesgo.
     Artículo 102.-Medidas preventivas.
     Artículo 103.-Organización de la extinción.
     Artículo 104.-Medidas para la restauración de zonas incendiadas.
     TITULO VII FOMENTO DE LAS ACTUACIONES FORESTALES
     Artículo 105.-Ayudas técnicas y económicas.
     Artículo 106.-Régimen de las ayudas a otorgar.
     Artículo 107.-Pérdida de beneficios.
     Artículo 108.-Colaboración en formación, sensibilización,
     investigación y desarrollo.
     Artículo 109.-Certificación forestal.
     Artículo 110.-Compra pública responsable de productos forestales.
     Artículo 111.-Agrupaciones y asociaciones.
     TITULO VIII POLICIA FORESTAL E INFRACCIONES Y SANCIONES
     CAPITULO PRIMERO
     Competencias de las Administraciones públicas en materia de policía
     forestal
     Artículo 112.-Disposiciones generales.
     Artículo 113.-Agentes de protección de la naturaleza.
     Artículo 114.-Agentes forestales de las entidades locales.
     Artículo 115.-Personal voluntario.
     CAPITULO SEGUNDO
     Infracciones y sanciones
     Artículo 116.-Responsabilidad administrativa.
     Artículo 117.-Tipificación de infracciones.
     Artículo 118.-Clasificación de las infracciones.
     Artículo 119.-Medidas provisionales.
     Artículo 120.-Prescripción de las infracciones.
     Artículo 121.-Responsabilidad penal.
     Artículo 122.-Potestad sancionadora.
     Artículo 123.-Clasificación de las infracciones y cuantía de las
     sanciones.
     Artículo 124.-Registro de infractores.
     Artículo 125.-Reducción de la sanción.
     Artículo 126.-Proporcionalidad.
     Artículo 127.-Reparación del daño e indemnización.
     Artículo 128.-Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
     Artículo 129.-Prestación ambiental sustitutoria.
     Artículo 130.-Decomiso.
     Artículo 131.-Prescripción de las sanciones.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Disposición adicional primera.-Competencias del Instituto Aragonés de
     Gestión Ambiental.
     Disposición adicional segunda.-Acción pública.
     Disposición adicional tercera.-Plazo de abandono de terrenos
     agrícolas.
     Disposición adicional cuarta.-Consorcios y convenios de repoblación
     sobre montes públicos.
     Disposición adicional quinta.-Consorcios y convenios de repoblación
     sobre montes privados.
     Disposición adicional sexta.-Montes pertenecientes a sociedades
     extintas o sin capacidad de obrar.
     Disposición adicional séptima.-Creación del Comité Forestal de
     Aragón.
     Disposición adicional octava.-Inventario de pistas forestales.
     Disposición adicional novena.-Montes sometidos a enfiteusis.
     Disposición adicional décima.-Actualización de multas.
     Disposición adicional undécima.-Adecuación de aprovechamientos de
     montes privados.
     Disposición adicional duodécima.-Personal de auxilio al director
     técnico de extinción.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Disposición transitoria primera.-Competencias comarcales.
     Disposición transitoria segunda.-Excepciones a las superficies
     mínimas de monte.
     Disposición transitoria tercera.-Riberas deslindadas con arreglo a la
     Ley de 18 de octubre de 1941 de repoblación de las riberas de ríos y
     arroyos.
     Disposición transitoria cuarta.-Instrumentos de gestión forestal en
     montes consorciados o conveniados.
     Disposición transitoria quinta.-Vigencia de los planes actuales.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-General.
     DISPOSICIONES FINALES
     Disposición final primera.-Derecho supletorio.
     Disposición final segunda.-Catálogo de Arboles Singulares de Aragón.
     Disposición final tercera.-Acceso a la escala de agentes de
     protección de la naturaleza.
     Disposición final cuarta.-Modificación de la Ley 8/2004, de 20 de
     diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
     Disposición final quinta.-Modificación de la Ley 5/2002, de 4 de
     abril, de Caza de Aragón.
     Disposición final sexta.-Revisión del Catálogo de Montes de
     Utilidad Pública y del Registro de montes protectores.
     Disposición final séptima.-Habilitación normativa.
     Disposición final octava.-Habilitación de desarrollo.
     Disposición final novena.-Entrada en vigor.
     PREAMBULO I
     El artículo 149.1.23.ª de la Constitución permitió la aprobación de
     la Ley de las Cortes Generales 43/2003, de 21 de noviembre, de
     Montes, de carácter básico. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene
     establecida en el artículo 35.1.15.ª de su Estatuto de Autonomía la
     competencia exclusiva en materia de «montes, aprovechamientos y
     servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales
     protegidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el número veintitrés del
     apartado 1 del artículo 149 de la Constitución», correspondiendo,
     asimismo, a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia para el
     desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del
     Estado en cuestiones relativas a la «protección del medio ambiente;
     normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje»
     prevista en el artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     No obstante, es obvia la conexión material de otros títulos
     competenciales con el concepto amplio de «medio ambiente», en el que
     se incardina la materia forestal, lo cual permite referir su conexión
     material con el artículo 35.1.17.ª del Estatuto de Autonomía de
     Aragón, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para la
     «protección de los ecosistemas en los que se desarrollen dichas
     actividades», refiriéndose a los aprovechamientos cinegéticos y
     piscícolas, así como con la competencia propia de la Comunidad
     Autónoma sobre «tratamiento especial de las zonas de montaña»
     atribuida por el artículo 35.1.14.ª del Estatuto de Autonomía de
     Aragón.
     Y, en un último nivel, otras materias conexas ultiman los títulos que
     permiten a la Comunidad Autónoma de Aragón dictar la presente norma.
     De estas habilitaciones destaca, principalmente, la de «ordenación
     del territorio» (artículo 35.1.7.ª del Estatuto de Autonomía) y,
     atendiendo al bien jurídico tutelado que justifica la actividad de
     control en el ejercicio de la competencia en materia forestal en el
     territorio de la Comunidad Autónoma, podría referirse también, en un
     sentido amplio, extenso y secundario, a las competencias de la
     Comunidad Autónoma en materia de «régimen local...» (artículo
     35.1.2.ª del Estatuto de Autonomía) y de «procedimiento
     administrativo derivado de las especialidades de la organización
     propia» (artículo 35.1.5.ª del Estatuto de Autonomía), así como a la
     competencia sobre «bienes de dominio público y patrimoniales, cuya
     titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las
     servidumbres públicas y demás derechos reales administrativos en
     materia de sus competencias» (artículo 35.1.6.ª del Estatuto de
     Autonomía), siguiendo la configuración específica del régimen de
     propiedad de los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma en
     desarrollo de la legislación forestal básica y conforme a la propia
     función económica del monte, cuyo carácter relevante no se niega pese
     a la vis atractiva de su función medioambiental, y la consecuente
     ordenación de su explotación, que permite incardinar el ejercicio de
     la potestad legislativa, siquiera sea tangencialmente, en la de
     «planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo
     económico de la Comunidad Autónoma...» (artículo 35.1.24.ª del
     Estatuto de Autonomía).
     II
     Los montes cumplen una importante función social, por lo que las
     Administraciones públicas aragonesas están obligadas a garantizar que
     generen los mayores beneficios posibles. Es obvio que el
     aprovechamiento racional de los montes contribuye al desarrollo
     rural.
     Por ello, los montes deben ser considerados infraestructuras
     naturales básicas de la Comunidad Autónoma de Aragón y, por lo tanto,
     las Administraciones Públicas deben destinar los medios materiales y
     humanos necesarios para que los montes cumplan estas importantes
     asignaciones ambientales.
     III
     El sistema de estructura territorial de la Comunidad Autónoma de
     Aragón presenta peculiaridades derivadas de la existencia de una
     organización territorial intermedia como son las comarcas, cuyo marco
     competencial viene delimitado por lo dispuesto en Ley 23/2001, de 26
     de diciembre, de Medidas de Comarcalización, la cual, sin perjuicio
     de las demás leyes comarcales, define el alcance de la competencia
     comarcal en materia de agricultura, ganadería y montes.
     El procedimiento de elaboración del texto legal se ha caracterizado
     por la intensa participación de diversas organizaciones
     conservacionistas, empresariales y sindicales, así como de distintos
     colegios profesionales, a los que se les ha dado un trámite de
     audiencia específico, lo cual redunda en un mayor consenso social
     sobre su contenido.
     IV
     La referida Ley 43/2003, modificada parcialmente por la Ley 10/2006,
     de 28 de abril, encomienda a las Comunidades Autónomas la regulación,
     mediante su capacidad de desarrollo legislativo, de una serie de
     extremos, entre los que deben destacarse el de la exacta definición
     del ámbito de aplicación de la propia ley básica (mediante el
     establecimiento de la unidad mínima de montes o el plazo mínimo para
     que un cultivo abandonado adquiera la condición de monte), la
     concreción de la unidad mínima de monte a efectos de la
     indivisibilidad en las transmisiones o del ejercicio del derecho de
     tanteo y retracto, o el tratamiento urbanístico de los montes. Tales
     asuntos son objeto de regulación en la presente ley, en cumplimiento
     de lo dispuesto por la legislación básica, pero no se limita a ello,
     sino que aborda un desarrollo normativo en materia de montes que
     pretende adaptarse a la realidad de Aragón, tanto por sus
     significativos valores naturales, que deben ser objeto de protección,
     como por su realidad socioeconómica y, en especial, por su actual
     organización administrativa.
     La presente ley se estructura en ocho títulos, doce disposiciones
     adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y nueve finales.
     El Título I, «Disposiciones generales», se estructura en dos
     capítulos. El primero, «Definición y principios generales», contiene
     una detallada regulación de los fines y de los principios generales
     inspiradores contenidos en la ley estatal antes referida y, sin
     menoscabo de ninguno de ellos, la presente ley añade una especial
     valoración de los montes por sus funciones en la generación, gestión
     y reserva de los recursos hídricos y su contribución a la regulación
     del régimen de caudales de los ríos; en la conservación de los suelos
     como recurso natural y en la conservación del patrimonio genético
     contenido en los bosques aragoneses autóctonos; otorga al árbol una
     consideración especial como valor específico a proteger y establece
     entre sus objetivos
     la defensa de los montes contra los incendios, la erosión y las
     plagas forestales, estableciendo y regulando medidas de custodia que
     no se limitan a los usos, servicios y aprovechamientos tradicionales
     de los montes, extendiéndose a la defensa de la propiedad forestal
     pública y estableciendo el sistema de coordinación administrativa
     respecto a otras actuaciones públicas que lo precisan por su
     incidencia o impacto en los montes. Por último, pero no por ello
     menos importante, se establece la distribución competencial entre la
     Administración autonómica y las Administraciones locales, y en
     particular las comarcas, en materia forestal.
     Con objeto de otorgar el régimen protector y de gestión de la
     presente ley a los terrenos relacionados con la producción y la
     gestión de los recursos hídricos, se incluyen en la definición del
     concepto de monte, las áreas nivales, glaciares, roquedos y cumbres,
     así como los humedales, sotos y masas arboladas de riberas.
     Constituye una novedad de la ley que nos ocupa la consideración del
     árbol como valor natural y cultural a proteger, añadiendo este al
     objetivo clásico de defensa del terreno sobre el que vegeta, el
     monte. A ello se debe la excepción de la unidad mínima de monte de
     los terrenos que sustenten especies forestales arbóreas, así como la
     incorporación del Catálogo de Arboles Singulares de Aragón entre las
     fórmulas de gestión y su consideración en el desarrollo autonómico
     del régimen sancionador establecido en la ley básica de montes.
     Mediante la presente ley se dota al suelo forestal, pero también al
     agrícola, del mayor nivel de protección que una norma sectorial
     forestal puede otorgar a este recurso natural de máxima relevancia en
     el sector primario y que a escala humana debe considerarse y, sobre
     todo, gestionarse, como no renovable, respondiendo a este fin la
     exceptuación de los ribazos y márgenes de cultivos de la superficie
     mínima de monte establecida con carácter general y sin perjuicio de
     su desarrollo reglamentario.
     El segundo capítulo, «Competencias de las Administraciones públicas»,
     establece detalladamente las competencias autonómicas, entre las que
     destacan la planificación y elaboración de la política forestal, la
     regulación de los servicios y funciones de la escala de agentes de
     protección de la naturaleza o la potestad de regular los
     aprovechamientos y usos forestales de cualquier naturaleza en montes
     de cualquier titularidad, respondiendo así a la demanda social de
     actuación y control público sobre actividades o usos que, aun
     realizándose en montes no sometidos a la directa gestión pública,
     tienen repercusiones sobre el conjunto de los recursos naturales,
     como los aprovechamientos micológicos, los recorridos con vehículos a
     motor o la práctica del senderismo.
     También se hallan entre las competencias autonómicas la aprobación de
     los planes de ordenación de los recursos forestales de ámbito
     comarcal y de los instrumentos de gestión de todos los montes
     aragoneses, el cambio de uso forestal o la participación en los
     procedimientos de planeamiento urbanístico que afecten a montes, así
     como las actuaciones de defensa de la propiedad forestal catalogada:
     informes en procedimientos de inmatriculación de predios forestales,
     investigación, deslindes y amojonamientos de montes catalogados,
     inclusión o exclusión de montes en el catálogo y concesiones de uso
     privativo del dominio público forestal. Por su especial relevancia,
     deben añadirse a esta sucinta enumeración las competencias en materia
     de prevención y extinción de incendios forestales.
     Entre las competencias asignadas por esta ley a las comarcas, se
     encuentran la elaboración de los planes de ordenación de los recursos
     forestales, así como su ejecución y desarrollo, incluyendo la
     competencia para la aprobación de los planes anuales de
     aprovechamientos de los montes públicos existentes en la comarca,
     siempre y cuando dispongan de instrumento de gestión en vigor, así
     como la referente a la gestión de los fondos de mejoras de montes de
     utilidad pública.
     El Título II, «Clasificación y régimen jurídico de los montes», se
     divide en cinco capítulos. El primero, «Clasificación de los montes»,
     los regula distinguiéndolos en función de la titularidad pública
     (aquellos que integran el dominio público y los considerados
     patrimoniales) o privada y contemplando, además, el régimen especial
     de los montes vecinales en mano común. El segundo, «Régimen jurídico
     de los montes públicos», establece la regulación que corresponde a la
     tipología legal de los montes públicos, detallando los que forman el
     dominio público forestal, recogiendo el Catálogo de Montes de
     Utilidad Pública de Aragón, así como los procedimientos de
     descatalogación, permuta, desafectación y prevalencia. Debe
     significarse en este apartado el régimen jurídico de los sotos y
     masas arboladas de riberas, a los que reconoce la doble afectación
     derivada de su pertenencia al dominio público hidráulico y al
     forestal, y de la que se deriva su especial régimen competencial,
     completando este capítulo el régimen jurídico de los montes comunales
     y patrimoniales. El tercero regula el régimen jurídico de los montes
     privados, creando el Registro de montes protectores de Aragón y
     determinando los efectos que se derivan del mismo. El cuarto contiene
     la regulación de los montes vecinales en mano común. Finaliza el
     título con un capítulo quinto, el cual, tras la determinación de los
     supuestos de cambio de uso forestal, y con el fin de garantizar la
     sostenibilidad de los usos y servicios públicos que motivaron su
     afectación o, en su caso, su inclusión en el Registro de montes
     protectores, aborda la coordinación entre las competencias públicas
     en materia de ordenación territorial y de conservación del medio
     natural, estableciendo con carácter general la inclusión del dominio
     público forestal y de los montes protectores en la categoría de suelo
     no urbanizable de protección especial y sometiendo a informe de la
     Administración forestal autonómica el trámite de toda figura de
     planeamiento urbanístico que afecte a montes de cualquier
     titularidad.
     Respecto al Título III, «Investigación, deslinde, adquisición e
     inscripción de los montes», se divide en tres capítulos que contienen
     las potestades de investigación, deslinde y amojonamiento y
     recuperación posesoria, respectivamente, e incluyendo el tercero,
     además, la adquisición e inscripción registral. Debe destacarse la
     completa regulación del procedimiento de deslinde, que recupera en
     parte su configuración tradicional, detallando las condiciones de su
     ejecución y sus efectos e incorporando la potestad de deslinde
     forestal de las riberas.
     El Título IV, «Política forestal, ordenación y gestión de los
     montes», se divide en tres capítulos. El primero, «Política
     forestal», recoge el marco jurídico del plan forestal de Aragón, como
     el instrumento esencial para llevar a cabo la política forestal en la
     Comunidad Autónoma, y crea el Comité Forestal de Aragón, regulando
     sus funciones. El capítulo segundo, «Ordenación y gestión de los
     montes», regula las instrucciones de ordenación de montes y las
     normas de silvicultura mediterránea, junto con los planes de
     ordenación de los recursos forestales y los instrumentos de gestión
     forestal. Completa el Título el capítulo III, sobre información y
     estadística forestal.
     El Título V recoge en cuatro capítulos el régimen de uso y
     aprovechamiento de los montes y contiene en su primer capítulo el
     régimen general y las correspondientes definiciones, distinguiendo
     las concesiones de uso privativo, las servidumbres, los
     aprovechamientos y las actividades y usos sociales. El capítulo
     segundo, «Concesiones y servidumbres», establece las condiciones de
     las concesiones, tanto de interés publico como particular, y de las
     servidumbres, estableciendo el carácter gratuito para las de interés
     público y contemplando criterios actualizados de valoración para las
     de interés particular. El capítulo tercero determina los
     aprovechamientos forestales en los distintos tipos de montes y las
     condiciones generales y especiales de aplicación, incorporando una
     serie de principios en relación con los recursos del subsuelo, que no
     son considerados aprovechamientos forestales, e incluyendo los fondos
     de mejoras como instrumento financiero de los montes de utilidad
     pública.  Finaliza el título con el capítulo cuarto, que corresponde
     al uso público de los montes e incluye las condiciones de acceso
     público y empleo de las pistas forestales.
     El Título VI, «Protección de los montes», recoge en su capítulo I
     diversas medidas de control de la erosión, corrección
     hidrológico-forestal y repoblación, asegurando la protección legal
     del recurso suelo, históricamente insuficiente, y definiendo las
     zonas prioritarias de actuación en restauración hidrológico-forestal.
     Asimismo, añade en su capítulo II diferentes medidas tendentes a la
     prevención de plagas y enfermedades. Por otro lado, en su capítulo
     III determina las competencias en materia de prevención y extinción
     de incendios forestales, sus medidas preventivas y las referentes a
     la restauración de zonas incendiadas, consolidando y refrendando el
     modelo organizativo para su extinción, basado en las competencias
     forestales autonómicas, que incluyen la dirección de extinción sobre
     un operativo que englobe medios pertenecientes a otras
     Administraciones, siempre y cuando los incendios afecten
     exclusivamente a bienes de naturaleza forestal.
     El Título VII, «Fomento de las actuaciones forestales», establece las
     ayudas técnicas y económicas que debe impulsar la Administración de
     la Comunidad Autónoma de Aragón a favor de propietarios públicos y
     privados. Estas medidas se podrán concretar mediante contratos,
     convenios y acuerdos de colaboración con los propietarios de los
     montes, incluyendo la posibilidad de que el Gobierno de Aragón pueda
     establecer medidas compensatorias económicas en el caso de que se
     limiten los usos y aprovechamientos por razones de interés general o
     por motivos de protección de los valores naturales del monte.
     Por último, el Título VIII, «Policía forestal e infracciones y
     sanciones», reproduce en gran parte el régimen sancionador
     establecido con carácter de legislación básica en la referida Ley
     43/2003, desarrollando, no obstante, algunos extremos. Tal es el caso
     de la graduación de las sanciones, que modula el criterio de la
     referida ley, basado en el tiempo necesario para la restauración de
     los daños producidos al monte, en función de la magnitud de la
     superficie afectada, de su pertenencia a montes de utilidad pública o
     montes protectores y la posible afección a árboles incluidos en el
     Catálogo de Arboles Singulares de Aragón.
     En el mismo título se incluyen las funciones en materia de
     vigilancia, custodia y policía de los agentes de protección de la
     naturaleza de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los agentes
     forestales de las entidades locales.
     El elevado número de disposiciones adicionales responde a la
     necesidad de adecuar jurídicamente diversas situaciones especiales
     existentes en el medio forestal aragonés. Entre ellas, destaca el
     trato que la presente ley da a los montes no
     catalogados pero repoblados mediante inversión pública y sometidos a
     fórmulas contractuales de gestión, tales como los consorcios y
     convenios, que precisan de una actualización que garantice su
     conservación y evite cargar a sus dueños con deudas no respaldadas
     por la rentabilidad de sus aprovechamientos. Por ello, se prevé, para
     los montes públicos consorciados, su catalogación, lo que conllevaría
     la condonación de la deuda acumulada con arreglo a los citados
     contrato, mientras que para los montes privados se prevé dicha
     condonación sólo para el caso de que se incluyan en el registro de
     montes protectores. Otra disposición adicional se refiere a que será
     pública la acción para exigir la observancia de lo establecido en
     esta ley.
     La Red Natural de Aragón, cuya parte más significativa, en términos
     de superficie, corresponde al ámbito aragonés de la Red Natura 2000 y
     que, a su vez, contiene fundamentalmente terrenos forestales, es
     apoyada en sus objetivos de conservación por los contenidos de la
     presente ley, que recoge, en los supuestos para la catalogación de
     los montes públicos, su pertenencia a la Red Natural de Aragón, así
     como para la inclusión de montes privados en el régimen de
     protectores. Este impulso a la conservación se completa incorporando
     a la Red Natural de Aragón los montes catalogados de utilidad
     pública, lo que supone una ampliación de la superficie de la Red
     Natural de Aragón coincidente con el dominio público forestal y que,
     por lo tanto, ya está destinado a su conservación.
     Por otro lado, la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, vino
     a introducir una novedosa regla en el sistema de fomento de las
     actividades cinegéticas que ha configurado en la práctica a la
     Administración de la Comunidad Autónoma en una aseguradora del riesgo
     generado por las especies cinegéticas en la gran mayoría de los daños
     que estas ocasionan, con el coste que ello supone desde la
     perspectiva de la eficacia administrativa. Por ello, parece oportuno
     modular esta obligación general de pago, estableciendo determinadas
     excepciones al citado sistema cuando medie una falta de diligencia en
     la gestión del acotado, y ciñéndolo a supuestos relacionados
     directamente con el ejercicio de las actividades cinegéticas.
     Finalmente, en relación con los Arboles Singulares de Aragón, figura
     legal que fue creada por razones de urgencia mediante el artículo 2
     de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia
     de medio ambiente, y siendo oportuno incorporar su regulación a la
     ley sectorial, la presente ley asume su régimen jurídico, derogando
     el mencionado precepto.
     TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
     CAPITULO PRIMERO
     Definición y principios generales
     Artículo 1.-Objeto.
     Es objeto de la presente ley regular los montes situados en el ámbito
     territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón para la protección y
     desarrollo del patrimonio forestal de Aragón, conforme a su
     competencia exclusiva en el marco de la legislación básica del
     Estado.
     Artículo 2.-Fines.
     Son fines perseguidos por esta ley:
     a) La gestión integral de los montes, asegurando la protección,
     conservación y aumento de su diversidad biológica y los procesos
     evolutivos y ecológicos de la cubierta vegetal conforme a las
     exigencias del interés general, favoreciendo y salvaguardando los
     recursos hídricos de los ecosistemas forestales.
     b) El establecimiento del régimen de defensa y protección de los
     montes, cualquiera que sea su titularidad, regulando sus usos y
     aprovechamientos, sin perjuicio de la adopción, en su caso, de
     medidas de fomento.
     c) La definición de la política forestal y de su ejecución por medio
     de la planificación forestal, que incluirá medidas de prevención y
     protección de los riesgos que amenazan al monte, así como la
     determinación de los criterios de restauración hidrológico-forestal.
     d) La delimitación de las competencias de las distintas
     Administraciones públicas territoriales y, en particular, las de las
     entidades locales en la gestión de los montes de su titularidad.
     e) La promoción entre la población del mejor conocimiento de los
     valores que sustentan los ecosistemas forestales.
     Artículo 3.-Principios generales.
     Son principios generales que inspiran la presente ley, junto a
     aquellos que establece la legislación básica estatal, los siguientes:
     a) La prevención y control de la erosión y la defensa, conservación y
     mejora de los suelos como recurso natural.
     b) La relevancia de la función de los montes en la generación y
     reserva de recursos hídricos, la regulación del régimen fluvial y la
     defensa de poblaciones e infraestructuras.
     c) La defensa de la propiedad forestal pública.
     d) La coordinación de la planificación forestal con la agrícola.
     e) La integración en la política forestal aragonesa de los objetivos
     de la acción nacional e internacional sobre protección del medio
     ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio
     climático y biodiversidad.
     f) La defensa del árbol como valor cultural, del paisaje y del
     ecosistema.
     g) La conservación de los bosques autóctonos y de su patrimonio
     genético.
     h) La coordinación de la Administración local y la autonómica en la
     prevención y extinción de los incendios forestales.
     i) El carácter prioritario de la prevención, que deberá presidir la
     política dirigida a la lucha contra los incendios forestales.
     j) El fomento de las producciones forestales y sus sectores
     económicos asociados, mejorando los procesos de obtención,
     transformación y comercialización de los productos económicos de los
     montes.
     k) El fomento del asociacionismo y la cooperación entre los
     propietarios de montes y los sectores de transformación de los
     recursos forestales.
     l) La incorporación de los valores del monte en los planes de empleo
     y su aprovechamiento racional como medio de contribución al
     desarrollo rural.
     m) El fomento de la investigación y de la información en materia de
     selvicultura y, en general, de protección, conservación y aumento de
     los montes y de las masas arboladas.
     n) El fomento de los usos culturales, turísticos, pedagógicos,
     recreativos y deportivos de los montes de forma compatible con el
     resto de sus finalidades.
     ñ) La aplicación del principio o enfoque de precaución, en cuya
     virtud, cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial
     de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas
     científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas
     encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
     o) La adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una
     gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al
     mismo.
     p) Garantizar la integración de los montes en la ordenación
     territorial y urbanística.
     Artículo 4.-Función social de los montes.
     1. Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una
     función social relevante tanto como fuente de recursos naturales como
     por ser proveedores de múltiples servicios o externalidades
     ambientales, por lo que las Administraciones públicas aragonesas
     velarán en todos los casos por su conservación, protección,
     restauración, mejora y ordenación.
     2. En virtud de su función social, los montes aragoneses son
     considerados infraestructuras naturales básicas de la Comunidad
     Autónoma. Las Administraciones públicas aragonesas destinarán los
     medios materiales y humanos necesarios para que los montes cumplan su
     función social.
     Artículo 5.-Definiciones.
     Serán de plena aplicación en la normativa forestal de la Comunidad
     Autónoma de Aragón las definiciones que establezca la legislación
     forestal estatal básica vigente.
     Artículo 6.-Concepto de monte.
     1. A los efectos de la presente ley, son montes los terrenos sobre
     los que vegetan, de forma espontánea o mediante siembra o plantación,
     especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas que
     cumplan o puedan cumplir funciones protectoras, ambientales,
     económicas, culturales, recreativas o paisajísticas.
     2. Igualmente, a los efectos de la aplicación de la presente ley,
     tienen la consideración de monte:
     a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
     b) Todo terreno que, sin reunir las características anteriores, se
     adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso
     forestal de acuerdo con la normativa aplicable.
     c) Las pistas forestales, instalaciones contra incendios y otras
     construcciones e infraestructuras ubicadas en el monte y destinadas a
     su gestión.
     3. En desarrollo de la ley básica estatal, se consideran monte en la
     Comunidad Autónoma de Aragón:
     a) Los terrenos agrícolas abandonados que no hayan sido objeto de
     laboreo por plazo superior a diez años y siempre que hayan adquirido
     signos inequívocos de su estado forestal.
     b) Los enclaves forestales cuya superficie no sea inferior a mil
     metros cuadrados.
     4. Asimismo, tienen también la consideración de monte:
     a) Los terrenos que se encuentren en un monte público, aunque su uso
     y destino no sea forestal.
     b) Los neveros, los glaciares y las cumbres.
     c) Los humedales, sotos y masas forestales de las riberas de los
     ríos.
     d) Las plantaciones de especies forestales que no sean objeto de
     labores agrícolas, destinadas a la producción de madera, de biomasa o
     de cualesquiera otros productos de uso industrial, cuyo periodo de
     crecimiento sea superior al plazo de un año, así como las
     plantaciones de especies forestales destinadas a procurar un
     aprovechamiento micológico mediante el uso de técnicas de cultivo
     específicas.
     5. Tienen también la condición de monte, cualquiera que sea su
     extensión, sin perjuicio de lo que se establezca mediante su
     desarrollo reglamentario y siempre que aparezcan cubiertos con
     vegetación forestal, los siguientes terrenos:
     a) Los que formen parte de la Red Natural de Aragón.
     b) Los que sostengan vegetación forestal arbórea.
     c) Los ribazos o márgenes de cultivo cuando sirvan a la defensa
     contra los procesos erosivos del suelo.
     6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, no
     tendrán la consideración de monte:
     a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
     b) Los terrenos urbanos o urbanizables delimitados.
     c) Los terrenos cubiertos con vegetación no arbórea cuya superficie
     continua sea inferior a mil metros cuadrados.
     d) Los terrenos que, previa resolución administrativa que así lo
     autorice, según lo dispuesto en el artículo 30, cambien su uso y se
     destinen a un uso distinto del forestal.
     CAPITULO SEGUNDO
     Competencias de las Administraciones públicas
     Artículo 7.-Disposiciones generales.
     1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias
     en materia forestal, están obligadas a la observancia de los
     principios y la consecución de los fines de la presente Ley.
     2. Las Administraciones públicas y, en su caso, los organismos
     públicos de ellas dependientes, cooperarán y colaborarán en el
     ejercicio de sus competencias en materia forestal para garantizar la
     ejecución coordinada de las distintas políticas públicas, forestales
     y medioambientales, y de ordenación del territorio.
     Artículo 8.-Administración de la Comunidad Autónoma.
     1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
     la determinación y ejecución de la política forestal y la protección,
     defensa, administración y gestión de los montes, sin perjuicio de las
     competencias propias de las restantes Administraciones públicas en
     materia forestal y, en particular, de las que la ley atribuye a
     comarcas y municipios.
     2. Son competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los
     términos establecidos en esta ley y en la legislación sectorial que
     resulte de aplicación:
     a) El desarrollo de la legislación básica del Estado, incluyendo la
     potestad para dictar normas adicionales en materia de montes y su
     ejecución.
     b) La elaboración de la política forestal y la aprobación de los
     planes de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de montes y
     de los instrumentos de gestión forestal.
     c) La gestión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón y
     del Registro de montes protectores de Aragón.
     d) La defensa de la propiedad forestal pública y el ejercicio de las
     facultades y funciones dominicales sobre los montes de titularidad de
     la Comunidad Autónoma.
     e) La autorización, suspensión o supresión de servidumbres y el
     otorgamiento de concesiones en los montes catalogados.
     f) La realización de informes y el otorgamiento de autorizaciones en
     materia de montes.
     g) El ejercicio de la potestad expropiatoria en los montes.
     h) La regulación de los usos y aprovechamientos en los montes
     aragoneses.
     i) La prevención y lucha contra los incendios forestales y las
     actuaciones en materia de sanidad forestal.
     j) La regulación de los servicios y funciones de la escala de agentes
     de protección de la naturaleza, dependiente de la Administración
     autonómica.
     k) La promoción de la investigación y formación sobre temas
     forestales.
     l) La inspección, el control y el ejercicio de la potestad
     sancionadora.
     m) La ejecución de inversiones en montes cuya gestión le corresponda.
     n) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y demás derechos
     y acciones destinadas al patrimonio forestal.
     ñ) Cualesquiera otras que la normativa en materia de montes determine
     o pudiera determinar en el futuro.
     3. Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en
     materia forestal serán ejercidas por el departamento competente en
     materia de medio ambiente directamente o, en su caso, previa su
     desconcentración mediante ley, por organismo público a él adscrito,
     sin perjuicio de las que estén reservadas expresamente al Gobierno de
     Aragón o, específicamente, a otro departamento de su Administración.
     Artículo 9.-Comarcas.
     Las comarcas podrán ejercer únicamente las siguientes competencias en
     materia de gestión forestal cuando los montes se encuentren
     íntegramente en su territorio:
     a) La elaboración de los planes de ordenación de los recursos
     forestales y de los instrumentos de gestión forestal de los montes
     catalogados de titularidad local, con la participación de los
     municipios propietarios.
     b) La aprobación y ejecución de los planes anuales de
     aprovechamientos de los montes catalogados de titularidad local, de
     acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de esta ley.
     c) La ejecución de inversiones y actuaciones en montes catalogados de
     titularidad local, siempre que estén previstas en los instrumentos de
     gestión forestal en vigor o hayan sido autorizadas por la
     administración autonómica.
     d) La aprobación y gestión de los planes anuales de mejoras para los
     montes catalogados de titularidad local.
     e) La colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón en la investigación en materia de defensa de la propiedad
     forestal.
     f) El deslinde y amojonamiento cuando se trate de montes
     patrimoniales de titularidad local o comunales no catalogados, previa
     encomienda del ayuntamiento propietario.
     g) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales
     dependientes de la Administración comarcal y la regulación de sus
     servicios y funciones.
     h) Las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios
     forestales, según lo dispuesto en la presente ley, en la normativa de
     protección civil y en los instrumentos de gestión forestal.
     i) La colaboración en la lucha contra las plagas y enfermedades
     forestales.
     j) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la
     realización de inversiones o gestión de montes no catalogados.
     k) La inspección y control de los usos, aprovechamientos y resto de
     actuaciones en el ámbito de aplicación de la presente ley y el
     ejercicio de la potestad sancionadora por infracciones
     administrativas en las materias de competencia comarcal.
     l) La gestión, previa encomienda de los municipios propietarios, de
     los montes públicos no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad
     Pública, incluso la ejecución de inversiones cuando estén
     contempladas en el instrumento de gestión en vigor o hayan sido
     objeto de autorización administrativa.
     Artículo 10.-Municipios.
     Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia
     de gestión forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las
     que ostentan la Administración de la Comunidad Autónoma y las
     comarcas:
     a) La participación, mediante la emisión de informe preceptivo, en la
     elaboración de los planes de ordenación de los recursos forestales y
     de los instrumentos de gestión forestal de los montes catalogados.
     b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de
     su titularidad.
     c) La propuesta de los aprovechamientos a incluir en los planes
     anuales de los montes catalogados.
     d) La propuesta de actuaciones u obras para su financiación con cargo
     a los fondos de mejoras para los montes catalogados o con cargo a los
     presupuestos comarcales o autonómicos.
     e) La ejecución de inversiones con cargo al presupuesto municipal
     siempre que se contemplen en el instrumento de gestión en vigor o
     hayan sido objeto de autorización administrativa.
     f) La enajenación y el control económico y administrativo de
     aprovechamientos incluidos en los planes anuales de los montes
     catalogados y los que hayan de ser realizados en los demás montes de
     su titularidad, sin perjuicio de los derechos que mantenga la
     Administración forestal autonómica en el caso de montes consorciados
     o conveniados.
     g) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el
     Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
     h) La colaboración con la Administración forestal autonómica y las
     comarcas en el control técnico de los aprovechamientos.
     i) La colaboración con la Administración autonómica y las comarcas en
     la investigación en materia de defensa de la propiedad forestal.
     j) El deslinde y amojonamiento de los montes públicos de su
     titularidad no catalogados.
     k) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la
     realización de inversiones o gestión de montes no catalogados.
     l) La elaboración de los instrumentos de gestión forestal y la
     gestión, en todos sus aspectos, de los montes comunales no incluidos
     en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y de los montes
     patrimoniales de titularidad municipal.
     m) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales municipales
     y la regulación de sus servicios y funciones.
     n) La colaboración con la Administración comarcal y la autonómica en
     la prevención y extinción de incendios forestales, en los términos
     regulados por la presente ley.
     TITULO II CLASIFICACION Y REGIMEN JURIDICO DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Clasificación de los montes
     Artículo 11.-Clasificación de los montes.
     1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o
     privados.
     2. Tienen la condición de públicos los pertenecientes al Estado, a la
     Comunidad Autónoma de Aragón, a las entidades locales y a otras
     entidades de derecho público.
     3. Son montes de dominio público o demaniales e integran el dominio
     público forestal los que seguidamente se relacionan:
     a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
     b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo
     aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
     c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características
     anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.
     4. Son montes patrimoniales los de titularidad pública que no sean
     demaniales.
     5. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o
     jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de
     copropiedad.
     6. Por razón de sus especiales características, los montes privados
     podrán clasificarse como protectores, de conformidad con lo
     establecido en el artículo 25 de esta ley.
     7. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial
     derivada de su propiedad en común, sujeta a las limitaciones de
     indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e
     inembargabilidad.
     CAPITULO SEGUNDO
     Régimen jurídico de los montes públicos
     Artículo 12.-Régimen jurídico de los montes demaniales.
     Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e
     inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su
     titularidad.
     Artículo 13.-Declaración de utilidad pública.
     El departamento competente en materia de medio ambiente, de oficio o
     a instancia de parte, podrá incluir en el Catálogo de Montes de
     Utilidad Pública los montes públicos que se hallen en alguno de los
     casos que se citan a continuación:
     a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos
     otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen
     hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y
     defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras.
     b) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a
     procesos de erosión.
     c) Los que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para
     los trabajos de conservación de suelos frente a procesos de erosión y
     de corrección hidrológico-forestal.
     d) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas
     y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e
     infraestructuras contra el viento.
     e) Los que generen recursos hídricos o contribuyan a su gestión.
     f) Los que se encuentren en los perímetros de protección de las
     captaciones superficiales y subterráneas de agua.
     g) Los humedales, sotos y masas arboladas de las riberas de los ríos
     que hayan sido objeto de deslinde.
     h) Los que estén situados en áreas forestales declaradas de
     protección dentro de un plan de ordenación de recursos naturales o de
     un plan de ordenación de recursos forestales.
     i) Los que contribuyan a la conservación y aumento de la diversidad
     biológica, a través del mantenimiento e incremento de los sistemas
     ecológicos, la protección y desarrollo de la flora y la fauna o la
     preservación y extensión de la diversidad genética.
     j) Los que constituyan o formen parte de espacios naturales
     protegidos, áreas de la Red Natural de Aragón, reservas de la
     biosfera u otras figuras legales de protección, o se encuentren en
     sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos
     relevantes del paisaje.
     k) Los que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de
     incendio conforme a lo establecido en el artículo 101 de la presente
     ley.
     l) Los que tengan valores forestales de especial significación,
     entendiéndose por tales aquellos montes o la parte de ellos que, sin
     estar situados en un área declarada de protección y delimitada por un
     plan de ordenación de los recursos naturales o por un plan de los
     recursos forestales, incluyan formaciones o agrupaciones vegetales
     que sea necesario restaurar, conservar o mejorar, o bosques
     espontáneos formados por especies autóctonas.
     m) Los que por sus valores ambientales, usos o aprovechamientos
     forestales contribuyan a la mejora de la salud pública, a la mejora
     de las condiciones socio-económicas de la zona o al uso cultural y
     recreativo de los ciudadanos.
     n) Los que vayan a ser destinados a su restauración, repoblación o
     mejora forestal justificada en cualquiera de los supuestos
     anteriores.
     Artículo 14.-Propiedad y presunción de posesión de los montes
     catalogados.
     1. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública no
     prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero constituye una
     presunción de posesión a favor de la entidad pública a quien aquel
     asigna su pertenencia.
     2. En todo caso y mientras no recaiga sentencia firme en juicio
     declarativo ordinario de propiedad, dicha posesión será mantenida y,
     si procede, asistida para su recuperación por las autoridades
     competentes.
     3. La titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte sólo podrá
     impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los
     tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones
     reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
     4. En los casos en que se promuevan estos juicios, será parte
     demandada la Comunidad Autónoma de Aragón, además de la entidad
     titular del monte.
     5. El ejercicio de acciones civiles contra la propiedad de todo o
     parte de los montes catalogados exigirá la formulación de reclamación
     administrativa previa ante la Administración autonómica. La
     reclamación previa la resolverá el órgano competente de la Comunidad
     Autónoma de Aragón previa audiencia de la entidad propietaria por un
     término de treinta días hábiles para alegaciones, con la advertencia
     de que la no evacuación del trámite se entenderá como oposición a la
     reclamación.
     6. Si la entidad propietaria se opusiera expresa o tácitamente a la
     reclamación, se dictará resolución en ese sentido.
     7. Si la entidad propietaria se allana a las pretensiones, la
     Comunidad Autónoma resolverá lo que proceda sin quedar vinculada por
     allanamiento.
     Artículo 15.-Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
     1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón es un registro
     público de carácter administrativo en el que se incluyen todos montes
     declarados de utilidad pública y que, dentro del territorio de
     Aragón, pertenezcan al Estado, a la Comunidad Autónoma, a las
     entidades locales y a otras entidades de derecho público.
     2. La llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón
     corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente,
     que deberá mantener permanentemente actualizado y revisado el
     contenido del mismo.
     3. La inclusión de un monte, o de parte de él, en el Catálogo de
     Montes de Utilidad Pública se efectuará por el departamento
     competente en materia de medio ambiente, previa la tramitación del
     procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que además
     de la audiencia a los interesados, se deberá acreditar que el monte
     tiene alguna o varias de las características que la ley exige para su
     catalogación.
     4. Los montes incluidos en el Catálogo se regirán por la presente
     ley, por las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, en
     todo caso, por la legislación básica estatal.
     Artículo 16.-Descatalogación.
     1. La exclusión de todo o de parte de un monte del Catálogo sólo
     procederá cuando haya perdido las características que determinaron la
     catalogación o en los supuestos especiales previstos en la ley.
     2. La descatalogación de un monte o de parte de él se efectuará por
     el departamento competente en materia de medio ambiente, previa la
     tramitación del procedimiento que reglamentariamente se establezca,
     en el que, además de la audiencia a los interesados, se deberá
     acreditar que el monte ha perdido las características que
     justificaron su catalogación.
     3. La exclusión parcial de una parte no significativa de un monte
     catalogado cuando suponga una mejor definición de la superficie del
     monte o una mejora de su gestión o conservación podrá autorizarse por
     el departamento competente en materia de medio ambiente, mediante
     orden del consejero, conforme al procedimiento establecido en el
     apartado anterior.
     4. Con carácter excepcional, previo informe del departamento
     competente en materia de medio ambiente y, en su caso, de la entidad
     titular del monte catalogado, el Gobierno de Aragón, a propuesta del
     consejero de dicho departamento, podrá autorizar por causa de interés
     público prevalente la exclusión del Catálogo de una parte del monte
     catalogado.
     Artículo 17.-Permuta.
     1. La permuta de todo o parte de un monte catalogado sólo procederá,
     previa su desafectación, en su caso, del dominio público forestal en
     la forma prevista en la presente ley, cuando el monte o la parte de
     él que se adquiera en permuta tenga alguna de las características que
     justifiquen su catalogación cuando el monte a permutar haya perdido
     las características que determinaron la catalogación, o cuando
     suponga una mejor definición de la superficie o una mejora para su
     gestión, o en los supuestos especiales previstos en la ley.
     2. La permuta de todo o parte de un monte catalogado o, en su caso,
     su autorización se regirá por el procedimiento previsto para su
     descatalogación, debiéndose acreditar:
     a) Que se encuentra en alguno de los supuestos del apartado anterior.
     b) Que la diferencia de valor de los montes o de las superficies
     forestales a permutar, previa su tasación pericial, no excede del
     porcentaje mínimo exigido en la legislación de patrimonio que resulte
     de aplicación, salvo dispensa de este último requisito por el
     Gobierno de Aragón por razón excepcional de interés público forestal
     o medioambiental que deberá constar, asimismo, en el expediente.
     3. Las permutas, sean totales o parciales, que afecten a los montes
     catalogados se harán constar en el Catálogo por orden del
     departamento competente en materia de medio ambiente que declare las
     circunstancias de su otorgamiento y serán objeto de inscripción en el
     Registro de la Propiedad.
     Artículo 18.-Prevalencia de demanialidad.
     1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del
     cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la
     forestal, a excepción de los declarados como de interés general por
     el Estado, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la
     declaración de impacto ambiental, las Administraciones públicas
     competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar
     cuál de tales declaraciones debe prevalecer.
     2. En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones públicas
     resolverá, según la que haya tramitado el expediente, el Gobierno de
     la Nación o, en su caso, el Gobierno de Aragón.
     3. En el caso de que ambas declaraciones fueran compatibles, la
     Administración pública que haya gestionado el expediente tramitará,
     en pieza separada, expediente de concurrencia, a fin de armonizar el
     doble carácter demanial.
     4. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de
     interés general del Estado, resolverá el Gobierno de la Nación, oído
     el Gobierno de Aragón.
     Artículo 19.-Desafectación de montes catalogados.
     1. La desafectación del dominio público forestal de los montes
     catalogados requerirá su previa exclusión del Catálogo, sin perjuicio
     de los casos de mutación demanial que sean consecuencia de una
     declaración de prevalencia en la forma establecida en el artículo
     anterior.
     2. La competencia para la desafectación de los montes catalogados de
     titularidad distinta de la Comunidad Autónoma de Aragón le
     corresponderá a la Administración pública titular del monte, mediante
     el procedimiento que se establezca a tal fin en la legislación de
     patrimonio que sea aplicable y requerirá, en todo caso, del informe
     preceptivo y favorable del departamento competente en materia de
     medio ambiente del Gobierno de Aragón.
     Artículo 20.-Desafectación de montes no catalogados.
     1. La desafectación de los montes no catalogados se efectuará, previo
     informe favorable del órgano ambiental autonómico, mediante lo
     dispuesto en la legislación patrimonial que sea de aplicación a la
     Administración propietaria.
     2. Cuando la desafectación lo sea de montes de titularidad de la
     Comunidad Autónoma de Aragón se seguirá, a tal fin, lo dispuesto en
     la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma.
     3. Los montes desafectados adquieren la naturaleza jurídica de bienes
     patrimoniales.
     Artículo 21.-Régimen jurídico de los sotos y masas arboladas de las
     riberas.
     1. Las riberas de los ríos se sujetan a una doble afectación derivada
     de su pertenencia tanto al dominio público hidráulico como al dominio
     público forestal.
     2. Las riberas de los ríos que hayan sido objeto de deslinde se
     inscribirán en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
     3. En las riberas no deslindadas, el departamento competente en
     materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón ejercerá las
     competencias que la presente ley le atribuye respecto de los montes
     públicos no catalogados, sin perjuicio de las que le pudiera
     encomendar mediante convenio la Administración hidráulica estatal en
     el ejercicio coordinado de las competencias de las distintas
     Administraciones públicas.
     Artículo 22.-Régimen jurídico de los montes comunales.
     1. En todo lo no regulado por esta ley, los montes comunales se
     regirán por lo dispuesto en la normativa de régimen local y demás
     legislación que les sea aplicable.
     2. La eliminación del carácter comunal de los aprovechamientos de los
     montes catalogados municipales podrá llevarse a cabo según lo
     establecido en la normativa aplicable en materia de administración
     local, sin que ello conlleve su descatalogación ni su exclusión del
     dominio público forestal.
     3. Cuando se declare de utilidad pública y se incluya en el Catálogo
     un monte cuyo aprovechamiento corresponda a los vecinos de un núcleo
     de población que no constituya entidad local, se incluirá en el
     Catálogo a favor de la entidad local a la que pertenezca el núcleo de
     población, consignando que el aprovechamiento del monte corresponde
     exclusivamente a los vecinos del núcleo aunque no esté legalmente
     constituido como entidad local.
     Artículo 23.-Régimen jurídico de los montes patrimoniales.
     1. La prescripción adquisitiva o usucapión sólo será posible en los
     montes patrimoniales, mediante la posesión pública, pacífica y no
     interrumpida durante un plazo de treinta años.
     2. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de la prescripción
     por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación
     de expedientes sancionadores o por cualquier otro acto posesorio
     realizado por la Administración propietaria del monte.
     3. A tal efecto, cuando tales actos se realicen por la Administración
     gestora se entenderán como actos posesorios contrarios a la
     prescripción, aun cuando esa Administración no sea la titular del
     monte.
     CAPITULO TERCERO
     Régimen jurídico de los montes privados
     Artículo 24.-Régimen jurídico de los montes privados.
     1. Los montes de propiedad privada se gestionan por su titular.
     2. Las Administraciones públicas y los propietarios de estos montes
     podrán concertar convenios u otras formas de contratación o
     colaboración para la gestión de los mismos.
     3. Los aprovechamientos y usos de los montes privados se someterán a
     los correspondientes instrumentos de gestión y ordenación y a la
     intervención del departamento competente en materia de medio ambiente
     del Gobierno de Aragón en los casos en los que venga exigido en la
     presente ley.
     4. Serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario,
     las parcelas forestales o de monte cuya superficie sea igual o
     inferior a diez hectáreas.
     5. El departamento competente en materia de medio ambiente recabará
     de los propietarios de montes privados la información necesaria para
     elaborar el correspondiente inventario, que deberá mantenerse
     actualizado y que incluirá los montes de propiedad particular de
     superficie superior a diez hectáreas.
     6. Son deberes específicos de los propietarios de los montes, sin
     perjuicio de los que pudieran derivarse de los distintos instrumentos
     de ordenación forestal o, en su caso, de las resoluciones
     administrativas correspondientes:
     a) La eliminación de los restos, residuos o desperdicios a que hayan
     dado lugar los aprovechamientos, obras, usos y servicios y el control
     de las plagas que puedan afectar al monte cuando así se establezca
     por resolución administrativa.
     b) La adopción de medidas preventivas y de control respecto a
     cualquier tipo de daño y, en especial, respecto a los incendios
     forestales.
     c) La conservación de la biodiversidad y el resto de los valores
     ambientales de los montes.
     d) El mantenimiento del uso forestal de sus montes salvo resolución
     administrativa en los términos previstos en la presente ley.
     e) La facilitación de las actividades de reconocimiento e inspección
     de la Administración sobre los predios.
     f) La información a la Administración de la Comunidad Autónoma, a
     través del departamento competente en materia de medio ambiente, de
     todos aquellos datos que sean necesarios para la llevanza ordenada y
     actualizada del Registro de montes protectores y para la formación de
     la estadística forestal.
     7. La apertura de nuevas vías de saca y acceso o ensanche de las
     existentes en los montes, cuando no estén previstas en su instrumento
     de gestión en vigor, estarán sometidas a autorización administrativa
     expresa del departamento competente en materia de medio ambiente.
     Artículo 25.-Registro de montes protectores.
     1. El Registro de montes protectores de Aragón es un registro público
     de carácter administrativo en el que se incluirán los montes privados
     declarados como tales al estar comprendidos en cualquiera de los
     casos que permitan la catalogación de los montes de titularidad
     pública.
     2. Podrán inscribirse también aquellos montes privados que hubieran
     sido objeto de consorcio o convenio de repoblación otorgado con la
     Administración forestal y los que, habiendo figurado en el Catálogo,
     hayan pasado o pasen legalmente al dominio particular por
     rectificación del mismo.
     3. En el Registro de montes protectores se harán constar las cargas,
     gravámenes y demás derechos reales que soporten los montes incluidos
     en ellos.
     4. La condición de monte protector se declarará por el departamento
     competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón,
     especificándose las causas que justifican la especial protección, así
     como la inclusión y exclusión de un monte o parte del mismo en el
     correspondiente registro.
     5. Los procedimientos para la declaración e inscripción se iniciarán
     de oficio o a instancia de terceros, e incluirán la previa audiencia
     a su propietario y a las entidades locales en cuyo término radique el
     monte o parte de él.
     6. La Comunidad Autónoma notificará anualmente al Ministerio de Medio
     Ambiente las inclusiones o exclusiones que se practiquen en el
     Registro de montes protectores.
     Artículo 26.-Efectos de la declaración e inclusión en el Registro de
     montes protectores.
     1. La gestión de los montes protectores corresponde a sus
     propietarios, que deberán presentar a la Administración de la
     Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia
     de medio ambiente, el correspondiente proyecto de ordenación de
     montes o plan dasocrático, que se someterá, en su caso, a los
     instrumentos de planificación de ordenación de recursos naturales o
     forestales vigentes en la zona.
     2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de montes
     protectores por razón de las funciones ecológicas, de protección o
     sociales que cumplen podrán ser compensadas económicamente en los
     términos que establezca la legislación forestal.
     Artículo 27.-Pérdida de condición de monte protector.
     1. La pérdida de la condición de monte protector, que podrá ser
     de todo o de parte, procederá únicamente cuando desaparezcan las
     características que justificaron la declaración o cuando se
     transfiera por cualquier título su propiedad a cualquiera de las
     Administraciones públicas, sin perjuicio de que, en tal caso,
     mantenga las características que le hagan susceptible de
     catalogación.
     2. La pérdida de la condición de monte protector y la exclusión del
     Registro exigirá de su declaración previa por el departamento
     competente en materia de medio ambiente, previa audiencia de su
     propietario y de las entidades locales en cuyo término radique el
     monte o la parte de él afectada.
     3. En el caso en que la exclusión del Registro de montes protectores
     sea debida a su adquisición por una Administración pública y de
     mantenerse las circunstancias que habían motivado la anterior
     declaración como monte protector, la orden del departamento
     competente en materia de medio ambiente que acuerde la exclusión del
     registro acordará simultáneamente su declaración de utilidad pública
     y su inclusión en el Catálogo.
     CAPITULO CUARTO
     Montes vecinales en mano común
     Artículo 28.-Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
     Los montes vecinales en mano común se regularán por lo dispuesto en
     su legislación especial y, en su defecto, por el régimen de los
     montes privados que se establezca en la legislación básica estatal y
     en la presente ley.
     CAPITULO QUINTO
     Adquisición y pérdida de la condición de monte
     Artículo 29.-Adquisición de la condición de monte.
     Además del supuesto previsto en el artículo 6.2.b) de esta ley, un
     terreno podrá adquirir la condición de forestal por efecto de su
     forestación, modificándose su anterior destino y uso, mediante la
     previa autorización expresa del departamento competente en materia de
     medio ambiente para todas las actuaciones que superen la superficie
     de cinco hectáreas, exigiéndose, en todo caso, el informe del órgano
     competente en relación con el uso anterior y sin perjuicio de su
     sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental cuando así
     lo exija la legislación aplicable.
     Artículo 30.-Pérdida de la condición de monte.
     1. La pérdida de la condición legal de monte exigirá siempre de una
     actuación administrativa previa que así lo establezca.
     2. El cambio de uso forestal de un monte cuando no venga motivado por
     razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto para los
     supuestos de prevalencia de demanialidades y de la normativa
     ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe
     favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y,
     en su caso, del titular del monte.
     3. Cuando el cambio de uso forestal afecte a montes demaniales, será
     siempre necesaria su previa desafectación y, en su caso, su
     descatalogación con carácter anterior, en todo caso, a la resolución
     del procedimiento del que pudiera resultar ese cambio
     de uso.
     4. Lo dispuesto en este artículo no exonerará al titular de la
     obtención de las restantes autorizaciones, informes o licencias que
     sean preceptivos.
     Artículo 31.-Pérdida del uso forestal por puesta en cultivo.
     El departamento competente en materia de agricultura autorizará la
     puesta en cultivo de superficies de monte conforme a lo dispuesto en
     el artículo anterior, salvo en el caso en el que las superficies a
     cultivar pertenezcan a montes catalogados.
     Artículo 32.-Procedimientos de concentración parcelaria.
     1. Los montes demaniales se excluirán de los procedimientos de
     concentración parcelaria y de reordenación de la propiedad agraria.
     2. Iniciado el procedimiento de concentración parcelaria y una vez
     delimitada la superficie a concentrar, con carácter previo a la
     realización de las actuaciones de investigación e indagación de la
     propiedad, el departamento competente en materia de agricultura
     pondrá en conocimiento del departamento competente en materia de
     medio ambiente el comienzo de la actuación para que, por este
     departamento, se realice la descripción detallada de todos los montes
     públicos y privados que queden incluidos, total o parcialmente,
     dentro del perímetro de la zona a concentrar.
     3. En los montes demaniales incluidos total o parcialmente dentro del
     perímetro de la zona a concentrar que no se encuentren deslindados,
     el departamento competente en materia de medio ambiente efectuará una
     delimitación provisional de su superficie y linderos, sin perjuicio
     de la ulterior potestad de deslinde que pudiera ejercitarse conforme
     a la ley forestal.
     4. Respecto de los montes no demaniales, el departamento competente
     en materia de medio ambiente, atendiendo a su interés forestal y a
     los valores ambientales, propondrá al departamento competente en
     materia de agricultura la exclusión del proceso de concentración
     parcelaria de toda o de parte de su superficie o, en otro caso, el
     establecimiento de limitaciones a su ulterior puesta en cultivo.
     Artículo 33.-Planeamiento urbanístico.
     1. Los montes demaniales y los protectores tendrán la condición de
     suelo no urbanizable de protección especial a los efectos del
     correspondiente planeamiento urbanístico.
     2. La modificación de la calificación urbanística a suelo urbano o
     urbanizable de los montes demaniales o protectores, o de parte de
     ellos, requerirá, correlativamente, su previa descatalogación, cuando
     proceda, y su desafectación, o la previa exclusión del Registro de
     montes protectores.
     3. En los procedimientos de aprobación de los distintos instrumentos
     de planeamiento urbanístico se emitirá, con carácter previo, informe
     del departamento competente en materia de medio ambiente, que será
     vinculante cualquiera que sea la titularidad del monte conforme a lo
     dispuesto en la presente ley.
     4. Los proyectos de interés supramunicipal que supongan la
     transformación de las condiciones de un área forestal requerirán,
     previamente a su aprobación definitiva, el informe preceptivo del
     departamento competente en materia de medio ambiente.
     TITULO III
     INVESTIGACION, DESLINDE, ADQUISICION E INSCRIPCION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Investigación e inventario de los montes públicos
     Artículo 34.-Investigación.
     1. Los titulares de los montes públicos, y el departamento competente
     en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón en lo que se
     refiere a montes catalogados, investigarán la situación de terrenos
     que se presuman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyo
     efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren
     necesarios.
     2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados
     a aportar documentación sobre la titularidad de los montes y a
     permitir la entrada de personal autorizado.
     3. El ejercicio de esta potestad podrá efectuarse de oficio por parte
     del departamento competente en materia de medio ambiente o previa
     solicitud de otras Administraciones públicas, organismos y
     cualesquiera particulares interesados.
     Artículo 35.-Inventario.
     El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de
     las Administraciones titulares de los montes públicos la información
     necesaria para elaborar el Inventario de montes públicos, inventario
     que deberá mantenerse actualizado y que incluirá los montes de
     propiedad pública de superficie superior a diez hectáreas,
     consignando, en su caso, su naturaleza demanial, comunal o
     patrimonial.
     CAPITULO SEGUNDO
     Deslinde y amojonamiento de los montes públicos
     Artículo 36.-Disposiciones generales.
     1. El deslinde es el acto administrativo por el que se delimita el
     monte de titularidad pública y se declara con carácter definitivo su
     estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio
     declarativo de la propiedad.
     2. La competencia para el deslinde y amojonamiento de los montes
     públicos no catalogados corresponde a la respectiva Administración
     pública propietaria, mientras que el deslinde y amojonamiento de los
     montes públicos catalogados corresponde a la Administración de la
     Comunidad Autónoma por medio del departamento competente en materia
     de medio ambiente, de acuerdo con el procedimiento establecido
     reglamentariamente y sin perjuicio de lo dispuesto para el deslinde
     de riberas susceptibles de catalogación.
     3. A petición de las entidades propietarias y a sus expensas, el
     departamento competente en materia de medio ambiente podrá deslindar
     montes públicos no catalogados con arreglo a los mismos requisitos y
     formalidades vigentes para los montes catalogados.
     Artículo 37.-Contenido de la memoria.
     Todo acuerdo de deslinde deberá ir precedido de una memoria que
     lo justifique, con descripción general del monte, especificando sus
     linderos, enclaves, colindancias, perímetros y superficies, así como
     los datos relativos a la titularidad.
     Artículo 38.-Inicio del deslinde.
     El deslinde de los montes catalogados podrá acordarse, de oficio o a
     solicitud de las entidades propietarias o de los particulares que
     ostenten un interés legítimo, mediante un acto de inicio, motivado,
     que declare el estado de deslinde, dándose conocimiento de ello
     conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del
     procedimiento a que da lugar.
     Artículo 39.-Efectos del acto inicial del deslinde.
     1. En el acto que acuerde el inicio del procedimiento de deslinde o,
     en su caso, por acto posterior motivado, de forma cautelar, hasta que
     se alce o cumpla el procedimiento su término legal, se podrán limitar
     los aprovechamientos en el monte a deslindar y en las fincas
     colindantes o enclavadas, suspender la eficacia de toda autorización,
     ocupación, servidumbre o concesión, así como adoptar cualesquiera
     otras medidas provisionales que se consideren oportunas para proteger
     la efectividad del acto de deslinde que, en su caso, pudiera
     aprobarse.
     2. El acto de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad
     para su toma de razón, si hubiera lugar a ello, en el correspondiente
     asiento de inscripción.
     3. El acto de iniciación del deslinde faculta a la Administración de
     la Comunidad Autónoma para ejecutar en los terrenos privados
     cualesquiera trabajos de toma de datos e instalación de señales u
     otros indicadores que resulten necesarios para su práctica, así como
     para recabar a tal fin la presentación de los documentos que
     acrediten la titularidad de derechos sobre las fincas colindantes
     afectadas, sin perjuicio, en todo caso, de la potestad independiente
     de investigación propia de la Administración.
     4. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y
     mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento
     judicial con igual pretensión.
     Artículo 40.-Régimen de audiencia y publicidad.
     1. De los actos y actuaciones del procedimiento de deslinde se dará
     audiencia a las entidades titulares de los montes objeto de deslinde,
     al ayuntamiento y a la comarca que correspondan al término en el que
     radica el monte, a los propietarios de los predios colindantes y
     enclavados y a cualesquiera terceros que ostenten un interés legítimo
     dimanante de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por
     el deslinde, mediante su notificación expresa si sus identidades y
     domicilios son conocidos y, en todo caso, por anuncio que se
     publicará en el Boletín Oficial de Aragón y mediante la fijación de
     edictos en los ayuntamientos, sin perjuicio de la posibilidad
     discrecional de utilizar adicionalmente cualesquiera otros medios de
     difusión.
     2. En el caso de su no comparecencia, se continuará el procedimiento
     sin perjuicio de que los interesados puedan personarse en el mismo en
     cualquier momento y sin que esto implique retrotraer las actuaciones
     practicadas.
     Artículo 41.-Práctica del apeo.
     1. En la práctica del apeo, el ingeniero operador, que será un
     técnico con titulación forestal universitaria, funcionario designado
     al efecto por la Administración, recorrerá los linderos
     exterior e interior del monte, colocará hitos o mojones provisionales
     realizando el correspondiente levantamiento topográfico y levantará
     acta diaria. Los límites del monte quedarán identificados mediante
     coordenadas geográficas.
     2. Las actas de apeo serán firmadas diariamente por todos los
     asistentes al mismo.
     3. Concluido el apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con
     titulación forestal universitaria, emitirá un informe sobre lo
     actuado, dándose trámite de audiencia por plazo de un mes, conforme
     al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento de
     deslinde, para que los interesados comparezcan y formulen
     alegaciones.
     Artículo 42.-Procedimientos de deslinde.
     1. El deslinde podrá realizarse en una primera fase, en una segunda
     fase o en ambas sucesivamente.
     2. El plazo máximo para resolver el deslinde será de veinticuatro
     meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de forma
     que, transcurrido ese plazo sin que se hubiera notificado la
     correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará
     el archivo de lo actuado.
     Artículo 43.-Primera fase del procedimiento de deslinde.
     1. La primera fase del deslinde consiste en la determinación de
     aquellas partes de los linderos exteriores e interiores sobre las que
     se tengan elementos de juicio que permitan su fijación atendiendo al
     estado posesorio en el que se encuentran en el momento de la práctica
     del apeo.
     2. Las líneas determinadas en la primera fase sobre las que no se
     hubiere formulado ninguna reclamación ni en el apeo ni en el trámite
     posterior de audiencia e información pública adquirirán carácter
     definitivo, pasando el expediente a su resolución si esta situación
     se extiende a la totalidad de los perímetros.
     Artículo 44.-Segunda fase del procedimiento de deslinde.
     1. Se abrirá una segunda fase del procedimiento de deslinde que
     afectará únicamente a aquellos tramos del perímetro sobre los que se
     hubieran formulado alegaciones en término y forma legal y que versen
     sobre el objeto del deslinde, así como respecto de aquellos otros que
     hubieran quedado pendientes de trazado de no haber resultado
     elementos de juicio suficientes para la definición de su estado
     posesorio en el momento de la práctica del apeo.
     2. La apertura de esta segunda fase, mediante acto expreso y
     motivado, obligará a los propietarios de fincas colindantes o
     enclavadas o titulares de intereses legítimos dimanantes de derechos
     sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde a
     presentar títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad
     o pruebas que justifiquen los derechos que aducen a requerimiento de
     la Administración, y determinará que, para las fincas de los
     comparecientes, se tome anotación preventiva por el Registro de la
     Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
     3. Los títulos de propiedad y la demás documentación que aporten los
     interesados se someterán al estudio e informe del letrado de la
     Comunidad Autónoma, que tendrá carácter preceptivo para su
     calificación, salvo en el caso en el que el deslinde tenga por objeto
     montes de titularidad estatal, en cuyo caso será
     preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.
     Artículo 45.-Condiciones de la aprobación.
     Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos
     acreditativos o situaciones de posesión cualificada que acrediten la
     titularidad pública del monte objeto del deslinde, y establecerán los
     límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse, igualmente,
     los gravámenes existentes.
     Artículo 46.-Aprobación del deslinde.
     1. El deslinde se aprobará mediante orden del departamento competente
     en materia de medio ambiente, la cual se publicará en el Boletín
     Oficial de Aragón y se notificará debidamente a todos los interesados
     relacionados en el artículo 40 de esta ley.
     2. Dicha orden se comunicará al Registro de la Propiedad y al
     Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón, modificándose en
     ambos, en su caso, la descripción del monte deslindado de acuerdo con
     la referida orden.
     Artículo 47.-Efectos del deslinde.
     1. La orden aprobatoria del deslinde, una vez firme en vía
     administrativa, tendrá los siguientes efectos:
     a) Delimita el monte de titularidad pública y declara con carácter
     definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar
     de un juicio declarativo de la propiedad.
     b) Es título suficiente para la inmatriculación del monte en el
     Registro de la Propiedad.
     c) Es título suficiente para la cancelación de las anotaciones
     practicadas con motivo del deslinde en fincas no atribuidas al monte
     en el deslinde.
     d) Es título suficiente para la inscripción de rectificación de la
     descripción de las fincas afectadas y, en concreto, la rectificación
     de situaciones contradictorias con el deslinde que no se hallen
     amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, incluyendo el
     cambio de titularidad y la cancelación de inscripciones registrales.
     e) La Administración de la Comunidad Autónoma comunicará al Catastro
     Inmobiliario todos los datos y antecedentes relativos al deslinde.
     2. Sin embargo, la resolución aprobatoria del deslinde no es título
     suficiente para rectificar los derechos anteriormente inscritos a
     favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley
     Hipotecaria.
     Artículo 48.-Impugnación del acto aprobatorio del deslinde.
     1. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por
     los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una
     vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o
     procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es
     el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real. En este último
     caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 de la
     presente ley, siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de Aragón,
     además de la entidad titular.
     2. Podrá pedirse a nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
     se acordará por los jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en
     los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo cuando
     no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal
     de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el estado en el que se
     encuentren los referidos procedimientos.
     Artículo 49.-Amojonamiento.
     1. Una vez firme en vía administrativa la orden resolutoria del
     deslinde, se procederá al amojonamiento definitivo.
     2. Las operaciones consistirán en marcar sobre el terreno, con
     carácter permanente, los límites definidos en el deslinde mediante
     hitos o mojones, cuya forma, dimensiones y naturaleza se definirán
     reglamentariamente.
     3. De las operaciones se levantará acta diaria, con la descripción y
     localización de los mojones.
     4. Concluidas las operaciones, el ingeniero operador, que será un
     técnico con titulación forestal universitaria, emitirá informe,
     procediéndose a su publicación y notificación en los términos
     previstos para el deslinde.
     5. En el procedimiento de amojonamiento únicamente podrán reclamarse
     y ventilarse cuestiones relativas a la diferencia que pudiera
     resultar entre lo establecido en la orden que aprueba el deslinde y
     su práctica material mediante su ejecución en el amojonamiento.
     6. El amojonamiento concluirá mediante orden del departamento
     competente en materia de medio ambiente. Dicha orden se notificará a
     los interesados, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y
     obrará constancia de ella en el Catálogo de Montes de Utilidad
     Pública de Aragón.
     7. Las Administraciones públicas titulares de montes deslindados y la
     Administración forestal autonómica en el caso de montes catalogados
     que estén deslindados quedan obligadas a la revisión periódica de los
     hitos o mojones.
     Artículo 50.-Deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del
     departamento competente en materia de medio ambiente, podrá deslindar
     las riberas de los ríos susceptibles de inclusión en el Catálogo de
     Montes de Utilidad Pública, siguiendo el procedimiento previsto para
     los montes catalogados.
     2. Cuando la Administración hidráulica estatal efectúe el deslinde
     del dominio público hidráulico por el procedimiento establecido a tal
     fin en la legislación hidráulica, afectando a una ribera susceptible
     de catalogación, su gestión forestal corresponderá, una vez
     catalogada, al departamento competente en materia de medio ambiente,
     salvo en caso de incompatibilidad expresamente declarada en
     procedimiento de concurrencia.
     3. Cuando sea la Administración de la Comunidad Autónoma, a través
     del departamento competente en materia de medio ambiente, la que
     ejercite la potestad de deslinde de una ribera susceptible de
     catalogación, su gestión forestal, previa catalogación, quedará
     asimismo atribuida al departamento competente en materia de medio
     ambiente, pudiendo prevalecer, en los términos establecidos en la
     legislación forestal y a los efectos que la misma prevé, la
     titularidad dimanante de su afección forestal cuando se tramite el
     correspondiente procedimiento de
     concurrencia.
     4. En este último caso, la orden que apruebe el deslinde acordará su
     inclusión en el Catálogo, con reconocimiento de su titularidad
     estatal.
     CAPITULO TERCERO
     Recuperación, adquisición e inscripción
     Artículo 51.-Recuperación posesoria.
     1. Los titulares de los montes demaniales y la Administración gestora
     en los montes catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación
     posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, que no estará
     sometida a plazo y respecto a la que no se admitirán acciones
     posesorias ni procedimientos especiales.
     2. Los titulares de montes patrimoniales podrán ejercer la potestad
     de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros
     siempre y cuando la iniciación del procedimiento de recuperación de
     la posesión haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de
     un año contado desde el día siguiente a la usurpación. Pasado dicho
     plazo, para recuperar la posesión de estos bienes, deberán
     ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden
     jurisdiccional civil.
     Artículo 52.-Adquisición de montes.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procurará
     incrementar su propiedad forestal adquiriendo montes o los derechos
     existentes sobre los mismos con la finalidad de cumplir los fines
     perseguidos por la presente ley, con preferencia para aquellos que
     cumplan las condiciones para su catalogación, siendo obligatoria en
     este último caso la catalogación con posterioridad a la adquisición.
     2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá subvencionar a
     las entidades locales para que estas adquieran terrenos enclavados o
     colindantes en montes de utilidad pública de su propiedad o montes
     privados que cumplan las condiciones para su inclusión en el Catálogo
     de Montes de Utilidad Pública, siendo obligatoria en este último caso
     la catalogación con posterioridad a la adquisición.
     Artículo 53.-Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente tendrá
     derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el
     apartado 2 del presente artículo, en los casos de transmisiones
     onerosas de montes de extensión superior a las doscientas hectáreas y
     montes protectores.
     2. En el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas
     enclavadas en un monte público o colindantes con él, el derecho de
     adquisición preferente se aplicará cualquiera que sea la extensión de
     las mismas, y corresponderá a la Administración titular del monte
     colindante o que contenga al enclavado.
     3. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a
     distintas Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio
     de este derecho aquella cuyo monte tenga mayor linde en común con el
     monte en cuestión.
     4. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de
     aportación de capital en especie a una sociedad en la que los
     titulares transmitentes deberán ostentar una participación
     mayoritaria durante cinco años como mínimo.
     5. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía
     de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos de
     agua permanentes o temporales y accidentes naturales no anulan la
     condición de colindancia.
     6. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición
     preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente deberá
     notificar fehacientemente a la Administración pública titular de ese
     derecho los datos y características de la transmisión proyectada, la
     cual dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la notificación
     para ejercitar dicho derecho mediante el abono o consignación de su
     importe en las referidas condiciones.
     7. Entre los referidos datos y características, se incluirán el
     precio, nombre y dirección del vendedor y del comprador, así como
     situación de la finca, límites, cabida, referencias catastrales,
     cargas y servidumbres.
     8. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán,
     respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se acredite
     previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente.
     9. Si se llevara a efecto la transmisión sin la referida notificación
     previa, o sin seguir las condiciones reflejadas en ella, la
     Administración titular del derecho de adquisición preferente podrá
     ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la
     inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su
     defecto, desde que la Administración hubiera tenido conocimiento
     oficial de las condiciones reales de la transmisión.
     10. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es
     preferente a cualquier otro.
     11. Deberá abonarse por la Administración adquirente no sólo el
     precio determinado en la transmisión, sino también los gastos que
     hubiese originado el contrato y cualquier otro pago legítimo,
     incluidos impuestos o gravámenes. También se abonarán los estudios
     previos que, en su caso, se hubieran efectuado debido a la
     complejidad de la operación.
     Artículo 54.-Inscripción en el Registro de la Propiedad.
     1. La titularidad de los montes de dominio público se inscribirá en
     el Registro de la Propiedad, promoviéndose, en su caso, su
     inmatriculación o su inscripción por la Administración titular o por
     la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento
     competente, debiendo inscribirse también los actos de deslinde y
     amojonamiento así como cualquier derecho real constituido o que
     pudiera afectar a esa titularidad.
     2. La inscripción practicará en la forma establecida en la
     legislación básica forestal o, en su caso, conforme a lo dispuesto en
     la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas, en
     la legislación hipotecaria o en la legislación sobre catastro
     inmobiliario.
     3. En las certificaciones que a tal fin expida la Administración de
     la Comunidad Autónoma podrá completarse la identificación de la finca
     mediante la incorporación de una base gráfica o mediante su
     definición topográfica, realizada por técnico competente, con
     arreglo a un sistema de coordenadas geográficas.
     4. En el caso de que la inmatriculación o inscripción se promueva por
     la Administración titular de un monte catalogado, la inscripción
     efectiva se deberá poner en conocimiento de la Administración de la
     Comunidad Autónoma a través del departamento competente en materia de
     medio ambiente.
     Artículo 55.-Régimen registral de fincas sitas en términos
     municipales en los que se hallen montes demaniales.
     1. Toda inmatriculación o inscripción en el Registro de la Propiedad
     de exceso de cabida de una finca colindante o enclavada con monte
     demanial o ubicada en un término municipal en el que existan montes
     demaniales requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo
     informe favorable del departamento competente en materia de medio
     ambiente y, para el resto de los montes demaniales, el informe
     favorable de la entidad titular del predio.
     2. Tales informes podrán ser solicitados por el interesado o por el
     registrador de la propiedad y se entenderán favorables si desde su
     solicitud transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido
     contestación.
     3. La no emisión del informe en el plazo previsto en el apartado
     anterior no impedirá el ejercicio de las oportunas acciones por parte
     de la Administración destinadas a la corrección del correspondiente
     asiento registral.
     4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía
     de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos
     permanentes o temporales de agua y accidentes naturales no anulan la
     condición de colindancia.
     TITULO IV
     POLITICA FORESTAL, ORDENACION Y GESTION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Política forestal
     Artículo 56.-Plan forestal de Aragón.
     1. El plan forestal de Aragón, que aprobará el Gobierno de Aragón
     mediante acuerdo, constituye el plan director de la política forestal
     de la Comunidad Autónoma.
     2. El plan forestal de Aragón se elaborará a partir de la información
     sobre la situación de los medios y recursos naturales, su
     problemática, las demandas actuales y las tendencias futuras
     relacionadas con los montes, y en él se determinarán las directrices,
     programas, actuaciones, medios, inversiones, fuentes de financiación
     y cronograma de ejecución, así como los mecanismos de seguimiento y
     evaluación necesarios para su cumplimiento.
     3. El plan forestal de Aragón se desarrollará mediante los siguientes
     instrumentos:
     a) Planes de ordenación de recursos forestales.
     b) Instrumentos de gestión forestal.
     Artículo 57.-Ambito, vigencia y contenido.
     1. El ámbito de aplicación del plan forestal de Aragón es todo el
     territorio de la Comunidad Autónoma.
     2. El plan forestal de Aragón tendrá vigencia indefinida, debiendo
     revisarse periódicamente por el Gobierno de Aragón cada cinco años o
     cuando hubieran cambiado sustancialmente las circunstancias
     determinantes de su aprobación.
     3. Los objetivos y directrices que contenga el plan forestal serán
     vinculantes y determinarán los planes de ordenación y los
     instrumentos de gestión, así como las actuaciones de las distintas
     Administraciones públicas del territorio con competencia en materia
     forestal.
     4. El plan forestal de Aragón contendrá, como mínimo, programas o
     planes relativos a:
     -La repoblación forestal.
     -La restauración hidrológico-forestal.
     -La defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
     -El uso público recreativo y la educación ambiental.
     -La investigación ecológico forestal.
     -La industrialización y adecuada comercialización de los productos
     forestales.
     -La financiación de los costes de las acciones programadas.
     -La participación social y el desarrollo socioeconómico.
     Artículo 58.-Elaboración y aprobación.
     1. El procedimiento de aprobación del plan forestal de Aragón se
     iniciará a propuesta del departamento competente en materia de medio
     ambiente, el cual tiene atribuida su elaboración e impulso.
     2. La elaboración del plan incluirá la consulta a las entidades
     locales, sin perjuicio del trámite de información pública previsto
     legalmente.
     3. Con carácter preceptivo y previamente a su aprobación, será
     emitido informe por el Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de
     Protección de la Naturaleza, sin perjuicio de la formulación del
     correspondiente informe de sostenibilidad ambiental en los términos
     que establezca la legislación específica.
     4. Una vez aprobado por el Gobierno de Aragón, el plan forestal se
     someterá a debate en las Cortes de Aragón.
     Artículo 59.-Comité Forestal de Aragón.
     1. Se crea el Comité Forestal de Aragón como órgano técnico de
     carácter consultivo y de asesoramiento en materia de política
     forestal en el marco de la conservación del medio natural.
     2. Serán funciones del Comité:
     a) Informar el plan forestal de Aragón y cualesquiera de sus
     modificaciones o revisiones con carácter previo a su aprobación por
     el Gobierno de Aragón.
     b) Informar los planes de ordenación de los recursos forestales.
     c) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos
     a su consideración.
     d) Las que reglamentariamente se le atribuyan.
     3. Reglamentariamente se determinará la composición del Comité
     Forestal de Aragón y su funcionamiento, garantizándose la
     representación de las entidades locales y de los propietarios de
     montes privados, así como de las organizaciones agrarias y de
     colegios profesionales, asociaciones y personas de reconocido
     prestigio relacionados con el ámbito forestal y la conservación de la
     naturaleza.
     CAPITULO SEGUNDO
     Ordenación y gestión de los montes
     Artículo 60.-Disposición general.
     Los montes deben ser gestionados de forma integrada, contemplándose
     conjuntamente la vegetación, la flora, la fauna, el paisaje y el
     medio físico que los engloba, con el fin de conseguir un
     aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, garantizando su
     sostenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos
     ecológicos esenciales.
     Artículo 61.-Planes de ordenación de los recursos forestales.
     1. Los planes de ordenación de los recursos forestales constituyen
     los instrumentos básicos de planificación forestal en el marco de la
     ordenación del territorio y se regirán por lo dispuesto en la
     presente ley, en la legislación básica estatal y en las normas
     reglamentarias que a tal fin apruebe el Gobierno de Aragón.
     2. Toda la superficie forestal de la Comunidad Autónoma deberá estar
     incluida en un plan de ordenación de recursos forestales.
     3. Los planes de ordenación de los recursos forestales se aprobarán
     por decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del departamento
     competente en materia de medio ambiente, previa su elaboración por la
     comarca correspondiente a su ámbito territorial, garantizándose la
     participación de los ayuntamientos de ese territorio comarcal, así
     como la de todos los interesados, en los términos establecidos en la
     legislación básica forestal, sin perjuicio de la formulación del
     correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, de conformidad
     con la legislación específica.
     4. Con carácter previo a su elaboración, los planes de ordenación de
     los recursos forestales serán informados preceptivamente por el
     Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de Protección de la
     Naturaleza.
     5. Reglamentariamente se establecerá el contenido de los planes de
     ordenación de los recursos forestales que, en todo caso, incluirá lo
     establecido al respecto en la legislación básica.
     6. Cuando en aplicación de la legislación vigente en materia de
     espacios naturales protegidos, en el ámbito territorial de una
     determinada comarca exista o se haya iniciado el procedimiento para
     la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales que
     abarque el mismo territorio, este podrá incluir los contenidos
     necesarios de un plan de ordenación de los recursos forestales,
     dándose, en cualquier caso, audiencia a las comarcas
     a cuyo territorio afecte la ordenación en cada una de las distintas
     fases previstas en la elaboración del plan de ordenación de los
     recursos naturales.
     7. En los planes de ordenación de los recursos forestales se
     incluirán, en su caso, medidas concretas a fin de establecer
     corredores biológicos entre los montes catalogados o los protectores,
     o entre estos montes y otros espacios naturales protegidos y de
     interés, a través de ríos, cañadas y otras vías de comunicación
     natural, con el fin de evitar el aislamiento de sus poblaciones y de
     fomentar el trasiego de especies y la diversidad genética.
     8. Los planes de ordenación de los recursos forestales serán
     redactados por un equipo técnico multidisciplinar, del que deberá
     formar parte un técnico con titulación forestal universitaria.
     9. El plazo de revisión de estos planes no podrá ser superior a nueve
     años.
     Artículo 62.-Instrucciones de ordenación de montes y normas de
     silvicultura mediterránea.
     1. Las instrucciones de ordenación de montes y las normas de
     silvicultura mediterránea constituyen, conforme al conocimiento
     científico del momento histórico en el que se aprueben, la
     reglamentación técnico-forestal que se deberá observar y la que
     técnicamente será de aplicación en los distintos instrumentos de
     gestión forestal.
     2. Las instrucciones de ordenación de montes y las normas de
     silvicultura mediterránea se aprobarán por orden del departamento
     competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón,
     previo informe del Comité Forestal de Aragón.
     3. El titular del departamento competente en materia de medio
     ambiente aprobará los pliegos generales de condiciones
     técnico-facultativas, que contendrán la reglamentación
     técnico-forestal que será de aplicación en los aprovechamientos a
     realizar en montes catalogados.
     Artículo 63.-Instrumentos de gestión forestal.
     1. La gestión técnica de los montes se llevará a cabo mediante los
     instrumentos de gestión forestal y, en su ausencia, será de
     aplicación, a todos los efectos legales, el correspondiente plan de
     ordenación de los recursos forestales.
     2. Son instrumentos de gestión forestal, en los términos definidos en
     la legislación básica, los proyectos de ordenación de montes y los
     planes dasocráticos o planes técnicos de gestión.
     3. Los instrumentos de gestión forestal desarrollan el plan de
     ordenación de los recursos forestales correspondiente al territorio
     en el que se encuentre el monte, y se someten a él así como a la
     reglamentación técnico-forestal establecida mediante las
     instrucciones de ordenación de montes y las normas de silvicultura
     mediterránea.
     4. Los instrumentos de gestión podrán ser redactados de forma
     conjunta para grupos de montes con características dasocráticas
     semejantes.
     5. Los instrumentos de gestión forestal serán redactados por técnicos
     con titulación forestal universitaria y aprobados por el departamento
     competente en materia de medio ambiente.
     Artículo 64.-Instrumentos de gestión forestal en montes catalogados y
     protectores.
     1. Todos los montes catalogados y protectores deberán contar con
     proyectos de ordenación, planes dasocráticos o planes técnicos de
     gestión.
     2. En los casos en los que no se haya aprobado instrumento de gestión
     alguno, la gestión de los montes catalogados se someterá a lo que se
     establezca en los planes anuales de aprovechamiento que, en su caso,
     deberá adecuarse al correspondiente plan de ordenación de los
     recursos forestales.
     3. En el procedimiento de aprobación de cualesquiera instrumentos de
     gestión que sean aplicables a los montes catalogados y a los montes
     protectores se dará trámite de audiencia a la comarca en cuyo
     territorio se encuentren, a las entidades locales titulares y, en su
     caso, a los propietarios particulares en la forma que
     reglamentariamente se determine.
     4. Con carácter general, los instrumentos de gestión serán
     específicos de cada monte si bien, previa justificación, podrán ser
     redactados de forma conjunta para grupos de montes con
     características semejantes.
     5. Los instrumentos de gestión forestal que se aprueben contendrán el
     periodo de vigencia de los mismos, el cual no podrá ser superior en
     ningún caso a nueve años.
     Artículo 65.-Instrumentos de gestión forestal en otros montes.
     Los restantes montes que no se encuentren comprendidos en el artículo
     anterior, ya sean públicos o privados, deberán contar para su gestión
     y explotación, con carácter necesario, con un instrumento de gestión,
     siempre que se encuentren poblados por especies arbóreas o arbustivas
     susceptibles de producir un aprovechamiento maderable o de leña y en
     los casos que a continuación se indican:
     a) Que se encuentren pobladas por especies de crecimiento rápido en
     una plantación de producción que sea superior a diez hectáreas.
     b) Alternativamente, que, estando pobladas por especies de
     crecimiento lento, la superficie forestal de producción sea superior
     a cien hectáreas.
     CAPITULO TERCERO
     Información y estadística forestal
     Artículo 66.-Información y estadística forestal.
     La llevanza de los registros públicos que la ley establece así como
     aquella información forestal complementaria que no forme parte de su
     contenido, la información cartográfica y la totalidad de las
     estadísticas forestales, le corresponden al departamento competente
     en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, debiendo
     mantener actualizados tales registros y el resto de la información y
     de la estadística forestal a los efectos previstos en la presente ley
     y en la ley básica estatal.
     TITULO V REGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Disposiciones generales
     Artículo 67.-Regulación aplicable.
     1. El régimen de uso y aprovechamiento de los montes, cualquiera que
     sea su titularidad, se someterá a lo dispuesto en la presente ley y,
     en su caso, en los planes de ordenación e instrumentos de gestión que
     resulten de aplicación.
     2. El Gobierno de Aragón podrá establecer mediante decreto
     condiciones y limitaciones de usos y aprovechamientos cuando las
     exigencias derivadas de la conservación de los valores naturales así
     lo precise, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes
     de ordenación de los recursos naturales o forestales.
     Artículo 68.-Definiciones.
     1. Se entiende por concesión en los montes que integren el dominio
     público forestal la cesión de uso que implique su utilización
     privativa mediante cualquier tipo de obra o instalación de carácter
     fijo, sin que pueda exceder de un plazo de treinta años, y sin
     perjuicio de su prórroga bajo los límites que establezca a tal fin la
     legislación básica estatal en materia de patrimonio.
     2. Se entenderá por servidumbre, sin perjuicio de lo dispuesto en la
     legislación foral aragonesa y, supletoriamente, en el Código Civil,
     todo gravamen impuesto sobre un monte en beneficio de otra finca o
     monte perteneciente a distinto dueño, cualquiera que sea su
     titularidad.
     3. Se considera aprovechamiento toda explotación del monte o de sus
     recursos renovables o no renovables, cualquiera que sea su finalidad,
     siempre que implique una actividad que tenga valor de mercado o que
     exija el pago de un precio o contraprestación económica por su
     realización.
     4. A efectos de esta ley, se equiparan a aprovechamientos las
     actividades que, por su carácter empresarial y económico, se
     desarrollen en el monte al amparo de su funcionalidad, aunque no
     conlleven el consumo de recursos forestales.
     5. Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas,
     cortezas, resinas, pastos, frutos, plantas aromáticas y medicinales,
     setas y trufas, productos apícolas, caza y demás productos propios de
     los terrenos forestales en los términos establecidos en la presente
     ley, así como los cultivos en el caso de los montes catalogados.
     6. Se consideran actividades o usos sociales del monte todo uso común
     general que se realice en montes de titularidad pública con finalidad
     recreativa, cultural o educativa y sin ánimo de lucro.
     7. Toda actividad no excluyente del uso común general que por su
     intensidad, multiplicidad o peligrosidad exija la intervención de la
     Administración gestora de los montes de titularidad pública en que se
     realice tendrá la consideración de uso común especial.
     CAPITULO SEGUNDO
     Concesiones y servidumbres
     Artículo 69.-Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad
     pública.
     Las concesiones para uso privativo de los montes que integran el
     dominio público forestal y las cesiones de uso de los montes
     patrimoniales se regirán por lo dispuesto en la legislación
     patrimonial que sea de aplicación a la entidad pública titular, sin
     perjuicio del régimen que para las concesiones para uso privativo de
     los montes catalogados se establecen en los artículos siguientes de
     la presente ley.
     Artículo 70.-Condiciones generales para el otorgamiento de
     concesiones para uso privativo en montes catalogados.
     1. Se podrán otorgar concesiones para uso privativo en montes
     catalogados en todos aquellos casos en los que, garantizándose la
     conservación de las características que justificaron su catalogación
     y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se cumplan las
     siguientes condiciones:
     a) No sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte
     catalogado sobre el que se interesa su otorgamiento.
     b) Provoque un impacto ambiental mínimo, debiendo haber obtenido
     declaración de impacto ambiental favorable cuando, atendiendo a las
     características del proyecto, venga sometido a evaluación de impacto
     ambiental conforme a la legislación que resulte de aplicación a tal
     fin.
     c) Preste su conformidad al uso pretendido la Administración
     propietaria del monte, sin perjuicio de lo dispuesto para las
     concesiones de interés público.
     d) Sea compatible con el mantenimiento del uso forestal del monte y
     con la utilidad pública que justifica su catalogación.
     2. En el caso en el que la declaración de impacto referida en el
     apartado anterior fuera condicionada, las condiciones fijadas se
     asumirán en el título de otorgamiento de la concesión.
     3. De las concesiones demaniales que pudieran otorgarse sobre los
     montes de utilidad pública se tomará razón en los asientos del
     Catálogo, sin perjuicio de la posibilidad de su inscripción en el
     Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la presente ley,
     en la legislación forestal estatal y en la legislación hipotecaria.
     Artículo 71.-Concesiones de interés público.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente otorgará
     la concesión del uso del dominio público forestal en los montes
     catalogados, por razón de interés público previamente declarada y
     previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que deberá
     constar acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en
     el artículo anterior.
     2. La resolución que así lo acuerde fijará las condiciones de la
     concesión, cuyo incumplimiento determinará su revocación, quedando
     asimismo condicionadas en todo caso su validez y eficacia al
     mantenimiento del interés público que la justifica.
     3. En el caso de disconformidad o discrepancia entre la
     Administración titular del monte, la promotora del proyecto, o la
     Administración que haya efectuado la declaración de interés general o
     público, o en el caso en que esa razón de interés público concurrente
     justifique una doble afección demanial, se estará, a los efectos de
     su compatibilidad o prevalencia, a lo dispuesto en la presente ley y
     en la legislación básica estatal, resolviendo en todo caso, cuando la
     discrepancia se presente
     entre la Administración de la Comunidad Autónoma y una entidad local,
     el Gobierno de Aragón.
     4. Las concesiones por razón de interés público, de conformidad con
     lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio, estarán exentas del
     devengo de tasa por el aprovechamiento especial sobre el dominio
     público de los montes catalogados, sin perjuicio de la posibilidad de
     establecerse en el acto de concesión una contraprestación que se
     determinará en función de los daños y perjuicios que se vayan a
     ocasionar al monte por la instalación.
     Artículo 72.-Concesiones de interés particular.
     1. Excepcionalmente, y cumpliéndose en cualquier caso las condiciones
     generales establecidas por la ley, el departamento competente en
     materia de medio ambiente podrá otorgar la concesión de interés
     particular del dominio público forestal.
     2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo
     a seguir para el otorgamiento de las concesiones de interés
     particular, en cuyo expediente deberá constar acreditado el
     cumplimiento de las condiciones generales que se establecen por la
     ley, así como los casos en que dicho procedimiento deba tramitarse en
     régimen de concurrencia.
     3. La concesión del uso privativo por interés particular de los
     montes catalogados, y de otros montes demaniales de titularidad de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, devengará anualmente una tasa, en los
     términos y con las condiciones que establezca la legislación
     autonómica en materia de tasas.
     Artículo 73.-Servidumbres en montes públicos no catalogados.
     1. Las servidumbres sobre montes públicos no catalogados se regirán
     por lo dispuesto en la correspondiente legislación de patrimonio de
     aplicación a la respectiva Administración pública propietaria.
     2. El incendio de estos montes podrá ser causa de suspensión temporal
     de las servidumbres existentes en el momento en que se produjo el
     incendio cuando sea necesario para su regeneración, bien mediante
     acto expreso o bien mediante su inclusión en el instrumento de
     gestión correspondiente o en el plan anual de aprovechamientos.
     Artículo 74.-Servidumbres en montes catalogados.
     1. Las servidumbres sobre montes catalogados, que deberán ser
     compatibles con las características del monte que justifican su
     catalogación, se reconocerán en los instrumentos de gestión y,
     subsidiariamente, en el plan anual de aprovechamientos, y se
     ejercitarán en la forma prevista en ellos. En otro caso, el
     otorgamiento de las servidumbres sobre montes catalogados y la
     regulación de su ejercicio se realizará mediante acto expreso del
     Departamento de Medio Ambiente.
     2. Las servidumbres que graven los montes catalogados se inscribirán
     en el Catálogo, haciendo constar en el asiento correspondiente su
     contenido y extensión, beneficiario, origen y título en virtud del
     cual fueron establecidas.
     3. Las servidumbres sobre montes catalogados se extinguirán, en
     cualquier caso, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón cuando su
     ejercicio resultare incompatible con la utilidad pública del monte
     catalogado, fijándose en dicho acuerdo la indemnización a la que
     tuviera derecho su titular como consecuencia de la pérdida del
     derecho.
     Artículo 75.-Servidumbres en montes de titularidad privada.
     Las servidumbres en montes de titularidad privada se regirán por la
     legislación foral o, en su caso, por el Código Civil, sin perjuicio
     de las limitaciones que se pudieran establecerse conforme a la
     legislación forestal.
     CAPITULO TERCERO
     Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales
     Artículo 76.-Aprovechamientos forestales.
     1. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de
     acuerdo con las condiciones fijadas en la ley y con las
     prescripciones establecidas en los correspondientes planes de
     ordenación de los recursos forestales o en los instrumentos de
     gestión vigentes, debiendo ser compatibles con la conservación y
     mejora de las masas forestales y de su medio físico y respetando en
     todo caso el principio de persistencia o sostenibilidad.
     2. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los
     recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos
     espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento.
     3. La realización de aprovechamientos en montes públicos exigirá el
     correspondiente título o licencia.
     Artículo 77.-Control de los aprovechamientos forestales.
     El departamento competente en materia de medio ambiente podrá
     requerir a los transformadores y almacenistas de productos forestales
     que justifiquen el origen de las partidas, al objeto de comprobar las
     talas y demás aprovechamientos forestales, en especial los extraídos
     de los montes incendiados.
     Artículo 78.-Aprovechamientos en montes catalogados. Plan anual de
     aprovechamientos.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su
     caso, la comarca correspondiente, establecerán las condiciones
     técnico-facultativas que hayan de regir la adjudicación y explotación
     de los aprovechamientos en los montes catalogados, y que se ajustarán
     en lo económico a la legislación en materia de patrimonio y de
     contratación administrativa que resulte en cada caso de aplicación.
     2. Las referidas condiciones técnico-facultativas constarán en el
     plan anual de aprovechamientos, que concretará para cada monte
     catalogado, de acuerdo con lo dispuesto en el instrumento de gestión
     forestal previsto en el artículo 64 de la presente ley, la relación
     de los que han de realizarse para ese periodo de tiempo.
     3. Previa propuesta de las entidades locales propietarias,
     corresponde a las comarcas la aprobación y la ejecución de los planes
     anuales de aprovechamientos de los montes catalogados de titularidad
     local que dispongan de instrumento de gestión forestal en vigor,
     incluyendo la expedición de licencias.
     4. Asimismo, corresponderá a las comarcas el control técnico de la
     ejecución de los aprovechamientos siempre que cuenten con personal
     propio, sin perjuicio de las funciones de inspección y control que
     competen a la Administración de la Comunidad Autónoma.
     5. En ausencia de instrumento de gestión forestal en vigor,
     corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente
     la aprobación de los planes anuales de aprovechamientos, así como la
     expedición de las autorizaciones o licencias para su ejecución y el
     control técnico de los mismos.
     6. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, el departamento
     competente en materia de medio ambiente podrá autorizar la
     realización de aprovechamientos en montes catalogados no contemplados
     en el correspondiente plan anual.
     7. La puesta en cultivo de superficies pertenecientes a montes
     catalogados solo podrá autorizarse, por el departamento competente en
     materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, con carácter
     excepcional, por razones de conservación de especies o de prevención
     contra incendios forestales, siempre que se garantice la persistencia
     del suelo y la reversibilidad de la actuación, sin que en virtud de
     esta autorización pierdan la condición de monte ni su pertenencia al
     dominio público forestal.
     Artículo 79.-Fondos y planes de mejoras.
     1. El fondo de mejoras constituye una cuenta por afectación que se
     forma por las aportaciones e ingresos que realicen las entidades
     locales titulares de montes catalogados procedentes de la ejecución
     del correspondiente plan de aprovechamientos, siendo su finalidad y
     destino la conservación de los montes catalogados en la forma que la
     ley establece, y su gestión corresponde a la Administración comarcal
     o, en su caso, al departamento competente en materia de medio
     ambiente, que se reserva, asimismo, las facultades de inspección,
     control y coordinación del fondo mediante la fiscalización de la
     correspondiente memoria de gestión sobre el cumplimiento del plan de
     mejora.
     2. Se considerarán mejoras los trabajos y actuaciones de defensa de
     la gestión forestal, tales como deslindes, amojonamientos,
     reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios, obras de
     ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y
     cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, o aquellas
     otras que contribuyan a la mejora de la conservación de los montes.
     3. El plan de mejoras de los montes catalogados cuya titularidad
     corresponda a las entidades locales y que contiene la previsión de
     los ingresos que resulten de la ejecución del plan de
     aprovechamientos y de los gastos a realizar con cargo al fondo de
     mejoras, tendrá carácter anual y su aprobación corresponderá a la
     Administración comarcal.
     4. Las entidades locales titulares de montes catalogados destinarán
     al fondo de mejoras el quince por ciento del valor de los
     aprovechamientos o, en su caso, de cualquier otro rendimiento que
     pudiera obtenerse de los mismos aun cuando no tuviera tal
     calificación, sin perjuicio de la posibilidad de que dichas entidades
     locales, voluntariamente, destinen al fondo un porcentaje superior al
     legalmente establecido, ya sea de forma periódica, ya sea mediante
     aportaciones o ingresos de carácter extraordinario.
     5. Se ingresará en el fondo de mejoras la totalidad de los pagos en
     concepto de daños y perjuicios establecidos por resolución firme en
     procedimientos sancionadores incoados por infracciones cometidas en
     montes catalogados.
     6. Al final de cada ejercicio anual, las comarcas presentarán al
     departamento competente en materia de medio ambiente una memoria
     de gestión de los fondos de mejoras a su cargo que contendrá una
     relación de los ingresos efectuados y la razón de los mismos, así
     como la exposición de las inversiones realizadas y sus condiciones
     técnicas y económicas en ejecución del plan durante el
     correspondiente ejercicio.
     Artículo 80.-Aprovechamientos en montes no catalogados.
     1. Los aprovechamientos en montes no catalogados, cualquiera que sea
     su titularidad, se someterán a las limitaciones establecidas en la
     presente ley.
     2. Los aprovechamientos de maderas y leñas en los montes no
     catalogados se someterán a lo dispuesto en el correspondiente
     instrumento de gestión, debiendo efectuarse una notificación previa
     al departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo
     denegarse o condicionarse mediante resolución motivada en el plazo
     máximo de un mes. En ningún caso se entenderán adquiridos por
     silencio administrativo aprovechamientos de madera y leñas en contra
     de la legislación o instrumentos de gestión aprobados.
     3. Cuando no se disponga del instrumento de gestión aprobado por la
     Administración forestal, todo aprovechamiento maderable o leñoso en
     monte no catalogado se sujetará a la autorización previa del
     departamento competente en materia de medio ambiente, otorgándose en
     el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de su solicitud y
     entendiéndose denegada si, transcurrido dicho plazo, no ha recaído
     resolución expresa.
     4. Los aprovechamientos en montes no catalogados que se encuentren
     dentro del ámbito territorial de un espacio incluido en la Red
     Natural de Aragón, aunque no tengan por objeto aprovechamientos
     maderables o leñosos, podrán someterse, mediante disposición general
     del Gobierno de Aragón, a una ordenación específica cuya finalidad
     sea garantizar la conservación del ecosistema forestal, la protección
     del suelo o la del estado físico del monte.
     Artículo 81.-Aprovechamientos en montes comunales.
     En la adjudicación de los aprovechamientos de los montes comunales se
     respetarán los derechos vecinales, haciéndolos compatibles con las
     restantes formas de contratación, enajenación y adjudicación, de
     acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local.
     Artículo 82.-Condiciones especiales de los aprovechamientos
     maderables.
     Sin perjuicio de su sujeción a lo que establezca el correspondiente
     instrumento de gestión forestal, y con independencia de la
     titularidad del monte, el departamento competente en materia de medio
     ambiente podrá establecer la condición de señalamiento previo para
     cualquier corta de arbolado.
     Artículo 83.-Aprovechamientos de pastos.
     1. El pastoreo en los montes se realizará de forma que sea compatible
     con la conservación y mejora de los mismos, procurando la ordenación
     y perfeccionamiento de los aprovechamientos ganaderos ya existentes y
     la ampliación de los mismos que, sin menoscabo de las masas
     forestales, permitan el mantenimiento del mayor número posible de
     cabezas de ganado.
     2. En el caso de montes cubiertos de arbolado, se dará una
     preferencia absoluta a las exigencias silvícolas, pudiéndose limitar
     e incluso prohibir el pastoreo del monte si resultare incompatible
     con su conservación. De igual modo se procederá en el caso de
     terrenos erosionables si el propietario no efectuase las obras y
     trabajos de conservación de suelos que le impusiera la Administración
     pública competente.
     3. Los aprovechamientos de pastos deberán estar, en su caso,
     expresamente regulados en el correspondiente instrumento de gestión
     forestal o en el plan de ordenación de los recursos forestales en
     cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.
     Artículo 84.-Aprovechamiento de la biomasa forestal residual.
     El Gobierno de Aragón fomentará y regulará el aprovechamiento de la
     biomasa forestal residual, garantizando la conservación de la
     biodiversidad y los ciclos ecológicos.
     Artículo 85.-Recursos del subsuelo.
     1. Se consideran recursos del subsuelo los derivados de explotación
     de canteras, áridos o cualquier otra actividad extractiva a cielo
     abierto o subterránea.
     2. La extracción y utilización de los recursos del subsuelo no tienen
     la consideración de aprovechamiento forestal. No obstante, se
     someterá a concesión la utilización privativa del dominio público
     forestal cuando sea necesaria para el desarrollo de las actividades
     extractivas a las que resulte de aplicación la legislación de minas.
     3. En cualquier caso, el ejercicio de las actividades extractivas
     mineras que afecte a montes requerirá informe del departamento
     competente en materia de medio ambiente sobre su compatibilidad con
     la persistencia de los valores naturales del monte, que será
     vinculante si se trata de montes protectores, sin perjuicio de las
     obligaciones de restauración ambiental, para las que exigirá la
     correspondiente fianza al interesado, y del sometimiento, en su caso,
     a evaluación de impacto ambiental conforme a su legislación
     específica.
     CAPITULO CUARTO
     Actividades y usos sociales
     Artículo 86.-Actividades y uso público de los montes.
     1. El Gobierno de Aragón regulará las actividades no lucrativas y las
     condiciones del acceso público a los montes conforme a lo dispuesto
     en la presente ley.
     2. Los montes integrantes del dominio público forestal estarán
     sujetos al uso común, general, público y gratuito cuando las
     actividades a desarrollar tengan finalidad recreativa, cultural o
     educativa no lucrativa, sometida a la normativa vigente, a los
     correspondientes instrumentos de gestión, así como a las
     instrucciones que pudieran impartir los agentes de protección de la
     naturaleza a tal fin.
     3. Ese uso común y general, público y gratuito de los montes del
     dominio público forestal deberá ser respetuoso con el medio natural y
     compatible con las concesiones o derechos previamente otorgados sobre
     el uso del monte y de los aprovechamientos de cualquier naturaleza a
     que su explotación dé lugar.
     Artículo 87.-Uso cultural, turístico y recreativo de los montes
     públicos.
     1. La Administración pública competente promoverá el uso cultural,
     turístico, educativo y recreativo de los montes públicos que sea
     adecuado y compatible con su conservación. A tal efecto, impulsará
     áreas, núcleos o itinerarios recreativos, zonas de acampada,
     campamentos, aulas de la naturaleza o cualquier otro tipo de
     infraestructura recreativa.
     2. El departamento competente en materia de medio ambiente elaborará
     y mantendrá actualizado un inventario de áreas recreativas en los
     montes públicos y adoptará las medidas necesarias para su adecuada
     utilización, mantenimiento y mejora.
     3. El uso de algunas infraestructuras o instalaciones de carácter
     recreativo, cultural o turístico podrá requerir el abono de una
     cantidad previamente regulada por la Administración pública
     competente.
     Artículo 88.-Prohibiciones o limitaciones de ciertos usos
     1. El uso del fuego en los montes y zonas cercanas se someterá a las
     prohibiciones y limitaciones que el departamento competente en
     materia de medio ambiente determine.
     2. En los montes demaniales y en los montes protectores, el
     departamento competente en materia de medio ambiente podrá establecer
     prohibiciones o limitaciones para la acampada y el acceso de personas
     y vehículos, el uso de elementos o actividades productoras de ruido o
     cualesquiera otras actividades que puedan afectar a los valores
     naturales del monte, incrementar los riesgos que amenazan su
     conservación o, en su caso, impedir o condicionar los
     aprovechamientos autorizados.
     3. Se considerará uso común especial la celebración de actos que
     conlleven una afluencia de público indeterminada, y estará sujeta a
     lo dispuesto en el correspondiente instrumento de gestión cuando
     tengan carácter tradicional y periódico. En ausencia de dicho
     instrumento o cuando tengan carácter ocasional, requerirán previa
     autorización administrativa, que será en todo caso temporal, y nunca
     podrá excluir el uso común general.
     Artículo 89.-Acceso a los montes.
     1. Sin perjuicio de las servidumbres y derechos existentes, el acceso
     de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, a pie o por
     cualquier otro medio, podrá limitarse mediante resolución
     administrativa por razones de conservación de recursos o valores
     naturales o prevención de incendios forestales. Las limitaciones
     deberán hacerse públicas de forma fehaciente.
     2. Salvo por razones de gestión y vigilancia o previa autorización
     administrativa expresa, queda prohibida la circulación de vehículos a
     motor recorriendo terrenos de monte de cualquier titularidad fuera de
     los caminos o pistas forestales existentes.
     Artículo 90.-Régimen de uso de las pistas forestales.
     1. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales se
     limitará a las funciones de gestión, incluyendo la vigilancia,
     extinción de incendios forestales y realización de aprovechamientos
     forestales y a los usos amparados por las servidumbres y derechos
     existentes.
     2. Excepcionalmente, el departamento competente en materia de medio
     ambiente podrá autorizar el tránsito abierto motorizado
     cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta señalización
     del acceso, la aceptación por los titulares, la asunción del
     mantenimiento y de la responsabilidad civil, en la forma que
     reglamentariamente se determine.
     TITULO VI PROTECCION DE LOS MONTES
     CAPITULO PRIMERO
     Control de la erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación
     Artículo 91.-Disposición general.
     La Administración autonómica abordará las políticas de control de la
     erosión, de corrección hidrológico-forestal y de repoblación, desde
     la ordenación del territorio, con una respuesta que integre y
     coordine los distintos instrumentos con incidencia en el territorio y
     que vincule también a los propietarios privados.
     Artículo 92.-Control de la erosión y corrección hidrológico-forestal.
     1. Corresponde al departamento competente en materia de medio
     ambiente la actuación en materia de corrección hidrológico-forestal y
     de mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del
     suelo frente a los procesos de degradación por erosión, de
     conformidad con los distintos planes y programas públicos y, en
     particular, según las directrices del plan forestal de Aragón, todo
     ello sin perjuicio de las competencias que correspondan a la
     Administración General del Estado en materia de dominio público
     hidráulico.
     2. El departamento competente en materia de medio ambiente
     establecerá zonas prioritarias de actuación en materia de control de
     la erosión y restauración hidrológico-forestal en función del riesgo
     que se genere a las áreas habitadas, a los recursos productivos, con
     especial atención a los recursos hídricos, y a las infraestructuras
     asociadas a su gestión.
     3. Quedarán incluidos en dichas zonas:
     a) Los terrenos forestales incendiados en los que sea difícil su
     recuperación natural.
     b) Las áreas de ramblas y torrentes que precisen trabajos de
     restauración y estabilización.
     c) Las áreas de riesgo por aludes de nieve.
     d) Las áreas de riesgo por desprendimientos, deslizamientos o
     movimientos del terreno.
     e) Otras áreas asociadas a fenómenos o causas meteorológicas,
     antrópicas, bióticas u otras que afecten a la cubierta vegetal o al
     suelo.
     4. Los planes, obras y trabajos de corrección o restauración
     hidrológico-forestal que sean precisos para la recuperación de las
     zonas prioritarias de actuación, cualquiera que sea su titularidad y
     el uso al que se destinen, podrán ser declarados de utilidad pública
     a los efectos de expropiación forzosa, o, en su caso, de interés
     público, amparando la correspondiente declaración de concurrencia o
     de prevalencia que, a tal fin, debiera promoverse.
     Artículo 93.-Repoblación forestal.
     1. La repoblación de los montes podrá realizarse directamente por las
     Administraciones públicas o por los particulares, quedando sujeta a
     los instrumentos de ordenación y de gestión forestal que resulten de
     aplicación y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación
     de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable.
     2. La repoblación de montes o de parte de ellos estará sujeta a la
     previa y expresa autorización del departamento competente en materia
     de medio ambiente, cuando supere la superficie de cinco hectáreas,
     sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
     3. En el caso en que el instrumento de gestión aprobado que resulte
     de aplicación prevea la repoblación y sus condiciones técnicas, será
     suficiente a tal fin la mera comunicación de su práctica al
     departamento competente en materia de medio ambiente.
     4. Se exceptúa de la necesidad de obtener autorización administrativa
     la práctica de segundas repoblaciones o reforestaciones cuando no
     conlleven cambios en la composición de las especies forestales
     preexistentes.
     5. En los trabajos de repoblación se atenderá a las normas vigentes
     de comercialización y certificación así como a las de procedencia y
     calidad de los materiales forestales de reproducción.
     6. La autorización de repoblaciones forestales cuya superficie supere
     la mínima establecida en el apartado 2 del presente artículo exigirá
     la presentación de un proyecto o memoria técnica. La redacción y
     dirección de obra serán realizadas por técnicos con titulación
     forestal universitaria.
     Artículo 94.-Medidas de repoblación forestal.
     1. La Administración autonómica fomentará la repoblación de
     superficies desarboladas, considerando prioritarias las zonas que
     hayan sufrido incendios.
     2. Por acuerdo del Gobierno de Aragón podrá declararse la
     obligatoriedad de la repoblación en montes catalogados.
     3. La Administración autonómica impulsará la repoblación con especies
     forestales autóctonas.
     4. La Administración autonómica promoverá la implantación de arbolado
     en el medio rural mediante plantaciones lineales o en grupos en
     caminos, lindes de fincas y riberas de cauces, a fin de incrementar
     el patrimonio forestal y la riqueza del paisaje.
     Artículo 95.-Material forestal de reproducción.
     1. La Administración autonómica garantizará el abastecimiento,
     procedencia y calidad del material forestal de reproducción,
     aprobando a estos efectos la normativa correspondiente a condiciones
     y características del ámbito regional.
     2. La Administración autonómica procurará el fomento y control de
     viveros públicos y privados que garanticen el adecuado abastecimiento
     de material vegetal, y regulará las calidades genéticas y sistemas de
     control y manejo de los materiales así como su transporte y control
     de calidad en la recepción.
     CAPITULO SEGUNDO
     Prevención de plagas y enfermedades
     Artículo 96.-Sanidad forestal.
     1. Corresponde al departamento competente en materia de medio
     ambiente velar por la protección de los montes contra plagas y
     enfermedades, manteniendo actualizada la información sobre el estado
     fitosanitario de los montes aragoneses y adoptando las necesarias
     medidas preventivas, sanitarias y silvícolas, o la aplicación de
     métodos de lucha integrada, conforme a la presente ley, a la
     legislación forestal estatal y a la específica legislación
     fitosanitaria.
     2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación forestal básica y
     en la de sanidad vegetal, los titulares de los montes están obligados
     a comunicar al departamento competente en materia de medio ambiente
     la aparición atípica de agentes nocivos y a ejecutar y facilitar las
     acciones obligatorias que determine la Administración pública.
     3. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá
     declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio la lucha
     contra una plaga o enfermedad forestal, con delimitación de la zona
     afectada.
     4. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá
     formalizar acuerdos o convenios con los titulares de los terrenos
     para la realización de trabajos de prevención, control y extinción de
     plagas o enfermedades forestales, así como otorgar ayudas para dichas
     actividades en forma de asesoramiento, subsidiación de intereses o
     subvenciones.
     5. Las instrucciones acordadas por el departamento competente en
     materia de medio ambiente para la prevención, control y extinción
     local de las plagas y enfermedades forestales podrán ser llevadas a
     cabo:
     a) Por los titulares de los terrenos afectados.
     b) Subsidiariamente por el citado departamento, en cuyo caso los
     gastos correrán a cargo de los titulares de los terrenos.
     En ambos supuestos, los titulares de los terrenos podrán ser
     beneficiarios de las ayudas previstas en el apartado anterior, siendo
     gratuita, en cualquier caso, la asistencia técnica prestada por el
     departamento.
     Artículo 97.-Controles fitosanitarios.
     1. Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los
     viveros o aquellas instalaciones destinadas a la producción o
     comercialización con destino forestal u ornamental quedarán sometidos
     a control fitosanitario por el departamento competente en materia de
     medio ambiente.
     2. El departamento competente en materia de medio ambiente procederá
     a la inmovilización y, en su caso, a la destrucción de los productos
     existentes en dichas instalaciones afectadas por alguna enfermedad o
     plaga, sin que proceda indemnización alguna.
     Artículo 98.-Contaminación.
     El departamento competente en materia de medio ambiente realizará un
     seguimiento de los efectos de cualquier tipo de contaminación
     que afecte o que pueda afectar a los montes, recopilando los datos
     necesarios a tal fin, participando en el establecimiento de redes
     europeas de seguimiento y control de las interacciones del monte con
     el medio ambiente y obligándose a mantener convenientemente
     actualizados los puntos de la Red europea de control del inventario
     de daños forestales que se encuentren en el territorio de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     CAPITULO TERCERO
     Protección frente a los incendios forestales
     Artículo 99.-Competencias de las distintas Administraciones públicas
     en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.
     1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, a través del departamento competente en materia de medio
     ambiente, la prevención y extinción de los incendios forestales
     mediante la coordinación de los planes comarcales de prevención y la
     organización del operativo para su extinción, incluyendo el sistema
     de vigilancia y detección, así como la investigación de las causas de
     los incendios forestales.
     2. Las comarcas podrán asumir la elaboración y aprobación de los
     planes comarcales de prevención de incendios forestales, la ejecución
     de los proyectos y obras enunciados en los mismos, así como la
     organización de las agrupaciones de voluntarios para su extinción,
     todo ello sin perjuicio de las competencias propias de la
     Administración de la Comunidad Autónoma.
     3. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio
     podrán redactar planes locales de prevención de incendios, que serán
     obligatorios para las zonas de alto riesgo de incendios forestales,
     debiendo ser remitidos al departamento competente en materia de medio
     ambiente. Estos planes tendrán carácter subordinado respecto a los
     planes comarcales.
     4. La actuación de las Administraciones públicas en materia de
     prevención y extinción de incendios forestales se someterá en todo
     caso a los principios de colaboración y asistencia recíproca,
     mediante la utilización conjunta de los medios personales y
     materiales conforme a lo dispuesto en los distintos planes y
     programas públicos y, en particular, en el protocolo en materia de
     emergencias de protección civil por incendios forestales, en el plan
     forestal de Aragón y en los correspondientes planes de ordenación de
     los recursos forestales.
     5. Las entidades locales y, en particular, las autoridades
     municipales, podrán movilizar todos los medios públicos o privados a
     fin de que queden integrados en el operativo de extinción, que
     actuará bajo las instrucciones de su director.
     6. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá establecer mecanismos de
     apoyo y coordinación con otras Comunidades Autónomas, especialmente
     las limítrofes, en las actuaciones relativas a la lucha contra
     incendios forestales.
     Artículo 100.-Obligación de aviso.
     Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio
     forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los
     servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar dentro de sus
     posibilidades en la extinción del incendio.
     Artículo 101.-Zonas de alto riesgo.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá
     declarar de alto riesgo aquellas zonas que por sus características
     muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de
     los incendios o que por la importancia de los valores amenazados
     precisen de medidas especiales de protección.
     2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa,
     que contenga la delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar,
     así como el restante contenido que prevea la legislación básica
     estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención contra
     incendios forestales del plan de ordenación de los recursos
     forestales correspondiente a la comarca donde se ubiquen.
     Artículo 102.-Medidas preventivas.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente fomentará
     la capacitación y formación del personal que participe en la defensa
     contra los incendios forestales y regulará la creación de grupos de
     voluntarios para colaborar en la prevención y extinción de los
     mismos.
     2. El departamento competente en materia de medio ambiente adoptará
     anualmente las medidas convenientes para conseguir que se alcance una
     estabilidad laboral de al menos diez meses en las cuadrillas
     forestales, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada
     territorio.
     3. De conformidad con la legislación básica estatal, el Gobierno de
     Aragón, mediante decreto, podrá regular el ejercicio de actividades
     que puedan dar lugar a riesgo de incendio, estableciendo normas de
     seguridad y condiciones especiales de uso, conservación o mejora,
     aplicables, con carácter general, a instalaciones o infraestructuras
     de cualquier naturaleza que afecten a los montes o a sus áreas
     colindantes.
     4. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará
     mediante orden los periodos de peligro y las condiciones especiales
     de empleo del fuego y otras medidas preventivas que sean de
     aplicación.
     5. El departamento competente en materia de medio ambiente promoverá
     las técnicas de silvicultura preventivas basadas en la ordenación de
     los recursos forestales y en la ejecución y conservación de
     infraestructuras de defensa contra incendios forestales.
     6. El Gobierno de Aragón regulará mediante decreto, para su
     incorporación al sistema de gestión de ayudas agrarias, las medidas
     necesarias para garantizar el mantenimiento en cultivo de aquellas
     parcelas que por su situación revistan importancia estratégica para
     la prevención y extinción de incendios forestales.
     7. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará
     un sistema de vigilancia de los montes que incluya la vigilancia
     disuasiva y prevea la instalación de dispositivos de vigilancia,
     fijos o móviles, e instrumentos de comunicación.
     Artículo 103.-Organización de la extinción.
     1. Corresponde al departamento competente en materia de medio
     ambiente la planificación y gestión del operativo destinado a la
     extinción de incendios forestales conforme a lo establecido en la
     presente ley y en la restante legislación forestal.
     2. La dirección técnica de la extinción de incendios forestales, en
     tanto que afecten a bienes de naturaleza forestal o supongan riesgos
     de protección civil, corresponderá a funcionarios con formación
     acreditada específica en la extinción de incendios forestales,
     encuadrados en el departamento competente en materia de medio
     ambiente del Gobierno de Aragón, en la forma que se determine en el
     protocolo en materia de emergencias de protección civil por incendios
     forestales.
     3. El director de extinción actuará de acuerdo con un plan de
     operaciones establecido, y tendrá la condición de agente de la
     autoridad a los efectos del mando sobre todo el personal actuante. En
     el ejercicio de dicha condición, podrá movilizar medios públicos o
     privados y disponer la entrada de equipos y medios en fincas
     forestales o agrícolas de cualquier titularidad, la circulación por
     caminos privados, la apertura de brechas en muros y cercas, la
     utilización de aguas, la apertura de cortafuegos y la quema
     anticipada o aplicación de contrafuegos en zonas que se estime que,
     dentro de una normal previsión, puedan ser consumidas por el
     incendio. El Gobierno de Aragón resarcirá a los propietarios, en su
     caso, de los daños que se deriven de estas actuaciones.
     4. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de
     extinción de las infraestructuras públicas tales como carreteras,
     líneas telefónicas, aeropuertos, embalses y todas aquellas necesarias
     para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin
     perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de
     ellas.
     5. La Administración de la Comunidad Autónoma, por medio de la
     Dirección General de Servicios Jurídicos, asumirá la defensa jurídica
     del director técnico y del personal bajo su mando en los
     procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y
     penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes
     impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del
     incendio.
     Artículo 104.-Medidas para la restauración de zonas incendiadas.
     1. Las Administraciones públicas y, en particular, la Administración
     de la Comunidad Autónoma, deberán garantizar las condiciones para la
     restauración de la vegetación de los terrenos forestales incendiados.
     2. Queda prohibido:
     a) El cambio de uso forestal al menos durante treinta años.
     b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta
     vegetal en el plazo de diez años, sin perjuicio de su ampliación por
     plazo igual por el departamento competente en materia de medio
     ambiente cuando, por la dificultad de regeneración de los valores
     naturales afectados, así se precise.
     3. Con carácter singular, el Gobierno de Aragón podrá acordar
     excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al
     incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
     a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
     b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya
     hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser
     esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información
     pública.
     c) Cualquier otro supuesto de cambio de uso forestal que hubiera sido
     previamente autorizado.
     4. También con carácter singular, de forma excepcional, y cuando
     concurran razones de interés público basadas en necesidades derivadas
     de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, el Gobierno
     de Aragón, previa la tramitación del correspondiente procedimiento,
     podrá dispensar la prohibición de cambio de uso forestal o de
     desarrollo de actividades que fueran incompatibles con la
     regeneración de la cubierta vegetal aun cuando no haya transcurrido
     el límite temporal a que se refieren ambas prohibiciones, mediante
     acuerdo motivado y justificado siempre a tal fin.
     5. En las áreas afectadas por incendios forestales se realizará un
     seguimiento de la evolución natural de su cubierta vegetal y se
     adoptarán las medidas necesarias para facilitar su recuperación,
     incluyendo las referentes a la retirada de la madera quemada cuando
     sea necesario así como, en su caso, la regulación de los usos y
     aprovechamientos en esas superficies y, en particular, el
     aprovechamiento de pastos.
     TITULO VII FOMENTO DE LAS ACTUACIONES FORESTALES
     Artículo 105.-Ayudas técnicas y económicas.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ayudará
     técnica y económicamente a los propietarios o gestores públicos o
     privados y, en particular, a las comarcas aragonesas, en la
     elaboración y ejecución de los planes de ordenación y de los
     instrumentos de gestión cuando así venga exigido en la presente ley.
     2. Las ayudas podrán consistir en la prestación de asesoramiento
     técnico, el otorgamiento de subvenciones, anticipos reintegrables,
     exenciones fiscales de tributos propios de la Comunidad Autónoma,
     créditos, o cualesquiera otros incentivos que puedan establecerse.
     3. Para la concesión de ayudas se tendrán en cuenta las previsiones
     contenidas en los planes de ordenación y en los programas o
     instrumentos de gestión.
     Artículo 106.-Régimen de las ayudas a otorgar.
     1. Las ayudas a otorgar por la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, seguirán el siguiente
     orden de prioridad:
     a) Actuaciones preventivas contra incendios forestales en zonas de
     alto riesgo.
     b) Corrección hidrológico-forestal y control de la erosión en las
     zonas prioritarias de actuación.
     c) Actuaciones en montes catalogados y en montes protectores.
     d) Actuaciones en montes incluidos en la Red Natural de Aragón.
     e) Actuaciones que ayuden al mantenimiento y fijación del empleo
     rural y, en especial, actuaciones promovidas por agrupaciones y
     asociaciones de propietarios forestales y cooperativas creadas en el
     medio rural.
     2. Podrán beneficiarse de las ayudas:
     a) Los propietarios de los terrenos.
     b) Los titulares de derecho de uso o disfrute sobre montes.
     c) Quienes tengan establecidos con el departamento competente en
     materia de medio ambiente acuerdos o convenios para la realización de
     actuaciones previstas en la ley.
     3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su
     caso, las comarcas, podrán realizar inversiones directas para la
     conservación y mejora de los montes catalogados.
     4. Asimismo, se desarrollarán medidas de política forestal, fiscal y
     económica para compensar la baja rentabilidad de los productos
     forestales, condicionándose su concesión al cumplimiento de una
     gestión social y ambientalmente responsable.
     5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su
     caso, las comarcas, en el cumplimiento de las finalidades previstas
     en la presente ley, podrán otorgar convenios y acuerdos de
     colaboración con los propietarios de los montes, cualquiera que sea
     su titularidad, así como con Administraciones públicas y con
     cooperativas, empresas o asociaciones, encaminados a la gestión,
     protección y mejora forestal, conforme a los principios previstos en
     la presente ley y de acuerdo con el orden de prioridades
     anteriormente establecido.
     Artículo 107.-Pérdida de beneficios.
     No podrán ser objeto de ayudas económicas aquellas actuaciones que se
     deriven de reparaciones obligatorias de daños causados por acciones
     que constituyan alguna de las infracciones previstas en esta ley.
     Artículo 108.-Colaboración en formación, sensibilización,
     investigación y desarrollo.
     1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal, la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la
     investigación, experimentación y estudio en materia forestal, e
     impulsará las actividades tendentes a incrementar la formación
     técnica de los profesionales del sector forestal, la transferencia de
     tecnología, la modernización y la mejora de los procesos de
     transformación.
     2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón fomentará las
     actividades educativas, formativas y de divulgación sobre los montes
     y el medio natural.
     3. A tal fin, podrán otorgarse convenios de colaboración con centros
     de investigación y empresas de transformación, con las distintas
     Administraciones públicas, con las Universidades, con los Colegios
     Profesionales, y con cualesquiera otras organizaciones con identidad
     de fin.
     Artículo 109.-Certificación forestal.
     1. Las Administraciones públicas deben garantizar que el proceso de
     certificación forestal sea voluntario, transparente y no
     discriminatorio así como velar por que los sistemas de certificación
     forestal establezcan requisitos en relación con los criterios
     ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación
     internacional.
     2. El departamento competente en materia de medio ambiente
     impulsará la certificación forestal así como las adquisiciones de
     carácter responsable de productos forestales certificados.
     Artículo 110.-Compra pública responsable de productos forestales.
     1. En los procedimientos de contratación pública, las
     Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar
     la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas
     ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de
     aquellos procedentes de bosques certificados.
     2. Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de
     estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de
     divulgación.
     Artículo 111.-Agrupaciones y asociaciones.
     La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso,
     las comarcas, en el ejercicio de sus competencias:
     a) Fomentarán la agrupación de montes, públicos o privados, con
     objeto de facilitar una ordenación y gestión de carácter integral
     mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños
     propietarios.
     b) Promocionarán la asociación de propietarios y cooperativas,
     fomentando las relaciones interprofesionales entre el sector de la
     producción forestal y las industrias transformadoras.
     c) Promoverán la creación de industrias o promocionarán las ya
     existentes que utilicen productos de los montes ubicados en la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     TITULO VIII POLICIA FORESTAL E INFRACCIONES Y SANCIONES
     CAPITULO PRIMERO
     Competencias de las Administraciones públicas en materia de policía
     forestal
     Artículo 112.-Disposiciones generales.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá las funciones
     de policía, custodia y vigilancia del cumplimiento de la normativa
     aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención,
     detección e investigación de la causalidad de los incendios
     forestales.
     2. Las comarcas y los municipios, en el ejercicio de su propia
     competencia, podrán realizar funciones complementarias de vigilancia
     mediante la creación de cuerpos o escalas de agentes forestales en
     sus propias Administraciones.
     Artículo 113.-Agentes de protección de la naturaleza.
     1. Los agentes de protección de la naturaleza realizarán las tareas
     de extensión y apoyo a la gestión forestal, de policía y de denuncia
     de las infracciones a lo dispuesto en la normativa forestal.
     2. Los agentes de protección de la naturaleza contarán con la
     formación necesaria que les capacite para el correcto desarrollo de
     sus funciones, perteneciendo a una escala específica y gozando de la
     condición de funcionario de la Administración de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, así como de la de agentes de la
     autoridad.
     3. Los hechos constados y formalizados por los agentes de protección
     de la naturaleza en las correspondientes actas de inspección y
     denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas
     y defensa de los respectivos derechos e intereses que puedan aportar
     los interesados.
     4. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de protección de la
     naturaleza tienen todas las facultades que establezca la legislación
     básica estatal y, en particular, gozan de la facultad de entrar
     libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en los lugares
     sujetos a inspección, y de permanecer en ellos, con respeto, en todo
     caso, a la inviolabilidad del domicilio, estando obligados al
     efectuar una visita de inspección a comunicar su presencia a la
     persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren
     que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones,
     quedando obligados los titulares de montes privados a facilitar el
     acceso a sus propiedades a los agentes de autoridad, cuyas órdenes o
     instrucciones serán de obligado cumplimiento.
     5. Los agentes de protección de la naturaleza, en el ejercicio de sus
     competencias, actuarán de forma coordinada con los agentes forestales
     de las entidades locales y con respeto a las facultades que atribuye
     a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación orgánica
     reguladora.
     Artículo 114.-Agentes forestales de las entidades locales.
     1. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que
     sean funcionarios públicos, tendrán asimismo la condición de agentes
     de la autoridad, gozando de las mismas facultades que los agentes de
     protección de la naturaleza de la Administración de la Comunidad
     Autónoma.
     2. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que
     sean personal laboral, tendrán únicamente la condición de
     colaboradores con los agentes de la autoridad.
     3. En todo caso, los agentes forestales de las entidades locales, en
     el ejercicio de sus competencias, actuarán de forma coordinada con
     los agentes de protección de la naturaleza de la Administración de la
     Comunidad Autónoma y con respeto a las facultades que atribuye a las
     Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación orgánica reguladora.
     Artículo 115.-Personal voluntario.
     La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales
     podrán promover un voluntariado que colabore en tareas de vigilancia
     y de sensibilización sobre la preservación de los montes.
     CAPITULO SEGUNDO
     Infracciones y sanciones
     Artículo 116.-Responsabilidad administrativa.
     1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las personas físicas
     o jurídicas que cometan cualesquiera de las infracciones previstas en
     la presente ley y, en particular, la persona que directamente realice
     la actividad infractora o la que ordene dicha actividad cuando el
     ejecutor tenga con aquélla una relación
     contractual o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del
     ordenante.
     2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las
     distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de una
     infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del
     derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de
     aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
     Artículo 117.-Tipificación de infracciones.
     Son infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente ley:
     a) El cambio de uso forestal sin autorización, o la realización de
     usos no forestales en montes sin autorización.
     b) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente
     concesión o autorización para aquellos casos que la requieran o, en
     su caso, sin la previa comunicación cuando sea preceptiva.
     c) Toda conducta que provoque un daño apreciable a un monte o parte
     de el que se encuentre en la Red Natural de Aragón.
     d) La quema, arranque, corta o inutilización de ejemplares arbóreos
     y, en general, toda especie forestal, salvo casos excepcionales
     autorizados o de intervención administrativa, justificados por
     razones de gestión del monte.
     e) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las
     condiciones, épocas, lugares o en actividades no autorizadas.
     f) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del
     fuego dictadas en materia de prevención y extinción de incendios
     forestales, con independencia de que provoque o no un incendio
     forestal.
     g) La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte que
     implique cambio en la composición de sus especies, cuando no implique
     cambio de uso forestal, sin la correspondiente autorización
     administrativa.
     h) La forestación o reforestación con materiales de reproducción
     expresamente prohibidos.
     i) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra
     obra o infraestructura cuando no esté prevista en los
     correspondientes proyectos de ordenación, planes dasocráticos de
     montes o, en su caso, planes de ordenación de recursos forestales, o
     sin estar expresamente autorizada por la Administración de la
     Comunidad Autónoma.
     j) El pastoreo o permanencia de reses en los montes donde se
     encuentre prohibido o se realice en violación de las normas
     establecidas al efecto.
     k) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde
     exista prohibición expresa en tal sentido, o incumpliendo las
     condiciones que al respecto se establezcan.
     l) La circulación con vehículos a motor atravesando terrenos de monte
     fuera de las carreteras, caminos, pistas o cualquier infraestructura
     utilizable a tal fin, excepto cuando haya sido expresamente
     autorizada.
     m) La realización de pruebas o competiciones deportivas y recorridos
     organizados con vehículos a motor sin la correspondiente autorización
     administrativa.
     n) Cualquier incumplimiento que afecte al normal desarrollo del
     monte, del contenido de los proyectos de ordenación, planes
     dasocráticos o planes de aprovechamientos, así como sus
     correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y
     notificada al órgano forestal para su aprobación.
     ñ) El incumplimiento del deber de restaurar y reparar los daños
     ocasionados a los montes cuando hubiera sido impuesto por cualquier
     acto administrativo.
     o) El vertido no autorizado o el abandono de residuos, materiales o
     productos de cualquier naturaleza en terrenos forestales.
     p) La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes
     públicos deslindados.
     q) La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de
     investigación, inspección, vigilancia y control de las
     Administraciones públicas y de sus agentes, en relación con las
     disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo,
     entendiéndose como tal obstrucción, entre otros supuestos, la
     desobediencia a las órdenes e instrucciones que pudieran dar los
     agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
     r) El incumplimiento de las medidas cautelares obligatorias
     destinadas a la conservación de los montes.
     s) Los actos de personas distintas de su titular que impidan o
     dificulten la realización de los aprovechamientos forestales
     autorizados o previstos en el correspondiente instrumento de gestión.
     t) El incumplimiento de las obligaciones de información a la
     Administración por parte de los particulares.
     u) El incumplimiento total o parcial de otras obligaciones o
     prohibiciones previstas en esta ley.
     Artículo 118.-Clasificación de las infracciones.
     1. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves.
     2. Son infracciones muy graves:
     a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
     b) La corta o deterioro de árboles catalogados como singulares.
     c) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del
     artículo anterior cuando, afectando a una superficie mínima de una
     hectárea, comporten una alteración sustancial de los montes, su
     vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy difícil su
     restauración o hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación
     o restauración sea superior a diez años.
     d) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior,
     cuando la alteración de las señales y mojones impida la determinación
     sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
     3. Son infracciones graves:
     a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
     b) Las que generen daños apreciables que condicionen la supervivencia
     de los árboles incluidos en el catálogo de árboles singulares de
     Aragón.
     c) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del
     artículo anterior cuando, afectando a una superficie menor de una
     hectárea y mayor o igual que la superficie establecida en el artículo
     6.3.b) de esta ley, comporten una alteración sustancial de los
     montes, su vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy
     difícil su reparación o recuperación o hayan causado al monte daños
     cuyo plazo de reparación o restauración sea inferior a diez años y
     superior a seis meses.
     d) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior,
     cuando la alteración de las señales y mojones no impida la
     determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
     4. Son infracciones leves:
     a) La infracción de los párrafos r) y u) del artículo anterior,
     aunque no se cause daño o perjuicio forestal o sus repercusiones sean
     de menor importancia o no precisen medias restauradoras.
     b) La infracción tipificada en el apartado q) del artículo anterior.
     c) Cualesquiera de las infracciones tipificadas en la presente ley
     que afecten a una superficie arbolada inferior a la establecida en el
     artículo 6.3.b) de esta ley.
     d) Las infracciones tipificadas en los apartados s) y t) del artículo
     anterior.
     e) Las que produzcan daños cuyo plazo de restauración sea inferior a
     seis meses.
     Artículo 119.-Medidas provisionales.
     1. La Administración competente, o sus agentes de la autoridad,
     podrán adoptar las medidas de carácter provisional que estimen
     necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del
     daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.
     2. En la incoación del procedimiento sancionador, y de acuerdo con la
     legislación aplicable en cada caso, la Administración competente
     deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas
     medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final
     que pudiera recaer.
     Artículo 120.-Prescripción de las infracciones.
     1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años
     para las muy graves, de tres años para las graves y de un año para
     las leves.
     2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha
     en que hubieran concluido los actos constitutivos de las
     infracciones.
     3. La iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento del
     interesado, interrumpirá la prescripción. Se reanudará el plazo de
     prescripción si el procedimiento sancionador estuviese paralizado
     durante un mes por causa no imputable al presunto responsable.
     Artículo 121.-Responsabilidad penal.
     1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta
     penal, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del
     órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del
     procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya
     dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso, sin
     perjuicio de las facultades de los funcionarios que desempeñen
     funciones de policía administrativa forestal que se derivan de su
     condición de policía judicial en el sentido genérico establecido en
     la normativa estatal procesal.
     2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa
     en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y
     del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o
     falta penal, el órgano competente continuará, en su caso, el
     procedimiento administrativo sancionador teniendo en cuenta los
     hechos declarados probados en la resolución firme del órgano judicial
     competente.
     3. El plazo de prescripción previsto en el artículo anterior se
     interrumpirá durante la tramitación del procedimiento judicial.
     Artículo 122.-Potestad sancionadora.
     1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley
     corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
     través del departamento competente en materia de medio ambiente, o a
     las comarcas en las materias de su competencia.
     2. Esta potestad se ejercerá de conformidad con el procedimiento
     sancionador vigente.
     Artículo 123.-Clasificación de las infracciones y cuantía de las
     sanciones.
     1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente serán sancionadas
     con las siguientes cuantías:
     a) Infracciones leves: multa de 100 a 1.000 euros.
     b) Infracciones graves: multas de 1.001 a 100.000 euros.
     c) Infracciones muy graves: multas de 100.001 a 1.000.000 euros.
     2. En el supuesto de que el beneficio derivado de una infracción
     supere la cantidad establecida en el apartado anterior, podrá
     elevarse la cuantía de la multa hasta superar ese beneficio.
     Artículo 124.-Registro de infractores.
     1. El departamento competente en materia de medio ambiente creará un
     Registro de infractores de la Ley de Montes de Aragón, en el cual se
     inscribirán las personas físicas y jurídicas sancionadas en virtud de
     resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves.
     2. Reglamentariamente se regulará este Registro.
     Artículo 125.-Reducción de la sanción.
     Podrá reducirse la sanción o su cuantía cuando el infractor haya
     procedido a corregir la situación o el daño producido en el plazo que
     se señale en el correspondiente requerimiento.
     Artículo 126.-Proporcionalidad.
     1. Dentro de los límites establecidos en el artículo 118, la cuantía
     de las sanciones se graduará teniendo en cuenta:
     a) El impacto ambiental de la infracción y la intensidad del daño
     causado.
     b) El grado de reversibilidad del daño o deterioro producido.
     c) La valoración económica de los daños producidos.
     d) El beneficio obtenido por la infracción cometida.
     e) El grado de culpa, intencionalidad o negligencia.
     f) La reincidencia en la infracción realizada.
     g) La disposición del infractor a reparar los daños causados.
     2. La comisión de infracciones en montes catalogados o protectores
     tendrá la consideración de agravante en la graduación de sanciones.
     Artículo 127.-Reparación del daño e indemnización.
     1. A los efectos de esta ley, se entiende por restauración la vuelta
     del monte a la situación anterior a los hechos constitutivos de la
     infracción sancionada, y por reparación las medidas que se adopten
     para lograr su restauración.
     2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en
     cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la
     forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta
     obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público
     forestal.
     3. El infractor esta obligado a indemnizar por los perjuicios
     producidos, y cuando la reparación no sea posible, a indemnizar por
     la parte de los daños que no puedan ser reparados.
     4. Los daños y perjuicios deberán ser evaluados técnicamente por
     separado, abonándose la indemnización al propietario de los montes o
     predios afectados.
     5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 123.2 de la
     presente ley y en el apartado anterior, podrá elevarse la
     indemnización hasta su equivalencia con el beneficio económico del
     infractor cuando este supere a los daños y perjuicios evaluados.
     6. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o
     restauración se determinarán según informe técnico debidamente
     motivado al que se referirá la resolución sancionadora.
     7. En el cálculo de los daños se tendrán en cuenta:
     a) El presupuesto de reparación.
     b) El valor de los bienes dañados.
     c) El coste del proyecto o de la actividad causante del daño.
     d) El beneficio obtenido con la actividad infractora
     Artículo 128.-Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
     1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización,
     de acuerdo con lo establecido en el artículo
     anterior, y una vez transcurrido el plazo señalado en el
     requerimiento realizado por parte del órgano sancionador competente,
     la Administración instructora podrá acordar la imposición de multas
     coercitivas o la ejecución subsidiaria.
     2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que
     sean suficientes para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una
     de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada
     por la infracción cometida.
     3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será
     a costa del infractor.
     4. Acordada la ejecución subsidiaria, y sin perjuicio de la
     competencia comarcal al respecto, tendrá carácter prioritario el
     destino a dicho fin de los fondos de mejoras establecidos en el
     artículo 79 de la presente ley.
     Artículo 129.-Prestación ambiental sustitutoria.
     Previa solicitud de la persona sancionada en virtud de resolución
     administrativa firme por la comisión de una falta no calificada como
     muy grave, el órgano sancionador podrá autorizar que la multa
     impuesta sea sustituida por alguna actuación ambiental de
     restauración, conservación o mejora que afecte a los montes. Las
     condiciones para la realización de dicha prestación las determinará
     el órgano sancionador.
     Artículo 130.-Decomiso.
     El órgano competente en materia sancionadora podrá acordar el
     decomiso, tanto de los productos ilícitamente obtenidos como de los
     instrumentos y medios utilizados, quedando en depósito en los
     correspondientes ayuntamientos hasta que se acuerde por la
     Administración pública el destino que proceda.
     Artículo 131.-Prescripción de las sanciones.
     1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves
     prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por faltas
     graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente.
     2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
     desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
     por la que se impone la sanción.
     3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
     interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
     el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no
     imputable al infractor.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Disposición adicional primera.-Competencias del Instituto Aragonés de
     Gestión Ambiental.
     En aplicación de lo previsto en el artículo 8.1 de la presente ley,
     corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de acuerdo
     con su distribución competencial, la resolución de los procedimientos
     administrativos y la emisión de informes en los supuestos que
     seguidamente se relacionan:
     a) La declaración de utilidad pública de montes, siempre que los
     correspondientes procedimientos se inicien a instancia de parte.
     b) La autorización de permutas, prevalencias y concurrencias de
     demanialidades que afecten a montes catalogados, siempre que los
     correspondientes procedimientos se inicien a instancia de parte.
     c) La inclusión o exclusión de montes de titularidad privada en el
     Registro de montes protectores, siempre que los correspondientes
     procedimientos se inicien a instancia de parte.
     d) La autorización de apertura de nuevas vías de saca o pistas
     forestales y ensanche de las existentes en montes no catalogados.
     e) Los informes en procedimientos de desafectación de montes
     demaniales no catalogados.
     f) Los informes preceptivos en materia de montes en procedimientos de
     concentración parcelaria, planeamiento urbanístico y en cualesquiera
     otras actuaciones administrativas que conlleven cambio de uso
     forestal.
     g) Las autorizaciones de forestación y adquisición de la condición
     legal de monte, en procedimientos que se inicien a instancia de
     parte.
     h) El otorgamiento de concesiones de uso privativo en montes
     catalogados.
     i) La aprobación de instrumentos de gestión forestal en montes
     patrimoniales o demaniales no catalogados y en montes de dominio
     privado.
     j) La expedición de licencias de aprovechamientos o permisos de corta
     en montes no catalogados.
     k) La modificación y rescisión de consorcios o convenios de
     repoblación.
     l) La emisión de informes sobre actividades extractivas de recursos
     mineros que afecten a montes, en procedimientos que se inicien a
     instancia de parte.
     Disposición adicional segunda.-Acción pública.
     Será pública la acción de exigir ante los órganos administrativos y
     judiciales competentes la observancia de lo establecido en esta ley y
     en las normas que puedan dictarse para su desarrollo y aplicación.
     Disposición adicional tercera.-Plazo de abandono de terrenos
     agrícolas.
     Excepcionalmente, para parcelas concretas y previa solicitud
     justificada, podrán concederse ampliaciones del plazo establecido en
     el apartado 3.a) del artículo 6 de esta ley.
     Disposición adicional cuarta.-Consorcios y convenios de repoblación
     sobre montes públicos.
     1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad
     pública podrán rescindirse, previa su declaración de utilidad pública
     y consiguiente catalogación, produciéndose, por efecto de la
     catalogación, la condonación de la deuda que se mantenga a favor de
     la Administración de la Comunidad Autónoma por los trabajos
     realizados en cumplimiento del consorcio o convenio, sin perjuicio,
     no obstante, de que continúe subsistente el derecho de vuelo a su
     favor hasta el momento en que se cumpla el ciclo de vida de los
     ejemplares que fueron repoblados por la Administración forestal,
     desapareciendo por cualquier causa o
     sustituyéndose naturalmente por nuevos ejemplares.
     2. Los mismos derechos y condiciones económicas serán de aplicación a
     los consorcios y convenios de repoblación existentes sobre montes ya
     catalogados a la entrada en vigor de esta ley.
     Disposición adicional quinta.-Consorcios y convenios de repoblación
     sobre montes privados.
     1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad
     privada podrán rescindirse, previa su declaración como montes
     protectores y consiguiente inclusión en Registro de montes
     protectores, produciéndose por efecto de la inscripción la
     condonación de la deuda que se mantenga a favor de la Administración
     de la Comunidad Autónoma por los trabajos realizados en cumplimiento
     del consorcio o convenio, sin perjuicio, no obstante, de que continúe
     subsistente el derecho de vuelo a su favor hasta el momento en que se
     cumpla el ciclo de vida de los ejemplares que fueron repoblados por
     la Administración forestal, desapareciendo por cualquier causa o
     sustituyéndose naturalmente por nuevos ejemplares.
     2. Excepcionalmente, por razones de interés público, el Gobierno de
     Aragón podrá declarar de utilidad pública los fines del ejercicio de
     la potestad de expropiación forzosa para su incorporación al dominio
     público forestal de los montes de propiedad privada consorciados o
     conveniados cuyas características los hagan susceptibles de ser
     catalogados, previa audiencia de su titular y mediante la
     acreditación de tal circunstancia en el expediente a que dé lugar esa
     declaración.
     Disposición adicional sexta.-Montes pertenecientes a sociedades
     extintas o sin capacidad de obrar.
     Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se podrá declarar la utilidad
     pública para la expropiación forzosa e incorporación al dominio
     público forestal de los montes que cumplan alguna de las
     características y funciones establecidas para la catalogación de
     montes públicos en la presente ley y pertenezcan a sociedades o
     personas jurídicas que hayan perdido su capacidad de obrar o se hayan
     extinguido y se encuentren pendientes de liquidación.
     Disposición adicional séptima.-Creación del Comité Forestal de
     Aragón.
     En el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor de
     esta ley, el Gobierno de Aragón procederá a la creación del Comité
     Forestal de Aragón, previsto en el artículo 59 de la presente ley.
     Disposición adicional octava.-Inventario de pistas forestales.
     1. El Departamento de Medio Ambiente elaborará un inventario de
     pistas forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, que deberá mantener actualizado, incluyendo, para cada pista
     o tramo individualizado de su trazado, su representación
     cartográfica, la información referente a su titularidad, las
     servidumbres a las que se afecta y las condiciones de acceso libre o
     restringido para el público y para la circulación de vehículos de
     motor.
     2. A tal fin, los propietarios de los montes, cualquiera que sea su
     titularidad, deberán poner en conocimiento del Departamento de Medio
     Ambiente, directamente o a requerimiento de la Administración, los
     datos de los que dispongan y que deban incluirse en el inventario.
     Disposición adicional novena.-Montes sometidos a enfiteusis.
     1. Los montes cuyo dominio útil o parte de él corresponda a cualquier
     entidad pública se considerarán públicos, aunque el dominio directo
     pertenezca a un particular.
     2. Si el dominio útil de un monte corresponde a una entidad pública,
     podrá su dueño ofrecer al de dominio directo el rescate del canon,
     haciéndose la redención por el precio convenido o mediante equitativo
     aprecio del valor, capitalizando su importe al cuatro por ciento.
     Disposición adicional décima.-Actualización de multas.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar mediante decreto la
     cuantía de las multas establecidas en la presente ley de acuerdo con
     el índice de precios de consumo.
     Disposición adicional undécima.-Adecuación de aprovechamientos de
     montes privados.
     Los propietarios de montes privados deberán adecuar sus
     aprovechamientos y su gestión a los planes de ordenación e
     instrumentos de gestión previstos en la presente ley, de acuerdo con
     las directrices que emita el departamento competente en materia de
     medio ambiente.
     Disposición adicional duodécima.-Personal de auxilio al director
     técnico de extinción.
     No obstante lo establecido en el artículo 103.2 de la presente ley,
     el director técnico de extinción podrá ser auxiliado en el ejercicio
     de sus funciones por personal que no ostente la condición de
     funcionario en todas aquellas tareas que no exijan el ejercicio de
     potestades públicas.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Disposición transitoria primera.-Competencias comarcales.
     1. En tanto no sean expresamente transferidas las funciones y
     traspasados los medios y servicios que la presente ley atribuye a las
     comarcas, estas serán ejecutadas por el Departamento de Medio
     Ambiente, excepto las relativas a la redacción de los planes de
     ordenación de los recursos forestales, cuya aprobación será previa a
     dichas transferencias.
     2. Mientras las comarcas no dispongan de medios técnicos propios, y
     sin perjuicio de que se puedan establecer encomiendas de gestión o
     mecanismos de colaboración supracomarcales, corresponde al
     Departamento de Medio Ambiente prestar el apoyo técnico que dichas
     entidades locales precisen para la ejecución de las competencias que
     la presente ley les atribuye.
     Disposición transitoria segunda.-Excepciones a las superficies
     mínimas de monte.
     Todos los ribazos o márgenes de cultivo, a los que se refiere el
     apartado 5.c) del artículo 6 de la presente ley, tendrán la
     consideración de monte en tanto no se lleve a cabo su desarrollo
     reglamentario.
     Disposición transitoria tercera.-Riberas deslindadas con arreglo a la
     Ley de 18 de octubre de 1941 de repoblación de las riberas de ríos y
     arroyos.
     La Comunidad Autónoma de Aragón mantendrá la titularidad de las zonas
     de ribera deslindadas o inscritas a su nombre en el Registro de la
     Propiedad con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
     presente ley.
     Disposición transitoria cuarta.-Instrumentos de gestión forestal en
     montes consorciados o conveniados.
     En tanto no se lleve a cabo lo previsto en las disposiciones
     adicionales quinta y sexta, la gestión de los aprovechamientos en
     montes consorciados o conveniados se someterá a lo que se disponga en
     los instrumentos de gestión mediante un régimen semejante al previsto
     para los montes catalogados y para los montes protectores,
     respectivamente.
     Disposición transitoria quinta.-Vigencia de los planes actuales.
     En tanto no se aprueben los instrumentos de planificación forestal a
     que hace referencia esta ley, seguirán en vigor los actualmente
     existentes.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-General.
     1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
     se opongan a lo establecido en la presente ley.
     2. En particular, queda derogado el artículo 2 de la Ley 8/2004, de
     20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
     DISPOSICIONES FINALES
     Disposición final primera.-Derecho supletorio.
     Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal, las
     leyes y desarrollos reglamentarios estatales en materia de montes
     tendrán el valor de derecho supletorio respecto a lo establecido en
     la presente ley y en la restante normativa forestal propia de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     Disposición final segunda.-Catálogo de Arboles Singulares de Aragón.
     1. Se entiende por Arboles Singulares aquellos ejemplares o
     formaciones vegetales que sean representativos por cumplir alguna de
     las siguientes características:
     a) Rareza por número o distribución, así como por las
     particularidades de su desarrollo o su ubicación.
     b) Medidas excepcionales dentro de su especie o edad, o por sus
     particularidades científicas.
     c) Que tengan un interés cultural, histórico o popular.
     2. Por decreto del Gobierno de Aragón, se creará el Catálogo de
     Arboles Singulares como registro público de carácter administrativo,
     estableciéndose reglamentariamente su régimen de protección y de
     acceso público.
     3. La inclusión en el Catálogo de Arboles Singulares exigirá la
     previa declaración de árbol singular, mediante el procedimiento que
     reglamentariamente se establezca.
     4. El acceso público a los árboles singulares de propiedad privada
     exigirá de otorgamiento previo de acuerdo o convenio entre el
     Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente, y
     sus propietarios particulares.
     Disposición final tercera.-Acceso a la escala de agentes de
     protección de la naturaleza.
     1. El Gobierno de Aragón o, en su caso, el departamento competente en
     materia de función pública de su Administración, promoverá la
     modificación normativa que sea procedente para asegurar, conforme a
     lo dispuesto en la presente ley y en la legislación básica estatal,
     que en los procedimientos selectivos para el acceso a la escala de
     agentes de protección de la naturaleza se exigirá la formación
     específica que capacite al aspirante para el correcto desarrollo de
     sus funciones.
     2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los
     funcionarios de la actual escala de agentes de protección de la
     naturaleza pertenecientes al grupo D que carezcan del título de
     bachiller o equivalente podrán participar en las convocatorias de
     promoción al grupo C, siempre que tengan una antigüedad de diez años
     en el grupo D o de cinco años en dicho grupo más la superación de un
     curso específico.
     Disposición final cuarta.-Modificación de la Ley 8/2004, de 20 de
     diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
     Se modifica el artículo 1, apartado 1, de la Ley 8/2004, de 20 de
     diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, que
     queda redactado de la forma siguiente:
     «Se crea la Red Natural de Aragón, en la que se integran, como
     mínimo, los espacios naturales protegidos regulados en la Ley 6/1998,
     de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parques
     Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos
     Naturales y Paisajes Protegidos), que hayan sido declarados a través
     de su correspondiente instrumento normativo en la Comunidad Autónoma
     de Aragón, los humedales de importancia internacional incluidos en el
     Convenio RAMSAR, las Reservas de la Biosfera, los espacios incluidos
     en la Red Natura 2000, los montes incluidos en el Catálogo de Montes
     de Utilidad Pública de Aragón, los humedales y los árboles singulares
     y cualquier otro hábitat o elemento que se pueda identificar como de
     interés natural en la Comunidad Autónoma de Aragón».
     Disposición final quinta.-Modificación de la Ley 5/2002, de 4 de
     abril, de Caza de Aragón.
     La Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, queda modificada
     como sigue:
     Uno. Se suprimen los apartados 5 y 6 del artículo 71.
     Dos. Se añade un artículo 71 bis con la siguiente redacción:
     «Artículo 71 bis.-De la indemnización por daños no agrarios.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón asumirá el
     pago de las indemnizaciones a que haya lugar a favor de los
     perjudicados por daños de naturaleza distinta de la agraria causados
     por especies cinegéticas, a reserva de la posibilidad de ejercitar su
     derecho de repetición frente a los responsables y titulares de los
     acotados en los casos en que se hubiera dado lugar a ello.
     2. En cualquier caso, la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón quedará exonerada de esa obligación de pago en los siguientes
     casos:
     a) Cuando los propios perjudicados, mediante su culpa o negligencia,
     hayan concurrido a la producción del daño.
     b) Cuando el accidente o siniestro no sea consecuencia directa de la
     acción de cazar.
     c) Cuando no se haya observado la debida diligencia en la
     conservación del terreno acotado, en cumplimiento de las obligaciones
     que a tal fin la normativa de caza impone a su titular.
     3. Para asumir esa obligación de pago podrán establecerse los
     mecanismos aseguradores oportunos.
     4. Reglamentariamente se establecerá a tal fin un procedimiento
     administrativo específico, en el que se dará audiencia al titular del
     acotado, ante el órgano competente de la Administración de la
     Comunidad Autónoma de Aragón para determinar en su caso la
     procedencia de dicho pago.
     5. En todo caso, la asunción por la Administración de la Comunidad
     Autónoma del pago de las indemnizaciones por la responsabilidad que
     pudiera corresponder a terceros, en los términos establecidos en la
     presente ley, no exonerará de la responsabilidad patrimonial que
     pudiera corresponder a otras Administraciones públicas derivada del
     ejercicio de sus propias competencias».
     Disposición final sexta.-Revisión del Catálogo de Montes de Utilidad
     Pública y del Registro de montes protectores.
     El departamento competente en materia de medio ambiente, en el plazo
     de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, revisará las
     descripciones y anotaciones, en general, relativas a los montes
     incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o en el
     Registro de montes protectores, mediante los procedimientos previstos
     en la presente ley.
     Disposición final séptima.-Habilitación normativa.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para que pueda dictar cuantas
     disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta
     ley.
     Disposición final octava.-Habilitación de desarrollo.
     Se faculta al titular del departamento competente en materia de medio
     ambiente para que mediante orden establezca las condiciones que
     deberán reunir los profesionales que desempeñen tareas de extinción
     de incendios.
     Disposición final novena.-Entrada en vigor.
     La presente ley entrara en vigor a los treinta días de su publicación
     en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución
     y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 28 de diciembre de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU