Rango: -LEY+
Fecha de disposición: 19990325
Fecha de Publicacion: 06/04/1999
Número de boletín: 39
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 5/1999, de 25 de marzo, urbanística.

Texto
     LEY 5/1999, de 25 de marzo, urbanística.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y
     ordeno se publique en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el "Boletín
     Oficial del Estado", todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
     artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO I
     El origen directo de la presente Ley se encuentra en el
     reconocimiento de la plenitud de la competencia de la Comunidad
     Autónoma en materia de urbanismo, tras la declaración de
     inconstitucionalidad, debida a falta de competencia del Estado, de
     buena parte de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo
     (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio), conforme a la
     Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 marzo.
     Tras la citada Sentencia, se produjo una situación de cierta
     desorientación normativa. Vacío normativo no lo ha habido realmente,
     puesto que la declaración de inconstitucionalidad del Derecho
     supletorio contenido en el Texto Refundido de 1992 iba acompañada de
     la expresa cautela de recuperación de vigencia del Derecho supletorio
     anterior (Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9
     de abril), coincidente en la casi totalidad de los casos, incluso en
     su literalidad, con las normas anuladas por falta de competencia del
     Estado.  Sin embargo, la doctrina del carácter completo del
     Ordenamiento jurídico, con el consabido rechazo de las lagunas de
     Derecho absolutas, es claro que no puede satisfacer las exigencias de
     certeza y seguridad jurídicas, máxime dentro de un sector normativo
     exigido de tan alto nivel de precisión como es el Derecho
     Urbanístico.  Por eso, la aplicación supletoria del Texto Refundido
     de 1976, tras la reviviscencia jurídica del mismo como consecuencia
     de la Sentencia constitucional 61/1997, únicamente ha podido
     considerarse solución válida con carácter transitorio, en función de
     las concretas necesidades presentadas por los procesos urbanísticos
     en la Comunidad Autónoma.  Dicho de otro modo: la realidad de la
     incompleta aplicación del Texto Refundido de 1992 en Aragón, junto
     con la ausencia de apremiantes necesidades de puesta en marcha del
     mismo, han permitido pasar al resucitado Texto de 1976 sin necesidad
     de volver a resucitar inmediatamente el de 1992, como han tenido que
     hacer otras Comunidades Autónomas. Aunque la situación no debe
     perpetuarse, siendo necesario establecer una legislación urbanística
     propia de la Comunidad Autónoma que resulte eficaz y completamente
     aplicada.
     Por otra parte, la reciente aprobación por el Estado de la Ley
     6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,
     completa el conjunto de las razones determinantes de la nueva
     legislación urbanística de la Comunidad Autónoma. En efecto, aunque
     el Estado carece de competencias directas en materia de urbanismo,
     dispone de atribuciones sobre cuestiones básicas que delimitan el
     alcance de la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas. 
     Al haberse formalizado en la Ley estatal citada la nueva legislación
     básica que más directamente incide sobre el urbanismo, es preciso,
     pues, llevar a cabo las consecuentes adaptaciones del Derecho de la
     Comunidad Autónoma.
     II
     En la oportunidad de establecer esa normativa urbanística propia de
     la Comunidad Autónoma, no conviene olvidar una importante cultura
     jurídico-urbanística que sería necio orillar por el mero prurito de
     presentar una Ley enteramente novedosa. Pero sería igualmente
     inadecuado ignorar relevantes y prácticas aportaciones, ya ensayadas
     en alguna Comunidad Autónoma, que bien pudieran resultar útiles en
     ocasiones en la nuestra. Por ello, esta Ley trata de cohonestar
     tradición y modernidad, la cultura jurídico-urbanística heredada y
     los nuevos avances técnicos en la materia. Así, al perfeccionamiento
     técnico de instrumentos tradicionales y a su adaptación a las
     necesidades de la Comunidad Autónoma se une la introducción en
     nuestro ordenamiento autonómico de algunas nuevas técnicas
     urbanísticas, con importantes correcciones y adaptaciones a la
     realidad aragonesa, especialmente en lo que respecta a la ejecución
     del planeamiento.
     Se profundiza con ello en la consolidada filosofía de nuestra
     legislación, que viene concibiendo el urbanismo como una función
     pública, consistente fundamentalmente en planificar el uso
     constructivo del territorio, ejecutar las obras --públicas-- de
     urbanización o rehabilitación, intervenir en el mercado del suelo y
     garantizar la correcta realización y conservación de las
     construcciones.
     Esa tradicional filosofía urbanística se abre en la reciente
     legislación del Estado a una participación más activa de la
     iniciativa privada, apertura que es una buena directriz normativa,
     asumida sin reticencias en la presente Ley, aunque con las cautelas
     que las responsabilidades y competencias de la Comunidad Autónoma
     exigen para mantener la función pública urbanística, conforme a las
     técnicas que constituyen los elementos vertebradores de nuestra
     cultura urbanística.
     En estas manifestaciones de aseguramiento de las raíces de la
     tradicional legislación urbanística no debe verse una suerte de
     inmovilismo normativo. Entiéndase bien el planteamiento de la Ley:
     conservar lo que no sea preciso innovar.  Las innovaciones pueden
     provenir, en primer término, de la experiencia aplicativa del Derecho
     Urbanístico, que aconseja suprimir aquellas técnicas que no parecen
     aplicables en nuestra Comunidad Autónoma, salvo recurriendo al
     establecimiento de pesados aparatos burocráticos o configurando
     hábiles fórmulas de eludir la sustancia de los contenidos legales
     formalmente ejecutados. En otras ocasiones, las innovaciones
     constituyen exigencias derivadas de la reforma de la legislación del
     Estado.
     Por último, la Comunidad Autónoma ejerce también, a través de esta
     Ley, sus propias opciones urbanísticas, desarrollando una serie de
     instrumentos que tratan de asegurar el control y dirección públicos
     de los procesos de ejecución del planeamiento en términos compatibles
     con la más amplia participación del sector privado, en garantía de la
     libre competencia.
     III
     El objeto de la Ley no es --no debe ser-- la realización de actividad
     urbanística, sino la regulación de ésta. La Ley adopta las grandes
     opciones institucionales, proporciona los instrumentos, las técnicas
     y los medios para que la Administración pueda poner en práctica el
     modelo urbanístico que se ajuste a las directrices políticas
     establecidas por el Gobierno, en el ámbito autonómico, o por el
     Ayuntamiento Pleno, en los Municipios.
     Quizá ésta sea la primera pauta original de la Ley: configurarse a sí
     misma como norma jurídica con auténtica vocación de permanencia. En
     tal sentido, viene siendo frecuente, y no sólo en relación con el
     urbanismo, que el legislador pretenda inmiscuirse en las tareas
     ejecutivas, rebasando la esfera que para su actuación delimita el
     principio de la división de los poderes.
     Algunos legisladores, quizá por su mayor implicación en las
     cuestiones aplicativas del Derecho, pretenden no ya controlar al
     correspondiente ejecutivo, sino sustituirle directamente. Pues bien,
     en todos los sectores es necesario ir configurando las
     responsabilidades respectivas. En materia urbanística, esto significa
     que el modelo de ciudad de cada experiencia, con sus características
     tradicionales y sus pautas de crecimiento, debe ser cuestión propia
     de la política ejecutiva; el legislador no ha de tomar decisiones
     particulares, limitando su esencial tarea a la configuración del
     marco normativo para el desenvolvimiento de la actividad urbanística.
     El anterior planteamiento requiere una especial intro- ducción o
     consolidación, precisamente, con respecto a la legislación
     urbanística. En efecto, buena parte de los defectos y los problemas
     de esta legislación, en los términos de nuestra experiencia, tienen
     que ver con la obsesión por poner en práctica modelos urbanísticos a
     través de la norma jurídica. modelos que, por su propia naturaleza,
     responden a las necesidades de concretas experiencias ciudadanas, con
     lo cual resultan difícilmente transportables para la solución de otro
     tipo de problemas.
     IV
     La búsqueda de un adecuado sistema normativo no debe hacerse sólo
     reivindicando el esencial carácter permanente de la regulación y su
     necesario deslinde de las tareas ejecutivas: es preciso también
     identificar el ámbito de poder ejecutivo adecuado para el desarrollo
     del urbanismo.  Esta Ley ha optado decididamente por el ámbito del
     poder municipal, entendiendo que el urbanismo es asunto de la
     competencia local.  Tal planteamiento es hoy posible una vez que la
     terminología y el sistema competencial establecidos en la
     Constitución han ayudado a deslindar los campos de las funciones
     públicas de ordenación del territorio y de urbanismo. El urbanismo es
     actuación vertebrada por el tejido ciudadano: por su conservación en
     el suelo urbano, por su formación en el suelo urbanizable, por su
     evitación en el suelo no urbanizable. Cuando en alguna ocasión se
     critica el empleo legislativo de la denominación de "suelo no
     urbanizable", resaltando su carácter negativo, quizá no se toma en
     consideración la necesaria limitación funcional a la que obedece la
     expresión. El urbanismo, entendido esencialmente como ordenación
     interna del fenómeno urbano, se completa con la ordenación del
     territorio, que regula, ante todo, el sistema de ciudades, sus
     comunicaciones y equilibrios, sus ausencias y sus límites.
     De esa manera, frente al auge de los mecanismos de intervención
     directa de las autoridades centrales de las Comunidades Autónomas en
     el planeamiento, la ejecución y la disciplina urbanística, esta Ley
     ha decidido potenciar las competencias municipales.
     Ilustra bien tal tendencia la atribución regular de la actividad
     urbanística pública a los Municipios, completada, en las fórmulas
     generales, por la caracterización de las competencias de la
     Administración de la Comunidad Autónoma como competencias de
     atribución y, en las fórmulas específicas, por el aumento de las
     facultades concretas de los Municipios y la disminución de las
     posibilidades de control administrativo de su ejercicio.  Esta clara
     potenciación del ámbito de intereses y responsabilidades municipales
     no significa, sin embargo, que la Administración de la Comunidad
     Autónoma quede desapoderada por completo para el ejercicio de sus
     competencias territoriales. Se persigue más bien reconducir cada
     actuación administrativa al círculo de intereses públicos que le
     corresponde asegurar. Por eso, la Administración de la Comunidad
     Autónoma dispone de mecanismos adecuados para asegurar la prevalencia
     de sus decisiones en materia de ordenación territorial, mecanismos
     como pueden ser la competencia de aprobación definitiva de los Planes
     Generales, que la Ley modula por criterios correspondientes a los
     intereses de ordenación territorial. La Ley regula también la figura
     de los Proyectos Supramunicipales, que permiten al Gobierno de Aragón
     realizar, directamente o amparando a la iniciativa privada,
     actividades, obras y edificaciones de especial trascendencia
     territorial.
     V
     La Ley potencia el planeamiento urbanístico municipal, sobre todo a
     través del Plan General de Ordenación Urbana, que se constituye en la
     única figura de planeamiento general admitida. Ahora bien, para
     posibilitar su utilización en todos los casos, se han establecido
     contenidos diferenciados del Plan General, atendiendo a la
     envergadura de los Municipios. Habida cuenta de la gran dispersión
     del mapa municipal aragonés, se ha distinguido a los pequeños
     municipios, de menos de quinientos habitantes, y, parcialmente,
     también a los de menos de dos mil habitantes, previendo un contenido
     más ligero del correspondiente Plan General.
     Diversas reglas tratan de agilizar la tramitación de todo el
     planeamiento urbanístico, evitando la repetición de trámites o
     concentrando su práctica. En la misma línea, se ha promovido la
     estabilidad del Plan General, permitiendo modificaciones de sus
     elementos no esenciales conforme a las reglas de aprobación de los
     Planes Parciales.  La iniciativa privada se concentra en el
     planeamiento de desarrollo, puesto que el Plan General se reserva al
     Municipio, tanto en su aprobación como, ya antes, en la competencia
     exclusiva para su formulación. No puede ser de otra manera: los
     particulares que deseen promover suelo en Municipios carentes de Plan
     General habrán de convencer a los respectivos Ayuntamientos de su
     necesidad y del consecuente inicio de la formación del Plan,
     prevaleciendo así, en todo caso, la voluntad de los órganos de la
     democracia representativa en esa decisión básica sobre la
     organización territorial colectiva.  Ahora bien, en el ámbito
     adecuado para el desenvolvimiento de la iniciativa privada, la Ley
     introduce diversos mecanismos que tienden a fomentarla. Así, la
     iniciativa privada conforma un apartado especial en los
     procedimientos de aprobación de los Planes Parciales y de los
     Estudios de Detalle, que se configuran como procedimientos tipo, con
     las necesarias adaptaciones, para otros instrumentos urbanísticos
     (Planes Especiales, Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano,
     Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reparcelación). La
     sustitución de la actividad estrictamente administrativa por la
     iniciativa privada para los trámites de información y audiencia
     públicas puede ser, en tal sentido, un mecanismo que agilice la
     tramitación burocrática de los instrumentos urbanísticos.
     VI
     La promoción de la iniciativa privada en materia de urbanismo ha sido
     eje vertebrador de las últimas reformas de la legislación del Estado. 
     No obstante, la traducción práctica de esa premisa requiere no sólo
     atemperar los intereses privados con los públicos confiados a las
     diversas Administraciones Públicas implicadas en el urbanismo;
     también es preciso compaginar entre sí los diferentes intereses
     particulares afectados.  La Ley pretende asegurar un alto grado de
     pluralismo en la promoción territorial, objetivo que sirve para
     vertebrar distintas previsiones normativas en materia de
     clasificación del suelo, aprovechamiento urbanístico, instrumentos de
     ejecución del planeamiento y sistemas de actuación.
     Así, en primer lugar, la Ley introduce matices en la clasificación
     del suelo, permitiendo varias categorías dentro de las tres clases de
     suelo establecidas por la legislación estatal: en el suelo urbano,
     cabrá distinguir entre el consolidado y el no consolidado, a efectos
     de diferenciar los terrenos que precisan completar la urbanización;
     en el suelo no urbanizable, seguirán planteándose las dos categorías
     ya conocidas del suelo no urbanizable genérico y especial,
     regulándose en la primera los tradicionales mecanismos de
     autorización de ciertos usos y construcciones; en el suelo
     urbanizable, se diferenciarán el suelo delimitado y el no delimitado,
     con la finalidad de permitir el ejercicio por el Municipio de sus
     funciones de garantía del desarrollo urbano racional, pero sin ahogar
     toda posibilidad de desenvolvimiento de la iniciativa privada.
     El aprovechamiento urbanístico correspondiente al propietario toma
     distintos puntos de referencia, en función de las distintas clases y
     categorías, que permiten ir ampliando, sin grandes problemas
     aplicativos, el punto de referencia para el cumplimiento del
     principio de equidistribución. Así, mientras en suelo urbano
     consolidado el aprovechamiento apropiable se refiere a cada parcela,
     en suelo urbano no consolidado deberá tenerse en cuenta el
     aprovechamiento medio de la unidad de ejecución; en suelo urbanizable
     delimitado, el aprovechamiento medio de toda esa categoría de suelo,
     y en suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento medio del
     correspondiente sector.
     La ejecución del planeamiento habrá de plantearse, normalmente, a
     través de Proyectos de Urbanización, aunque la Ley regula también
     otros instrumentos que pueden flexibilizar mucho la práctica de la
     gestión urbanística sin mengua de las garantías que el interés
     público exige. En primer lugar, se regulan los Proyectos de Obras
     Ordinarias, exigiendo la aprobación de sus características generales
     por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública.
     En segundo término, los Proyectos Supramunicipales sirven de válvula
     de escape para la realización de actividades industriales, de
     servicios y edificatorias que reúnan ciertas características, así
     como para legitimar obras públicas sectoriales. Por fin, la
     regulación de los convenios urbanísticos entre Administraciones y con
     particulares ha de contribuir a colmar un conocido vacío de la
     práctica urbanística, introduciendo pautas de adecuada
     flexibilización de ésta.
     La Ley amplía notablemente los sistemas de actuación, configurándolos
     directamente como formas de gestión de una actividad pública, la
     actividad urbanizadora. Se pone fin, así, en la Comunidad Autónoma, a
     la anterior distinción entre sistemas públicos y privados, complicada
     por la posibilidad de gestión de los primeros mediante formas
     directas o indirectas, de manera que terminaba dándose la posibilidad
     de sistemas públicos de gestión privada. En la Ley aragonesa, la
     urbanización es siempre una función pública, que se gestiona
     directamente por la Administración, en los sistemas de expropiación y
     cooperación, o indirectamente, por un urbanizador, propietario o no
     --aunque éste goza de una amplia preferencia en el caso de que decida
     ejecutar por sí mismo la urbanización--, mediante los sistemas de
     compensación, ejecución forzosa o concesión de obra urbanizadora.
     VII
     La utilización directa de los conceptos permite comprender mejor el
     alcance de las potestades administrativas. Urbanizar es una función
     pública, gestionada con mayor o menor colaboración privada; pero, al
     mismo tiempo, urbanizar genera una serie de obligaciones que incumben
     al propietario del suelo. No son términos incompatibles: corresponde
     a la Administración la decisión de urbanizar y la responsabilidad de
     su gestión, a costa de quien tiene el deber de sufragar la obra
     urbanizadora y, en su caso, de ejecutarla, salvo que estos deberes se
     supriman mediante la expropiación forzosa. El propietario puede
     urbanizar por sí mismo, asumiendo el coste de la actuación, o pagar
     dicho coste a la Administración o a quien actúe como urbanizador en
     lugar de la misma. Lo que la Ley trata de impedir en todo caso es que
     se encuentre en situación de impedir el desarrollo urbano cuando éste
     sea considerado necesario por la Administración: en tal caso, si el
     propietario no actúa, podrá hacerlo la propia Administración o un
     tercero, el urbanizador, como gestor de la obra urbanizadora.
     El establecimiento de ese deber del propietario resulta esencial para
     comprender el proceso de urbanización. El propietario no ha de
     configurarse como institución enfrentada al empresario de cara al
     desarrollo de la urbanización. Las teorizaciones doctrinales que
     pretenden disociar, incluso en términos constitucionales, propiedad y
     empresa, llevan a consecuencias difícilmente admisibles. En efecto,
     el propietario al que no correspondiera el deber de urbanizar se
     convertiría en un especulador legal, y, paralelamente, el empresario
     que pudiera imponer la urbanización al propietario pasaría a ser un
     usurpador legal. La necesaria compaginación de los diversos intereses
     constitucionalmente protegidos debe llevar al establecimiento de
     fórmulas que impidan el enfrentamiento entre los mismos. En tal
     sentido, por una parte, no hay ningún impedimento constitucional en
     configurar obligaciones positivas de los propietarios; por otra
     parte, tampoco hay ningún inconveniente en prever mecanismos de
     fomento empresarial para que la urbanización se lleve en todo caso a
     la práctica. Así, se ha procurado configurar el sistema de concesión
     de obra urbanizadora de manera que permita combinar la protección de
     ambas esferas de intereses privados, dentro del respeto al carácter
     público de la urbanización.
     Propiedad y empresa son términos complementarios en la práctica
     urbanística. El propietario, de este modo, tiene un derecho
     preferente a afrontar la acción urbanizadora que justifica la
     posibilidad que la Ley le otorga de subrogarse en la condición de
     urbanizador, asumiendo íntegramente su posición jurídica. A su vez,
     el empresario no propietario podrá intervenir como urbanizador cuando
     la Administración considere adecuada la ejecución de una actuación
     urbanizadora y los propietarios no deseen ejecutarla por sí mismos. 
     Así, la propiedad del suelo otorga a su titular, frente a otros
     particulares, el derecho preferente a ejecutar la urbanización, al
     tiempo que comporta, en todo caso, el deber de sufragar su coste. En
     cualquier caso, queda plenamente garantizado el carácter de función
     pública de la acción urbanizadora.
     VIII
     La Ley ha adoptado medidas para asegurar el correcto uso del
     territorio urbano, mediante los deberes de edificación y de
     conservación urbanística.  Conforme al primer aspecto, se trata de
     introducir alguna claridad en el complejo panorama de las licencias
     municipales. La Ley sistematiza y define los tipos más importantes de
     licencias municipales, tratando de aclarar las relaciones entre ellas
     e imponiendo, cuando es posible, la resolución única sobre diversas
     licencias de competencia municipal.
     Conforme al segundo aspecto, la Ley lleva a sus últimas consecuencias
     el reconocimiento de un límite al deber de conservación de las
     edificaciones, ligando mecanismos subvencionales a la regulación de
     las órdenes de ejecución y las declaraciones de ruina. La declaración
     de ruina de las edificaciones va a poder, así, insertarse en el mismo
     procedimiento de las órdenes de ejecución, que concretan el alcance
     del deber de conservación del propietario. Por una parte, se dan
     importantes facultades al Ayuntamiento para colaborar con el
     propietario en el mantenimiento de las edificaciones; por otra, se
     establece la situación de ruina como el límite de colaboración
     exigible al propietario. Para asegurar la prevalencia del interés
     público, sin embargo, se permite que el Ayuntamiento altere el estado
     de ruina, asumiendo las obras que excedan de la obligación del
     propietario.
     También se ha procurado clarificar al máximo los mecanismos de
     disciplina urbanística. Esta aparece reforzada por la regulación de
     la inspección urbanística, sin la cual carecen de viabilidad práctica
     tanto las medidas de protección de la legalidad urbanística como el
     régimen sancionador. Las mayores novedades, en el primer aspecto, se
     refieren a la clara identificación del ámbito propio de la
     competencia municipal, sin prever injerencias de otras
     Administraciones Públicas, que cabría considerar contrarias al
     principio constitucional de la autonomía municipal.
     En la materia sancionadora, se ha procurado perfilar los tipos de las
     diferentes infracciones y las sanciones pertinentes, cuyas cuantías
     pecuniarias expresa directamente la Ley, sin perjuicio de asegurar la
     privación de todo beneficio ilícito.
     Por último, en la línea de adaptar la legislación urbanística a las
     necesidades de la Comunidad Autónoma, la Ley destina un título a las
     especialidades del régimen urbanístico de los pequeños Municipios:
     especialidades referidas al Plan General, cuyo contenido se
     flexibiliza notablemente, y también especialidades para atender las
     típicas necesidades del llamado autoconsumo urbanístico. En tal
     sentido, recogiendo útiles experiencias, la Ley regula la figura de
     las zonas periféricas, alrededor del suelo urbano, junto con otras
     medidas que pretenden facilitar la adaptación de la norma a los
     pequeños Municipios.
     TITULO PRELIMINAR
     Artículo 1.--Objeto.
     1. Esta Ley tiene por objeto regular la actividad urbanística,
     pública y privada, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2. La actividad urbanística comprende el conjunto de actuaciones
     relativo a la clasificación, el planeamiento, la urbanización, la
     intervención en el mercado del suelo y el uso del mismo.
     Artículo 2.--Finalidades.
     La actividad urbanística tiene por finalidades garantizar, en los
     términos constitucionales, el derecho a disfrutar de una vivienda
     digna y adecuada, el derecho a disfrutar de un medio ambiente
     adecuado para el desarrollo de la persona y la conservación,
     promoción y enriquecimiento del Patrimonio Cultural Aragonés.
     Artículo 3.--Función pública.
     La dirección y el control de la actividad urbanística constituye una
     función pública que los órganos competentes llevarán a cabo,
     desarrollándola, en el caso de que se considere adecuado, en
     colaboración con la iniciativa privada.
     Artículo 4.--Administración de la Comunidad Autónoma.
     1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la
     función pública de ordenación del territorio y el ejercicio de las
     competencias urbanísticas que expresamente le hayan sido atribuidas.
     2. Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio de
     Huesca, Teruel y Zaragoza y el Consejo de Ordenación del Territorio
     de Aragón son órganos colegiados de la Administración de la Comunidad
     Autónoma, con funciones activas y consultivas en materia de
     urbanismo, cuya composición se determinará reglamentariamente.
     3. Las competencias urbanísticas que se atribuyeran a la
     Administración de la Comunidad Autónoma sin indicar el órgano
     competente para ejercerlas, corresponderán al titular del
     Departamento competente en materia de urbanismo.
     Artículo 5.--Municipios.
     1. Con carácter general, la actividad urbanística pública corresponde
     a los Municipios, que ejercerán cuantas competencias en materia
     urbanística no estén expresamente atribuidas a otras
     Administraciones.
     2. La Administración de la Comunidad Autónoma fomentará la
     constitución de mancomunidades municipales, especialmente en el
     ámbito comarcal, para el ejercicio en común de las competencias
     urbanísticas de varios Municipios.
     Artículo 6.--Iniciativa privada.
     Los particulares, en los términos previstos por la legislación y el
     planeamiento urbanístico que resulten de aplicación, podrán colaborar
     libremente con la Administración Pública en el desarrollo de la
     actividad urbanística.
     Artículo 7.--Participación.  En el desarrollo de la actividad
     urbanística, y especialmente en la formulación, tramitación y
     ejecución del planeamiento, las Administraciones Públicas competentes
     deberán fomentar la participación de los particulares.
     Artículo 8.--Entidades urbanísticas colaboradoras.
     1. La participación en la gestión urbanística podrá tener lugar
     mediante la creación de entidades urbanísticas colaboradoras con
     personalidad jurídica propia y, cuando así resulte conveniente,
     naturaleza administrativa.
     2. La creación y pertenencia a estas entidades serán obligatorias en
     los supuestos que se determinen por esta Ley y por sus normas de
     desarrollo.
     Artículo 9.--Deber de colaboración.
     Los Municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y todos
     los organismos, entidades y agentes públicos o privados
     intervinientes en la actividad urbanística, tienen el deber de
     colaborar para el mejor cumplimiento de la legislación y el
     planeamiento reguladores de dicha actividad, dentro del ámbito de sus
     competencias o responsabilidades.
     Artículo 10.--Acción pública.
     1. Será pública la acción para exigir ante los órganos
     administrativos y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
     mediante los correspondientes recursos o acciones, la observancia de
     la legislación y el planeamiento reguladores de la actividad
     urbanística.
     2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se
     consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las
     mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la
     adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.
     TITULO PRIMERO clasificación del suelo
     CAPITULO I disposiciones generales
     Artículo 11.--Régimen del suelo.
     El régimen urbanístico del suelo será el establecido en la
     legislación del Estado, con las especificaciones de desarrollo y
     complementarias que se incluyen en la presente Ley y, por remisión de
     ellas, en el planeamiento, de acuerdo con la clasificación y la
     calificación urbanística de los predios.
     Artículo 12.--Clasificación.
     1. Corresponde al Plan General la clasificación de todo el suelo del
     término municipal, incluido el destinado a sistemas generales, en
     urbano, urbanizable y no urbanizable, sin perjuicio de lo establecido
     para la zona periférica de los pequeños municipios en el título
     octavo de esta Ley.
     2. En los Municipios que carezcan de Plan General, el suelo que no
     tenga la condición de urbano tendrá la consideración de suelo no
     urbanizable.
     CAPITULO II suelo urbano
     Artículo 13.--Concepto.
     Tendrán la condición de suelo urbano: a) Los terrenos ya
     transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla
     urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como
     suministro de energía eléctrica, de características adecuadas para
     servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
     construir.
     b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por
     la edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie
     edificable, siempre que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en
     ejecución del Plan, los requisitos establecidos en el apartado
     anterior.
     c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido
     urbanizados de acuerdo con el mismo.
     Artículo 14.--Categorías.
     1. El Plan General distinguirá las categorías de suelo urbano
     consolidado y suelo urbano no consolidado.
     2. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los
     terrenos del suelo urbano que el Plan General defina expresamente por
     estar sometidos a procesos integrales de urbanización, renovación o
     reforma interior. Todo el suelo urbano restante tendrá la
     consideración de suelo urbano consolidado.
     Artículo 15.--Solar.
     Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano
     aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos: a) Si
     existe planeamiento, que estén urbanizadas con arreglo a las normas
     mínimas establecidas en cada caso por el mismo, debiendo tener en
     todo caso señaladas alineaciones y rasantes.
     b) Si no existiere planeamiento o si éste no concretare los
     requisitos, se precisará que, además de contar con acceso rodado,
     abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía
     eléctrica, en los términos señalados en el apartado a) del artículo
     13 de esta Ley, la vía a que la parcela dé frente tenga completamente
     pavimentada la calzada, alumbrado público y encintado de aceras. En
     este supuesto de ausencia de determinaciones suficientes del
     planeamiento, la cualidad de solar se aplicará, como máximo, a la
     superficie de la parcela contenida en la o las líneas paralelas a los
     viales pavimentados con una profundidad de veinte metros.
     Artículo 16.--Derecho y deber de edificar.
     1. Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho y el deber de
     completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la
     condición de solares y de edificarlos en las condiciones y plazos que
     en cada caso establezca el planeamiento.  2. No podrá ser edificado
     terreno alguno que no merezca la condición de solar, salvo que se
     asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación
     mediante aval u otras garantías reglamentariamente establecidas.  3. 
     Sin embargo, en casos justificados, podrán autorizarse, mediante
     licencia municipal, construcciones destinadas a fines industriales en
     las zonas permitidas, cuando la seguridad, salubridad y protección
     del medio ambiente quedaren suficientemente atendidas y el
     propietario asumiera las obligaciones que le correspondan, conforme a
     los artículos siguientes, mediante inscripción en el Registro de la
     Propiedad.
     4. Excepcionalmente, podrá otorgarse licencia municipal para usos y
     obras de carácter provisional que no dificulten la ejecución del
     planeamiento, y que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin
     indemnización alguna cuando lo acordare el Ayuntamiento. La licencia,
     bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará
     constar en el Registro de la Propiedad.
     Artículo 17.--Obligaciones en suelo urbano consolidado.
     En suelo urbano consolidado, los propietarios tienen las siguientes
     obligaciones: a) Completar a su costa la urbanización necesaria para
     que los terrenos alcancen la condición de solar.
     b) Ceder gratuitamente al Municipio los terrenos afectados por las
     alineaciones y rasantes establecidas, en proporción no superior al
     quince por ciento de la superficie de la finca.
     c) Proceder a la regularización de las fincas para adaptar su
     configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuere preciso
     por ser su superficie inferior a la parcela mínima, o su forma,
     inadecuada para la edificación.
     Artículo 18.--Obligaciones en suelo urbano no consoli- dado.
     En suelo urbano no consolidado, los propietarios tienen las
     siguientes obligaciones: a) Proceder a la distribución equitativa de
     los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad
     al inicio de la ejecución material del mismo.
     b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el
     planeamiento, las obras de urbanización correspondientes a las
     dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas
     generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.
     c) Ceder gratuitamente al Municipio los terrenos destinados a las
     dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos en la unidad
     de ejecución o adscritos a la misma.
     d) Ceder gratuitamente al Municipio el suelo correspondiente al diez
     por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución. El
     Municipio no participará en los costes de urbanización
     correspondiente a dicho suelo.
     CAPITULO III suelo no urbanizable
     Sección 1.ª disposiciones generales
     Artículo 19.--Concepto.
     Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos en que
     concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que deban
     incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial
     de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las
     Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de
     los Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus
     valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función de su
     sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
     público.
     b) Que el Plan General considere necesario preservar por los valores
     a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, por su valor
     agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como
     aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano.
     Artículo 20.--Categorías.
     1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías de suelo
     no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial.
     2. Tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial los
     terrenos del suelo no urbanizable a los que el Plan General reconozca
     tal carácter y en todo caso los enumerados en la letra a) del
     artículo anterior y los terrenos que, en razón de sus
     características, puedan presentar graves y justificados problemas de
     índole geotécnica, morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo
     natural que desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico
     por los riesgos para la seguridad de las personas y los bienes.
     3. Los restantes terrenos del suelo no urbanizable se sujetarán al
     régimen del suelo no urbanizable genérico.
     Artículo 21.--Destino.
     1. Los propietarios del suelo no urbanizable tendrán derecho a usar,
     disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad de conformidad
     con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a fines
     agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales,
     extractivos y otros vinculados a la utilización racional de los
     recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso,
     establezcan las leyes o el planeamiento.
     2. En esta clase de suelo quedan prohibidas las parcelaciones que den
     lugar a núcleos de población conforme a la definición del artículo
     179 de esta Ley, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse
     divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en
     contra del régimen de las unidades mínimas de cultivo o de lo
     dispuesto en la legislación forestal, agraria o de similar
     naturaleza, salvo cuando se trate de concentrar propiedades
     colindantes.
     Artículo 22.--Suelo no urbanizable especial.
     En el suelo no urbanizable especial está prohibida cualquier
     construcción, actividad o utilización que implique transformación de
     su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera
     proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por
     las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación
     de los Recursos Naturales, la legislación sectorial o el planeamiento
     urbanístico. Cualquier proyecto de construcción, actividad o
     utilización que no esté prevista en los anteriores instrumentos y que
     pudiera llevarse a cabo en esta categoría de suelo, en función de la
     entidad de la construcción, observará el procedimiento establecido en
     la legislación de evaluación de impacto ambiental.
     Sección 2.ª suelo no urbanizable genérico
     Artículo 23.--Construcciones sujetas a licencia municipal.
     En suelo no urbanizable genérico, los Ayuntamientos podrán autorizar,
     mediante la licencia de obras, de conformidad con el régimen
     establecido, en su caso, en el Plan General o en el planeamiento
     especial, y siempre que no se lesionen los valores determinantes de
     la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes
     construcciones e instalaciones: a) Las destinadas a las explotaciones
     agrarias y, en general, de los recursos naturales o relacionadas con
     la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de personas
     que deban permanecer permanentemente en la correspondiente
     explotación.
     b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
     obras públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer
     permanentemente en el lugar de la correspondiente construcción o
     instalación.
     c) En los Municipios que cuenten con Plan General, los edificios
     aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no
     exista posibilidad de formación de un núcleo de población, conforme
     al concepto de éste establecido en el artículo 179, párrafo 2, de
     esta Ley. Salvo que el planeamiento prohíba este tipo de
     construcciones o establezca condiciones más severas, se exigirá que
     los edificios no rebasen los trescientos metros cuadrados de
     superficie construida, así como que las parcelas tengan, al menos,
     diez mil metros cuadrados de superficie y que queden adscritas a la
     edificación, manteniéndose el uso agrario de las mismas o, en su
     defecto, con plantación de arbolado.
     Artículo 24.--Construcciones sujetas a autorización especial.
     En suelo no urbanizable genérico podrán autorizarse, siguiendo el
     procedimiento regulado en el artículo siguiente y de conformidad con
     el régimen establecido, en su caso, en el Plan General o en el
     planeamiento especial, y siempre que no se lesionen los valores
     protegidos por la clasificación del suelo como no urbanizable, las
     siguientes construcciones e instalaciones: a) Construcciones e
     instalaciones que quepa considerar de interés público y hayan de
     emplazarse en el medio rural, cuando no requieran la ocupación de más
     de tres hectáreas de terreno ni exijan una superficie construida
     superior a cinco mil metros cuadrados. En presencia de magnitudes
     superiores, se seguirá el procedimiento establecido para los
     Proyectos Supramunicipales en los artículos 76 a 81 de esta Ley.
     b) Obras de renovación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos
     deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales
     antiguos, siempre que se mantengan las características tipológicas
     externas tradicionales propias de tales construcciones. La
     autorización podrá implicar un cambio de uso respecto al original del
     edificio, así como la división del mismo en varias viviendas cuando
     su tamaño lo permita. También podrán autorizarse las obras necesarias
     para la implantación de los servicios urbanísticos que requieran las
     renovaciones, aunque, cuando estas obras tengan un carácter global en
     el núcleo afectado, cabrá exigir el correspondiente Plan Especial
     para la dotación de infraestructuras.
     c) En los Municipios que no cuenten con Plan General, los edificios
     aislados destinados a vivienda unifamiliar, con arreglo a los mismos
     requisitos establecidos en la letra c) del artículo anterior.
     Artículo 25.--Procedimiento especial de autorización.
     1. El procedimiento para resolver sobre la autorización procedente en
     los casos establecidos en el artículo anterior será el siguiente: a)
     Solicitud del interesado ante el Ayuntamiento, expresando las
     características fundamentales de la construcción o instalación, su
     emplazamiento, construcciones existentes en un radio de quinientos
     metros, soluciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y
     evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos.
     b) Sometimiento simultáneo de la solicitud y su documentación a
     información pública y a informe de la Comisión Provincial de
     Ordenación del Territorio por plazo de dos meses. El informe de ésta
     será vinculante cuando proponga la denegación de la autorización,
     siempre que se comunique dentro de plazo al Ayuntamiento.
     c) Resolución definitiva por el Ayuntamiento, sin perjuicio de la
     licencia de obras correspondiente.
     2. En caso de inactividad municipal, transcurridos tres meses desde
     la solicitud, el particular podrá promover el trámite de información
     pública por iniciativa privada, conforme a lo establecido en la
     disposición adicional quinta de esta Ley, y remitir directamente la
     documentación a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio,
     comunicándolo al Ayuntamiento. Si transcurren tres meses más sin que
     el Ayuntamiento resolviera ni la Comisión Provincial emitiera informe
     negativo, se entenderá obtenida la autorización, que se acreditará
     mediante la correspondiente certificación municipal, en los términos
     establecidos en la legislación del procedimiento administrativo
     común, sin perjuicio de la licencia de obras.
     CAPITULO IV suelo urbanizable
     Artículo 26.--Concepto.
     Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que no
     tengan la condición de suelo urbano ni de suelo no urbanizable y sean
     clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible
     transformación, a través de su urbanización, en las condiciones
     establecidas en el mismo.
     Artículo 27.--Categorías.
     1. El Plan General podrá distinguir las categorías de suelo
     urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado.
     2. Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los
     sectores de urbanización prioritaria previstos por el Plan General
     para garantizar un desarrollo urbano racional. Todo el suelo
     urbanizable restante tendrá la consideración de suelo urbanizable no
     delimitado.
     Artículo 28.--Derecho y deber de urbanizar.
     1. El derecho y el deber de urbanizar el suelo urbanizable se
     adquiere por la aprobación definitiva del Plan Parcial o Especial
     correspondiente.
     2. El ejercicio del derecho y el deber de urbanizar se producirá de
     conformidad con los preceptos de esta Ley que ordenan la ejecución
     del planeamiento y las formas de gestión de la actividad
     urbanizadora.
     Artículo 29.--Obligaciones.
     En suelo urbanizable, los propietarios tienen las mismas obligaciones
     que las establecidas en el artículo 18 de esta Ley para los
     propietarios en suelo urbano no consolidado, con la salvedad de que
     la cesión gratuita al Municipio se referirá al diez por ciento del
     aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado o, tratándose
     de suelo urbanizable no delimitado, del sector. La cesión no
     comportará ninguna obligación municipal de participar en los costes
     de urbanización.
     Artículo 30.--Suelo urbanizable delimitado.
     1. El propio Plan General establecerá las condiciones para el
     desarrollo del suelo urbanizable delimitado.
     2. En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado
     la correspondiente ordenación detallada que permita la urbanización,
     sólo excepcionalmente podrá otorgarse licencia municipal para usos y
     obras de carácter provisional no prohibidos por el Plan General, que
     habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna
     cuando lo acordare el Ayuntamiento. La licencia, bajo las indicadas
     condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el
     Registro de la Propiedad.
     Artículo 31.--Suelo urbanizable no delimitado.
     En el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se haya aprobado
     el correspondiente Plan Parcial, se aplicará el mismo régimen
     establecido para el suelo no urbanizable genérico en los artículos 23
     a 25 de esta Ley, y sus propietarios tendrán los derechos y deberes a
     que se refiere el artículo 21 de la misma.
     TITULO SEGUNDO planeamiento urbanístico
     CAPITULO I Plan General de Ordenación Urbana
     Sección 1.ª contenido
     Artículo 32.--Concepto.
     1. El Plan General de Ordenación Urbana, como instrumento de
     ordenación integral, abarcará uno o varios términos municipales
     completos, clasificará el suelo para el establecimiento del régimen
     jurídico correspondiente y definirá los elementos fundamentales de la
     estructura general adoptada para la ordenación urbanística del
     territorio.
     2. El Plan General habrá de respetar las determinaciones vinculantes
     de las Directrices de Ordenación del Territorio y de los Planes de
     Ordenación de los Recursos Naturales que resulten aplicables. En su
     memoria se motivará toda eventual falta de seguimiento de las
     determinaciones indicativas de tales instrumentos.
     Artículo 33.--Determinaciones generales.
     El Plan General contendrá las siguientes determinaciones de carácter
     general: a) Clasificación del suelo, con sus categorías y
     calificación urbanística, indicando las correspondientes
     delimitaciones y superficies.
     b) Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los
     elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, el
     sistema de núcleos de población y los sistemas generales de
     comunicación, equipamiento comunitario y otros.  c) En especial, el
     sistema general urbanístico de espacios libres públicos destinados a
     parques y áreas de ocio, expansión y recreo, que se establecerá en
     proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante, sin
     incluir en el cómputo espacios naturales protegidos, grandes zonas
     verdes suburbanas ni dotaciones locales.
     d) Medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de
     la naturaleza y la tutela del Patrimonio Cultural Aragonés, de
     conformidad con la legislación apli- cable.
     e) Delimitación de uno o varios núcleos históricos tradicionales,
     donde la ordenación urbanística no permita la sustitución
     indiscriminada de edificios y exija que su conservación,
     implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología
     histórica.
     f) Reservas que, en su caso, se consideren necesarias para viviendas
     sujetas a algún régimen de protección pública en suelo urbano o
     urbanizable. Tales reservas en ningún caso superarán el veinte por
     ciento del aprovechamiento urbanístico objetivo correspondiente, sin
     incluir en el cómputo el Patrimonio Municipal del Suelo.
     g) Circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente, en su
     momento, la revisión del Plan, en función de la población total y su
     índice de crecimiento, de los recursos, usos e intensidad de
     ocupación, del modelo de desarrollo adoptado y de los demás elementos
     que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada.
     Artículo 34.--Suelo urbano consolidado.
     En suelo urbano consolidado, el Plan General contendrá las siguientes
     determinaciones: a) Asignación y ponderación de usos, intensidades y
     tipologías edificatorias de las diferentes zonas.  b) Delimitación o
     emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo,
     centros docentes y dotaciones o equipamientos ambientales,
     sanitarios, religiosos, educativos, culturales, asistenciales y demás
     servicios de interés social.  c) Trazado y características de las
     redes de comunicaciones y servicios y de su conexión con los
     correspondientes sistemas generales.  d) Señalamiento de
     alineaciones, rasantes y previsión de aparcamientos.
     e) Establecimiento de plazos para la edificación y reglamentación
     detallada de las condiciones sanitarias, higiénicas y estéticas de
     las construcciones y los terrenos y de su entorno.
     Artículo 35.--Suelo urbano no consolidado.
     1. En suelo urbano no consolidado, cuando el Plan General prevea
     actuar directamente a través de unidades de ejecución, incluirá,
     además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior,
     el aprovechamiento medio de la unidad de ejecución.
     2. En suelo urbano no consolidado, cuando el Plan General establezca
     sectores precisados de Plan Especial de Reforma Interior, contendrá
     las siguientes determinaciones: a) Delimitación de su perímetro.
     b) Condiciones, plazos y prioridades para la urbanización de los
     diferentes sectores.
     c) Asignación de intensidades, tipologías edificatorias y usos
     globales en las diferentes zonas que se establezcan.
     d) Aprovechamiento medio del sector.
     e) Las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los
     sistemas generales.
     3. En su caso, el Plan General podrá señalar el sistema o sistemas de
     actuación previstos, incluso con carácter alternativo, en las
     unidades de ejecución que delimite.
     Artículo 36.--Suelo no urbanizable.
     En suelo no urbanizable, el Plan General contendrá las siguientes
     determinaciones: a) Régimen de protección diferenciada de los
     terrenos incluidos en las categorías de suelo no urbanizable genérico
     o especial, indicando las actividades prohibidas, con el fin de
     garantizar la conservación, protección y mejora de todos los recursos
     naturales y de los valores paisajísticos, ambientales, culturales y
     económicos.
     b) Señalamiento de las actuaciones y usos previstos o que puedan ser
     autorizados, con establecimiento de las correspondientes condiciones
     urbanísticas de los mismos.
     Artículo 37.--Suelo urbanizable delimitado.
     En suelo urbanizable delimitado, el Plan General contendrá las
     siguientes determinaciones: a) División en sectores para su
     desarrollo en Planes Parciales.
     b) Condiciones, plazos y prioridades para la urbanización de los
     diferentes sectores.  c) Desarrollo de los sistemas generales con la
     precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales.
     d) Trazado de las redes fundamentales de comunicaciones y servicios.
     e) Asignación de intensidades y usos globales a las diferentes zonas
     que se establezcan.
     f) Aprovechamiento medio de cada sector y de todo el suelo
     urbanizable delimitado.
     g) En su caso, el Plan General podrá señalar el sistema o sistemas de
     actuación previstos, incluso con carácter alternativo, para la
     ejecución de los diferentes sectores.
     Artículo 38.--Suelo urbanizable no delimitado.
     En suelo urbanizable no delimitado, el Plan General establecerá
     criterios para delimitar los correspondientes sectores, tales como
     los relativos a magnitud, usos, dotaciones, equipamientos, sistemas
     generales que deban ejecutarse y conexiones con los mismos, así como
     prioridades para garantizar un desarrollo urbano racional. En
     particular, podrá condicionarse la delimitación de nuevos sectores al
     desarrollo de los ya delimitados en el Plan General.
     Artículo 39.--Sectores.
     1. El sector es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial o
     de un Plan de Reforma Interior. Cada uno de estos Planes abarcará uno
     o varios sectores completos.
     2. La delimitación de sectores deberá garantizar el desarrollo urbano
     racional de la ciudad. Su perímetro se determinará mediante ejes
     viarios y alineaciones propias de la red primaria de infraestructuras
     y equipamientos o, excepcionalmente, con los límites del suelo no
     urbanizable, prohibiéndose en todo caso su delimitación con el
     exclusivo propósito de ajustarse a límites de propiedad.
     Artículo 40.--Documentación.
     Las determinaciones del Plan General establecidas en los artículos
     anteriores se desarrollarán en la memoria, los planos de información
     y de ordenación urbanística, los catálogos, las normas urbanísticas y
     el estudio económico.
     Sección 2.ª procedimiento
     Artículo 41.--Procedimiento municipal.
     1. El Plan General será formulado por el Ayuntamiento. En el momento
     en que los trabajos de elaboración del mismo hayan alcanzado un grado
     de desarrollo suficiente para formular los criterios, objetivos y
     soluciones generales del planeamiento, se expondrán al público al
     objeto de que, durante el plazo mínimo de un mes, puedan formularse
     sugerencias y alternativas por cualquier persona. En ningún caso se
     entenderá iniciado el procedimiento de aprobación del Plan mientras
     éste no haya recibido la aprobación inicial.
     2. Aprobado inicialmente el Plan por el Ayuntamiento Pleno, se
     someterá a información pública por el plazo mínimo de un mes.
     Cuando nadie concurriera a la información pública, el Plan se
     presentará directamente a la aprobación definitiva por el órgano
     competente.
     3. El propio Ayuntamiento Pleno, en vista del resultado de la
     información pública, podrá aprobar provisionalmente el Plan con las
     modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las
     alegaciones formuladas. Si dichas modificaciones significaran un
     cambio sustancial del Plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo
     período de información pública antes de otorgar la aprobación
     provisional.
     4. El Plan General que comprenda varios Municipios habrá de ser
     formulado de común acuerdo y recibirá la aprobación de los
     respectivos Ayuntamientos Plenos.
     Artículo 42.--Aprobación definitiva.
     1. La aprobación definitiva del Plan General corresponde a la
     Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, salvo cuando se
     trate de un Municipio capital de Provincia o de un Plan conjunto de
     varios Municipios de distintas Provincias, supuestos en los que la
     competencia corresponde al Consejo de Ordenación del Territorio de
     Aragón.
     2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva motivadamente, por
     falta de cumplimiento de las prohibiciones y exigencias
     procedimentales, competenciales, documentales y materiales
     establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas las
     determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio y de
     los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como cuando
     el Plan no respete los principios de equilibrio territorial,
     justificación de la correcta organización del desarrollo urbano y
     coherencia con las políticas de vivienda, medio ambiente y patrimonio
     cultural de la Comunidad Autónoma.  3. Se entenderá producida la
     aprobación definitiva por el transcurso de cinco meses desde la
     entrada del expediente completo en el registro del órgano competente
     para otorgarla sin que se hubiera comunicado la resolución. En tal
     caso, la aprobación se acreditará mediante la correspondiente
     certificación, en los términos establecidos por la legislación del
     procedimiento administrativo común.
     Artículo 43.--Aprobación parcial.
     Cuando las objeciones a la aprobación definitiva del Plan General
     afecten a áreas o determinaciones tan concretas que, prescindiendo de
     ellas, el Plan se pueda aplicar con coherencia, éste se aprobará
     definitivamente salvo en la parte objeto de reparos, que podrá
     denegarse o quedará en suspenso hasta su rectificación en los
     términos precisados por la resolución aprobatoria. El Ayuntamiento
     comunicará al órgano autonómico las rectificaciones oportunas,
     quedando levantada la suspensión, bien por resolución expresa de
     dicho órgano, bien por el transcurso del plazo de dos meses desde la
     comunicación sin que el órgano autonómico haya formulado objeciones.
     CAPITULO II planes parciales
     Sección 1.ª contenido
     Artículo 44.--Objeto.
     1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y
     la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan General
     mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores.
     2. No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o
     simultáneamente, pero en expediente separado, se haya aprobado
     definitivamente el Plan General.
     3. Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General, cuyas
     determinaciones no podrán modificar.
     Artículo 45.--Determinaciones.
     Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones
     establecidas en el artículo 34 de esta Ley para el Plan General en
     suelo urbano consolidado, las siguientes: a) Evaluación económica de
     la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de
     urbanización.
     b) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en
     las unidades de ejecución del sector, entre ellos, los de
     urbanización y edificación.
     c) Tratándose de suelo urbanizable no delimitado, aprovechamiento
     medio de cada sector.  d) Sistemas generales incluidos o adscritos.
     e) En su caso, sistema o sistemas de actuación previstos en las
     unidades de ejecución que delimite.
     Artículo 46.--Edificabilidad.
     En cada sector del suelo urbanizable, los Planes Parciales habrán de
     respetar el límite máximo por hectárea de ocho mil quinientos metros
     cuadrados de superficie residencial construida, sin incluir
     equipamientos públicos.
     Artículo 47.--Módulos de reserva.
     1. Los Planes Parciales respetarán los siguientes módulos mínimos de
     reserva por cada ochenta y cinco metros cuadrados de superficie
     construida residencial y cien metros cuadrados de superficie
     construida industrial y de servicios: a) Dieciocho metros cuadrados
     de terreno para espacios verdes, libres y de recreo, de dominio y uso
     público, cuya superficie no será inferior al diez por ciento de la
     total del sector, con independencia del sistema general de espacios
     libres públicos y de los equipamientos deportivos.
     b) Diez metros cuadrados de terreno para centros culturales y
     docentes, agrupados para formar unidades escolares completas.  c) Una
     plaza de aparcamiento, debiendo localizarse, al menos, la cuarta
     parte de las plazas resultantes en espacio de uso público, incluidos
     el subsuelo de redes viarias y espacios libres, siempre que no se
     menoscabe el uso de los mismos.
     2. En las urbanizaciones privadas, los anteriores módulos de reserva
     podrán situarse en espacios de propiedad privada, dejando a salvo la
     potestad municipal de reclamar su mantenimiento y apertura al uso
     público.
     3. En las urbanizaciones turísticas, de segunda residencia,
     industriales y de servicios, podrá destinarse la reserva de terrenos
     para centros docentes y culturales, total o parcialmente, a
     incrementar las reservas para espacios verdes, libres, deportivos y
     de recreo y para aparcamientos.
     4. Corresponde al Gobierno de Aragón suprimir y modificar, con
     carácter general, los módulos de reserva previstos en el párrafo
     primero de este artículo y, asimismo, establecer módulos de reserva
     especiales en los supuestos referidos en el párrafo tercero.
     Artículo 48.--Documentación.
     Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en la
     memoria, los planos de información, ordenación y proyecto, los
     catálogos, las normas urbanísticas, el plan de etapas y la evaluación
     de los costes de urbanización y de implantación de servicios.
     Sección 2.ª procedimiento de iniciativa municipal
     Artículo 49.--Formulación.
     1. Los Ayuntamientos podrán formular Planes Parciales en cualquier
     momento, bien de oficio, bien mediante la convocatoria del
     correspondiente concurso, e introducir modificaciones en las
     propuestas presentadas a instancia de los particulares.
     2. Los Ayuntamientos podrán fomentar la participación de
     especialistas en la ordenación urbanística, mediante la convocatoria
     de concursos de ideas previa a la formulación de los Planes
     Parciales, en particular para la ordenación de los espacios que
     cuantitativa o cualitativamente tengan relevancia en el conjunto del
     urbanismo municipal.
     Artículo 50.--Procedimiento.
     1. Corresponderá al Ayuntamiento Pleno directamente la aprobación
     inicial de los Planes Parciales, tras la cual se someterán a
     información pública, por el plazo mínimo de un mes, y a informe de la
     Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
     2. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio dispondrá del
     plazo de tres meses para comunicar al Ayuntamiento el eventual
     informe de carácter total o parcialmente negativo. Los motivos para
     permitir la denegación de la aprobación definitiva habrán de ser del
     mismo tipo que los establecidos en el artículo 42, párrafo 2, de esta
     Ley.
     3. El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones
     obrantes en el expediente, podrá aprobar definitivamente el Plan con
     las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre
     las alegaciones y observaciones formuladas.
     Sección 3.ª procedimiento de iniciativa privada
     Artículo 51.--Formulación.
     1. En el suelo urbanizable, podrá formular Planes Parciales cualquier
     persona, teniendo preferencia en la tramitación, en caso de
     concurrencia de varios proyectos, el que primero se hubiera formulado
     ante el Ayuntamiento en expediente completo. La Administración deberá
     fijar el sistema o sistemas de actuación propuestos por los
     particulares en los términos y condiciones establecidos en el
     artículo 121 de esta Ley.
     2. En el suelo urbanizable no delimitado, cualquier persona,
     acompañando una memoria sobre las características generales de la
     actuación pretendida, podrá ejercer el derecho de consulta previsto
     en la legislación estatal sobre régimen del suelo, dirigiéndose al
     Ayuntamiento y a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio,
     quienes habrán de responder a la citada consulta en el plazo de tres
     meses, expresando los criterios sobre la viabilidad y características
     de la actuación o, en su caso, del sistema o sistemas de actuación
     propuestos. No obstante, los citados criterios únicamente vincularán
     al Ayuntamiento y a la Administración de la Comunidad Autónoma si se
     incluyen en un convenio urbanístico, en los términos establecidos en
     los artículos 82 y siguientes de esta Ley.
     Artículo 52.--Documentación.
     1. En los Planes Parciales de iniciativa particular, además de la
     documentación general, habrán de consignarse los siguientes datos: a)
     Acreditación de la voluntad de las personas que ejercen la
     iniciativa.
     b) Relación de propietarios afectados, con expresión de sus
     direcciones postales actualizadas.
     c) Tratándose de suelo urbanizable no delimitado, estudio
     justificativo del sector y del carácter de la urbanización, con la
     finalidad de determinar, en su caso, los compromisos de conservación
     y mantenimiento de la urbanización, así como los relativos a la
     prestación de servicios.
     d) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre
     la futura conservación de las mismas.
     e) Compromisos que se hubieren de contraer entre el promotor y el
     Ayuntamiento y entre aquél y los futuros propietarios de solares, con
     las garantías del exacto cumplimiento de los mismos.
     f) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor para
     llevar a cabo la actuación.
     2. En los casos de propietario único y en los demás supuestos que
     reglamentariamente se determinen, los Planes Parciales de iniciativa
     privada podrán contener las determinaciones relativas a las cesiones
     obligatorias y al Proyecto de Urbanización, al que en tal caso
     sustituirán.
     Artículo 53.--Procedimiento.  1. El procedimiento de aprobación de
     los Planes Parciales de iniciativa privada será el mismo establecido
     para los de iniciativa municipal en el artículo 50 de esta Ley, con
     las variantes establecidas en los párrafos siguientes de este
     artículo.
     2. El Ayuntamiento sólo podrá denegar la aprobación inicial por falta
     de cumplimiento de las exigencias documentales y formales y en casos
     de ilegalidad manifiesta.  3. En caso de inactividad municipal, una
     vez transcurridos tres meses desde la presentación de la
     documentación completa en el Registro Municipal, podrá observarse el
     trámite de información pública por iniciativa privada, conforme a lo
     establecido en la disposición adicional quinta de esta Ley, y remitir
     directamente la documentación acreditativa de tal trámite y del Plan
     a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, que dispondrá
     del plazo de tres meses para comunicar al Ayuntamiento y notificar al
     promotor su eventual informe negativo.
     4. Siempre que la Comisión Provincial no hubiera notificado informe
     negativo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el
     promotor podrá solicitar al Ayuntamiento la aprobación definitiva del
     Plan, conforme a las siguientes reglas: a) El Ayuntamiento sólo podrá
     denegarla con fundamento en el mismo tipo de motivos que los
     establecidos en el artículo 42, párrafo 2, de esta Ley para permitir
     la denegación de la aprobación definitiva del Plan General.
     b) Se entenderá producida la aprobación definitiva, en caso de
     silencio municipal, una vez transcurridos tres meses desde la
     presentación de la solicitud de aprobación definitiva en el Registro
     Municipal. En tal caso, la aprobación se acreditará mediante la
     correspondiente certificación, en los términos establecidos por la
     legislación del procedimiento administrativo común.
     CAPITULO III planes especiales
     Artículo 54.--Contenido.
     1. Podrán formularse Planes Especiales, con carácter independiente o
     en desarrollo de Directrices de Ordenación Territorial y del Plan
     General de Ordenación Urbana, de conformidad con lo establecido en
     este capítulo.
     2. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias
     para el desarrollo de las correspondientes Directrices o Plan General
     y, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad,
     debidamente justificadas y desarrolladas en la memoria, planos,
     catálogos, ordenanzas, plan de etapas y evaluación de costes.
     3. En ningún caso los Planes Especiales podrán sustituir al Plan
     General en su función de instrumento de ordenación integral del
     territorio, por lo que no podrán clasificar suelo, sin perjuicio de
     las limitaciones de uso que puedan establecer.
     Artículo 55.--Planes independientes.  1. En ausencia de Directrices
     de Ordenación Territorial y de Plan General o cuando éstos no
     contuviesen las previsiones detalladas oportunas, en áreas que
     constituyan una unidad que así lo recomiende, los Ayuntamientos
     podrán formular Planes Especiales para las siguientes finalidades: a)
     Establecimiento y coordinación de las infraestructuras básicas
     relativas al sistema de comunicaciones y telecomunicaciones, al
     equipamiento comunitario, al abastecimiento y saneamiento de aguas y
     a las instalaciones y redes de suministro de energía, siempre que
     estas determinaciones no exijan la previa definición de un modelo
     territorial.
     b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios
     naturales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y
     de sus vías de comunicación.
     2. El procedimiento de aprobación de estos Planes será el establecido
     para los Planes Generales en los artículos 41 a 43 de esta Ley.
     Artículo 56.--Desarrollo de Directrices Territoriales.
     1. En desarrollo de las previsiones contenidas en las Directrices de
     Ordenación del Territorio y sin necesidad de previa aprobación del
     Plan General de Ordenación Urbana, los Ayuntamientos y las
     Administraciones competentes por razón de la materia podrán formular
     Planes Especiales para las mismas finalidades establecidas en el
     artículo anterior.
     2. El procedimiento de aprobación de estos Planes será el establecido
     para los Planes Parciales de iniciativa municipal en el artículo 50
     de esta Ley, con las siguientes especialidades: a) La Administración
     competente por razón de la materia que hubiere formulado el Plan
     Especial será también competente para aprobarlo inicialmente,
     someterlo a información pública y remitirlo a informe de la Comisión
     Provincial de Ordenación del Territorio. No obstante, la aprobación
     definitiva corresponderá al Ayuntamiento, en los mismos términos
     establecidos para los Planes de iniciativa privada en el artículo 53,
     párrafo 4, de esta Ley.
     b) Cuando los Planes Especiales afecten a Municipios de diversas
     Provincias, corresponde la emisión del informe al Consejo de
     Ordenación del Territorio de Aragón.
     Artículo 57.--Desarrollo del Plan General.
     1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General,
     las Administraciones competentes y, en su caso, los particulares
     podrán formular Planes Especiales para las siguientes finalidades y
     otras análogas: a) Desarrollo de los sistemas generales de
     comunicación, equipamiento comunitario y espacios libres públicos.
     b) Protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje.
     c) Obras de saneamiento para mejorar las condiciones de salubridad,
     higiene y seguridad, como abastecimiento y saneamiento de aguas y
     tratamiento de residuos.
     d) Protección del patrimonio edificado y reforma interior en suelo
     urbano.
     2. El procedimiento de aprobación de estos Planes será el establecido
     para los Planes Parciales en los artículos 50 o 53 de esta Ley.
     Artículo 58.--Planes Especiales de Reforma Interior.
     Los Planes Especiales de Reforma Interior en suelo urbano sólo podrán
     formularse en desarrollo de los ámbitos u otras previsiones
     contenidas en el Plan General, conforme al procedimiento establecido
     en el artículo anterior y de acuerdo con las reglas siguientes: a)
     Podrán constituir el objeto de estos Planes operaciones integradas o
     actuaciones aisladas que, en desarrollo de la estructura fundamental
     de la ordenación prevista por el Plan General, se encaminen a la
     descongestión o renovación de usos del suelo urbano, creación de
     dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de
     barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de
     estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos y
     otros fines análogos.
     b) Contendrán las determinaciones y documentos adecuados a sus
     objetivos y, como mínimo, salvo que alguno de ellos fuera innecesario
     por no guardar relación con la reforma, los previstos para los Planes
     Parciales en los artículos 44 a 48 de esta Ley, incluyendo las reglas
     de edificabilidad y los módulos de reserva, sin perjuicio de la
     potestad del Gobierno de adaptar éstos a las especiales
     características del suelo urbano. En tanto el Gobierno no haga uso de
     la anterior potestad de adaptación, los Planes Generales de
     Ordenación Urbana podrán determinar los módulos de reserva
     aplicables.
     c) Los Planes que tengan por objeto operaciones integradas contendrán
     la delimitación de las unidades de ejecución, los plazos de ejecución
     y los sistemas de actuación. En los casos de propietario único,
     podrán contener las determinaciones relativas a las cesiones
     obligatorias y al Proyecto de Urbanización, al que en tal caso
     sustituirán.
     Artículo 59.--Conjuntos de Interés Cultural.
     1. La declaración de un Conjunto de Interés Cultural determinará la
     obligación del Ayuntamiento de redactar uno o varios Planes
     Especiales para la protección y, en su caso, saneamiento y renovación
     del área afectada, de conformidad con lo establecido en la
     legislación del Patrimonio Cultural Aragonés. El procedimiento de
     aprobación de estos Planes será el establecido para los Planes
     Parciales en los artículos 50 o 53 de esta Ley.
     2. No obstante, no será preceptiva la formulación de este Plan
     Especial cuando el Ayuntamiento acuerde incorporar directamente en el
     Plan General de Ordenación Urbana las determinaciones propias de
     tales Planes Especiales.
     3. Los Planes Especiales de protección deberán incorporar una memoria
     económica en la que se concreten las fuentes de financiación reales o
     previsibles para ejecutar las actuaciones previstas por ellos en los
     Conjuntos de Interés Cultural.
     CAPITULO IV instrumentos complementarios y subsidiarios
     Sección 1.ª estudios de detalle Artículo 60.--Contenido.
     1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso
     completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el
     Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y
     Especiales.
     2. Los Estudios de Detalle incluirán los documentos justificativos de
     los extremos sobre los que versen. Su contenido tendrá por finalidad
     prever, modificar o reajustar, según los casos: a) El señalamiento de
     alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgánica del
     territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan la
     superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.
     b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones
     del planeamiento.
     c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación
     complementarias del planeamiento.
     3. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni
     el aprovechamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos
     en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su
     redacción haya previsto el planeamiento. Podrán establecer nuevas
     alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter
     privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que
     precise la remodelación del volumen ordenado, siempre que su
     cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya
     determinados en el planeamiento y sin que puedan suprimir ni reducir
     los previstos por éste. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni
     alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.
     Artículo 61.--Procedimiento.
     1. Cualquier persona podrá formular a su costa Estudios de Detalle,
     cuya aprobación inicial corresponde al Alcalde, y la definitiva, al
     Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a información pública y
     audiencia de los interesados por plazo común de treinta días hábiles
     como mínimo.
     2. En la tramitación de Estudios de Detalle de iniciativa privada, se
     aplicarán las siguientes reglas: a) El Alcalde sólo podrá denegar la
     aprobación inicial por incumplimiento de las exigencias documentales
     y formales.
     b) En caso de silencio municipal, se entenderá producida la
     aprobación inicial por el transcurso de un mes desde la presentación
     de la documentación completa en el registro municipal.  c) El
     particular podrá promover los trámites de información pública y
     audiencia de interesados por iniciativa privada, conforme a lo
     establecido en la disposición adicional quinta de esta Ley, cuando
     transcurra un mes desde la presentación de su solicitud sin que el
     Ayuntamiento los haya iniciado efectivamente, y, tras su práctica y
     acreditación, podrá solicitar al Ayuntamiento Pleno la aprobación
     definitiva del Estudio.
     d) En caso de silencio municipal, se entenderá producida la
     aprobación definitiva por el transcurso de dos meses desde su
     solicitud. En tal caso, la aprobación se acreditará mediante la
     correspondiente certificación, en los términos establecidos por la
     legislación del procedimiento administrativo común.
     Sección 2.ª otros instrumentos
     Artículo 62.--Normas Subsidiarias.
     1. Las Normas Subsidiarias de ámbito provincial tienen por objeto
     establecer la normativa de carácter general sobre protección y
     aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación aplicable en
     los Municipios que carezcan de Plan General. También cabrá incluir en
     dichas Normas la delimitación de los suelos urbanos de los Municipios
     que carezcan de ella, en el supuesto previsto en el artículo
     siguiente.
     2. Las Normas a que se refiere el párrafo anterior podrán ser
     formuladas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 
     3. Aprobadas inicialmente las Normas, se someterán a información
     pública por plazo mínimo de un mes. También se dará audiencia a todos
     los Municipios afectados.
     4. El mismo órgano plenario, en vista del resultado de la información
     pública, podrá aprobar provisionalmente las Normas, con las
     modificaciones que procedieren.
     5. La aprobación definitiva de las Normas Provinciales corresponde al
     Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, cuyo silencio tendrá
     valor denegatorio de la aprobación definitiva, en los términos de la
     legislación del procedimiento administrativo común.
     Artículo 63.--Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano.
     1. Los Municipios que carezcan de Plan General formularán un Proyecto
     de Delimitación del Suelo Urbano, que deberá contener el señalamiento
     de los terrenos comprendidos en el mismo por contar con los
     requisitos establecidos en el artículo 13, letra a), de esta Ley. El
     resto de los terrenos del término municipal quedará clasificado como
     suelo no urbanizable.
     2. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Delimitación
     del Suelo Urbano será el establecido para los Planes Parciales de
     iniciativa municipal en el artículo 50 de esta Ley.
     Artículo 64.--Ordenanzas urbanísticas.
     1. Mediante Ordenanzas urbanísticas, los Municipios podrán regular:
     a) Los aspectos morfológicos y ornamentales de las construcciones y,
     en general, aquellas condiciones de las obras de edificación que no
     sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo.
     b) Las actividades susceptibles de autorización en cada inmueble, en
     términos compatibles con el planeamiento.
     2. Las Ordenanzas deberán ser conformes con la legislación sobre
     seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad para
     discapacitados y calidad de las construcciones. En ningún caso podrán
     alterar el Plan General ni menoscabarán las medidas establecidas para
     la protección del medio ambiente o del Patrimonio Cultural Aragonés.
     3. Para la aprobación de las Ordenanzas, se aplicarán las reglas de
     competencia y procedimiento establecidas en la legislación de régimen
     local.
     CAPITULO V disposiciones comunes
     Sección 1.ª suspensión de licencias
     Artículo 65.--Supuestos.
     1. El Ayuntamiento Pleno podrá acordar la suspensión del otorgamiento
     de licencias de parcelación, edificación y demolición para áreas o
     usos determinados con el fin de estudiar la formación o reforma de
     los Planes urbanísticos o Estudios de Detalle.  2. El acuerdo de
     aprobación inicial de los citados instrumentos determinará la
     suspensión del otorgamiento de las licencias enumeradas en el párrafo
     anterior en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan
     modificación del régimen urbanístico vigente, siempre que tal acuerdo
     señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
     3. La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan
     simultáneamente el Plan o Estudio de Detalle en vigor y la
     modificación de uno u otro aprobada inicialmente.
     Artículo 66.--Plazos.
     1. La suspensión a que se refiere el párrafo primero del artículo
     anterior se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se
     hubiera producido, dentro de ese plazo, el acuerdo de aprobación
     inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas
     determinaciones supongan modificación de la ordenación urbanística, y
     sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos años
     desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento
     o su reforma.
     2. Si, con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial, no se
     hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a lo
     dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, la suspensión
     determinada por dicha aprobación inicial tendrá una duración máxima
     de dos años.  3. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la
     aprobación definitiva del instrumento correspondiente. Extinguidos
     los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos
     previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de
     cuatro años por idéntica finalidad.
     4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la
     publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados por
     el coste justificado de los proyectos y a la devolución, en su caso,
     de los tributos municipales, en aquellos supuestos en que, como
     consecuencia de la modificación del planeamiento aprobada
     definitivamente, el contenido de lo proyectado hubiese devenido
     urbanísticamente inviable, en todo o en parte.
     Sección 2.ª efectos
     Artículo 67.--Obligatoriedad.
     1. Los particulares, al igual que las Administraciones Públicas,
     quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas
     en los Planes, Normas y Ordenanzas urbanís- ticos.
     2. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se
     contuvieren en los Planes, Normas y Ordenanzas urbanísticos, así como
     las que, con independencia de ellos, se concedieren.
     Artículo 68.--Ejecutividad.
     Los Planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos una vez
     publicada su aprobación definitiva y el texto íntegro de las normas
     que contengan. Si la aprobación definitiva se hubiera otorgado
     parcialmente, los Planes carecerán de ejecutividad, en cuanto a la
     parte objeto de reparos, hasta tanto no fuera publicada la aprobación
     definitiva de la correspondiente rectificación.
     Artículo 69.--Legitimación de expropiaciones.
     La aprobación de los Planes implicará la declaración de utilidad
     pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y
     edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición
     de servidumbres.
     Artículo 70.--Edificios fuera de ordenación.
     1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la
     aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren
     disconformes con el mismo por afectar a alineaciones, viales, zonas
     verdes o espacios libres, contener usos incompatibles u otras razones
     análogas o estar prevista su expropiación, serán calificados como
     fuera de ordenación.
     2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no
     podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de
     volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación, pero
     sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la
     conservación del inmueble.
     3. Sin embargo, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales
     de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o
     demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la
     fecha en que se pretendiere realizarlas.
     Sección 3.ª vigencia y alteración
     Artículo 71.--Reglas generales.
     1. Los Planes y demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán
     vigencia indefinida.
     2. La alteración del contenido de los Planes y demás instrumentos de
     ordenación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de
     los mismos o la modificación de alguno de sus elementos.
     3. Los propietarios tendrán derecho a instar la modificación del
     planeamiento de desarrollo siempre que no se vulnere el planeamiento
     general.
     Artículo 72.--Revisión.
     1. La revisión del contenido de los Planes y demás instrumentos de
     ordenación urbanística podrá llevarse a cabo conforme a las mismas
     reglas sobre documentación, procedimiento y competencia establecidas
     para su aprobación.
     2. Tendrá la consideración de revisión del Plan General de Ordenación
     Urbana cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente a la
     estructura general y orgánica del territorio, integrada por los
     elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, el
     sistema de núcleos de población y los sistemas generales de
     comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres públicos y
     otros.
     Artículo 73.--Procedimiento de modificación.
     1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los Planes
     deberán contener los siguientes elementos: a) Justificación de su
     necesidad o conveniencia y estudio de sus efectos sobre el
     territorio.
     b) Definición del nuevo contenido del Plan con un grado de precisión
     similar al modificado.
     2. Las modificaciones se realizarán ordinariamente por el
     procedimiento aplicable para la aprobación de los correspondientes
     Planes, salvo en el caso del Plan General, cuyas modificaciones
     aisladas se llevarán a cabo, sin perjuicio de lo establecido en los
     artículos siguientes, conforme al procedimiento regulado en el
     artículo 50 de esta Ley para los Planes Parciales de iniciativa
     municipal, con las siguientes variantes: a) En las modificaciones de
     los Planes Generales de Municipios capitales de Provincia o de los
     Planes Generales conjuntos de varios Municipios de distintas
     Provincias, corresponderá emitir el informe al Consejo de Ordenación
     del Territorio de Aragón.
     b) El informe negativo del Consejo o de la Comisión Provincial de
     Ordenación del Territorio, comunicado dentro de plazo, será
     vinculante para el Ayuntamiento.
     Artículo 74.--Requisitos especiales.
     1. Cuando la modificación del Plan tendiera a incrementar el
     aprovechamiento residencial, se requerirá, para aprobarla, la
     previsión de los mayores espacios verdes y libres de dominio y uso
     público correspondientes, salvo que el incremento derive de aumentos
     de edificabilidad que precisen cesiones inferiores a doscientos
     metros cuadrados de superficie, debiendo ubicarse los nuevos espacios
     preferentemente en el ámbito objeto de la modificación.
     2. Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto una diferente
     zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de
     los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el
     Plan, se requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del
     mantenimiento de la superficie de tales espacios sea de igual calidad
     que la exigida para los espacios ya previstos en el Plan, así como el
     previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora.
     3. Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto la
     clasificación de nuevo suelo urbano, deberán preverse los mismos
     módulos de reserva aplicables a los Planes Parciales, salvo que la
     superficie afectada por la modificación sea menor de mil metros
     cuadrados construidos.  Artículo 75.--Modificaciones dotacionales.
     En todo caso, la modificación del destino de los terrenos reservados
     en los Planes para dotaciones y equipamientos sanitarios, religiosos,
     educativos, deportivos, culturales, asistenciales y demás servicios
     de interés social podrá realizarse, por razones justificadas y
     siempre para establecer otros servicios de las citadas categorías,
     por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública e informe de la
     Comisión Provincial de Ordenación del Territorio por plazo común de
     dos meses, aun tratándose de reservas establecidas en el Plan
     General. En las modificaciones de los Planes Generales de Municipios
     capitales de Provincia o de los Planes Generales conjuntos de varios
     Municipios de distintas Provincias, corresponderá emitir el informe
     al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
     TITULO TERCERO instrumentos especiales
     CAPITULO I proyectos supramunicipales
     Artículo 76.--Objeto.
     Mediante la aprobación de Proyectos Supramunicipales, podrá
     autorizarse la urbanización de suelo urbanizable no delimitado y de
     suelo no urbanizable genérico para actividades industriales o de
     servicios de especial importancia, grandes equipamientos colectivos y
     edificación de viviendas de promoción pública, siempre que requieran
     la ocupación de más de tres hectáreas de terreno o exijan una
     superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados.
     Artículo 77.--Declaración.
     1. Con carácter previo, deberá producirse la declaración del interés
     supramunicipal del Proyecto.
     2. Corresponde al Consejero competente por razón de la materia,
     previa audiencia a los Ayuntamientos afectados y con informe
     favorable del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón,
     pronunciarse sobre la concurrencia del interés supramunicipal. A tal
     efecto, las personas o entidades promotoras podrán presentar
     propuestas de actuaciones, en las que se indicarán las
     características fundamentales de las mismas, justificando su interés
     supramunicipal. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
     presentación de una propuesta sin producirse resolución expresa,
     aquélla se entenderá desestimada por silencio administrativo.
     3. La declaración previa del interés supramunicipal será requisito
     necesario para que pueda seguirse el procedimiento de aprobación del
     Proyecto, pero no condicionará la resolución que se derive de la
     tramitación de dicho procedimiento.
     Artículo 78.--Concurso para la ubicación.
     1. El Consejero competente por razón de la materia podrá convocar
     concurso al objeto de seleccionar los terrenos más adecuados para la
     ubicación de los Proyectos Supramunicipales, conforme a las
     características fundamentales de la actuación propuesta.
     2. Podrán concurrir al concurso cualesquiera personas que acrediten
     la disponibilidad del suelo necesario y la conformidad de los
     Ayuntamientos afectados.
     3. El concurso se adjudicará a la oferta más ventajosa, de
     conformidad con las bases de la convocatoria.
     Artículo 79.--Contenido.
     1. Determinada la ubicación, en su caso, conforme a lo establecido en
     el artículo anterior, cabrá formular los Proyectos Supramunicipales,
     que contendrán un grado de detalle equivalente al del Plan Parcial y
     al del Proyecto de Urbanización, a los que sustituirán.
     2. Los Proyectos Supramunicipales incorporarán, como mínimo, las
     siguientes determinaciones, plasmadas en los documentos y planos que
     resulten necesarios: a) Estudios previos de las instalaciones o
     edificaciones objeto de la actuación.
     b) Ordenación propuesta, con explicación de las soluciones adoptadas
     en cuanto al acceso rodado y aparcamiento de vehículos,
     abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía y demás
     servicios urbanísticos, debiendo garantizarse el adecuado enlace con
     los sistemas generales.
     c) Previsiones contenidas en el planeamiento territorial y
     urbanístico aplicable y articulación con las mismas, si las hubiere.
     d) Análisis de los impactos que la actuación produce sobre el
     territorio afectado y medidas correctoras que se proponen.
     e) Programación temporal de la ejecución del Proyecto, con previsión,
     en su caso, de distintas fases en la ejecución de las obras.
     f) Estudio económico-financiero, en el que se precisarán los costes
     del Proyecto y las fuentes de financiación a utilizar y se
     justificará su viabilidad económica y el canon que en su caso deba
     pagarse al Municipio.
     Artículo 80.--Procedimiento de aprobación.
     1. Corresponde al promotor formular los distintos documentos que
     hayan de integrar el Proyecto Supramunicipal.  2. Presentada ante el
     Departamento competente la documentación correspondiente a un
     Proyecto, el mismo será sometido simultáneamente, por plazo de dos
     meses, a los trámites de audiencia de los Municipios afectados,
     información pública e informe de la Comisión Provincial de Ordenación
     del Territorio.
     Asimismo, se recabarán cuantos informes sean preceptivos y aquellos
     otros cuya evacuación se considere conveniente.
     3. Compete al Gobierno de Aragón aprobar los Proyectos
     Supramunicipales.
     4. Cuando la realización del Proyecto requiera la tramitación del
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no podrá producirse
     su aprobación hasta tanto no haya sido dictada la correspondiente
     Declaración de Impacto por el órgano competente.
     5. Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del
     Proyecto sin que haya recaído acuerdo expreso, se entenderá
     desestimado por silencio administrativo.
     Artículo 81.--Efectos.
     1. La ejecución de los Proyectos Supramunicipales promovidos por
     particulares se realizará por el sistema de actuación de concesión de
     obra urbanizadora, que gestionará el Departamento de la
     Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente, conforme a
     lo establecido en los artículos 152 a 156 de esta Ley.
     2. El acuerdo de aprobación del Proyecto podrá incorporar la
     declaración de utilidad pública o el interés social de las
     expropiaciones que, en su caso, sean necesarias para la ejecución del
     mismo, llevando implícita la declaración de necesidad de ocupación,
     en las condiciones establecidas por la legislación de expropiación
     forzosa.
     3. Las determinaciones de ordenación contenidas en los Proyectos
     Supramunicipales vincularán a los instrumentos de planeamiento de los
     Municipios afectados y prevalecerán sobre los mismos. En todo caso,
     el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes
     podrá ordenar la iniciación del procedimiento de alteración del
     planeamiento, conforme a la tramitación establecida en esta Ley.
     CAPITULO II convenios urbanísticos
     Artículo 82.--Objeto.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los Municipios podrán
     suscribir, conjunta o separadamente, convenios con otras
     Administraciones Públicas y con particulares, al objeto de colaborar
     en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanizadora.  2. 
     Estos convenios tendrán carácter administrativo.  3. Serán nulas de
     pleno derecho las estipulaciones de los convenios urbanísticos que
     contravengan normas impera- tivas.
     4. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios
     urbanísticos a que se refieren los apartados anteriores se rigen por
     los principios de transparencia y publicidad.
     Artículo 83.--Convenios sobre planeamiento.
     1. Se consideran convenios sobre el planeamiento aquellos que tengan
     por objeto la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico. 
     Podrán también referirse a la ejecución del planeamiento, en los
     términos establecidos en el artículo siguiente.
     2. La competencia para aprobar estos convenios por parte municipal
     corresponde al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de
     información pública por plazo de un mes sobre el proyecto de
     convenio.
     3. El Ayuntamiento estará obligado a tramitar la aprobación o
     alteración del planeamiento a la que se haya comprometido, pero
     conservará la plenitud de su potestad de planeamiento por razones de
     interés público. Si, finalmente, no se aprobara definitivamente el
     cambio de planeamiento, el convenio se entenderá automáticamente
     resuelto, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran proceder.
     Artículo 84.--Convenios de gestión.
     1. Se consideran convenios de gestión urbanística aquellos que tengan
     por objeto exclusivamente los términos y las condiciones de ejecución
     del planeamiento, sin que de su cumplimiento pueda derivarse ninguna
     alteración del mismo.
     2. Los convenios en los que se acuerde el cumplimiento del deber
     legal de cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
     Municipio mediante el pago, siempre de manera excepcional, de
     cantidad sustitutoria en metálico, deberán incluir la pertinente
     valoración pericial.
     3. Cuando los particulares que suscriban el convenio, contando con la
     conformidad de todos los propietarios afectados, asuman la completa
     responsabilidad de la urbanización en una unidad de ejecución o en
     una etapa completa de la misma, podrán definir su ejecución en todos
     los detalles, apartándose incluso de los sistemas de actuación
     regulados en esta Ley.
     4. La competencia para aprobar estos convenios por parte municipal
     corresponde al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de
     información pública por plazo de veinte días sobre el proyecto de
     convenio.
     CAPITULO III patrimonios públicos de suelo
     Sección 1.ª organización
     Artículo 85.--Constitución.
     La Administración de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos que
     dispongan de Plan General de Ordenación Urbana deberán constituir su
     respectivo patrimonio público de suelo, con la finalidad de regular
     el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de
     iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento.
     Artículo 86.--Naturaleza jurídica.
     1. En todo caso, los ingresos obtenidos mediante enajenación de los
     terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
     Administración por su equivalente metálico se destinarán a la
     conservación y ampliación del patrimonio público de suelo.
     2. En el supuesto de los patrimonios públicos de suelo constituidos
     por los municipios, los bienes que lo integren constituyen un
     patrimonio separado de los restantes bienes municipales.
     Artículo 87.--Bienes integrantes.
     Integrarán el correspondiente Patrimonio Público del Suelo los
     siguientes terrenos: a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren
     clasificados como suelo urbano o urbanizable.
     b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o ex- propiaciones
     urbanísticas de cualquier clase. El importe de las cesiones en
     metálico también se incorporará a este Patrimonio.
     c) Los clasificados como suelo no urbanizable que se adquieran con la
     finalidad de incorporarlos al Patrimonio Público del Suelo.
     Artículo 88.--Reservas de terrenos.
     1. Los Planes Generales podrán establecer, sobre suelo clasificado
     como urbanizable no delimitado, reservas de te- rrenos de posible
     adquisición para constitución o ampliación del Patrimonio Municipal
     del Suelo.
     2. La delimitación de un terreno como reserva para los expresados
     fines implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de
     ocupación a efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro
     años.
     Sección 2.ª objeto
     Artículo 89.--Destino.
     1. Los bienes del Patrimonio Público del Suelo, una vez incorporados
     al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la
     construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
     pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el
     planeamiento urbanístico, conforme a lo establecido en los artículos
     siguientes y en la legislación de contratos de las Administraciones
     Públicas.
     2. No obstante, la Administración podrá enajenar, mediante subasta,
     los bienes del Patrimonio Público del Suelo cuando el planeamiento
     urbanístico atribuya a los terrenos una finalidad incompatible con
     los fines señalados en el párrafo anterior o cuando las
     circunstancias de situación, precio y otras análogas de los terrenos
     lo hagan aconsejable. Igualmente, la Administración podrá permutar,
     de acuerdo con la legislación de aplicación, los bienes del
     Patrimonio Público del Suelo por otros bienes inmuebles que precise
     la Administración a efectos urbanísticos.
     Artículo 90.--Cesiones onerosas.
     1. Los terrenos pertenecientes al Patrimonio Público de Suelo con
     calificación adecuada a los fines establecidos en el párrafo primero
     del artículo anterior sólo podrán ser enajenados en virtud de
     concurso, salvo en los supuestos previstos en el párrafo segundo del
     mismo artículo anterior y en el caso de cesión a entidades de
     carácter benéfico y social que promuevan viviendas de protección
     pública.  2. Su precio no podrá ser inferior al valor urbanístico del
     aprovechamiento real que les corresponda, siempre que no supere los
     valores legales de repercusión establecidos por la legislación de
     viviendas protegidas.  3. El pliego de condiciones fijará plazos
     máximos para la realización de las obras de urbanización y
     edificación, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la
     calificación de solar, así como precios máximos de venta o
     arrendamiento de las edificaciones resultantes de la actuación.
     4. Si el concurso quedare desierto, la Administración podrá enajenar
     los terrenos directamente, dentro del plazo máximo de un año, con
     arreglo al pliego de condiciones que rigió el concurso.
     Artículo 91.--Cesiones gratuitas.
     1. En casos justificados, podrán las Administraciones ceder terrenos
     del Patrimonio Público de Suelo, gratuitamente o por precio inferior
     al de su valor urbanístico, para ser destinados a viviendas de
     protección pública, mediante concurso cuyo pliego de condiciones
     establecerá las condiciones previstas en el artículo anterior.
     2. Cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos
     lo requiera, podrán también las Administraciones ceder directamente,
     por precio inferior al de su valor urbanístico o con carácter
     gratuito, el dominio de terrenos en favor de entidades privadas de
     interés público sin ánimo de lucro, para destinarlos a usos de
     interés social que redunden en beneficio manifiesto de los
     respectivos Municipios.
     Artículo 92.--Cesiones entre Administraciones.
     Los Ayuntamientos, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus
     respectivas entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos,
     directamente e incluso a título gratuito, comprendidos los del
     Patrimonio Público de Suelo, con fines de promoción pública de
     viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras
     instalaciones de uso público o interés social.
     Artículo 93.--Derecho de superficie.
     1. La Administración de la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos y
     las demás personas públicas podrán constituir derechos de superficie
     en terrenos de los patrimonios públicos de suelo respectivos, con
     destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
     protección pública o a otros usos de interés social.
     2. El procedimiento de constitución del derecho de superficie y el
     carácter oneroso o gratuito del mismo se regirá por lo dispuesto en
     los artículos anteriores para los diversos supuestos.
     TITULO CUARTO ejecución del planeamiento
     CAPITULO I instrumentos generales
     Artículo 94.--Finalidades.
     La ejecución del planeamiento se desarrollará siste- máticamente
     mediante Proyectos de Urbanización, en unidades de ejecución que
     garanticen el reparto equitativo de beneficios y cargas, a través de
     uno de los sistemas de actuación, de conformidad con lo establecido
     en esta Ley.
     Artículo 95.--Competencias.
     1. La ejecución del planeamiento urbanístico corresponde a los
     Municipios, y se desarrollará a través de los sistemas de actuación
     directa o indirecta regulados en la presente Ley.
     2. La ejecución de los Proyectos Supramunicipales corresponde al
     Departamento competente por razón de la materia, que aplicará, si es
     preciso, los sistemas de expropiación o concesión de obra
     urbanizadora.
     Artículo 96.--Presupuestos de ejecución.
     1. La ejecución del planeamiento urbanístico requiere la aprobación
     del instrumento más detallado exigible según la clase de suelo de que
     se trate.
     2. En suelo urbano, será suficiente la aprobación del Plan General,
     si éste contuviera su ordenación detallada. A falta de ordenación
     detallada, se precisará la previa aprobación del correspondiente Plan
     Especial o, en su caso, Estudio de Detalle.
     3. En suelo urbanizable, se requerirá la previa aprobación del Plan
     Parcial del sector.
     4. Las obras aisladas y de remodelación previstas por el planeamiento
     en suelo urbano consolidado se ejecutarán asistemáticamente mediante
     Proyectos de Obras Ordinarias.
     Artículo 97.--Proyectos de Urbanización.
     1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen
     por finalidad llevar a la práctica el Plan General en el suelo urbano
     y los Planes Parciales y Especiales.  2. Los Proyectos de
     Urbanización incluirán todas las obras necesarias para la ejecución
     del planeamiento en una unidad de ejecución o para la ejecución
     directa de los sistemas generales.
     No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del
     suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras
     que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser
     ejecutadas por técnico distinto del autor del Proyecto.
     Tampoco podrán modificar las previsiones del planeamiento que
     desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
     exigidas por la ejecución material de las obras.  3. Los Proyectos de
     Urbanización comprenderán una memoria descriptiva de las
     características de las obras, planos de situación, proyecto y
     detalle, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de
     las obras y los servicios.
     4. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización
     será el mismo establecido para los Estudios de Detalle en el artículo
     61 de esta Ley.
     Artículo 98.--Proyectos de Obras Ordinarias.
     1. En suelo urbano consolidado, se realizarán Proyectos de Obras
     Ordinarias para las obras aisladas previstas por el planeamiento
     urbanístico y para las obras de remodelación de las urbanizaciones y
     espacios públicos existentes.
     2. Los Proyectos de Obras Ordinarias se regirán por lo establecido en
     la legislación de régimen local, pero, en todo caso, será necesaria
     la aprobación de sus características generales por el Ayuntamiento
     Pleno, previa información pública por plazo de veinte días.
     Artículo 99.--Unidades de ejecución.
     1. La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará mediante
     las unidades de ejecución que se delimiten, salvo en los supuestos de
     obras aisladas y de remodelación en suelo urbano consolidado y cuando
     se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de
     sus elementos.
     2. Las unidades de ejecución se delimitarán de forma que permitan, en
     todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de
     equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su
     superficie. En suelo urbano, las unidades de ejecución podrán ser
     discontinuas.  3. La delimitación de unidades de ejecución podrá
     contenerse en el Plan General y, en su caso, en los Planes Especiales
     para el suelo urbano, así como en los Planes Parciales para el suelo
     urbanizable. Su modificación o supresión, así como su
     establecimiento, cuando los Planes no contuvieran la delimitación,
     seguirá el mismo procedimiento de aprobación es- tablecido para los
     Estudios de Detalle en el artículo 61 de esta Ley.
     4. La delimitación de unidades de ejecución para la realización de
     procesos integrales de renovación o reforma interior en suelo urbano
     consolidado requerirá la previa definición de los terrenos como suelo
     urbano no consolidado, mediante la modificación del Plan General y la
     consiguiente aplicación de las obligaciones establecidas en el
     artículo 18 de esta Ley, salvo en su letra d), conforme a lo previsto
     en el párrafo 1 del artículo 102 de esta misma Ley.
     CAPITULO II aprovechamiento urbanístico
     Artículo 100.--Definiciones.
     1. El aprovechamiento urbanístico objetivo indica la superficie
     construible susceptible de apropiación privada en un terreno,
     homogeneizada respecto al uso y la tipología característicos,
     resultante de las determinaciones establecidas por el planeamiento,
     de acuerdo con la Ley.
     2. El aprovechamiento urbanístico subjetivo indica la superficie
     construible de uso y tipología característicos que el titular de un
     terreno y la Administración Municipal, en su caso, podrá incorporar a
     su patrimonio, previo cumplimiento de los deberes y cargas legalmente
     establecidos.
     Artículo 101.--Aprovechamiento medio.
     1. El aprovechamiento medio es el resultado de calcular el promedio
     de los aprovechamientos urbanísticos objetivos establecidos por el
     planeamiento en un determinado ámbito territorial, con objeto de
     hacer posible la distribución equitativa entre los propietarios de
     los aprovechamientos subjetivos y los costes generados por el
     desarrollo urbano, así como, en su caso, la participación directa de
     la comunidad en las plusvalías urbanísticas.
     2. El aprovechamiento medio de una unidad de ejecución en suelo
     urbano o urbanizable se calculará dividiendo por su superficie el
     aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a los terrenos
     incluidos en la misma. El aprovechamiento medio de una unidad de
     ejecución no podrá diferir en más de un quince por ciento del
     correspondiente a cualquier otra unidad de ejecución del mismo
     sector.
     3. El aprovechamiento medio de un sector en suelo urbano o
     urbanizable se calculará dividiendo por su superficie el
     aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a las distintas
     unidades de ejecución incluidas en el mismo, o, de no estar
     delimitadas, a los terrenos de dicho sector.
     4. El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se
     calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo
     asignado por el planeamiento a los distintos sectores incluidos en el
     mismo, ponderando las circunstancias urbanísticas que afecten a cada
     sector en relación con los demás.
     5. Para el cálculo del aprovechamiento medio, se incluirán, en la
     superficie de la unidad de ejecución, sector y suelo urbanizable
     delimitado, los terrenos destinados a sistemas generales incluidos en
     los mismos y aquellos terrenos o aprovechamientos que, aun hallándose
     en otra clase de suelo, sean adscritos a ellos por el planeamiento
     para su obtención.
     Artículo 102.--Aprovechamiento en suelo urbano.
     1. En suelo urbano consolidado y en las operaciones de rehabilitación
     o reforma integral en suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento
     subjetivo correspondiente al propietario equivale al objetivo
     establecido en el planeamiento.
     2. En las operaciones de rehabilitación, siempre que se conserve la
     edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación, si se da la
     circunstancia de que la edificabilidad materializada históricamente
     supera el aprovechamiento objetivo señalado por unidad de superficie
     en el planeamiento, se tomará tal edificabilidad como referencia de
     aprovechamiento subjetivo.
     3. En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento subjetivo
     correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la
     propiedad aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio de
     la unidad de ejecución o, en su caso, del sector, sin perjuicio de lo
     establecido en el párrafo primero de este artículo para la renovación
     o reforma integral. El resto del aprovechamiento subjetivo
     corresponde a la Administración.  4. El Plan General de Ordenación
     Urbana podrá prever que el destino de los inmuebles singulares del
     Patrimonio Cultural Aragonés y de los protegidos por el planeamiento
     urbanístico a usos hosteleros y comerciales no consuma la
     edificabilidad correspondiente a la unidad de ejecución o al sector.
     Artículo 103.--Aprovechamiento en suelo urbanizable.
     1. En suelo urbanizable delimitado, el aprovechamiento subjetivo
     correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la
     superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio
     del suelo urbanizable delimitado.
     2. En suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento subjetivo
     correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la
     superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio
     del sector.
     3. El resto del aprovechamiento subjetivo corresponde a la
     Administración.
     Artículo 104.--Diferencias de aprovechamiento.
     1. Cuando los aprovechamientos objetivos de una unidad de ejecución
     superen al aprovechamiento medio del sector en suelo urbano no
     consolidado y en suelo urbanizable no delimitado o al aprovechamiento
     medio del suelo urbanizable delimitado, el excedente corresponderá al
     Ayuntamiento, que podrá destinarlo a compensar a los propietarios
     incluidos en unidades de ejecución que se encuentren en situación
     inversa o a los de suelo destinado a dotaciones locales en suelo
     urbano consolidado o sistemas generales.
     2. Los titulares de los aprovechamientos subjetivos compensados
     participarán en los beneficios y cargas de la unidad de ejecución a
     la que se les asigne en proporción a los aprovechamientos subjetivos
     netos, después de cesiones al Ayuntamiento, que correspondan al resto
     de los propietarios integrados en la misma unidad de ejecución.
     3. En defecto del procedimiento de compensación previsto en el
     párrafo primero de este artículo, cuando el aprovechamiento objetivo
     atribuido a una propiedad o unidad de ejecución sea inferior a su
     aprovechamiento subjetivo, el Ayuntamiento podrá: a) Disminuir la
     carga de urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento
     subjetivo excedente sufragando él mismo la diferencia resultante.
     b) Abonar en metálico el valor, determinado pericialmente, del
     aprovechamiento subjetivo excedente.
     Artículo 105.--Bienes de dominio público.
     1. Cuando en la unidad de ejecución existieren bienes de dominio y
     uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento
     urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la
     Administración titular de aquéllos, salvo en el caso de que la
     superficie de dominio y uso público existente no se compute a efectos
     de edificabilidad.
     2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las
     superficies de los bienes de dominio y uso públicos anteriormente
     existentes fueren iguales o inferiores a las que resulten como
     consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderán sustituidas unas
     por otras. Si tales superficies fueran superiores, la Administración
     percibirá el exceso, en la proporción que corresponda.
     CAPITULO III obtención de terrenos dotacionales
     Sección 1.ª modalidades
     Artículo 106.--Definiciones.
     1. Las infraestructuras y equipamientos urbanísticos de los
     Municipios se calificarán como sistemas generales o dotaciones
     locales.
     2. Los sistemas generales comprenden las infraestructuras y
     equipamientos urbanísticos al servicio de toda o gran parte de la
     población del Municipio previstos por el Plan General.
     3. Las dotaciones locales comprenden las infraestructuras y los
     equipamientos al servicio de áreas inferiores establecidos por el
     planeamiento, así como su conexión con los correspondientes sistemas
     generales, tanto internos como externos, y las obras necesarias para
     la ampliación o refuerzo de dichos sistemas, siempre que se requieran
     como consecuencia de la puesta en servicio de la nueva urbanización.
     Artículo 107.--Sistemas generales.
     Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de
     sistemas generales fuera del suelo urbano consolidado se obtendrán:
     a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción
     en una unidad de ejecución, cuando ello sea posible.
     b) Cuando la modalidad anterior no fuera practicable, mediante
     ocupación directa, asignando aprovechamientos subjetivos en unidades
     de ejecución excedentarias. En tal caso, si las compensaciones no se
     realizan en el ámbito de un sector o del suelo urbanizable
     delimitado, el valor de los terrenos y de los aprovechamientos se
     fijará pericialmente, conforme a los criterios de valoración
     aplicables.
     c) Cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles o
     convenientes, mediante expropiación forzosa.
     Artículo 108.--Dotaciones locales.
     Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de
     dotaciones locales fuera del suelo urbano consolidado se obtendrán
     mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de la gestión
     sistemática de las unidades de ejecución en que se incluyan.
     Artículo 109.--Suelo urbano consolidado.
     En suelo urbano consolidado, los terrenos destinados por el
     planeamiento al establecimiento de sistemas generales o dotaciones
     locales se obtendrán mediante expropiación u ocupación directa,
     asignando terrenos edificables en unidades de ejecución
     excedentarias. En este caso el valor de los terrenos y de los
     aprovechamientos se fijará pericialmente, conforme a los criterios de
     valoración aplicables.
     Sección 2.ª ocupación directa
     Artículo 110.--Concepto.
     1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos afectos
     por el planeamiento a dotaciones públicas mediante el reconocimiento
     a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución
     excedentaria.
     2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por el
     Ayuntamiento del aprovechamiento subjetivo del titular del terreno a
     ocupar y de la unidad de ejecución excedentaria en la que haya de
     hacerse efectivo tal aprovechamiento, que tendrá carácter neto, al
     llevar incorporada la cesión obligatoria de aprovechamiento al
     Ayuntamiento.
     Artículo 111.--Procedimiento.
     La aplicación de la ocupación directa para la obtención de terrenos
     dotacionales deberá ajustarse a las siguientes reglas:
     1.ª Se publicará y notificará a los interesados la relación de los
     terrenos y propietarios afectados, aprovechamientos subjetivos
     correspondientes a cada uno de ellos y unidad o unidades de ejecución
     excedentarias donde habrán de hacer efectivos sus derechos.  2.ª La
     ocupación sólo podrá llevarse a cabo transcurrido el plazo de un mes
     desde la anterior notificación, y en tal momento se levantará acta,
     en la que el Ayuntamiento hará constar, al menos:
     a) Lugar y fecha de otorgamiento.  b) Identificación de los titulares
     de los terrenos ocupados y situación registral de éstos.  c)
     Superficie ocupada y aprovechamientos urbanísticos que les
     correspondan.  d) Unidad de ejecución donde se harán efectivos estos
     aprovechamientos.  3.ª Se entenderán las actuaciones con el
     Ministerio Fiscal en el caso de propietarios desconocidos, no
     comparecientes, incapacitados sin persona que les represente o cuando
     se trate de propiedad litigiosa.
     Artículo 112.--Indemnización.
     1. Los propietarios afectados por las ocupaciones directas tendrán
     derecho a ser indemnizados por el período de tiempo que medie desde
     la ocupación de sus terrenos hasta la aprobación definitiva del
     Proyecto de Reparcelación correspondiente a la unidad de ejecución en
     que hubieren sido integrados.
     2. Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera
     producido la aprobación definitiva del mencionado Proyecto de
     Reparcelación, los interesados podrán advertir al Ayuntamiento de su
     propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse
     a cabo por ministerio de la Ley, una vez transcurridos seis meses
     desde dicha advertencia.
     3. A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente
     hoja de aprecio, y si transcurriesen tres meses sin que el
     Ayuntamiento la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado Provincial de
     Expropiación, que fijará el justiprecio correspondiente. La
     valoración se entenderá referida al momento de iniciación del
     expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los intereses de
     demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la
     correspondiente tasación.
     CAPITULO IV expropiación forzosa
     Artículo 113.--Supuestos expropiatorios.
     La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes supuestos: a)
     Cuando se haya establecido este sistema de actuación para la unidad
     de ejecución correspondiente.
     b) Para la obtención de terrenos destinados a sistemas generales y
     dotaciones locales, siempre que no esté prevista su obtención
     mediante procedimientos vinculados a la delimitación y actuación en
     unidades de ejecución o por ocupación directa.
     c) Para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de
     suelo, antes de la aprobación del planeamiento de desarrollo.
     d) Por incumplimiento de la función social de la propiedad.
     e) En los demás supuestos legalmente previstos.
     Artículo 114.--Función social de la propiedad.
     1. La expropiación por incumplimiento de la función social de la
     propiedad se podrá aplicar por inobservancia de los plazos
     establecidos para la urbanización de los terrenos y su edificación o,
     en general, de los deberes básicos establecidos en esta Ley, y
     especialmente en los supuestos de parcelaciones ilegales.
     2. A estos efectos, constatado el incumplimiento del plazo, el
     Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento del propietario requiriendo el
     cumplimiento. Si transcurrieran seis meses desde el requerimiento sin
     que el propietario haya iniciado el proceso de cumplimento de la
     obligación de urbanizar o edificar, se iniciará el correspondiente
     expediente.
     3. En estos casos, del justiprecio se deducirá el importe de la multa
     que hubiera sido impuesta, mediante resolución definitiva en vía
     administrativa.
     Artículo 115.--Deber de edificar.
     1. Los Ayuntamientos que dispusieran de Patrimonio Municipal del
     Suelo incluirán en el mismo las parcelas expropiadas por
     incumplimiento del deber de edificar.
     2. En todo caso, en el plazo de seis meses desde la expropiación de
     parcelas por incumplimiento del deber de edificar, el Ayuntamiento
     resolverá sobre el modo de llevar a cabo la edificación, que habrá de
     iniciarse en el plazo de un año desde la fecha de la citada
     resolución, con destino de los correspondientes terrenos a la
     construcción de viviendas de protección pública o, cuando ello no
     resulte conveniente, a otros fines de interés social.
     3. El incumplimiento por parte del Ayuntamiento del plazo de
     dieciocho meses para edificar habilitará al antiguo propietario a
     solicitar la reversión de las mismas.
     Artículo 116.--Superficies expropiables.
     Si para la regularización o formación de manzanas o espacios libres
     conviene suprimir algún patio, calle, plaza o porción de éstas, se
     expropiarán las fincas con fachada o luces directas sobre aquéllas, a
     solicitud de los propietarios.
     Artículo 117.--Servidumbres.
     1. Cuando para la ejecución de un Plan no fuere menester la
     expropiación del dominio y bastare la constitución de alguna
     servidumbre sobre el mismo, podrá imponerse, si no se obtuviere
     convenio con el propietario, con arreglo al procedimiento de la
     legislación de expropiación forzosa, siempre que el justiprecio que
     procediere abonar no exceda de la mitad del importe correspondiente a
     la expropiación completa del dominio.
     2. Cuando hubieren de modificarse o suprimirse servidumbres privadas
     por estar en contradicción con las disposiciones del Plan, podrán
     expropiarse con arreglo al procedimiento de la citada legislación
     expropiatoria.
     Artículo 118.--Prohibición de construcciones.
     Sobre la superficie objeto de expropiación no se podrá realizar
     construcción alguna ni modificar las existentes, salvo en los casos
     previstos en el artículo 70 de esta Ley, previa autorización del
     Ayuntamiento.
     Artículo 119.--Plazo.
     1. La expropiación forzosa deberá tener lugar en el plazo máximo de
     cuatro años desde la producción del supuesto determinante de su
     aplicación.
     2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que
     se hubiera llevado a efecto la expropiación, los interesados podrán
     advertir al Ayuntamiento de su propósito de iniciar el expediente de
     justiprecio, en los mismos términos establecidos en relación con la
     ocupación directa en el artículo 112, párrafos segundo y tercero, de
     esta Ley.
     TITULO QUINTO sistemas de actuación
     CAPITULO I disposiciones generales
     Sección 1.ª reglas comunes
     Artículo 120.--Modalidades.
     1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de
     actuación, directa o indirecta, que el Ayuntamiento elija en cada
     caso.
     2. Constituyen modalidades de actuación administrativa directa los
     sistemas de expropiación y cooperación.
     3. Constituyen modalidades de actuación administrativa indirecta los
     sistemas de compensación, ejecución forzosa y concesión de obra
     urbanizadora.
     Artículo 121.--Elección.
     1. La elección del sistema de actuación se llevará a cabo en el
     planeamiento o, en su caso, con la delimitación de la unidad de
     ejecución. Siempre que el planeamiento general lo permita y así se
     prevea en el proyecto de planeamiento de desarrollo de iniciativa
     privada, la Administración deberá fijar el sistema o sistemas de
     actuación indirecta propuestos por los particulares.
     Para que la propuesta de aplicación del sistema de compensación sea
     vinculante, el proyecto de planeamiento deberá ser suscrito por
     propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la
     unidad o unidades a ejecutar por dicho sistema.
     2. En el ámbito del suelo urbano no consolidado en el que no sea
     preciso planeamiento de desarrollo, siempre que el planeamiento
     general lo permita, se fijará el sistema de actuación propuesto por
     la iniciativa privada, aplicándose lo establecido en el párrafo
     anterior respecto al sistema de compensación.
     3. Cuando un sistema de actuación indirecta no estuviere siendo
     desarrollado conforme a los plazos fijados en el planeamiento para el
     cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
     urbanización, se considerará justificada su sustitución, que se
     acordará por el Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a información
     pública y audiencia de interesados por plazo común de veinte días.
     Artículo 122.--Reducción de cargas.
     Cuando la actuación en determinadas unidades de ejecución del suelo
     urbano no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las
     cargas en relación con el escaso aprovechamiento urbanístico, el
     Ayuntamiento podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del
     Plan, una reducción de la contribución de los propietarios a las
     mismas o una compensación a cargo de la Administración, procurando
     equiparar los costes de la actuación a los de otras análogas que
     hayan resultado viables.
     Artículo 123.--Gastos de urbanización.
     1. En los gastos de urbanización que deban ser sufragados por los
     propietarios y demás titulares de aprovechamientos subjetivos se
     comprenderán, en su caso, los siguientes con- ceptos: a) El coste de
     las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoliciones,
     pavimentación, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de
     energía eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas,
     conducciones de telefonía y comunicaciones, arbolado, jardinería,
     mobiliario urbano y demás dotaciones locales que estén previstas en
     los Planes y Proyectos, incluidas, en su caso, las obras de conexión
     con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos,
     todo ello sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos con
     cargo a las empresas que prestaren los servicios, en la medida
     procedente conforme a las correspondientes reglamenta- ciones.
     b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones,
     destrucción de plantaciones, obras e instalaciones y extinción de
     arrendamientos, derechos de superficie u otras ocupaciones que exijan
     la ejecución de los Planes.
     c) El coste de los Planes de desarrollo y de los Proyectos de
     Urbanización y gastos originados por la reparcelación.
     d) En los supuestos de actuación mediante el sistema de concesión de
     obra urbanizadora, el coste de los Planes de desarrollo y de los
     Proyectos de Urbanización y los demás gastos acreditados en los
     términos establecidos reglamentariamente, que se abonará, en su caso,
     a quien hubiese promovido útilmente la aplicación del sistema sin
     resultar adjudicatario de la concesión.
     2. El pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo
     acuerdo de la Administración con los propietarios interesados,
     cediendo éstos terrenos edificables en la proporción que se estime
     suficiente para compensarlos.
     3. Los gastos de urbanización se distribuirán entre los propietarios
     y titulares en proporción al aprovechamiento subjetivo que les
     corresponda.
     Sección 2.ª reparcelación
     Artículo 124.--Objeto.
     1. Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas
     en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada al
     planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los
     interesados en proporción a sus respectivos derechos y de los
     terrenos de cesión obligatoria a favor del Municipio.
     2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los
     beneficios y las cargas de la ordenación urbanística, regularizar la
     configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas
     para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre
     parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que
     corresponda al Ayuntamiento, en su caso.
     3. La aplicación de los sistemas de actuación exige la reparcelación
     de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que
     resulte suficientemente equitativa la distribución de beneficios y
     cargas para todos los propietarios.
     4. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes,
     supletoriamente se aplicarán a la reparcelación las normas de la
     expropiación forzosa.
     Artículo 125.--Contenido.
     El Proyecto de Reparcelación se ajustará a los siguientes criterios,
     salvo que los propietarios, por unanimidad, adopten otros diferentes:
     a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie
     de las parcelas respectivas en el momento de aprobarse la
     delimitación de la unidad de ejecución.
     b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes, se
     considerará el básico de repercusión con las correcciones que
     procedan por aplicación de los coeficientes de ponderación previstos
     en el planeamiento o que deriven de la situación y características de
     cada parcela en la unidad de ejecución, determinadas en la forma que
     señale la normativa sobre fijación de valores catastrales.
     Si el valor básico de repercusión no estuviese fijado por la
     Administración tributaria conforme a las determinaciones del Plan en
     ejecución, se calculará con las mismas reglas que se utilizan para su
     fijación por la citada Administración tribu- taria.
     c) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones, mejoras y
     demás derechos que no puedan conservarse se valorarán con
     independencia del suelo, y su importe se satisfará al propietario
     interesado, con cargo al Proyecto en concepto de gastos de
     urbanización.
     d) Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al
     tiempo de su realización que resulten útiles para la ejecución del
     nuevo Plan serán consideradas igualmente como obras de urbanización
     con cargo al Proyecto, y se satisfará su importe al titular del
     terreno sobre el que se hubieran realizado, siempre que éste acredite
     haberlas ejecutado a su costa.
     e) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la
     unidad de ejecución no destinada a un uso dotacional público, deberá
     ser objeto de adjudicación entre los propietarios afectados y demás
     titulares de aprovechamientos subjetivos, en proporción a sus
     respectivos derechos en la reparce- lación.  Las compensaciones
     económicas sustitutivas o complementarias por diferencias de
     adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo al
     valor de las parcelas resultantes conforme a lo establecido en el
     apartado b) de este mismo artículo, sin incluir los costes de
     urbanización.
     El exceso de aprovechamiento privado en relación con los
     aprovechamientos subjetivos de todos los propietarios y demás
     titulares se adjudicará a la Administración para su incorporación al
     Patrimonio Municipal del Suelo.
     f) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas
     estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los
     mismos titulares.
     g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios
     no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los
     solares resultantes podrán adjudicarse pro indiviso a tales
     propietarios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no
     alcanzase el quince por ciento de la parcela mínima edificable, la
     adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.
     h) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes
     superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan
     la configuración y características adecuadas para su edificación
     conforme al planeamiento.
     Artículo 126.--Exclusiones.
     No serán objeto de nueva adjudicación en el expediente
     reparcelatorio, conservándose las propiedades primitivas, sin
     perjuicio, cuando fuese necesario, de la regularización de lindes y
     de las compensaciones económicas que procedan: a) Los terrenos
     edificados con arreglo al planeamiento que se ejecuta.
     b) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al
     planeamiento, cuando la diferencia, en más o en menos, entre el
     aprovechamiento que les corresponda con arreglo al Plan y el que
     correspondería al propietario en proporción a su derecho en la
     reparcelación sea igual o inferior al quince por ciento de este
     último, siempre que no estuvieran destinados a usos incompatibles con
     la ordenación urbanística.
     c) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al
     planeamiento, cuando las edificaciones se destinen a usos no
     incompatibles con el planeamiento y el coste de su eliminación
     resulte desproporcionado a la economía de la actuación.
     d) Los inmuebles del Patrimonio Cultural Aragonés.
     Artículo 127.--Reparcelación económica.
     1. La reparcelación económica podrá aplicarse cuando, por las
     circunstancias de la edificación adecuada al Plan, en una actuación
     urbanística no fuera posible llevar a cabo la reparcelación material
     de los terrenos en un porcentaje superior a la mitad de la superficie
     de la unidad de ejecución.
     2. En este caso, la reparcelación se limitará a la redistribución
     material de los terrenos restantes y a establecer las cesiones en
     favor del Ayuntamiento y las indemnizaciones entre los afectados,
     incluidos los titulares de las superficies edificadas conforme al
     planeamiento.
     Artículo 128.--Suspensión de licencias.
     1. La iniciación del expediente de reparcelación conlleva, sin
     necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de
     licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad de
     ejecución. Los peticionarios de licencias solicitadas con
     anterioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparcelación
     tendrán derecho a ser resarcidos del coste justificado de los
     proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas municipales.
     2. No podrán concederse licencias de parcelación y edificación hasta
     que sea definitivo en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la
     reparcelación de la unidad de ejecución.
     Artículo 129.--Procedimiento.
     1. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Reparcelación
     será el mismo establecido para los Estudios de Detalle en el artículo
     61 de esta Ley, con la salvedad de que la iniciativa privada deberá
     producirse exclusivamente en el marco del correspondiente sistema de
     actuación.
     2. No obstante, cuando estuvieran de común acuerdo la totalidad de
     los propietarios o, en su caso, el propietario único de la unidad de
     ejecución, podrán presentar para su directa aprobación definitiva por
     el Ayuntamiento propuesta de reparcelación formalizada en escritura
     pública, previa observancia del trámite de información pública, que
     los interesados podrán promover por iniciativa privada, conforme a lo
     establecido en la disposición adicional quinta de esta Ley, cuando
     transcurra un mes desde la presentación de su solicitud sin que el
     Ayuntamiento haya iniciado efectivamente el trámite.
     Artículo 130.--Efectos.
     El acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación producirá los
     siguientes efectos: a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio
     y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para
     su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo o su afectación a
     los usos previstos en el planeamiento.
     b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las
     nuevas parcelas, siempre que quede establecida su correspondencia.
     c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las
     cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación
     correspondiente.
     Artículo 131.--Normalización de fincas.
     1. La normalización de fincas procederá siempre que no sea necesaria
     la redistribución de beneficios y cargas de la ordenación entre los
     propietarios afectados, pero sea preciso regularizar la configuración
     física de las fincas para adaptarlas a las exigencias del
     planeamiento.
     2. La normalización de fincas se limitará a definir los nuevos
     linderos de las fincas afectadas de conformidad con el planeamiento,
     siempre que no afecte al valor de las mismas en proporción superior
     al quince por ciento ni a las edificaciones existentes. Las
     diferencias se compensarán en metálico.
     3. La normalización se acordará por el Ayuntamiento Pleno, con
     trámite de audiencia de los interesados por plazo de quince días.
     CAPITULO II sistemas de actuación directa
     Sección 1.ª sistema de expropiación
     Artículo 132.--Caracteres.
     1. En el sistema de expropiación, la Administración obtiene todos los
     terrenos y ejecuta la obra de urbanización. También puede ejecutar
     las obras de edificación.
     2. La expropiación se aplicará, como sistema de actuación, por
     unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y
     derechos incluidos en las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
     artículo siguiente.
     3. La aplicación del sistema de expropiación exigirá la formulación
     de la relación de propietarios y descripción de bienes y derechos
     afectados en la unidad de ejecución. Dicha relación habrá de ser
     aprobada por el Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de
     información pública por plazo de veinte días.
     Artículo 133.--Liberación.
     1. La Administración expropiante podrá, excepcionalmente, liberar de
     la expropiación a determinados derechos y bienes de propiedad privada
     o patrimoniales, mediante la imposición de las condiciones, términos
     y proporción en que habrán de vincularse los propietarios de los
     mismos a la gestión urbanística y las garantías para el supuesto de
     incumplimiento.
     2. Una vez aprobadas las anteriores condiciones por la Administración
     expropiante, deberán ser aceptadas por el propietario de los bienes a
     liberar, abriéndose un período de información pública por término de
     veinte días, con carácter previo a la adopción del acuerdo de
     liberación por parte del órgano expropiante.
     3. En ningún caso podrá aprobarse la liberación si la expropiación
     viene motivada por incumplimiento de los deberes urbanísticos del
     artículo 114.
     Artículo 134.--Parcelas resultantes.
     Finalizada en vía administrativa la expropiación de todos los
     terrenos afectados y aprobado definitivamente el proyecto de
     reparcelación, el Ayuntamiento podrá ceder las parcelas resultantes,
     conforme al régimen aplicable a los bienes del Patrimonio Municipal
     del Suelo, siempre que en la correspondiente transmisión quede
     garantizada la subrogación del adquirente en la posición del
     transmitente por lo que hace al cumplimiento, en los plazos y
     condiciones establecidos por el planeamiento, de los deberes
     urbanísticos aún pendientes y, en concreto, del de urbanización de
     los terrenos o, en su caso, realización simultánea de las obras de
     edificación y las de urbanización necesarias para que la parcela
     adquiera la condición de solar.
     Sección 2.ª sistema de cooperación
     Artículo 135.--Caracteres.
     1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de
     cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de
     urbanización con cargo a los mismos.
     2. El expediente de reparcelación se entenderá iniciado al aprobarse
     la delimitación de la unidad de ejecución, salvo cuando la
     reparcelación se hubiere tramitado y aprobado conjuntamente con la
     propia delimitación.
     Artículo 136.--Gastos.
     1. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios afectados el pago
     de cantidades a cuenta, sin que puedan exceder del importe de las
     inversiones previstas para los próximos seis meses.  2. El
     Ayuntamiento también podrá, cuando las circunstancias lo aconsejen,
     convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de
     los gastos de urbanización. El beneficiario deberá prestar garantía
     suficiente a juicio del Ayuntamiento. Los aplazamientos en el pago de
     las cuotas devengarán en favor del Ayuntamiento el interés legal
     correspondiente, desde el momento en que éste realice las obras.
     Artículo 137.--Colaboración.
     Los propietarios que representen, al menos, el veinticinco por ciento
     de la superficie total de la unidad de ejecución podrán: a)
     Constituir asociaciones administrativas de propietarios, con la
     finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización.
     b) Ofrecer su colaboración al Ayuntamiento, que se concretará en la
     entrega de planos, documentos y cualquier tipo de antecedentes, así
     como en la elaboración y presentación del Proyecto de Reparcelación,
     que el Ayuntamiento estará obligado a tramitar de acuerdo con las
     reglas establecidas al efecto en la presente Ley.
     CAPITULO III sistemas de actuación indirecta
     Sección 1.ª sistema de compensación
     Artículo 138.--Caracteres.
     En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos
     de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los
     términos y condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen
     en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a
     un solo titular.
     Artículo 139.--Estatutos y Bases.
     1. Los propietarios que representen más de la mitad de la superficie
     de la unidad de ejecución presentarán, en el plazo establecido por el
     planeamiento y, en su defecto, en el plazo máximo de seis meses desde
     la aprobación definitiva del Plan o de la delimitación de la unidad
     de ejecución, los proyectos de Estatutos de la Junta de Compensación
     y Bases de Actuación de ésta ante el Ayuntamiento respectivo.
     2. El procedimiento de aprobación de los anteriores proyectos de
     Estatutos y Bases será el mismo establecido para los Estudios de
     Detalle en el artículo 61 de esta Ley, con la salvedad de entender
     limitada la iniciativa privada al porcentaje de propietarios
     establecido en el párrafo anterior.
     Artículo 140.--Incorporaciones y expropiaciones.
     Los propietarios dispondrán del plazo de un mes desde la notificación
     del acuerdo municipal aprobatorio de los Estatutos y Bases para
     incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus
     fincas serán expropiadas en favor de la Junta de Compensación, que
     tendrá la condición jurídica de beneficiaria.
     Podrán también incorporarse empresas urbanizadoras que hayan de
     participar con los propietarios en la gestión de la unidad de
     ejecución.
     Artículo 141.--Procedimiento conjunto.  Los propietarios incluidos en
     una unidad de ejecución, por acuerdo unánime, podrán presentar a la
     aprobación definitiva del Ayuntamiento, conjunta o separadamente, las
     propuestas de Estatutos, Bases de Actuación, Proyecto de
     Reparcelación y, en su caso, Proyecto de Urbanización, procediendo
     tras su aprobación a constituir la Junta, en los términos
     establecidos en el artículo anterior.
     Artículo 142.--Junta de Compensación.
     1. La Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica y plena
     capacidad para el cumplimiento de sus fines, disfrutan- do de
     consideración administrativa a los efectos previstos en esta Ley.
     2. Los cargos del órgano rector de la Junta recaerán necesariamente
     en personas físicas, formando parte del mismo un representante del
     Ayuntamiento.
     3. Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso ante el
     Ayuntamiento Pleno.
     4. La Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción por vía de
     apremio de las cantidades adeudadas por sus miembros.
     Artículo 143.--Reparcelación.
     Corresponde a la Junta de Compensación, en el plazo de los seis meses
     siguientes a su constitución, formular el Proyecto de Reparcelación,
     conforme a lo establecido en los Estatutos y, en todo caso, con el
     quórum de asistencia de los propietarios que representen más de la
     mitad de la superficie de la unidad de ejecución.
     Artículo 144.--Transmisiones.
     1. Las Juntas de Compensación actuarán como fiduciarias con pleno
     poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios
     miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en
     los Estatutos.
     2. La transmisión a la Administración correspondiente, en pleno
     dominio y libres de cargas, de todos los terrenos de cesión
     obligatoria tendrá lugar, por ministerio de la Ley, con la aprobación
     definitiva del Proyecto de Reparcelación.
     Artículo 145.--Responsabilidad.
     1. La Junta de Compensación será directamente responsable, frente al
     Ayuntamiento, de la urbanización completa de la unidad de ejecución
     y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando
     así se hubiere establecido.
     2. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones
     y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al Ayuntamiento
     para expropiar sus respectivos derechos, correspondiendo a la Junta
     la condición jurídica de benefi- ciaria.
     Sección 2.ª sistema de ejecución forzosa
     Artículo 146.--Caracteres.
     1. En el sistema de ejecución forzosa, el Ayuntamiento ocupa los
     terrenos necesarios en favor de una Comisión Gestora, que realiza las
     obras de urbanización y procede a la distribución de los beneficios y
     cargas correspondientes.
     2. El Ayuntamiento acordará la utilización de este sistema cuando se
     produjera el incumplimiento de cualquiera de los deberes inherentes
     al sistema de compensación y lo soliciten los propietarios que
     representen una cuarta parte, al menos, de la superficie de la unidad
     de ejecución.
     3. El acto por el que se determine el sistema de ejecución forzosa se
     notificará a los propietarios, otorgándoles el plazo de un mes para
     adherirse al mismo.  4. Con independencia del ejercicio del derecho
     de adhesión a la ejecución, todos los propietarios de terrenos de la
     unidad de ejecución formarán parte necesariamente de la comunidad de
     reparto de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento.
     Artículo 147.--Comisión Gestora.
     1. En el sistema de ejecución forzosa, la ejecución del planeamiento
     corresponde a una Comisión Gestora, con naturaleza jurídica y
     facultades idénticas a las de la Junta de Compensación.
     2. Los Estatutos de dicha Comisión se elaborarán y aprobarán por el
     Ayuntamiento.
     3. La Comisión se compone por representantes, a partes iguales, de
     los propietarios y del Ayuntamiento. Los miembros representantes de
     los propietarios serán elegidos, de entre ellos, por los que se
     hubieren adherido en plazo a la gestión del sistema. Los miembros
     representantes del Ayuntamiento serán designados y revocados
     libremente por éste. En todo caso, el Presidente de la Comisión, que
     dispondrá de voto de calidad en las votaciones, será elegido por
     todos sus miembros entre los representantes del Ayuntamiento. Asumirá
     las funciones de Secretario un empleado municipal.
     Artículo 148.--Reparcelación.
     El Proyecto de Reparcelación, además del contenido común previsto en
     el artículo 125 de esta Ley, determinará las parcelas resultantes
     destinadas a compensar los gastos de urbanización previstos y sus
     posibles rectificaciones.
     Artículo 149.--Ocupaciones.
     1. La determinación del sistema de ejecución forzosa habilitará al
     Ayuntamiento para proceder inmediatamente y sin ulterior trámite a la
     ocupación, en favor de la Comisión Gestora, de los terrenos y bienes
     que, por su calificación urbanística, deban ser objeto de cesión
     obligatoria y gratuita, siempre y cuando se prevea simultáneamente el
     inicio de las actuaciones correspondientes.
     2. Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el
     Ayuntamiento podrá acordar, en favor de la Comisión Gestora, la
     ocupación inmediata de todos o parte de los bienes y el ejercicio de
     la facultad de disposición sobre los mismos como titular fiduciario.
     3. Igualmente podrá el Ayuntamiento proceder a la inscripción
     registral a su favor del suelo de cesión obligatoria y gratuita,
     conforme a lo establecido en el Proyecto de Reparcelación.
     Artículo 150.--Urbanización.
     1. La Comisión Gestora acordará las modalidades a adoptar para la
     realización de las obras y su financiación. Tras la aprobación del
     Proyecto de Reparcelación, podrá enajenar los terrenos reservados
     para atender los gastos de urbanización o contratar con empresas
     urbanizadoras la ejecución material de las obras, a cambio de
     determinado aprovechamiento lucrativo con cargo a dichos terrenos.
     2. En todo caso, las enajenaciones y obras se realizarán conforme a
     las prescripciones de la legislación de contratos de las
     Administraciones Públicas relativas a capacidad de las empresas,
     publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
     Artículo 151.--Liquidación.
     Concluidas las obras, el aprovechamiento urbanístico sobrante, tras
     atender a los gastos de urbanización, se distribuirá entre los
     propietarios, en la proporción que corresponda a sus respectivos
     bienes originarios.
     Sección 3.ª sistema de concesión de obra urbanizadora
     Artículo 152.--Caracteres.
     En el sistema de concesión de obra urbanizadora, el urbanizador
     realiza las obras de urbanización y procede a la distribución de los
     beneficios y cargas correspondientes, obteniendo su retribución
     conforme a lo convenido con el Ayuntamiento.
     Artículo 153.--Adjudicación.
     1. Determinado este sistema de actuación, el Ayuntamiento procederá a
     la convocatoria y adjudicación de la concesión, conforme a las
     prescripciones de la legislación de contratos de las Administraciones
     Públicas relativas a capacidad de las empresas, publicidad,
     procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
     2. La convocatoria describirá las labores a realizar por el
     urbanizador, que podrán consistir en la formulación de Estudios de
     Detalle, Proyectos de Urbanización y Reparcelación, distribución de
     beneficios y cargas entre los propietarios, realización de las obras
     de urbanización y, en su caso, de edificación, con memorias de
     calidades, características básicas, costes máximos y plazos de
     construcción correspon- dientes.
     3. En la convocatoria, el Ayuntamiento puede comprometer también el
     gasto público necesario para financiar determinadas infraestructuras
     de apoyo que considere de interés general prioritario.
     4. Conforme al siguiente orden de preferencia, tendrán derecho a
     subrogarse en la posición del urbanizador que hubiere resultado
     adjudicatario, asumiendo y garantizando sus mismos compromisos y
     obligaciones: a) Los propietarios de terrenos que representen más del
     cincuenta por ciento de la superficie afectada por la actuación. A
     tal efecto, los propietarios deberán constituir una entidad con
     personalidad jurídica propia que asumirá la responsabilidad en la
     gestión de la obra urbanizadora.
     b) Quien hubiese formulado los instrumentos de planeamiento y gestión
     que determinaron la aplicación del sistema de concesión de obra
     urbanizadora.
     Artículo 154.--Responsabilidad.
     El coste de las inversiones, instalaciones, obras y compensaciones
     necesarias para ejecutar el planeamiento será garantizado en forma y
     proporción suficientes y financiado por el urbanizador responsable de
     la actuación, quien podrá repercutirlo en la propiedad de los solares
     resultantes.
     Artículo 155.--Retribución.
     1. El urbanizador obtendrá su retribución a costa de los
     propietarios, en terrenos edificables o en metálico, en los términos
     establecidos en la concesión.  2. La retribución en terrenos se hará
     efectiva mediante la reparcelación.  3. La retribución en metálico se
     hará efectiva mediante cuotas de urbanización acordadas entre
     urbanizador y propietarios o, en su defecto, aprobadas por el
     Ayuntamiento, que habrán de satisfacer los propietarios, quedando
     sujetos los terrenos al pago de tales cuotas, como carga real, que
     figurará en el Proyecto de Reparcelación. El urbanizador podrá
     solicitar del Ayuntamiento la exacción por vía de apremio de las
     cuotas adeudadas por los propietarios.
     Artículo 156.--Ocupaciones.
     El Ayuntamiento, en los términos establecidos en la concesión,
     procederá a la ocupación inmediata de los terrenos y bienes que, por
     su calificación urbanística, deban ser objeto de cesión obligatoria y
     gratuita.
     TITULO SEXTO edificación y uso del suelo
     CAPITULO I normas de directa aplicación
     Artículo 157.--Protección del paisaje.
     1. Las construcciones habrán de observar las exigencias de protección
     del medio ambiente establecidas en el ordenamiento jurídico y no
     podrán menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o
     urbano en que se permita su realización.  2. La tipología de las
     construcciones habrá de ser congruente con las características del
     entorno. Los materiales empleados para la renovación y acabado de
     fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán de armonizar con el
     paisaje en que vayan a emplazarse.
     3. Los mismos requisitos anteriores serán de aplicación a las obras
     de rehabilitación, modernización o conservación de los inmuebles.
     Artículo 158.--Alturas.
     1. Mientras no exista Plan que lo autorice no podrá edificarse con
     una altura superior a tres plantas, medidas en cada punto del
     terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables.
     2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate
     de solares enclavados en núcleos o manzanas, edificados en más de dos
     terceras partes, los Ayuntamientos sólo podrán autorizar alturas que
     alcancen la media de los edificios ya construidos.
     Artículo 159.--Distancia de vías.
     1. Las construcciones y cierres que se realicen con obras de fábrica
     u otros elementos permanentes, en zonas no consolidadas por la
     edificación, en defecto de alineaciones y rasantes establecidas por
     el planeamiento, tendrán que desplazarse un mínimo de tres metros del
     límite exterior de la calzada de la vía pública a que den frente,
     salvo que por aplicación de otra legislación proceda una distancia
     superior.
     2. Se excluye de la anterior obligación la colocación de mojones o
     postes destinados a delimitar la propiedad rústica, sin impedir el
     acceso a la misma.
     CAPITULO II edificación forzosa
     Artículo 160.--Obligación de edificar.
     1. El propietario de solares y de construcciones en ruina o
     inadecuadas deberá emprender la edificación o cesar el uso inadecuado
     dentro del plazo fijado en el planeamiento, y, en su defecto, en el
     de dos años contados desde que la parcela merezca la calificación de
     solar o desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.
     2. La edificación en los supuestos referidos en el párrafo anterior
     deberá finalizarse en el plazo establecido en la correspondiente
     licencia, y, en su defecto, en el de dos años contados desde el
     inicio de las obras.
     3. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos anteriores, mediando
     causa justa, por un período máximo igual a los mismos.
     4. Se entiende por construcciones inadecuadas las destinadas en más
     de la mitad de su superficie construida a un uso ur- banístico
     incompatible con el establecido en el planeamiento.
     Artículo 161.--Registro de Solares.
     1. Los Ayuntamientos que cuenten con Plan General podrán constituir
     un Registro de Solares, de carácter público, en el que se incluirán
     los solares y las construcciones en ruina o inadecuadas, una vez
     transcurridos los plazos de inicio o finalización de la edificación
     establecidos en el artículo anterior.
     2. Los Ayuntamientos que carecieran de Registro de Solares, en los
     mismos casos podrán expropiar los solares o construcciones por
     incumplimiento de la función social de la propiedad, conforme a lo
     establecido en el artículo 114 de esta Ley.
     Artículo 162.--Inclusión.
     1. El acuerdo municipal de inclusión en el Registro de Solares
     contendrá la valoración del terreno, la edificabilidad y los plazos
     incumplidos y determinará la imposibilidad para su titular de iniciar
     o proseguir la edificación, con aplicación del régimen de venta
     forzosa establecido en los artículos siguientes.
     2. Hasta la convocatoria de subasta, la inclusión en el Registro no
     impedirá la solicitud de licencia o el inicio o reanudación de la
     edificación, en cuyo caso la inclusión quedará sin efecto.
     Artículo 163.--Venta forzosa.
     1. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año desde la inclusión
     del inmueble en el Registro de Solares, lo sacará a concurso público,
     bajo el tipo de licitación que resultare de la valoración del
     terreno. El precio obtenido se entregará al propietario.
     2. Si el concurso público fuere declarado desierto, se convocará de
     nuevo en el plazo de seis meses, con rebaja del precio tipo en un
     veinticinco por ciento.
     3. Si el segundo concurso público también quedare desierto, el
     Ayuntamiento, en el plazo de otros seis meses, podrá adquirir el
     inmueble, por el precio de la última licitación, con destino al
     Patrimonio Municipal del Suelo.
     Artículo 164.--Cese de efectos.
     Transcurridos los plazos establecidos en el artículo anterior sin que
     el Ayuntamiento hubiera ejercido las correspondientes actividades, la
     inclusión del inmueble en el Registro de Solares quedará sin efectos.
     Artículo 165.--Obligaciones del adquirente.
     1. El adquirente de solares y construcciones en el procedimiento de
     venta forzosa a que se refiere este capítulo quedará obligado a
     iniciar o reanudar las obras de edificación en el plazo de un año, a
     partir de la fecha de toma de posesión de la finca, e imprimirles el
     desarrollo adecuado para su normal terminación, conforme a lo
     establecido en el artículo 160.2 de esta Ley.
     2. El incumplimiento por el adquirente de las anteriores obligaciones
     determinará de nuevo la inclusión del inmueble en el Registro de
     Solares.
     CAPITULO III licencias
     Sección 1.ª modalidades
     Artículo 166.--Reglas comunes.
     1. Toda edificación, uso, actividad o transformación que se produzca
     en el territorio requerirá de previa licencia urbanística, de
     actividad clasificada, de apertura, de ocupación o de instalación
     otorgada por el Municipio correspondiente, sin perjuicio de las demás
     intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial que
     les afecte.
     2. Los Municipios podrán establecer licencias para finalidades
     diferentes de las anteriores, de conformidad con la Legislación de
     Régimen Local.
     3. El cómputo del plazo, en su caso, establecido para solicitar las
     licencias municipales se interrumpirá desde la solicitud por el
     interesado de las concesiones, licencias o autorizaciones de carácter
     previo atribuidas a la competencia de la Administración del Estado o
     de la Comunidad Autónoma hasta su otorgamiento.
     Artículo 167.--Licencia de actividad clasificada.
     La licencia de actividad clasificada se exigirá para las actividades
     molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de conformidad con lo
     dispuesto en la normativa reguladora de tales actividades.
     Artículo 168.--Licencia de apertura.  La licencia de apertura se
     exigirá para los establecimientos comerciales e industriales que no
     precisen licencia de actividad clasificada y tenderá a asegurar que
     los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de
     tranquilidad, seguridad y salubridad.
     Artículo 169.--Licencia de ocupación.
     La licencia de ocupación es una modalidad de las licencias
     urbanísticas, que se exigirá para la primera utilización de los
     edificios y la modificación del uso de los mismos, cuando no sean
     necesarias la licencia de actividad clasificada ni la de apertura.
     Artículo 170.--Licencia de instalación.  La licencia de instalación
     se exigirá para la instalación o traslado de aparatos industriales,
     que en el caso de que integren un uso o actividad que requiera la
     obtención de alguna de las licencias a que se refieren los artículos
     anteriores, se tramitará de forma conjunta y quedará subsumida en
     cualquiera de ellas.
     Artículo 171.--Resolución única.
     1. Los supuestos requeridos de licencia de actividad clasificada o de
     apertura y, además, de licencia urbanística, serán objeto de una sola
     resolución, sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de
     piezas separadas para cada intervención administrativa.
     2. La propuesta de resolución de la solicitud de licencia de
     actividad clasificada o de apertura tendrá prioridad sobre la
     correspondiente a la licencia urbanística. Si procediera denegar la
     primera, así se notificará al interesado y no será necesario resolver
     sobre la segunda.
     3. En cambio, si procediera otorgar la licencia de actividad
     clasificada o de apertura, el órgano municipal competente pasará a
     resolver sobre la licencia urbanística, notificándose lo pertinente
     en forma unitaria al interesado.
     Sección 2.ª licencias urbanísticas
     Artículo 172.--Actos sujetos.  Están sujetos a previa licencia
     urbanística todos los actos de edificación y uso del suelo y del
     subsuelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos
     de tierra, las obras de nueva planta, la modificación de la
     estructura o el aspecto exterior de las edificaciones existentes, la
     primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los
     mismos, la demolición de las construcciones, la colocación de
     carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás
     actos que señalaren los Planes. Cuando los actos de edificación y uso
     del suelo y del subsuelo se realizaren por particulares en terrenos
     de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las
     autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del
     ente titular del dominio público.
     Artículo 173.--Régimen.
     Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la
     legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de
     la resolución, resolviendo tanto sobre la pertinencia de las obras
     como sobre el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
     Se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
     de tercero, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
     ocupación ilegal del dominio público.
     Artículo 174.--Suministros.
     Se requerirá certificación del facultativo director de las obras,
     acreditativa del cumplimiento de la correspondiente licencia
     urbanística, como trámite previo al suministro de energía eléctrica,
     agua, gas y telefonía, sin perjuicio de los suministros provisionales
     de obra.
     Artículo 175.--Procedimiento.
     Las solicitudes de licencias urbanísticas se resolverán por el
     Alcalde, con arreglo al siguiente procedimiento, que, en su caso,
     constituirá pieza separada del procedimiento para la resolución única
     regulado en el artículo 171 de esta Ley: a) Las solicitudes deberán
     presentarse acompañadas del oportuno proyecto técnico redactado por
     profesional competente, con ejemplares para cada uno de los
     organismos que hubieren de informar la petición.
     b) El proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional
     correspondiente en los casos pertinentes. Si el Colegio observare
     incumplimiento de la legislación urbanística, denegará motivadamente
     el visado, sin que con ello se impida la presentación del proyecto,
     junto con los razonamientos que el solicitante tenga por
     convenientes.
     c) Los informes relativos a la solicitud serán evacuados por los
     organismos competentes en el plazo de diez días, transcurrido el cual
     sin haberse emitido, proseguirán las actuaciones.
     d) Las licencias urbanísticas de obras menores habrán de otorgarse en
     el plazo de un mes desde su solicitud, y las restantes, en el de tres
     meses. Tratándose de supuestos requeridos también de licencia de
     actividad clasificada o de apertura, el plazo para la resolución
     única será de cuatro meses.
     El plazo se interrumpirá, si resultaren deficiencias subsanables,
     para que el interesado pueda subsanarlas, con la advertencia, cuando
     se tratare de elementos esenciales para resolver, de que, si así no
     lo hiciera, se le tendrá por desistido de la solicitud, archivándose
     ésta sin más trámite. En cambio, corregidas las deficiencias, se
     reanudará el cómputo del plazo de resolución, que, en caso necesario,
     se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad del plazo
     originario.
     Artículo 176.--Silencio administrativo.
     Transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado ésta, el
     interesado podrá entender estimada su petición por silencio
     administrativo, en los términos establecidos en la legislación del
     procedimiento administrativo común. En ningún caso se entenderán
     adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la
     legislación o del planeamiento urbanístico.
     Artículo 177.--Administración de la Comunidad Autó- noma.
     1. Los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo que se
     promuevan por la Administración de la Comunidad Autónoma estarán
     igualmente sujetos a licencia municipal, salvo lo dispuesto en los
     párrafos siguientes de este artículo.
     2. Cuando se trate de realizar grandes obras de ordenación
     territorial y cuando razones de urgencia o excepcional interés
     público lo exijan, el Consejero competente por razón de la materia
     podrá acordar la remisión del proyecto de que se trate al
     Ayuntamiento correspondiente, para que en el plazo de un mes,
     notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el
     planeamiento urbanístico en vigor.
     3. En caso de disconformidad, el expediente será remitido por el
     Departamento interesado al Consejero de Ordenación Territorial, Obras
     Públicas y Transportes, quien lo elevará al Gobierno de Aragón,
     previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio.
     El Gobierno decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso,
     ordenará la iniciación del procedimiento de alteración del
     planeamiento, conforme a la tramitación establecida en los artículos
     71 a 75 de esta Ley.
     4. Tanto si el Gobierno decidiera la ejecución del proyecto, en el
     caso previsto en el párrafo anterior, como si transcurriese el plazo
     para la intervención municipal prevista en el párrafo segundo sin
     comunicarse la oportuna resolución, la Administración de la Comunidad
     Autónoma procederá inmediatamente a realizar los actos
     correspondientes.
     CAPITULO IV parcelaciones
     Artículo 178.--Definiciones.
     1. Se considera parcelación rústica toda división o segregación
     simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, siempre que
     tenga una finalidad exclusivamente vinculada a la explotación agraria
     de la tierra.  2. Se considera parcelación urbanística toda división
     o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes,
     cuando tenga por finalidad permitir o facilitar la realización de
     actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a
     licencia urbanística.
     Artículo 179.--Parcelaciones ilegales.
     1. Se considera ilegal, a afectos urbanísticos, toda parcelación que
     sea contraria a lo establecido en la presente Ley y en el
     planeamiento urbanístico, especialmente cuando pueda dar lugar a la
     constitución de un núcleo de población.
     2. En defecto de caracterización en el planeamiento, se considera
     núcleo de población la agrupación de edificaciones residenciales,
     susceptibles de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones
     comunes.
     Artículo 180.--Parcelas indivisibles.
     1. No podrá realizarse parcelación alguna que dé lugar a lotes de
     superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas
     en el planeamiento o en la legislación sectorial, salvo que dichos
     lotes sean adquiridos simultáneamente por los propietarios de
     terrenos colindantes con el fin de agruparlos con sus fincas para
     constituir una nueva.
     2. Son indivisibles las parcelas edificables con arreglo a una
     determinada relación entre superficie de suelo y superficie
     construible cuando se edificara la correspondiente a toda la
     superficie, o en el supuesto de que se edificara la correspondiente a
     sólo una parte de ella, la restante si fuera inferior a la parcela
     mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.
     Artículo 181.--Régimen.
     1. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que
     previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible
     según la clase de suelo de que se trate.
     2. En ningún caso se consideran solares, ni se permitirá edificar en
     ellos, los lotes resultantes de una parcelación ilegal.
     Artículo 182.--Licencia o declaración.
     Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la
     aprobación del Proyecto de Reparcelación que la contenga.
     Asimismo, las parcelaciones rústicas se sujetan a la exigencia de la
     declaración previa de la innecesariedad de licencia, quedando
     exceptuadas de tal declaración las operaciones realizadas en los
     procedimientos de concentración parcelaria.
     Artículo 183.--Procedimiento.
     1. Las licencias de parcelación y las declaraciones de su
     innecesariedad se someten al régimen de las licencias urbanísticas
     establecido en los artículos 173 a 177 de esta Ley, salvo las
     especialidades consignadas en los párrafos siguientes.
     2. Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y
     acompañarán un plano de situación con el emplazamiento de los
     terrenos que se pretende fraccionar. En las solicitudes de licencias
     de parcelación urbanística será necesario también presentar un plano
     a escala adecuada de las fincas resultantes de la parcelación.
     3. Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la
     licencia o la declaración de su innecesariedad, indicando en su caso
     la finalidad específica de la parcelación y las condiciones
     urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.
     4. En estos casos, el silencio administrativo siempre se entenderá
     denegatorio de la solicitud de licencia de parcelación o de la
     declaración de su innecesariedad.
     CAPITULO V deber de conservación
     Sección 1.ª ordenes de ejecución
     Artículo 184.--Contenido.
     1. Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares,
     urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas
     condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad
     ambiental, cultural y turística.
     2. La determinación de las citadas condiciones de conservación se
     llevará cabo por los Ayuntamientos, mediante órdenes de ejecución, de
     acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
     3. Constituirá el límite del deber de conservación de las
     edificaciones el estado de ruina de las mismas, salvo que el
     Ayuntamiento opte por alterar dicho estado ruinoso, de conformidad
     con lo establecido en el artículo 192 de esta Ley.
     Artículo 185.--Procedimiento.
     1. Los Alcaldes podrán ordenar la ejecución de las obras y
     actuaciones necesarias para conservar edificaciones, terrenos,
     solares, urbanizaciones y carteles en las condiciones indicadas en el
     artículo anterior, sin necesidad de que las obras y actuaciones estén
     previamente incluidas en plan alguno de ordenación.
     2. Salvo en los supuestos en que pudiera existir urgencia justificada
     o peligro en la demora, en el expediente de las órdenes de ejecución
     se dará audiencia a los interesados, detallando las obras y
     actuaciones que deban realizarse, su presupuesto, plazo de
     cumplimiento y, en su caso, la cuantía de la subvención
     administrativa.
     Artículo 186.--Subvenciones.
     1. Cuando el presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una
     orden de ejecución supere la cuarta parte del valor de las
     edificaciones, excluido el suelo, el Ayuntamiento podrá subvencionar
     hasta el diez por ciento de dicho presupuesto.
     2. En todo caso, el Ayuntamiento deberá subvencionar íntegramente la
     parte del presupuesto de la orden de ejecución que supere la mitad
     del valor de las edificaciones, excluido el suelo.
     3. La supervisión de las obras subvencionadas corresponderá al propio
     Ayuntamiento, que exigirá en todo caso la debida justificación de su
     exacta realización.
     Artículo 187.--Opción.
     1. Si los propietarios interesados en los expedientes de las órdenes
     de ejecución consideran que las obras y actuaciones que el Municipio
     pretende ordenar exceden del límite de su deber de conservación,
     podrán solicitar las subvenciones establecidas en el artículo
     anterior o la previa declaración del estado de ruina de las
     edificaciones.
     2. Tras la adopción de la orden de ejecución no se admitirá
     expediente de declaración de ruina, salvo por circunstancias
     objetivas sobrevenidas. Cuando el interesado incumpla una o varias
     órdenes de ejecución y a consecuencia de ello se produzca la
     situación legal de ruina, el límite ordinario del deber de
     conservación se ampliará en la medida necesaria para restaurar el
     inmueble en los términos señalados por la orden u órdenes de
     ejecución incumplidas.
     Artículo 188.--Cumplimiento.
     1. La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la
     documentación técnica o proyecto, en su caso, de las obras, a fin de
     que el Ayuntamiento compruebe su adecuación a lo ordenado.
     2. Incumplido el plazo establecido en la orden de ejecución, el
     Ayuntamiento podrá optar entre la ejecución subsidiaria o la
     imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de la aplicación de
     las sanciones que pudieran corresponder.
     Artículo 189.--Ejecución forzosa.
     1. La periodicidad de las multas coercitivas para lograr el
     cumplimiento de las órdenes de ejecución no podrá ser inferior a tres
     meses, sin que el importe de cada una de ellas pueda exceder del
     cinco por ciento del presupuesto de las obras, hasta un máximo de
     cinco multas.
     2. En cualquier momento podrá el Municipio optar por el procedimiento
     de ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio
     de seguir el correspondiente procedimiento de apremio sobre el
     patrimonio para el cobro de las multas coercitivas que no se hubieran
     satisfecho.
     Artículo 190.--Areas especiales de conservación.
     1. Los Ayuntamientos podrán delimitar áreas especiales de
     conservación, previo informe favorable de la Comisión Provincial de
     Ordenación del Territorio, cuando la especial degradación o interés
     de determinados entornos urbanos así lo aconseje, en las cuales
     podrán realizarse actuaciones integrales de rehabilitación aplicando
     los regímenes de gestión establecidos en esta Ley.
     2. En las áreas especiales de conservación, los propietarios de toda
     construcción o edificación deberán encomendar a técnico facultativo
     competente, cada cinco años, la realización de una inspección
     dirigida a determinar el estado de conservación de la misma. Los
     informes, cuya eficacia queda sujeta al correspondiente visado
     colegial y a su presentación en el municipio en el plazo de tres
     meses tras el vencimiento de cada período de cinco años, describirán
     el estado actual de la construcción o edificación y propondrán, en su
     caso, las medidas correctoras de las deficiencias observadas, así
     como su grado de ejecución.
     3. No podrá declarase la situación legal de ruina de las
     construcciones o edificaciones situadas en áreas de especial
     conservación cuando no hubiesen sido realizadas las inspecciones
     periódicas o las medidas correctoras a las que se refiere el párrafo
     anterior.
     Sección 2.ª declaración de ruina
     Artículo 191.--Supuestos.
     1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado
     ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier
     interesado, declarará esta situación y acordará la total o parcial
     demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores,
     salvo inminente peligro que lo impidiera.
     2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: a)
     Cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o
     conservación sea superior al cincuenta por ciento del valor actual
     del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
     b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus
     elementos estructurales o fundamentales.
     c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser
     autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de
     ordenación.
     3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, se
     aplicará lo establecido en el artículo 188.2 de esta Ley.
     4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, por motivos de
     seguridad, el Alcalde, bajo su responsabilidad, aunque a costa de los
     obligados por la declaración de ruina, dispondrá lo necesario
     respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes,
     garantizando los derechos de éstos.
     Artículo 192.--Alteración de la ruina.
     1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el
     expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución
     como en cualquier otro caso, el Ayuntamiento podrá adoptar la
     resolución de alterar el estado físico del inmueble, iniciando en un
     plazo de seis meses las necesarias obras de conservación, hasta
     eliminar el estado de ruina y todos los posibles efectos derivados
     del mismo.
     2. En todo caso, cuando el Municipio opte por alterar el estado
     físico del inmueble, el propietario deberá sufragar el importe de las
     obras correspondiente a la mitad del valor de las edificaciones,
     excluido el suelo.
     TITULO SEPTIMO disciplina urbanística
     CAPITULO I inspección urbanística
     Artículo 193.--Competencias.
     1. Los Municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma, las
     mancomunidades y, en su caso, las comarcas llevarán a cabo funciones
     inspectoras, con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de
     la legislación urbanística.
     2. Corresponde al Departamento de Ordenación Territorial, Obras
     Públicas y Transportes el ejercicio de las más amplias funciones
     inspectoras en toda la Comunidad Autónoma. No obstante, su actuación
     inspectora se encaminará preferentemente a impedir actividades de
     parcelación o urbanización que sean ilegales, a proteger los sistemas
     generales y a defender el orden jurídico de interés supramunicipal.
     Artículo 194.--Facultades.
     1. Los inspectores urbanísticos están autorizados para entrar y
     permanecer libremente y en cualquier momento en fincas,
     construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora.
     Cuando para el ejercicio de esas funciones inspectoras fuera precisa
     la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización
     judicial.
     2. Los inspectores urbanísticos podrán recabar la exhibición de la
     documentación urbanística obrante en poder del interesado o de
     cualquier organismo público o privado.
     3. Las actas y diligencias extendidas por los inspectores
     urbanísticos tienen la naturaleza de documentos públicos y
     constituyen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo
     que se acredite lo contrario.
     Artículo 195.--Funciones.
     1. Corresponde a los inspectores urbanísticos, en su ámbito de
     competencias, el ejercicio de las siguientes funciones: a) La
     investigación y comprobación del cumplimiento de la legislación
     urbanística, practicando cuantas mediciones y pruebas sean necesarias
     a tal fin.
     b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas
     para asegurar el cumplimiento de la legislación urbanística.
     c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores que
     procedan.
     2. Las funciones inspectoras no podrán comportar ninguna disminución
     de las obligaciones que correspondan a los interesados conforme a la
     legislación urbanística.
     CAPITULO II protección de la legalidad
     Artículo 196.--Obras y usos en curso de ejecución.
     Cuando se estuviera realizando algún acto de edificación o uso del
     suelo o del subsuelo sin licencia u orden de ejecución o contra las
     condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde dispondrá su
     paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno
     expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:
     a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles
     con la ordenación vigente, decretará su demolición, reconstrucción o
     cesación definitiva en la parte pertinente a costa del interesado,
     aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado siguiente para la
     parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación.
     b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación
     vigente, requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses
     solicite la preceptiva licencia o su modificación, con apercibimiento
     de que, si así no lo hiciera, ordenará a costa del interesado la
     realización de los proyectos técnicos necesarios para que el
     Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actuación
     afectada. En caso de no proceder la legalización, decretará la
     demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra o del uso
     en la parte pertinente a costa del interesado.
     Artículo 197.--Obras terminadas.
     1. Si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución
     o contra las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde, dentro
     del plazo de prescripción de la correspondiente infracción
     urbanística, a contar desde la total terminación de las obras, y
     previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los
     acuerdos establecidos en las letras a) o b) del artículo anterior,
     según proceda.
     2. Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el
     planeamiento como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o
     suelo no urbanizable especial, el Alcalde adoptará alguno de los
     acuerdos establecidos en el párrafo anterior en cualquier momento,
     sin perjuicio de dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudieran
     ser constitutivos de delito.
     3. El mero transcurso del plazo a que se refiere el párrafo primero
     de este artículo no conllevará la legalización de las obras
     realizadas y, en consecuencia, no podrán llevarse a cabo, en tanto
     persista la transgresión del ordenamiento urbanístico, obras de
     reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.
     4. En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la
     incoación del expediente de legalización difiera del planeamiento
     vigente en el momento de la ejecución de las obras, se aplicará el
     más favorable a las obras realizadas.
     Artículo 198.--Competencias autonómicas.
     1. El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrá
     subrogarse en las competencias del Alcalde reguladas en los dos
     artículos anteriores, tras requerirle para su ejercicio, sin que en
     el plazo de los diez días siguientes se haya iniciado el oportuno
     procedimiento municipal.
     2. El mismo Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
     dispondrá directamente de las facultades establecidas en los dos
     artículos anteriores en relación con las construcciones en suelo
     urbanizable o no urbanizable llevadas a cabo sin la autorización
     regulada en el artículo 25 de esta Ley, cuando la misma fuera
     necesaria, o contra las condi- ciones de dicha autorización
     establecidas, en su caso, en el informe de la Comisión Provincial de
     Ordenación del Territorio.
     Artículo 199.--Suspensión de licencias.
     1. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de licencias,
     órdenes de ejecución o instrumentos de ejecución y,
     consiguientemente, la paralización inmediata de las obras iniciadas a
     su amparo, cuando el contenido de dichos actos o acuerdos constituya
     manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave.  2. El
     Alcalde procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo
     del anterior acuerdo de suspensión al órgano judicial competente, a
     los efectos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción
     Contencioso-Administrativa.
     Artículo 200.--Revisión.
     1. Las licencias, órdenes de ejecución, planes urbanísticos o
     instrumentos de ejecución ilegales deberán ser revisados por el
     Ayuntamiento en los casos y conforme a los plazos y procedimientos
     establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico
     de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
     Común.
     2. El Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
     Transportes, dentro de los mismos plazos establecidos para la
     revisión por los preceptos citados en el párrafo anterior, podrá
     requerir del Ayuntamiento la remisión de copias de las licencias u
     órdenes de ejecución que pudieran ser ilegales, así como de los
     correspondientes proyectos técnicos, impugnándolas conforme a lo
     establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley reguladora de las
     Bases del Régimen Local.
     3. Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con
     infracción de la zonificación o uso urbanístico de los terrenos
     destinados a sistemas generales, zonas verdes o espacios libres
     previstos en los planes serán nulas de pleno derecho.
     Artículo 201.--Suspensión de suministros.
     1. Las órdenes de suspensión, paralización o demolición de
     cualesquiera obras, usos o edificaciones serán notificadas a las
     empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas
     y telefonía, a fin de que procedan en el plazo de cinco días a la
     suspensión de los correspondientes suministros.
     2. La suspensión de los suministros sólo podrá levantarse una vez que
     se haya procedido a la legalización de las obras, usos o
     edificaciones respectivas, mediante notificación expresa en tal
     sentido de la Administración a las empresas suministradoras.
     Artículo 202.--Sujeción a otros regímenes.
     Lo dispuesto en este Capítulo se entiende sin perjuicio de la
     imposición de las sanciones que procedan y de las facultades que
     correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen
     específico de autorización, concesión o cualquier otro al que
     estuvieran sometidos determinados actos de edificación y uso del
     suelo o del subsuelo.
     CAPITULO III régimen sancionador
     Artículo 203.--Infracciones leves.
     Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas
     con multa de veinticinco mil a quinientas mil pesetas: a) La
     realización de actos de parcelación sin licencia o declaración de
     innecesariedad, cuando fuesen legalizables.
     b) La realización de actos de edificación o uso del suelo y del
     subsuelo sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus
     condiciones, cuando tales actos sean legalizables por ser conformes
     con el ordenamiento urbanístico o cuando tengan escasa entidad.
     c) El incumplimiento de escasa entidad del deber de conservación de
     edificaciones, terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas
     condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad
     ambiental, cultural y turística.
     d) El incumplimiento de escasa entidad de las determinaciones de las
     Normas u Ordenanzas de edificación o del Proyecto de Urbanización.
     e) El incumplimiento por las empresas suministradoras de sus
     obligaciones de exigir el cumplimiento de la licencia urbanística o
     de suspender los suministros, conforme a lo establecido en esta Ley.
     f) Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el
     ejercicio de las funciones de vigilancia del cumplimiento de la
     legalidad urbanística.
     g) La no paralización inmediata de las obras tras la recepción del
     correspondiente requerimiento.
     Artículo 204.--Infracciones graves.
     Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas
     con multa de quinientas mil una pesetas a cinco millones de pesetas:
     a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre
     parcelaciones, siempre que no estén tipificados como infracción muy
     grave.
     b) La realización sin licencia de actos de edificación o uso del
     suelo y del subsuelo de suficiente entidad, en contra de lo dispuesto
     en el ordenamiento urbanístico, salvo cuando esté tipificada como
     infracción muy grave.
     c) El exceso de edificación, en altura, ocupación, parcela mínima,
     superficie construida o volumen, sobre la edificabilidad permitida en
     la licencia.
     d) La ejecución, sin licencia o contraviniendo sus condiciones, de
     obras de consolidación, modernización o incremento de su valor en
     edificaciones calificadas como fuera de ordenación, salvo los casos
     autorizados.
     e) El incumplimiento, sin licencia o contraviniendo sus condiciones,
     de la normativa urbanística sobre distancias de las edificaciones
     entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y
     linderos.
     f) La realización de construcciones sin licencia que menoscaben
     gravemente la belleza, armonía o visión del paisaje natural, rural o
     urbano.
     g) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones,
     terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de
     seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y
     turística, cuando el grado de deterioro sea importante.
     h) El incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y la
     edificación.
     Artículo 205.--Infracciones muy graves.
     Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán
     sancionadas con multa de cinco millones una pesetas a cincuenta
     millones de pesetas: a) La realización de parcelaciones urbanísticas
     en suelo urbanizable no delimitado y en suelo no urbanizable cuando
     pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
     b) La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación
     del Plan y Proyecto exigibles.
     c) La realización de actos de edificación y uso del suelo o del
     subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico,
     cuando afecten a superficies destinadas a dominio público, sistemas
     generales, equipamientos, zonas verdes, espacios libres y suelo no
     urbanizable especial.
     d) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme
     a la legislación urbanística.
     Artículo 206.--Responsables.
     1. En las infracciones en materia de urbanización, uso del suelo y
     edificación serán responsables el promotor, el constructor y los
     técnicos directores.
     2. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables
     los propietarios iniciales de los terrenos posteriormente divididos y
     también el promotor de la actividad, considerando por tal al agente o
     intermediario que intervenga en la operación.
     3. En las infracciones consistentes en el incumplimiento de las
     obligaciones de exigir licencia y de suspender los suministros serán
     responsables las empresas suministradoras de los servicios.
     4. En las infracciones al deber de conservación serán responsables
     los propietarios de las edificaciones o instalaciones.
     5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones
     cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las
     medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado y del beneficio
     derivado de la comisión de la infracción.
     Artículo 207.--Graduación de sanciones.
     1. La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos
     constitutivos de la infracción, conforme a los criterios establecidos
     en la legislación del procedimiento administrativo común.
     2. Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier
     beneficio derivado de la comisión de la infracción, la
     Administración, al imponer la correspondiente sanción, deberá además
     cuantificar dicho beneficio e imponer su pago al infractor.
     3. Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma
     infracción tendrán entre sí carácter independiente.
     4. Las cantidades que pudiera ingresar la Administración como
     consecuencia de sanciones deberán afectarse a actividades
     urbanísticas.
     Artículo 208.--Obligaciones adicionales.
     Con independencia de las sanciones personales, la Administración debe
     imponer las obligaciones de restaurar el orden urbanístico alterado,
     reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la
     situación ilegal e indemnizar los daños y perjuicios causados.
     Artículo 209.--Prescripción.
     1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un
     año; para las graves, de cuatro años, y para las muy graves, de diez
     años, de conformidad con lo establecido en la legislación del
     procedimiento administrativo común.
     2. El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará cuando
     aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos
     constitutivos de la infracción.
     3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la
     fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o
     la del último acto con el que la infracción se consuma.
     4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
     tres años de su imposición; las impuestas por faltas graves, a los
     dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
     Artículo 210.--Competencias.
     1. Corresponde sancionar al Alcalde por las infracciones leves, y al
     Ayuntamiento Pleno por las infracciones graves y muy graves.
     2. El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrá
     subrogarse en el ejercicio de las competencias sancionadoras por
     infracciones graves, y el Consejero de Ordenación Territorial, Obras
     Públicas y Transportes, en el de las correspondientes a infracciones
     muy graves cuando, tras requerir al Ayuntamiento Pleno para que incoe
     el expediente sancionador, éste no iniciara la tramitación del mismo
     en el plazo de los diez días siguientes o lo mantuviera paralizado
     por más de dos meses.
     3. En todo caso, cuando la Administración de la Comunidad Autónoma
     ejerza, por subrogación o directamente, competencias relativas a la
     protección de la legalidad urbanística, será también competente para
     ejercer la potestad sancionadora, conforme a la distribución de
     competencias establecida en el párrafo anterior.
     TITULO OCTAVO régimen urbanístico de pequeños municipio
     CAPITULO I ordenación urbanística
     Artículo 211.--Pequeños Municipios.
     Los pequeños Municipios, con población de derecho inferior a
     quinientos habitantes, ejercerán sus competencias urbanísticas de
     conformidad con las especialidades establecidas en el presente
     título, cuyo artículo 213 se extiende a los Municipios con población
     inferior a dos mil habitantes.
     Artículo 212.--Ausencia de Plan General.
     En los pequeños Municipios que carezcan de Plan General de Ordenación
     Urbana, los terrenos se clasifican, previo el correspondiente
     Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano conforme al artículo 63 de
     esta Ley, como suelo urbano y suelo no urbanizable, reconociéndose
     entre ambos una zona periférica formada por el área de terreno
     situada a una distancia igual o inferior a cien metros medidos desde
     las últimas edificaciones residenciales integradas en el suelo
     urbano, siempre que no deba clasificarse como suelo no urbanizable
     especial. El suelo urbano será directamente apto para la edificación,
     sin necesidad de que tenga la condición de solar, aunque el
     Ayuntamiento podrá imponer la ejecución simultánea de las obras de
     urbanización que considere precisas para mantener la configuración
     del casco urbano, exigiendo garantías suficientes del cumplimiento de
     esta obligación.
     Artículo 213.--Plan General.
     1. El Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños Municipios
     podrá limitarse a clasificar el suelo, determinando el ámbito
     territorial de cada una de las distintas clases del suelo y a
     establecer la ordenación detallada del suelo urbano, el régimen de
     protección del suelo no urbanizable y las condiciones de urbanización
     del suelo urbanizable.
     2. En suelo urbano, el Plan General de los pequeños Municipios deberá
     contener las siguientes determinaciones específicas: a) Señalamiento
     de alineaciones y rasantes tanto interiores como exteriores.
     b) División del suelo urbano no consolidado en unidades de ejecución,
     expresando el sistema de actuación y el aprovechamiento medio que
     corresponda a cada una de ellas.
     Artículo 214.--Especialidades.
     El Plan General de los pequeños Municipios tendrá las características
     establecidas en el artículo anterior, pudiendo observar las
     siguientes especialidades: a) Constituirán el suelo urbano los
     terrenos situados en áreas consolidadas por la edificación al menos
     en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios
     libres existentes.
     b) La zona periférica estará formada por el área de terreno situada a
     una distancia inferior a ciento cincuenta metros contados desde el
     límite exterior del suelo urbano, siempre que no deba clasificarse
     como suelo no urbanizable especial.
     c) No será necesario clasificar ningún terreno como suelo
     urbanizable.
     d) No será necesario respetar ningún módulo de reserva de terrenos
     para espacios libres públicos destinados a parques, grandes zonas
     verdes y áreas de ocio, expansión y recreo.
     CAPITULO II zona periférica
     Artículo 215.--Construcciones en zona periférica.
     En la zona periférica de los pequeños Municipios definida en el
     capítulo anterior pueden autorizarse, conforme a lo establecido en el
     presente capítulo, edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar,
     así como otras construcciones de carácter agrícola propias del medio
     rural, siempre que se justifique que el terreno sobre el que se
     pretende construir va a ser dotado de servicios urbanísticos mediante
     la prolongación de las infraestructuras existentes.
     Artículo 216.--Requisitos de las construcciones.
     Las construcciones en la zona periférica de los pequeños Municipios
     deben cumplir los siguientes requisitos: a) Acomodarse a las
     características tipológicas tradicionales propias del núcleo de
     población en el que se ubiquen, integrándose en el ambiente rural de
     modo que no se perturbe la imagen del núcleo.
     b) Tener la condición de aisladas con fachadas a todos sus frentes y
     retranqueos de al menos tres metros respecto a todos sus linderos. La
     franja de terreno correspondiente al retranqueo del lindero que da a
     la vía de acceso será de cesión obligatoria y gratuita al
     Ayuntamiento.
     c) No rebasar la superficie construida de doscientos metros cuadrados
     si se destinan a vivienda familiar y quinientos metros cuadrados si
     se trata de edificios de uso agrícola.
     d) No ocupar cada parcela que sea contigua a la vía o camino de
     acceso con más de un edificio destinado a vivienda o construcción de
     carácter agrícola.
     Artículo 217.--Conexión a redes.
     Las construcciones autorizadas en la zona periférica de los pequeños
     Municipios deben poder conectarse a las redes generales municipales,
     salvo que sea innecesario en las construcciones de carácter agrícola,
     correspondiendo al propietario la ejecución de las obras necesarias
     para la conexión, sin perjuicio de su cesión gratuita al Ayuntamiento
     una vez ejecutadas. Dichas conexiones habrán de transcurrir por
     terreno de uso público, vinculándose su capacidad al número de
     parcelas edificables existente entre la edificación y la conexión a
     la red principal. Cabe autorizar la ejecución simultánea de las obras
     de acometida y de la edificación, así como la ejecución de las
     primeras de forma conjunta por varios interesados cuando así se
     acuerde por éstos.
     En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir garantías suficientes del
     cumplimiento de estas obligaciones.
     Artículo 218.--Competencia.
     Corresponde autorizar las construcciones en la zona periférica de los
     pequeños Municipios a los Ayuntamientos. En Municipios sin Plan
     General, la autorización requerirá el previo informe favorable de la
     Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, conforme al
     procedimiento establecido en el artículo 25 de esta Ley para las
     construcciones sujetas a autorización especial en suelo no
     urbanizable genérico.
     Artículo 219.--Cesión de viales.
     1. En la zona periférica e incluso en suelo urbano de los pequeños
     Municipios con Plan General cabe utilizar el sistema de actuación de
     cesión de terrenos viales, conforme a las siguientes características:
     a) Los propietarios deben ceder al Ayuntamiento los terrenos
     destinados por el Plan a viales, zonas verdes y espacios libres.
     b) Los terrenos destinados a dotaciones podrán ser adquiridos
     mediante expropiación forzosa.
     c) Las obras de urbanización que lleve a cabo el Ayuntamiento deben
     financiarse mediante contribuciones especiales.
     2. En todo caso, el propietario que se considere perjudicado podrá
     solicitar la reparcelación de los terrenos. A tal efecto, si no
     estuvieran delimitadas unidades de ejecución, se considerará que toda
     la zona periférica integra una unidad de eje- cución.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.--Suelo no urbanizable especial en Municipios sin
     planeamiento.
     En los Municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana,
     tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial, siempre
     que no tengan la condición de suelo urbano: a) Los cauces de
     corrientes naturales continuas o discontinuas.
     b) Las riberas y la zona de policía de cien metros de anchura de las
     márgenes en los cauces de corrientes continuas.
     c) Los terrenos situados en una zona de doscientos metros de anchura
     desde la cota correspondiente al mayor nivel ordinario de las aguas
     en las lagunas, estanques naturales y embalses superficiales.  d) Los
     terrenos situados en una zona de diez metros de anchura a cada lado
     de las áreas arboladas que formen un ribazo o hilera de arbolado de
     longitud superior a cien metros.
     e) Las áreas arboladas compactas con densidades de arbolado
     superiores a un árbol por cada treinta metros cuadrados, siempre que
     no sean objeto del cultivo agrícola.
     f) Los terrenos con pendiente media superior al veinticinco por
     ciento.
     g) Las áreas destinadas a pastos en alturas superiores a mil metros.
     h) Los terrenos situados en alturas superiores a dos mil metros.
     i) Las áreas delimitadas por el Gobierno de Aragón.
     j) Los espacios naturales protegidos declarados conforme a su
     legislación reguladora.
     Segunda.--Unidad mínima de cultivo.
     A los efectos prevenidos en el artículo 21 de esta Ley, se aplicarán
     las unidades mínimas de cultivo que fije la Comunidad Autónoma de
     Aragón conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de
     las Explotaciones Agrarias. En el plazo de un año contado a partir de
     la entrada en vigor de esta Ley, por Decreto del Gobierno de Aragón y
     a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, se
     determinará la extensión de la unidad mínima de cultivo aplicable a
     los distintos municipios, zonas o comarcas del territorio aragonés.
     Tercera.--Cartografía.
     Corresponde al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas
     y Transportes aprobar la reglamentación que permita normalizar la
     elaboración de la cartografía de utilidad urbanística, a fin de
     posibilitar que la reproducción en soporte digital de los documentos
     de planeamiento esté debidamente coordinada en toda la Comunidad
     Autónoma.
     Cuarta.--Evaluación de impacto ambiental.
     Los planes y proyectos urbanísticos que deban someterse al
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental no podrán aprobarse
     definitivamente hasta que se hayan cumplido los requisitos exigidos
     en la legislación correspondiente.
     Quinta.--Información pública y audiencia de interesados por
     iniciativa privada.
     1. En los supuestos en los que esta Ley prevé que los particulares
     puedan promover el trámite de información pública por iniciativa
     privada, se aplicarán las siguientes reglas: a) Los promotores del
     trámite anunciarán la convocatoria de información pública, por el
     plazo aplicable, en el boletín oficial que hubiera correspondido de
     haber actuado la Administración, precisando el carácter con el que
     actúan, los trámites realizados y la identificación del Ayuntamiento
     donde podrá consultarse la documentación y al que los comparecientes
     en el trámite habrán de dirigir sus alegaciones. Copia de la
     convocatoria se remitirá al mismo Ayuntamiento.
     b) El Secretario municipal tendrá la obligación personal de disponer
     lo necesario para la pública consulta de la documentación disponible
     en el Ayuntamiento, durante el plazo aplicable.
     c) Los comparecientes en el trámite podrán presentar sus alegaciones
     ante el Ayuntamiento, con arreglo a la legislación del procedimiento
     administrativo común. El Ayuntamiento certificará las alegaciones
     presentadas, dando traslado de una copia de éstas y de la
     certificación a los promotores del trámite.
     d) Los promotores acreditarán la realización del trámite de
     información pública por iniciativa privada mediante la copia de la
     convocatoria publicada y la certificación administrativa acreditativa
     de las alegaciones, así como la copia de las que se hubieren
     presentado, que podrán acompañar con sus propias observaciones.
     2. En los supuestos en los que esta Ley prevé que los particulares
     puedan promover el trámite de audiencia de interesados por iniciativa
     privada, se aplicarán las mismas reglas establecidas en el párrafo
     anterior, con la salvedad de que la convocatoria será notificada a
     los interesados por vía notarial, acreditándose su práctica mediante
     el oportuno testimonio notarial.
     Sexta.--Publicidad y publicación.
     1. Los documentos de los Planes y demás instrumentos urbanísticos
     serán públicos. Cualquier persona podrá, en todo momento,
     consultarlos e informarse de los mismos en el Ayuntamiento.
     2. Serán objeto de publicación en el diario oficial correspondiente
     cuantas resoluciones y acuerdos deban serlo conforme a la legislación
     del procedimiento administrativo común y, en todo caso, las
     convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento
     de licencias, los acuerdos de aprobación definitiva de Planes y demás
     instrumentos urbanísticos y el texto íntegro de cualesquiera Normas y
     Ordenanzas urbanísticas.  3. La publicación se insertará en el
     boletín oficial de la Provincia cuando las correspondientes
     resoluciones o acuerdos hubieren sido adoptados por Administraciones
     Locales u órganos periféricos de la Administración de la Comunidad
     Autónoma cuyo ámbito de actuación no sea superior al provincial, y en
     el boletín oficial de la Comunidad Autónoma cuando los hubieren
     adoptado órganos cuyo ámbito de actuación supere al provincial.
     Adicionalmente, podrá acordarse la publicación en diferentes medios
     de comunicación social, a fin de lograr la máxima difusión.  4. Los
     Planes y demás instrumentos aprobados por silencio administrativo se
     publicarán a instancia del Alcalde o de los interesados, previa
     acreditación del cumplimiento de los trámites establecidos en esta
     Ley y en la legislación del procedimiento administrativo común.  5. 
     El coste de las publicaciones oficiales en los procedimientos
     seguidos a instancia de interesado será a cargo de los
     correspondientes promotores o solicitantes.
     Séptima.--Adecuación de sanciones.
     Se autoriza al Gobierno de Aragón para adecuar periódicamente el
     importe de las sanciones establecidas en esta Ley a las variaciones
     que pueda experimentar el coste de la vida, conforme al índice
     general de precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de
     Estadística.
     Octava.--Adaptación y elaboración de Planes Generales.
     El Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
     Transportes elaborará una línea especial de ayudas técnicas y
     económicas a los Municipios para adaptar sus Planes Generales, Normas
     Subsidiarias Municipales o Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano
     a las exigencias establecidas en esta Ley para los Planes Generales,
     teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad de los Municipios.
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.--Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales.
     Las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales actualmente en
     vigor en las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en tanto
     no contradigan los contenidos de esta Ley, mantendrán su vigencia,
     incluso con carácter complementario, hasta que sean sustituidas por
     nuevas Normas Subsidiarias Provinciales adaptadas a esta Ley o se
     acuerde su derogación por el Gobierno de Aragón. En todo caso, en los
     Municipios que cuenten con Plan General adaptado a esta Ley, dejarán
     de aplicarse las Normas Complementarias Provin- ciales.
     Segunda.--Instrumentos urbanísticos vigentes.
     1. Los Planes y demás instrumentos urbanísticos vigentes a la entrada
     en vigor de esta Ley continuarán aplicándose en los contenidos que no
     sean contrarios a ella, conforme a las equivalencias establecidas en
     la siguiente disposición transitoria. Podrán adaptarse a la misma
     conforme al procedimiento de modificación correspondiente.  2. Cuando
     los Planes y demás instrumentos urbanísticos no precisaren la
     modificación a que se refiere el párrafo anterior, por reunir las
     determinaciones exigibles conforme a esta Ley, bastará con la
     acreditación de tal extremo ante la Comisión Provincial de Urbanismo,
     que podrá acordar la homologación con el Plan o instrumento que
     corresponda. El silencio observado en este supuesto por la Comisión
     tendrá efecto denegatorio de la homologación.
     Tercera.--Régimen transitorio del suelo.
     Mientras no tenga lugar la adaptación u homologación del planeamiento
     vigente a la entrada en vigor de esta Ley, se aplicarán las
     siguientes equivalencias: a) El suelo urbano existente se regirá por
     las disposiciones de esta Ley, aplicándose el régimen del suelo
     urbano no consolidado en todos los ámbitos del suelo urbano incluidos
     en unidades de actuación o ejecución.
     b) El suelo no urbanizable existente se regirá por las disposiciones
     de esta Ley, aplicándose el régimen del suelo no urbanizable especial
     a los terrenos que así estuviesen con- siderados en el planeamiento y
     a aquellos que encajen en los supuestos de la disposición adicional
     primera de esta Ley.
     c) El suelo urbanizable no programado existente que no haya sido
     objeto de programación, así como el suelo apto para urbanizar sin
     áreas de reparto o con áreas de reparto coincidentes con cada uno de
     los sectores, se regirán por las disposiciones de esta Ley relativas
     al suelo urbanizable no delimitado. No obstante, hasta tanto no estén
     fijados por el Plan General los criterios para delimitar los sectores
     a que hace referencia el artículo 38 de esta Ley, no se admitirá la
     presentación de Planes Parciales de iniciativa privada conforme a los
     artículos 51 a 53 de esta Ley.
     d) El suelo urbanizable programado existente, así como el suelo apto
     para urbanizar integrado en un área de reparto con varios sectores,
     se regirán por las disposiciones de esta Ley relativas al suelo
     urbanizable delimitado.
     Cuarta.--Instrumentos urbanísticos en tramitación.
     Los Planes y demás instrumentos urbanísticos en tramitación que
     hubieran recibido la aprobación provisional a la entrada en vigor de
     esta Ley, deberán recoger las determinaciones exigidas en la misma
     para cada uno de ellos, pero podrán continuar su tramitación conforme
     a lo establecido en la legislación anterior, siempre que su
     aprobación definitiva se produzca dentro del primer año de vigencia
     de esta Ley. Si a la entrada en vigor de esta Ley todavía no se
     hubiera producido la aprobación provisional de los citados Planes e
     instrumentos urbanísticos, estos se adaptarán en todos los aspectos a
     las exigencias de la misma.
     Quinta.--Autorización de viviendas unifamiliares en suelo no
     urbanizable.
     La competencia municipal para autorizar mediante licencia de obras,
     edificaciones aisladas destinadas a vivienda unifamiliar, según lo
     previsto en el apartado c) del artículo 23 de esta Ley, sólo se
     aplicará en los Municipios que dispongan de Plan General adaptado u
     homologado a la misma, conforme a lo establecido en su disposición
     transitoria segunda, aplicándose entre tanto el procedimiento
     especial de autorización regulado en el artículo 25 de esta Ley.
     Sexta.--Unidades mínimas de cultivo.
     Hasta tanto no se produzca la entrada en vigor del Decreto a que se
     refiere la Disposición Adicional Segunda de esta Ley, se aplicarán en
     el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón las extensiones de
     las unidades mínimas de cultivo determinadas en la Orden de 27 de
     mayo de 1958, del Ministerio de Agricultura.
     Séptima.--Regularización de parcelaciones ilegales.
     1. Los procedimientos iniciados al amparo del Decreto 77/1995, de 18
     de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula la
     elaboración y ejecución de los Planes Especiales de Regularización
     Urbanística, habrán de adaptarse a lo establecido en esta Ley.
     2. Sólo podrán realizarse procesos de regularización o erradicación
     de las parcelaciones ilegales existentes a la entrada en vigor de
     esta Ley en las condiciones que establezca reglamentariamente el
     Gobierno de Aragón, de conformidad con los siguientes criterios: a)
     En suelo urbano no consolidado o urbanizable deberá actuarse, en la
     medida de lo posible, a través de los procedimientos regulados en
     esta Ley para dichas clases de suelo.
     b) En suelo no urbanizable genérico, cuando sea posible ajustar la
     parcelación ilegalmente realizada a las disposiciones de esta Ley,
     mediante su reclasificación como suelo urbanizable, se aprobará y
     ejecutará el correspondiente Plan Parcial.
     c) En suelo no urbanizable especial, se establecerán los
     procedimientos de restauración de la legalidad urbanística infringida
     por los fenómenos de parcelación ilegal, contemplando la posibilidad
     de expropiación sin consideración alguna de los elementos ilegalmente
     construidos o urbanizados.
     DISPOSICIONES DEROGATORIAS
     Primera.--Derogaciones específicas.
     Quedan expresamente derogadas las siguientes disposi- ciones: a)
     Artículos 46 a 52 y disposición transitoria séptima de la Ley
     11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Terri- torio.
     b) Decreto 70/1992, de 28 de abril, sobre competencias y distribución
     de las mismas entre diversos órganos urbanísticos.
     c) Artículos 4 a 8 y disposición transitoria única del Decreto
     85/1990, de 5 de junio, de medidas urgentes de protección urbanística
     en Aragón.
     d) Decreto 14/1991, de 19 de febrero, de protección urbanística del
     territorio propuesto para la posible realización de los Juegos
     Olímpicos de Invierno en Jaca.
     e) Decreto 15/1991, de 19 de febrero, sobre garantías de urbanización
     en la ejecución urbanística, salvo en su art. 6.
     f) Decreto 77/1995, de 18 de abril, por el que se regula la
     elaboración y ejecución de los Planes Especiales de Regularización
     Urbanística.
     Segunda.--Cláusula general.
     Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
     rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.--Normas reglamentarias del Estado aplicables como Derecho
     supletorio.
     Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario, total o parcial,
     de esta Ley, el desplazamiento del Derecho supletorio estatal no
     afecta a los contenidos de los Reglamentos estatales en materia de
     urbanismo compatibles con el contenido de la misma, de manera que
     continuarán aplicándose como Derecho supletorio en la Comunidad
     Autónoma los siguientes preceptos, salvo en los extremos derogados
     por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero: a) En el Reglamento de
     Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por
     Decreto 635/1964, de 5 de marzo, los artículos 10.1, 11 a 15 y 18 a
     21.
     b) En el Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes
     de Ordenación Urbana, aprobado por Decreto 1006/1996, de 7 de abril,
     los artículos 28, 31, 34 y 35.
     c) En el Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto
     2159/1978, de 23 de junio, los artículos 14, 16, 18, 19.2, 19.3, 20,
     21, 24.b), 25, 26.1, 26.2, 27 a 29, 36, 38, 39, 40.1, 40.2, 40.4,
     40.5, 43.2, 46, 48 a 55, 58 a 64, 66 a 70, 77 a 87, 90, 96, 98, 99,
     101.a), 102, 103, 115 a 118, 120, 121, 123.1, 123.3, 123.4, 125, 127,
     128, 130, 131.5, 131.6, 132, 133, 136.1, 139, 140, 144 a 146, 149,
     154, 156, 157.1, 157.3, 159, 164 a 168 y el Anexo, que se aplicará
     como si hubiera sido aprobado por el Gobierno de Aragón, a los
     efectos de lo dispuesto en el artículo 47.4 de esta Ley.
     d) En el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real
     Decreto 2187/1978, de 23 de junio, artículos 1 a 11, 17 a 28, 32, 33,
     34.1, 34.4, 34.5, 35, 38, 39, 45 a 52, 55, 58 a 63 y 92.2.
     e) En el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
     3288/1978, de 25 de agosto, los artículos 1, 5, 6.2, 7 a 17, 18.3, 19
     a 30, 31.1, 31.4, 39.1, 40 a 42, 46, 47, 52 a 55, 58 a 63, 65, 67 a
     130, 135 a 137 y 152 a 210.
     Segunda.--Desarrollo reglamentario.
     En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el
     Gobierno de Aragón aprobará el desarrollo reglamentario, total o
     parcial, de la misma.
     Tercera.--Entrada en vigor.
     Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
     "Boletín Oficial de Aragón".  Así lo dispongo a los efectos del
     artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto
     de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 25 de marzo de 1999.
     El Presidente de la Diputación General de Aragón, SANTIAGO LANZUELA
     MARINA