Rango: -LEY+
Fecha de disposición: 20021217
Fecha de Publicacion: 30/12/2002
Número de boletín: 151
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencia de Aragón.

Texto
     LEY 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de
     emergencia de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO I
     La presente ley regula la organización de la protección civil de la
     Comunidad Autónoma ante situaciones de emergencia, catástrofe o
     calamidad colectiva y la gestión y atención de emergencias
     individuales.
     La protección civil aborda el conjunto de acciones dirigidas a
     evitar, reducir o corregir los daños causados a personas y bienes por
     toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales o
     extraordinarios en tiempos de paz, cuando la amplitud y gravedad de
     sus efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública. Los
     modernos postulados de la protección civil la basan en la previa
     planificación. Esta acepción contempla la protección civil en el
     sentido estricto, acuñado por el Tribunal Constitucional y por la
     legislación estatal.
     A juicio del Tribunal Constitucional en sus sentencias 123/1984, de
     18 de diciembre, y 133/1990, de 19 de julio, la protección civil es
     una competencia concurrente entre Estado y comunidades autónomas,
     dependiendo de que entren o no en juego en la concreta emergencia las
     exigencias del interés nacional.
     La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencias sobre protección
     civil que surgen de su propio Estatuto de Autonomía, al ser titular
     de competencias sectoriales que, con diverso alcance, inciden en la
     mencionada materia. Dentro de estos presupuestos, como reconoce el
     Tribunal Constitucional, corresponde a la Comunidad Autónoma la
     ordenación de la protección civil de la propia Comunidad Autónoma en
     virtud de títulos competenciales como protección de personas y
     bienes, espectáculos públicos, protección del medio ambiente,
     sanidad, agricultura y montes, carreteras, ordenación del territorio,
     urbanismo, etc.
     Además, los poderes públicos aragoneses tienen el deber de velar por
     la efectividad de los derechos fundamentales, entre los cuales
     adquiere aquí relevancia el más primario, el derecho a la vida y a la
     integridad física, removiendo los obstáculos que dificulten su
     plenitud. Una de las manifestaciones más palmarias de puesta en
     peligro de tales bienes jurídicos proviene de eventos de origen
     natural o humano tales como catástrofes, calamidades u otros
     accidentes graves.
     II
     Es objeto y pretensión de esta ley garantizar en la Comunidad
     Autónoma la disponibilidad permanente de un sistema de gestión de
     emergencias integrado y compatible, apto para proceder tanto en
     emergencias propias de la protección civil, como catástrofes o
     calamidades, como en aquellas otras menos graves que, sin producir
     trastorno social y desbordamiento de los servicios esenciales,
     requieren una atención coordinada y eficaz por estar en peligro la
     vida e integridad de las personas.
     La fijación de unos objetivos, criterios y principios de actuación
     comunes y la generalización del sistema partiendo de los servicios
     especializados ya existentes y evitando la creación de servicios
     especializados ex novo responden a la finalidad de conseguir un
     sistema integrado para hacer frente a las emergencias.
     El Título I regula los derechos y deberes de los ciudadanos, para dar
     cumplimiento a la reserva de Ley establecida por el artículo 30.4 de
     la Constitución. Se regulan los derechos de información y
     participación y los deberes de colaboración, las obligaciones de
     autoprotección, el deber de cumplir las órdenes de las autoridades de
     protección civil y las medidas de emergencia que éstas pueden adoptar
     limitativas de derechos. También establecen las garantías para las
     requisas y la colaboración de los medios de comunicación para dar
     avisos a la población.
     A continuación se regulan con detalle las actuaciones básicas en
     protección civil, identificadas con la previsión y prevención de las
     situaciones de riesgo; la planificación de protección civil, en la
     que destaca la posición del Plan de protección civil de Aragón; la
     activación de los planes en caso de intervención y las tareas de
     rehabilitación y recuperación de la normalidad. Como cierre de las
     actuaciones se contempla la información y preparación de la
     población.
     En el Título II se aborda la gestión y atención de las emergencias a
     través del teléfono europeo único de emergencias 112 y la posición
     del Centro de Emergencias SOS Aragón en el sistema de gestión de las
     emergencias individuales y también en las colectivas, así como las
     relaciones con los servicios operativos dependientes de las diversas
     administraciones públicas.
     En el Título III se establece la organización administrativa de la
     protección civil, teniendo en cuenta el papel de los municipios y de
     las comarcas. Entre los órganos de la Administración de la Comunidad
     Autónoma destaca la posición de la Comisión de Protección Civil de
     Aragón, como órgano de colaboración de las administraciones en la
     materia. También se tiene en cuenta la importancia del voluntariado
     en el sistema de protección civil, regulando el estatuto básico de
     los voluntarios de emergencias.
     En el Título IV se regula el régimen sancionador, tipificando las
     infracciones y estableciendo las correspondientes sanciones.
     En la parte final de la ley destaca la previsión de la creación de un
     servicio autonómico de prevención, extinción de incendios y
     salvamento, diseñando un proceso gradual, que permita garantizar la
     asistencia en todo el territorio de Aragón.
     TITULO PRELIMINAR
     Disposiciones generales
     Artículo 1.-Finalidad.
     1. La presente ley tiene por finalidad establecer y regular el
     sistema de protección civil en Aragón.
     2. El sistema de protección civil comprende la actuación de las
     administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón dirigida
     a tutelar la integridad de la vida de las personas, sus bienes y el
     patrimonio colectivo y ambiental frente a daños en las situaciones de
     emergencia, catástrofe o calamidad.
     3. Los ciudadanos participarán en el sistema de protección civil
     cumpliendo sus deberes y prestando su colaboración en la forma y a
     través de los mecanismos previstos en esta ley y en el resto del
     ordenamiento jurídico.
     Artículo 2.-Definiciones.
     A los efectos de esta ley se entenderá por:
     a) Catástrofe: emergencia en la que hay una gran destrucción de
     bienes y afección al patrimonio colectivo y ambiental.
     b) Calamidad: emergencia que produce muchas víctimas o afecta a
     muchas personas.
     c) Emergencia: suceso o accidente que sobreviene de modo imprevisto,
     afectando a la integridad física de las personas o a los bienes, de
     modo colectivo o individual, y que, en ocasiones, llega a constituir
     una catástrofe o una calamidad.
     d) Riesgo: eventualidad de producción de una emergencia, catástrofe o
     calamidad.
     Artículo 3.-Ambito de aplicación.
     Esta ley es de aplicación a todas las situaciones de riesgo,
     emergencia, catástrofe o calamidad que se produzcan en el territorio
     de Aragón, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal
     para las situaciones de emergencia declaradas de interés nacional.
     Artículo 4.-Objetivos.
     La acción de las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma
     de Aragón, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, en
     materia de protección civil tiene como objetivos los siguientes:
     a) La previsión de los riesgos graves, entendida como el análisis
     objetivo de los mismos y su localización en el territorio.
     b) La prevención, entendida como el conjunto de actuaciones
     encaminadas a la disminución de los riesgos, así como a su detección
     inmediata, mediante la vigilancia y la autoprotección.
     c) La planificación de las respuestas ante las situaciones de
     emergencia, catástrofe o calamidad, así como la estructura de
     coordinación, las comunicaciones, el mando y el control de los
     distintos órganos y entidades que actúan en estas respuestas.
     d) La intervención para anular las causas y paliar, corregir y
     minimizar los efectos de las catástrofes y calamidades, prestando
     socorro a los afectados.
     e) El restablecimiento de los servicios esenciales y la elaboración
     de programas de recuperación de la normalidad, rehabilitación y
     reconstrucción de las zonas afectadas por una catástrofe o calamidad
     y recuperación del tejido socioeconómico y ambiental anteriormente
     existente, en los términos establecidos en esta ley.
     f) La formación de las personas que pertenecen a los grupos de
     intervención.
     g) La información y formación de los ciudadanos y del personal de
     aquellas empresas e instituciones que puedan ser afectados por
     catástrofes y calamidades.
     h) La elaboración de programas de concienciación, sensibilización y
     autoprotección general de los ciudadanos, empresas e instituciones
     sobre la necesidad de asegurar los riesgos.
     Artículo 5.-Principios del sistema integrado de protección civil.
     1. La protección civil en Aragón se configura como un sistema
     integrado, que se inspira en los principios de solidaridad en la
     asunción de riesgos y daños, responsabilidad pública del
     mantenimiento del sistema, autoprotección, proximidad e inmediatez de
     la acción pública e integración de planes y recursos.
     2. Dentro del sistema de protección civil, las administraciones
     públicas en Aragón, en sus respectivos ámbitos competenciales,
     garantizarán la disponibilidad permanente de un sistema de gestión de
     emergencias integrado y compatible con el de las restantes
     administraciones públicas.
     3. Las relaciones de las administraciones públicas en Aragón para la
     integración del sistema de protección civil estarán presididas por
     los principios de eficacia, coordinación, colaboración, solidaridad y
     lealtad institucional. Los mismos principios regirán las relaciones
     de las administraciones públicas y el sector privado.
     4. Las administraciones públicas en Aragón ajustarán sus actuaciones
     en materia de protección civil a los criterios de complementariedad y
     subsidiariedad de medios y recursos movilizables, integrabilidad,
     capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes y
     proporcionalidad, con pleno respeto a los derechos fundamentales y
     libertades públicas de los ciudadanos.
     TITULO I
     De la protección civil
     ante situaciones de emergencia colectiva
     CAPITULO I
     Derechos y deberes de los ciudadanos
     Artículo 6.-Derecho de información.
     1. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados de los riesgos
     colectivos graves que puedan afectarles y de las medidas para
     enfrentarse a ellos.
     2. El derecho de información determina la obligación de las
     administraciones públicas en Aragón, en sus respectivos ámbitos
     competenciales, de proporcionar información e impartir instrucciones
     en grado suficiente a las personas que pueden verse afectadas por
     situaciones de grave riesgo sobre las medidas de seguridad que deben
     adoptar y la conducta a seguir en caso de emergencia.
     Artículo 7.-Derecho de participación y colaboración.
     1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de
     los planes de protección civil y a colaborar en las tareas de
     protección civil en la forma determinada en aquéllos.
     2. La colaboración regular con las administraciones públicas
     competentes en materia de protección civil se encauzará a través de
     las agrupaciones de voluntarios de emergencias.
     Artículo 8.-Deber de colaboración.
     1. Los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, tienen el deber de
     colaborar, personal y materialmente, en las tareas de protección
     civil, de acuerdo con lo previsto en la Ley, en los reglamentos y
     planes de protección civil y, en su caso, conforme a lo indicado en
     las órdenes e instrucciones emanadas de las autoridades de protección
     civil en ejercicio de sus funciones.
     2. Asimismo, cualquier ciudadano podrá alertar sobre circunstancias o
     actividades que puedan generar situaciones de emergencia, mediante la
     presentación de la correspondiente documentación justificativa ante
     la Dirección General competente en materia de protección civil o en
     sus dependencias periféricas.
     Artículo 9.-Obligación de autoprotección.
     1. Las personas, empresas y entidades que realizan actividades que
     pueden generar situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad
     están obligadas a adoptar medidas de autoprotección y a mantener los
     medios personales y materiales necesarios para hacer frente a las
     mismas.
     2. Los titulares de centros, establecimientos e instalaciones,
     públicos o privados, que por su localización, actividad o
     cualesquiera otras causas objetivas puedan resultar especialmente
     afectados por situaciones de riesgo, emergencia, catástrofe o
     calamidad, así como sus usuarios, estarán obligados a adoptar
     igualmente medidas de autoprotección y a mantener los medios
     personales y materiales necesarios para hacer frente a las mismas.
     3. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente un catálogo
     de actividades susceptibles de generar riesgos para las personas, los
     bienes y el patrimonio colectivo y ambiental, así como de los
     centros, establecimientos e instalaciones en los que se desarrollen
     tales actividades o que puedan resultar afectados por las situaciones
     de grave riesgo, y las medidas que deben adoptarse en cada caso.
     Dicho catálogo se elaborará previa audiencia, bien de manera directa
     o a través de organizaciones representativas, de las personas,
     empresas y entidades a las cuales afecte.
     4. Las personas, empresas y los titulares de los centros,
     establecimientos e instalaciones incluidos en el catálogo deberán
     disponer de un plan de autoprotección. Las medidas y medios de estos
     planes serán inspeccionados y revisados en los términos que establece
     el artículo 25.3 de la presente ley.
     Artículo 10.-Deber de cumplimiento de los requerimientos, órdenes e
     instrucciones.
     1. Los ciudadanos están obligados a cumplir las órdenes y a seguir
     las instrucciones emanadas de las autoridades competentes de
     protección civil, una vez activado un plan de protección civil.
     2. Las órdenes e instrucciones, generales o particulares, dictadas
     por las autoridades competentes de protección civil que impliquen
     medidas restrictivas y limitativas de la libertad y las que impongan
     cargas personales deberán ser proporcionadas a la situación de
     emergencia, sólo tendrán eficacia durante el tiempo estrictamente
     necesario y se adoptarán, en todo caso, de acuerdo con las leyes y
     reglamentos.
     Artículo 11.-Medidas de emergencia.
     Las autoridades de protección civil podrán acordar alguna de las
     siguientes medidas de emergencia para la población:
     a) Evacuar o alejar con carácter preventivo a las personas de los
     sitios de peligro, incluido el desalojo total o parcial de
     poblaciones y la dispersión.
     b) Disponer el confinamiento de personas en sus domicilios o en
     sitios seguros o zonas de refugio, de acuerdo con las previsiones de
     los planes de protección civil.
     c) Restringir y controlar el acceso a zonas de peligro o zona de
     intervención.
     d) Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y privados y el
     consumo de bienes.
     e) Otras previstas en los planes de protección civil o que la
     autoridad competente considere necesarias en el caso concreto, bajo
     los principios de proporcionalidad a la situación de emergencia o
     necesidad y temporalidad de la medida.
     Artículo 12.-Prestaciones personales.
     1. Una vez activado un plan de protección civil o en las situaciones
     de riesgo o emergencia declarada, la autoridad competente de
     protección civil podrá ordenar a las personas la prestación de
     servicios personales, de carácter positivo o negativo, de acción u
     omisión, para hacer frente a la situación de emergencia de forma
     proporcionada a la situación de necesidad.
     2. Esta prestación personal es obligatoria, debe ser proporcional a
     la situación de emergencia y a la capacidad de cada persona y no da
     derecho a indemnización, salvo la de las lesiones que sufran
     cualquiera de los bienes y derechos del prestador derivadas de la
     prestación, de conformidad con el sistema de responsabilidad
     patrimonial de las administraciones públicas.
     Artículo 13.-Requisas.
     1. Una vez activado un plan de protección civil o en las situaciones
     de riesgo o emergencia declarada, cuando la naturaleza de la
     situación y de la emergencia lo haga necesario, la autoridad
     competente de protección civil puede ordenar la destrucción, requisa,
     intervención u ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios
     para hacer frente a la situación de emergencia, conforme a lo
     establecido en la legislación de expropiación forzosa. Especialmente,
     se puede ordenar la ocupación de alojamientos, locales, industrias y
     toda clase de establecimientos y la requisa de combustible y otras
     energías, de los medios de transporte terrestre, acuático o aéreo y
     de toda clase de maquinaria.
     2. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, afectadas
     por las requisas y medidas similares tendrán derecho a ser
     indemnizadas por los daños y perjuicios causados con arreglo a la
     legislación de expropiación forzosa.
     Artículo 14.-Medios de comunicación.
     1. En las situaciones de emergencia colectiva los medios de
     comunicación social de titularidad pública o privada están obligados
     a colaborar con las autoridades de protección civil.
     2. En estas situaciones los medios de comunicación deben transmitir,
     emitir, publicar y difundir, de forma inmediata, prioritaria y
     destacada, la información, avisos, órdenes e instrucciones dirigidos
     a la población que dichas autoridades dicten. En estas inserciones se
     identificará a la autoridad de protección civil emisora del mensaje.
     CAPITULO II
     Actuaciones básicas de protección civil
     Artículo 15.-Enumeración.
     Las actuaciones básicas de protección civil que deben realizar las
     administraciones públicas en Aragón, en el ámbito de sus
     competencias, son la previsión y prevención de las situaciones de
     riesgo; la planificación de protección civil; la intervención, una
     vez activos los planes de protección civil; la rehabilitación,
     restauración y recuperación de la normalidad, y la información y
     formación de la población en general y del personal de los servicios
     públicos y privados de protección civil y de autoprotección.
     Sección 1.ª
     Previsión y prevención de las situaciones de riesgo
     Artículo 16.-Mapas de riesgos en Aragón para la protección civil.
     1. El mapa de riesgos en Aragón formará parte del Plan de protección
     civil de Aragón y en él se determinarán las distintas zonas
     territoriales en las que se presenta cada riesgo. Estará integrado
     por el conjunto de mapas de riesgos temáticos sujetos a plan especial
     de protección civil y de los mapas de los restantes riesgos
     identificados.
     2. El mapa se elaborará por el Departamento competente en materia de
     protección civil con los antecedentes y estudios que realizarán los
     órganos competentes de las distintas administraciones públicas para
     cada riesgo y será aprobado por el Gobierno de Aragón, que lo
     revisará y actualizará periódicamente, dando cuenta a las Cortes de
     Aragón.
     Artículo 17.-Catálogo de riesgos en Aragón.
     1. El Gobierno aprobará el catálogo de riesgos en Aragón, previa
     audiencia de las comarcas y municipios afectados, información pública
     e informe de la Comisión de Protección Civil de Aragón.
     2. En el catálogo se incluirán todas aquellas situaciones o
     actividades, naturales o de origen antrópico, susceptibles de generar
     graves riesgos para la integridad de las personas, los bienes y el
     patrimonio colectivo y ambiental en el territorio de Aragón.
     3. El catálogo determinará las situaciones de riesgo que se
     consideren de interés autonómico por sí mismas y aquellas otras que
     requieran la adopción de un plan de autoprotección, en los términos
     del artículo 9.
     Artículo 18.-Red de información y alarma autonómica.
     1. El Gobierno de Aragón creará una red de información y alarma de
     protección civil, destinada a la prevención, detección y seguimiento
     de las situaciones de emergencia. Mediante convenio, el Gobierno de
     Aragón podrá acordar con otras entidades, públicas y privadas, la
     integración de sus sistemas de control o alarma en la red autonómica.
     2. La localización de las instalaciones de información y alarma será
     realizada por el Departamento competente en materia de protección
     civil, previa audiencia de las comarcas y municipios afectados. Una
     vez determinada su localización, los instrumentos urbanísticos de
     planeamiento municipal deberán incorporar las previsiones de
     localización necesarias para las instalaciones de información y
     alarma.
     3. Se declara la utilidad pública de los terrenos y bienes necesarios
     para el establecimiento de las instalaciones de información y alarma
     de protección civil de la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de
     la expropiación forzosa.
     4. Sin perjuicio de la colaboración recíproca, producida una
     situación de emergencia declarada de interés nacional, la red de
     instalaciones de información y alarma autonómica se integrará en la
     red de alarma nacional.
     Artículo 19.-Ordenación del territorio y urbanismo.
     1. La legislación urbanística y de ordenación del territorio tendrá
     en cuenta las determinaciones de protección civil en estos ámbitos y
     establecerá medidas de prevención de riesgos y reducción del impacto
     de eventuales catástrofes y calamidades.
     La legislación sectorial que afecte a actividades de riesgo según el
     mapa y el catálogo de riesgos deberá tener, igualmente, las medidas
     de prevención.
     2. Los instrumentos de ordenación del territorio y los urbanísticos,
     tras su aprobación inicial, serán sometidos a informe preceptivo de
     la Dirección General competente en materia de protección civil sobre
     los aspectos de protección civil relacionados con las situaciones de
     grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial
     adoptado en ellos.
     3. Este informe será vinculante en caso de reparo expreso de la
     Comisión de Protección Civil de Aragón, cuando ésta identifique
     graves problemas de índole geotécnica, morfológica, hidrológica o
     cualquier otro riesgo natural o riesgos antrópicos, incompatibles o
     que desaconsejen un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para
     la seguridad de las personas, los bienes o el patrimonio colectivo y
     ambiental.
     4. El informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses desde la
     remisión del instrumento. Si en dicho plazo la Comisión de Protección
     Civil de Aragón no hubiera evacuado el informe, se entenderá que
     existe declaración de conformidad con el contenido del instrumento de
     ordenación territorial o urbanístico.
     Sección 2.ª
     Planificación de protección civil
     Artículo 20.-Planes de protección civil.
     1. Los planes de protección civil establecen el marco orgánico y
     funcional de las autoridades, órganos y organismos, así como los
     mecanismos de movilización de los medios materiales y personales,
     tanto públicos como privados, necesarios para la protección de la
     integridad física de las personas, los bienes y el patrimonio
     colectivo y ambiental ante situaciones de emergencia colectiva.
     2. Todos los planes deben estar coordinados e integrados para
     posibilitar una respuesta eficaz del sistema de protección civil
     frente a las situaciones de emergencia colectiva.
     Artículo 21.-Clases de planes.
     1. Los planes de protección civil podrán ser territoriales,
     sectoriales, especiales y de autoprotección.
     2. Los planes territoriales se elaborarán para hacer frente a las
     emergencias generales que puedan presentarse en el ámbito autonómico,
     comarcal o municipal.
     3. Los planes sectoriales son los de carácter operativo de los
     distintos grupos de acción, complementarios de los planes
     territoriales.
     4. Los planes especiales se elaborarán para hacer frente en el ámbito
     autonómico a concretas situaciones de emergencia cuya naturaleza
     requiera una metodología técnico- científica específica, bien por
     sectores de actividad, bien por tipos de emergencia, bien para
     actividades concretas.
     5. Los planes de autoprotección se elaborarán para hacer frente tanto
     a las situaciones de emergencia que puedan generar los sujetos,
     públicos o privados, cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar
     situaciones de emergencia para las personas, bienes o el patrimonio
     colectivo y ambiental, como a las que puedan afectar a centros o
     instalaciones públicas o privadas, siempre y cuando se encuentren
     comprendidas en el catálogo de riesgos de Aragón.
     6. Los planes ajustarán su estructura y contenido a lo dispuesto por
     la Norma básica de protección civil, las directrices básicas de
     planificación, la presente ley y las normas que la desarrollen.
     Artículo 22.-Plan de protección civil de Aragón.
     1. El Plan de protección civil de Aragón es el instrumento
     organizativo general de respuesta a situaciones de catástrofe o
     calamidad en el ámbito territorial de Aragón.
     2. El Plan de protección civil de Aragón deberá contener la previsión
     de emergencias colectivas a que puede verse sometido Aragón debido a
     situaciones de catástrofe o calamidad, el catálogo de recursos
     humanos y materiales disponibles y los protocolos de actuación para
     hacerles frente, además de las directrices básicas para restablecer
     los servicios y recuperar la normalidad.
     3. El Plan de protección civil de Aragón, como plan director, deberá
     integrar los distintos planes territoriales de ámbito inferior y los
     especiales.
     4. El Gobierno de Aragón dará cuenta a las Cortes de Aragón del Plan
     de protección civil de Aragón y de sus modificaciones.
     Artículo 23.-Otros planes territoriales.
     1. Están obligados a elaborar y aprobar un plan de protección civil
     municipal:
     a) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a
     los veinte mil habitantes.
     b) Los municipios que, sin alcanzar la población a la que se refiere
     el epígrafe anterior, sean calificados como municipios turísticos, de
     conformidad con la legislación de turismo.
     c) Los municipios considerados de especial peligrosidad en el mapa y
     el catálogo de riesgos de Aragón por razón de su situación geográfica
     o por la actividad industrial que se desarrolle en su término
     municipal.
     2. Cada comarca deberá elaborar y aprobar un plan de protección civil
     comarcal, en el que se integrarán los respectivos planes municipales.
     Artículo 24.-Planes especiales.
     1. Serán objeto de un plan especial de protección civil, en aquellos
     ámbitos territoriales que lo requieran, las situaciones de emergencia
     provocadas por inundaciones, riesgos sísmicos, químicos, incendios
     forestales y transportes de mercancías peligrosas, de conformidad con
     las directrices básicas aprobadas por el Gobierno central.
     2. Asimismo, serán objeto de un plan especial todas aquellas
     situaciones de riesgo consideradas de interés autonómico por el
     Gobierno de Aragón en el catálogo de riesgos de Aragón.
     3. Las comarcas y los municipios en cuyo territorio se apliquen los
     planes especiales están obligados a incorporar a sus planes
     territoriales las previsiones de los planes especiales en aquello que
     les afecte. Estos planes deberán adaptarse en el plazo de un año al
     plan especial si éste es aprobado con posterioridad a aquéllos, sin
     perjuicio de aplicar el plan especial.
     Artículo 25.-Planes de autoprotección.
     1. Los planes de autoprotección tendrán como contenido mínimo, sin
     perjuicio de lo exigido por las normas o planes aplicables:
     a) Una descripción de la actividad y de las instalaciones en que se
     realiza.
     b) La identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar a
     las actividades, centros, establecimientos o instalaciones incluidos
     en el catálogo de riesgos.
     c) Un plan de prevención que establezca las medidas dirigidas a
     reducirlos o eliminarlos.
     d) Un plan de emergencia que contemple las medidas y actuaciones a
     desarrollar ante situaciones de emergencia, tales como la alarma,
     socorro y evacuación, así como la integración de dicho plan en los
     planes de protección civil.
     e) Las medidas de información, formación y equipamiento adecuado de
     las personas que trabajen en las instalaciones. Para los supuestos en
     que reglamentariamente sea exigido, organización de grupos
     profesionales especializados de socorro y auxilio integrados con
     recursos propios.
     f) Designación de la persona responsable de la efectividad de las
     medidas contenidas en el plan de autoprotección, así como de las
     relaciones con las autoridades competentes en materia de protección
     civil.
     g) Los criterios de coordinación e integración con los planes
     territoriales y especiales que les afecten.
     2. Las personas y representantes de los centros, establecimientos e
     instalaciones deben comunicar a las administraciones competentes en
     materia de protección civil los planes de autoprotección que adopten
     y sus modificaciones. En todo caso se comunicará a las autoridades de
     protección civil municipales o comarcales y al centro directivo que
     tenga atribuidas las competencias de protección civil.
     3. Las autoridades de protección civil pueden requerir a la persona,
     al centro o a la entidad, en general, obligados a ello para que
     aprueben, modifiquen, actualicen o revisen el correspondiente plan de
     autoprotección en el plazo de cuatro meses, en caso de variación de
     las circunstancias que determinaron su adopción. Transcurrido el
     plazo, si no se ha atendido al requerimiento, la autoridad de
     protección civil debe ordenar motivadamente, sin perjuicio del
     ejercicio de la potestad sancionadora, la aplicación de alguna o
     algunas de las medidas siguientes, en función de la probabilidad y de
     la gravedad de la situación de riesgo que pueda generarse:
     a) Imponer multas coercitivas, con carácter mensual, por una cuantía,
     cada una de ellas, no superior al veinticinco por ciento de la
     sanción máxima fijada para la infracción administrativa cometida.
     b) Adoptar las medidas de protección que se consideren necesarias a
     costa del sujeto obligado, al que exigirá el pago por vía de apremio
     sobre su patrimonio, según el procedimiento recaudatorio en vía
     ejecutiva.
     4. En caso de que la persona, centro o entidad, en general, obligados
     a ello no adopten, modifiquen, revisen o actualicen, según proceda,
     los planes de autoprotección, si la actividad genera evidente riesgo
     o el centro o el establecimiento puede resultar afectado de forma
     grave por situaciones objetivas de riesgo, la Administración, una vez
     incoado el oportuno procedimiento sancionador, podrá adoptar, como
     medida cautelar, el cese de la actividad que genere el riesgo o bien
     la clausura del centro o instalaciones hasta el cumplimiento de la
     actuación requerida.
     Artículo 26.-Contenido de los planes.
     1. Los planes de protección civil deben ser elaborados según una
     estructura de contenido homogénea, a efectos de su integración, la
     cual debe incluir, como mínimo, información y previsiones sobre:
     a) Las características del territorio, la población y los bienes de
     interés cultural, natural o social relevante afectados por el plan.
     b) El análisis de los riesgos presentes.
     c) Las actuaciones para hacer frente a los riesgos existentes,
     distinguiendo entre medidas de prevención y actuaciones en caso de
     emergencias.
     d) La organización frente a la emergencia, integrada por el director
     del plan, el comité asesor y el gabinete de información.
     Será director del plan, salvo en los planes de autoprotección, la
     correspondiente autoridad de protección civil.
     e) Los servicios operativos, que se organizan, como mínimo, en los
     grupos de acción, de auxilio y salvamento, de seguridad, de sanidad,
     de acción social y de abastecimientos y soporte logístico, así como
     la estructura de coordinación, las comunicaciones, el mando y el
     control bajo un director operativo y un director técnico.
     f) Los medios y recursos disponibles para hacer frente a las
     emergencias, así como el procedimiento de movilización, que, en todo
     caso, debe dar preferencia a los recursos de titularidad pública.
     g) Las infraestructuras operativas, que deben incluir, como mínimo,
     un centro receptor de alarmas, un centro de coordinación operativa y
     los centros de mando avanzado.
     h) Los niveles de aplicación del plan, que deben corresponderse con
     situaciones de alerta, alarma y emergencia, con las medidas asociadas
     a cada uno de esos niveles.
     i) El procedimiento de activación del plan.
     j) Los procedimientos de relación e integración con respecto a los
     planes de rango superior e inferior.
     k) Las medidas de información y protección de la población.
     l) Las medidas de rehabilitación urgente de los servicios esenciales.
     m) El programa de implantación y simulacros.
     n) El programa de trabajo para el mantenimiento, actualización o
     adaptación y revisión del plan.
     2. No es preciso que los planes de autoprotección incluyan, con
     carácter general, los servicios y los medios a que se refieren las
     letras e) y k) del apartado anterior ni el centro de coordinación
     operativa y los centros de mando avanzado a que se refiere la letra
     g).
     3. El Gobierno de Aragón determinará, por reglamento, la estructura
     del contenido de los planes de protección civil municipales y
     comarcales, de los planes especiales y de los planes de
     autoprotección, salvo que esté contenida en el Plan de protección
     civil de Aragón.
     Artículo 27.-Asignación de recursos a los planes.
     1. Los planes de protección civil aprobados por una Administración
     pueden incluir recursos y servicios de otras administraciones si los
     propios resultan insuficientes, según los procedimientos y
     condiciones de asignación que establezca la Administración titular de
     los servicios o recursos.
     2. El Departamento competente en materia de protección civil debe
     elaborar un catálogo con todos los recursos y servicios disponibles
     en Aragón para la protección civil. Este catálogo se mantendrá
     permanentemente actualizado. A tales efectos, el Departamento puede
     requerir información a los demás departamentos del Gobierno de Aragón
     y sus organismos públicos, a las entidades locales y sus organismos
     autónomos, a las empresas públicas y privadas y, en general, a todas
     las entidades y organismos.
     3. El titular del centro directivo competente en materia de
     protección civil solicitará a la Delegación del Gobierno en Aragón
     información sobre los recursos y servicios del Estado disponibles y
     sus especificaciones.
     4. Las administraciones locales y los distintos departamentos que
     disponen de recursos y servicios susceptibles de ser asignados
     deberán establecer las especificaciones generales de las posibles
     asignaciones y comunicarlas al Departamento competente en materia de
     protección civil.
     5. La asignación de recursos y servicios ajenos a un plan municipal o
     comarcal supone su adscripción funcional por un periodo determinado,
     en las condiciones que se convengan, que deberán ser expresamente
     indicadas en el plan.
     6. Los recursos y servicios locales incorporados a un plan municipal
     de protección civil quedarán asignados directamente a los planes de
     ámbito superior en los que se integre.
     7. Los recursos y servicios de los planes de autoprotección quedarán
     asignados directamente a los planes de ámbito superior en los que se
     integren, sin comprometer la seguridad de las entidades objeto del
     plan de autoprotección.
     Artículo 28.-Procedimiento de elaboración de los planes.
     1. Los planes territoriales comarcales o municipales de protección
     civil serán elaborados, respectivamente, por las comarcas y los
     municipios, y sometidos a información pública.
     2. Los planes comarcales se someterán, asimismo, a un trámite de
     audiencia a los municipios afectados.
     3. Los planes territoriales y especiales de ámbito autonómico serán
     formulados por el Departamento competente en materia de protección
     civil.
     Formulado el plan, será sometido a información pública y a informe de
     las comarcas y los municipios afectados y de la Delegación del
     Gobierno en Aragón.
     Artículo 29.-Aprobación de los planes. Publicación y publicidad.
     1. Los planes municipales serán aprobados provisionalmente por el
     pleno del ayuntamiento, previo informe de la comisión municipal o
     comarcal de protección civil, caso de estar constituida. La
     aprobación definitiva corresponderá igualmente al pleno del
     ayuntamiento, previa homologación por la Comisión de Protección Civil
     de Aragón.
     2. Los planes comarcales serán aprobados provisionalmente por el
     Consejo comarcal, previo informe de la comisión comarcal de
     protección civil, si existiese. La aprobación definitiva
     corresponderá igualmente al Consejo comarcal, previa homologación por
     la Comisión de Protección Civil de Aragón.
     3. Los planes que no sean homologados deberán modificarse de acuerdo
     a las observaciones realizadas por la Comisión de Protección Civil de
     Aragón, siendo de aplicación mientras tanto el plan de ámbito
     superior.
     4. Los planes de ámbito autonómico serán aprobados por decreto del
     Gobierno de Aragón, previo informe de la Comisión de Protección Civil
     de Aragón y homologación por la Comisión Nacional de Protección
     Civil, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal de
     protección civil.
     5. Los planes de autoprotección serán aprobados, si procede, por el
     órgano competente según la legislación sectorial que regule el riesgo
     concreto y deberán ser homologados, en todo caso, por la Comisión de
     Protección Civil de Aragón.
     6. Los acuerdos o decretos de aprobación de los planes de protección
     civil serán publicados en el «Boletín Oficial de Aragón».
     7. Un ejemplar completo de cada plan aprobado será custodiado en la
     sede del órgano aprobatorio para su consulta por cualquier persona,
     sin necesidad de acreditar un interés determinado.
     8. Otro ejemplar será remitido a la Dirección General o centro
     directivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
     competente en materia de protección civil.
     9. Si los municipios obligados a ello o las comarcas no elaboran o
     aprueban sus correspondientes planes de protección civil, el titular
     del Departamento competente en materia de protección civil les
     dirigirá un requerimiento, concediendo un plazo de cuatro meses para
     que se lleve a cabo la obligación incumplida.
     10. Transcurrido dicho plazo sin que el municipio o la comarca hayan
     procedido a realizar las actuaciones necesarias para elaborar o
     aprobar el plan correspondiente, el Gobierno de Aragón se subrogará
     en las competencias locales, pudiendo adoptar las medidas materiales,
     técnicas y jurídicas necesarias a costa de la entidad local.
     Artículo 30.-Adaptación y revisión de los planes de protección civil.
     1. La alteración del contenido de los planes de protección civil
     podrá llevarse a cabo mediante la adaptación de alguno o algunos de
     los elementos que los integran o mediante la revisión global de los
     mismos.
     2. Los planes deberán ser adaptados periódicamente a las
     circunstancias concurrentes en función de los resultados obtenidos en
     las comprobaciones e inspecciones periódicas y simulacros.
     3. La adaptación será acordada, según corresponda, por el Consejero
     competente en materia de protección civil, el alcalde o el presidente
     de la comarca, a propuesta del director del correspondiente plan,
     dando cuenta de ella al órgano que hubiera aprobado el plan.
     4. Los planes deberán ser revisados, al menos, cada cuatro años por
     el procedimiento establecido para su aprobación y homologación.
     5. La revisión del Plan de protección civil de Aragón determinará la
     obligación de revisar los planes comarcales y municipales de
     protección civil.
     6. La revisión de los planes comarcales obligará a revisar los
     correspondientes planes municipales.
     7. La adaptación y revisión de los planes requerirá en todo caso su
     homologación por la Comisión de Protección Civil de Aragón.
     Artículo 31.-Registro de Planes de Protección Civil de Aragón.
     1. El Registro de Planes de Protección Civil tiene como finalidad la
     inscripción de los planes de protección civil aprobados por el
     Gobierno de Aragón y los homologados por la Comisión de Protección
     Civil de Aragón, así como de sus adaptaciones y revisiones.
     2. Este Registro tiene carácter público y se adscribe a la Dirección
     General o centro directivo de la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón competente en materia de protección civil.
     3. La estructura y organización del Registro de Planes de Protección
     Civil se determinarán reglamentariamente.
     Sección 3.ª
     Intervención
     Artículo 32.-Niveles de activación de los planes de protección civil.
     1. En el ámbito de Aragón existirán los niveles de actuación
     municipal, comarcal, autonómico y estatal frente a las situaciones de
     emergencia.
     2. Las emergencias de nivel municipal son aquéllas que afectan al
     territorio de un municipio que cuente con plan municipal de
     protección civil vigente y no excedan del término municipal ni de la
     capacidad personal y material del municipio para hacerles frente.
     3. Las emergencias de nivel comarcal son aquéllas que afectan al
     territorio de dos o más municipios de una comarca que cuente con plan
     comarcal de protección civil vigente o al término de un municipio que
     carezca de plan de protección civil de ese ámbito o que, teniéndolo,
     sobrepase la capacidad personal o material para la respuesta, siempre
     que se prevea que los posibles efectos de la emergencia no excedan
     del territorio comarcal ni de la capacidad personal y material de la
     comarca para hacerles frente.
     4. Las emergencias de nivel autonómico son aquéllas que afectan a más
     de una comarca o en las que se precise la utilización de medios
     personales y materiales ajenos a la comarca afectada.
     5. Las emergencias de nivel estatal son aquéllas en las que, de
     acuerdo con la legislación básica, está presente el denominado
     interés nacional, bien porque se requiera la aplicación de la
     legislación reguladora de los estados de alarma, excepción o sitio;
     bien porque sea necesario prever la coordinación de administraciones
     diversas al afectar a varias comunidades autónomas y exigir la
     aportación de medios personales y materiales que excedan de la
     Comunidad Autónoma, o bien porque sus dimensiones efectivas o
     previsibles requieran una dirección estatal de las administraciones
     públicas.
     6. Si la emergencia, una vez aplicado el plan activado, es imposible
     de combatir, la declaración de la situación de emergencia desde un
     nivel inferior a otro superior se producirá a instancia del director
     del plan de nivel inferior o de oficio por el director del plan de
     nivel superior, quien declarará la activación del correspondiente
     plan. En todo caso, el paso de un nivel a otro determina la
     integración de los medios personales y materiales de nivel inferior
     en el nivel superior, así como la transferencia del mando del plan a
     la dirección de este último nivel, sin perjuicio de la delegación de
     funciones a la dirección del plan de nivel inferior.
     7. El Gobierno de Aragón podrá suscribir acuerdos de cooperación con
     las comunidades autónomas colindantes en previsión de situaciones de
     emergencia que puedan acaecer en zonas limítrofes y que, por su
     escasa envergadura, no sean declaradas de interés nacional.
     Estos acuerdos serán sometidos a la ratificación de las Cortes de
     Aragón, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
     Artículo 33.-Activación de los planes de protección civil
     territoriales y especiales.
     1. Si se produce una situación de emergencia de las contempladas en
     un plan territorial o especial, el director del plan declarará
     formalmente la activación del correspondiente plan de protección
     civil, en las fases de alerta, alarma o de emergencia, si la
     naturaleza del riesgo permite su gradación.
     2. A partir de la declaración de activación deben adoptarse las
     medidas establecidas en el plan, con las modificaciones tácticas que
     sean necesarias, y en particular las siguientes:
     a) La comunicación de los avisos pertinentes, entre los que figurará
     la comunicación de la activación del plan al Centro de Emergencias
     112 SOS Aragón, como centro de comunicaciones del Centro de
     coordinación operativa de Aragón.
     b) La movilización inmediata de los diversos grupos de acción.
     c) La constitución del centro de coordinación operativa del plan.
     d) El enlace con los centros de coordinación de emergencias y con los
     puestos de mando avanzado.
     e) El aviso a la población en la forma determinada en el plan o a
     través de los medios de comunicación social que determine el director
     del plan.
     3. La movilización de los recursos materiales y personales deberá
     adecuarse a los principios de inmediatez de la respuesta, proximidad
     al lugar de la emergencia, disponibilidad de los medios,
     profesionalidad y especialización de los intervinientes y
     complementariedad de los medios.
     4. La desactivación de un plan de protección civil será declarada
     formalmente por su director, una vez superada totalmente la situación
     de emergencia.
     Artículo 34.-Activación de planes de autoprotección.
     1. Si se produce una situación de emergencia contemplada en un plan
     de autoprotección, el mismo será activado por su director,
     comunicando tal circunstancia a la autoridad competente en materia de
     protección civil, que realizará un seguimiento de las actuaciones del
     plan.
     2. El director de un plan territorial o especial podrá declarar la
     activación del plan de autoprotección, previo requerimiento
     infructuoso a su director. En este supuesto, sus medios personales y
     materiales quedarán sometidos a las instrucciones de la autoridad de
     protección civil que haya activado el plan.
     3. Finalizada la situación de emergencia, el director del plan de
     autoprotección deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad
     competente en materia de protección civil.
     Sección 4.ª
     Rehabilitación y recuperación
     Artículo 35.-Rehabilitación y restablecimiento de los servicios
     esenciales.
     1. Las administraciones públicas, dentro de sus respectivas
     competencias, deben restablecer los servicios esenciales para la
     comunidad afectados por una catástrofe o calamidad.
     2. El director del plan de protección civil activado debe disponer
     las medidas para el restablecimiento inmediato a la comunidad de los
     servicios esenciales afectados por la situación de emergencia.
     3. Las administraciones públicas colaborarán en las tareas de
     rehabilitación, restauración y retorno a la normalidad.
     Especialmente, el Gobierno de Aragón y los consejos comarcales
     prestarán asistencia a los municipios para elaborar y ejecutar los
     planes de recuperación que establece el artículo 36 de la presente
     ley.
     4. Las empresas, públicas o privadas, de servicios públicos o de
     servicios de interés general deberán restablecer por sus medios los
     servicios que prestan y que hayan sido afectados por una catástrofe o
     calamidad.
     Artículo 36.-Planes de recuperación.
     1. La Administración pública cuyo plan de protección civil hubiese
     sido activado para hacer frente a una situación de emergencia
     colectiva elaborará, si lo considera necesario, un plan de
     recuperación de la normalidad, una vez finalizada la situación de
     emergencia.
     2. El plan de recuperación de la normalidad tendrá, al menos, el
     siguiente contenido:
     a) La identificación y evaluación de los daños y perjuicios
     ocasionados a las personas, bienes y patrimonio colectivo y
     ambiental.
     b) La previsión de los medios y recursos necesarios para la
     reconstrucción del entorno económico y social.
     c) Las medidas, ayudas y subvenciones que otorgará la Administración
     autora del plan.
     d) La propuesta de medidas y ayudas que corresponde adoptar a otras
     administraciones.
     e) La creación de una comisión de recuperación, integrada por
     representantes de todas las administraciones que suscriban un
     convenio para la ejecución del plan de recuperación.
     3. El plan de recuperación será aprobado por la Administración
     pública que lo elabore, salvo que participen otras administraciones,
     en cuyo caso se aprobará mediante convenio interadministrativo.
     4. Al plan de recuperación pueden adherirse personas físicas
     particulares y personas jurídicas, públicas o privadas.
     Sección 5.ª
     Información y formación
     Artículo 37.-Preparación de la población.
     1. El Gobierno de Aragón, las comarcas y los municipios deben llevar
     a cabo las actividades que sean necesarias para preparar a la
     población ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y
     calamidades, especialmente a través de campañas de información y
     divulgativas.
     2. Todas las organizaciones, entidades y empresas privadas cuyas
     actividades estén incluidas en el catálogo de riesgos de Aragón están
     obligadas a colaborar con las administraciones públicas para la
     realización de actividades de preparación de la población.
     3. Las autoridades de protección civil pueden preparar y realizar
     simulacros. En las zonas, centros, establecimientos e instalaciones
     afectados por riesgos especiales, según el catálogo de actividades de
     riesgo, deben realizarse pruebas y simulacros periódicos, de acuerdo
     con las disposiciones de los correspondientes planes.
     Artículo 38.-Formación escolar.
     En los diferentes ciclos educativos de los centros escolares será
     obligatorio programar actividades de información, prevención y
     divulgación en materia de protección civil y deberá realizarse
     periódicamente un simulacro de evacuación, de acuerdo con las
     previsiones del plan de autoprotección correspondiente.
     Artículo 39.-Formación del personal.
     El personal de los servicios públicos incluidos en los planes de
     protección civil, el personal voluntario integrado en las
     agrupaciones de voluntarios de emergencias y el personal de los
     servicios de autoprotección de las empresas y entidades tendrán que
     recibir información y formación específicas en la materia en la forma
     y términos establecidos por reglamento y en los diferentes planes.
     TITULO II
     De la gestión y atención de emergencias
     Artículo 40.-Servicio de atención de llamadas de urgencia 112.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón prestará el
     servicio público de atención de llamadas de urgencia 112.
     2. La prestación de este servicio comprenderá la recepción de las
     llamadas de auxilio y su gestión ante los servicios públicos
     competentes en materia de atención de urgencias sanitarias, de
     extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la
     necesidad de coordinar los anteriores, de protección civil,
     cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan.
     3. Este servicio público se prestará por la Administración de la
     Comunidad Autónoma de Aragón a través de cualquiera de las
     modalidades de gestión de los servicios públicos, bajo la dirección y
     control del Departamento competente en materia de protección civil.
     Artículo 41.-Centro de gestión de emergencias.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma mantendrá un centro de
     gestión de emergencias único para todo el ámbito territorial de
     Aragón como centro permanente de recepción de llamadas de emergencia,
     que operará bajo la denominación de «Centro de Emergencias 112 SOS
     Aragón» u otra denominación que se establezca reglamentariamente.
     2. Al Centro de Emergencias corresponderán las siguientes funciones:
     a) La recepción y atención de las llamadas de auxilio o emergencia al
     número telefónico único europeo de emergencias 112 (uno-uno-dos).
     b) La identificación, tratamiento y evaluación de las llamadas
     recibidas en el 112, según la urgencia o el tipo de incidente, de
     acuerdo con los protocolos tácticos, protocolos de actuación y
     convenios de colaboración.
     c) La transmisión del requerimiento de asistencia a los servicios
     competentes de intervención o respuesta para su prestación material,
     activando la prestación del auxilio más adecuado en función del tipo
     de incidencia y del lugar donde ésta se produzca.
     d) El seguimiento del desarrollo de cada respuesta a la emergencia,
     para lo cual recibirán información de los intervinientes.
     e) La coordinación de la actuación de los distintos servicios que
     hayan de prestar las diversas administraciones o entidades, si fuera
     precisa y, en todo caso, si es una emergencia de protección civil,
     bajo la dirección del director del plan de protección civil si alguno
     ha sido activado.
     3. El servicio de atención de llamadas de urgencia a través del
     número 112 no comprenderá la prestación material de la asistencia
     requerida por los ciudadanos, salvo que, reglamentariamente, al
     Centro de Emergencias se le asignen dichas competencias y funciones y
     los consiguientes medios personales y materiales de intervención para
     llevarlas a cabo. Esta prestación corresponderá a las
     administraciones y entidades competentes conforme a sus normas
     atributivas de competencia.
     4. La ordenación y estructura del centro de gestión de emergencias
     deberá garantizar la prestación permanente de sus servicios,
     atendidos las veinticuatro horas del día, todos los días del año y la
     atención a las llamadas de auxilio recibidas en, al menos, dos de los
     idiomas oficiales en los Estados de la Unión Europea, además del
     idioma español. El número telefónico 112 será permanente y gratuito
     para los usuarios.
     5. La dirección del centro de gestión de emergencias deberá ser
     desempeñada por funcionarios de la Administración de la Comunidad
     Autónoma. En el ejercicio de sus funciones, el director del Centro de
     Emergencias tendrá la consideración de agente de la autoridad.
     6. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón será dado a conocer a la
     ciudadanía mediante las campañas de información, imagen, formación y
     correcta utilización del servicio.
     Artículo 42.-Colaboración con el Centro de Emergencias.
     1. Las administraciones públicas y las entidades públicas y privadas
     cuya actividad esté directa o indirectamente relacionada con la
     atención de llamadas de emergencia al número de teléfono único de
     emergencias 112 y la prestación material de la asistencia requerida
     deberán prestar su colaboración a los órganos, personal y autoridades
     del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón.
     2. Este deber de colaboración incumbe especialmente a:
     a) Los servicios extrahospitalarios de atención de urgencias
     sanitarias, los servicios de urgencias hospitalarias y de atención
     primaria, los hospitales y centros sanitarios públicos o privados y
     los medios de transporte sanitario, públicos o privados.
     b) Los servicios de bomberos o los servicios de prevención, extinción
     de incendios y salvamento dependientes de las entidades locales
     aragonesas; los servicios de prevención y extinción de incendios
     forestales; los bomberos aeroportuarios; los bomberos de empresa y
     los bomberos voluntarios.
     c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de
     Policía y Guardia Civil), los cuerpos de Policía Local de Aragón y
     los servicios de empresas de seguridad.
     d) Los servicios de mantenimiento de carreteras y obras públicas y
     los servicios de suministro, mantenimiento y conservación de redes de
     telecomunicación, telégrafos, agua, gas y electricidad.
     e) Las agrupaciones de voluntarios de emergencias y de protección
     civil y los grupos de salvamento y socorrismo voluntarios.
     f) En general, a todas las organizaciones y entidades cuya finalidad
     esté vinculada a la seguridad de las personas, al pacífico disfrute
     de sus bienes y derechos y al mantenimiento de la tranquilidad
     ciudadana.
     2. La coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
     con el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón se hará respetando, en
     todo caso, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la
     legislación de desarrollo de ésta.
     3. La coordinación de los cuerpos de Policía Local de Aragón con el
     Centro de Emergencias 112 SOS Aragón comprenderá el sometimiento a
     directrices del titular del Departamento de la Administración de la
     Comunidad Autónoma competente para la coordinación de las Policías
     Locales, en los casos y supuestos que fueren precisas, sin perjuicio
     de la jefatura de la Policía Local atribuida al alcalde por la
     legislación de régimen local.
     Artículo 43.-Información al Centro de Emergencias.
     1. Las administraciones públicas y las entidades a las que se refiere
     el artículo anterior deberán facilitar al Centro de Emergencias 112
     SOS Aragón la información necesaria para actuar en el incidente o
     emergencia y hacer posible la coordinación de todos los servicios que
     deban ser movilizados.
     2. En especial, facilitarán información sobre:
     a) La localización, organización territorial y funcional, medios
     técnicos y, en general, los recursos de que dispongan para la
     asistencia de urgencias y las modificaciones que se produzcan en los
     mismos.
     b) La existencia de situaciones de emergencia de las que tengan
     conocimiento, y de su seguimiento y finalización en caso de que
     intervengan.
     c) Las administraciones públicas y entidades a las que se refiere
     este artículo deberán acusar recibo de los requerimientos de
     asistencia que les sean remitidos por el Centro de Emergencias 112
     SOS Aragón.
     Artículo 44.-Convenios de colaboración. Protocolos de actuación. 
     Protocolos tácticos.
     1. Las administraciones públicas y entidades competentes para la
     prestación de servicios públicos de urgencia sanitaria, de extinción
     de incendios y salvamento y de seguridad ciudadana celebrarán
     convenios de colaboración con la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón para asegurar la actuación rápida, coordinada y
     eficaz ante un requerimiento ciudadano de auxilio.
     2. Cuando los servicios de respuesta e intervención dependan de la
     propia Administración de la Comunidad Autónoma y carezcan de
     personalidad jurídica independiente, se establecerá un protocolo de
     actuación entre el centro directivo del que dependa el Centro de
     Emergencias y el centro directivo del que dependa el servicio de
     intervención.
     3. En ausencia de convenios de colaboración o protocolos de
     actuación, el titular del Departamento del que dependa el Centro de
     Emergencias aprobará, mediante orden, protocolos tácticos, en los que
     se fijarán los centros o unidades de la propia Administración o de
     otra a los que hayan de remitirse los requerimientos de actuación, en
     función de las competencias genéricas y específicas atribuidas por el
     ordenamiento jurídico y de la información de la que se disponga sobre
     cada organización.  Estos protocolos tácticos se notificarán a la
     persona jurídica o al servicio administrativo afectado.
     4. Remitido el requerimiento de intervención, la Administración
     pública, entidad o servicio administrativo que lo reciba será
     responsable de la prestación material del servicio a que haya lugar
     en el ámbito de su competencia.
     TITULO III
     Organización administrativa
     de la protección civil
     CAPITULO I
     La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
     Artículo 45.-Gobierno de Aragón.
     1. El Gobierno de Aragón es el órgano superior de dirección y
     coordinación de la protección civil de la Comunidad Autónoma.
     2. Al Gobierno de Aragón le compete:
     a) Aprobar el Plan de protección civil de Aragón y los planes
     especiales.
     b) Aprobar las disposiciones de carácter general que se elaboren en
     materia de protección civil.
     c) Fijar las directrices generales de la política de prevención y
     autoprotección.
     Artículo 46.-Departamento competente.
     1. El Departamento competente en materia de interior es el órgano
     responsable de la política de protección civil de la Comunidad
     Autónoma, de conformidad con los objetivos generales establecidos por
     el Gobierno.
     2. Al Departamento competente en materia de protección civil le
     corresponde:
     a) Elaborar las disposiciones de carácter general en materia de
     protección civil que deban ser elevadas al Gobierno de Aragón para su
     aprobación, así como su desarrollo y ejecución.
     b) Elaborar el mapa de riesgos, el catálogo de riesgos y el catálogo
     de recursos movilizables de la Comunidad Autónoma.
     c) Elaborar el Plan de protección civil de Aragón y los planes
     especiales, así como colaborar en el impulso de la redacción de los
     planes territoriales de protección civil comarcales y municipales.
     d) Desarrollar y coordinar la política y programas de prevención y
     autoprotección según las directrices emanadas del Gobierno de Aragón.
     e) Crear y mantener servicios propios de intervención en emergencias,
     si así lo decide el Gobierno de Aragón, y de sistemas de aviso y
     alerta.
     f) Solicitar de los órganos competentes el concurso de las Fuerzas
     Armadas en caso de catástrofe o calamidad.
     g) Ejercer la superior dirección y coordinación de las acciones y
     medios de ejecución de los planes de protección civil cuando así lo
     dispongan aquéllos.
     h) Disponer la aplicación del Plan de protección civil de Aragón y
     ejercer la dirección única y coordinación del mismo a través de su
     titular, salvo en la situación de emergencia de nivel estatal.
     i) Establecer cauces de cooperación en materia de protección civil
     con la Administración del Estado y con otras comunidades autónomas.
     Artículo 47.-Autoridades autonómicas de protección civil. 
     Enumeración.
     Son autoridades de protección civil de la Administración de la
     Comunidad Autónoma:
     a) El Gobierno de Aragón.
     b) El Consejero competente en la materia.
     c) El Director General que tenga atribuida la competencia sobre
     protección civil.
     d) El Jefe o jefes de servicio competentes en materia de protección
     civil.
     e) Los directores de los planes de protección civil, autonómico y
     especiales.
     Artículo 48.-Comisión de Protección Civil de Aragón.
     1. La Comisión de Protección Civil de Aragón es el órgano colegiado
     de coordinación y cooperación de las administraciones públicas en
     Aragón en materia de protección civil, a cuyo fin ejercerá las
     siguientes funciones:
     a) Informar con carácter previo y preceptivo el Plan de protección
     civil de Aragón y los planes especiales que se integren en aquél.
     b) Homologar los planes de protección civil de ámbito inferior al de
     la Comunidad Autónoma.
     c) Informar los proyectos de normas sobre protección civil.
     d) Establecer criterios para elaborar el catálogo de recursos
     movilizables en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
     e) Proponer medidas tendentes a fijar una política coordinada de
     todas las administraciones públicas en materia de protección civil.
     f) Estudiar y proponer a los organismos competentes la normalización
     y, en su caso, homologación de técnicas, medios y recursos que puedan
     ser utilizados en protección civil.
     g) Conocer los proyectos de normas reglamentarias referentes a la
     organización y funcionamiento de los servicios de prevención y
     extinción de incendios y salvamento, así como las relativas al
     régimen estatutario de sus funcionarios.
     h) Las demás funciones que le sean atribuidas por disposiciones
     legales o reglamentarias.
     2. Reglamentariamente se determinará la composición, organización y
     funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Aragón, en la
     que estarán representadas la Administración del Estado, la
     Administración provincial, la Administración comarcal, la
     Administración municipal y la Administración de la Comunidad
     Autónoma.
     3. La Comisión funcionará en pleno y en comisión permanente.  Podrá
     crear en su seno comisiones técnicas o grupos de trabajo integrados
     por miembros de la misma y otros técnicos que se estimen precisos en
     razón del objetivo para el cual se creen.
     4. La Comisión solicitará, para el ejercicio de las funciones que le
     son encomendadas, información de cualquier entidad o persona física o
     jurídica, y, en particular, de organizaciones del voluntariado de
     protección civil.
     CAPITULO II
     Las administraciones locales aragonesas
     Artículo 49.-Los municipios.
     1. Los municipios elaboran y ejecutan la política de protección civil
     dentro del ámbito de su competencia, correspondiéndoles:
     a) Promover la creación de una estructura municipal de protección
     civil.
     b) Elaborar y aprobar el Plan municipal de protección civil.
     c) Recoger y transmitir datos relevantes para la protección civil.
     d) Elaborar el catálogo de recursos movilizables del Plan municipal
     de protección civil.
     e) Elaborar y ejecutar programas municipales de previsión y
     prevención, promoviendo a tal fin campañas de concienciación y
     sensibilización de la población, divulgando las medidas de
     autoprotección y realizando prácticas y simulacros de protección
     civil.
     f) Promover la creación de organizaciones de voluntariado en el
     término municipal.
     2. Corresponde a los municipios de más de veinte mil habitantes de
     derecho, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen
     local, la creación, organización y mantenimiento de servicios de
     prevención y extinción de incendios y salvamento.
     3. El alcalde es la máxima autoridad municipal de protección civil. 
     Cuando acontezca una emergencia colectiva dentro del término
     municipal, la autoridad municipal asumirá la dirección y coordinación
     de los servicios de socorro y asistencia e informará inmediatamente
     de la situación a los órganos competentes de la Administración de la
     Comunidad Autónoma, a través del Centro de Emergencias 112 SOS
     Aragón.
     Artículo 50.-Las comarcas.
     1. Corresponde a las comarcas en materia de protección civil:
     a) Promover la creación de una estructura comarcal de protección
     civil y de grupos permanentes de intervención en emergencias.
     b) Elaborar y aprobar el Plan comarcal de protección civil.
     c) Recoger y transmitir datos relevantes para la protección civil.
     d) Elaborar el catálogo de recursos movilizables del Plan comarcal de
     protección civil.
     e) Prestar apoyo, asistencia y cooperación a los municipios en
     materia de protección civil.
     f) Elaborar y ejecutar programas comarcales de previsión y
     prevención, promoviendo campañas de concienciación y sensibilización
     de la población, divulgando las medidas de autoprotección y
     realizando prácticas y simulacros de protección civil.
     g) Promover la creación de organizaciones de voluntariado en el
     territorio comarcal.
     2. El presidente de la comarca es la máxima autoridad comarcal de
     protección civil. Cuando acontezca una emergencia colectiva dentro
     del territorio comarcal, que afecte a más de un término municipal de
     su delimitación o que exceda de la capacidad personal y material del
     municipio para hacerle frente, asumirá la dirección y coordinación de
     los servicios de socorro y asistencia e informará inmediatamente de
     la situación a los órganos competentes de la Administración de la
     Comunidad Autónoma a través del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón.
     CAPITULO III
     El voluntariado de emergencias
     Artículo 51.-Agrupaciones de voluntarios de emergencias.
     Tendrán la consideración de agrupaciones de voluntarios de
     emergencias las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro,
     dotadas de personalidad jurídica, bajo la forma de asociación,
     fundación o cualquier otra admitida en Derecho, cuyo fin sea cooperar
     con las administraciones públicas en las funciones de protección
     civil.
     Artículo 52.-Dependencia de las agrupaciones de voluntarios de
     emergencias.
     Las agrupaciones de voluntarios de emergencias deberán estar sujetas,
     en una clara cadena de mando, a los servicios de protección civil
     municipales o comarcales o, en su defecto, a la autoridad municipal o
     comarcal de protección civil, mediante un convenio de colaboración
     suscrito entre la agrupación y la entidad local.
     Artículo 53.-Estatuto jurídico del voluntario de emergencias.
     1. Los voluntarios de emergencias prestarán su actividad de forma
     personal, libre y gratuita a través de la agrupación en la que se
     hayan integrado.
     2. La relación entre el voluntario y la agrupación en ningún caso
     será un vínculo laboral, y la relación entre el voluntario y la
     Administración pública a la que esté vinculada la agrupación tampoco
     tendrá naturaleza de relación laboral, funcionarial o eventual.
     3. La agrupación de voluntarios deberá garantizar el aseguramiento
     del voluntario frente a los riesgos que puedan sobrevenirle, así como
     la responsabilidad civil en la que pudiere incurrir el voluntario o
     la agrupación por los daños causados a terceros en el ejercicio de
     las actividades voluntarias de protección civil. El tomador del
     seguro podrá ser la agrupación de voluntarios o la entidad local con
     la que está vinculada.
     4. Los miembros de las agrupaciones de voluntarios tendrán derecho a
     poseer un carné de voluntario de emergencias, expedido por la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que acredite su
     condición de voluntario y a utilizar las insignias y distintivos de
     su agrupación en el ejercicio de sus funciones.
     5. Los voluntarios de emergencias tendrán las siguientes
     obligaciones:
     a) Seguir un curso de formación básica, organizado u homologado por
     la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para obtener la
     acreditación autonómica.
     b) Realizar actividades de formación y capacitación.
     c) Participar, salvo causas justificadas, en las actividades
     organizadas por la agrupación en la que están integrados y por la
     entidad local a la que están vinculados.
     d) Participar, en caso de emergencia, en las actuaciones que ordene
     el director del plan siguiendo las indicaciones del mismo.
     Artículo 54.-Fomento de las agrupaciones de voluntarios de
     emergencias.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los
     municipios fomentarán las agrupaciones de voluntarios de emergencias
     mediante campañas de información, divulgación y reconocimiento de las
     actividades que desarrollen en el ámbito de la protección civil,
     formación del voluntariado y asistencia técnica.
     2. Para acceder a las subvenciones, a la asistencia técnica y demás
     apoyos específicos, las agrupaciones de voluntarios deberán estar
     inscritas en el Registro autonómico de voluntarios de emergencias,
     que será regulado reglamentariamente.
     3. Las agrupaciones de voluntarios de emergencias inscritas en el
     mencionado Registro administrativo formarán la Red de voluntarios de
     emergencias de Aragón.
     TITULO IV
     Infracciones y sanciones
     Artículo 55.-Infracciones muy graves.
     1. Son infracciones muy graves en materia de protección civil las
     conductas consistentes en:
     a) No adoptar los planes de autoprotección preceptivos ni someterlos,
     si procede, a la aprobación de la autoridad competente y a la
     posterior homologación de la Comisión de Protección Civil de Aragón.
     b) No modificar, actualizar ni revisar los planes de autoprotección
     en los supuestos en que proceda.
     c) Impedir y obstaculizar la inspección de los recursos y servicios
     afectos a los planes por la autoridad competente de protección civil.
     d) Impedir la requisa y ocupación temporal de los bienes,
     instalaciones y medios ordenadas por la autoridad competente de
     protección civil.
     e) La negativa por parte de los medios de comunicación social a
     transmitir los avisos, instrucciones e informaciones que ordenen las
     autoridades competentes de protección civil.
     f) No comunicar a las autoridades de protección civil, quien esté
     obligado a ello, las previsiones e incidentes que puedan dar lugar a
     la activación de los planes de protección civil, así como no
     comunicar la activación de los planes de autoprotección.
     g) No movilizar un recurso o servicio afecto a un plan de protección
     civil activado y requerido por la autoridad competente de protección
     civil o sus agentes delegados.
     h) Realizar llamadas a los teléfonos de emergencia y urgencias
     comunicando avisos falsos de emergencias que den lugar a la
     movilización de recursos.
     2. Asimismo, tienen la consideración de infracciones muy graves:
     a) Las infracciones graves cometidas por una persona o entidad
     sancionadas, con sanciones firmes en vía administrativa, en los dos
     años anteriores por una o más infracciones graves.
     b) Las infracciones graves cometidas durante la situación de
     activación de un plan de protección civil y que hayan puesto en
     peligro la vida o la integridad de las personas o hayan aumentado la
     situación de grave riesgo colectivo o las consecuencias de la
     catástrofe o calamidad.
     Artículo 56.-Infracciones graves.
     1. Son infracciones graves en materia de protección civil las
     conductas consistentes en:
     a) No respetar las instrucciones dictadas por la autoridad de
     protección civil competente en situaciones de activación de un plan o
     emergencia declarada.
     b) Incumplir, los centros, establecimientos y dependencias, las
     obligaciones derivadas de los planes de protección civil, así como no
     ejecutar los planes e incumplir las medidas de seguridad y
     prevención.
     c) Negarse a realizar las prestaciones personales ordenadas por la
     autoridad de protección civil competente en situaciones de activación
     de un plan.
     d) No respetar las medidas de prevención y reducción del impacto de
     eventuales catástrofes y calamidades, establecidas en la legislación
     sectorial específica, y no adoptarlas activamente, si se está
     obligado a ello.
     e) No acudir a la orden de movilización las personas adscritas a los
     servicios asociados al plan y los miembros de las agrupaciones de
     voluntariado de emergencias de la localidad afectada por la
     activación de un plan o emergencia declarada en el sitio indicado por
     éste o la autoridad competente de protección civil, salvo causa
     justificada.
     f) Denegar la información necesaria para la planificación de
     protección civil, a requerimiento de la autoridad competente de
     protección civil.
     g) No realizar las obras necesarias para la protección civil
     indicadas en los correspondientes planes.
     h) No comunicar al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón la activación
     de un plan de protección civil.
     i) No comunicar, los directores de los planes de autoprotección,
     cualquier circunstancia o incidencia que afecte a la situación de
     riesgo cubierta por el plan o la operatividad de los recursos y
     servicios establecidos para combatirla.
     j) Pedir o intentar obtener contraprestaciones, donativos o
     recompensas económicas o materiales por la prestación de servicios de
     protección civil en los casos en que la Ley no lo permite.
     k) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la requisa y ocupación
     temporal de los bienes, instalaciones y medios ordenadas por la
     autoridad competente de protección civil, así como obstaculizar el
     cumplimiento de las órdenes e instrucciones emanadas de las
     autoridades de protección civil en situaciones de activación de
     planes.
     l) Realizar llamadas reiteradas a los teléfonos de emergencia y
     urgencias comunicando avisos falsos de emergencias.
     2. Asimismo, tienen la consideración de infracciones graves:
     a) Las infracciones leves cometidas por una persona o entidad
     sancionadas, con sanciones firmes en vía administrativa, en los dos
     años anteriores por una o más infracciones leves.
     b) Las infracciones leves cometidas durante la situación de
     activación de un plan de protección civil y que hayan puesto en
     peligro la vida o la integridad de las personas o hayan aumentado la
     situación de grave riesgo colectivo o las consecuencias de la
     catástrofe o calamidad.
     Artículo 57.-Infracciones leves.
     Son infracciones leves en materia de protección civil y emergencias
     las conductas consistentes en:
     a) Llevar los voluntarios de emergencias las insignias y distintivos
     en los casos en que no ejerzan sus funciones.
     b) Denegar a los ciudadanos la información que requieran sobre los
     riesgos colectivos previstos en los planes y sobre las medidas
     adoptadas de protección civil.
     c) No seguir o no respetar las medidas e instrucciones dispuestas por
     la autoridad de protección civil en los simulacros.
     d) No acudir los miembros de los servicios afectados a los puestos
     respectivos siguiendo la orden de movilización en caso de simulacro,
     sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, laboral o
     funcionarial, que se derive, en su caso.
     e) Denegar información a los ciudadanos sobre aspectos de la
     planificación de protección civil que les afecten de forma directa.
     f) Realizar llamadas maliciosas a los teléfonos de emergencia y
     urgencias comunicando avisos falsos de emergencias.
     Artículo 58.-Sanciones.
     1. Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 150.001
     euros hasta 600.000 euros. Además, puede ser ordenada la clausura
     temporal del local, el centro o la instalación, o la suspensión
     temporal de las actividades de riesgo.
     2. Las infracciones graves se sancionan con multa de 6.001 euros
     hasta 150.000 euros.
     3. Las infracciones leves se sancionan con multa de 500 euros hasta
     6.000 euros.
     4. Las infracciones graves y muy graves cometidas por miembros de las
     agrupaciones de voluntarios de emergencias conllevan, además, la baja
     forzosa en la respectiva agrupación y la inhabilitación para formar
     parte de otra.
     Artículo 59.-Competencias sancionadoras.
     1. La potestad sancionadora corresponde a la Administración de la
     Comunidad Autónoma.
     Igualmente, corresponde a las comarcas y a los municipios, en los
     términos establecidos en el presente artículo, respecto a las
     infracciones relacionadas con un plan de protección civil, de acuerdo
     con el ámbito del plan afectado por la conducta constitutiva de
     infracción.
     2. La competencia para imponer las sanciones corresponde:
     a) A los alcaldes de los municipios de menos de veinte mil habitantes
     de derecho y a los presidentes de los consejos comarcales, hasta un
     límite de 12.000 euros.
     b) A los alcaldes de los municipios de más de veinte mil habitantes
     de derecho y a los presidentes de los consejos comarcales, hasta un
     límite de 60.000 euros.
     c) Al Director General competente en materia de protección civil,
     hasta un límite de 150.000 euros.
     d) Al Consejero competente en materia de protección civil, hasta un
     límite de 300.000 euros.
     e) Al Gobierno de Aragón, hasta 600.000 euros.
     3. En caso de que la comisión de una infracción grave, cuya sanción
     competa al alcalde o al presidente de la comarca, haya causado un
     riesgo especial o bien alarma social, la potestad sancionadora podrá
     ejercerla el Director General competente en materia de protección
     civil, el Consejero responsable de esta materia o el Gobierno, bien a
     iniciativa propia, previa audiencia del alcalde o del presidente
     comarcal, o bien a solicitud de éstos.
     4. La clausura temporal del centro o instalación y la suspensión
     temporal de la actividad únicamente pueden ser ordenadas por el
     Consejero competente en materia de protección civil y por el Gobierno
     a iniciativa propia o a instancias del correspondiente municipio o
     comarca.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Mapas de riesgos y catálogo de recursos.
     1. Los mapas de riesgos previstos en el artículo 16 serán elaborados
     y aprobados en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
     presente ley.
     2. El catálogo de riesgos previsto en el artículo 17 será elaborado y
     aprobado, o, en su caso, actualizado en el plazo de un año a partir
     de la entrada en vigor de esta ley.
     Segunda.-Planes comarcales de protección civil.
     Las comarcas que asuman competencias en materia de protección civil
     elaborarán su plan territorial de protección civil en el plazo de un
     año desde la asunción efectiva de dicha competencia.  Transcurrido
     dicho plazo, podrá aplicarse lo previsto en el artículo 29.3 de esta
     ley.
     Tercera.-Centro de emergencias y urgencias sanitarias.
     1. El personal sanitario y no sanitario de los servicios
     hospitalarios y extrahospitalarios de atención a la urgencia
     sanitaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
     dependerá orgánicamente del organismo autónomo Servicio Aragonés de
     Salud, sin perjuicio de su dependencia funcional del Centro de
     Emergencias 112 SOS Aragón en las situaciones de emergencia,
     catástrofe o calamidad.
     2. Al objeto de garantizar la mayor rapidez y eficacia de actuación
     en las situaciones aludidas, deberán estar perfectamente
     establecidos, mediante plataformas tecnológicas compartidas, los
     protocolos comunes de gestión de llamadas, respuesta y activación de
     recursos. Estos protocolos deberán estar sometidos a un permanente
     control de calidad.
     3. Los operadores telefónicos encaminarán todas las llamadas
     dirigidas al 061 que se produzcan en el territorio de Aragón al
     número telefónico 112.
     Cuarta.-Servicios de prevención y extinción de incendios y
     salvamento.
     1. Los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y
     salvamento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, están
     formados por los servicios municipales, los provinciales y, en su
     caso, comarcales, en los términos de la legislación de régimen local. 
     Podrán incluirse, asimismo, grupos de bomberos voluntarios, que se
     regirán por lo establecido en el Capítulo III del Título III de la
     presente ley.
     2. Los municipios de más de veinte mil habitantes, que, de
     conformidad con la legislación de régimen local, están obligados a la
     prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y
     salvamento, podrán solicitar de la Administración de la Comunidad
     Autónoma la dispensa de la obligación de prestar tal servicio cuando
     les resulte de imposible o muy difícil cumplimiento. Sólo podrá
     dispensarse cuando el servicio esté cubierto por otra entidad local
     supramunicipal.
     3. Cuando se haya completado el proceso de constitución de todas las
     comarcas, la Administración de la Comunidad Autónoma promoverá, en
     plazo no superior a un año, la constitución de una organización
     propia de bomberos profesionales, dependiente de la Administración de
     la Comunidad Autónoma, bajo los siguientes criterios:
     a) Incorporación de los medios y recursos humanos dependientes de las
     diputaciones provinciales, previo acuerdo de traspaso.
     b) Integración orgánica o funcional de las brigadas forestales,
     permanentes o temporales, de lucha en la prevención y extinción de
     los incendios forestales.
     c) Ofrecimiento a los municipios con población superior a los veinte
     mil habitantes que tengan servicio de prevención y extinción de
     incendios para que voluntariamente se incorporen a la organización
     del servicio de prevención y extinción de incendios de la
     Administración de la Comunidad Autónoma.
     d) Distribución comarcal o supracomarcal de los parques de bomberos
     de la Administración de la Comunidad Autónoma, cubriendo todo el
     territorio aragonés, en isocronas aceptables desde el punto de vista
     técnico.
     e) Despliegue territorial progresivo para garantizar la asistencia en
     todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
     f) Gestión por las comarcas de los parques de bomberos, sin perjuicio
     de la dirección y supervisión por la Administración de la Comunidad
     Autónoma.
     g) Establecimiento de un proceso formativo y de capacitación de los
     bomberos profesionales, que tendrá como objetivo su formación
     teórica, práctica y física continuada, y contemplará la realización
     de estudios destinados a la promoción en su carrera profesional.
     h) Organización del personal en las siguientes escalas:
     -Escala Superior, a la que pertenecerá el personal funcionario del
     Grupo A, que desarrollará funciones de dirección y coordinación de
     todo el personal, de propuesta de planes y actuaciones relacionados
     con la prevención y extinción de incendios y salvamento, y aquéllas
     otras que se le asignen de acuerdo con la titulación y preparación
     exigidas para su acceso.
     -Escala Ejecutiva, a la que pertenecerá el personal funcionario del
     Grupo B, que realizará funciones de dirección y coordinación de la
     escala básica, y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción
     de incendios y salvamento que se le encomienden conforme a la
     titulación y preparación requeridas para su acceso.
     -Escala básica, a la que pertenecerá el personal funcionario de los
     Grupos C y D, que desempeñará las funciones operativas y de ejecución
     que le sean encomendadas relativas a la prevención y extinción de
     incendios, así como, en su caso, la dirección y supervisión de las
     personas a su cargo.
     4. Para preparar la constitución del Servicio Aragonés de Bomberos,
     la Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la constitución
     de un consorcio para la prestación de un servicio público único de
     prevención y extinción de incendios y salvamento en Aragón, en el que
     podrán integrarse las provincias, las comarcas y los municipios que
     cuenten con servicios de bomberos propios, con la finalidad de
     garantizar una prestación integral del servicio en todo el territorio
     de Aragón.
     Quinta.-Grupos de intervención rápida.
     El Gobierno de Aragón creará un grupo de intervención rápida de
     respuesta ante emergencias. Reglamentariamente se determinará su
     organización y composición.
     Sexta.-Llamadas al número de emergencias 112.
     1. Las llamadas al teléfono 112 serán identificadas y grabadas para
     un eficaz funcionamiento del servicio. Se conservarán durante el
     tiempo suficiente para gestionar la emergencia o incidente y durante
     el plazo de dos años desde que se cierre el incidente, salvo que esté
     en curso un proceso judicial sobre el incidente cuya duración supere
     el citado plazo de dos años; en este caso se mantendrán durante el
     tiempo en que esté en curso el proceso.
     2. Sólo tendrá acceso a las llamadas el personal autorizado del
     Centro de Emergencias, en el ejercicio de sus funciones; los jueces y
     tribunales de Justicia y la policía judicial, en el curso de una
     investigación judicial, previa orden de la autoridad judicial, y el
     Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón, en ejercicio de sus
     funciones de supervisión de la Administración pública. Fuera de los
     casos anteriores y de los previstos en Ley formal no se cederán los
     datos personales conocidos por las llamadas y desarrollo de los
     incidentes.
     3. Se garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones y los
     derechos y deberes previstos en la legislación de protección de datos
     personales.
     4. Las llamadas dirigidas al teléfono de emergencias 112 con avisos
     falsos o maliciosos, además de constituir una infracción
     administrativa tipificada por la presente ley, serán comunicadas al
     Ministerio Fiscal por si hubiere lugar a responsabilidad penal por la
     acción del llamante, al demandar un falso auxilio o entorpecer la
     atención de otros avisos reales de emergencia colectiva o individual.
     5. El director del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón comunicará a
     las empresas operadoras de telefonía, fija o móvil, para que procedan
     a la suspensión de la línea telefónica fija o del número de teléfono
     móvil respecto a los números telefónicos desde los que se produzcan
     reiteradas llamadas con avisos falsos o maliciosos.
     Séptima.-Situaciones de emergencia colectiva.
     En situaciones de emergencia colectiva, el Centro de Emergencias y
     sus medios personales y materiales se integrarán en la organización
     prevista en el plan de protección civil aplicable, como centro de
     comunicaciones del centro de coordinación operativa integrada, bajo
     la dirección del director del plan activado.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Planes de protección civil preexistentes.
     Los planes de protección civil aprobados y homologados antes de la
     entrada en vigor de la presente ley deben adecuarse a lo establecido
     en la misma en el plazo de un año a partir de la fecha de su entrada
     en vigor.
     Segunda.-Comisión de Protección Civil de Aragón.
     La composición, organización y el régimen de funcionamiento de la
     Comisión de Protección Civil de Aragón serán los vigentes a la
     entrada en vigor de esta ley, en tanto en cuanto ésta no se
     desarrolle reglamentariamente.
     Tercera.-Estructura de los cuerpos de bomberos.
     En tanto en cuanto no se apruebe un estatuto específico de los
     cuerpos de bomberos dependientes de las entidades locales aragonesas,
     éstas podrán crear, mediante reglamento propio, una escala de Grupo B
     dentro del respectivo cuerpo.
     DISPOSICIONES DEROGATORIAS
     Primera.-Derogación expresa.
     Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:
     a) El Decreto 174/1988, de 5 de diciembre, por el que se asignan y se
     regulan determinados aspectos de las competencias en materia de
     protección civil.
     b) El Decreto 7/1989, de 17 de enero, por el que se regula la
     aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio.
     c) El Decreto 119/1992, de 7 de julio, por el que se regulan las
     competencias en materia de protección civil.
     d) El artículo 19 de la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de medidas
     tributarias, financieras y administrativas.
     e) Las referencias a los cuerpos de bomberos contenidas en la
     disposición adicional segunda de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
     Administración Local de Aragón.
     Segunda.-Derogación por incompatibilidad.
     Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
     rango se opongan a lo establecido en la presente ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Desarrollo reglamentario.
     1. Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar cuantas normas y
     disposiciones de desarrollo sean necesarias para la ejecución de esta
     ley.
     2. El desarrollo reglamentario se efectuará en el plazo de un año
     desde la entrada en vigor de la presente ley.
     Segunda.-Entrada en vigor.
     La presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes a partir del
     día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 17 de diciembre de 2002.
     El Presidente del Gobierno de Aragón MARCELINO IGLESIAS RICOU