Rango: DECRETO -- LEY+
Fecha de disposición: 20071204
Fecha de Publicacion: 07/12/2007
Número de boletín: 144
Organo emisor: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Titulo: DECRETO-LEY 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Texto
     DECRETO-LEY 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
     que se establecen medidas urgentes para la adaptación del
     ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
     garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a
     las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de
     Aragón.
     El ordenamiento urbanístico aragonés está conformado en la actualidad
     fundamentalmente por la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, y el
     Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
     se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de
     25 de marzo, urbanística, en materia de organización, planeamiento
     urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. Ambas normas
     fueron aprobadas en el marco de lo establecido en la Ley estatal
     6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. En
     consecuencia, Ley y Reglamento aragoneses incorporaron los principios
     inspiradores de la norma estatal, que se proclamaba abiertamente
     liberalizadora del mercado del suelo. Dicha norma fue interpretada de
     forma muy favorable a la expansión de las competencias autonómicas en
     la materia en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, que
     contribuyó decisivamente a clarificar el marco competencial en la
     materia, inicialmente abordado en la anterior Sentencia del Tribunal
     Constitucional 61/1997.
     Recientemente, las Cortes Generales han aprobado la Ley 8/2007, de 28
     de mayo, de suelo. Esta norma plantea una enérgica reacción frente a
     los principios inspiradores de la anterior Ley 6/1998 que se plasma
     en una novedosa regulación del suelo como recurso y de todos los
     derechos y libertades que giran en torno al mismo.  En particular,
     dicha norma afecta de manera decisiva a aspectos tales como el
     régimen de clasificación del suelo, las reservas para vivienda
     protegida y los límites de repercusión de precios del suelo en la
     vivienda protegida, el control de riesgos, sostenibilidad económica y
     ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los límites
     entre modificación y revisión del planemiento, los convenios
     urbanísticos, la conversión a metálico de aprovechamientos, el
     régimen de las actuaciones de dotación, cesiones de aprovechamiento y
     patrimonios públicos de suelo.
     El artículo 44 del Estatuto de Autonomía habilita al Gobierno para
     dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de
     Decreto-ley en caso de necesidad urgente y extraordinaria siempre que
     no afecte a las materias en dicho precepto establecidas. La
     profundidad de los cambios que la nueva legislación estatal de suelo
     trata de impulsar, su entrada en vigor en los momentos iniciales de
     la legislatura que no permiten impulsar con suficiente rapidez las
     nuevas normas legales precisas para incorporarla al ordenamiento
     aragonés y el tremendo dinamismo del sector inmobiliario que puede
     impulsar prácticas tendentes a eludir el rigor de la nueva norma
     estatal amparándose en diferentes aspectos de su régimen transitorio,
     hacen que nos encontremos ante una situación extraordinaria, derivada
     de las profundas discordancias entre la nueva norma estatal, que
     resulta urgente resolver.
     Por otra parte, la voluntad del Gobierno de avanzar de manera firme
     en la redacción de las nuevas Leyes de ordenación del territorio y de
     urbanismo, que en breve volverán a remitirse a las Cortes una vez
     revisados ambos textos, las exigencias de la seguridad jurídica y, de
     forma destacable, la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de
     la economía aragonesa en los últimos años sin que ello suponga
     quiebra alguna del principio de desarrollo sostenible justifican la
     adopción de diversas medidas en el ámbito urbanístico y de las
     políticas de vivienda que impulsen la acción pública y privada en
     tales materias. Asimismo, resulta absolutamente necesario y urgente a
     juicio del Gobierno, impulsar una serie de medidas legislativas que
     permitan dar respuesta a la perentoria demanda social de vivienda
     asequible para facilitar el acceso a la misma de amplias capas de la
     población, acceso que hoy se ve dificultado especialmente por la
     coyuntura alcista de los tipos de interés, el retraimiento de la
     oferta y la dificultad para generar nuevos espacios que puedan servir
     de soporte con la suficiente rapidez para promover vivienda
     protegida.
     Es por ello que resulta esencial hoy día, máxime en un ámbito donde
     confluyen intereses tan complejos y valiosos como el urbanístico e
     inmobiliario y necesidades tan perentorias y relevantes para los
     aragoneses como el acceso a la vivienda, evitar rápidamente posibles
     contradicciones entre la normativa urbanística aragonesa y la estatal
     y arbitrar las medidas precisas para dar respuesta a la situación
     actual del mercado de la vivienda.
     En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44
     del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta del Consejero de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y previa deliberación del
     Gobierno de Aragón en su sesión del día 4 de diciembre de 2007,
     DISPONGO:
     Artículo 1.-Objeto.
     Este Decreto-Ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento urbanístico
     vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo establecido en la Ley
     8/2007, de 28 de mayo, de suelo, imponiendo las medidas necesarias
     para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del planeamiento
     urbanístico, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y
     adoptar las medidas precisas para impulsar políticas que contribuyan
     a facilitar el acceso a la vivienda en Aragón.
     Artículo 2.-Modificaciones de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
     urbanística.
     Uno. El artículo 14.2 queda redactado del siguiente modo:
     «Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos
     de suelo urbano que el Plan General defina expresamente como tales
     por estar sometidos a procesos de urbanización, renovación o reforma
     interior y, en todo caso, los sometidos a actuaciones de dotación
     conforme a lo establecido en la normativa estatal. Todo el suelo
     urbano que el Plan General no defina expresamente como no consolidado
     se considerará suelo urbano consolidado».
     Dos. El artículo 18.b) queda redactado del siguiente modo:
     «b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el
     planeamiento, las obras de urbanización correspondientes a las
     dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas
     generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.  Entre tales
     obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y
     depuración de agua que se requieran conforme a su legislación
     reguladora y las infraestructuras de transporte público que el
     planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en
     función de los nuevos tráficos que genere».
     Tres. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
     «Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos
     clasificados como tales por el planeamiento por concurrir alguna de
     las circunstancias siguientes:
     a) En todo caso, el suelo preservado de su transformación mediante la
     urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos
     de dicha transformación por la legislación de protección o policía
     del dominio público, de la naturaleza o de patrimonio cultural, los
     que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación
     territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes,
     incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y
     paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o
     tecnológicos, incluidos los geológicos, morfológicos, de inundación o
     de otros accidentes graves.
     b) Que no se considere conveniente su transformación en urbanos de
     acuerdo con el modelo de evolución urbana y ocupación territorial
     establecido por el plan general, y en su caso, por proyectos
     supramunicipales.
     Cuatro. El apartado primero del artículo 20 queda redactado del
     siguiente modo:
     «1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías de
     suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial. El
     suelo no urbanizable genérico será la clase y categoría residual».
     Cinco. La letra a) del artículo 24 queda redactado del siguiente
     modo:
     «Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés
     público por su contribución a la ordenación o al desarrollo rurales o
     porque hayan de emplazarse en el medio rural».
     Seis. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
     «Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que sean
     clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible
     transformación, a través de su urbanización, en las condiciones
     establecidas en el mismo, de conformidad con el modelo de evolución
     urbana y ocupación del territorio».
     Siete. El artículo 30.1 queda redactado del siguiente modo:
     «El propio Plan General establecerá las condiciones para el
     desarrollo del suelo urbanizable delimitado. Podrá también ordenar
     directamente los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado,
     incorporando necesariamente las determinaciones propias de los planes
     parciales y potestativamente las de los proyectos de urbanización.
     Los módulos mínimos de reserva para dotaciones locales y la densidad
     máxima serán en todo caso los establecidos para los planes
     parciales».
     Ocho. Se crea tres nuevos apartados segundo, tercero y cuarto del
     artículo 30, quedando el actual apartado segundo como apartado
     quinto:
     «2. Son sectores de suelo urbanizable delimitado concertado los
     promovidos, previa declaración de interés general de la actuación por
     el Gobierno de Aragón, conjuntamente por la Administración de la
     Comunidad Autónoma y el Municipio en que se ubiquen, o por ambos con
     la iniciativa privada, a través de un consorcio o sociedad de capital
     mayoritariamente público, con objeto de implantar actividades
     industriales o de servicios de especial importancia, grandes
     equipamientos colectivos o ejecutar los programas y políticas
     públicos de vivienda y suelo.
     3. Los procedimientos administrativos precisos para la delimitación,
     ordenación y ejecución de estos sectores se declaran urgentes a los
     efectos establecidos en la legislación de régimen jurídico de las
     administraciones públicas y de contratación administrativa y serán
     prioritarios para su despacho y tramitación ante la Administración de
     la Comunidad Autónoma o las entidades locales aragonesas. La
     aprobación definitiva del planeamiento que delimite sectores de suelo
     urbanizable delimitado concertado implicará también la declaración de
     urgencia de la expropiación cuando el planeamiento establezca el
     sistema de actuación de expropiación, delimite las unidades de
     ejecución, e incorpore, conforme a lo previsto en la legislación de
     expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en
     dicho ámbito, con la descripción de los bienes y derechos afectados
     que deberá haberse sometido a información pública en la forma
     establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
     4. Los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado para la
     ejecución de los programas y políticas públicos de vivienda y suelo
     o, en todo caso, aquellos que autoricen la promoción de vivienda en
     su ámbito sólo podrán aprobarse en Municipios que tengan obligación
     de reservar terrenos para la construcción de vivienda protegida
     conforme a la normativa de vivienda y, cuando se delimiten y ordenen
     mediante modificación del plan general vigente, deberán reservar para
     la construcción de vivienda protegida al menos el doble de los
     terrenos que hubiesen resultado ordinariamente exigibles en el
     municipio de que se trate».
     Nueve. Se crean dos nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 32 con la
     siguiente redacción:
     «3. El plan general de ordenación urbana deberá concretar el modelo
     de evolución urbana y ocupación del territorio, ponderando desarrollo
     y sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes
     criterios:
     a) Primará la ciudad compacta y evitará consumos innecesarios de
     recursos naturales y, en particular, de suelo.
     b) Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de diez
     años.
     c) Salvo que de forma expresa y específica se establezcan criterios y
     parámetros diferentes, al alza o a la baja, en directrices de
     ordenación territorial o en un proyecto supramunicipal, el modelo de
     evolución urbana y ocupación del territorio no podrá modificar el
     sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población, ya sea
     generando nuevos núcleos o alterando los existentes de manera que se
     modifique significativamente su capacidad o su superficie con
     respecto a las iniciales, ni podrá prever desarrollos en el horizonte
     temporal máximo de gestión que impliquen crecimientos cuya ejecución
     no resulte previsible dentro del mismo en función de criterios tales
     como las características del municipio, su evolución previsible, la
     capacidad de las redes y servicios generales prestados por las
     diferentes Administraciones públicas y la situación de mercado. En la
     memoria deberán analizarse y justificarse específicamente los
     desarrollos previstos.
     d) Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del suelo,
     el Plan General podrá prever los futuros desarrollos que considere
     coherentes con el modelo de evolución urbana y ocupación del suelo
     más allá de su horizonte temporal máximo de gestión. La actuación en
     dichos ámbitos estará condicionada a la previa revisión del Plan
     General una vez concluido el horizonte máximo de gestión.
     4. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio deberá
     ser específicamente evaluado en el procedimiento de evaluación
     ambiental del plan general teniendo en cuenta, especialmente, el
     informe o memoria de sostenibilidad económica al que se refiere la
     normativa estatal».
     Diez. El artículo 34.a) queda redactado del siguiente modo:
     «a) Asignación y ponderación de usos, intensidades, tipologías y
     densidades edificatorias de las diferentes zonas».
     Once. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
     «En el suelo urbanizable no delimitado, el Plan General establecerá,
     ya sea con carácter general o referido a áreas concretas del mismo,
     los usos, densidades y edificabilidades globales, los usos
     incompatibles con esta categoría de suelo, la delimitación de
     sectores o, en su defecto, las condiciones para proceder a su
     delimitación garantizando su adecuada inserción en la estructura de
     la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los
     sistemas generales en caso de que se procediese a la delimitación
     posterior. Tales criterios podrán establecerse con carácter general o
     diferenciado para cada una de las áreas en que se hubiera dividido a
     estos efectos el suelo urbanizable no delimitado y podrán referirse a
     aspectos tales como los relativos a magnitud, usos, dotaciones,
     equipamientos, sistemas generales que deban ejecutarse y conexiones
     con los mismos, mayores reservas de terrenos respecto de las
     legalmente exigibles para la construcción de viviendas protegidas
     habilitando a la Administración para tasar su precio o renta, así
     como prioridades para garantizar un desarrollo urbano racional y
     sostenible ambiental y económicamente, todo ello con la finalidad de
     garantizar la adecuada inserción de cada nuevo sector en la
     estructura urbanística municipal. En particular, el plan general
     podrá condicionar la delimitación o desarrollo de los sectores de
     suelo urbanizable no delimitado al desarrollo de los de suelo
     urbanizable delimitado previstos en el mismo».
     Doce. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
     «1. Las determinaciones del Plan General establecidas en los
     artículos anteriores se desarrollarán en la memoria, los planos de
     información y de ordenación urbanística, incluyendo los mapas de
     riesgos, los catálogos, las normas urbanísticas y el estudio
     económico. En el estudio económico se analizará específicamente el
     impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la
     implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
     puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
     como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
     productivos.
     2. En los municipios obligados a reservar terrenos para vivienda
     protegida la memoria del plan general incluirá un estudio de
     necesidades de vivienda y de dotación de vivienda protegida en el
     municipio que justifique las decisiones de clasificación de suelo
     residencial adoptadas
     3. En los municipios de más de ocho mil habitantes, los colindantes
     con ellos y en aquellos otros que se determinen mediante Orden del
     Consejero competente en materia de urbanismo, la memoria del plan
     general incluirá un estudio de movilidad que analice los flujos
     previstos que generará la ejecución del planeamiento y los medios
     adecuados para encauzarlos atendiendo al principio de movilidad
     sostenible».
     Trece. El artículo 42.2 queda redactado del siguiente modo:
     «2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva motivadamente, por
     falta de cumplimiento de las prohibiciones y exigencias
     procedimentales, competenciales, documentales y materiales
     establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas las
     determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio y de
     los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como cuando
     el Plan no respete los principios de desarrollo sostenible,
     equilibrio territorial, movilidad sostenible, justificación de la
     correcta organización del desarrollo urbano y coherencia con las
     políticas de vivienda, medio ambiente, patrimonio cultural u otras
     que, como consecuencia de los desarrollos previstos, exigiesen la
     programación de inversiones estatales o autonómicas para la dotación
     de infraestructuras y servicios a los ámbitos urbanizados en
     ejecución del planeamiento».
     Catorce. Al final del artículo 48 se añade el siguiente inciso:
     «Deberá incluirse asimismo un estudio detallado de riesgos, estudio
     económico que analice el impacto de la actuación en las Haciendas
     Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las
     infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de
     los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
     suelo destinado a usos productivos».
     Quince. Se modifica el apartado segundo del artículo 72 y se crea un
     nuevo apartado tercero con la siguiente redacción:
     «2. Tendrá la consideración de revisión del Plan General de
     Ordenación Urbana cualquier alteración del mismo que afecte
     sustancialmente al modelo de evolución urbana y ocupación del
     territorio o la estructura general y orgánica del territorio,
     integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en
     particular, el sistema de núcleos de población y los sistemas
     generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres
     y otros.
     3. Se considerará sustancial en todo caso la alteración que
     determine, por sí misma o en unión de las aprobadas en los últimos
     dos años, sin computar a estos efectos las modificaciones para la
     delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo
     urbanizable delimitado concertado, la superación del treinta por
     ciento de incremento de las viviendas o la superficie urbanizada
     residencial existentes incrementados, siempre que se hubiesen
     aprobado definitivamente los instrumentos de gestión que habilitan la
     ejecución del planeamiento, con las viviendas o la superficie
     urbanizada residencial previstas conforme al mismo.  Este límite no
     será de aplicación respecto de las modificaciones para la
     delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo
     urbanizable delimitado concertado».
     Dieciséis. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 74 con la
     siguiente redacción:
     «Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la
     edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá
     hacerse constar en el expediente la identidad de todos los
     propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
     afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según
     conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el
     catastro».
     Diecisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 77 con la
     siguiente redacción:
     «4. La determinación de la ubicación de un proyecto supramunicipal en
     el acuerdo de declaración del interés supramunicipal comporta la
     declaración de utilidad pública por tiempo máximo de cinco años,
     prorrogable una sola vez por dos años más por causa justificada,
     previa audiencia a los propietarios afectados. Asimismo, cuando se
     hayan cumplido los trámites establecidos en la normativa de
     expropiación forzosa, comportará también la necesidad de ocupación a
     los efectos expropiatorios».
     Dieciocho. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 83 con la
     siguiente redacción:
     «4. Serán nulos de pleno derecho los convenios con particulares en
     los siguientes supuestos:
     a) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un
     nuevo Plan General o la revisión del vigente.
     b) Los que permitan la percepción de cualesquiera prestaciones, en
     metálico o en especie, antes de la aprobación definitiva del
     instrumento de planeamiento correspondiente.
     c) Los que prevean obligaciones o prestaciones adicionales o más
     gravosas que las que procedan legalmente sobre el ámbito objeto del
     convenio en perjuicio de propietarios afectados incluidos en dicho
     ámbito que no sean parte en el convenio incluso en aquellos supuestos
     en los que aun siendo asumidas únicamente por las partes firmantes
     del convenio, se prevea la posterior repercusión o asunción de dichas
     cargas, aun voluntariamente, por el resto de propietarios».
     Diecinueve. El artículo 84.2 queda redactado del siguiente modo:
     «Mediando convenio, el cumplimiento del deber legal de cesión del
     aprovechamiento urbanístico correspondiente al Municipio podrá tener
     lugar mediante el pago de cantidad sustitutoria en metálico excepto
     cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a
     algún régimen de protección pública incluido en el ámbito
     correspondiente o, si lo ofreciese el obligado a ceder, en otros del
     mismo Municipio. En cualesquiera supuestos en los que se sustituya la
     forma ordinaria de cumplimiento del deber legal de cesión del
     aprovechamiento urbanístico deberá incluirse en el expediente
     valoración de dicho aprovechamiento realizada por sociedades de
     tasación independientes».
     Veinte. El artículo 85 queda redactado del siguiente modo:
     «1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos
     que dispongan de Plan General de Ordenación Urbana deberán constituir
     su respectivo patrimonio público de suelo, con la finalidad de
     regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para
     actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del
     planeamiento y los restantes fines establecidos en el artículo
     siguiente.
     2. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación del plan
     general de ordenación urbana sin que haya tenido lugar la
     constitución del patrimonio municipal del suelo se entenderá
     constituido por ministerio de la ley, quedando sujetos los bienes que
     lo integren al régimen jurídico establecido en esta Ley.
     3. El Consejero competente en materia de urbanismo podrá dispensar a
     municipios con población de derecho inferior a dos mil habitantes de
     la obligación de constituir el patrimonio municipal del suelo. En el
     expediente deberá acreditarse la innecesariedad del patrimonio
     municipal del suelo atendida la finalidad del mismo de conformidad
     con esta Ley.
     4. La exención quedará sin efecto por ministerio de la Ley, salvo que
     medie resolución en sentido contrario del Consejero competente en
     materia de urbanismo, en aquellos municipios que, habiendo sido
     eximidos, superen durante cinco años consecutivos el umbral
     demográfico establecido en este apartado. En todo caso, el Consejero
     competente en materia de urbanismo podrá revocar la exención, a
     instancia del Municipio o del Director General competente en materia
     de urbanismo, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias
     que justificaron la exención».
     Veintiuno. El apartado primero del artículo 86 queda redactado del
     siguiente modo:
     «1. Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y
     sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración
     por su equivalente en metálico se destinarán a la conservación y
     ampliación del patrimonio público del suelo, siempre que sólo se
     financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les
     sea aplicable o, mediante acuerdo específico del órgano competente, a
     los usos propios de su destino, entre los que se incluyen en todo
     caso los siguientes:
     a) Obras de urbanización.
     b) Obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo urbano
     consolidado o de sistemas generales.
     c) Construcción de equipamientos públicos u otras instalaciones de
     uso público autonómico o municipal, siempre que sean promovidas por
     las Administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
     d) Actuaciones de iniciativa pública de renovación urbana, reforma
     interior o rehabilitación de vivienda.
     e) Gastos de realojo y retorno.
     f) Compra y, en su caso, rehabilitación de edificios para vivienda
     protegida o equipamientos públicos».
     Veintidós. El artículo 87 queda redactado del siguiente modo:
     «Integrarán el correspondiente patrimonio público del suelo los
     siguientes terrenos:
     a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren clasificados como
     suelo urbano o urbanizable.
     b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones
     urbanísticas de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén
     afectos al establecimiento de sistemas generales o dotaciones locales
     públicas en tanto se mantenga la afección. El importe de las cesiones
     en metálico también se incorporará a este patrimonio.
     c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los
     patrimonios públicos del suelo».
     Veintitrés. Se introduce un nuevo apartado tercero en el artículo 89
     con la siguiente redacción:
     «El régimen de disposición de los terrenos o aprovechamientos
     integrantes de los patrimonios públicos del suelo dependerá del uso
     al que estén destinados de conformidad con los siguientes criterios:
     a) Cuando el planeamiento los destine a usos residenciales sin
     concretarse en el mismo o mediante acuerdo expreso del órgano
     municipal competente, que lo sean de vivienda protegida, se
     enajenarán mediante permuta, conforme a la normativa de vivienda y
     garantizando la publicidad y concurrencia en los términos
     establecidos en la normativa de contratación y patrimonio de las
     Administraciones públicas.
     b) Cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso del órgano
     municipal competente se destinen a usos residenciales de vivienda
     protegida, se enajenarán mediante concurso, sin perjuicio de su
     posible adjudicación directa, cuando éste quedase desierto, o de la
     cesión entre Administraciones, todo ello conforme a la normativa de
     vivienda.
     c) Cuando el planeamiento los destine a usos no residenciales, se
     enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en
     los artículos siguientes».
     Veinticuatro. El artículo 92 queda redactado del siguiente modo:
     «Los municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus
     entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos, directamente e
     incluso a título gratuito, comprendidos los de los patrimonios
     públicos de suelo, con fines de promoción de viviendas, construcción
     de equipamiento comunitario u otras infraestructuras o instalaciones
     de uso público o interés social».
     Veinticinco. El artículo 102 queda redactado del siguiente modo:
     «1. En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento subjetivo
     correspondiente al propietario será el objetivo establecido en el
     planeamiento.
     2. En las operaciones aisladas de rehabilitación, siempre que se
     conserve la edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación,
     si se da la circunstancia de que la edificabilidad materializada
     históricamente supera el aprovechamiento objetivo señalado por unidad
     de superficie en el planeamiento, se tomará tal edificabilidad como
     referencia de aprovechamiento subjetivo.
     3. En el suelo urbano no consolidado el aprovechamiento subjetivo
     correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la
     propiedad el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la
     unidad de ejecución o, en su caso, del sector. En las actuaciones de
     dotación el aprovechamiento correspondiente al propietario será,
     además del anterior, el residual resultante de deducir del total el
     diez por ciento del incremento del aprovechamiento medio atribuido al
     ámbito correspondiente. El resto del aprovechamiento subjetivo
     corresponde en todo caso a la Administración.
     4. Los planes generales podrán modificar el aprovechamiento subjetivo
     en suelo urbano no consolidado conforme a las siguientes reglas:
     a) En suelo urbano no consolidado sometido a reforma interior podrá
     reducir excepcionalmente y de forma específicamente motivada el
     porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en
     aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea
     sensiblemente inferior al medio en los restantes del suelo urbano no
     consolidado.
     b) En aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas
     resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del
     suelo urbano no consolidado podrá incrementar excepcionalmente y de
     forma específicamente motivada, incluyendo estudio
     económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento
     correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por
     ciento del aprovechamiento medio de referencia.
     5. El Plan General de Ordenación Urbana podrá prever que el destino
     de los inmuebles singulares del Patrimonio Cultural Aragonés y de los
     protegidos por el planeamiento urbanístico a usos hosteleros y
     comerciales no consuma la edificabilidad correspondiente a la unidad
     de ejecución o sector».
     Veintiséis. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo 103 con la
     siguiente redacción, quedando el actual apartado tercero como
     apartado cuarto:
     «3. El Plan General podrá incrementar excepcionalmente y de forma
     específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el
     porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta
     alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de
     referencia en aquellos sectores en los que el valor de las parcelas
     resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del
     suelo urbanizable. No podrá reducirse el porcentaje de
     aprovechamiento correspondiente al Municipio en ningún caso».
     Veintisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 121 con la
     siguiente redacción:
     «4. Cualquier persona podrá instar ante el Ayuntamiento la
     declaración de incumplimiento de los plazos aplicables en el sistema
     de compensación y su sustitución conforme a lo establecido en el
     apartado anterior por el sistema de concesión de obra urbanizadora.
     El Ayuntamiento podrá optar, no obstante, por aplicar un sistema de
     actuación directa en lugar de fijar el sistema de concesión de obra
     urbanizadora».
     Artículo 3.-Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de
     medidas urgentes de política de vivienda protegida.
     Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
     «1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de acuerdo con
     ellos, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán
     establecer, en sectores o unidades de suelo urbano no consolidado o
     urbanizable cuyo uso característico sea el residencial, las
     siguientes reservas de terrenos para la construcción de viviendas
     protegidas habilitando a la Administración para tasar su precio o
     renta:
     a) En Huesca, Teruel y Zaragoza, los terrenos equivalentes, al menos,
     al cuarenta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en
     suelo urbanizable y el treinta por ciento en suelo urbano no
     consolidado.
     b) En los municipios con población de derecho superior a tres mil
     habitantes en todo caso, en los que establezcan los planes de
     vivienda aprobados por el Gobierno de Aragón, así como, mediando
     acuerdo del Consejero competente en materia de vivienda, en los
     municipios que por su relevancia territorial lo requieran, los
     terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
     edificabilidad residencial prevista en suelo urbanizable y en suelo
     urbano no consolidado.
     c) En los restantes municipios, las reservas que considere oportunas,
     que nunca serán superiores a las establecidas con carácter general en
     la letra b) anterior.
     2. Para el establecimiento de las reservas de terrenos establecidas
     en este artículo se seguirán las siguientes reglas:
     a) En suelo urbano no consolidado las reservas se computarán y
     exigirán respecto de cada unidad de ejecución o, si estuviese
     delimitado, sector de uso predominante residencial y en suelo
     urbanizable respecto de cada sector de uso predominante residencial,
     sin que en ningún caso el cómputo global pueda resultar inferior al
     porcentaje mínimo anteriormente señalado, sin perjuicio de lo
     establecido en el apartado tercero.
     b) El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada deberá
     fijar en los terrenos precisos la calificación correspondiente al uso
     de vivienda protegida de Aragón. El Plan General, cuando establezca
     la reserva sobre ámbitos que no ordene pormenorizadamente, podrá
     remitir al planeamiento de desarrollo la determinación de los
     terrenos a los que corresponderá la calificación correspondiente al
     uso de vivienda protegida de Aragón.
     c) El porcentaje de reserva de edificabilidad residencial en cada
     caso aplicable se aplicará igualmente sobre el número total de
     viviendas del ámbito de que se trate, que deberán ser igualmente
     objeto de reserva independientemente de la relación entre techo y
     vivienda resultante del planeamiento.
     d) Cuando en el ámbito correspondiente existan terrenos de los
     patrimonios públicos de suelo, la reserva se prorrateará entre los
     mismos y los de titularidad privada en función de su participación
     total en el ámbito de referencia, sin que ello condicione en modo
     alguno la equitativa distribución de los aprovechamientos
     residenciales resultantes de los procesos de gestión urbanística.
     e) Cuando no sea posible, de conformidad con la normativa sobre
     calificación de actuaciones protegidas, hacer efectivas total o
     parcialmente las reservas para la construcción de viviendas
     protegidas establecidas en esta Ley por resultar inviable la
     calificación, dichas reservas podrán sustituirse, en las condiciones
     que establezca el Gobierno de Aragón, por actuaciones de
     rehabilitación en el exterior del ámbito de actuación, o su
     equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia del
     precio de mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a
     protección y el precio máximo medio legalmente establecido para la
     vivienda protegida.
     f) La cesión de aprovechamiento que legalmente corresponda al
     Municipio se calculará aplicando el porcentaje procedente a la
     totalidad de productos inmobiliarios resultantes de la actuación
     salvo que medie acuerdo con el Municipio.
     g) Los umbrales demográficos se considerarán en el momento de la
     aprobación inicial del Plan General.
     3. No podrán aprobarse inicialmente planes urbanísticos que
     establezcan la ordenación pormenorizada incumpliendo el régimen de
     reservas sin previo acuerdo de exención del Gobierno de Aragón. Sólo
     podrá eximirse de la reserva establecida en este artículo, de manera
     excepcional y motivada, en los siguientes supuestos:
     a) En ámbitos del mismo sujetos a actuaciones consideradas de
     renovación o reforma interior conforme a la normativa urbanística. La
     exención podrá ser total o parcial en función de las mayores cargas
     de urbanización, dotacionales u otras de carácter público que, por
     sus características y ubicación, deba asumir la actuación.
     b) En otros ámbitos distintos de los anteriores, siempre que quede
     garantizado en el instrumento de ordenación correspondiente el
     cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de
     aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el
     principio de cohesión social. La exención podrá ser total o parcial y
     se compensará necesariamente, en las mismas condiciones y cuantías,
     en otros ámbitos del municipio, en la misma o diferente clase de
     suelo. En estos supuestos no podrá aprobarse definitivamente el
     planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada del ámbito
     exento antes de que haya recaído acuerdo de aprobación definitiva del
     instrumento de planeamiento que garantice dicho cumplimiento íntegro
     conforme al principio de cohesión social.
     En cualesquiera supuestos, las propuestas de exención podrán ser
     elevadas al Gobierno de Aragón únicamente por el Departamento
     competente en materia de urbanismo, a iniciativa propia o del
     Municipio correspondiente.
     4. La calificación del suelo con destino a vivienda protegida de
     Aragón tendrá carácter permanente, independientemente de la situación
     jurídica de las viviendas promovidas sobre el mismo.
     5. La Administración de la Comunidad Autónoma o los Municipios podrán
     expropiar los terrenos destinados por el planeamiento a la
     construcción de viviendas protegidas cuando su titular incumpla los
     plazos establecidos en el planeamiento para edificarlas o, en su
     defecto, el de dos años desde que la parcela correspondiente adquiera
     la condición de solar. El justiprecio se determinará conforme a lo
     establecido en el artículo 23 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
     suelo. Podrá expropiarse con beneficiario que será seleccionado
     mediante concurso conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la
     Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
     vivienda protegida.
     6. El coeficiente de ponderación del uso residencial de vivienda
     protegida será establecido en el planeamiento general y será único
     para todas las tipologías. Mediante Orden del Departamento competente
     en materia de vivienda se establecerán, justificadamente por
     referencia a su valor de mercado en relación con el característico,
     coeficientes de ponderación supletorios respecto de los establecidos
     por el planeamiento general para todo Aragón o para las concretas
     áreas geográficas que se determinen.
     7. Los Notarios y Registradores exigirán para autorizar o inscribir,
     respectivamente, proyectos de reparcelación la acreditación del
     cumplimiento del régimen de reservas establecido en esta Ley y en sus
     disposiciones de desarrollo. Se considerará acreditado el
     cumplimiento en todo caso cuando el informe autonómico al
     planeamiento habilitante así lo considere expresamente.
     Dos. Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 8 con la
     siguiente redacción:
     «3. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección,
     sumado al importe total del presupuesto de las obras de urbanización,
     no podrá exceder del veinte por ciento, o del treinta por ciento en
     el caso de viviendas de precio tasado, de la cifra que resulte de
     multiplicar el precio máximo de venta por metro cuadrado que resulte
     de aplicación por la superficie útil de las viviendas y demás
     edificaciones protegidas. En promociones que incluyan diferentes
     tipologías de vivienda protegida la repercusión de suelo se calculará
     aplicando el porcentaje que corresponda a cada tipología por la
     superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas de
     las diferentes tipologías».
     Tres. Se crea una nueva sección tercera, rubricada «Regímenes
     especiales de vivienda en alquiler», en el capítulo tercero del
     título primero con un único artículo, el 18 bis, con la siguiente
     redacción:
     «1. Las viviendas protegidas en régimen de alquiler, salvo las que
     otorguen opción de compra, podrán ser adjudicadas por la entidad
     promotora, directamente o mediante entidad interpuesta según lo
     establecido en este apartado, conforme a los criterios generales,
     requisitos y modelos de contrato aprobados por la Administración de
     la Comunidad Autónoma en los siguientes supuestos:
     a) Cuando se trate de viviendas protegidas en régimen de alquiler
     promovidas por administraciones públicas o sus entidades
     instrumentales destinadas a domicilio habitual y permanente de
     personas físicas mediante arrendamiento u otras formas de cesión
     justificadas por razones sociales, y adjudicadas, especialmente con
     fines de integración social, entre jóvenes de hasta treinta y cinco
     años, personas mayores de 65 años y sus familias, discapacitados,
     víctimas de la violencia de género o terrorista, familias numerosas,
     familias monoparentales o personas con discapacidad y sus familias u
     otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social. Estas
     viviendas podrán ser adjudicadas por la administración pública
     promotora u otras administraciones públicas o sus entidades
     instrumentales, así como, por razones de interés público o social,
     por otras entidades sin ánimo de lucro siempre que, en este último
     supuesto, se destinen a domicilio habitual y permanente de personas
     físicas mediante arrendamiento u otras formas de explotación
     justificadas por razones sociales, constituyan fórmulas intermedias
     entre la vivienda habitual y la residencia colectiva y tengan
     características adecuadas para atender a los colectivos a que se
     dirijan.
     b) Cuando se trate de viviendas de promoción privada en régimen de
     alquiler destinadas a trabajadores de la empresa promotora o de su
     grupo de empresas, en aquellos supuestos en los que, por la ubicación
     de la actividad empresarial y los elevados precios de la vivienda en
     la zona derivados del carácter predominantemente turístico del uso
     residencial, existan dificultades objetivas de alojamiento.
     c) Cuando se trate de viviendas en régimen de alquiler promovidas por
     administraciones públicas o sus entidades instrumentales destinadas a
     trabajadores con contrato de temporada en zonas en las que existan
     dificultades objetivas de alojamiento. Estas viviendas podrán ser
     adjudicadas por la administración pública promotora u otras
     administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
     d) Viviendas universitarias, en régimen de alquiler. En estos
     supuestos podrá convenirse con la universidad correspondiente la
     forma de gestión de las viviendas y el procedimiento de adjudicación.
     2. En todos los supuestos del apartado anterior no será preciso
     cumplir los requisitos de inscripción en el Registro de Solicitantes
     de Viviendas Protegidas de Aragón ni la inscripción previa de los
     adjudicatarios. No obstante, la adjudicación deberá comunicarse al
     Registro para la constancia y control del arrendamiento u ocupación
     de las viviendas, a los efectos establecidos en su normativa
     reguladora. Podrán establecerse para ello procedimientos de
     comunicación telemática.
     3. Queda habilitado el Departamento competente en materia de vivienda
     para desarrollar mediante Orden lo establecido en este artículo».
     Disposición adicional única.-Programación de sectores residenciales
     de suelo urbanizable concertado.
     1. Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este
     Decreto-ley, el Consejero competente en materia de vivienda acordará
     la formulación del catálogo de sectores residenciales de suelo
     urbanizable delimitado concertado previstos para el próximo
     cuatrienio, que se tramitará y tendrá rango de directriz sectorial de
     ordenación del territorio.
     2. La aprobación del catálogo por el Gobierno de Aragón surtirá los
     efectos establecidos en la normativa de ordenación del territorio e
     implicará, además, la declaración de interés general de las
     actuaciones incluidas en el mismo.
     3. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en
     materia de vivienda, podrá declarar el interés general de actuaciones
     en sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado
     antes de la aprobación del catálogo.
     Disposición transitoria primera.-Instrumentos urbanísticos vigentes.
     1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás instrumentos
     urbanísticos
     vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley continuarán
     aplicándose en los contenidos que no sean contrarios al mismo y se
     adaptarán a este Decreto-ley cuando se proceda a su revisión, sin
     perjuicio de la aplicación de lo establecido en las disposiciones
     transitorias segunda, tercera, cuarta, sexta y novena.
     2. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a
     través del procedimiento establecido para los planes generales en la
     legislación urbanística. En todo caso, cuando se proceda a su
     revisión deberán adaptarse a la misma.
     Disposición transitoria segunda.-Modificaciones de instrumentos
     urbanísticos vigentes.
     A las modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes que se
     aprueben inicialmente tras la entrada en vigor de este Decreto-ley
     les será de aplicación lo establecido en el artículo 72, apartados 2
     y 3 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en la redacción
     dada por este Decreto-ley.
     Disposición transitoria tercera.-Régimen aplicable a los instrumentos
     de ordenación urbanística en tramitación.
     1. Los instrumentos de ordenación urbanística inicialmente aprobados
     a la entrada en vigor de este Decreto-ley se regirán por la normativa
     aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación
     inicial, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones
     transitorias cuarta, sexta y novena.
     2. Los procedimientos de adaptación o modificación iniciados a la
     entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa aplicable en
     el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial o se
     presentó la solicitud de homologación ante la Administración de la
     Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en las
     disposiciones transitorias cuarta, sexta y novena.
     Disposición transitoria cuarta.-Régimen transitorio del suelo
     urbanizable.
     En el suelo urbanizable no delimitado clasificado bajo el régimen
     resultante de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
     y Valoraciones, y la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, no
     podrán aprobarse Planes Parciales en tanto se incorpore al
     planeamiento general el modelo de evolución urbana y ocupación del
     territorio regulado en los apartados tercero y cuarto del artículo 32
     de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, introducido por este
     Decreto-ley. Excepcionalmente, en estos supuestos, el modelo de
     evolución urbana y ocupación del territorio podrá incorporarse al
     planeamiento general por el procedimiento de modificación.
     Disposición transitoria quinta.-Régimen aplicable a los proyectos
     supramunicipales.
     El régimen de los proyectos supramunicipales establecido en este
     Decreto-ley no será de aplicación a los proyectos supramunicipales
     que hayan sido aprobados antes de su entrada en vigor salvo que el
     Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento promotor, acuerde lo
     contrario.
     Disposición transitoria sexta.-Aprovechamiento subjetivo.
     Lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 5/1999, de 25 de
     marzo, Urbanística, en la redacción dada por este Decreto-ley no será
     de aplicación cuando a su entrada en vigor se hubiesen aprobado
     inicialmente el proyecto de reparcelación, el proyecto expropiatorio
     o el proyecto de obras ordinarias correspondientes a la actuación de
     que se trate o se hubiese otorgado licencia condicionada a la
     simultánea ejecución de la urbanización.
     Disposición transitoria séptima.-Régimen transitorio de los convenios
     urbanísticos
     Quedarán sujetos a lo establecido en este Decreto-ley los convenios
     urbanísticos que no hayan sido definitivamente aprobados y suscritos
     a su entrada en vigor.
     Disposición transitoria octava.-Constitución de los patrimonios
     municipales de suelo
     1. Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor de este
     Decreto-ley sin que haya tenido lugar la constitución del patrimonio
     municipal del suelo en municipios obligados a ello se entenderá
     constituido por ministerio de la ley.
     2. La obligación de constituir el patrimonio público de suelo se
     extiende a los municipios que disponen de normas subsidiarias
     municipales, aun cuando no hayan sido adaptadas como plan general. En
     defecto de acto municipal de constitución, el patrimonio municipal
     del suelo se entenderá constituido una vez transcurran seis meses
     desde su entrada en vigor.
     Disposición transitoria novena.-Aplicación de la reserva de suelo
     para vivienda protegida
     1. El régimen de reservas establecido en este Decreto-ley se aplicará
     desde su entrada en vigor conforme a las siguientes reglas:
     a) La reserva de terrenos para la construcción de viviendas
     protegidas en suelo urbano o urbanizable, conforme a lo establecido
     en este Decreto-ley, será de aplicación en todo caso cuando se
     proceda a la revisión o modificación del planeamiento general
     vigente.
     b) En el suelo urbano no consolidado en todo caso, así como en el
     suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada hubiese sido
     definitivamente aprobada a la entrada en vigor de este Decreto-ley,
     no resultará de aplicación el régimen de reservas establecido en el
     mismo salvo que se proceda a la revisión o modificación del
     planeamiento antes de su ejecución. No obstante, será de aplicación
     el régimen de reservas establecido en este Decreto-ley cuando
     transcurran los plazos previstos para su desarrollo o en su defecto
     el de tres años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, y ésta
     no se haya llevado a efecto por causa no imputable a la
     Administración. Se entenderá que no se ha llevado a efecto el
     desarrollo cuando no se hayan aprobado todos los instrumentos de
     gestión precisos para ejecutar la urbanización y ésta se haya
     iniciado materialmente.
     c) En el suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada no hubiese
     sido definitivamente aprobada antes de la entrada en vigor de este
     Decreto-ley se aplicará el régimen de reservas establecido en el
     mismo.
     2. Cuando de conformidad con esta disposición el planeamiento de
     desarrollo haya de establecer reservas, los umbrales demográficos se
     considerarán en el momento de su aprobación inicial.
     3. Los Municipios que a la entrada en vigor de este Decreto-ley estén
     obligados a realizar reservas conforme a la normativa anterior
     continuarán estándolo, independientemente de su población, conforme
     al régimen que resulte de aplicación en cada caso.
     Disposición derogatoria única.-Derogación por incompatibilidad.
     1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
     se opongan a lo establecido en este Decreto-ley.
     2. Quedan expresamente derogados el apartado cuarto del artículo 153
     y los artículos 215 a 219 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
     Urbanística.
     Disposición final primera.-Desarrollo reglamentario.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones
     reglamentarias necesarias para el desarrollo de este Decreto-ley.
     Disposición final segunda.-Entrada en vigor.
     Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su
     publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Zaragoza, 4 de diciembre de 2007.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU
     El Consejero de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes, ALFONSO VICENTE BARRA