Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20061228
Fecha de Publicacion: 30/12/2006
Número de boletín: 149
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón.

Texto
     LEY 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
     Consumidores y Usuarios de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín
     oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     INDICE
     PREAMBULO TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
     Artículo 2.-Principio general de protección de los consumidores y
     usuarios.
     Artículo 3.-Concepto de consumidor y usuario.
     Artículo 4.-Derechos básicos de los consumidores.
     Artículo 5.-Colectivos de consumidores especialmente protegibles.
     Artículo 6.-Productos, bienes y servicios objeto de especial
     atención.
     Artículo 7.-Irrenunciabilidad de los derechos de los
     consumidores.
     TITULO I DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
     CAPITULO PRIMERO
     Protección de la salud y seguridad
     Artículo 8.-Productos, bienes y servicios seguros y
     medioambientalmente adecuados.
     Artículo 9.-Sujetos responsables.
     Artículo 10.-Obligaciones de los sujetos responsables.
     Artículo 11.-Vigilancia y control.
     Artículo 12.-Inmovilización de bienes y productos y cierre o
     suspensión de establecimientos y servicios.
     Artículo 13.-Avisos especiales a ciudadanos potencialmente expuestos
     a riesgos.
     CAPITULO SEGUNDO
     Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales
     Sección primera
     Principios generales de actuación,
     de protección y de garantía
     Artículo 14.-Principio general de protección al consumidor. 
     Condición más beneficiosa.
     Artículo 15.-Actuación de las Administraciones públicas de Aragón.
     Artículo 16.-Protección de contenidos básicos en relación con los
     intereses económicos y sociales de los consumidores.
     Artículo 17.-Garantías y recambios.
     Artículo 18.-Protección especial en materia de vivienda.
     Sección segunda
     Protección jurídica y reparación de daños
     Artículo 19.-Derecho a la protección jurídica y a la reparación o
     indemnización por daños.
     Sección tercera
     Solución extrajudicial de conflictos
     Artículo 20.-Mediación.
     Artículo 21.-Arbitraje. Sistema arbitral de consumo.
     Artículo 22.-Fomento del sistema arbitral de consumo.
     Artículo 23.-El sector público y el sistema arbitral de consumo.
     CAPITULO TERCERO
     Derecho a la información
     Artículo 24.-Principio general.
     Artículo 25.-Extensión del derecho de información.
     Artículo 26.-Información en materia de precios.
     Artículo 27.-Fomento de la información.
     Artículo 28.-Oficinas de información al consumidor. Implantación
     obligatoria de oficinas municipales y comarcales.
     Artículo 29.-Funciones de las oficinas de información al consumidor.
     Artículo 30.-Datos a facilitar a las oficinas de información al
     consumidor.
     Artículo 31.-Campañas de información.
     Artículo 32.-Campañas específicas de información en materia de
     seguridad en el consumo. Memoria anual pública.
     Artículo 33.-Promoción y difusión de espacios informativos y
     divulgativos sobre consumo.
     Artículo 34.-La información al consumidor a través de las nuevas
     tecnologías.
     CAPITULO CUARTO
     Protección del consumidor en la sociedad de la información
     Artículo 35.-El consumo en la sociedad de la información.
     Artículo 36.-Principio de equiparación en la protección.
     Artículo 37.-Empresarios y profesionales de la sociedad de la
     información.
     Artículo 38.-Aplicación del derecho público aragonés.
     Artículo 39.-Particularidades respecto de la información.
     Artículo 40.-Presunción de que los actos por los que se adquieren o
     conciertan bienes o servicios en la sociedad de la información son
     actos de adhesión.
     Artículo 41.-Reclamaciones por vía electrónica.
     Artículo 42.-Fomento del arbitraje de las empresas que operan en la
     sociedad de la información.
     Artículo 43.-Inmovilización o retirada de productos o servicios en
     redes electrónicas, telemáticas o informáticas.
     CAPITULO QUINTO
     Derecho a la educación y a la formación
     Artículo 44.-Principio general.
     Artículo 45.-Actuaciones y programas.
     Artículo 46.-La defensa del consumidor y el sistema educativo.
     Artículo 47.-Cooperación interadministrativa para la formación.
     CAPITULO SEXTO
     Participación, representación y consulta
     Artículo 48.-Asociaciones de consumidores y usuarios.
     Artículo 49.-Cooperativas de consumidores y usuarios.
     Artículo 50.-Derechos de las asociaciones de consumidores.
     Artículo 51.-Las Administraciones públicas y las asociaciones de
     consumidores.
     Artículo 52.-Beneficios atribuibles a las asociaciones de
     consumidores.
     Artículo 53.-Control público del funcionamiento y actividad de las
     asociaciones de consumidores.
     Artículo 54.-Obligaciones y deberes de las asociaciones de
     consumidores.
     Artículo 55.-Trámite de audiencia.
     Artículo 56.-Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
     Artículo 57.-Consejo Aragonés de Consumo.
     TITULO II COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS E INSPECCION
     DE CONSUMO
     CAPITULO PRIMERO
     Competencias de las Administraciones públicas
     Artículo 58.-Administraciones públicas.
     Artículo 59.-Municipios y demás entidades locales.
     Artículo 60.-Comarcas.
     Artículo 61.-Administración de la Comunidad Autónoma.
     CAPITULO SEGUNDO
     Inspección de Consumo
     Artículo 62.-Deber general de control e inspección.
     Artículo 63.-Servicios de Inspección de Consumo.
     Artículo 64.-Funciones de la Inspección de Consumo.
     Artículo 65.-Obligaciones ante la Inspección de Consumo.
     Artículo 66.-Carácter de autoridad y cooperación y coordinación
     interadministrativas.
     Artículo 67.-Realización de las actuaciones inspectoras.
     Artículo 68.-Visitas de inspección.
     Artículo 69.-Toma de muestras.
     Artículo 70.-Citaciones.
     Artículo 71.-Requerimientos.
     Artículo 72.-Documentación de la actuación inspectora.
     TITULO III DE LA POTESTAD SANCIONADORA
     CAPITULO PRIMERO
     Competencia y procedimiento
     Artículo 73.-Potestad sancionadora.
     Artículo 74.-Organos administrativos competentes.
     Artículo 75.-Actuaciones y medidas provisionales.
     CAPITULO SEGUNDO
     Tipificación de las infracciones
     Artículo 76.-Infracciones en materia de protección a la salud y
     seguridad de los consumidores.
     Artículo 77.-Infracciones por alteración, adulteración, fraude o
     engaño.
     Artículo 78.-Infracciones por transacciones comerciales, condiciones
     técnicas de venta y en materia de precios y garantía.
     Artículo 79.-Infracciones en materia de normalización, documentación
     y condiciones de venta.
     Artículo 80.-Otras infracciones.
     CAPITULO TERCERO
     Calificación de las infracciones
     Artículo 81.-Clasificación de las infracciones.
     Artículo 82.-Infracciones leves.
     Artículo 83.-Infracciones graves.
     Artículo 84. Infracciones muy graves.
     CAPITULO CUARTO
     Responsabilidad
     Artículo 85.-Sujetos responsables.
     Artículo 86.-Responsabilidades en supuestos de extinción de personas
     jurídicas.
     Artículo 87.-Restitución de la situación alterada por la infracción.
     Artículo 88.-Restitución de cantidades indebidamente percibidas.
     Artículo 89.-Ejecución forzosa.
     CAPITULO QUINTO
     Sanciones
     Artículo 90.-Sanciones pecuniarias. Cuantías.
     Artículo 91.-Amonestaciones.
     Artículo 92.-Sanciones complementarias en supuestos de infracciones
     graves o muy graves.
     Artículo 93.-Efectos accesorios de las sanciones.
     Artículo 94.-Graduación de las sanciones. Circunstancias atenuantes y
     agravantes.
     Artículo 95.-Reincidencia y reiteración.
     CAPITULO SEXTO
     Concurso de infracciones
     Artículo 96.-Concurso de infracciones.
     Artículo 97.-Principio de non bis in idem.
     Artículo 98.-Principios de proporcionalidad y efectividad de las
     sanciones.
     CAPITULO SEPTIMO
     Prescripción
     Artículo 99.-Prescripción.
     DISPOSICION ADICIONAL
     Disposición adicional única.-Aplicación preferente de la legislación
     específica en materia de vivienda protegida.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Disposición transitoria primera.-Oficinas de información a los
     consumidores en las comarcas.
     Disposición transitoria segunda.-Régimen transitorio de los
     procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia
     de esta ley.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación normativa.
     DISPOSICIONES FINALES
     Disposición final primera.-Desarrollo reglamentario.
     Disposición final segunda.-Subsistencia del derecho reglamentario
     anterior.
     Disposición final tercera.-Revisión de cuantías.
     Disposición final cuarta.-Entrada en vigor.
     PREAMBULO
     La defensa de los consumidores y usuarios constituye una pieza clave
     del Estado constitucional, y su necesaria garantía es
     principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. En ese contexto,
     el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.19.ª,
     confiere a la Comunidad Autónoma de Aragón competencias exclusivas en
     materia de comercio interior y defensa del consumidor y del usuario,
     sin perjuicio de la política general de precios, de la libre
     circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación
     sobre defensa de la competencia, a cuyo amparo se dictó en su día la
     Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario
     de la Comunidad Autónoma de Aragón que, aun reconociendo sus amplios
     niveles de protección del consumidor, medidos en términos relativos
     en relación con otras leyes autonómicas que son cabecera en la
     materia en sus respectivos ámbitos geográficos, ha venido a resultar
     necesitada de actualización, habida cuenta que la materia consumo,
     aun circunscrita específicamente a su vertiente jurídica de defensa
     del consumidor y del usuario, es de imposible aprehensión en su
     totalidad por lo impreciso del concepto, por el carácter cambiante y
     volátil de lo que bajo él subyace y por su vocación indiscutiblemente
     expansiva, elementos éstos que someten a los instrumentos normativos
     reguladores a unos riesgos específicos de obsolescencia sobrevenida,
     riesgos que han determinado el inicio de un nuevo proceso de
     actualización normativa.
     La incidencia de la reciente producción normativa europea en la
     materia y, sobre todo, la necesidad de incorporar la protección del
     consumidor a nuevas situaciones derivadas de la implantación de
     nuevas tecnologías, unido todo ello a la posibilidad de aprovechar
     esa coyuntura para reforzar las cuestiones relativas a inspección,
     eficacia y control, así como para adoptar un derecho sancionador más
     eficaz y para incluir nuevas concepciones protectoras, han sido las
     circunstancias que han motivado la determinación de proceder al
     dictado de una nueva Ley que no reniega de la anterior, sino que la
     toma como punto de partida y viene en la práctica a integrar sus
     contenidos como base indiscutible para dar un paso adelante en
     materia de protección del consumidor y usuario.
     En el marco señalado, esta nueva Ley, que se desarrolla a lo largo de
     cuatro extensos títulos, inicia su articulado con un Título
     preliminar que, tomando como telón de fondo el contenido de la vieja
     Ley mediatizado por las nuevas concepciones derivadas de la
     legislación europea y del derecho nacional comparado, recoge las
     definiciones y principios básicos sobre los que se construirá la
     protección de los consumidores y usuarios, incluyendo desde los
     conceptos de consumidor, de colectivos de consumidores y usuarios
     especialmente protegibles y de productos, bienes y servicios objeto
     de especial atención hasta el catálogo general de derechos básicos de
     los consumidores, pasando por los principios generales de protección
     de los consumidores y de irrenunciabilidad de derechos en la materia.
     El Título I, bajo la rúbrica «Derechos de los consumidores y
     usuarios», aborda el desarrollo pormenorizado de éstos a través de
     seis capítulos que regulan respectivamente los derechos de los
     consumidores a la protección de la salud y seguridad, a la protección
     de los intereses económicos y sociales, a la información, a la
     protección del consumidor en la sociedad de la información, a la
     educación y a la formación y, por último, a la representación,
     consulta y participación.
     De este catálogo debe destacarse como cuestión más novedosa la
     relativa a la protección del consumidor en el contexto de las nuevas
     tecnologías o, si se quiere utilizar la denominación
     técnico-jurídica, en el contexto de la sociedad de la información. En
     este punto, la Ley parte de la consideración de que existe un nuevo
     espacio que debe cubrirse desde el derecho
     público aragonés para la defensa de consumidores y usuarios. Así,
     partiendo de un principio básico de equiparación necesaria en la
     protección del consumidor en la sociedad de la información, la Ley
     considera necesario aludir a cuestiones tales como los nuevos sujetos
     responsables en un contexto en el que el comerciante, distribuidor o
     prestador de servicios tradicional ha sido sustituido por operadores
     diversos que reciben denominaciones tales como proveedores de
     servicios de la sociedad de la información, proveedores de acceso a
     redes telemáticas, titulares de medios de pago operativos en red;
     también considera necesario entrar en cuestiones tales como la
     aplicación del derecho público aragonés en la materia, las
     particularidades respecto de la información que debe acompañar a
     estas a veces peculiares ofertas y la presunción de que los actos por
     los que se adquieren o conciertan bienes o servicios en la sociedad
     de la información son actos de adhesión, así como entiende la
     necesidad de abordar, siquiera sea en los inicios de una práctica
     inexistente todavía hoy, el futuro de las reclamaciones por vía
     electrónica, el fomento del arbitraje a través de medios electrónicos
     o, en el plano más puramente protector, la inmovilización o retirada
     de productos o servicios en redes electrónicas, telemáticas o
     informáticas del mismo modo que se puede proceder a esta
     inmovilización de productos o servicios en establecimientos de
     comercio o consumo tradicionales.
     Al margen de la anterior novedad es importante reseñar que, en el
     plano de la regulación de los demás derechos, se hace especial
     hincapié en diversas cuestiones novedosas que van desde el
     establecimiento del principio de la condición más beneficiosa a favor
     del consumidor hasta un decidido apoyo a la mediación y el arbitraje
     de consumo, que incluye medidas de fomento que inciden en el mundo de
     la contratación administrativa, pasando por una profundización en las
     medidas reguladoras de la protección y seguridad de los consumidores
     y sus derechos de información, con una nueva configuración de las
     oficinas públicas y privadas que se regulan al respecto, e incluyendo
     una más amplia regulación de las asociaciones de consumidores.
     El Título II de la Ley, bajo la rúbrica «Competencias de las
     Administraciones públicas e Inspección de Consumo» incorpora a esta
     legislación una alusión a las respectivas competencias en materia de
     protección y defensa de los consumidores de las Administraciones
     públicas aragonesas y, posteriormente, aborda una regulación
     pormenorizada de la Inspección de Consumo, que se reputaba
     estrictamente necesaria para satisfacer las necesidades de control
     que esta materia impone, abordándose desde el deber general de
     control e inspección y las funciones de la Inspección de Consumo,
     constituida como autoridad, hasta las obligaciones para con ella y
     ante ella, pasando por una pormenorizada regulación de la realización
     de las actuaciones inspectoras, visitas de inspección, tomas de
     muestras, documentación de la actuación inspectora, etc.
     El Título III, dedicado a la potestad sancionadora, se estructura en
     siete capítulos y contiene una pormenorizada regulación de un moderno
     derecho sancionador que, amén de incorporar conceptos no utilizados
     expresamente por la Ley anterior, tales como infracción masiva,
     infracción continuada, concurso de normas y catálogo de atenuantes y
     agravantes, presta una especial atención a la extensión de la
     responsabilidad y a la obligación de restitución de la legalidad
     paralela al procedimiento sancionador, estableciéndose un marco
     abierto para que el órgano competente para sancionar imponga al
     infractor, en concepto de restitución de la legalidad, y como
     consecuencia de la infracción cometida, determinadas obligaciones de
     hacer o de dar que incluso contemplan expresamente la de la
     devolución automática e inmediata al consumidor de las cantidades
     indebidamente cobradas
     por exceder de los precios anunciados o presupuestados, obligaciones
     éstas cuyo incumplimiento, además de poder permitir la apertura de
     vías de ejecución forzosa, puede dar lugar a la imposición por la
     Administración pública actuante de multas coercitivas.
     La ley se completa con una disposición adicional, relativa a la
     aplicación preferente de la legislación específica en materia de
     vivienda protegida; dos disposiciones transitorias, la primera sobre
     las oficinas de información a los consumidores en las comarcas y la
     segunda sobre el régimen transitorio de los procedimientos
     sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley; y
     una disposición que expresamente deroga la hasta ahora vigente Ley
     8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     Por vía de disposiciones finales se deroga la Ley anterior, se
     mantiene el derecho reglamentario que la desarrolló en lo que no
     contravenga expresamente esta Ley y se faculta al Gobierno de Aragón
     para dictar cuantas disposiciones de desarrollo sean convenientes,
     habilitación de especial importancia en una materia sujeta a una
     evolución coyuntural tan rápida como es ésta de la protección de los
     consumidores y usuarios.
     TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
     La presente Ley tiene por objeto la regulación de la protección y
     defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de la Comunidad
     Autónoma de Aragón.
     Artículo 2.-Principio general de protección de los consumidores y
     usuarios.
     1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las
     Administraciones públicas de Aragón garantizarán con medidas eficaces
     la defensa y protección de los consumidores y usuarios, dentro del
     ámbito de su competencia.
     2. Las Administraciones públicas de Aragón velarán especialmente y
     colaborarán, de acuerdo con la legislación vigente, por la defensa y
     protección de los consumidores y usuarios en situaciones
     catastróficas o de emergencia, o de perturbación grave en el
     abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y de
     servicios esenciales para la comunidad.
     Artículo 3.-Concepto de consumidor y usuario.
     1. A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de consumidores
     y usuarios las personas físicas o jurídicas y las entidades
     asociativas sin personalidad jurídica que, en concepto de
     destinatarios finales, adquieren, utilizan o disfrutan productos,
     bienes o servicios de naturaleza pública o privada.
     2. Se entiende que actúan a título de destinatarios finales:
     a) Las personas físicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes,
     productos o servicios de naturaleza pública o privada cuya exclusiva
     finalidad es el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.
     b) Las personas jurídicas y las entidades asociativas sin
     personalidad jurídica que adquieren, utilizan o disfrutan sin ánimo
     de lucro bienes, productos o servicios de naturaleza
     pública o privada.
     3. No tienen la condición de consumidores y usuarios los sujetos
     anteriores cuando adquieren, utilizan o disfrutan bienes, productos o
     servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de
     una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios.
     4. Las referencias efectuadas en esta Ley a los consumidores se
     entenderán hechas a consumidores y consumidoras y a usuarios y
     usuarias.
     Artículo 4.-Derechos básicos de los consumidores.
     Son derechos básicos de los consumidores:
     a) La efectiva protección frente a los riesgos que puedan afectar a
     su salud y seguridad, incluyendo aquéllos que amenacen al medio
     ambiente.
     b) El reconocimiento, protección y realización de sus legítimos
     intereses económicos y sociales.
     c) La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios
     producidos en los bienes, derechos o intereses que esta Ley tutela,
     de conformidad con la legislación vigente.
     d) La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y
     racional sobre las operaciones y sobre los distintos productos,
     bienes y servicios de naturaleza pública o privada susceptibles de
     uso y consumo, de acuerdo con la normativa vigente.
     e) La educación y formación en materia de consumo.
     f) La constitución de asociaciones de consumidores y su
     representación por medio de éstas, así como la audiencia en consulta
     y participación de dichas asociaciones en el procedimiento de
     elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten
     directamente a los consumidores.
     g) La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad,
     subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o
     colectivamente.
     h) Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el
     desarrollo reglamentario de esta Ley o en cualesquiera leyes con
     incidencia directa o sectorial en materia de consumo.
     Artículo 5.-Colectivos de consumidores especialmente protegibles.
     1. Serán objeto de atención prioritaria y especial protección por
     parte de los poderes públicos los colectivos de consumidores que se
     puedan encontrar en una situación de inferioridad, subordinación,
     indefensión o desprotección más acusada, y especialmente:
     a) Los niños y adolescentes.
     b) Los enfermos.
     c) Las personas con discapacidad.
     d) Las personas mayores.
     e) Las mujeres gestantes.
     f) Los consumidores económica y socialmente más desfavorecidos.
     2. El catálogo anterior de colectivos especialmente protegibles no
     constituye un listado cerrado y podrá ser ampliado
     reglamentariamente.
     Artículo 6.-Productos, bienes y servicios objeto de especial
     atención.
     1. Serán objeto de especial atención, control y vigilancia por parte
     de los poderes públicos los bienes de primera necesidad y los
     servicios esenciales para la comunidad.
     2. En todo caso, y en el ámbito de sus respectivas competencias, las
     Administraciones públicas de Aragón, sin perjuicio de las que en cada
     caso puedan adoptarse, ejercerán medidas de vigilancia especial y
     permanente sobre:
     a) Los alimentos y bebidas y los establecimientos donde se elaboren,
     almacenen, expendan o comercialicen y, en particular, los bienes y
     productos de carácter perecedero o de consumo rápido.
     b) Los productos tóxicos y sustancias peligrosas.
     c) Las viviendas, públicas o privadas, y sus servicios comunitarios,
     tales como fluido eléctrico, gas, agua, saneamiento y ascensor, así
     como prevención y extinción de incendios.
     d) Los medios de transporte público de personas o mercancías y, en
     particular, de transporte escolar.
     e) Los establecimientos abiertos al público considerados como tales
     por la normativa de aplicación, así como los centros educativos y
     lugares de uso o disfrute comunitario.
     f) Los productos textiles.
     g) Los productos dirigidos a la infancia.
     h) Libros y materiales educativos en los niveles de escolarización
     obligatoria.
     i) La accesibilidad arquitectónica y urbanística, así como en
     relación con el transporte y la comunicación de las personas con
     discapacidad.
     j) Los productos y servicios destinados a la salud y al cuidado
     higiénico y estético de la persona.
     k) Los productos cuya fabricación, uso, consumo, eliminación o
     prestación afecte o pueda afectar de manera relevante y significativa
     al medio ambiente.
     l) Los servicios y productos de telecomunicaciones, Internet o
     relacionados con los servicios de la sociedad de la información.
     m) Los productos y servicios destinados a las personas en situación
     de dependencia o para promoción de la autonomía personal.
     n) Los servicios bancarios, de seguros y de inversiones, incluyendo
     en este último caso a las empresas que publiciten entre los pequeños
     ahorradores toda clase de propuestas de inversión que no estén
     cubiertas por el Fondo de Garantía de Inversiones.
     3. El antecedente listado de bienes y servicios objeto de
     especial atención podrá ser objeto de ampliación reglamentaria.
     Artículo 7.-Irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores.
     Es nula la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos
     en esta Ley, así como todo pacto que tenga por objeto la exclusión de
     su aplicación.
     TITULO I DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
     CAPITULO PRIMERO
     Protección de la salud y seguridad
     Artículo 8.-Productos, bienes y servicios seguros y
     medioambientalmente adecuados.
     1. Los productos, bienes y servicios que por cualquier título se
     pongan a disposición de los consumidores han de ser seguros, no
     debiendo implicar riesgos para su salud o su seguridad. Asimismo,
     deben cumplir con las normas medioambientales vigentes. En tal
     sentido, sólo se podrán comercializar productos, bienes y servicios
     seguros y medioambientalmente adecuados.
     2. Por productos o bienes seguros se entenderán aquéllos que se
     ajustan con idoneidad a las disposiciones específicas sobre seguridad
     de los reglamentos o normas de calidad que les resulten de
     aplicación. En defecto de tales normas se reputarán seguros aquellos
     bienes y productos que en condiciones normales o previsibles,
     incluidas las de duración y, en su caso, de puesta en servicio,
     instalación y de mantenimiento, no comporten riesgo alguno o
     presenten únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del
     producto, dentro del respeto de un elevado nivel de protección de la
     salud y de la seguridad de las personas.
     3. Por servicio seguro se entenderá aquél que, en condiciones de
     prestación o utilización normales o previsibles, no presente riesgos
     tanto para las personas como para el medio ambiente. En particular,
     quien preste o comercialice un servicio seguro habrá de especificar a
     los usuarios:
     a) Las medidas de seguridad y de protección puestas a disposición por
     el oferente del servicio.
     b) Las características del servicio y las recomendaciones acerca de
     su adecuada utilización.
     4. Se podrá considerar que un producto, bien o servicio no es seguro
     cuando presente disfunciones en alguno de los siguientes elementos:
     a) La descripción de las características del producto y, entre ellas,
     su composición, embalaje y las instrucciones para su montaje y
     mantenimiento.
     b) El efecto sobre otros productos cuando, razonablemente, se pueda
     prever su utilización conjunta.
     c) La presentación del producto, su etiquetado, los posibles avisos e
     instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier indicación o
     información por parte del productor.
     d) El nivel de advertencia hacia los consumidores que estén en
     condiciones de mayor riesgo en la utilización del producto, y en
     particular hacia los colectivos especialmente protegibles.
     5. La adecuación medioambiental de un producto o servicio se deduce
     del cumplimiento de las normas medioambientales, lo que implicará la
     exigencia de su acomodación a las disposiciones que sobre esta
     materia sean de aplicación obligatoria en el ámbito de la Comunidad
     Autónoma de Aragón.
     Artículo 9.-Sujetos responsables.
     Los productores, importadores, distribuidores, manipuladores y
     comercializadores de productos y bienes y los suministradores de
     servicios, así como los vendedores y cualesquiera otros profesionales
     intermediarios en el proceso de producción, distribución y
     comercialización, serán responsables de la prestación de servicios
     seguros o de la puesta en el mercado de bienes y productos igualmente
     seguros.
     Artículo 10.-Obligaciones de los sujetos responsables.
     1. Los sujetos responsables estarán obligados a:
     a) Poner en conocimiento previo de los consumidores, a través de los
     medios adecuados y de manera eficaz y suficiente, los riesgos que
     pudieran derivarse de la normal utilización de los productos,
     servicios o actividades, de acuerdo con la naturaleza de los mismos y
     las circunstancias personales de los destinatarios. El cumplimiento
     de estos deberes de información no exime de las demás obligaciones
     establecidas en la presente Ley.
     b) Tomar las medidas adecuadas, según las características de los
     productos, servicios o actividades que produzcan, suministren o
     presten, para conocer en todo momento los riesgos que puedan
     presentarse y actuar en consecuencia, llegando, si fuera necesario, a
     su retirada del mercado, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de
     las asociaciones de consumidores correspondientes y de las
     autoridades pertinentes.
     c) Disponer en un lugar visible del propio producto sus
     características y composición, tipo de embalaje, instrucciones para
     su montaje, uso, mantenimiento y efectos que puede producir sobre
     otros productos o sobre el medio natural.
     d) Indicar en lugar visible las categorías de consumidores que estén
     en situación de mayor peligro en el consumo o utilización de los
     productos, servicios o actividades, con expresa advertencia de las
     personas a las que tal consumo o utilización estén prohibidos.
     e) Presentar el producto etiquetado de manera adecuada, indicando en
     la etiqueta cuantos otros datos de interés no recogidos en el
     presente artículo permitan determinar los riesgos para la salud y la
     seguridad de los consumidores.
     f) Facilitar que los envases y embalajes de los productos, en lo
     posible, sean recuperables, tengan un tamaño reducido y no afecten
     negativamente al medio ambiente.
     2. Los sujetos responsables deberán actuar con diligencia para
     contribuir al cumplimiento de la obligación general de seguridad; en
     particular, se abstendrán de suministrar productos cuando sepan o
     debieran conocer, sobre la base de los elementos de información que
     posean y como profesionales, que los mismos no cumplen con dicha
     obligación. En especial, dentro de los límites de sus actividades
     respectivas, deberán participar en la vigilancia de la seguridad de
     los productos comercializados y colaborarán en las actuaciones
     emprendidas para evitar los
     riesgos que éstos presenten.
     3. El Gobierno de Aragón podrá, por vía reglamentaria, fijar otros
     aspectos sobre información de los productos o servicios, tales como
     el tamaño mínimo de la letra.
     Artículo 11.-Vigilancia y control.
     1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley sobre la Inspección de
     Consumo, las Administraciones públicas de Aragón velarán para evitar
     que los productos o servicios de consumo puedan provocar,
     previsiblemente, riesgo para la salud y seguridad de los consumidores
     o para el medio ambiente.
     2. Asimismo, ejercerán la adecuada vigilancia y control al objeto de
     prevenir y sancionar cualquier infracción que pueda cometerse en la
     elaboración, utilización o circulación de bienes y servicios que no
     cumplan las condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar
     la salud y seguridad de los consumidores y la adecuada protección del
     medio ambiente.
     Artículo 12.-Inmovilización de bienes y productos y cierre o
     suspensión de establecimientos y servicios.
     1. En cualquier caso, detectada la presencia en el mercado de un
     producto o lote de productos y servicios que impliquen o puedan
     implicar riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, los
     órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma competentes en
     la materia deberán adoptar las medidas adecuadas para conseguir su
     localización y, con independencia de las medidas de carácter
     provisional o cautelar previstas en las normas reguladoras del
     procedimiento, podrán acordar, mediante el procedimiento legalmente
     establecido, de forma motivada, el cierre o suspensión temporal del
     funcionamiento de establecimientos, instalaciones o servicios y la
     inmovilización, retirada o restricción de la circulación en el
     mercado de los señalados bienes, productos o servicios.
     2. Sin perjuicio de las medidas de carácter informativo que, cuando
     se haya producido la inmovilización o retirada de mercancías, la
     Administración pudiera adoptar, los empresarios o profesionales
     responsables estarán obligados a informar a los consumidores de las
     medidas adoptadas en los casos, plazos y forma que las autoridades
     competentes determinen en función del riesgo, número de consumidores
     afectados, tipo de población a la que van destinados los productos y
     el perjuicio económico ocasionado a los consumidores.
     3. En los casos a los que se refiere el párrafo 1 de este artículo,
     los inspectores de consumo, directamente, con carácter cautelar y
     provisional y siempre que concurra situación de riesgo urgente o
     inminente, podrán adoptar las señaladas medidas de cierre de
     establecimientos, inmovilización de mercancías y demás de las que
     allí se regulan. En estos supuestos, para el mantenimiento de la
     medida cautelar será necesario que sea ratificada en el plazo de 15
     días por el órgano competente de la Administración de la Comunidad
     Autónoma. De no producirse tal ratificación en ese intervalo de
     tiempo, la medida cautelar adoptada por la Inspección quedará
     automáticamente levantada.
     Artículo 13.-Avisos especiales a ciudadanos potencialmente expuestos
     a riesgos.
     Las Administraciones públicas de Aragón, así como los empresarios o
     profesionales que de conformidad con esta Ley resulten ser sujetos
     responsables en relación con la seguridad, en cuanto tengan
     conocimiento de la existencia de ciudadanos potencialmente
     expuestos a riesgos por el consumo o uso de productos, bienes o
     servicios, actuarán de la manera que estimen más conveniente para que
     esos ciudadanos sean informados a la mayor brevedad posible, incluso
     mediante la publicación de avisos especiales en prensa, radio, medios
     audiovisuales o cualesquiera otros que puedan cumplir eficazmente con
     dicho objetivo informativo.
     CAPITULO SEGUNDO
     Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales
     Sección primera
     Principios generales de actuación, de protección y de garantía
     Artículo 14.-Principio general de protección al consumidor. 
     Condición más beneficiosa.
     1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores
     deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley, en
     sus disposiciones de desarrollo, en las normas civiles, mercantiles y
     en las que regulan el comercio y el régimen de autorización de cada
     producto o servicio, así como en las demás normas que resulten de
     aplicación en relación con cualesquiera actos de consumo.
     2. Las Administraciones públicas de Aragón velarán por que ese
     respeto sea real y efectivo y fomentarán, en el ámbito de sus
     competencias, la protección de esos intereses económicos y sociales.
     3. La concurrencia entre las normas generales de protección del
     consumidor y las disposiciones que afecten directa o indirectamente a
     los consumidores y tengan su origen en la potestad legislativa de la
     Comunidad Autónoma de Aragón o en la potestad reglamentaria de las
     Administraciones públicas aragonesas se resolverá de acuerdo con el
     principio de condición más beneficiosa para el consumidor y usuario.
     Artículo 15.-Actuación de las Administraciones públicas de Aragón.
     A efectos de lo previsto en el artículo anterior, las distintas
     Administraciones públicas de Aragón adoptarán, dentro del marco de
     sus competencias, las medidas precisas para:
     a) Garantizar la libertad de acceso al mercado de los consumidores y
     velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre promoción,
     oferta y venta al público de productos, bienes y servicios,
     especialmente cuando sean esenciales.
     b) Regular la participación de los consumidores en los servicios
     públicos vinculados a las respectivas Administraciones públicas de
     Aragón.
     c) Garantizar, en la utilización de los servicios públicos, el
     mantenimiento de un justo equilibrio de las prestaciones en las
     relaciones económicas de los consumidores.
     d) Vigilar que la actividad publicitaria se desarrolle de conformidad
     con los principios de veracidad, objetividad y autenticidad,
     persiguiendo cualquier manifestación publicitaria engañosa o ilícita
     que atente contra los legítimos intereses de los consumidores. En
     este sentido fomentarán la participación de las asociaciones de
     consumidores en los procedimientos tendentes
     a cesar las campañas publicitarias que no respeten los principios
     citados.
     e) Velar por que las condiciones contenidas en las comunicaciones
     comerciales sean exigibles por los consumidores aun cuando no figuren
     en el contrato suscrito y protegerles de la publicidad engañosa que
     pueda inducir a error o afectar a su comportamiento económico. Si la
     publicidad contiene condiciones más beneficiosas para los
     consumidores que las cláusulas del contrato, prevalecerán sobre
     éstas.
     f) Instar la cesación y rectificación de las prácticas publicitarias
     contrarias a la normativa o falsamente científicas que puedan afectar
     a la salud, seguridad o intereses económicos de los consumidores y,
     en particular, de los colectivos especialmente protegidos por esta
     Ley.
     g) Fomentar la publicidad dirigida a conocer los bienes y productos
     elaborados o fabricados en Aragón.
     h) Proteger a los consumidores, mediante la aprobación de las
     correspondientes reglamentaciones específicas que pudieren ser
     necesarias, en relación con cualesquiera materias que les afecten y,
     en particular, frente a los perjuicios que se pudiesen derivar de las
     ventas ambulantes, a domicilio, por correspondencia, televentas,
     ventas electrónicas, mediante saldos y liquidaciones, o de las que
     incluyan la concesión de un premio, la participación en un sorteo,
     concurso o cualquier clase de prima, y en todas aquellas otras que de
     algún modo puedan redundar en detrimento de la libertad de elección,
     de la comprobación de la calidad o de la voluntad de contratar.
     i) Fomentar, en colaboración con las asociaciones de consumidores y
     las asociaciones de empresarios, la utilización generalizada en el
     tráfico mercantil de condiciones generales de los contratos ajustadas
     a la legalidad vigente, redactadas con claridad y sencillez,
     suprimiendo toda cláusula que atente contra la buena fe y el justo
     equilibrio de las prestaciones.
     Artículo 16.-Protección de contenidos básicos en relación con los
     intereses económicos y sociales de los consumidores.
     En el marco de las actuaciones aludidas en el artículo anterior, las
     Administraciones públicas de Aragón, en el ámbito de sus respectivas
     competencias en materia de defensa de los consumidores, promoverán
     acciones que aseguren el respeto de sus legítimos intereses
     económicos y sociales y el cese o rectificación de las conductas
     contrarias a dichos intereses y, en particular, las encaminadas a
     garantizar:
     a) La obligación por parte de fabricantes, distribuidores de bienes o
     suministradores de servicios de proporcionar a los consumidores la
     información pertinente sobre las características de los productos y
     servicios y sobre su adecuación a las expectativas de uso o consumo
     que los mismos ofrecen, así como garantías plenas del buen estado del
     producto comprado o del servicio prestado, debiendo tener a
     disposición de consumidores y autoridades los documentos que
     acrediten dichas garantías.
     b) La entrega de factura o documento acreditativo de las operaciones
     realizadas o de los servicios prestados, debiendo constar, al menos,
     la fecha del contrato, todos los conceptos que formen el objeto del
     mismo y el precio, desglosado para cada uno de los conceptos, de modo
     que la factura o documento acreditativo sea un reflejo fiel de los
     bienes y servicios adquiridos por el consumidor. La primera copia de
     la factura o documento acreditativo deberá extenderse de forma
     gratuita. La no inclusión
     de algún concepto en ese momento o la falta de correspondencia entre
     original y copia se interpretará en beneficio del consumidor.
     c) La elaboración y entrega de presupuesto previo formalizado por
     escrito que indique necesariamente su plazo de validez y el importe
     total desglosado, incluyendo todos los conceptos, tanto relativos a
     la entrega del bien y su eventual instalación como, en su caso, a la
     prestación del servicio. El presupuesto se redactará por duplicado
     con claridad y sencillez, quedando debidamente identificadas ambas
     partes, e irá sellado, datado y firmado por el consumidor en caso de
     aceptación del mismo.
     d) La expedición y entrega de resguardo de depósito en aquellos
     supuestos en los cuales el consumidor entregue un bien para su
     verificación, comprobación, reparación o con cualquier otro motivo.
     En dicho resguardo habrán de constar, como mínimo, la identificación
     de la persona o entidad depositaria y la del objeto, la fecha de
     recepción y el motivo del depósito.
     e) La tenencia a disposición de los consumidores de hojas de
     reclamaciones en los establecimientos en los que se presten
     servicios, se comercialicen bienes o productos de consumo y donde se
     realicen actividades profesionales radicadas o que se presten o
     desarrollen en Aragón, en los términos que reglamentariamente se
     determinen.
     f) La puesta a disposición de los consumidores, por parte de las
     empresas que se dediquen al suministro de telefonía y conexión a
     Internet, de un servicio de reclamaciones presencial allí donde
     tengan una delegación.
     g) La exposición pública y visible de los precios y tarifas junto a
     los productos, bienes y servicios ofertados, informando al consumidor
     de forma clara del precio final de adquisición o utilización. Esta
     exposición no vinculará al consumidor si no se expresa en el contrato
     el precio final desglosado que va a pagar.
     h) El derecho del consumidor a elegir la forma de pago de entre las
     ofertadas por el empresario o profesional.
     i) La prohibición del corte del suministro de servicios de interés
     general de tracto sucesivo o continuado sin existir constancia
     fehaciente de la recepción previa por el usuario de una notificación,
     que tenga por finalidad concederle un plazo no inferior a diez días
     hábiles para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento
     de la interrupción del servicio, y sin las previas autorizaciones
     administrativas o judiciales que en su caso puedan proceder. Esta
     prohibición incluye, en particular, los servicios de agua potable,
     electricidad, teléfono, gas, conexión a Internet y de la sociedad de
     la información y demás que reglamentariamente se determinen, y no
     hace referencia a los cortes de suministro de carácter general por
     averías, reparaciones u otros análogos, ni tampoco a los cortes de
     suministro de carácter individual en caso de fraude flagrante o de
     riesgo para la seguridad.
     j) La obligación por parte de las empresas que presten un servicio de
     tracto sucesivo o continuado de entregar al usuario un documento que
     acredite la renuncia a dicho servicio cuando haya sido solicitada de
     manera procedente por el usuario. Si la renuncia se realiza por
     medios telemáticos, la empresa le informará adecuadamente de dónde
     queda registrada su renuncia.
     k) La eliminación de métodos coactivos, engañosos o agresivos de
     venta o de captación de clientes que, de cualquier modo, puedan
     limitar la libertad de elección del consumidor.
     l) La prohibición de acciones que provoquen inexactitud en el precio,
     peso o medida de los productos, así como el incorrecto suministro de
     los servicios.
     m) La disponibilidad de garantías, repuestos y adecuados servicios
     técnicos, en particular en el caso de bienes especialmente duraderos,
     en los términos señalados por la ley.
     n) Cualesquiera otras circunstancias y cuestiones que, en relación
     con la protección de los intereses económicos y sociales de los
     consumidores, tanto con carácter general o sectorial, se determinen
     reglamentariamente.
     Artículo 17.-Garantías y recambios.
     1. Las Administraciones públicas prestarán especial atención a que al
     consumidor se le facilite la formulación del documento de garantía
     cuando sea obligatorio de conformidad con la legislación vigente. El
     documento en cuestión incluirá, al menos, el objeto de la garantía,
     la identificación del garante y del titular de la garantía, los
     derechos del titular, el plazo de duración y las exclusiones de esa
     garantía. Este documento se formalizará por escrito y se entregará al
     consumidor en el momento de la adquisición del producto o bien de
     consumo o en el de la concertación de la prestación del servicio.
     2. Asimismo, y conforme a la legislación vigente, las
     Administraciones públicas dictarán normas tendentes a garantizar un
     adecuado servicio técnico de reparación y de existencia de repuestos
     o recambios. En todo caso, los poderes públicos velarán por las
     condiciones de los servicios posventa y de reparación en general.
     Artículo 18.-Protección especial en materia de vivienda.
     1. Además de los derechos reconocidos como consumidores y de las
     garantías que puedan exigirse por su condición de bienes duraderos,
     los adquirentes o arrendatarios de viviendas, incluidos sus elementos
     integrantes, serán también objeto de protección por la legislación
     sectorial en materia de vivienda.
     2. Habida cuenta la especial importancia de las viviendas, tanto por
     su carácter necesario o básico como por su propia entidad
     cuantitativa y cualitativa, los aspectos relativos a la protección de
     los consumidores respecto de su adquisición o arrendamiento se
     regularán reglamentariamente en relación con la citada normativa
     sectorial.
     Sección segunda
     Protección jurídica y reparación de daños
     Artículo 19.-Derecho a la protección jurídica y a la reparación o
     indemnización por daños.
     1. Los consumidores tienen derecho a una eficaz protección jurídica
     encaminada a la reparación e indemnización por los daños y perjuicios
     que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o disfrute
     de productos, bienes o servicios.
     2. Con independencia del derecho a acudir directamente a la vía
     judicial, los consumidores podrán dirigirse a los órganos competentes
     de la Administración pública en materia de consumo a fin de ser
     atendidos en relación con la información, consulta y
     orientación sobre el modo eficaz de ejercer dicho derecho.
     3. En el marco del derecho sancionador se regulará el derecho a la
     restitución de situaciones jurídicas alteradas, así como el derecho
     de los consumidores a la devolución de las cantidades indebidamente
     percibidas por productores o suministradores de productos, bienes y
     servicios en el caso de aplicación de precios superiores a los
     autorizados, a los comunicados, a los presupuestados o a los
     anunciados al público.
     Sección tercera
     Solución extrajudicial de conflictos
     Artículo 20.-Mediación.
     1. Las Administraciones públicas de Aragón propiciarán la
     disponibilidad para los consumidores, así como para los profesionales
     y empresarios, de sistemas operativos de resolución voluntaria de
     conflictos y reclamaciones en materia de consumo.
     2. Asimismo fomentarán la mediación en el procedimiento
     administrativo de tramitación de las denuncias y reclamaciones de los
     consumidores presentadas ante las asociaciones de consumidores, las
     oficinas municipales y comarcales de información al consumidor, así
     como ante las Administraciones con competencias en materia de
     consumo, sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras
     que puedan corresponder.
     Artículo 21.-Arbitraje. Sistema arbitral de consumo.
     1. Las distintas Administraciones públicas de Aragón, en el ámbito de
     sus competencias, ejercerán las funciones que la legislación vigente
     les atribuya de fomento, gestión y desarrollo del sistema arbitral de
     consumo, dotándolo para ello de los medios materiales y humanos
     necesarios.
     2. Los órganos de arbitraje incluirán representantes de los sectores
     interesados, de los consumidores y de las Administraciones públicas
     en el ámbito de sus competencias.
     Artículo 22.-Fomento del sistema arbitral de consumo.
     1. Las Administraciones públicas de Aragón establecerán los
     procedimientos que permitan difundir el arbitraje como medio de
     agilizar la resolución de conflictos en materia de consumo.
     2. Para ello promoverán la adhesión al sistema arbitral de consumo de
     las asociaciones de consumidores, de los empresarios y profesionales
     y sus respectivas organizaciones, pudiendo suscribirse convenios de
     colaboración para el fomento del sistema.
     3. El Gobierno de Aragón impulsará la firma de convenios para el
     establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta
     Arbitral de Consumo de Aragón, en aquellos municipios o comarcas que,
     debido a su población o número de solicitudes de arbitraje, así lo
     soliciten.
     Artículo 23.-El sector público y el sistema arbitral de consumo.
     1. Las Administraciones públicas de Aragón impondrán la obligación,
     en el ámbito de sus respectivas competencias, de que sus empresas
     públicas establezcan necesariamente en sus condiciones generales de
     contratación, y en sus contratos con los
     usuarios, cláusulas de sometimiento al sistema arbitral de consumo
     para la resolución de los conflictos y reclamaciones derivados de la
     prestación de los sus servicios, cuya aplicación dependerá
     directamente de la voluntad del consumidor.
     2. En relación con las entidades o empresas privadas que gestionen
     servicios públicos, se potenciará que incluyan en sus contratos con
     los consumidores las cláusulas de sometimiento al sistema arbitral
     indicadas en el apartado anterior.
     3. La adhesión al sistema arbitral de consumo será valorada como
     criterio objetivo a tener en cuenta para la adjudicación de contratos
     por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus
     organismos públicos y empresas.
     4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón considerará
     la adhesión al sistema arbitral de consumo como mérito objetivo en la
     valoración de premios a la calidad que tenga establecidos o pueda
     crear.
     CAPITULO TERCERO
     Derecho a la información
     Artículo 24.-Principio general.
     1. Las Administraciones públicas de Aragón con competencia en materia
     de defensa del consumidor adoptarán las medidas apropiadas para
     garantizar que los productos, bienes y servicios puestos a
     disposición de los consumidores incorporen específicamente o permitan
     un acceso directo a una información objetiva, veraz, eficaz y
     suficiente sobre sus características esenciales, origen, identidad,
     materiales o materias primas de los mismos, incluyendo el marcado y
     etiquetado de los productos, así como toda la información legal y
     reglamentariamente establecida.
     2. La obligación de informar será exigible a los sujetos responsables
     de la producción, importación, comercialización, distribución y venta
     de productos, bienes o servicios. Con excepción de los supuestos en
     los que esté expresamente regulado, el secreto de fabricación no
     podrá ser invocado para incumplir la obligación de informar en los
     términos expuestos en este artículo.
     3. Toda la información legalmente exigible figurará, al menos, en
     lengua castellana, y ello sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón
     adopte las medidas oportunas para proteger y fomentar el uso de las
     lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en relación a
     los derechos de información al consumidor reconocidos en esta Ley.
     Artículo 25.-Extensión del derecho de información.
     A los efectos del artículo anterior, la Comunidad Autónoma de Aragón
     velará para que en cumplimiento de este derecho los consumidores
     reciban:
     a) La información legalmente exigible sobre los requisitos de los
     productos y los servicios, de manera que los consumidores puedan
     asegurarse de la identidad y del origen de los mismos, realizar su
     elección basándose en criterios de racionalidad y utilizarlos de modo
     satisfactorio.
     b) La oportuna información sobre la seguridad, el modo de
     utilización, las contraindicaciones y las garantías de los
     productos y servicios puestos en el mercado a disposición de los
     consumidores.
     c) La indicación, en los anuncios y ofertas de operaciones de crédito
     al consumo, del tipo de interés o cualesquiera otras cifras
     relacionadas con el coste total del crédito y, en especial, la tasa
     anual equivalente de dicho crédito mediante un ejemplo
     representativo. Cuando la financiación que se oferte obedezca a la
     fórmula de créditos vinculados, se habrá de hacer expresamente
     constar tal circunstancia en la información suministrada al
     consumidor.
     d) La información sobre los derechos de renuncia, desistimiento o
     cualesquiera otros que como consumidores les puedan asistir en
     relación con la contratación en los casos de venta a distancia o en
     aquellos otros que legalmente proceda. Cuando se trate de bienes
     duraderos, la información deberá comprender todas las cuestiones
     relativas a garantías, mantenimiento y recambios que son
     específicamente obligatorias para esta clase de bienes.
     e) La información completa y exhaustiva sobre el contrato a suscribir
     cuando se proponga un contrato tipo o de adhesión, redactado previa y
     unilateralmente por el oferente para su aplicación en la contratación
     con consumidores. En estos supuestos, el modelo de contrato se habrá
     de hallar a disposición de éstos, anunciándose dicha circunstancia de
     forma clara, de tal manera que los consumidores puedan informarse
     adecuadamente de las específicas condiciones de contratación. En
     tanto se procede al desarrollo reglamentario del contenido de este
     apartado y se introducen las concreciones pertinentes, el consumidor
     tendrá derecho a que se le facilite con suficiente antelación al
     menos una copia gratuita del texto íntegro del contrato.
     f) La información sobre los precios, tarifas y condiciones de venta
     de los bienes y servicios en los términos que se especifican en el
     artículo siguiente.
     g) Aquella otra información que reglamentariamente se establezca para
     todos o para determinados productos, bienes y servicios.
     Artículo 26.-Información en materia de precios.
     1. Los consumidores tienen derecho a conocer el precio de un servicio
     previamente a su contratación. Todos los bienes y productos puestos a
     disposición de los consumidores deberán ofrecer información
     fácilmente identificable y legible sobre el precio total que están
     obligados a satisfacer para su adquisición con inclusión de toda
     carga, tributo o gravamen, así como los descuentos aplicables en su
     caso y los suplementos o incrementos eventuales. Los bienes y
     productos expuestos en anaqueles, vitrinas y escaparates deberán
     incorporar de forma visible el precio de tal manera que el consumidor
     no necesite aclaración del vendedor para conocerlo. No obstante lo
     anterior, podrá dispensarse de esta obligación la exhibición de algún
     artículo que, por su elevado precio, pueda ser causa objetiva de
     inseguridad para el establecimiento. Reglamentariamente se
     establecerán las condiciones y cuantías que posibiliten tal
     excepción. La exposición de los precios deberá efectuarse en los
     lugares del establecimiento donde se oferten, y aquéllos serán de
     fácil visibilidad y acceso para los consumidores, mediante etiquetas
     fijadas o vinculadas a cada bien o a través de cualquier otro tipo de
     soporte escrito.
     2. Cuando se oferten productos, bienes y servicios con aplazamiento
     de pago o cualquier fórmula de financiación se informará por escrito,
     como mínimo, de:
     a) El precio total de adquisición, tanto al contado como con
     aplazamiento de pago.
     b) El número total de plazos, su importe y su periodicidad.
     c) El tipo de interés a aplicar.
     d) En su caso, las cantidades parciales o totales a satisfacer por
     gastos de apertura, cancelación u otros que se pudieran generar.
     3. Los productos, bienes o servicios ofertados como rebajados deberán
     incluir en sus lugares de exhibición tanto el precio anterior como el
     rebajado.
     Artículo 27.-Fomento de la información.
     Al objeto de lograr que los consumidores puedan efectuar una elección
     racional entre los diversos productos, bienes y servicios puestos a
     su disposición en el mercado, la Comunidad Autónoma de Aragón, con
     independencia de las campañas orientadoras e informativas que lleve a
     cabo, instrumentará las medidas precisas para el desarrollo de las
     siguientes actuaciones:
     a) La utilización de etiquetado facultativo que aumente la
     información al consumidor.
     b) El otorgamiento de distintivos o certificados de calidad o
     denominación de origen que acrediten la adecuación del producto, bien
     o servicio a determinadas normas de calidad.
     c) La utilización en la comercialización de productos, bienes o
     servicios de los signos o símbolos de advertencia de seguridad
     generalmente aceptados.
     d) La utilización en la comercialización de productos, bienes o
     servicios de los símbolos relativos a las cualidades medioambientales
     generalmente aceptadas.
     e) La realización de ensayos y pruebas comparativas entre los
     productos y servicios concurrentes dando, en su caso, publicidad a
     los mismos.
     f) La puesta a disposición de los consumidores de la información que
     les permita identificar los bienes y servicios producidos o
     suministrados por empresas aragonesas.
     Artículo 28.-Oficinas de información al consumidor. Implantación
     obligatoria de oficinas municipales y comarcales.
     1. Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el
     asesoramiento precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que
     esta Ley les reconoce y, en general, para atender a la defensa y
     protección de sus legítimos intereses, el Gobierno de Aragón o, en su
     caso, las comarcas una vez hubieren asumido competencia en materia de
     protección al consumidor, promoverán, fomentarán y, en su caso,
     habilitarán o apoyarán la creación de oficinas y servicios de
     información al consumidor.
     2. Las oficinas de información de titularidad pública, dependientes
     de alguna Administración pública aragonesa, ejercerán las funciones
     que se determinan en los artículos siguientes. La creación y
     ubicación de las oficinas públicas de información al consumidor se
     efectuarán atendiendo a los criterios de eficacia y de mayor
     proximidad a los consumidores.
     3. Los ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000
     habitantes deberán contar obligatoriamente con una Oficina Municipal
     de Información al Consumidor.
     4. Dependiendo de las comarcas se crearán las oficinas comarcales de
     información al consumidor. Toda comarca contará con al menos una
     oficina comarcal de información al consumidor.
     5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del
     Departamento competente en materia de consumo, coordinará la labor de
     las oficinas de información a los consumidores de titularidad
     pública, prestando a las mismas el apoyo técnico necesario para su
     implantación y funcionamiento, en los términos que reglamentariamente
     se determinen.
     6. La Administración de la Comunidad Autónoma o, en su caso, las
     comarcas una vez hubieren asumido estas competencias en materia de
     protección al consumidor, financiarán o subvencionarán las oficinas
     comarcales de información al consumidor.
     7. Las oficinas de información al consumidor también podrán ser de
     titularidad privada, siempre que dependan de una asociación o de un
     conjunto de asociaciones de consumidores que se encuentren inscritas
     en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
     Comunidad Autónoma de Aragón. Las oficinas de titularidad privada
     podrán ejercer las funciones que se describen en los apartados a),
     e), h), i), j) y k) del artículo siguiente, sin perjuicio de aquellas
     otras que se les puedan atribuir reglamentariamente.
     8. Queda prohibida toda forma de publicidad comercial, expresa o
     encubierta, en las oficinas de información al consumidor a que se
     refiere este artículo.
     Artículo 29.-Funciones de las oficinas de información al consumidor.
     Son funciones de estas oficinas:
     a) Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado
     ejercicio de sus derechos, así como ejercer la actividad de
     mediación.
     b) Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de
     los consumidores e iniciar, en colaboración con las asociaciones de
     consumidores, actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso
     de que no prosperen, remitirlas a dichas asociaciones y a las
     entidades u órganos correspondientes, haciendo un seguimiento de las
     mismas para informar debidamente a los interesados.
     c) Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de
     dictamen o, en su caso, de arbitraje al órgano correspondiente,
     acompañando a la citada solicitud información completa y detallada de
     la cuestión.
     d) Suministrar, a través de los órganos correspondientes del
     Departamento que tenga atribuida la competencia en materia de
     consumo, la información requerida por las distintas Administraciones
     públicas.
     e) Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo.
     f) Facilitar a los consumidores los datos referentes al registro y
     autorización de los productos o servicios puestos en el mercado a su
     disposición y los de aquéllos que se encuentren suspendidos,
     retirados o prohibidos por su riesgo de peligrosidad, así como
     información sobre la regulación de los precios y condiciones de los
     productos o servicios de uso o de consumo común, ordinario y
     generalizado.
     g) Prestar apoyo a las asociaciones de consumidores de su ámbito de
     actuación y facilitar a los consumidores toda la información
     necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones,
     potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.
     h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor
     conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus
     derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a
     mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos.
     Para el desarrollo de las campañas y programas, se contará con las
     propuestas y colaboración de las asociaciones de consumidores
     existentes dentro del ámbito de su actuación.
     i) Disponer la documentación técnica y jurídica sobre temas de
     consumo, así como potenciar su investigación y estudio.
     j) En los municipios donde no exista Junta Arbitral de Consumo,
     elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje
     a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón.
     k) Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando éstas a las
     autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios
     que prestan o bien establecer otros nuevos si se consideran
     necesarios.
     l) Elevar consultas al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
     m) Colaborar, en su caso, con la Inspección de Consumo.
     n) Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
     Artículo 30.-Datos a facilitar a las oficinas de información al
     consumidor.
     Con el fin de que las oficinas de información al consumidor puedan
     cumplir con su función, las Administraciones públicas de Aragón
     deberán facilitar a las mismas, como mínimo, los siguientes datos:
     a) Referencia sobre el registro y autorización de productos,
     servicios, actividades y funciones.
     b) Relación de los productos, servicios, actividades y funciones que
     se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad
     para la salud o seguridad de las personas, así como acceso a las
     correspondientes redes de alerta.
     c) Relación de la regulación de precios y condiciones de productos,
     servicios, actividades y funciones de uso o consumo común, ordinario
     y generalizado.
     d) Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
     Artículo 31.-Campañas de información.
     1. Con la finalidad de conseguir que los consumidores tengan los
     conocimientos adecuados, las Administraciones públicas de Aragón
     llevarán a cabo campañas informativas y de divulgación sobre las
     normas que regulan las características y la comercialización de
     bienes y servicios, encaminadas a un mejor conocimiento de las
     mismas por parte de los consumidores, así como de empresarios y
     profesionales.
     2. Asimismo, se llevarán a cabo acciones o campañas orientativas de
     difusión de información referidas a los derechos y obligaciones de
     los consumidores y los medios para ejercerlos.
     3. Para el desarrollo de las campañas y programas se contará con las
     propuestas y colaboración de las asociaciones de consumidores de
     forma prioritaria.
     Artículo 32.-Campañas específicas de información en materia de
     seguridad en el consumo. Memoria anual pública.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma, directamente a través
     de sus propios órganos o en colaboración con las entidades locales o
     con las asociaciones de consumidores, organizará campañas
     informativas y actuaciones programadas de control de calidad en los
     aspectos referentes a la salud y seguridad en materia de uso y
     consumo, especialmente en relación con los siguientes productos y
     servicios:
     a) Los de uso o consumo común, ordinario o generalizado.
     b) Los que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadísticos
     y epidemiológicos.
     c) Los que sean objeto de un especial número de reclamaciones o
     quejas.
     d) Los que sean objeto de programas específicos de investigación.
     e) Aquellos otros que, en razón de su régimen o proceso de producción
     y comercialización, puedan ser más fácilmente objeto de fraude o
     adulteración.
     2. Estas campañas irán dirigidas, entre otros objetivos, a:
     a) Conseguir la adecuada formación e información de los consumidores,
     de cara a obtener el más alto conocimiento de los modos de consumo o
     empleo de los bienes o servicios y la defensa de sus derechos.
     b) Prevenir los riesgos que pudieran derivarse del uso inadecuado de
     productos eventualmente peligrosos, fundamentalmente los que puedan
     afectar en mayor grado a la salud, a la seguridad de las personas y
     al medio ambiente.
     c) Evitar los fraudes o adulteraciones de que puedan ser objeto los
     productos en su proceso de fabricación y comercialización.
     d) Evitar las situaciones de indefensión o inferioridad en que se
     puedan encontrar los consumidores, tanto en la contratación como
     durante el desarrollo del contrato y en la genérica posición jurídica
     de usuarios de un servicio público.
     e) Proteger y vigilar de un modo especial los productos con
     certificación de calidad o de denominación de origen que, por tener
     un mayor prestigio comercial, puedan ser más susceptibles de fraude o
     adulteración.
     f) Fomentar el agrupamiento de afectados a través de asociaciones
     inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
     de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     3. La Administración de la Comunidad Autónoma publicará anualmente
     una memoria detallada de actividades, indicando los
     resultados de la información y controles efectuados y presentando
     como anexos los fundamentos de sus decisiones.
     Artículo 33.-Promoción y difusión de espacios informativos y
     divulgativos sobre consumo.
     1. Los medios de comunicación social de titularidad pública
     pertenecientes a las Administraciones públicas de Aragón habilitarán
     espacios y programas para el acceso a los mismos de las asociaciones
     de consumidores que se encuentren inscritas en el Registro de
     Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, en los términos que reglamentariamente se determinen y,
     asimismo, dedicarán espacios y programas no publicitarios a la
     información de los destinatarios finales de los bienes y servicios.
     2. En los medios de comunicación de titularidad privada se fomentarán
     la creación y el desarrollo de programas gratuitos dedicados al
     consumo y a la difusión de las actividades de las asociaciones de
     consumidores
     Artículo 34.-La información al consumidor a través de las nuevas
     tecnologías.
     Las Administraciones públicas de Aragón dispondrán de mecanismos de
     información al consumidor en soporte digital o electrónico, a través
     de Internet o de otros medios del ámbito de la sociedad de la
     información, en los términos que reglamentariamente se determinen y
     en el marco de lo dispuesto en los artículos siguientes.
     CAPITULO CUARTO
     Protección del consumidor en la sociedad de la información
     Artículo 35.-El consumo en la sociedad de la información.
     1. A los efectos de esta Ley, siempre que el destinatario final sea
     un consumidor de los definidos en el artículo 3, también se entenderá
     que constituye acto de consumo cualquier forma de intercambio de
     productos, bienes o servicios que tenga como característica principal
     el hecho de llevarse a cabo mediante medios telemáticos, informáticos
     o electrónicos, sin presencia física simultánea de los contratantes o
     sus representantes.
     2. El acto de consumo realizado en el ámbito del comercio electrónico
     o de la sociedad de la información podrá revestir las modalidades de
     directo o indirecto.
     3. El acto de consumo electrónico directo en la sociedad de la
     información se concierta y se materializa dentro del propio medio
     telemático, electrónico o informático, mientras que el acto de
     consumo electrónico indirecto se concierta a través de este tipo de
     medio pero se materializa en el exterior mediante un sistema clásico
     de entrega del bien o de prestación del servicio al consumidor.
     Artículo 36.-Principio de equiparación en la protección.
     1. Los consumidores que sean destinatarios finales de productos,
     bienes o servicios fabricados, distribuidos o simplemente
     comercializados a través de un medio electrónico o telemático tienen
     los mismos derechos que quienes consumen en el contexto del comercio
     clásico.
     2. Los productores, distribuidores, comercializadores y
     asimilados tienen asimismo las mismas obligaciones para con los
     consumidores en la sociedad de la información que en el contexto de
     la relación de consumo clásica, sin perjuicio de las particularidades
     que se establecen en los artículos siguientes.
     Artículo 37.-Empresarios y profesionales de la sociedad de la
     información.
     1. Son, en todo caso, sujetos responsables de cumplir las
     obligaciones para con los consumidores que se establecen y recogen en
     esta Ley, los productores, distribuidores y comercializadores de
     bienes o los prestadores de servicios que se concierten o suministren
     por vía electrónica que, en este contexto, reciben la denominación de
     prestadores de servicios de la sociedad de la información.
     2. Son asimismo responsables en los términos determinados en esta
     Ley, con los límites que imponen el derecho estatal y el derecho
     comunitario europeo, los concesionarios de señales electrónicas, los
     operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y, en
     general, todos los proveedores de acceso a redes de
     telecomunicaciones.
     3. En relación con el consumo en la sociedad de la información,
     adquiere especial relevancia para la defensa del consumidor el
     titular del medio de pago, que se sitúa en una posición clave para la
     materialización de operaciones electrónicas de consumo.  En tal
     sentido, y en los términos que se señalarán, también son sujetos
     responsables del respeto a los derechos que esta Ley reconoce a
     consumidores los titulares de los medios de pago que permiten la
     materialización de las transacciones electrónicas tales como tarjetas
     de crédito, de débito y elementos similares.
     Artículo 38.-Aplicación del derecho público aragonés.
     El acto por el que, a través de la sociedad de la información, se
     concierta o pone a disposición de un consumidor radicado en la
     Comunidad Autónoma de Aragón un bien o servicio quedará dentro del
     objeto y ámbito de aplicación de esta Ley en lo que al derecho
     público de la protección de los consumidores se refiere.
     Artículo 39.-Particularidades respecto de la información.
     Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información
     que se establecen en esta Ley, el prestador de servicios de la
     sociedad de la información que realice actividades de contratación
     electrónica tendrá la obligación de informar al consumidor de manera
     clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento
     de contratación, sobre aquellos extremos que exige la legislación
     reguladora de la sociedad de la información y, en todo caso, sobre
     los siguientes:
     a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el
     contrato.
     b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se
     formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
     c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y
     corregir errores en la introducción de los datos.
     d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
     Artículo 40.-Presunción de que los actos por los que se adquieren o
     conciertan bienes o servicios en la sociedad de la información son
     actos de adhesión.
     1. A efectos de protección de los derechos del consumidor se
     presumirá que, por sus particulares características, que comportan la
     prefijación del precio y las condiciones y reducen la mecánica de
     aceptación al uso de comandos electrónicos que no admiten la
     introducción de matices, las transacciones realizadas en el contexto
     de la sociedad de la información se han llevado a cabo en aceptación
     de condiciones generales de contratación.
     2. A tal efecto, los prestadores de servicios de la sociedad de la
     información deben incluir, de forma expresa, en las citadas
     condiciones generales, la información correspondiente a los derechos
     de desistimiento, revocación o de otro tipo que asisten a los
     consumidores en relación con este tipo de contratos, en el mismo
     lugar y con la misma claridad donde debe decir que acepta.
     Artículo 41.-Reclamaciones por vía electrónica.
     En los términos que se determinarán reglamentariamente, la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón implementará
     mecanismos para que los usuarios de los servicios de la sociedad de
     la información dispongan de información sobre reclamaciones en
     relación con las transacciones materializadas mediante medios
     electrónicos e, incluso, para que dichas reclamaciones puedan
     materializarse asimismo mediante medios electrónicos o telemáticos,
     garantizando siempre la obligada confidencialidad.
     Artículo 42.-Fomento del arbitraje de las empresas que operan en la
     sociedad de la información.
     La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón potenciará, en
     el ámbito de sus competencias, que aquellas entidades, tanto públicas
     como privadas, que ofrezcan o intercambien sus productos por vías
     telemáticas, informáticas o cualesquiera otras de las habituales en
     la sociedad de la información en las que no haya una relación directa
     entre la persona consumidora y el suministrador del producto o
     servicio se sometan al sistema arbitral de consumo para la resolución
     de conflictos.
     Artículo 43.-Inmovilización o retirada de productos o servicios en
     redes electrónicas, telemáticas o informáticas.
     1. Para la preservación de la seguridad o de los intereses legítimos
     de los consumidores, cuando se haya constatado que una u otros se
     encuentran seriamente amenazados, los órganos competentes en materia
     de protección al consumidor de la Comunidad Autónoma de Aragón,
     conforme a lo establecido por la legislación general de la sociedad
     de la información, podrán acordar la interrupción de la prestación de
     un servicio de la sociedad de la información o la retirada de datos
     procedentes de un prestador de este tipo de servicios o, en su caso,
     la cancelación del acceso a los mismos desde Aragón.
     2. La resolución por la que se disponga la cesación de actividad en
     la sociedad de la información se acordará por el consejero del
     Departamento competente en materia de consumo, en procedimiento
     incoado de oficio o a instancia de un consumidor o asociación de
     consumidores, y será inmediatamente ejecutivo desde que se dicte.
     3. Dicho procedimiento de inmovilización o retirada de productos o
     servicios se dirigirá directamente frente al prestador del servicio
     cuando esté radicado en España o, en caso contrario, frente al
     proveedor de acceso a la red de telecomunicaciones radicado en España
     o en un país de la Unión Europea en los términos que regula la
     legislación de la sociedad de la información.
     4. La resolución de inmovilización o retirada de productos o
     servicios obligará en todo caso al proveedor de acceso a la red a
     tomar las medidas técnicas necesarias para imposibilitar el acceso
     electrónico desde Aragón a la información, producto o servicio que
     impliquen o puedan implicar riesgo para la seguridad o los intereses
     legítimos de los consumidores.
     5. Las medidas a las que se alude en este artículo podrán asimismo
     adoptarse con carácter cautelar, y también podrán ser impuestas por
     los inspectores de consumo con carácter cautelar y provisional en los
     supuestos regulados en el artículo 12 de esta Ley.
     CAPITULO QUINTO
     Derecho a la educación y a la formación
     Artículo 44.-Principio general.
     1. El Gobierno de Aragón, en su ámbito de competencia, garantizará el
     acceso de los consumidores a la educación y formación en materia de
     consumo en orden a que puedan desarrollar un comportamiento libre,
     racional y responsable en el consumo de bienes y en la utilización de
     servicios.
     2. La educación del consumidor estará orientada a favorecer:
     a) El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección, individual
     y colectiva, libre y racional de los bienes y servicios ofertados,
     así como una correcta y más beneficiosa utilización de los mismos.
     b) El conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos.
     c) El conocimiento de los riesgos derivados del uso y consumo de
     bienes y servicios.
     d) La adecuación de las pautas de consumo, individuales y colectivas,
     hacia la utilización racional de los recursos, incorporando valores
     ecológicos que conciencien a los consumidores de su
     corresponsabilidad en la conservación del medio ambiente y en la
     consecución de un desarrollo sostenible.
     Artículo 45.-Actuaciones y programas.
     1. Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo
     anterior, el Gobierno de Aragón elaborará programas y desarrollará
     actuaciones conducentes a:
     a) La formación especializada de educadores en materia de consumo y
     la formación permanente en materia de consumo del personal docente.
     b) La promoción de la educación del consumidor desde la edad
     infantil.
     c) La elaboración y publicación de materiales didácticos de apoyo a
     la educación y a la formación de los consumidores, promoviendo la
     difusión de los mismos a través de la sociedad de la información.
     d) El fomento en las empresas de los conocimientos en materia de
     consumo en el ámbito de su especialidad.
     e) El desarrollo y la formación en el acceso, uso, disfrute y
     utilización de nuevas tecnologías, tanto de consumidores individuales
     como de colectivos.
     f) La organización y el desarrollo de programas especializados de
     formación de técnicos y personal de asociaciones de consumidores y de
     la propia Administración en el área de consumo, propiciando en
     especial la formación continuada de quienes, desde las
     Administraciones públicas, desarrollen funciones de ordenación,
     inspección, control de calidad e información en materia de consumo.
     2. Las asociaciones de consumidores y los agentes sociales y
     económicos más representativos implicados en tareas educativas serán
     oídos y podrán participar activamente en la elaboración de los
     señalados programas e impartirlos.
     3. Los Departamentos competentes en materia de consumo y educación
     colaborarán en la adopción de las medidas enunciadas en este
     artículo.
     Artículo 46.-La defensa del consumidor y el sistema educativo.
     La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del
     Departamento o Departamentos competentes en materia educativa,
     fomentará la incorporación de la educación en temas de consumo como
     materia transversal en el diseño curricular correspondiente a los
     diferentes niveles educativos, en la forma que mejor se ajuste a la
     finalidad pedagógica de cada uno de ellos.
     Artículo 47.-Cooperación interadministrativa para la formación.
     El Gobierno de Aragón establecerá las colaboraciones precisas con los
     organismos o entidades públicas con competencias en materia de
     consumo para el desarrollo de programas de formación en los distintos
     municipios y comarcas y suscribirá con las instituciones competentes
     en el ámbito educativo los convenios oportunos para la formación de
     especialistas en consumo.
     CAPITULO SEXTO
     Participación, representación y consulta
     Artículo 48.-Asociaciones de consumidores y usuarios.
     1. A los efectos de esta Ley, se consideran asociaciones de
     consumidores y usuarios aquéllas sin ánimo de lucro cuyo objeto
     social, determinado en sus propios estatutos, sea la defensa,
     información, educación, formación, asistencia y representación de sus
     asociados como consumidores, así como la defensa de los intereses
     colectivos de los ciudadanos en cuanto a su condición de consumidores
     en general.
     2. Las asociaciones de consumidores podrán asociarse para formar
     agrupaciones o federaciones en los términos que reglamentariamente se
     determinen.
     3. El Gobierno de Aragón fomentará las asociaciones para la defensa y
     la representación de los intereses de los consumidores, como vehículo
     idóneo para su protección, y les prestará apoyo, evitando en la
     medida de lo posible su excesiva dispersión con objeto de consolidar
     un movimiento asociativo suficientemente representativo.
     Artículo 49.-Cooperativas de consumidores y usuarios.
     Las cooperativas de consumidores y usuarios tendrán la consideración
     de asociaciones de consumidores a los efectos de
     esta Ley cuando cumplan los siguientes requisitos:
     a) Que su actividad principal se limite a suministrar bienes y
     servicios a los socios, así como a la educación, formación y defensa
     de éstos en particular y de los consumidores en general, siendo sus
     operaciones cooperativizadas con terceros no socios accesorias o
     subordinadas. A estos efectos, se entenderá que las operaciones con
     terceros no socios son accesorias o subordinadas a su actividad
     principal cuando el valor económico del conjunto de éstas, en el
     ejercicio económico inmediato anterior, no supere el del veinticinco
     por ciento de la actividad total de dicho ejercicio.
     b) Que sus estatutos prevean la creación de un fondo social de, como
     mínimo, el quince por ciento de los excedentes netos de cada
     ejercicio social, destinado a la defensa, información, educación y
     formación de los socios en particular y de los consumidores en
     general en materias relacionadas con el consumo.
     Artículo 50.-Derechos de las asociaciones de consumidores.
     1. Las asociaciones de consumidores en Aragón tendrán los siguientes
     derechos:
     a) Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales
     en defensa de los socios, de la asociación y de los intereses
     colectivos de los consumidores en general, de conformidad con la
     legislación aplicable.
     b) Representar a los consumidores en los órganos de participación,
     consulta y concertación donde les corresponda estar presentes del
     modo que reglamentariamente se determine.
     c) Solicitar y obtener información de las Administraciones públicas
     de Aragón, que apoyarán la consecución de sus fines, especialmente en
     el ámbito de la información y educación de los consumidores.
     d) Promover el ejercicio de las acciones tendentes a solicitar el
     cese de prácticas engañosas o fraudulentas en la oferta, promoción y
     publicidad de bienes y servicios realizadas en la Comunidad Autónoma
     de Aragón.
     e) Aquellos otros que reglamentariamente se les reconozcan en
     desarrollo de esta Ley o que les vengan atribuidos por la legislación
     sectorial con relevancia en materia de consumo.
     2. Para el reconocimiento por parte de la Comunidad Autónoma de
     Aragón de estos derechos, las asociaciones de consumidores reguladas
     en los artículos 48 y 49 de esta Ley habrán de estar inscritas en el
     Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
     Autónoma de Aragón.
     Artículo 51.-Las Administraciones públicas y las asociaciones de
     consumidores.
     Con el fin de que las asociaciones de consumidores puedan cumplir con
     su función, los distintos organismos públicos deberán facilitar a las
     mismas, como mínimo, los siguientes datos:
     a) Referencia sobre el registro de autorización de productos,
     servicios, actividades y funciones.
     b) Relación de los productos, servicios, actividades y funciones que
     se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad
     para la salud o seguridad de las personas, así como acceso a las
     correspondientes redes de alerta.
     c) Relación de la regulación de precios, condiciones y productos,
     servicios, actividades y funciones de uso o consumo común, ordinario
     y generalizado.
     d) Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
     Artículo 52.-Beneficios atribuibles a las asociaciones de
     consumidores.
     Son beneficios atribuibles a las asociaciones de consumidores:
     a) Solicitar y poder ser declaradas de utilidad pública y gozar de
     las correspondientes exenciones y bonificaciones fiscales legalmente
     establecidas.
     b) Percibir las ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento
     que desde las distintas Administraciones públicas se destinen en
     cumplimiento de las obligaciones que les competen en el marco de la
     protección de los consumidores y fomento de sus organizaciones o
     asociaciones representativas. Dichas ayudas se orientarán preferente
     y mayoritariamente a proyectos y programas en el ámbito de consumo y
     sólo de manera residual a coadyuvar a financiar sus gastos
     corrientes.
     c) Aquellos otros que reglamentariamente se les reconozcan en
     desarrollo de esta Ley o que les vengan atribuidos por la legislación
     sectorial con relevancia en materia de consumo.
     Artículo 53.-Control público del funcionamiento y actividad de las
     asociaciones de consumidores.
     1. Las asociaciones de consumidores de Aragón podrán gozar de los
     beneficios a los que se hace referencia en el artículo anterior
     cuando reúnan las siguientes condiciones:
     a) Figurar inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y
     Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     b) No tener, en ningún caso, ánimo de lucro.
     c) Acreditar la aplicación de los medios de fomento y ayuda que se
     les otorguen para tal fin a la exclusiva defensa de los consumidores.
     d) Tener un funcionamiento democrático en todo lo relacionado con la
     toma de decisiones, elección de los órganos directivos y elaboración
     de los programas de actividades.
     e) Cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan para
     cada tipo de beneficios, teniendo en cuenta, entre otros, criterios
     de implantación territorial, número de asociados y programas de
     actividades a desarrollar.
     2. No podrán disfrutar de estos beneficios, en los términos que
     reglamentariamente se determinen, las asociaciones de consumidores
     que incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro,
     perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas
     suministradoras de bienes o servicios a los consumidores, efectúen
     publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios
     o actúen con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada. A estos
     efectos, no se considerarán ayudas o subvenciones las aportaciones
     esporádicas realizadas por las empresas o agrupaciones de empresas
     para la organización de cursos o seminarios.
     3. El órgano competente de la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón ejercerá la función de vigilancia y control en
     cuanto al cumplimiento por parte de las asociaciones de consumidores
     de los deberes, obligaciones y condiciones que les son requeridos
     para su acceso a los derechos y beneficios que les reconocen la
     presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, pudiendo acordar, en
     caso de observar incumplimiento, la suspensión o retirada de dichos
     beneficios y derechos.
     Artículo 54.-Obligaciones y deberes de las asociaciones de
     consumidores.
     1. Las asociaciones de consumidores ajustarán sus actuaciones a los
     principios de buena fe y lealtad, no pudiendo divulgar datos que no
     se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analíticos o
     controles de calidad suficientemente contrastados.
     2. Las asociaciones de consumidores colaborarán con las
     Administraciones públicas de Aragón en la consecución conjunta de los
     objetivos de la presente Ley.
     3. Igualmente procurarán a los consumidores de Aragón un eficaz
     asesoramiento, ordenado a la reparación e indemnización por los daños
     y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición,
     uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su
     disposición en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la
     legislación general en materia de garantías y responsabilidades.
     Artículo 55.-Trámite de audiencia.
     1. Las asociaciones de consumidores radicadas en Aragón, en los
     términos determinados en esta Ley, habrán de ser oídas en el
     procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general
     de la Comunidad Autónoma relativas a materias que afecten
     directamente a los consumidores.
     2. Se entenderá cumplido el preceptivo trámite de audiencia cuando
     éste se haya verificado a través del Consejo Aragonés de Consumidores
     y Usuarios.
     3. Las Administraciones públicas de Aragón fomentarán el diálogo y la
     colaboración entre las asociaciones de consumidores, sindicatos de
     trabajadores y organizaciones empresariales.
     Artículo 56.-Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
     1. El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios se constituye como
     el máximo órgano de representación, consulta y participación de los
     consumidores en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo
     previsto en el artículo siguiente en relación con el Consejo Aragonés
     de Consumo.
     2. Este Consejo, adscrito al Departamento competente en materia de
     consumo, estará integrado por los representantes de las asociaciones
     de consumidores que cumplan con los requisitos establecidos en esta
     Ley para ser consideradas como tales. Su composición, estructura y
     competencias de consulta y participación serán las que en cada
     momento se hayan determinado reglamentariamente.
     3. El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios será consultado
     preceptivamente en la tramitación de disposiciones de carácter
     general relativas a materias que afecten directamente a los
     consumidores en los términos establecidos en el artículo 55 de esta
     Ley.
     Este Consejo tendrá además las siguientes funciones:
     a) Proponer a las asociaciones, federaciones, confederaciones o
     cooperativas integradas en el mismo para participar en los órganos
     colegiados, organismos y entidades públicas o privadas, de ámbito
     autonómico, en los que deben estar representados los consumidores.
     b) Formular cuantas propuestas deban ser consideradas de interés en
     materia de protección y defensa de los consumidores y asesorar a los
     órganos de las distintas Administraciones públicas con competencias
     en materia de consumo.
     c) Solicitar información a las Administraciones públicas competentes
     sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los
     consumidores.
     d) Llevar a cabo estudios específicos sobre consumo, mercados y
     abastecimiento de productos y servicios.
     e) Cuantas otras funciones se le asignen reglamentariamente.
     4. El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios elaborará
     anualmente un informe sobre su actividad, política global en materia
     de consumo y sugerencias a los órganos del Gobierno de Aragón en el
     ámbito de su competencia.
     Artículo 57.-Consejo Aragonés de Consumo.
     1. El Consejo Aragonés de Consumo es el órgano consultivo y asesor de
     la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de consumo que,
     con carácter paritario, se constituye asimismo como vehículo
     institucional de mediación, coordinación y colaboración entre los
     distintos agentes que intervienen en este ámbito, tanto desde la
     posición de productores y distribuidores de productos y servicios
     como desde la de destinatarios de los mismos, y entre éstos y la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     2. De conformidad con lo señalado, al Consejo Aragonés de Consumo
     corresponden tanto el asesoramiento al Gobierno de Aragón como el
     mantenimiento de cauces de interconexión permanentes entre los
     agentes que representan la producción y el consumo, que se sitúan
     respectivamente en las distintas posiciones naturales en el contexto
     del fenómeno económico, social y jurídico del consumo.
     3. Se atribuye al Consejo Aragonés de Consumo el ejercicio de
     funciones de consulta, coordinación, información, asesoramiento,
     interlocución y, en última instancia, mediación en materia de consumo
     en Aragón, concretándose en las siguientes:
     a) Emitir informes y dictámenes en materia de consumo en el ámbito de
     la Comunidad Autónoma de Aragón.
     b) Intervenir, mediante las comisiones que a tal efecto se creen,
     como órgano mediador en los conflictos que se produzcan en materia de
     consumo en Aragón, instando a las partes afectadas a alcanzar
     soluciones pactadas.
     c) Actuar como foro de discusión y debate permanente entre los
     distintos agentes intervinientes en el ámbito del consumo y entre
     éstos y las distintas Administraciones públicas.
     d) Solicitar de los órganos, entidades y personas relevantes o
     competentes los informes que se estimen necesarios para la solución
     de las cuestiones sometidas a su consideración o estudio.
     e) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general en
     materia de ejecución y desarrollo de la legislación en materia de
     consumo.
     f) Participar en el seguimiento y control de las actividades
     realizadas por los órganos del Departamento responsable en materia de
     consumo.
     g) Realizar un balance anual sobre la problemática aragonesa en
     materia de consumo y proponer las medidas que a la vista del mismo
     resulten pertinentes.
     h) Potenciar las acciones formativas en estas materias.
     i) Cualesquiera otras que reglamentariamente se le atribuyan para el
     cumplimiento de sus fines.
     4. El Consejo Aragonés de Consumo podrá delegar sus funciones en los
     órganos subordinados de ámbito sectorial que pudieran establecerse.
     5. En cuanto a su composición, renovación, organización,
     funcionamiento y demás normas de régimen interno se estará a lo que
     disponen las normas reglamentarias.
     TITULO II COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS E INSPECCION
     DE CONSUMO
     CAPITULO PRIMERO
     Competencias de las Administraciones públicas
     Artículo 58.-Administraciones públicas.
     1. A los efectos de esta Ley, las alusiones a las Administraciones
     públicas aragonesas se entienden referidas, por una parte, a los
     ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comarcas, las demás
     entidades locales y los entes públicos dependientes de aquéllas en
     los términos definidos en la legislación aragonesa de Administración
     local, así como, por otra, a la Administración de la Comunidad
     Autónoma y sus organismos públicos y empresas en los términos que se
     definen en la legislación reguladora de la Administración de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     2. A los efectos de esta Ley se entenderá que las referencias a las
     Administraciones radicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón aluden,
     además de a las enumeradas en el párrafo anterior, a cualesquiera
     otras Administraciones públicas, así como a sus organismos autónomos
     y empresas, que ejercen competencias o actividades en el ámbito
     territorial de Aragón.
     Artículo 59.-Municipios y demás entidades locales.
     Los municipios ejercerán, en materia de protección del consumidor,
     las competencias que les atribuye la legislación de régimen local y
     las señaladas en esta Ley y sus desarrollos reglamentarios.
     Artículo 60.-Comarcas.
     Las comarcas ejercerán, en materia de protección del consumidor, las
     competencias que les vienen atribuidas en su legislación específica y
     las señaladas en esta Ley y sus desarrollos reglamentarios.
     Artículo 61.-Administración de la Comunidad Autónoma.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón es competente
     para el ejercicio de todas las competencias en materia de defensa del
     consumidor que en esta Ley, en sus desarrollos reglamentarios o en la
     legislación sectorial, no vengan expresamente atribuidas a otras
     Administraciones públicas.
     2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá
     estas competencias a través del Departamento que tenga atribuida la
     competencia en materia de defensa del consumidor.
     CAPITULO SEGUNDO
     Inspección de Consumo
     Artículo 62.-Deber general de control e inspección.
     1. Las Administraciones públicas de Aragón con competencias en
     materia de defensa del consumidor desarrollarán actuaciones de
     inspección y control de calidad sobre los productos, bienes y
     servicios puestos a disposición de los consumidores, para comprobar
     que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus características
     técnicas, higiénico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y que se
     ajustan razonablemente a las expectativas que pueden motivar su
     adquisición, derivadas de la descripción realizada en su
     presentación, publicidad, precio y otras circunstancias.
     2. Las Administraciones públicas de Aragón con competencias en la
     materia deberán velar para que la dotación de recursos de la
     Inspección de Consumo sea la adecuada a la función a realizar y, en
     especial, para la formación continuada del personal inspector.
     Artículo 63.-Servicios de Inspección de Consumo.
     1. Para el cumplimiento de las funciones a las que se alude en el
     artículo anterior y de todas las obligaciones de vigilancia y control
     a las que se refieren esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón contará con la
     Inspección de Consumo y el personal de apoyo que precise.
     2. Las Administraciones locales, en el marco de esta Ley, de la
     legislación de régimen local y de sus potestades autoorganizativas,
     podrán crear asimismo sus propios servicios de Inspección de Consumo,
     que deberán coordinar su funcionamiento con la Inspección de Consumo
     de la Administración de la Comunidad Autónoma.
     Artículo 64.-Funciones de la Inspección de Consumo.
     Son funciones obligatorias de la Inspección de Consumo:
     1. Vigilar, verificar y constatar el cumplimiento de la normativa que
     pueda afectar, directa o indirectamente, a los derechos de los
     consumidores.
     2. Investigar y comprobar los hechos de los que tenga conocimiento la
     Administración pública por presuntas infracciones o irregularidades
     en materia de consumo, remitiendo la correspondiente documentación de
     la actuación inspectora a los órganos que puedan resultar competentes
     en cada caso.
     3. Informar a los empresarios y profesionales, durante la realización
     de sus actuaciones, sobre las exigencias,
     cumplimiento y aplicación de la normativa vigente en materia de
     protección y defensa de los derechos de los consumidores, así como
     facilitar a los consumidores la información que precisen para el
     adecuado ejercicio de sus derechos, divulgando el sistema arbitral de
     consumo.
     4. Realizar actuaciones de mediación en aquellos casos en que a
     través de este medio puedan solucionarse los conflictos que puedan
     surgir entre empresarios o profesionales y consumidores.
     5. Elaborar los informes que requiera su actividad, así como los
     recabados por los órganos competentes en materia de arbitraje de
     consumo o potestad sancionadora y los que, en su caso, le sean
     requeridos por otros órganos de la Administración de la Comunidad
     Autónoma.
     6. Estudiar, preparar y ejecutar las campañas de inspección, así como
     cualquier otra actuación tendente a la correcta ejecución de sus
     funciones.
     7. Ejecutar las acciones derivadas del sistema de intercambio rápido
     de información relativo a la seguridad de los productos y servicios.
     8. Ejecutar las órdenes dictadas por las autoridades competentes en
     materia de consumo en el ámbito de la Inspección de Consumo.
     9. Proceder con carácter provisional a la inmovilización de bienes y
     productos y al cierre o suspensión de establecimientos y servicios en
     los supuestos de riesgo urgente o inminente para la salud o seguridad
     de los consumidores previstos en el artículo 12 de esta Ley.
     10. Cualquier otra que se establezca en desarrollo reglamentario de
     la presente Ley.
     Artículo 65.-Obligaciones ante la Inspección de Consumo.
     1. Los productores, importadores, distribuidores, manipuladores y
     primeros comercializadores de productos y bienes y los
     suministradores de servicios, incluidos los proveedores de acceso a
     redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de la
     sociedad de la información, así como cualesquiera otros profesionales
     intermediarios en el proceso de producción, distribución y
     comercialización, incluidos los titulares de los medios de pago que
     operan en transacciones electrónicas, con el fin de salvaguardar los
     derechos de los consumidores y, a requerimiento de los órganos
     competentes en materia de consumo o del personal integrante de la
     Inspección de Consumo, estarán obligados:
     a) A suministrar toda clase de información y datos sobre
     instalaciones, productos, servicios, transacciones comerciales o
     contratos de prestación de servicios, permitiendo la directa
     comprobación de los funcionarios de la Inspección de Consumo.
     b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las
     transacciones efectuadas o contrataciones realizadas, de los precios
     y márgenes aplicados y de los conceptos en que se desglosan los
     mismos.
     c) A facilitar copia o reproducción de la referida documentación.
     d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los
     productos o mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen o
     que se practique cualquier otro tipo de control o ensayo sobre
     productos o bienes en cualquier fase de elaboración,
     envasado o comercialización.
     e) En general, a consentir la realización de las visitas de
     inspección y prestar la necesaria colaboración con la Inspección en
     el ejercicio de sus funciones.
     f) A comparecer cuando sean requeridas por la Inspección de Consumo.
     En el caso de que el inspeccionado sea una persona jurídica, deberán
     comparecer sus administradores, liquidadores o apoderados, sean
     legales o de hecho.
     2. En la inspección de los productos objeto de venta o de la
     prestación de servicios, el compareciente habrá de justificar, en el
     momento de la inspección, el cumplimiento de los requisitos exigidos
     por la legislación vigente para su venta o prestación.
     3. Sólo podrán requerirse datos de carácter personal cuando los
     mismos sean estrictamente imprescindibles para el cumplimiento de las
     funciones de la Inspección de Consumo.
     4. Las Administraciones públicas correspondientes suministrarán
     gratuitamente cuanta información les fuese requerida por la
     Inspección de Consumo.
     Artículo 66.-Carácter de autoridad y cooperación y coordinación
     interadministrativas.
     1. Los inspectores de consumo, en el ejercicio de sus funciones,
     tendrán el carácter de agentes de la autoridad y, para el desarrollo
     de sus funciones, podrán recabar el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de
     Seguridad cuando encuentren resistencia u obstrucción al ejercicio de
     su actividad.
     2. Asimismo, el personal de la Inspección de Consumo, en el ámbito de
     sus competencias, deberá colaborar con todos los Departamentos del
     Gobierno de Aragón y con las demás Administraciones públicas, de
     acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
     Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
     Administrativo Común, en la verificación de los requisitos de
     comercialización de bienes o prestación de servicios destinados a los
     consumidores.
     3. En la planificación de las actuaciones de la Inspección de Consumo
     se actuará con plena coordinación entre todas las Administraciones
     públicas.
     Artículo 67.-Realización de las actuaciones inspectoras.
     1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Inspección de
     Consumo estará obligado a identificarse como tal y, cuando le sea
     solicitado, exhibir las credenciales de su condición.
     2. Lo dispuesto en el párrafo anterior, en lo relativo al carácter
     previo de la identificación, no será de aplicación en aquellos casos
     en que la finalidad de la inspección pueda frustrarse por tal motivo.
     Sólo podrá actuarse de esta forma cuando las labores de inspección se
     realicen en lugares de acceso público y se hayan determinado
     previamente, por escrito, las causas que justifiquen tal actuación.
     3. En cualquier caso, cuando se haya procedido conforme a lo señalado
     en el párrafo anterior, al término de la actuación inspectora el
     personal de la Inspección de Consumo vendrá en todo caso obligado a
     identificarse y levantar acta en presencia del inspeccionado o su
     representante.
     4. El personal de la Inspección de Consumo, cuando actúe en el
     ejercicio de sus funciones, se comportará con la debida corrección,
     prudencia y discreción, su actitud será respetuosa con los
     ciudadanos, proporcionada y ponderada y, en todo caso, estará
     obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto de las
     informaciones obtenidas.
     5. Cuando la especial naturaleza de los actos de comercio electrónico
     o los actos de consumo en la sociedad de la información requieran de
     actuaciones inspectoras a materializar sobre el medio telemático,
     electrónico o informático y, por tanto, a distancia del
     correspondiente proveedor de servicios de la sociedad de la
     información o de los sujetos a los que alude el artículo 37 de esta
     Ley, el personal de la Inspección de Consumo quedará relevado de la
     obligación de identificación y de exhibición de credenciales.
     Artículo 68.-Visitas de inspección.
     1. Los inspectores de consumo podrán en cualquier momento realizar
     visitas a las empresas, actividades y establecimientos dedicados a la
     comercialización de productos o a la prestación de servicios para la
     práctica de cualquiera de las actuaciones referentes a sus labores. A
     estos efectos, el personal de la Inspección de Consumo tendrá la
     facultad de acceder libremente y sin notificación previa, en
     cualquier momento, a las instalaciones, locales o dependencias,
     previa acreditación de su condición, sin perjuicio de lo dispuesto en
     el apartado 2 del artículo anterior.
     2. Los Inspectores de Consumo podrán realizar las visitas de
     inspección acompañados de aquellos técnicos especialistas que tengan
     por conveniente de entre los de la Administración pública a la que
     pertenezcan.
     3. Durante la visita, el inspector de consumo podrá:
     a) Inspeccionar los productos objeto de venta, el local y sus
     dependencias, realizando las verificaciones y comprobaciones que
     procedan.
     b) Exigir la presentación de documentación, libros y registros que
     tengan relación con el objeto de la investigación, a fin de
     examinarlos y obtener las copias o reproducciones necesarias.
     c) Solicitar declaración, datos o antecedentes del titular,
     responsable o representante de la empresa o actividad y recabar
     información de los empleados o clientes sobre cuestiones relacionadas
     con el objeto de la inspección.
     d) Realizar mediciones y tomar muestras o fotografías, así como
     practicar cualquier otra prueba por los medios legales permitidos.
     e) Llevar a cabo cuantas actuaciones sean precisas en razón del
     cumplimiento de las funciones de inspección que desarrollan.
     Artículo 69.-Toma de muestras.
     1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a seguir en la
     toma de muestras realizada por la Inspección de Consumo.
     2. Las tomas de muestras reglamentarias se efectuarán por triplicado
     y las cantidades que compongan cada uno de los ejemplares de muestra
     tendrán la dimensión o tamaño suficiente para garantizar la práctica
     correcta de los ulteriores análisis o comprobaciones que requiera la
     correcta protección y defensa de
     los consumidores.
     3. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, las
     muestras podrán estar constituidas por un único ejemplar en el caso
     de productos o bienes que estén sometidos a certificación o que se
     sometan a ensayos para determinar su seguridad o aptitud funcional.
     En este caso se notificará previamente a todas las partes interesadas
     la realización de estos ensayos, al objeto de que puedan
     presenciarlos y efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas.
     Asimismo, las muestras también podrán constituirse como único
     ejemplar en los supuestos en que técnicamente no sea posible su
     obtención por triplicado.
     4. La Administración pública vendrá obligada a pagar el valor de
     coste de los bienes objeto de toma de muestras en aquellos casos en
     los que el resultado de las comprobaciones no sea susceptible de
     sanción en vía administrativa o penal. En el caso de que los bienes
     no presenten irregularidades, la Administración podrá disponer de los
     mismos para su cesión a aquellas entidades benéficas que los
     soliciten.
     Artículo 70.-Citaciones.
     1. Los inspectores de consumo podrán efectuar citaciones a fin de que
     las personas titulares de empresas, actividades o establecimientos, o
     sus representantes legales, se personen en el lugar donde se
     encuentre el domicilio de la empresa, donde se realicen la venta de
     los productos o la prestación de los servicios o en las oficinas de
     la Administración inspectora a los efectos de facilitar el desarrollo
     de la labor de inspección y aportar la documentación precisa y cuanta
     información y datos sean necesarios.
     2. Estas citaciones podrán dirigirse igualmente a cualquier persona,
     siempre que sea estrictamente necesario para la actividad inspectora.
     3. En las citaciones se harán constar el lugar, fecha, hora y objeto
     de la comparecencia, procurando la mínima perturbación de las
     obligaciones laborales y profesionales de las personas citadas, que
     podrán acudir acompañadas de asesores identificados.
     Artículo 71.-Requerimientos.
     Los inspectores de consumo, en el ejercicio de las funciones que
     tienen reconocidas, están facultados para requerir la presentación o
     remisión de documentos, el suministro de datos de acuerdo con lo
     dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 65, o la ejecución de
     las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos
     objeto de la actividad inspectora.  Su incumplimiento se entenderá
     como obstrucción a la inspección o negativa a facilitar la
     información requerida por ellos.
     Artículo 72.-Documentación de la actuación inspectora.
     1. Las actuaciones de la Inspección de Consumo se documentarán en
     comunicaciones, diligencias, informes y actas. Los requisitos
     específicos de estos documentos, sin perjuicio de lo establecido en
     esta Ley, serán los que en cada caso se determinen
     reglamentariamente.
     2. Las actas de inspección son documentos que redactan los
     inspectores de consumo en los que se recoge el resultado de la
     función inspectora de vigilancia y verificación del cumplimiento de
     las disposiciones y normativa de protección y defensa de los
     consumidores durante las visitas de inspección y en las que deben
     figurar, como mínimo, la fecha, hora y lugar de la inspección, la
     identificación de los funcionarios actuantes, el motivo de la
     inspección, la ubicación del establecimiento o actividad
     inspeccionada y la referencia a los hechos constatados. Deberán
     extenderse en presencia del titular de la empresa o establecimiento
     afectado, o de su representante legal o, en su defecto, de cualquiera
     que sea dependiente de aquél.
     3. Las diligencias, que tienen una función complementaria de las
     actas de inspección, son los documentos que redacta el personal
     inspector en el curso del procedimiento de inspección para hacer
     constar cualquier hecho, circunstancia o manifestación relevante.  La
     diligencia será válida con la firma únicamente del personal actuante
     en aquellos casos en que no se requiera la presencia de un
     compareciente o ésta no sea posible, o bien cuando su presencia pueda
     frustrar la actuación inspectora. No obstante lo anterior, y a salvo
     de las excepciones que se acaban de señalar, las diligencias, con
     carácter general, deberán redactarse y levantarse en presencia del
     inspeccionado.
     4. Las diligencias y las actas de inspección tienen naturaleza de
     documento público y tendrán valor probatorio respecto de los hechos
     que hayan motivado su formalización, salvo que se acredite lo
     contrario.
     TITULO III DE LA POTESTAD SANCIONADORA
     CAPITULO PRIMERO
     Competencia y procedimiento
     Artículo 73.-Potestad sancionadora.
     1 La potestad sancionadora en materia de defensa del consumidor se
     ajustará al procedimiento sancionador vigente y se ejercerá por los
     órganos competentes de las Administraciones públicas aragonesas. Las
     infracciones de los preceptos de esta Ley, de la normativa que la
     desarrolle o de la normativa básica estatal en esta materia, serán
     objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa
     instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las
     responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran
     concurrir.
     2. El ejercicio por las Administraciones locales de la potestad
     sancionadora en esta materia se regirá por lo dispuesto en la
     legislación de régimen local.
     Artículo 74.-Organos administrativos competentes.
     1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma,
     corresponde a los directores de los Servicios Provinciales de Huesca,
     Teruel y Zaragoza del Departamento competente en materia de consumo,
     la incoación de los expedientes sancionadores por infracciones en
     materia de protección al consumidor. No obstante lo anterior, la
     incoación de los expedientes sancionadores siempre podrá realizarse
     por el director general o por el titular del departamento que tenga
     atribuida la competencia en materia de consumo.
     2. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, los
     órganos competentes para la resolución de expedientes sancionadores,
     así como para la imposición de sanciones, serán:
     a) El Gobierno de Aragón, para la imposición de multas por
     infracciones muy graves, de cuantía superior a 150.000 euros.
     b) El titular del Departamento competente en materia de consumo, para
     la imposición de multas por infracciones muy graves, cuya cuantía no
     exceda de 150.000 euros.
     c) El director general competente en materia de consumo, para la
     imposición de multas por infracciones graves.
     d) Los directores de los Servicios Provinciales del Departamento
     competente en materia de consumo, para la imposición de multas por
     infracciones leves.
     3. En el ámbito de las Administraciones locales se estará a lo que,
     en cada caso, disponga la legislación de régimen local.
     Artículo 75.-Actuaciones y medidas provisionales.
     1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para
     resolver podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas
     provisionales que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento
     de la resolución que pudiera recaer y, en todo caso, para asegurar el
     cumplimiento de la legalidad y salvaguardia de la salud, seguridad y
     de los intereses económicos y sociales de los consumidores, todas o
     algunas de las siguientes medidas provisionales:
     a) Suspensión temporal en cualquier fase de la distribución de un
     producto para garantizar la salud y seguridad.
     b) Suspensión temporal de la prestación de servicios para garantizar
     la salud y la seguridad.
     c) Imposición de medidas previas en cualquier fase de la
     comercialización de productos, bienes y servicios a fin de que sean
     subsanadas las deficiencias detectadas.
     d) Prohibición de la venta de un producto mediante la inmovilización
     cautelar, hasta tanto se compruebe, de forma directa o mediante las
     pruebas o analíticas correspondientes, que no entraña riesgo para la
     salud o la seguridad de los consumidores.
     2. Las medidas provisionales se deberán mantener el tiempo necesario
     para la realización de las pruebas solicitadas o la subsanación de
     las deficiencias o eliminación de riesgos encontrados. Las medidas
     provisionales serán levantadas por la autoridad competente cuando el
     supuesto riesgo para la salud, la seguridad o los intereses
     económicos y sociales de los consumidores no fuese confirmado o
     fueran subsanados los hechos que las motivaron.
     CAPITULO SEGUNDO
     Tipificación de las infracciones
     Artículo 76.-Infracciones en materia de protección a la salud y
     seguridad de los consumidores.
     Constituyen infracción en materia de protección de la salud y
     seguridad de los consumidores:
     a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o
     prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y
     servicios puestos a disposición del consumidor.
     b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos
     para la salud o seguridad de los consumidores, ya sea
     de forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y
     precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que
     se trate.
     c) El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que
     concretamente formulen las autoridades que resulten competentes para
     situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones o
     circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente
     perjudiciales para la salud pública o la seguridad de los
     consumidores.
     d) El incumplimiento de las medidas de inmovilización de bienes y
     productos y cierre, suspensión de establecimientos y servicios, y
     demás reguladas en el artículo 12 de esta Ley.
     Artículo 77.-Infracciones por alteración, adulteración, fraude o
     engaño.
     Son infracciones por alteración, adulteración, fraude o engaño las
     siguientes:
     a) La elaboración, distribución, suministro o venta de productos o
     bienes a los que se haya adicionado o sustraído cualquier sustancia o
     elemento para variar su composición, estructura, peso o volumen, en
     detrimento de sus cualidades, ya fuere para corregir defectos
     mediante procesos o procedimientos no autorizados, ya para encubrir
     la inferior calidad, la alteración o el origen de los productos
     utilizados.
     b) La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes cuando
     su composición o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o
     a la correspondiente autorización administrativa o difiera de la
     declarada y anotada en el registro correspondiente.
     c) El fraude en cuanto al origen, calidad, composición, cantidad,
     peso o medida de cualquier clase de productos, bienes o servicios
     destinados al público, o su presentación mediante determinados
     envases, etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra
     información o publicidad que induzca al engaño o confusión o
     enmascare la verdadera naturaleza del producto, bien o servicio.
     d) El fraude en la prestación de toda clase de servicios, de forma
     que se incumplan las condiciones de calidad, cantidad, intensidad o
     naturaleza de los mismos, con arreglo a la categoría con que éstos se
     ofrezcan.
     e) La oferta de productos, bienes o servicios mediante publicidad o
     información, de cualquier clase y por cualquier medio, en que se les
     atribuyan calidades, características, comprobaciones, certificaciones
     o resultados que difieran de los que realmente tienen o puedan
     obtenerse, y toda la publicidad que, de cualquier forma, incluida la
     presentación de los mismos, induzca a error o sea susceptible de
     inducir a error a las personas a las que se dirige.
     f) La utilización de las etiquetas, envases o propaganda de nombres,
     clase, indicaciones de procedencia u otras que no correspondan al
     producto, bien o servicio e induzcan a confusión al consumidor.
     g) La negativa a someterse al sistema arbitral para la resolución de
     los conflictos en materia de consumo cuando el empresario haya dado
     publicidad al distintivo de adhesión al mismo, incluyéndolo en
     cualquier forma en la oferta o promoción de los bienes o servicios
     que pone en el mercado o, en cualquier caso, cuando se encuentre
     adherido al mismo con carácter genérico mediante oferta pública de
     sometimiento.
     h) La utilización engañosa o fraudulenta de distintivos de calidad de
     consumo, de adhesión al sistema arbitral o, en general, de
     cualesquiera señales o distintivos que generan expectativas de
     calidad o confianza en el consumidor.
     i) En general, cualquier situación que conduzca a engaño o confusión
     o que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o
     servicio de que es objeto el consumo.
     Artículo 78.-Infracciones por transacciones comerciales, condiciones
     técnicas de venta y en materia de precios y garantía.
     Son infracciones en materia de transacciones comerciales y
     condiciones técnicas de venta y en materia de precios y garantía:
     a) La venta de productos y bienes o la prestación de servicios a
     precios superiores a los máximos legalmente establecidos, a los
     precios comunicados, a los precios anunciados o a los presupuestados
     al consumidor y, en general, el incumplimiento de las disposiciones o
     las normas vigentes en materia de precios y márgenes comerciales.
     b) La ocultación al consumidor de parte del precio mediante formas de
     pago o prestación no manifiesta o mediante rebajas en la cantidad o
     la calidad reales respecto a las prestaciones aparentemente
     convenidas.
     c) La realización de transacciones en que se imponga al consumidor la
     condición expresa o tácita de adquirir productos o servicios
     cuantitativa o cualitativamente no solicitados.
     d) La intervención de cualquier persona, firma o empresa de forma que
     suponga la aparición de un nuevo escalón intermedio dentro del
     proceso habitual de distribución, siempre que origine o dé ocasión a
     un aumento no autorizado de los precios o márgenes máximos fijados.
     e) El acaparamiento y la retirada injustificada de materias, bienes o
     servicios destinados directa o indirectamente al suministro o a la
     venta, con perjuicio directo o inmediato para el consumidor.
     f) La no entrega de presupuesto previo, documento acreditativo de la
     operación, resguardo de depósito, factura o comprobante de la venta
     de productos y bienes o de la prestación de los servicios, en los
     casos que sea preceptiva o cuando lo solicite el consumidor, así como
     la entrega de presupuesto que incumpla los requisitos mínimos
     establecidos en la normativa vigente.
     g) La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
     h) La no asunción o incumplimiento de la garantía entregada al
     consumidor en el momento de la adquisición de productos, bienes y
     servicios.
     i) La no entrega de garantía escrita o entrega de garantía escrita
     que no respete los requisitos mínimos, dispuestos por la normativa
     vigente, en la adquisición de productos y bienes o suministro de
     servicios que obligatoriamente conlleven su entrega.
     j) El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones
     ofrecidas al consumidor, si fueran más favorables, en materia de
     garantía y arreglo o reparación de bienes de consumo, especialmente
     si son de uso duradero, así como la insuficiencia de la asistencia
     técnica o inexistencia de piezas de repuesto,
     contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las
     condiciones ofrecidas al consumidor en el momento de adquisición de
     tales bienes, si fueran más favorables.
     k) El incumplimiento de las disposiciones sobre crédito al consumo.
     Artículo 79.-Infracciones en materia de normalización, documentación
     y condiciones de venta.
     Son infracciones en materia de normalización, documentación y
     condiciones de venta y en materia de suministros o de prestación de
     servicios:
     a) El incumplimiento de las disposiciones relativas a la
     normalización y a la tipificación de los productos, bienes o
     servicios que se comercialicen o existan en el mercado.
     b) La contravención de las disposiciones administrativas que prohíben
     la venta de ciertos productos, bienes o servicios en determinados
     establecimientos o a determinadas personas.
     c) El incumplimiento de las disposiciones que regulan el marcado de
     precios, el etiquetado, el envasado, depósito y almacenaje, embalaje,
     transporte y la publicidad sobre productos, bienes y servicios.
     d) El incumplimiento de las disposiciones sobre utilización de
     marchamos, contrastes, precintos y contramarcas en los productos
     puestos a disposición del mercado.
     e) El incumplimiento de las normas relativas a documentación,
     información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el
     adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, instalación o
     servicio o como garantía para la protección del consumidor.
     f) El incumplimiento de las condiciones de venta en establecimientos
     permanentes, en la vía pública, venta domiciliaria, ambulante, por
     correo o por entregas sucesivas o de cualquier otra forma de toda
     clase de bienes y servicios.
     g) El corte de suministro de servicios de interés general de tracto
     sucesivo o continuado, sin constancia fehaciente de recepción previa
     por el consumidor de una notificación concediéndole plazo suficiente
     para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del
     corte, y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales
     que, en su caso, puedan proceder.
     Artículo 80.-Otras infracciones.
     Constituyen otras infracciones en materia de defensa del consumidor:
     a) La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor
     producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su
     satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o
     prestador habitual, así como cualquier forma de discriminación con
     respecto a las referidas demandas.
     b) El suministro de información inexacta o documentación falsa, así
     como la negativa, resistencia u obstrucción a suministrar datos y a
     facilitar la información requerida por las autoridades competentes en
     orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia,
     investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a
     que se refiere esta Ley, en especial,
     las encaminadas a evitar las tomas de muestras o impedir la eficacia
     de la inspección, la manipulación, traslado o disposición de
     cualquier forma de mercancía cautelarmente intervenida.
     c) El incumplimiento del deber de colaboración con la Inspección de
     Consumo, así como la desatención de sus citaciones.
     d) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra
     forma de intimidación o presión al personal encargado de las
     funciones de inspección a las que se refiere la presente Ley o contra
     las empresas, particulares u organizaciones de consumidores que hayan
     entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal,
     denuncia o participación en procedimientos en materia de defensa del
     consumidor.
     e) La manipulación, el traslado o la disposición no autorizados de
     las muestras depositadas reglamentariamente o de la mercancía
     intervenida por los funcionarios competentes como medida cautelar,
     así como su desaparición o destrucción intencionada o imprudente.
     f) El incumplimiento de las normas que regulan la sociedad de
     servicios de la información en relación con la defensa de los
     consumidores.
     g) El incumplimiento, por parte de los proveedores de servicios de
     acceso a redes de telecomunicaciones y titulares de medios de pago
     utilizados en las transacciones electrónicas, de las obligaciones
     impuestas en esta Ley o en las leyes sectoriales relevantes en
     materia de consumo.
     h) En general, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
     establecidas en la presente Ley o en la legislación estatal o
     autonómica en materia de defensa del consumidor.
     CAPITULO TERCERO
     Calificación de las infracciones
     Artículo 81.-Clasificación de las infracciones.
     Las infracciones en materia de defensa de los consumidores
     tipificadas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
     Artículo 82.-Infracciones leves.
     1. Salvo que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del
     artículo siguiente hubieran de tener la consideración de graves, se
     reputarán infracciones leves:
     a) Las tipificadas en el apartado a) del artículo 76 de esta Ley
     cuando no afecten a ninguno de los colectivos de consumidores
     considerados como especialmente protegibles en el artículo 5 o cuando
     no tengan por objeto productos, bienes y servicios objeto de especial
     atención de los definidos en el artículo 6 de esta ley.
     b) Las tipificadas en los apartados a), b), c), d), e), f) e i) del
     artículo 77 de esta Ley cuando no afecten a ninguno de los colectivos
     de consumidores considerados como especialmente protegibles en el
     artículo 5 o cuando no tengan por objeto productos, bienes y
     servicios objeto de especial atención de los definidos en el artículo
     6 de esta ley.
     c) Las tipificadas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 78
     de esta Ley cuando el impacto de la conducta infractora comporte un
     incremento injusto del precio o de los márgenes comerciales que no
     supere el veinte por ciento.
     d) Las tipificadas en los apartados f), h), i) y j) del artículo 78
     de esta Ley cuando el precio del bien, producto o servicio no supere
     los dos mil euros.
     e) Las tipificadas en los apartados a), b), c), d), e) y f) del
     artículo 79 de esta Ley cuando no afecten a ninguno de los colectivos
     de consumidores considerados como especialmente protegibles en el
     artículo 5 o cuando no tengan por objeto productos, bienes y
     servicios objeto de especial atención de los definidos en el artículo
     6 de esta ley.
     f) Las tipificadas en el apartado a) del artículo 80 de esta Ley
     cuando no afecten a ninguno de los colectivos de consumidores
     considerados como especialmente protegibles en el artículo 5.
     g) Las tipificadas en el apartado h) del artículo 80 de esta Ley
     cuando no fuesen subsumibles en ningún otro tipo infractor
     específico.
     2. También se reputarán infracciones leves las contempladas en los
     apartados a), b), c), e), f), h) y j) del párrafo 1 del artículo 83
     cuando, sin concurrir ninguna circunstancia agravante en su comisión,
     concurran al menos dos de las circunstancias atenuantes reguladas en
     el párrafo 3 del artículo 94 de esta ley.
     Artículo 83.-Infracciones graves.
     1. Siempre que, de conformidad con lo que dispone el artículo
     siguiente, no hayan de tener la consideración de muy graves, se
     reputarán infracciones graves:
     a) Las tipificadas en el apartado a) del artículo 76 de esta Ley
     cuando afecten a alguno de los colectivos de consumidores
     considerados como especialmente protegibles en el artículo 5 o tengan
     por objeto productos, bienes y servicios objeto de especial atención
     de los definidos en el artículo 6 de esta ley.
     b) Las tipificadas en los apartados b), c) y d) del artículo 76 de
     esta Ley cuando no generasen contaminaciones o circunstancias de otro
     tipo que hubieran resultado gravemente perjudiciales para la salud
     pública o la seguridad de consumidores.
     c) Las tipificadas en los apartados a), b), c), d), e), f) e i) del
     artículo 77 de esta Ley cuando afecten a alguno de los colectivos de
     consumidores considerados como especialmente protegibles en el
     artículo 5 o tengan por objeto productos, bienes y servicios objeto
     de especial atención de los definidos en el artículo 6 de esta ley.
     d) Las tipificadas en los apartados g) y h) del artículo 77 de esta
     Ley.
     e) Las tipificadas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 78
     de esta Ley cuando el impacto de la conducta infractora comporte un
     incremento injusto del precio o de los márgenes comerciales en más de
     un veinte por ciento.
     f) Las tipificadas en los apartados f), h), i) y j) del artículo 78
     de esta Ley cuando el precio del bien, producto o servicio supere los
     dos mil euros.
     g) Las tipificadas en los apartados e), g), y k) del artículo 78
     de esta Ley.
     h) Las tipificadas en los apartados a), b), c), d), e) y f) del
     artículo 79 de esta Ley cuando afecten a alguno de los colectivos de
     consumidores considerados como especialmente protegibles en el
     artículo 5 o tengan por objeto productos, bienes y servicios objeto
     de especial atención de los definidos en el artículo 6 de esta ley.
     i) Las tipificadas en el apartado g) del artículo 79 de esta Ley.
     j) Las tipificadas en el apartado a) del artículo 80 de esta Ley
     cuando afecten a alguno de los colectivos de consumidores
     considerados como especialmente protegibles en el artículo 5.
     k) Las tipificadas en los apartados b), c), d), f) y g) del artículo
     80 de esta Ley.
     l) Las tipificadas en el apartado e) del artículo 80 de esta Ley
     cuando no se hubiese producido la desaparición o destrucción
     intencionada de las muestras.
     2. Asimismo, tendrán en todo caso la consideración de graves aquellas
     infracciones inicialmente consideradas como leves en las que
     concurran las siguientes circunstancias:
     a) Que se trate de una infracción continuada o práctica habitual.
     b) Que las conductas infractoras se produzcan consciente o
     deliberadamente, o por falta de los controles y las precauciones
     exigibles en la actividad, el servicio o la instalación de que se
     trate.
     Artículo 84. Infracciones muy graves.
     1. Son infracciones muy graves:
     a) Las tipificadas en los apartados b), c) y d) del artículo 76 de
     esta Ley cuando hubiesen generado contaminaciones o circunstancias de
     otro tipo que hubieran resultado gravemente perjudiciales para la
     salud pública o la seguridad de consumidores.
     b) Las tipificadas en el apartado e) del artículo 78 de esta Ley
     cuando como consecuencia de la conducta infractora se genere una
     situación de carencia en un sector o en una zona de mercado
     determinada por la infracción.
     c) Las tipificadas en el apartado e) del artículo 80 de esta Ley
     cuando se hubiese producido la desaparición o destrucción
     intencionada de las muestras.
     2. Asimismo, tendrán en todo caso la consideración de muy graves
     aquellas infracciones inicialmente consideradas como graves de
     conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo
     anterior en las que, además, concurra alguna de las siguientes
     circunstancias:
     a) Que la comisión de la infracción genere un beneficio
     desproporcionado al infractor, presumiéndose como tal en todo caso
     aquél que duplica el beneficio legítimo o que supera los 500.000
     euros.
     b) Que se trate de una infracción masiva, entendiendo por tal la que
     afecta a un gran número de consumidores teniendo alta repercusión en
     el mercado, considerándose a estos efectos gran número aquél que
     supera las doscientas personas.
     CAPITULO CUARTO
     Responsabilidad
     Artículo 85.-Sujetos responsables.
     1. Con carácter general, son responsables de las infracciones
     tipificadas en esta Ley las personas físicas o jurídicas que, por
     acción u omisión, hayan participado en su comisión, ya sea en calidad
     de productores, importadores, distribuidores, manipuladores,
     comercializadores de productos y bienes y suministradores de
     servicios, así como cualesquiera otros profesionales intermediarios
     en el proceso de producción, distribución y comercialización.
     2. En particular se podrán considerar responsables:
     a) Cuando se trate de infracciones en productos envasados, será
     responsable la firma o razón social cuyo nombre figure en la
     etiqueta, salvo que se demuestre la falsificación o la mala
     conservación del producto por el tenedor, distribuidor o
     comercializador, y siempre que se especifiquen en el envasado
     original las condiciones de conservación. También se considerará
     responsable el envasador si se prueba su connivencia con el
     propietario de la marca.
     b) Cuando se trate de infracciones en productos a granel, se
     considerará responsable el tenedor, distribuidor o comercializador en
     cuyo poder se encuentre el producto, salvo que se pueda demostrar que
     dicha responsabilidad corresponde a un tenedor anterior.
     c) Cuando se trate de infracciones cometidas con ocasión de la
     comercialización o distribución de productos o servicios
     franquiciados, será responsable tanto el vendedor o prestador directo
     del servicio como la persona o entidad franquiciadora.
     d) Cuando se trate de infracciones cometidas en el contexto del
     comercio electrónico o la sociedad de la información, se considerará
     responsable al prestador de servicios de la sociedad de la
     información que oferta el producto o servicio y, en la medida en que
     no colaboren con la Administración protectora del consumidor, al
     proveedor de acceso a la red de telecomunicaciones y, en su caso, al
     titular del medio de pago imprescindible para la materialización de
     operaciones comerciales en un medio electrónico.
     3. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, podrán ser
     consideradas también como responsables las personas que integren los
     órganos rectores o de dirección de aquélla, así como los técnicos
     responsables de la elaboración y control del producto.
     4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley
     corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma
     solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan.
     Artículo 86.-Responsabilidades en supuestos de extinción de personas
     jurídicas.
     1. En el caso de infracciones cometidas por personas jurídicas que se
     extinguieren antes de ser sancionadas, la responsabilidad
     administrativa, en lo que se refiere a las sanciones pecuniarias de
     multa y de comiso, se exigirá a los administradores y, además, a las
     personas físicas que desde los órganos de dirección
     determinaron, con su conducta dolosa o negligente, la comisión de la
     infracción.
     2. Las obligaciones de pago de multa y de comiso impuestas con
     anterioridad a la extinción de la personalidad jurídica, si no son
     satisfechas en la liquidación, se transmitirán a los socios o
     partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente.
     Artículo 87.-Restitución de la situación alterada por la infracción.
     1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del
     procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al
     infractor de la restitución de la situación alterada por el mismo a
     su estado originario, que podrá ser determinada por el órgano
     competente.
     2. Sin perjuicio de la utilización genérica de la facultad anterior
     cuando existan en el expediente elementos de juicio para
     determinarla, en todo caso se exigirá la restitución de la situación
     alterada en los siguientes supuestos:
     a) En las infracciones tipificadas en el artículo 79.g), relativas al
     irregular corte de suministro de servicios de interés general de
     tracto sucesivo o continuado, en las que se impondrá como medida de
     restitución la reanudación inmediata del servicio.
     b) En las infracciones en materia de defensa del consumidor que hayan
     causado un perjuicio al medio ambiente, se impondrá como medida de
     restitución la reparación del perjuicio causado al medio ambiente.
     c) En aquellos otros supuestos que reglamentariamente se establezcan
     se impondrán las medidas de restitución que el Gobierno de Aragón, en
     desarrollo de esta Ley, determine.
     3. El acuerdo anterior será ejecutivo desde el momento en el que el
     acto administrativo que imponga tal obligación de restitución haya
     puesto fin a la vía administrativa.
     Artículo 88.-Restitución de cantidades indebidamente percibidas.
     1. Independientemente de las sanciones a que se refiere esta Ley, el
     órgano sancionador impondrá a la persona o entidad infractora la
     obligación de restituir inmediatamente al consumidor la cantidad
     percibida indebidamente en los supuestos de aplicación de precios
     superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o
     anunciados al público.
     2. El acuerdo anterior será ejecutivo desde el momento en el que el
     acto administrativo que imponga tal obligación de restitución haya
     puesto fin a la vía administrativa.
     Artículo 89.-Ejecución forzosa.
     1. El órgano sancionador podrá proceder, previo apercibimiento, a la
     ejecución forzosa de las resoluciones recaídas en los expedientes
     sancionadores mediante apremio sobre el patrimonio o mediante la
     imposición de multas coercitivas, de conformidad con lo dispuesto en
     los apartados siguientes.
     2. Procederá el apremio sobre el patrimonio cuando la resolución del
     expediente sancionador acuerde la imposición de una o varias multas y
     éstas no sean abonadas en periodo voluntario, siguiéndose el
     procedimiento establecido por las normas reguladoras del
     procedimiento recaudatorio en vía de apremio.
     3. Procederá la imposición de multas coercitivas sucesivas e
     independientes de las sanciones que pudieran imponerse como
     consecuencia de expediente sancionador y compatibles con éstas
     cuando, de conformidad con lo señalado en los dos artículos
     precedentes, se haya impuesto al infractor en concepto de restitución
     de la situación alterada una obligación de hacer o la obligación de
     reintegrar al consumidor o usuario las cantidades indebidamente
     percibidas y ésta no se hubiese cumplido en el plazo concedido al
     efecto. Entre la imposición de las sucesivas multas coercitivas
     deberá transcurrir el tiempo necesario para cumplir lo ordenado.
     4. Respecto de la cuantía de las multas coercitivas se habrá de estar
     a lo siguiente:
     a) Cuando la obligación de restituir fuere una obligación de hacer,
     del tipo de las reguladas en el artículo 87 de esta Ley, la cuantía
     de la primera multa coercitiva será de hasta 300 euros, de hasta 600
     euros la segunda y de hasta 1.200 euros las sucesivas, hasta alcanzar
     como máximo la cuantía correspondiente al triple de la sanción
     impuesta.
     b) Cuando se trate de la obligación de restitución económica que se
     regula en el artículo 88 de esta Ley, la cuantía de cada multa
     coercitiva podrá alcanzar hasta el treinta por ciento del importe de
     la cantidad a reintegrar, hasta alcanzar en conjunto el triple de
     dicho importe que, a su vez, no podrá ser superior a tres veces la
     cuantía de la sanción impuesta.
     5. Si una vez agotadas las multas coercitivas, por haberse llegado a
     los topes máximos autorizados, las obligaciones impuestas siguieren
     sin ser cumplidas, se podrán utilizar por la Administración actuante
     para lograr dicha ejecución cualesquiera otros medios de ejecución
     forzosa que estén previstos en la legislación general de régimen
     jurídico y procedimiento de las Administraciones públicas.
     CAPITULO QUINTO
     Sanciones
     Artículo 90.-Sanciones pecuniarias. Cuantías.
     Las infracciones en materia de defensa del consumidor serán
     sancionadas con multas, con arreglo a la siguiente escala:
     a) Infracciones leves, desde 100 hasta 3.000 euros.
     b) Infracciones graves, desde 3.000,01 hasta 30.000 euros, pudiéndose
     rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los
     productos, bienes o servicios objeto de la infracción.
     c) Infracciones muy graves, desde 30.000,01 hasta 600.000 euros,
     pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor
     de los productos, bienes o servicios objeto de la infracción.
     Artículo 91.-Amonestaciones.
     No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las infracciones
     leves en las que concurra una circunstancia atenuante podrán ser
     sancionadas, en lugar de con multa, con amonestación consistente en
     un simple pronunciamiento en la resolución sancionadora.
     Artículo 92.-Sanciones complementarias en supuestos de infracciones
     graves o muy graves.
     1. En caso de infracciones graves, al margen de la imposición de la
     sanción pecuniaria que corresponda, podrá imponerse con carácter
     complementario:
     a) La sanción de decomiso o retirada de la mercancía falsificada,
     fraudulenta, no identificada o que entrañe o pueda entrañar riesgo
     para el consumidor, corriendo por cuenta del infractor todos los
     gastos que se originen como consecuencia de ello.
     b) El cierre temporal total o parcial de la empresa, establecimiento
     o instalación infractora por un plazo máximo de tres meses si
     hubieran concurrido circunstancias agravantes. Esta sanción
     comportará la prohibición de continuar la oferta o comercialización
     en los servicios de la sociedad de la información cuando la
     infracción se hubiera cometido por este medio
     c) La prohibición de contratar con las Administraciones públicas de
     Aragón durante un periodo máximo de dos años.
     2. En el caso de infracciones muy graves, al margen de la imposición
     de la sanción pecuniaria que corresponda, podrá imponerse con
     carácter complementario:
     a) La sanción de decomiso o retirada de la mercancía falsificada,
     fraudulenta, no identificada o que entrañe o pueda entrañar riesgo
     para el consumidor, corriendo por cuenta del infractor todos los
     gastos que se originen como consecuencia de ello.
     b) El cierre temporal total o parcial de la empresa, establecimiento
     o instalación infractora por un plazo máximo de cinco años para el
     caso de infracciones muy graves que supongan un alto riesgo para la
     salud y seguridad de las personas, un grave y considerable perjuicio
     económico o bien tengan una importante repercusión social o se
     aprecie en ellas un comportamiento especulativo por parte del
     infractor. En caso de reincidencia, se podrá proceder a la clausura
     definitiva de dicha empresa, establecimiento o instalación. Esta
     sanción comportará la prohibición de continuar la oferta o
     comercialización en los servicios de la sociedad de la información
     cuando la infracción se hubiera cometido por este medio.
     c) La prohibición de contratar con las Administraciones públicas de
     Aragón durante un periodo máximo de cinco años.
     Artículo 93.-Efectos accesorios de las sanciones.
     1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente
     sancionador podrá acordar como efectos accesorios de las
     correspondientes sanciones, y con independencia de las mismas, la
     publicación de las sanciones impuestas en el caso de infracciones
     graves o muy graves. Esta publicidad deberá hacer referencia a los
     nombres y los apellidos de las personas físicas o la denominación o
     razón social de las personas jurídicas responsables, la clase y la
     naturaleza de las infracciones y la sanción principal impuesta, y
     deberá realizarse mediante su inserción en el Boletín Oficial de
     Aragón y en los medios de comunicación social de mayor difusión.
     También deberá comunicarse a las organizaciones de consumidores. El
     coste de dicha publicidad correrá de cuenta de la persona o entidad
     sancionada.
     2. El Gobierno de Aragón podrá regular la imposibilidad de ser
     perceptor de ayudas oficiales, tales como créditos, subvenciones,
     desgravaciones fiscales y otros, por parte de las personas físicas o
     jurídicas que hubieren sido sancionadas por infracciones muy graves
     en materia de defensa de los consumidores.
     Artículo 94.-Graduación de las sanciones. Circunstancias atenuantes y
     agravantes.
     1. Para determinar concretamente, dentro de los mínimos y máximos
     establecidos, las sanciones que proceda imponer y su extensión, se
     tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes
     previstas en los apartados siguientes.
     2. Son circunstancias agravantes:
     a) La reincidencia.
     b) La reiteración.
     c) La importancia del volumen de ventas generado por la actuación
     ilícita.
     d) La entidad del beneficio ilícito obtenido.
     e) El efecto perjudicial que la infracción haya podido producir sobre
     los precios y sobre los mismos sectores implicados.
     f) La posición relevante en el mercado del infractor.
     g) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos
     formulados por la Administración para la subsanación de las
     irregularidades detectadas.
     3. Son circunstancias atenuantes:
     a) La escasa entidad del beneficio ilícito obtenido o del volumen de
     ventas generado por la actuación ilícita.
     b) Haber corregido diligentemente las irregularidades en que consista
     la infracción, colaborado activamente para evitar o disminuir sus
     efectos u observado espontáneamente cualquier otro comportamiento de
     significado análogo, con anterioridad a cualquier requerimiento o
     advertencia realizado por la Administración pública o, en su caso, en
     cualquier momento previo a la propuesta de resolución sancionadora.
     c) Haber acreditado en el correspondiente expediente, antes de que la
     sanción sea firme en vía administrativa, que las personas
     perjudicadas han sido compensadas satisfactoriamente de los
     perjuicios causados, siempre y cuando no concurra intoxicación,
     lesión, enfermedad o muerte ni existencia de indicios racionales de
     delito.
     Artículo 95.-Reincidencia y reiteración.
     1. Existirá reincidencia por la comisión en el término de un año de
     más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
     declarado por resolución firme.
     2. Se apreciará reiteración cuando, en el plazo de dos años
     anteriores a la comisión de la nueva infracción, el infractor hubiera
     sido sancionado de manera firme en vía administrativa por la comisión
     de otra infracción de las tipificadas en esta Ley o en otras cuyo
     bien jurídico protegido sean los intereses de los consumidores.
     CAPITULO SEXTO
     Concurso de infracciones
     Artículo 96.-Concurso de infracciones.
     1. Al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las
     sanciones correspondientes, salvo lo dispuesto en los apartados
     siguientes.
     2. Cuando la comisión de una infracción comporte necesariamente la
     comisión de otra u otras, se impondrá sólo la sanción correspondiente
     a la más grave de las infracciones realizadas, sin perjuicio de que,
     al fijar su extensión, se tengan en cuenta todas las circunstancias.
     3. Se sancionará como una única infracción continuada, aunque
     valorando la totalidad de la conducta, la realización de una
     pluralidad de acciones idénticas o similares que infrinjan el mismo
     precepto en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica
     ocasión. En particular, se aplicará esta regla cuando se cometan las
     mismas infracciones en relación con una misma clase de bienes o
     servicios o con diferentes consumidores. Sin embargo, esas mismas
     acciones se considerarán infracciones diferentes y podrán sancionarse
     autónomamente si el responsable continúa realizándolas tras la
     advertencia, requerimiento u orden de la Administración pública para
     que cese en ellas o tras la iniciación de un primer procedimiento
     sancionador.
     Artículo 97.-Principio de non bis in idem.
     En ningún caso se producirá una doble sanción en supuestos de
     identidad de sujeto infractor, hechos y fundamento sancionador, si
     bien deberán exigirse siempre las demás responsabilidades que se
     deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
     Artículo 98.-Principios de proporcionalidad y efectividad de las
     sanciones.
     La imposición de sanciones pecuniarias se hará de manera que la
     comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para la parte
     infractora que el incumplimiento de las normas infringidas, siempre
     con respeto al principio de proporcionalidad y guardándose la debida
     adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
     y la sanción impuesta.
     CAPITULO SEPTIMO
     Prescripción
     Artículo 99.-Prescripción.
     1. De las infracciones.
     1.1. Las infracciones a que se refiere esta Ley prescribirán por el
     transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres años;
     las graves, a los dos años, y las leves, al año.
     1.2. El plazo de prescripción empezará a contar desde el día
     siguiente al de la comisión de la infracción. A efectos de la
     determinación de este momento inicial se tendrán en cuenta las
     siguientes reglas:
     a) Se entenderá cometida la infracción el día de finalización de la
     actividad o el del último acto con el que la infracción esté
     plenamente consumada.
     b) En el caso de infracción continuada, el plazo comenzará a contarse
     desde el día en que se realizó la última de las acciones típicas
     incluida en aquélla.
     c) Excepcionalmente, en el caso de que los hechos constitutivos de la
     infracción fueran desconocidos de manera general por carecer de
     cualquier signo externo, el plazo se computará desde que éstos se
     manifiesten. Salvo en este caso, será irrelevante el momento en que
     la Administración pública haya conocido la infracción, a efectos de
     determinar el plazo de prescripción de la infracción para el
     ejercicio de la potestad sancionadora.
     1.3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con
     conocimiento del presunto responsable, del procedimiento sancionador,
     reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
     estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto
     responsable.
     2. De las sanciones.
     2.1. Las sanciones por faltas muy graves prescribirán a los tres
     años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las
     impuestas por faltas leves, al año.
     2.2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
     desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución
     por la que se impone la sanción.
     2.3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
     interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
     el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no
     imputable al infractor.
     DISPOSICION ADICIONAL
     Disposición adicional única.-Aplicación preferente de la legislación
     específica en materia de vivienda protegida.
     La legislación específica en materia de vivienda protegida será de
     aplicación preferente sobre las disposiciones de la presente Ley
     respecto de las infracciones que se encuentren tipificadas en aquélla
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Disposición transitoria primera.-Oficinas de información a los
     consumidores en las comarcas.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma o, en su caso, las
     comarcas, financiarán, de manera transitoria y como máximo durante
     dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, al menos una oficina
     municipal de información al consumidor en aquellas comarcas donde no
     exista todavía una oficina comarcal de información al consumidor.
     2. Las citadas oficinas municipales, en ese caso, tendrán la
     obligación de atender a los ciudadanos de la respectiva comarca.
     Disposición transitoria segunda.-Régimen transitorio de los
     procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia
     de esta ley.
     Los procedimientos sancionadores en materia de protección y
     defensa de los consumidores que se hayan iniciado con anterioridad a
     la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán de acuerdo con
     lo establecido en la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del
     Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación normativa.
     Queda derogada la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del
     Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
     aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan al contenido
     de lo dispuesto en esta Ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Disposición final primera.-Desarrollo reglamentario.
     Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones
     reglamentarias que resulten necesarias para el desarrollo de esta
     Ley.
     Disposición final segunda.-Subsistencia del derecho reglamentario
     anterior.
     El derecho reglamentario dictado en desarrollo de la Ley 8/1997, de
     30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, así como las normas reglamentarias dictadas en
     materia de protección del consumidor con anterioridad, mantendrán su
     vigencia con el mismo rango en todo aquello que no se oponga al
     contenido de lo dispuesto en esta Ley.
     Disposición final tercera.-Revisión de cuantías.
     El Gobierno de Aragón podrá revisar y actualizar la cuantía tanto de
     las multas como de las multas coercitivas establecidas en esta Ley
     conforme al índice de precios al consumo del Instituto Nacional de
     Estadística o indicador que lo sustituya.
     Disposición Final Cuarta.-Entrada en vigor.
     Esta Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el
     «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 28 de diciembre de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU