Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20031226
Fecha de Publicacion: 31/12/2003
Número de boletín: 156
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.

Texto
     LEY 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
     Vivienda Protegida.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     1
     En la presente Ley, cuya urgencia viene justificada por la actual
     situación del mercado inmobiliario y la necesidad de establecer las
     medidas precisas para agilizar las actuaciones públicas en ejecución
     en materia de vivienda, se afronta la regulación de la política
     pública de vivienda clarificando la distribución de competencias en
     la materia y asignando un relevante papel a los municipios en el
     desarrollo de las políticas públicas de vivienda y suelo, la
     definición del concepto de vivienda protegida, el alcance de la
     participación privada en la promoción de viviendas protegidas, los
     procedimientos de adjudicación o los regímenes de uso, disposición y
     extinción del régimen de protección. Estas regulaciones, unidas a las
     que contiene la legislación urbanística, que no se ve sustancialmente
     afectada en sus contenidos sino para perfeccionar el régimen de
     reservas de terrenos destinadas a viviendas protegidas y los derechos
     de adquisición preferente, cuestiones ambas que ya se regularon en
     dicha norma, proporcionan a las Administraciones aragonesas el marco
     jurídico indispensable para afrontar con garantías de éxito la
     gestión de la política de vivienda. Se garantiza, además y muy
     especialmente, la agilidad y transparencia de los procedimientos, la
     participación de los afectados, la implicación y estrecha
     colaboración del sector privado de la promoción inmobiliaria y el
     cooperativismo y, conforme a los más elevados postulados
     constitucionales, la igualdad de oportunidades de todos los
     ciudadanos en el acceso a la vivienda protegida, con especial
     referencia a las familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes
     y personas discapacitadas.
     Esta normativa aspira, de este modo, a garantizar la efectividad de
     las políticas públicas de intervención en el mercado del suelo y la
     vivienda. Y es que, ciertamente, el problema de la vivienda, presente
     desde hace largo tiempo en nuestra sociedad, ha cambiado
     sustancialmente en las últimas décadas, pues de la preocupación por
     el mantenimiento de umbrales adecuados de calidad se ha pasado a la
     dificultad de las familias para acceder a la vivienda, ya sea en
     propiedad o en régimen de alquiler.
     En la Comunidad Autónoma de Aragón, en los últimos años y como
     resultado de un inadecuado sistema de financiación de las haciendas
     locales que ha convertido la actividad urbanística, esencialmente
     fundada en la iniciativa privada, en medio de financiación de
     infraestructuras y equipamientos precisos para la comunidad local,
     entre otros factores concurrentes como el evidente retraimiento de la
     promoción de vivienda protegida, acaso debido a la incertidumbre
     competencial en la materia en los primeros años de puesta en marcha
     del Estado autonómico, venimos asistiendo a un espectacular repunte
     de los precios del suelo y la vivienda, tremendamente acentuado en la
     ciudad de Zaragoza, pero también acusado en otras como Huesca o
     Teruel. No puede imputarse la exclusiva responsabilidad, como
     hicieron en su momento sucesivas normas urbanísticas estatales, a los
     agentes privados o públicos. La actuación de unos y otros, la mayor
     parte de las veces tratando de alcanzar objetivos legítimos,
     contribuyó a la situación actual. Es más, no sólo los operadores
     urbanísticos y del sector vivienda son los responsables. 
     Circunstancias sociológicas, económicas o derivadas del proceso de
     integración europea, entre otras transcendentes del ámbito
     territorial y de intereses de Aragón, están muy probablemente en la
     base del actual repunte de los precios del suelo y la vivienda.
     En los meses y años venideros, en el mercado de la vivienda de
     Aragón, va a inyectarse un importante número de viviendas sujetas a
     los diversos regímenes de protección pública ya existentes, u otros
     que podrá establecer el Gobierno de conformidad con esta Ley, a las
     que será posible acceder además, en la mayoría de ocasiones, con
     financiación cualificada procedente de los fondos estatales que
     nutren el Plan de Vivienda en curso, que podrán ser suplementados con
     fondos autonómicos en el marco del Plan Aragonés de Vivienda.
     2
     La presente Ley se estructura en tres títulos y diversas
     disposiciones adicionales, transitorias y finales. El primer título
     de la Ley incorpora las bases fundamentales de la nueva política de
     vivienda protegida que se propone desarrollar la Comunidad Autónoma
     de Aragón con la colaboración de las entidades locales y los agentes
     privados. Así, se regula la programación pública de vivienda
     protegida, que corresponde establecer y desarrollar a las
     Administraciones públicas competentes, y se refuerza la afección de
     los terrenos protegidos a la construcción de viviendas protegidas,
     ampliando, además, las reservas establecidas con tal fin en la
     legislación urbanística.  Constituye esta ampliación una de las
     claves de la nueva política de vivienda que, en combinación con el
     establecimiento de nuevos regímenes de protección, basados en la
     tasación del precio o rentas máximos de las viviendas sin los
     condicionantes de la actual normativa estatal sobre financiación de
     actuaciones protegibles, puede contribuir decisivamente a potenciar,
     desbloquear y agilizar actuaciones urbanísticas a gran escala, con
     implicación de la iniciativa privada sobre suelo privado, al limitar
     la carga financiera que provocan los actuales regímenes de
     protección. En todo caso, la exigencia de reservas se gradúa en
     función de la entidad de los municipios, distinguiendo, a tal efecto,
     las tres capitales de provincia, los municipios con población
     superior a cinco mil habitantes y los restantes.
     También en este primer título de la Ley se regula la tipología de
     viviendas protegidas de Aragón en función de la entidad promotora,
     distinguiéndose la promoción pública, impulsada por entes de tal
     naturaleza, de la promoción privada, realizada por entidades privadas
     de cualquier índole. Dentro de la promoción privada de vivienda
     protegida, a su vez, se distingue la promoción concertada o la sujeta
     a convenio de la restante, en función de la implicación de los fondos
     o terrenos públicos en las diferentes actuaciones, que tendrá como
     consecuencia fundamental un mayor y decisivo papel de la
     Administración en los procedimientos de adjudicación.
     Por otra parte, se establece el régimen básico de los diferentes
     tipos de viviendas protegidas en aspectos tales como las diferentes
     modalidades de cesión, el régimen de uso, la extinción del régimen de
     protección y la autorización de transmisión de viviendas protegidas
     y, muy especialmente, los procedimientos de adjudicación. En relación
     con esta cuestión, se distinguen aquellos supuestos en los que la
     adjudicación corresponde a la Administración autonómica o a las
     entidades locales, según los casos, de los restantes. Así,
     adjudicarán la Administración autonómica o la entidad local
     correspondiente sus respectivas promociones públicas así como las
     privadas promovidas por empresas públicas, las privadas que
     concierten o, en el caso de la Administración autonómica, las
     privadas no concertadas afectadas por convenios en los que así se
     establezca, salvo las de cooperativas de viviendas u otras entidades
     análogas que se sujetan a otro procedimiento de control. Los
     procedimientos de adjudicación serán semejantes en cuanto a su
     desarrollo temporal e hitos fundamentales, pero la decisión acerca de
     los cupos de posibles adjudicatarios, instrumento decisivo a la hora
     de orientar en uno u otro sentido las políticas de vivienda, las
     adoptará la Administración competente para adjudicar. En los
     restantes supuestos, esto es, en las promociones privadas no
     concertadas ni sujetas a convenio o, en todo caso, en las realizadas
     por cooperativas y entidades análogas, la adjudicación corresponderá
     a la entidad promotora, si bien se establece un procedimiento de
     fiscalización administrativa a través del Registro de Solicitantes de
     Vivienda Protegida de Aragón con objeto de verificar la corrección de
     la adjudicación.
     También en el título primero y como soporte físico para la actuación
     administrativa en el nuevo contexto que inaugura esta Ley, se regula
     el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de Aragón, que
     permitirá centralizar toda la información en la materia para
     proporcionar a la Administración autonómica y a las entidades locales
     un soporte real sobre el cual diseñar sus políticas de vivienda
     protegida y articular los procedimientos de adjudicación, cuando
     conforme a esta norma les corresponda realizarla.
     El Registro está concebido, en primer lugar, como una fuente
     permanentemente actualizada de información sobre la demanda de
     vivienda protegida, base fundamental para la programación pública de
     vivienda, de la que hoy desgraciadamente carece la Administración.
     Pero, además, el Registro es también el fundamental instrumento de
     gestión para hacer posible el nuevo sistema de adjudicación, ya que,
     cuando la adjudicación corresponda a la Administración autonómica o a
     las entidades locales, será el propio Registro el que facilite los
     datos precisos para realizar el procedimiento de adjudicación
     conforme a lo requerido por la Administración competente, mientras
     que en los supuestos de adjudicación privada, el Registro será el
     contraste que permitirá fiscalizar tales adjudicaciones.
     En cualquier caso, toda persona que aspire a resultar adjudicataria
     de una vivienda protegida, ya sea por acuerdo de la Administración
     autonómica, de una entidad local o de una entidad privada, deberá
     estar inscrita en el Registro. La llevanza del Registro corresponde a
     la Administración de la Comunidad Autónoma, que asume, de este modo,
     la fundamental carga de gestión en la materia, dejando a las
     entidades locales la adopción de las decisiones sustantivas sobre
     criterios de adjudicación y la adjudicación efectiva de las viviendas
     protegidas que promuevan conforme a su programación. Se establece así
     un marco de colaboración administrativa en el que la Comunidad
     Autónoma asume la gestión más gravosa, sin merma alguna de la
     autonomía que corresponde a las entidades locales.
     Por otra parte, como plasmación directa de la transparencia que la
     Comunidad Autónoma de Aragón desea introducir en los procedimientos y
     política de vivienda está la sustitución del recurso de alzada en
     relación con las viviendas protegidas de Aragón en el ámbito de
     competencias de la Comunidad Autónoma, que permite hacer copartícipes
     de cualquier decisión adoptada en vía de recurso, en los ámbitos en
     los que se realiza la sustitución, gestión del Registro y
     adjudicación, a los agentes interesados a través de la Federación
     Aragonesa de Municipios y Provincias, las asociaciones de
     consumidores y los representantes de los promotores y
     cooperativistas.
     3
     En el título segundo se establecen diversas limitaciones al poder de
     disposición y derechos de adquisición preferente a favor de la
     Administración autonómica y de las entidades locales sobre viviendas
     protegidas. En realidad no se trata de una normativa nueva en nuestra
     Comunidad Autónoma, pues la cuestión ya se regula, de manera
     imperfecta, en el artículo 93 bis de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
     Urbanística, introducido por la Ley 15/1999, de 29 de diciembre. Se
     trata únicamente de perfeccionar dicha regulación, trayéndola al
     marco de la legislación de vivienda e introduciendo al efecto los
     retoques oportunos en la Ley Urbanística.
     Por lo demás, con esta Ley se renueva totalmente también el régimen
     sancionador en la materia, superando los indeseables efectos que la
     difícil aplicación de una normativa sancionadora, que, en gran
     medida, no estaba concebida para la realidad actual, venía generando.
     Además, se regula la inspección de vivienda, a la que se atribuyen
     relevantes facultades en relación con la materia objeto de la Ley.
     Con ello se trata de garantizar la posible exigencia de
     responsabilidad de todos los agentes implicados en la producción de
     la vivienda protegida, sin excepción alguna, de manera que la
     Administración no se encuentre inerme frente a prácticas ilegales,
     ocasionales pero innegables, cuya existencia perjudica al conjunto de
     la política pública de vivienda protegida y siembra la duda acerca de
     la actuación de unos operadores privados que, habitualmente, ajustan
     su actuación estrictamente al marco normativo vigente. Es más, lejos
     de cualquier hipotético afán recaudador, el régimen sancionador que
     establece la Ley prevé cauces que, a través de la reducción de la
     gravedad de la sanción e incluso de la aplicación de bonificaciones,
     permiten estimular a hipotéticos infractores a que corrijan su
     actuación, ajustándola a la legalidad, mediante el cumplimiento de
     las medidas de restauración acordadas por la Administración.
     La Ley se completa con una serie de disposiciones adicionales,
     transitorias, derogatoria y finales sobre cuestiones diversas. En
     cualquier caso, el carácter inaplazable de esta Ley, consecuencia de
     la urgencia en la adopción de las medidas que en ella se establecen,
     impone un estudio detenido de la situación y, a tal efecto, se
     encarga al Gobierno de Aragón la redacción de un Proyecto de Ley de
     Vivienda de Aragón que realice una regulación integral de la materia
     y, con carácter previo, la redacción de un Libro Blanco de la
     Vivienda que sirva de base a la formulación de la futura Ley.
     TITULO PRIMERO
     Régimen de la vivienda protegida en Aragón
     CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 1.-Objeto de la programación pública de vivienda protegida.
     La programación pública de vivienda tendrá por objeto ampliar y
     diversificar el parque público de vivienda, alcanzar las condiciones
     necesarias para que todos los ciudadanos puedan disfrutar una
     vivienda digna y adecuada tanto en el medio urbano como en el medio
     rural, especialmente aquellos que tengan dificultades especiales para
     ello, contribuir a diversificar la oferta de viviendas corrigiendo
     los desequilibrios existentes en el mercado inmobiliario y ampliando
     la oferta de viviendas destinadas al alquiler, y quebrar situaciones
     especulativas en coyunturas de gran demanda e insuficiente oferta de
     viviendas.  Las Administraciones públicas competentes en materia de
     vivienda ejercerán sus potestades discrecionales de la manera más
     adecuada para lograr la consecución de tales finalidades.
     Artículo 2.-Competencias en la programación pública de vivienda
     protegida
     Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, las
     entidades locales y sus respectivas entidades instrumentales,
     conjunta o separadamente, la programación pública de vivienda bajo
     cualesquiera modalidades de protección de las reguladas por el
     Gobierno de Aragón conforme a esta Ley, directamente, mediante
     concierto o convenio con la iniciativa privada o por ésta libremente,
     en régimen de propiedad, arrendamiento, precario u otras modalidades
     de ocupación que permitan el acceso diferido a la propiedad.
     Artículo 3.-Medidas sobre los terrenos integrantes de los patrimonios
     públicos de suelo.
     1. Los terrenos integrantes de los patrimonios públicos de suelo
     deberán destinarse preferentemente a la construcción de viviendas
     protegidas o, en su defecto, a otros fines de interés social. La
     enajenación de terrenos del patrimonio público del suelo destinados
     por el planeamiento urbanístico a usos residenciales, sin concretar
     que lo sean de viviendas protegidas, sólo podrá realizarse mediante
     permuta por otros terrenos u otros bienes inmuebles aptos para los
     fines de los patrimonios públicos de suelo o la ejecución de obras de
     cualquier índole precisas para la prestación efectiva de servicios y
     actividades públicos.
     2. La enajenación de dichos terrenos o la constitución sobre los
     mismos del derecho de superficie para la construcción de viviendas
     protegidas tendrá lugar mediante concurso. Su pliego de condiciones
     expresará, al menos, las siguientes circunstancias:
     a) El precio de licitación.
     b) Los precios máximos de venta de las viviendas en primera
     transmisión y los criterios de actualización para las ulteriores.
     c) La renta máxima de las viviendas cuando sean en régimen de
     arrendamiento.
     d) Los plazos máximos para la realización de las obras de edificación
     y, en su caso, de urbanización cuando los suelos no tuvieran la
     condición de solares.
     e) El régimen de recuperación de la propiedad del suelo por la
     Administración cuando el adjudicatario incumpliese alguna de las
     obligaciones que le incumban en virtud del acuerdo de adjudicación o
     de disposiciones legales o reglamentarias.
     Los pliegos de los concursos podrán prever la participación tanto de
     entidades con ánimo de lucro como de cooperativas de viviendas u
     otras entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que
     sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas
     promovidas, siempre que no tengan ánimo de lucro, así como de sus
     entidades gestoras, o limitar los posibles participantes a unas u
     otras entidades. En todo caso, las cooperativas de viviendas u otras
     entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que sus
     socios o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas
     promovidas deberán aportar el listado provisional de adjudicatarios
     de las viviendas, conforme a lo que señalen el pliego y el acuerdo de
     adjudicación de la promoción concertada.
     Si el concurso quedare desierto, la Administración podrá enajenar los
     terrenos directamente, dentro del plazo máximo de un año, con arreglo
     al pliego de condiciones que rigió el concurso.
     Artículo 4.-Adjudicación directa.
     Las Administraciones competentes podrán adjudicar directamente,
     conforme a lo establecido en la legislación reguladora de su
     patrimonio, la promoción concertada, la constitución del derecho de
     superficie sobre terrenos de su propiedad o la concesión de ayudas o
     beneficios a sus respectivas entidades instrumentales o a otras
     entidades en las que la participación pública sea mayoritaria o que
     se encuentren bajo control público. La adjudicación directa se
     formalizará en convenios de colaboración o contratos-programa cuyos
     objetivos y contenido se establecerán reglamentariamente, indicando
     en todo caso las condiciones económicas, el número de viviendas que
     han de promover conforme al artículo anterior y su régimen de
     protección y uso.
     Artículo 5.-Reserva de terrenos para la construcción de viviendas
     protegidas.
     Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de acuerdo con ellos,
     los instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán establecer,
     en sectores o unidades de suelo urbano no consolidado o urbanizable
     cuyo uso característico sea el residencial y la edificabilidad
     residencial supere los tres mil metros cuadrados por hectárea, las
     siguientes reservas de terrenos para la construcción de viviendas
     protegidas habilitando a la Administración para tasar su precio o
     renta:
     a) En Huesca, Teruel y Zaragoza, los terrenos equivalentes, al menos,
     al cuarenta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en
     suelo urbanizable y el treinta por ciento en suelo urbano no
     consolidado. El Gobierno de Aragón podrá eximir total o parcialmente
     del cumplimiento de la reserva exigible en suelo urbano no
     consolidado, de manera excepcional y motivada, a ámbitos del mismo
     sujetos a actuaciones de renovación conforme a lo establecido en la
     normativa urbanística.
     b) En los municipios con población de derecho superior a cinco mil
     habitantes, así como, mediando acuerdo del Consejero competente en
     materia de urbanismo, en los municipios que por su relevancia
     territorial lo requieran, los terrenos equivalentes, al menos, al
     veinte por ciento de la edificabilidad residencial prevista en suelo
     urbanizable y el quince por ciento en suelo urbano no consolidado. El
     Consejero competente en materia de urbanismo, motivadamente, podrá
     establecer criterios específicos en atención al carácter turístico,
     histórico o estacional de los municipios y eximir, total o
     parcialmente, conforme a dichos criterios, del cumplimiento de lo
     establecido en este apartado a los municipios incluidos en el mismo.
     c) En los restantes municipios, las reservas que considere oportunas,
     que nunca serán superiores a las establecidas con carácter general en
     la letra b) anterior.
     En suelo urbano no consolidado las reservas se computarán y exigirán
     respecto de cada unidad de ejecución o, si estuviese delimitado,
     sector de uso predominante residencial y en suelo urbanizable
     respecto de cada sector de uso predominante residencial, sin que en
     ningún caso el cómputo global pueda resultar inferior al porcentaje
     mínimo anteriormente señalado.
     Los umbrales demográficos se considerarán en el momento de la
     aprobación inicial del Plan General.
     Cuando en el ámbito correspondiente existan terrenos de los
     patrimonios públicos de suelo, la reserva se prorrateará entre los
     mismos y los de titularidad privada en función de su participación
     total en el ámbito de referencia, sin que ello condicione en modo
     alguno la equitativa distribución de los aprovechamientos
     residenciales resultantes de los procesos de gestión urbanística.
     Cuando no sea posible, de conformidad con la normativa sobre
     calificación de actuaciones protegidas, hacer efectivas total o
     parcialmente las reservas para la construcción de viviendas
     protegidas establecidas en esta Ley, dichas reservas podrán
     sustituirse, en las condiciones que establezca el Gobierno de Aragón,
     por actuaciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de
     actuación, o su equivalente en metálico, por importe equivalente a la
     diferencia del precio de mercado de los aprovechamientos
     residenciales no sujetos a protección y el precio máximo medio
     legalmente establecido para la vivienda protegida.
     CAPITULO II
     Tipología y régimen general de la vivienda protegida
     Artículo 6.-Concepto de vivienda protegida.
     Tendrán la condición de viviendas protegidas de Aragón,
     independientemente de que provengan de actuaciones de promoción,
     rehabilitación o adquisición de viviendas de nueva construcción o ya
     construidas y de su régimen de cesión o uso, las calificadas
     expresamente como tales por la Administración de la Comunidad
     Autónoma conforme a los planes estatales y aragoneses de vivienda y
     suelo, independientemente de que obtengan o no financiación
     cualificada y de que se financien con cargo a recursos propios o de
     otras Administraciones, y, en todo caso, las siguientes:
     a) Las viviendas calificadas de protección oficial conforme al Real
     Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y las disposiciones que lo
     desarrollan.
     b) Las promovidas sobre terrenos que formen parte de los patrimonios
     públicos de suelo, urbanizados en ejecución de actuaciones protegidas
     en materia de suelo o que tengan reconocidas ayudas públicas a la
     adquisición o urbanización.
     c) Las promovidas sobre terrenos de titularidad privada no obtenidos
     en virtud de concurso para la enajenación de terrenos de los
     patrimonios públicos de suelo incluidos en ámbitos en los que la
     Administración esté habilitada, como mínimo, para tasar su precio o
     renta. El régimen de protección de estas viviendas consistirá, como
     mínimo, en la tasación de la renta o precio máximo de venta por la
     Administración de la Comunidad Autónoma y su sujeción a derechos de
     adquisición preferente a favor de la Administración conforme a lo
     establecido en esta Ley.
     Artículo 7.-Tipología de vivienda protegida.
     1. Son viviendas protegidas de promoción pública las promovidas
     directamente, en el marco de la programación pública de vivienda, por
     la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales,
     así como por los organismos públicos que de ellas dependan.
     2. Son viviendas protegidas de promoción privada las promovidas, en
     el marco de la programación pública de vivienda, por cualesquiera
     entidades privadas, mediando en su caso los correspondientes
     conciertos o convenios con las Administraciones públicas competentes.
     Serán promociones concertadas, en todo caso, las impulsadas por las
     Administraciones competentes mediante la adjudicación de suelo a su
     promotor o la constitución a su favor del derecho de superficie, a
     través de cualesquiera procedimientos, las promovidas sobre suelo
     urbanizado con ayudas públicas y las de viviendas en régimen de
     alquiler cuando para su construcción hayan percibido subvenciones a
     fondo perdido. Podrán celebrarse convenios entre la Administración de
     la Comunidad Autónoma y los promotores que reciban otras ayudas o
     beneficios en el marco de los planes estatales y aragoneses de
     vivienda y suelo.
     Artículo 8.-Calificación como actuación protegida.
     1. La calificación como actuación protegida recaerá sobre aquellos
     proyectos que tengan las características y cumplan las condiciones
     técnicas exigibles, determinando, al menos, el número y tipo de
     viviendas, locales de negocio, edificaciones y servicios
     complementarios, así como las obras de urbanización que comprendan,
     el régimen de uso y utilización, los beneficios que se otorguen y los
     plazos de iniciación y terminación de las obras.
     2. Reglamentariamente, se establecerán el procedimiento de
     calificación, que distinguirá necesariamente entre la calificación
     provisional y la definitiva, y las determinaciones específicas de los
     acuerdos de calificación de las diferentes modalidades de actuación
     protegida, así como los plazos máximos para la obtención de la
     financiación cualificada.
     Artículo 9.-Condiciones de protección.
     1. Las características, superficies máximas, tipologías, condiciones
     técnicas, requisitos de acceso y precios y rentas máximas en las
     actuaciones protegidas de vivienda serán los establecidos
     reglamentariamente.
     2. En las actuaciones protegidas de vivienda promovidas por
     cooperativas, comunidades de bienes u otras entidades o personas
     jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes
     resulten adjudicatarios de las viviendas promovidas, el coste máximo
     de las viviendas protegidas para los mismos, incluidos cualesquiera
     beneficios o gastos de las cooperativas o entidades o de sus gestores
     o apoderados, no podrán superar el precio máximo establecido para las
     viviendas correspondientes.
     Artículo 10.-Régimen de cesión.
     1. El régimen de cesión de las viviendas protegidas será el
     establecido reglamentariamente. Podrán cederse en propiedad, en
     arrendamiento o en modalidades de ocupación que permitan el acceso
     diferido a la propiedad, así como en derecho de superficie cuando tal
     haya sido el régimen de cesión del suelo para la ejecución de la
     promoción. Las viviendas de promoción pública podrán también cederse
     en precario.
     2. El régimen de uso y disposición de inmuebles resultantes de
     actuaciones protegidas de vivienda y suelo que no queden sujetos a
     limitaciones de precio o renta será el establecido reglamentariamente
     de conformidad con las siguientes reglas:
     a) No podrá disponerse en forma alguna de tales inmuebles a favor de
     los adquirentes o arrendatarios de las viviendas antes de la
     elevación a escritura pública de las ventas o la formalización de los
     contratos de arrendamiento de viviendas protegidas u otros elementos
     anejos protegidos.
     b) La enajenación o arrendamiento de tales bienes a favor de los
     adquirentes o arrendatarios de las viviendas, o su valoración cuando
     sean propiedad de cooperativas u otras entidades o personas jurídicas
     cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten
     adjudicatarios de las viviendas, no podrá tener lugar por precio
     superior al aplicable a los elementos anejos protegidos salvo que se
     enajenen a terceros.
     c) Los inmuebles señalados que estén situados en actuaciones
     protegidas de vivienda de promoción pública podrán adjudicarse
     directamente cuando hayan de destinarse a servicios públicos u otros
     fines de utilidad pública o interés social y cuando quedase desierto
     el procedimiento de enajenación.
     3. Los Notarios no podrán autorizar escrituras públicas que
     documenten la transmisión, incluida la adjudicación en el caso de
     sociedades cooperativas, comunidades de bienes u otras personas
     jurídicas sin ánimo de lucro, de viviendas protegidas con
     anterioridad a la emisión de la calificación definitiva por parte del
     órgano administrativo competente. Cualquier escritura pública
     realizada contraviniendo esta disposición será nula de pleno derecho.
     Artículo 11.-Destino.
     Las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y
     permanente de su propietario o, en su caso, del inquilino o persona
     que haya de disfrutarlas bajo otros regímenes con la posibilidad de
     acceso diferido a la propiedad, y habrán de ser ocupadas en el plazo
     de seis meses desde la calificación definitiva.
     Artículo 12.-Mejoras.
     Con carácter general, no se autorizará la realización de mejoras que
     impliquen un sobrecoste para los destinatarios de la vivienda. No
     obstante, la Administración de la Comunidad Autónoma, al calificar
     provisionalmente, podrá autorizar la realización de mejoras en
     elementos privativos de las viviendas protegidas, por importe total
     no superior al cinco por ciento del precio máximo de la vivienda que
     resulte aplicable conforme al acuerdo de calificación provisional. El
     solicitante de la calificación provisional deberá someter a
     autorización administrativa la oferta valorada de las mejoras a los
     adjudicatarios de las viviendas, quienes podrán aceptarla o
     rechazarla voluntariamente conforme a lo que se establezca
     reglamentariamente, comunicándolo a la Administración.  Transcurrido
     el plazo para resolver y notificar, el solicitante podrá entender
     desestimada su solicitud.
     Artículo 13.-Extinción del régimen de protección.
     1. El régimen de protección de las actuaciones de vivienda se
     extinguirá por alguna de las siguientes causas:
     a) Por el transcurso del tiempo de duración del régimen legal de
     protección, que será de treinta años desde su calificación definitiva
     o, en su caso, el tiempo superior que pudiera establecerse para
     concretas modalidades de actuación protegida.
     b) Por medida complementaria adoptada conforme a lo establecido en
     esta Ley.
     c) A petición del propietario de la vivienda, salvo en el caso de
     viviendas de promoción pública, conforme a lo establecido en el
     apartado siguiente.
     2. La Administración podrá conceder discrecionalmente, con arreglo al
     procedimiento y atendidos los criterios que se establezcan
     reglamentariamente conforme al artículo 1 de esta Ley, la
     descalificación de viviendas protegidas, a petición de su
     propietario, una vez transcurridos los siguientes plazos:
     a) Veinte años desde la calificación definitiva de viviendas
     protegidas de promoción privada concertada o por convenio, si así se
     prevé en éste.
     b) Quince años desde la calificación definitiva de las restantes
     viviendas protegidas de promoción privada, salvo las señaladas en la
     letra c) del artículo 6 de esta Ley.
     c) Diez años desde la calificación definitiva de las viviendas a que
     se refiere la letra c) del artículo 6 de esta Ley.
     d) Una vez transcurrido el plazo de amortización del préstamo
     subsidiado para la promoción de viviendas protegidas en régimen de
     arrendamiento.
     Artículo 14.-Autorización de cesión y visado de contratos.
     1. Las viviendas protegidas de Aragón que hayan sido adjudicadas en
     propiedad, tanto en promociones públicas como en privadas, no podrán
     ser cedidas en propiedad, arrendamiento o precario o por cualquier
     otro título sin previa autorización expresa de la Administración
     autonómica, que se entenderá emitida, conforme al régimen que resulte
     de aplicación y a favor de personas que acrediten el cumplimiento de
     los requisitos exigibles, transcurridos dos meses desde la solicitud,
     que podrá formularse simultáneamente con la comunicación establecida
     en el artículo 29 de esta Ley. La enajenación de las viviendas de
     promoción pública y la primera transmisión de las sujetas a la opción
     de compra establecida en el artículo 28 se regirán por su régimen
     específico.
     2. Las viviendas protegidas de Aragón que hayan sido adjudicadas en
     arrendamiento o precario, tanto en promociones públicas como en
     privadas, no podrán ser cedidas por ningún título por el arrendatario
     o precarista.
     3. Antes del perfeccionamiento del acto o contrato por el que se
     transmita la propiedad de viviendas protegidas y sus anejos o se
     constituyan derechos reales sobre los mismos, salvo en el caso de la
     hipoteca, el transmitente deberá presentar el correspondiente
     contrato o documento privado para su visado en los Servicios
     Provinciales del Departamento competente en materia de vivienda
     acreditando igualmente que el adquirente cumple los requisitos de
     acceso a la vivienda de que se trate y que se halla inscrito en el
     Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida. Esta obligación se
     extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se arrienden o
     enajenen a adquirentes de viviendas protegidas situadas en el mismo
     edificio, unidad edificatoria o promoción.
     Reglamentariamente, se establecerá la documentación necesaria que
     habrá de presentarse a visado. El plazo para dictar y notificar la
     resolución estimatoria o desestimatoria del visado será de dos meses,
     a contar desde la fecha en que la solicitud de visado haya tenido
     entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. La
     falta de resolución expresa, en dicho plazo, tendrá efectos
     estimatorios.
     4. Previamente a la celebración de contratos de arrendamiento de
     viviendas protegidas y anejos vinculados, el arrendador deberá
     presentar el modelo de contrato que se disponga a utilizar para su
     autorización. El plazo para dictar y notificar la resolución de
     autorización será de quince días a contar desde la fecha en que la
     solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
     para su tramitación. La falta de resolución expresa, en dicho plazo,
     tendrá efectos estimatorios. Una vez suscritos los correspondientes
     contratos, deberán presentarse para su visado acreditando que el
     arrendatario cumple los requisitos de acceso a la vivienda y que se
     halla inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida.
     La tramitación del visado podrá ser conjunta con la del pago de las
     ayudas que en su caso correspondan. El plazo para dictar y notificar
     la resolución de visado será de quince días a contar desde la fecha
     en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
     competente para su tramitación. La falta de resolución expresa, en
     dicho plazo, tendrá efectos estimatorios. Esta obligación se
     extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se arrienden o
     enajenen a arrendatarios de viviendas protegidas situados en el mismo
     edificio, unidad edificatoria o promoción.
     5. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá autorizar
     discrecionalmente segunda o ulteriores transmisiones de viviendas
     protegidas de promoción privada siempre que hayan transcurrido al
     menos cinco años desde la calificación definitiva, conforme al
     procedimiento que se establezca reglamentariamente en el que habrán
     de acreditarse suficientemente los hechos y circunstancias alegados.
     Antes del transcurso de cinco años, la Administración de la Comunidad
     Autónoma podrá autorizar segunda o ulteriores transmisiones, en las
     mismas condiciones, únicamente en los siguientes supuestos:
     a) Cuando la vivienda hubiese sido adquirida para la sociedad
     conyugal y ésta se haya disuelto en virtud de separación, nulidad o
     divorcio del matrimonio, así como cuando hubiese sido adquirido
     proindiviso por los futuros contrayentes o por personas integrantes
     de parejas de hecho con aportaciones de ambos y concurriese la
     ruptura del vínculo de afectividad.
     b) Cuando concurran circunstancias laborales u otras de fuerza mayor,
     apreciadas como tales por el Departamento competente en materia de
     vivienda, que exijan necesariamente el cambio de domicilio.
     c) Cuando la vivienda resulte objetivamente inadecuada para la unidad
     de convivencia según su distribución y características en el momento
     de la calificación definitiva. Se considera en todo caso
     objetivamente inadecuada la vivienda cuando, dada la composición
     familiar, deban compartir habitación ascendientes y descendientes de
     la unidad familiar o la vivienda disponga, además de cocina, baño y
     salón-comedor, de una habitación para tres o más miembros de la
     familia, dos habitaciones para cuatro o más miembros y tres
     habitaciones para seis o más miembros.
     d) Cuando el titular de la vivienda acredite suficientemente, a
     juicio del Departamento competente en materia de vivienda, una
     alteración sustancial de sus circunstancias económicas que determine
     la imposibilidad de continuar haciendo frente a la amortización de
     los préstamos con garantía hipotecaria concertados para la
     adquisición de la vivienda.
     Artículo 15.-Requisitos de los contratos.
     1. Los contratos a los que se refiere el artículo anterior deberán
     contener las cláusulas de inserción obligatoria que se establezcan
     reglamentariamente.
     2. No podrán elevarse a escritura pública los contratos de cesión por
     cualquier título que no hayan obtenido el preceptivo visado, ni
     inscribirse en el Registro de la Propiedad. Serán nulas de pleno
     derecho las escrituras públicas de cesión, por cualquier título, de
     viviendas protegidas si no se ha obtenido con anterioridad a su
     otorgamiento el preceptivo visado.
     CAPITULO III
     Intervención directa y colaboración de entidades privadas
     Sección primera
     Intervención directa de la Administración pública
     Artículo 16.-Modalidades de intervención.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales
     y sus organismos públicos podrán promover viviendas directamente, ya
     sea ejecutando directamente la construcción, adquiriendo viviendas de
     nueva construcción o usadas o rehabilitando viviendas.
     2. Las viviendas adquiridas o rehabilitadas por la Administración se
     regirán por el régimen de protección que resultase de aplicación o,
     en su defecto, por el establecido para las viviendas protegidas de
     promoción privada concertada.
     Artículo 17.-Modalidades de cesión y adjudicación.
     1. Las viviendas de promoción pública podrán cederse en propiedad, en
     arrendamiento, en precario o en modalidades de ocupación que permitan
     el acceso diferido a la propiedad y habrán de ser destinadas en
     cualquier caso a domicilio habitual y permanente del adjudicatario.
     La adjudicación en régimen de arrendamiento o de acceso diferido a la
     propiedad son las modalidades preferentes para las familias que no
     puedan acreditar ingresos suficientes para adquirir una vivienda de
     promoción pública en régimen de propiedad. La adjudicación en
     precario sólo tendrá lugar excepcionalmente en circunstancias
     debidamente justificadas. Podrán también cederse en derecho de
     superficie cuando tal haya sido el régimen de cesión del suelo para
     la ejecución de la promoción.
     2. Las diversas modalidades de utilización, los procedimientos y las
     condiciones y cupos para la adjudicación de las viviendas de
     promoción pública, que responderán a criterios objetivos, se
     establecerán reglamentariamente, debiendo quedar garantizada la
     existencia de una oferta suficiente de viviendas en alquiler. En todo
     caso, la adjudicación de las viviendas de promoción pública
     corresponderá a la Administración promotora a través de los
     correspondientes sorteos, si fueren precisos por razón de la demanda,
     entre quienes tengan derecho a acceder a una vivienda del cupo
     general o de los diferentes cupos especiales que se incluyan en el
     acuerdo de iniciación del procedimiento de adjudicación.
     3. Los contratos a los que se refiere este artículo deberán contener
     las cláusulas de inserción obligatoria que se establezcan
     reglamentariamente.
     Sección segunda
     Colaboración de entidades privadas
     Artículo 18.-Modalidades y condiciones de colaboración.
     1. Las entidades privadas colaborarán con la Administración en la
     política pública de vivienda y suelo desarrollando cualesquiera
     actuaciones de las previstas en el apartado segundo del artículo 7 de
     esta Ley tanto sobre terrenos privados como procedentes de los
     patrimonios públicos de suelo.
     2. Las condiciones de acceso a las viviendas y ayudas y beneficios
     para la promoción, rehabilitación o adquisición de viviendas en sus
     diferentes modalidades, o la adquisición y urbanización de suelo y,
     en particular, los compromisos que han de asumir los promotores,
     adquirentes, inquilinos u ocupantes, el régimen de uso o la cuantía
     máxima de los precios y rentas de las viviendas protegidas de
     promoción privada, serán fijados reglamentariamente de conformidad
     con esta Ley.
     Artículo 19.-Procedimientos de adjudicación.
     1. La adjudicación de las viviendas protegidas de promoción privada
     se ajustará a las siguientes reglas:
     a) Las viviendas protegidas de promoción privada concertada o por
     convenio, cuando así se haya pactado en éste, que no sean promovidas
     por cooperativas u otras personas jurídicas cuya naturaleza determine
     que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios, así como las
     viviendas protegidas de promoción privada promovidas por empresas
     públicas en todo caso, serán adjudicadas por la Administración
     conforme a lo establecido para la adjudicación de viviendas de
     promoción pública en los términos establecidos reglamentariamente.
     b) Las viviendas protegidas de promoción privada promovidas por
     cooperativas u otras personas jurídicas cuya naturaleza determine que
     sus socios o partícipes resulten adjudicatarios se someterán al
     régimen específico de control económico, administrativo y de
     adjudicación que establezca el Gobierno de Aragón conforme a los
     principios de publicidad y objetividad. En todo caso, cuando se trate
     de promoción privada concertada dichas entidades deberán aportar el
     listado provisional de adjudicatarios de las viviendas, que deberán
     estar inscritos en el Registro como solicitantes de vivienda
     protegida en la correspondiente modalidad de demanda, conforme a lo
     que señalen el pliego y el acuerdo de adjudicación.
     c) Las restantes viviendas protegidas de promoción privada cuya
     adjudicación no corresponda a la Administración se adjudicarán,
     respetando los principios que se establezcan reglamentariamente,
     entre quienes estén inscritos en el Registro como solicitantes de
     vivienda protegida en la correspondiente modalidad de demanda con la
     antelación mínima que se señale respecto de la propuesta de
     adjudicación provisional. En todo caso, las entidades promotoras
     deberán aportar el listado provisional de adjudicatarios de las
     viviendas con antelación no inferior a tres meses respecto a su
     solicitud de calificación definitiva.
     2. Los contratos a los que se refiere este artículo deberán contener
     las cláusulas de inserción obligatoria que se establezcan
     reglamentariamente.
     3. Reglamentariamente, se establecerán las garantías adecuadas de
     solvencia de quienes resulten adjudicatarios de viviendas protegidas
     conforme a lo establecido en este artículo.
     CAPITULO IV
     Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida
     y Comisión de Reclamaciones
     Sección primera
     Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida
     Artículo 20.-Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de
     Aragón.
     1. La inscripción y verificación del cumplimiento de los requisitos
     de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública o
     privada corresponderá a la Administración autonómica, que llevará, a
     través de la Dirección General competente en materia de vivienda y de
     los Servicios Provinciales, el Registro de Solicitantes de Vivienda
     Protegida de Aragón.
     2. Toda unidad de convivencia interesada en acceder a viviendas
     protegidas, independientemente de que esté compuesta por una o varias
     personas, deberá inscribirse como tal en el Registro de Solicitantes
     de Vivienda Protegida de Aragón. Conforme a lo que se establezca
     reglamentariamente, constituirán unidades de convivencia compuestas
     por varias personas aquellos grupos de personas físicas que acrediten
     convivir efectivamente en un mismo domicilio, se comprometan a
     hacerlo en plazo determinado o respecto de los que no haya podido
     desvirtuarse la presunción de convivencia que les afecta.
     Artículo 21.-Inscripción, modificación y cancelación.
     El Gobierno de Aragón establecerá los procedimientos y requisitos
     para la inscripción, modificación y cancelación de los datos del
     Registro. En todo caso, para ser inscrito en el Registro, el
     solicitante deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
     a) Alguno de los futuros titulares de la vivienda protegida habrá de
     residir en un municipio de Aragón y acreditarlo mediante el
     correspondiente certificado de empadronamiento en el que conste la
     fecha de antigüedad, sin perjuicio de lo establecido en la normativa
     reguladora de las comunidades aragonesas en el exterior.
     b) Tener necesidad de vivienda. No existirá necesidad de vivienda
     cuando alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga a su
     disposición una vivienda adecuada para dicha unidad en propiedad,
     derecho de superficie o usufructo en la fecha de solicitud de la
     inscripción en el Registro. El Gobierno establecerá los supuestos en
     los que la vivienda no resulta adecuada para la unidad de convivencia
     o se presume que no está a su disposición.
     Artículo 22.-Solicitud de inscripción.
     Las solicitudes de inscripción en el Registro de Solicitantes de
     Vivienda Protegida de Aragón se presentarán debidamente
     cumplimentadas en el modelo oficial que se facilitará por el
     Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno de
     Aragón, así como por las entidades colaboradoras, junto con la
     documentación exigida en cada caso, indicando necesariamente el área
     geográfica definida por la normativa reguladora del Registro en la
     que se desee optar a la adjudicación de vivienda protegida.
     Artículo 23.-Obligación de inscripción para la adjudicación.
     1. La adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública
     tendrá lugar entre quienes estén inscritos en el Registro como
     solicitantes de vivienda protegida en la correspondiente modalidad de
     demanda con la antelación mínima que se señale reglamentariamente
     respecto del inicio del procedimiento de adjudicación.
     2. La adjudicación pública de viviendas protegidas de promoción
     privada tendrá lugar entre quienes estén inscritos como solicitantes
     de vivienda protegida en la correspondiente modalidad de demanda con
     la antelación mínima que se señale reglamentariamente respecto del
     inicio del procedimiento de adjudicación o, cuando la adjudicación no
     corresponda a la Administración, a la fecha en que se someta a
     autorización administrativa el listado provisional de adjudicatarios.
     3. En las promociones de vivienda protegida en las que la
     adjudicación no corresponda a la Administración de la Comunidad
     Autónoma, la entidad pública promotora o el promotor privado,
     incluidas las cooperativas de viviendas, comunidades de bienes u
     otras entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que
     sus partícipes o socios resulten adjudicatarios de las viviendas, o
     sus entidades gestoras, deberán comunicar al Registro de Solicitantes
     de Vivienda Protegida, en el plazo que resulte aplicable en cada
     caso, el listado provisional de adjudicatarios incrementado con un
     mínimo de un veinte por ciento de reservas, que sólo podrá elevarse a
     definitivo previa resolución de la Dirección General competente en
     materia de vivienda. Dicha resolución comportará la baja registral de
     los adjudicatarios como solicitantes, sin perjuicio de su constancia
     como adjudicatarios. Los adjudicatarios definitivos sólo podrán ser
     sustituidos, mediando renuncia expresa, por el nuevo adjudicatario
     que, de conformidad con el listado de reservas, señale la
     Administración.
     4. Unicamente se tendrán en cuenta, a los efectos de participación en
     los procedimientos públicos de adjudicación o de control de las
     adjudicaciones provisionales realizadas por particulares, los datos
     que hayan sido comunicados por los interesados al Registro con la
     antelación mínima que se señale reglamentariamente respecto del
     inicio del procedimiento de adjudicación o, cuando la adjudicación no
     corresponda a la Administración, a la fecha en que se someta a
     autorización administrativa el listado provisional de adjudicatarios.
     Sección segunda
     Comisión de Reclamaciones
     Artículo 24.-Sustitución del recurso de alzada en relación con las
     viviendas protegidas de Aragón.
     1. El recurso de alzada contra los actos de los órganos que tengan
     atribuida la competencia en relación con el Registro de Solicitantes
     de Viviendas Protegidas de Aragón y la adjudicación de las viviendas
     protegidas de Aragón, cuando corresponda a la Administración
     autonómica, queda sustituido por la reclamación o impugnación ante la
     Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda Protegida cuya composición y
     régimen jurídico se regula en esta sección.
     2. Las unidades administrativas correspondientes del Departamento
     competente en materia de vivienda informarán las reclamaciones o
     impugnaciones que haya de conocer la Comisión de Reclamaciones sobre
     Vivienda Protegida, que podrán interponerse en el plazo de un mes
     desde las fechas de notificación de las resoluciones sobre gestión
     del Registro o de publicación que señale la resolución que dé inicio
     al correspondiente procedimiento de adjudicación de los listados de
     posibles adjudicatarios o de quienes resulten serlo como consecuencia
     de dicho procedimiento. La interposición de recursos ante la Comisión
     de Reclamaciones no suspenderá la eficacia de las resoluciones
     impugnadas. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones pondrán
     fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en la normativa
     básica de régimen jurídico de las Administraciones públicas.
     Artículo 25.-Composición de la Comisión de Reclamaciones.
     1. La Comisión se compondrá de un presidente, que tendrá voto de
     calidad, siete vocales y un secretario, que actuará con voz y sin
     voto. El presidente y cada uno de los vocales contarán con un
     suplente.
     2. El titular del Departamento competente en materia de vivienda
     nombrará al presidente de la Comisión y su suplente, que serán
     Directores Generales o asimilados de dicho Departamento.
     3. Los siete vocales y sus correspondientes suplentes serán nombrados
     por el titular del Departamento competente en materia de vivienda.
     Estos nombramientos deberán realizarse del siguiente modo:
     a) Un funcionario de los cuerpos docentes universitarios, un
     funcionario del área de vivienda en servicio activo en la
     Administración de la Comunidad Autónoma de cuerpos correspondientes
     al grupo A, un funcionario en servicio activo en Administraciones
     locales aragonesas de cuerpos correspondientes al grupo A y un
     experto en materia de vivienda, todos ellos designados por el titular
     del Departamento competente en materia de vivienda. El funcionario en
     servicio activo en Administraciones locales aragonesas será propuesto
     por la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.
     b) Tres expertos en materia de vivienda designados por el titular del
     Departamento competente en materia de vivienda: el primero, a
     propuesta de las asociaciones de consumidores; el segundo, de las
     organizaciones de cooperativas de viviendas; y el tercero, de las
     organizaciones empresariales de la promoción de viviendas.
     4. El secretario será nombrado por el titular del Departamento
     competente en materia de vivienda entre funcionarios de carrera de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de cuerpos correspondientes
     al grupo A.
     Artículo 26.-Régimen de funcionamiento.
     Reglamentariamente, se establecerán los derechos económicos y el
     régimen de funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones sobre
     Vivienda Protegida.
     TITULO SEGUNDO
     Limitaciones al poder de disposición
     y derechos de adquisición
     preferente sobre viviendas protegidas
     Artículo 27.-Limitaciones al poder de disposición de viviendas
     protegidas de promoción pública.
     1. El primer adjudicatario o adquirente posterior de viviendas nuevas
     o rehabilitadas de promoción pública, en tanto se mantenga el régimen
     de protección, únicamente podrá transmitir ínter vivos la vivienda a
     favor de la Administración promotora por un precio máximo igual al
     vigente para las viviendas protegidas de análoga tipología en la
     fecha en que tenga lugar el contrato de compraventa, salvo que,
     conforme a la normativa sobre financiación de actuaciones protegibles
     fuese de aplicación otro precio máximo diferente.
     2. Una vez le haya sido ofrecida la vivienda, la Administración
     promotora podrá renunciar a su derecho a adquirirla en el plazo de un
     mes. En tal caso, el titular, siempre por precio no superior al
     máximo aplicable conforme al apartado anterior, podrá enajenar la
     vivienda, con autorización expresa de la Administración promotora,
     que se entenderá emitida cuando no haya sido notificada en el plazo
     de un mes desde la solicitud, a favor de personas que acrediten el
     cumplimiento de los requisitos aplicables para acceder a viviendas de
     promoción pública.
     3. Las reglas establecidas en los dos apartados precedentes se
     aplicarán igualmente en segunda y ulteriores transmisiones, cuando la
     Administración promotora no adquiera la vivienda en la primera o
     sucesivas transmisiones. El derecho preferente de la misma a adquirir
     la vivienda en las condiciones establecidas en el apartado primero de
     este artículo subsistirá durante el plazo señalado en el mismo,
     independientemente de las transmisiones que se realicen durante dicho
     periodo.
     4. La falta de respuesta de la Administración en los plazos
     establecidos para ejercer su derecho de adquisición preferente
     implicará la renuncia a su ejercicio.
     Artículo 28.-Opción de compra sobre viviendas protegidas.
     1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la
     entidad local donde radiquen viviendas protegidas el derecho de
     opción de compra sobre las mismas. Tendrá preferencia la
     Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la opción,
     salvo que se trate de viviendas de promoción pública municipal o
     comarcal o de viviendas de promoción privada concertada por el
     Ayuntamiento o la Comarca, en cuyo caso la preferencia corresponderá
     a la respectiva entidad local.
     2. Las entidades promotoras de viviendas protegidas, cualquiera que
     sea su naturaleza, al solicitar la calificación provisional,
     presentarán simultáneamente a la Administración de la Comunidad
     Autónoma, al Ayuntamiento y a la Comarca correspondiente la oferta de
     venta a fin de que, en el plazo de un mes desde la calificación
     provisional, puedan ejercer el derecho de opción de compra en las
     condiciones establecidas en función de la modalidad de protección.
     3. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna de las tres
     Administraciones notifique su voluntad de ejercer su derecho, el
     promotor podrá vender a terceros conforme al régimen que resulte de
     aplicación.
     Artículo 29.-Derecho de tanteo sobre viviendas protegidas de
     promoción privada.
     1. El titular de viviendas protegidas de promoción privada podrá
     transmitirlas conforme a la normativa y precios máximos que resulten
     de aplicación, respetando, en todo caso, el derecho de tanteo que, de
     acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes de este
     artículo, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y
     a la entidad local donde radiquen, en tanto se mantenga el régimen de
     protección. Tendrá preferencia la Administración de la Comunidad
     Autónoma en el ejercicio del tanteo, salvo que se trate de viviendas
     de promoción pública comarcal o municipal o de viviendas de promoción
     privada concertada por el Ayuntamiento o la Comarca, en cuyo caso la
     preferencia corresponderá a la entidad local.
     2. El tanteo se ejercerá por un precio máximo igual al vigente para
     las viviendas protegidas de análoga tipología en la fecha en que
     tenga lugar el contrato de compraventa, salvo que, conforme a la
     normativa sobre financiación de actuaciones protegibles, fuese de
     aplicación otro precio máximo diferente.
     3. Con objeto de hacer posible el ejercicio del derecho de tanteo,
     los propietarios de las viviendas sujetas al mismo deberán comunicar
     simultáneamente a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la
     entidad local correspondiente la decisión de enajenarlas, el precio y
     la forma de pago pactados y las restantes condiciones esenciales de
     la transmisión.
     4. Transcurrido el plazo de un mes sin que ninguna de las tres
     Administraciones notifique su voluntad de ejercer su derecho, el
     propietario podrá vender a terceros conforme al régimen que resulte
     de aplicación. En todo caso, si la transmisión no tiene lugar dentro
     de los cuatro meses siguientes al anterior contado desde la
     comunicación, se entenderá realizada sin ésta y, en consecuencia,
     subsistente el derecho de retracto establecido en el artículo
     siguiente de esta Ley.
     Artículo 30.-Derecho de retracto.
     1. La Administración tendrá derecho de retracto, en tanto se mantenga
     el régimen de protección, respecto de las viviendas que sean
     transmitidas infringiendo lo establecido en los artículos anteriores
     y, en particular, cuando no tengan lugar el ofrecimiento o se haya
     denegado la autorización de venta de la vivienda de promoción pública
     o las comunicaciones previstas en los dos artículos anteriores,
     cuando sean éstas defectuosas, cuando la transmisión se efectúe en
     condiciones diferentes a las comunicadas, antes de la caducidad del
     derecho de tanteo o finados los efectos habilitantes de la
     comunicación realizada sin el ejercicio del mismo.
     2. El retracto podrá ejercerse en el plazo de un mes contado desde el
     día siguiente a aquel en que el transmitente comunique a la
     Administración de la Comunidad Autónoma y la entidad local la
     realización de la transmisión, el precio y la forma de pago pactados
     y las restantes condiciones esenciales de la misma. En el caso de que
     no tenga lugar dicha comunicación, el plazo de ejercicio del derecho
     de retracto se computará desde que la Administración tenga
     conocimiento por cualquier medio de la transmisión realizada.
     3. El retracto se ejercerá, como máximo, por el precio máximo
     legalmente aplicable, conforme a lo establecido en los artículos
     anteriores, actualizado en la forma prevista en los mismos.
     Artículo 31.-Elevación a escritura pública, inscripción en el
     Registro de la Propiedad y otras garantías.
     1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para
     autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras que documenten la
     transmisión de viviendas sujetas a lo establecido en este Título que
     se acredite por el transmitente la comunicación a la Administración
     de la oferta de venta, de su intención de transmitir, del
     otorgamiento de la autorización administrativa para transmitir a
     terceros viviendas de promoción pública o de la comunicación de la
     realización de la transmisión, que deberán testimoniarse en las
     correspondientes escrituras.
     2. La Dirección General competente en materia de tributos de la
     Administración de la Comunidad Autónoma, con objeto de facilitar el
     control de las transmisiones sujetas a esta Ley, comunicará a la
     Dirección General competente en materia de vivienda, con periodicidad
     no inferior a seis meses, las viviendas cuya transmisión le conste
     durante el periodo correspondiente.
     3. La Administración de la Comunidad Autónoma llevará, a través de la
     Dirección General competente en materia de vivienda, un Registro
     administrativo de las transmisiones y comunicaciones previstas en
     este Título, cuya organización y funcionamiento se establecerán
     reglamentariamente.
     TITULO TERCERO
     Inspección de vivienda, protección y restauración
     de la legalidad y régimen sancionador
     CAPITULO I
     Inspección de vivienda
     Artículo 32.-Competencias.
     Corresponde al Departamento competente en materia de vivienda de la
     Administración de la Comunidad Autónoma la investigación y
     comprobación del cumplimiento de la normativa sobre políticas
     públicas de suelo y vivienda conforme a lo establecido en esta Ley.
     Artículo 33.-Facultades.
     1. Los inspectores de vivienda tienen la condición de agentes de la
     autoridad, pueden solicitar el apoyo necesario de cualquier otra
     autoridad en su correspondiente ámbito competencial, especialmente de
     las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Policías
     Locales y están autorizados para entrar y permanecer libremente y en
     cualquier momento en inmuebles, construcciones y demás lugares
     sujetos a su actuación inspectora, respetando, en todo caso, los
     derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del
     domicilio de los interesados.  Los inspectores de vivienda deberán
     acreditar en todo caso su condición con la correspondiente
     credencial.
     Cuando para el ejercicio de esas funciones inspectoras fuera precisa
     la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización
     judicial salvo consentimiento del afectado. Cuando sea precisa la
     autorización judicial, en la solicitud de autorización se deberá
     identificar de la forma más precisa posible el local o recinto que se
     pretenda inspeccionar, justificando los indicios que hagan sospechar
     de la comisión de una infracción administrativa e identificando al
     funcionario que dirigirá la inspección, así como el número de
     personas que hayan de acompañarle. Una vez realizada la inspección,
     se levantará acta de las actuaciones realizadas y se elevará copia
     auténtica al órgano judicial que haya otorgado la autorización de la
     entrada.
     2. Los inspectores de vivienda podrán recabar la exhibición de la
     documentación relevante que obre en poder del interesado o de
     cualquier organismo público o privado para el adecuado ejercicio de
     la función inspectora. Los titulares, representantes legales o
     encargados de las fincas, construcciones y demás lugares sujetos a la
     actividad inspectora están obligados a facilitar a los inspectores de
     vivienda el examen de las dependencias y el análisis de cualquier
     documento relativos a la acción inspectora.
     3. Se considerará obstrucción de la actividad de inspección,
     realizando el inspector la oportuna advertencia de las posibles
     consecuencias legales y procediendo, si es preciso, al levantamiento
     del acta correspondiente:
     a) La negativa injustificada a permitir el acceso a un inspector
     debidamente acreditado, salvo en los casos en que sea exigible la
     autorización judicial y no se haya obtenido ésta.
     b) La negativa a efectuar la exhibición de la documentación a que se
     refiere el apartado anterior.
     c) La incomparecencia injustificada en el lugar y fecha señalado por
     la inspección a efectos de la acción inspectora.
     Artículo 34.-Actas de inspección.
     1. Las actas y diligencias extendidas por los inspectores de vivienda
     tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de
     los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo
     contrario. A efectos de la fe pública a que se refiere este apartado,
     se entiende por inspector de vivienda el funcionario público o
     persona al servicio de la Administración cuya relación contractual
     comporte similares garantías de imparcialidad y cualificación, que
     tenga entre sus funciones la realización de labores de inspección de
     vivienda.
     2. En las actas de inspección habrán de incluirse, como mínimo, el
     lugar, fecha y hora de la inspección, la descripción detallada de las
     presuntas infracciones y las circunstancias en las que se realizó su
     observación, la identidad del funcionario o funcionarios o personal
     al servicio de la Administración que participaron en la inspección y
     cualesquiera otras circunstancias fácticas que, a juicio del
     inspector, resulten relevantes, incluida, en su caso, la
     identificación de las personas presentes. Podrán incluirse también, a
     criterio del inspector, la calificación jurídica provisional de la o
     las posibles infracciones, con indicación del precepto legal o
     reglamentario presuntamente infringido y la propuesta de medidas
     provisionales o definitivas que fuesen convenientes para la
     protección de la legalidad.
     3. Las actas que carezcan de un requisito formal relevante conforme a
     la legislación del procedimiento administrativo común o no procedan
     de un inspector de vivienda o funcionario dotado de fe pública se
     considerarán como denuncias y darán lugar a las actuaciones
     correspondientes.
     Artículo 35.-Funciones.
     1. Corresponde a los inspectores de vivienda el ejercicio de las
     siguientes funciones:
     a) La investigación y comprobación del cumplimiento de esta Ley, sus
     disposiciones de desarrollo y, en general, de la normativa sobre
     vivienda protegida que resulte aplicable en la Comunidad Autónoma de
     Aragón, practicando cuantas mediciones y pruebas sean necesarias a
     tal fin.
     b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas
     para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, incluidas
     las de protección y restauración de la legalidad.
     c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores y
     medidas de protección y restablecimiento de la legalidad que
     procedan.
     d) La propuesta de ejercicio del derecho de retracto cuando, a su
     juicio, proceda, cuantificando el precio máximo legalmente exigible o
     el inferior que hubiere de satisfacer la Administración titular del
     mismo.
     2. Las funciones inspectoras no podrán comportar ninguna disminución
     de las obligaciones que correspondan a los interesados conforme a la
     legislación vigente.
     CAPITULO II
     Protección de la legalidad
     Artículo 36.-Protección de la legalidad.
     Con independencia de las sanciones correspondientes, la
     Administración impondrá las obligaciones que procedan para garantizar
     la protección de la legalidad y la restauración del orden jurídico
     perturbado, la exigencia de las responsabilidades civiles, penales o
     disciplinarias a que pudiere haber lugar y, en su caso, las
     pertinentes para la indemnización de los daños y la reparación de los
     perjuicios.
     Artículo 37.-Actuaciones, omisiones o usos en ejecución.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá adoptar para la
     protección de la legalidad las medidas de suspensión temporal o
     definitiva de actos, usos o actividades, prestación de fianzas,
     paralización de obras, precinto o retirada de materiales o maquinaria
     del lugar en el que hayan de ser utilizados o suspensión de
     suministros de energía, agua, gas y telefonía en relación con
     cualesquiera actuaciones, omisiones o usos en curso de ejecución que,
     requiriendo autorización de los órganos competentes en materia de
     vivienda, estén realizándose sin ella o contra sus determinaciones o
     cuando, contando con autorización, sea ésta ilegal.
     2. La competencia para la adopción de tales medidas, que serán
     notificadas al interesado y no estarán sometidas a procedimiento
     contradictorio, sin perjuicio de los recursos administrativos que
     procedan, corresponde a los órganos autonómicos competentes en
     relación con los actos autonómicos que hayan dictado o les competa
     dictar.
     3. Cuando la actuación, omisión o uso fuese susceptible de
     legalización, el órgano que adopte la medida de protección de la
     legalidad requerirá al interesado para que, en el plazo de un mes,
     solicite la autorización pertinente o su modificación. En caso de no
     proceder la legalización, el órgano competente podrá adoptar las
     medidas definitivas que procedan para restaurar el orden jurídico
     perturbado.
     Artículo 38.-Actuaciones, omisiones o usos concluidos.
     El mismo régimen previsto en el artículo anterior se aplicará cuando
     se trate de actuaciones, omisiones o usos concluidos que, requiriendo
     autorización de los órganos competentes en materia de vivienda, estén
     realizándose sin ella o contra sus determinaciones o cuando, contando
     con autorización, sea ésta ilegal, siempre que no haya transcurrido
     el plazo de prescripción de la infracción. El mero transcurso del
     plazo para la adopción de las medidas de protección y restauración de
     la legalidad infringida no conllevará la legalización de las obras
     que pudieran haberse realizado.
     Artículo 39.-Autorizaciones ilegales.
     Cuando las actuaciones, omisiones o usos a los que se refieren los
     dos artículos precedentes contasen con autorización y fuere ésta
     ilegal, el órgano competente dispondrá la suspensión de sus efectos,
     si estuviesen en curso de ejecución, o su revisión, todo ello
     conforme a lo establecido en la vigente normativa de régimen jurídico
     de las Administraciones públicas y de la jurisdicción
     contencioso-administrativa. Las medidas adoptadas se mantendrán hasta
     que se dicte sentencia, procediéndose a partir de tal momento
     conforme a lo acordado en la misma. En ningún caso habrá lugar a
     indemnización como consecuencia de la anulación de las autorizaciones
     a las que se refiere este apartado si existe dolo, culpa o
     negligencia graves imputables al perjudicado.
     Artículo 40.-Colaboración de la fuerza pública y ejecución forzosa.
     Para la efectividad de las medidas adoptadas conforme a los artículos
     anteriores, el órgano competente interesará, cuando sea necesaria, la
     colaboración de la fuerza pública. Finalizado el plazo determinado
     por la Administración para la ejecución de las medidas adoptadas sin
     que el interesado la haya llevado a efecto, se procederá a su
     ejecución forzosa mediante apremio sobre el patrimonio o la
     imposición de multas coercitivas en la forma establecida en el
     artículo 61 de esta Ley.
     CAPITULO III
     Régimen sancionador
     Sección primera
     Infracciones administrativas y responsabilidad
     Artículo 41.-Principios generales.
     1. Son infracciones las acciones y omisiones, dolosas o culposas, que
     estén tipificadas y sancionadas como tales en esta Ley.
     2. Sólo podrán ser sancionadas las infracciones consumadas.
     3. Las infracciones tipificadas en esta Ley se clasifican en leves,
     graves y muy graves.
     Artículo 42.-Infracciones leves.
     Constituyen infracciones administrativas leves:
     a) La inexistencia de la placa exigible en los inmuebles resultantes
     de la ejecución de actuaciones protegidas.
     b) Facilitar la ocupación u ocupar las viviendas, una vez concluidas,
     antes de que se cumplan los requisitos establecidos para ello, salvo
     que sea constitutiva de infracción grave o muy grave.
     c) La transmisión de viviendas de promoción pública a terceros sin
     cumplir los requisitos exigidos cuando se realice a favor de persona
     que cumpla los requisitos de acceso a viviendas de promoción pública
     y dentro del precio máximo legalmente exigible.
     d) La omisión de las comunicaciones exigidas por la legislación
     vigente para facilitar el ejercicio por la Administración de los
     derechos de opción de compra, tanteo y retracto cuando se consume la
     transmisión a favor de persona que cumpla los requisitos de acceso a
     la categoría de viviendas correspondiente y dentro del precio máximo
     legalmente exigible.
     e) El incumplimiento de las obligaciones de gestión, conservación y
     mantenimiento de las viviendas cuando no haya mediado requerimiento.
     f) La transmisión de viviendas protegidas de promoción privada sin la
     previa autorización administrativa a favor de persona que cumpla los
     requisitos de acceso a la categoría de viviendas correspondiente,
     salvo que constituya infracción muy grave.
     g) El incumplimiento injustificado por las empresas suministradoras
     de sus obligaciones de suspender los suministros, conforme a lo
     establecido en esta Ley. Se entenderán incumplidas tales obligaciones
     cuando se contraten definitivamente los suministros o se eleve a
     definitiva su contratación provisional sin que conste la emisión de
     la certificación técnica acreditativa de la finalización de las
     obras.
     h) No incluir en los contratos las cláusulas de inserción
     obligatoria.
     i) Falsear los datos exigidos para ser inscrito en el Registro de
     Solicitantes de Vivienda Protegida de Aragón.
     Artículo 43.-Infracciones graves.
     Constituyen infracciones administrativas graves:
     a) El incumplimiento de las condiciones señaladas en las resoluciones
     de calificación provisional o definitiva de actuación protegida,
     salvo que sea constitutivo de infracción muy grave.
     b) La realización de cualesquiera obras que modifiquen o no se
     encuentren previstas en el proyecto aprobado, previas o posteriores a
     la calificación definitiva de protección, sin autorización previa del
     órgano competente cuando sea preceptiva.
     c) La alteración del régimen de uso de las viviendas protegidas
     establecido en la calificación definitiva de protección.
     d) El incumplimiento por el propietario de las normas o plazos sobre
     cesión de viviendas protegidas, salvo que constituya infracción muy
     grave.
     e) El incumplimiento por el promotor o propietario del deber de
     facilitar a adquirentes, inquilinos o quienes ocupen las viviendas en
     régimen de acceso diferido a la propiedad la documentación exigible.
     f) La utilización de más de una vivienda protegida sin la pertinente
     autorización administrativa.
     g) No desocupar las viviendas de promoción pública cuando proceda
     habiendo sido requerido para ello.
     h) El incumplimiento de las obligaciones de gestión, conservación y
     mantenimiento de las viviendas habiendo sido requerido para ello.
     i) No contratar los seguros obligatorios.
     j) La transmisión de viviendas de promoción pública a terceros sin
     cumplir los requisitos exigidos cuando se realice a favor de persona
     que no cumpla los requisitos de acceso a viviendas de promoción
     pública y dentro del precio máximo legalmente exigible.
     k) La omisión de las comunicaciones exigidas por la legislación
     vigente para facilitar el ejercicio por la Administración de los
     derechos de opción de compra, tanteo y retracto cuando se consume la
     transmisión a favor de persona que no cumpla los requisitos de acceso
     a la categoría de viviendas correspondiente y dentro del precio
     máximo legalmente exigible.
     l) La obstrucción o falta de la debida colaboración con la inspección
     de vivienda en ejercicio de sus funciones.
     m) La publicidad engañosa sobre vivienda protegida. Se entenderá como
     tal en todo caso la oferta de venta, arrendamiento o adjudicación de
     viviendas sujetas a lo establecido en esta Ley por precio, renta o
     coste superiores a los legalmente establecidos.
     n) Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda protegida o
     para obtener la financiación cualificada.
     ñ) No destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente en el
     plazo legalmente establecido desde su entrega o, de manera
     sobrevenida, por periodo superior a tres meses.
     o) Destinar las viviendas a usos distintos del de domicilio habitual
     y permanente sin disponer de autorización.
     p) La infracción del régimen de uso o disposición de los inmuebles no
     sujetos a protección resultantes de actuaciones protegidas de
     vivienda y suelo.
     q) Incumplir los principios o trámites esenciales en la adjudicación
     de viviendas protegidas de promoción privada que no corresponda a la
     Administración.
     r) La transmisión de viviendas protegidas de promoción privada sin la
     previa autorización administrativa a favor de persona que no cumpla
     los requisitos de acceso a la categoría de viviendas correspondiente,
     salvo que constituya infracción muy grave.
     s) Incumplir la obligación de formalizar la compraventa de viviendas
     protegidas o sus anejos en escritura pública.
     t) Cualesquiera acciones u omisiones por parte de promotores o
     constructores que diesen lugar a que la obra no se ejecute conforme a
     las condiciones de calidad previstas en el proyecto como consecuencia
     de no utilizar los elementos de fabricación o construcción idóneos,
     salvo que constituyan infracción muy grave.
     Artículo 44.-Infracciones muy graves.
     Constituyen infracciones administrativas muy graves:
     a) Destinar los préstamos, subvenciones y demás ayudas a finalidades
     diferentes de las que han motivado su otorgamiento.
     b) Dar un destino al suelo urbanizado cedido por cualquier título por
     la Administración pública distinto al determinado en el acuerdo de
     cesión o en la normativa que la regule.
     c) La percepción de cualquier sobreprecio, sobrerrenta, prima o
     cantidad prohibida o que exceda de las máximas establecidas conforme
     a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
     d) La gestión de las comunidades de bienes, las cooperativas de
     viviendas o de entidades o personas jurídicas cuya naturaleza
     determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las
     viviendas que genere sobrecoste para los comuneros, cooperativistas,
     socios o partícipes con respecto a los costes máximos y en los
     supuestos de responsabilidad de los gestores establecidos conforme a
     esta Ley.
     e) La transmisión de viviendas de promoción pública a terceros sin
     cumplir los requisitos exigidos por precio superior al máximo
     legalmente exigible.
     f) La omisión de las comunicaciones exigidas por la legislación
     vigente para facilitar el ejercicio por la Administración de los
     derechos de opción de compra y tanteo y retracto cuando se consume la
     transmisión superando el precio máximo legalmente exigible.
     g) Falsear los datos en los documentos y certificaciones expedidos
     por los promotores o por la Dirección facultativa de las obras de
     urbanización o edificación.
     h) El incumplimiento de la normativa técnica de edificación para las
     diferentes modalidades de vivienda protegida.
     i) No comunicar a la Administración los listados provisionales de
     adjudicatarios cuando así proceda conforme a esta Ley.
     j) Celebrar contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas
     protegidas sin previa resolución administrativa que comporte el
     carácter definitivo de la adjudicación.
     k) La transmisión de viviendas protegidas de promoción privada sin la
     previa autorización administrativa por precio superior al máximo
     legalmente exigible.
     l) La enajenación de terrenos destinados por el planeamiento a la
     promoción de viviendas protegidas por un precio superior al calculado
     conforme al método residual, aplicado partiendo del valor en venta
     actualizado a la fecha en que se solicite la calificación provisional
     y determinado conforme al precio medio máximo que resulte de
     aplicación a las viviendas y anejos protegidos y a los valores de
     mercado acreditados de los restantes inmuebles resultantes de la
     promoción.
     m) Cualesquiera acciones u omisiones por parte de promotores o
     constructores que diesen lugar a que la obra no se ejecute conforme a
     las condiciones de calidad previstas en el proyecto como consecuencia
     de no utilizar los elementos de fabricación o construcción idóneos
     cuando afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
     forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales.
     Artículo 45.-Prescripción de infracciones.
     1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un
     año; para las graves, de tres años, y para las muy graves, de seis
     años.
     2. El plazo se computará desde la fecha en que se hubieran cometido
     los hechos o, si ésta fuere desconocida, desde la fecha en que
     hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador. Se entenderá
     que puede incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan
     signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la
     infracción. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha
     prescrito la infracción, el órgano competente acordará la no
     procedencia de iniciar el procedimiento sancionador. Igualmente, si
     en la tramitación del expediente se advirtiera la prescripción de la
     infracción, se resolverá la conclusión del mismo con archivo de las
     actuaciones.
     3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la
     fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o
     la del último acto con el que la infracción se consuma.
     4. La entrega de copia del acta levantada en el curso de la actividad
     de inspección a alguna de las personas presentes, debidamente
     identificada, en el lugar en que ésta se realice o la negativa de las
     personas presentes en el lugar de la inspección a recibir la copia de
     la misma, a identificarse o a ambas cosas, surtirán el efecto de
     interrumpir la prescripción de las posibles infracciones, lo que se
     hará constar expresamente en el acta, siempre que en ella figure la
     identificación del inspector, los hechos observados presuntamente
     constitutivos de infracción y una calificación jurídica provisional
     de los mismos y el procedimiento sancionador se inicie, formalmente,
     en el plazo máximo de tres meses si la Administración pública
     competente para ello es la misma que realizó la inspección o en el de
     cinco meses si son Administraciones distintas.
     Artículo 46.-Responsabilidad.
     1. La responsabilidad por las infracciones administrativas recaerá
     directamente en el autor del hecho tipificado como infracción cuando
     exista dolo o culpa.
     2. Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley los
     promotores de vivienda y suelo en sus diferentes modalidades, los
     adjudicatarios de viviendas protegidas, ocupantes y, en general, los
     beneficiarios de financiación cualificada en forma de préstamos,
     subvenciones y demás ayudas o cualesquiera otras medidas de fomento
     en materia de vivienda, así como los agentes de intermediación en la
     venta o arrendamiento de viviendas sujetas a lo establecido en esta
     Ley.
     3. Cuando las personas o entidades promotoras responsables hayan
     adquirido los terrenos destinados por el planeamiento a la promoción
     de viviendas protegidas por un precio superior al calculado conforme
     al método residual, aplicado partiendo del valor en venta actualizado
     a la fecha en que se solicite la calificación provisional y
     determinado conforme al precio medio máximo que resulte de aplicación
     a las viviendas y anejos protegidos y a los valores de mercado
     acreditados de los restantes inmuebles resultantes de la promoción,
     serán igualmente responsables las personas o entidades que
     transmitieron dichos terrenos, así como, tratándose de comunidades de
     bienes, cooperativas de viviendas protegidas o entidades o personas
     jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes
     resulten adjudicatarios de las viviendas, sus respectivas entidades
     gestoras. En estos supuestos, se considerará beneficio ilegalmente
     obtenido por el infractor el sobreprecio, resultando de aplicación el
     régimen de reembolso establecido en el artículo 55 de esta Ley.
     4. Serán igualmente responsables los gestores de comunidades de
     bienes, cooperativas de viviendas protegidas o entidades o personas
     jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes
     resulten adjudicatarios de las viviendas, además de en los supuestos
     establecidos en el apartado anterior, cuando hayan actuado en
     ausencia o en contra de acuerdos adoptados por los órganos de
     gobierno de la correspondiente entidad o, en todo caso, sin estar
     habilitados para ello. Serán también responsables dichos gestores
     cuando transmitan a las entidades cuya gestión asuman suelo
     calificado por el planeamiento para la promoción de vivienda
     protegida por precio superior al de adquisición incrementado con los
     costes financieros y cargas urbanísticas correspondientes a la finca.
     5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones
     cometidas por sus órganos o agentes y asumirán solidariamente el
     coste de las medidas de reparación de la legalidad vulnerada y del
     beneficio derivado de la comisión de la infracción, sin perjuicio de
     las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya
     lugar.
     Artículo 47.-Circunstancias agravantes.
     Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los culpables
     las siguientes:
     a) El haberse prevalido, para cometerla, de la titularidad de un
     oficio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo de la
     infracción haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del
     deber funcional propio del cargo u oficio.
     b) La utilización de cualquier tipo de violencia o forma de coacción
     sobre la autoridad o funcionario público encargado del cumplimiento
     de esta Ley, o mediante soborno.
     c) El haberla cometido alterando los supuestos de hecho que
     presuntamente legitimaren la actuación, o mediante falsificación de
     los documentos en que se acreditare el fundamento legal de la
     actuación.
     d) El realizarla aprovechándose o explotando en su beneficio una
     grave necesidad pública o del particular o particulares que
     resultaren perjudicados.
     e) No cumplir las medidas provisionales o definitivas adoptadas por
     cualquiera de los órganos competentes en la materia.
     f) La reiteración y la reincidencia.
     g) El realizarla sin contar con proyecto técnico y dirección de
     técnico competente, cuando sean preceptivos, con riesgo para la vida
     de las personas o para bienes de tercero.
     h) Ser titular de poderes de representación para el desarrollo de la
     gestión de la promoción de comunidades de bienes o cooperativas de
     viviendas protegidas sin ser cooperativista o comunero.
     Artículo 48.-Circunstancias atenuantes.
     Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los
     culpables las siguientes:
     a) El no haber tenido intención de causar un daño tan grave a los
     intereses públicos o privados afectados por el hecho ilegal.
     b) El haber procedido el culpable a reparar o disminuir el daño
     causado, antes de la iniciación de las actuaciones sancionadoras o de
     adopción de medidas de restitución de la legalidad infringida.
     c) El cumplimiento voluntario de las medidas de restitución de la
     legalidad.
     Artículo 49.-Circunstancias mixtas.
     Son circunstancias que, según cada caso, pueden atenuar o agravar la
     responsabilidad las siguientes:
     a) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la
     actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del
     culpable.
     b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su
     caso, el haberla realizado sin consideración ninguna al posible
     beneficio económico que de la misma se derivare.
     c) La mayor o menor magnitud física del daño producido.
     d) La mayor o menor dificultad técnica para restaurar la legalidad
     infringida.
     Artículo 50.-Concurrencia de infracciones.
     1. En el caso de que, en aplicación de esta Ley, se instruyera
     expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas entre
     las que exista conexión de causa a efecto, se impondrá una sola
     sanción que será la correspondiente a las actuaciones que supongan el
     efecto final de las infracciones cometidas, en su cuantía máxima.
     2. En los demás casos, a los responsables de dos o más infracciones
     se les impondrán las multas correspondientes a cada una de las
     diversas infracciones cometidas.
     Sección segunda
     Sanciones
     Artículo 51.-Tipificación e individualidad de sanciones.
     1. Las infracciones tipificadas en esta Ley, acreditada la
     culpabilidad y previa instrucción del oportuno expediente
     administrativo, serán objeto de sanción administrativa, sin perjuicio
     de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
     concurrir.
     2. Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos por una
     misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
     3. Las infracciones tipificadas en esta Ley darán lugar a la
     imposición de las siguientes sanciones:
     a) Las infracciones leves, con multa de 150 a 3.000 euros.
     b) Las infracciones graves, con multa de 3.001 a 30.000 euros.
     c) Las infracciones muy graves, con multa de 30.001 a 300.000 euros.
     4. El Gobierno de Aragón podrá revisar y actualizar la cuantía de las
     multas establecidas en este artículo conforme al índice de precios al
     consumo del Instituto Nacional de Estadística, o el que lo sustituya.
     Artículo 52.-Graduación de sanciones.
     1. La cuantía de la multa habrá de ser proporcionada a la gravedad de
     los hechos constitutivos de la infracción, justificándola en atención
     a las circunstancias modificativas de la responsabilidad que
     concurran.
     2. Cuando en el hecho concurran una o varias circunstancias
     agravantes, la cuantía de la multa no podrá ser inferior a la mitad
     de la prevista en esta Ley.
     3. Cuando en el hecho concurran una o varias circunstancias
     atenuantes, la cuantía de la multa no podrá superar la mitad de la
     prevista en esta Ley.
     4. Cuando concurriesen circunstancias atenuantes y agravantes, éstas
     se compensarán de forma racional para la determinación de la sanción,
     ponderando razonadamente la trascendencia de unas y otras.
     5. Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, la
     Administración impondrá la sanción en su tercio intermedio.
     6. Cuando en la comisión de infracciones graves o muy graves concurra
     la atenuante muy cualificada de cumplimiento voluntario de las
     medidas de reparación de daños o restablecimiento de la legalidad
     infringida, en atención a las circunstancias concurrentes, la
     Administración podrá imponer la multa correspondiente a las
     infracciones de gravedad inmediatamente inferior. Cuando en la
     comisión de infracciones leves concurra dicha circunstancia, la multa
     se impondrá en su cuantía mínima.
     Artículo 53.-Medidas complementarias.
     Con independencia de las sanciones personales, la Administración
     impondrá las obligaciones de reponer los bienes afectados al estado
     anterior a la producción de la situación ilegal si ello es posible y
     conveniente, indemnizar los daños y perjuicios causados a la propia
     Administración y abonar a ésta la cantidad en la que se haya
     cuantificado, al imponer la correspondiente sanción, cualquier
     beneficio derivado de la comisión de la infracción.
     Artículo 54.-Expropiación, desahucio y pérdida de beneficios.
     1. La imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves
     o muy graves podrá dar lugar, independientemente de las sanciones
     impuestas y sin perjuicio del mantenimiento del régimen de protección
     de que se trate, a la expropiación por incumplimiento de la función
     social de la propiedad, el desahucio o la pérdida del derecho de uso,
     que se ejecutarán conforme a su legislación específica, así como a la
     pérdida de los beneficios, ayudas o subvenciones públicas que se
     disfrutasen por el infractor y a la prohibición de obtenerlos de
     nuevo por plazo de hasta seis años en los supuestos de comisión de
     infracción grave o doce años en los de infracción muy grave.
     2. El incumplimiento de las condiciones de acceso o disfrute de las
     diferentes actuaciones protegidas objeto de financiación cualificada,
     incluso la no obtención de calificación definitiva de protección
     conforme a esta Ley, podrá conllevar, independientemente de las
     sanciones impuestas y sin perjuicio del mantenimiento del régimen de
     protección de que se trate, la pérdida de la condición de préstamo
     cualificado y la interrupción de la subsidiación otorgada, así como
     el reintegro a la Administración o Administraciones concedentes en
     cada caso de las cantidades hechas efectivas por las mismas en
     concepto de ayudas económicas directas, incrementadas con los
     intereses legales desde su percepción.
     Artículo 55.-Reintegro del sobrecoste, sobreprecio o sobrerrenta
     percibidos.
     Sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderles y de las
     responsabilidades de cualquier orden en que pudieran haber incurrido,
     quienes hayan adquirido o arrendado viviendas protegidas por precios
     o rentas superiores a los legalmente aplicables en cada caso, podrán
     dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma a fin de que,
     previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, en
     su caso, en el marco del mismo, exija del gestor de la comunidad de
     bienes, cooperativa o entidad o persona jurídica cuya naturaleza
     determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las
     viviendas que promuevan, cuando pudiera resultar responsable por la
     comisión de infracciones tipificadas en esta Ley, del vendedor o del
     arrendador el reintegro, en concepto de beneficio ilegalmente
     obtenido, del sobrecoste, sobreprecio o sobrerrenta percibidos, que
     serán reembolsados al comunero, cooperativista, comprador o
     arrendador denunciante. A tal efecto, el ingreso del sobreprecio se
     realizará mediante depósito en la Administración de la Comunidad
     Autónoma, que procederá a entregarlo a las personas designadas en la
     resolución que haya puesto fin al procedimiento sancionador. La
     Administración de la Comunidad Autónoma podrá utilizar la vía de
     apremio si fuere necesario.
     Artículo 56.-Afectación de las sanciones.
     Las cantidades que pudiera ingresar la Administración como
     consecuencia de sanciones o medidas complementarias, salvo lo
     establecido en el artículo anterior, deberán afectarse a las
     políticas públicas de suelo y vivienda en las condiciones
     establecidas para los ingresos procedentes de los patrimonios
     públicos del suelo.
     Artículo 57.-Prescripción de las sanciones.
     1. Las sanciones impuestas prescriben en el plazo de un año para las
     leves, dos años para las graves y tres años para las muy graves,
     contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
     resolución por la que se impone la sanción.
     2. Las sanciones prescritas no podrán ser objeto de ejecución forzosa
     por la autoridad competente, debiendo hacerse constar la prescripción
     en el expediente administrativo.
     Sección tercera
     Competencia y procedimiento
     Artículo 58.-Competencia para incoar procedimientos y sancionar.
     1. Los órganos competentes para la imposición de las sanciones
     previstas en esta Ley son los siguientes:
     a) El Consejero competente en materia de vivienda, para las sanciones
     de multa correspondientes a las infracciones muy graves.
     b) El Director General competente en materia de vivienda, para las
     sanciones de multa correspondientes a las infracciones graves.
     c) El Director del Servicio Provincial competente en materia de
     vivienda, para las sanciones de multa correspondientes a las
     infracciones leves.
     2. La competencia para incoar los procedimientos sancionadores por la
     comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponderá a
     los siguientes órganos:
     a) Para infracciones leves y graves, al Director del Servicio
     Provincial competente en materia de vivienda.
     b) Para infracciones muy graves, al Director General competente en
     materia de vivienda.
     3. Cuando, en cualquier fase de los procedimientos que se instruyan
     como consecuencia de una infracción tipificada en esta Ley, el órgano
     instructor aprecie que hay indicios de la existencia de otra
     infracción administrativa para cuyo conocimiento no sea competente,
     propondrá su comunicación al órgano que, a su juicio, lo sea.
     Artículo 59.-Procedimiento aplicable y caducidad.
     1. El procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en la
     normativa autonómica de régimen jurídico y, en su caso, en la
     normativa estatal.
     2. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
     sancionador será de un año contado desde la fecha de su iniciación.
     3. Cuando en cualquier estado del procedimiento hubiere de repetirse
     el intento de notificación personal o procederse a la notificación
     mediante edictos por causa imputable a los interesados, se suspenderá
     el cómputo del plazo para resolver desde el momento del primer
     intento de notificación o del inicio de los trámites para la
     notificación mediante edictos hasta el momento en que quede
     acreditada la práctica de la notificación.
     4. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se
     dictase y notificase la resolución, se entenderá caducado el
     procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones. Para
     computar el plazo máximo para resolver y notificar, deberán tenerse
     en cuenta las posibles interrupciones por causas imputables a los
     interesados o por la suspensión del procedimiento. En el supuesto de
     que la infracción no hubiera prescrito, deberá iniciarse un nuevo
     procedimiento sancionador.
     Artículo 60.-Medidas provisionales.
     1. El órgano competente para iniciar o resolver podrá adoptar en
     cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter
     provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la
     resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar
     el mantenimiento de los efectos de la infracción y atender a las
     exigencias de los intereses generales.
     2. Las medidas de carácter provisional adoptadas una vez iniciado el
     procedimiento sancionador garantizarán la efectividad de las medidas
     de restablecimiento que procedan.
     3. Una vez iniciado el procedimiento sancionador podrán adoptarse
     cualesquiera medidas provisionales o definitivas de las establecidas
     en los artículos 36 a 39 de esta Ley.
     Artículo 61.-Ejecución forzosa y estímulos al cumplimiento
     voluntario.
     1. La Dirección General competente en materia de vivienda podrá
     proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de las
     resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores mediante
     apremio sobre el patrimonio o la imposición de multas coercitivas, de
     conformidad con lo dispuesto en los apartados siguientes:
     a) Procederá el apremio sobre el patrimonio cuando la resolución del
     expediente sancionador acuerde la imposición de una o varias multas y
     éstas no sean abonadas en periodo voluntario, siguiéndose el
     procedimiento establecido por las normas reguladoras del
     procedimiento recaudatorio en vía de apremio.
     b) Procederá la imposición de multas coercitivas sucesivas e
     independientes de las sanciones que pudieran imponerse como
     consecuencia de expediente sancionador y compatibles con éstas,
     cuando la resolución del expediente sancionador imponga al infractor
     una obligación de hacer o la obligación de reintegrar al adquirente o
     arrendatario las cantidades indebidamente percibidas y el sancionado
     no cumplimente dicha obligación en el plazo concedido al efecto.
     Entre la imposición de las sucesivas multas coercitivas deberá
     transcurrir el tiempo necesario para cumplir lo ordenado. La cuantía
     de la primera multa coercitiva será de hasta trescientos euros, de
     hasta seiscientos euros la segunda y de hasta mil doscientos euros
     las sucesivas, en número no superior a doce. No obstante, cuando se
     trate de ejecutar resoluciones que impongan la obligación de realizar
     obras o de reintegrar cantidades indebidamente percibidas, la cuantía
     de cada multa podrá alcanzar hasta el veinte por ciento del importe
     estimado de las obras que hayan de ejecutarse o de la cantidad a
     reintegrar, que constituirán el límite de las multas coercitivas que
     podrán imponerse.
     2. El Gobierno de Aragón podrá revisar y actualizar la cuantía de las
     multas coercitivas establecidas en este artículo conforme al índice
     de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, o el que
     lo sustituya.
     3. El cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones
     a las que se refieren los artículos 36 a 40, 53 a 55 y 61 de esta Ley
     dentro del plazo concedido para ello podrá dar lugar, a petición del
     interesado, a la condonación de hasta un cincuenta por ciento de la
     sanción principal. Corresponderá acordar dicha condonación al órgano
     al que corresponda imponer la sanción.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Competencias sobre patrimonio en relación con vivienda y
     suelo.
     1. El Departamento competente en materia de patrimonio adscribirá
     expresamente al competente en materia de vivienda aquellas fincas del
     patrimonio de la Comunidad Autónoma, que sean necesarias para el
     cumplimiento de los fines propios de la Dirección General de Vivienda
     y Rehabilitación, respecto a las cuales ejercerá su administración,
     gestión y conservación.
     2. Asimismo, corresponde al Departamento competente en materia de
     vivienda, respecto de las viviendas protegidas, locales de negocio,
     edificaciones complementarias y otros inmuebles que tenga adscritos
     conforme al apartado anterior, las competencias que la normativa
     reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma atribuye, con
     carácter general, al Departamento competente en materia de
     patrimonio.
     3. También corresponderá a dicho Departamento competente en materia
     de vivienda el ejercicio de los derechos de adquisición preferente,
     que se atribuyen en esta Ley a la Administración de la Comunidad
     Autónoma sobre viviendas protegidas.
     4. La competencia para la firma de los documentos, públicos o
     privados, que hayan de otorgarse en ejercicio de las anteriores
     facultades, se atribuye al Consejero con atribuciones en materia de
     vivienda, que podrá delegarla en los titulares de los órganos
     administrativos del Departamento.
     5. Queda autorizado el Consejero competente en materia de vivienda
     para dictar las disposiciones precisas para el ejercicio de estos
     derechos por los diferentes órganos del Departamento.
     Segunda.-Modificación de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de
     Fianzas de arrendamientos y otros contratos.
     1. Se añade un nuevo apartado tercero al artículo 2 de la Ley
     10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de Arrendamientos y otros
     contratos, redactado del siguiente modo: «3. En los contratos de
     arrendamientos de viviendas protegidas, únicamente podrá pactarse
     como garantía adicional la prestación por el arrendatario de un aval
     por importe no superior a cuatro mensualidades de la renta pactada».
     2. Se añade un nuevo apartado quinto al artículo 19 de la Ley
     10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de Arrendamientos y otros
     contratos, redactado del siguiente modo: «5. Cuando en la comisión de
     infracciones graves o muy graves concurran una atenuante muy
     cualificada o dos o más, en atención a las circunstancias
     concurrentes, la Administración podrá imponer la multa
     correspondiente a las infracciones de gravedad inmediatamente
     inferior. Cuando en la comisión de infracciones leves concurra dicha
     circunstancia, la multa se impondrá en su cuantía mínima».
     Tercera.-Modificación de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
     1. La letra f) del artículo 33 queda redactada del siguiente modo:
     «f) Reservas de terrenos con destino a la construcción de viviendas
     protegidas conforme a la legislación de vivienda».
     2. El apartado primero del artículo 35 queda redactado del siguiente
     modo:
     «1. En suelo urbano no consolidado, cuando el Plan General prevea
     actuar directamente a través de unidades de ejecución, incluirá,
     además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior,
     el aprovechamiento medio de la unidad de ejecución y, en su caso, la
     reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas
     protegidas conforme a la legislación de vivienda».
     3. Se introduce una nueva letra f) en el apartado segundo del
     artículo 35:
     «f) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas
     protegidas, en su caso, conforme a la legislación de vivienda».
     4. Se introduce una nueva letra h) en el artículo 37:
     «h) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas
     protegidas conforme a la legislación de vivienda».
     5. Se introduce una nueva letra f) en el artículo 45:
     «f) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas
     protegidas conforme a la legislación de vivienda».
     6. Los apartados primero, segundo, cuarto y séptimo del artículo 93
     bis, introducido por la Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de Medidas
     Tributarias, Financieras y Administrativas, quedan redactados del
     siguiente modo:
     «1. En todo caso, la enajenación o cesión de los bienes de los
     patrimonios públicos de suelo deberá efectuarse en condiciones que
     aseguren, cuando proceda, los plazos máximos de urbanización y
     edificación y los precios finales de las viviendas».
     «2. Estarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto a
     favor de la Administración enajenante, las transmisiones onerosas y
     gratuitas de los bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones,
     provenientes de los patrimonios públicos de suelo. No obstante, las
     viviendas protegidas conforme a la normativa de vivienda les será de
     aplicación el régimen en ella establecido».
     «4. Los propietarios afectados deberán notificar al Ayuntamiento, a
     través del registro administrativo del apartado anterior, la decisión
     de enajenar estos bienes con expresión del precio y forma de pago
     proyectados y las restantes condiciones esenciales de la transmisión
     a los efectos del posible ejercicio de tanteo.  El precio no podrá
     ser superior al precio de adquisición actualizado conforme al índice
     de precios al consumo en Aragón.  Este derecho de tanteo podrá
     ejercitarse durante el plazo de sesenta días naturales a contar desde
     el día siguiente al que se haya producido la notificación».
     «7. Estarán también sujetos al derecho de tanteo y retracto a favor
     del patrimonio municipal del suelo los bienes inmuebles que tengan la
     condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos
     histórico-artísticos».
     Cuarta.-Protección de datos de carácter personal.
     1. Se crea el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de
     Aragón, en el que se inscribirán, conforme a esta Ley y sus
     disposiciones de desarrollo, quienes deseen optar a la adjudicación
     de una vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2. La finalidad del Registro es, por un lado, facilitar a través de
     los procedimientos reglamentariamente establecidos, los datos
     precisos para la adjudicación de viviendas protegidas y, por otro,
     proporcionar información actualizada que permita a las
     Administraciones locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus
     programaciones públicas de vivienda protegida a la demanda existente.
     3. El órgano responsable del fichero es la Dirección General
     competente en materia de vivienda.
     4. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos
     personales se ejercerán ante la Dirección General competente en
     materia de vivienda a través, en su caso, de los Servicios
     Provinciales competentes por razón de la materia.
     5. Los datos a incluir en el Registro son los identificativos de
     quienes conformen las unidades de convivencia demandantes de vivienda
     y los de ésta, así como los necesarios para verificar el cumplimiento
     de los requisitos de inscripción y adjudicación establecidos en esta
     Ley y sus disposiciones de desarrollo.
     6. Las medidas de seguridad del Registro son las correspondientes al
     nivel, medio o alto, según la sensibilidad de los datos.
     7. La comunicación o cesión de datos del Registro de Solicitantes de
     Vivienda Protegida de Aragón a terceros tendrá lugar, en su caso,
     conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa sobre
     protección de datos de carácter personal.
     8. En el plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de esta
     Ley, el Gobierno desarrollará lo establecido en esta disposición
     conforme a lo prescrito en la vigente normativa sobre ficheros
     automatizados y protección de datos de carácter personal. El Registro
     deberá estar en funcionamiento dentro de dicho plazo.
     Quinta.-Presentación a las Cortes de Proyecto de Ley de Vivienda de
     Aragón.
     En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley el
     Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley de
     Vivienda de Aragón comprensivo de la regulación integral de la
     materia y, en particular, de las garantías que hayan de establecerse
     para la protección de los adquirentes de viviendas en el marco de lo
     establecido en la normativa de protección del consumidor y la estatal
     de edificación, las garantías de la calidad y la habitabilidad de los
     edificios, el régimen jurídico de la vivienda protegida y el régimen
     sancionador. Previamente a la presentación de este Proyecto de Ley,
     el Gobierno de Aragón redactará un Libro Blanco de la Vivienda.
     Sexta.-Viviendas de promoción pública directa o convenida por el
     Instituto del Suelo y de la Vivienda de Aragón pendientes de
     calificación definitiva.
     1. Quedan calificadas definitivamente a la entrada en vigor de esta
     Ley las viviendas de promoción pública directa o convenida por el
     extinto Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón que no lo
     hubiesen sido con anterioridad a la misma.
     2. Los plazos establecidos a efectos de descalificación y
     limitaciones al poder de disposición se computarán desde la fecha de
     la escritura de declaración de obra nueva o, en su defecto, desde la
     fecha del acta de recepción provisional de las obras y, en defecto de
     ésta, desde la fecha en que recayó la calificación provisional.
     3. Mediante resolución de los Directores de los Servicios
     Provinciales, se regularizará la situación de los adquirentes,
     arrendatarios u ocupantes de estas viviendas.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de
     viviendas protegidas de Aragón.
     1. La adjudicación de las viviendas protegidas de Aragón que
     corresponda a la Administración tendrá lugar conforme a lo
     establecido en esta Ley cuando no haya recaído la declaración inicial
     o calificación provisional de la actuación como protegida. No
     obstante, en tanto se aprueben las disposiciones de desarrollo
     convenientes, la Administración podrá optar entre aplicar el
     procedimiento de adjudicación directa de las viviendas protegidas
     conforme a lo que se establezca en la resolución administrativa que
     dé inicio al procedimiento de adjudicación o autorizar la
     adjudicación privada conforme a los principios de publicidad,
     concurrencia pública y transparencia, a través de los procedimientos,
     criterios objetivos de adjudicación y plazos que, sometidos a
     aprobación del Departamento competente en materia de vivienda, sean
     autorizados por éste.
     2. La adjudicación de las viviendas protegidas de Aragón construidas
     sobre terrenos que no procedan de patrimonios públicos de suelo y que
     cuenten con ayudas públicas para la urbanización reconocidas a la
     entrada en vigor de esta Ley se realizará por quien las haya
     promovido, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado
     primero del artículo 19 de esta Ley.
     3. La adjudicación de las viviendas protegidas de Aragón que no
     corresponda a la Administración tendrá lugar conforme a lo
     establecido en esta Ley cuando no haya recaído la declaración inicial
     o calificación provisional de la actuación como protegida.
     Segunda.-Régimen aplicable a los procedimientos sancionadores.
     Esta Ley no será de aplicación a los procedimientos sancionadores en
     materia de vivienda que se hayan iniciado antes de su entrada en
     vigor, que se regirán por la normativa anterior.
     Tercera.-Reservas de terrenos para la construcción de viviendas de
     protección pública.
     1. La reserva de terrenos para la construcción de viviendas
     protegidas en suelo urbano o urbanizable, conforme a lo establecido
     en esta Ley, tendrá lugar necesariamente cuando se proceda a la
     revisión del planeamiento general vigente.
     2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los
     instrumentos de planeamiento general vigentes podrán también
     modificarse, cuando no resulte necesario conforme a la normativa
     urbanística proceder a su revisión, para adaptarlos al régimen de
     reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas en
     suelo urbano o urbanizable establecido en esta Ley.
     3. En tanto se proceda a la revisión o modificación del planeamiento
     general vigente, sin perjuicio de la aplicación de la normativa
     anterior a la entrada en vigor de esta Ley, cuando proceda, se
     aplicarán las siguientes reglas:
     a) En el suelo urbano no consolidado no resultará de aplicación el
     régimen de reservas establecido en esta Ley.
     b) En el suelo urbanizable cuyo planeamiento de desarrollo haya sido
     inicialmente aprobado a la entrada en vigor de esta Ley no resultará
     de aplicación el régimen de reservas en ella establecido.
     c) En el suelo urbanizable cuyo planeamiento de desarrollo no haya
     sido inicialmente aprobado a la entrada en vigor de esta Ley, hasta
     tanto transcurran los plazos previstos para su ejecución, cuando
     existan, o cuando transcurran dichos plazos sin que la ejecución se
     haya llevado a efecto por causas imputables a la Administración, el
     porcentaje mínimo de reservas de terrenos al que se refiere el
     artículo quinto de esta Ley será del veinticinco por ciento en
     Huesca, Teruel y Zaragoza, y del veinte por ciento en los municipios
     de más de cinco mil habitantes.
     d) En el suelo urbanizable cuyo planeamiento de desarrollo no haya
     sido inicialmente aprobado a la entrada en vigor de esta Ley, una vez
     transcurridos los plazos previstos para su ejecución, cuando existan,
     salvo que la ejecución no se haya llevado a efecto por causas
     imputables a la Administración, se aplicará el régimen de reservas de
     terrenos establecido en esta Ley.
     4. Cuando de conformidad con esta disposición el planeamiento de
     desarrollo haya de establecer reservas, los umbrales demográficos se
     considerarán en el momento de su aprobación inicial.
     Cuarta.-Normativa autonómica vigente a la entrada en vigor de esta
     Ley y normativa estatal supletoria.
     1. Las normas reglamentarias autonómicas vigentes en las materias
     reguladas en esta Ley continuarán en vigor en la medida en que
     resulten compatibles con ella.
     2. En lo no regulado por esta Ley, continuará siendo de aplicación,
     supletoriamente y en la medida en que resulte compatible con la
     misma, la normativa estatal sobre viviendas protegidas.
     Quinta.-Limitaciones al poder de disposición y derechos de
     adquisición preferente respecto de viviendas protegidas existentes.
     Las viviendas protegidas de promoción privada existentes a la entrada
     en vigor de esta Ley no quedarán sujetas a los derechos de
     adquisición preferente en ella establecidos cuando hayan transcurrido
     quince años desde su declaración final o calificación definitiva.
     Sexta.-Régimen aplicable a los procedimientos de enajenación de suelo
     proveniente de patrimonios públicos de suelo.
     La enajenación de suelo proveniente de los patrimonios públicos de
     suelo tendrá lugar, en todo caso, conforme a lo establecido en esta
     Ley, salvo que, tratándose de procedimientos en competencia, a su
     entrada en vigor se haya iniciado ya el procedimiento de licitación.
     Séptima.-Régimen aplicable a la descalificación de viviendas
     protegidas existentes a la entrada en vigor de esta Ley.
     Las viviendas protegidas de promoción privada existentes a la entrada
     en vigor de esta Ley podrán ser descalificadas conforme a lo
     establecido en la misma una vez transcurrido el plazo de quince años
     desde su declaración final o calificación definitiva.
     Octava.-Registro administrativo de transmisiones de viviendas
     protegidas.
     1. El Gobierno creará y regulará el Registro administrativo al que se
     refiere el artículo 31 de esta Ley en el plazo de un año tras su
     entrada en vigor.
     2. En tanto se cree dicho Registro no será preceptiva la inscripción
     de las transmisiones y comunicaciones a las que se refiere el Título
     Segundo de esta Ley.
     Novena.-Régimen transitorio de la autorización de mejoras.
     El régimen de autorización de mejoras establecido en esta Ley no será
     de aplicación a las actuaciones protegidas de vivienda que hayan
     obtenido la declaración inicial o calificación provisional a su
     entrada en vigor.
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
     rango se opongan a lo establecido en esta Ley y, en particular, los
     artículos 16 y 17 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de medidas
     tributarias y administrativas.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Desarrollo reglamentario.
     Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones
     exigidas para el desarrollo de esta Ley en el plazo máximo de seis
     meses desde la entrada en vigor de la misma.
     Segunda.-Entrada en vigor.
     Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
     «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 26 de diciembre de 2003.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU