Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20040622
Fecha de Publicacion: 14/07/2004
Número de boletín: 82
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 4/2004, de 22 de junio, de Modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón.

Texto
     LEY 4/2004, de 22 de junio, de Modificación de la Ley 30/2002, de 17
     de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de
     Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO
     En los preceptos constitucionales sobre distribución de competencias
     entre el Estado y las Comunidades Autónomas no existe referencia
     expresa a la materia de protección civil. Al respecto, el Tribunal
     Constitucional mantiene el carácter concurrencial de la competencia
     sobre protección civil entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
     en la acción de preservación y de protección de las personas y de los
     bienes en situaciones de emergencia o ante riesgos naturales o
     tecnológicos, en aquellas materias que el Estatuto de Autonomía asume
     la titularidad de competencias sectoriales.
     Las Cortes de Aragón, en el ejercicio de las competencias asumidas
     estatutariamente, así como de las derivadas de los diversos
     pronunciamientos del Tribunal Constitucional, aprobó en el Pleno de
     12 de diciembre de 2002 la Ley de protección civil y atención de
     emergencias de Aragón, que fue objeto de reforma por Ley 15/2003, de
     17 de marzo.
     El Título II de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, aborda la gestión
     y atención de las emergencias a través del teléfono europeo único de
     emergencias 112, la posición del Centro de Emergencias SOS Aragón en
     el sistema de gestión de las emergencias individuales y colectivas y
     las relaciones de éste con los servicios operativos dependientes de
     las diversas Administraciones Públicas, sin perjuicio de la
     competencia del Estado en materia de telecomunicaciones.
     El artículo 40 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, señala que «la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón prestará el
     servicio público de atención de llamadas de urgencia 112. La
     prestación de este servicio comprenderá la recepción de las llamadas
     de auxilio y su gestión ante los servicios públicos competentes en
     materia de atención de urgencias sanitarias, de extinción de
     incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la necesidad de
     coordinar los anteriores de protección civil, cualquiera que sea la
     Administración Pública de la que dependan».
     El artículo 41.1 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, indica que
     «la Administración de la Comunidad Autónoma mantendrá un centro de
     gestión de emergencias único para todo el ámbito territorial de
     Aragón como centro permanente de recepción de llamadas de emergencia,
     que operará bajo la denominación de «Centro de Emergencias 112 SOS
     Aragón».
     El servicio público social de atención de llamadas de urgencia a
     través del número telefónico 112 debe «asegurar la actuación rápida,
     coordinada y eficaz ante el requerimiento de auxilio a un ciudadano»
     y, tal y como dispone el artículo 41.4 de la referida Ley 30/2002,
     «deberá garantizar la prestación permanente de sus servicios,
     atendidos las veinticuatro horas del día, todos los días del año y la
     atención a las llamadas de auxilio recibidas en, al menos, dos de los
     idiomas oficiales en los Estados de la Unión Europea, además del
     idioma español. El número telefónico 112 será permanente y gratuito
     para los usuarios».
     Es precisamente el carácter gratuito del servicio de atención de
     llamadas de urgencia lo que por otra parte induce a determinadas
     personas a realizar un uso incorrecto del servicio realizando
     llamadas jocosas, amenazantes e injuriosas que reducen la eficacia
     del servicio, al ocupar las líneas y llamadas que comunican avisos
     falsos de auxilio que, de no ser detectados por el personal del
     «Centro de Emergencias SOS 112 Aragón», pueden movilizar recursos y
     servicios públicos con el consiguiente gasto injustificado que esta
     movilización genera y, sobre todo, impidiendo que se puedan atender
     necesidades reales de auxilio.
     Es prioritario, de interés público y consustancial a la prestación
     del servicio de atención de llamadas de urgencia por el «Centro de
     Emergencias SOS 112 Aragón» canalizar las peticiones de socorro,
     poniendo en marcha el servicio adecuado, de manera rápida, eficaz y
     coordinada.
     La Ley 30/2002, de 17 de diciembre, con el objetivo de poner fin o,
     por lo menos, reducir la fraudulenta utilización del número de
     emergencias 112, tipificó, en los artículos 55.1, 56.1 y 57, tres
     infracciones, distinguiendo entre muy graves, graves y leves, según
     se realicen llamadas a los teléfonos de emergencia y urgencias
     comunicando avisos falsos de emergencias que den lugar a la
     movilización de recursos, se realicen llamadas reiteradas a los
     teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de
     emergencias o se realice una única llamada de aviso falso de
     emergencias, respectivamente.
     La aplicación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, ha puesto de
     manifiesto la conveniencia de abordar una serie de modificaciones al
     respecto.
     En primer lugar, es necesario tipificar también las llamadas
     insultantes, amenazadoras o jocosas, puesto que, si bien no movilizan
     recursos, porque no confunden al personal de los servicios de
     recepción de llamadas del «Centro Emergencias 112 SOS Aragón», sí
     reducen la eficacia y operatividad del servicio al ocupar las líneas
     y la atención del personal, con la consiguiente merma de la capacidad
     de respuesta del Centro ante los avisos de urgencia o de emergencia
     reales.
     Por otra parte, se considera conveniente suprimir la expresión
     subjetiva de «maliciosas», con el objeto de determinar con mayor
     exactitud el tipo.
     En tercer lugar, se ha observado que, en el listado de las
     infracciones tipificadas en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley, se
     recogen infracciones muy variadas en materia de protección civil, que
     hace conveniente adecuar las diversas infracciones con las cuantías
     económicas previstas en el artículo 58 de la Ley, de modo que se
     ajusten mejor a las circunstancias concretas que concurran en cada
     uno de los supuestos, de acuerdo con el principio constitucional de
     proporcionalidad y a que, en la aplicación de la sanción, se haga
     depender la cuantía exacta de la sanción de la concurrencia en la
     comisión del ilícito de determinados perfiles o circunstancias,
     llamados «criterios de dosimetría punitiva», tales como la capacidad
     económica del infractor, la agrupación y organización para acometer
     la infracción o la realización de actos para ocultar su
     descubrimiento.
     En cuarto lugar, se ha considerado conveniente, conforme al principio
     de seguridad jurídica, abordar una distinción en la responsabilidad
     por la comisión de los ilícitos cometidos por la realización de
     llamadas falsas, insultantes, amenazadoras, jocosas e insultantes a
     los teléfonos de emergencia y urgencias, según se trate de una
     persona mayor de edad, de un menor o incapaz o de un tercero no
     titular del teléfono fijo o del terminal móvil desde el que se comete
     la infracción.
     Finalmente, se ha considerado conveniente mejorar la redacción del
     apartado quinto de la disposición adicional sexta, previendo junto
     con la suspensión de las líneas de telefonía fija, el bloqueo del
     número de identificación único del terminal móvil, previo
     procedimiento administrativo tramitado al efecto en ambos casos,
     conforme al artículo 134.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
     Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
     Administrativo Común. La suspensión y el bloqueo podrá ser temporal o
     definitivo.
     Las medidas represivas administrativas recogidas en esta Ley no
     sustituyen ni comprenden una posible responsabilidad civil o penal,
     según los casos.
     Artículo único.-Modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre,
     de protección civil y atención de emergencias de Aragón.
     La Ley 30/2002, de 17 de diciembre de protección civil y atención de
     emergencias de Aragón, queda modificada como sigue:
     1. Se modifica el párrafo l) del artículo 56, que queda redactado en
     los siguientes términos:
     «l) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas
     de manera reiterada al teléfono de emergencia y urgencias 112
     afectando a la eficacia del servicio al ocupar las líneas o realizar
     llamadas reiteradas comunicando avisos falsos de urgencia.»
     2. Se adiciona un párrafo ll) al párrafo 1 del artículo 56, con la
     siguiente redacción:
     «ll) Las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones
     previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión
     o circunstancia, no deban ser calificadas como muy graves.»
     3. Se modifica el párrafo f) del artículo 57, que queda redactado en
     los siguientes términos:
     «f) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas
     al teléfono de emergencia y urgencias 112 afectando a la eficacia del
     servicio al ocupar las líneas o realizar llamadas comunicando avisos
     falsos de urgencia.»
     4. Se adiciona un párrafo g) al artículo 57 con la siguiente
     redacción:
     «g) Las acciones u omisiones constitutivas de las infracciones
     previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión
     o circunstancia, no deban ser calificadas como graves.»
     5. Se modifica el artículo 58, que queda redactado en los siguientes
     términos:
     «1. Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 150.001
     euros hasta 600.000 euros. Además, puede ser ordenada la clausura
     temporal del local, del centro o de la instalación o la suspensión
     temporal de las actividades de riesgo.
     2. Las infracciones graves se sancionan con multa de 6001 euros hasta
     150.000 euros.
     Cuando se cometan las infracciones tipificadas en la letra h) del
     artículo 55.1 y en la letra l) del artículo 56.1, se podrá imponer
     como sanción administrativa accesoria a la pecuniaria, la suspensión,
     temporal o definitiva, de la línea telefónica fija respecto de los
     teléfonos fijos o el bloqueo, temporal o definitivo, del número de
     identificación único del terminal móvil respecto de los teléfonos
     móviles desde los que se produzcan llamadas falsas, abusivas,
     insultantes, amenazadoras o jocosas.
     3. Las infracciones leves se sancionan con multa de 150 euros hasta
     6000 euros.
     4. La sanción de multa impuesta por la comisión de las infracciones
     leves tipificadas en la letra f) del artículo 57 de esta Ley, previo
     el consentimiento de las personas referidas en el artículo 58bis.2,
     podrá sustituirse por medidas reeducadoras.
     La sanción de multa impuesta por la comisión de las infracciones
     tipificadas en la letra h) del artículo 55.1 y en la letra l) del
     artículo 56.1 de esta Ley, previo el consentimiento de las personas
     referidas en el artículo 58 bis.2, podrá complementarse con medidas
     reeducadoras.
     5. Las infracciones graves y muy graves cometidas por miembros de las
     agrupaciones de voluntarios de emergencias conllevan, además, la baja
     forzosa en la respectiva agrupación y la inhabilitación para formar
     parte de otra.
     6. La cuantía de las sanciones se gradúa atendiendo a las
     circunstancias que sean relevantes para determinar la gravedad del
     hecho constitutivo de la infracción, el grado de antijuridicidad y la
     culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora,
     considerando la intencionalidad, la reiteración, la reincidencia, la
     trascendencia económica o social, la repercusión del perjuicio
     causado, la capacidad económica del infractor, la agrupación y
     organización para cometer la infracción, la realización de actos para
     dificultar o impedir su descubrimiento, la actitud del interesado en
     la reparación del daño causado evitando un perjuicio mayor y la
     subsanación durante la tramitación del procedimiento de las anomalías
     que dieron lugar a su incoación.
     7. El Gobierno de Aragón puede actualizar periódicamente la cuantía
     de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten los
     índices de precios.»
     6. Se adiciona un artículo 58 bis con la siguiente redacción:
     «Responsables por llamadas al número telefónico 112.
     1. La responsabilidad por las infracciones previstas en esta Ley por
     efectuar una llamada falsa, abusiva, insultante, amenazadora o jocosa
     al teléfono de emergencias y urgencias 112 recaerá directamente en el
     autor de la llamada.
     2. Cuando el autor de la llamada sea un menor o incapaz, responderán
     solidariamente con éstos sus padres o quienes ostenten la autoridad
     familiar, tutores, acogedores o guardadores, en razón del
     incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que conlleva un
     deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los
     menores o incapaces. La responsabilidad solidaria quedará referida
     estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta, que
     podrá ser modulada por la autoridad sancionadora.
     3. En los supuestos en que el autor de la llamada sea un tercero, con
     plena capacidad de obrar, distinto del titular de la línea o del
     terminal móvil, responderá éste mediante la correspondiente sanción,
     salvo que, cuando sea debidamente requerido en el oportuno
     procedimiento administrativo sancionador, identifique al responsable
     de la infracción.
     4. En los mismos términos responderá el titular de la línea o del
     terminal móvil cuando no sea posible notificar la denuncia al autor
     de la infracción que aquél identifique, por causa imputable a dicho
     titular.»
     7. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta, que
     queda redactado en los siguientes términos:
     «4. Las llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o
     jocosas dirigidas al teléfono de emergencias 112, además de
     constituir una infracción administrativa tipificada por la presente
     Ley, serán comunicadas al Ministerio Fiscal por si hubiere lugar a
     responsabilidad penal por la acción del llamante, al demandar un
     falso auxilio o entorpecer la atención de otros avisos reales de
     emergencia colectiva o individual.»
     8. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional sexta, que
     queda redactado en los siguientes términos:
     «Llamadas al número de emergencias 112:
     5. Corresponde al Director del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón
     comunicar a las empresas operadoras de telefonía fija o móvil la
     resolución administrativa por la que, de conformidad con esta Ley y
     con la legislación de telecomunicaciones, se acuerde en un
     procedimiento administrativo sancionador la medida cautelar o la
     sanción administrativa firme accesoria a la pecuniaria de suspensión,
     temporal o definitiva, de la línea telefónica fija respecto de los
     teléfonos fijos o el bloqueo, temporal o definitivo, del número de
     identificación único del terminal móvil respecto de los teléfonos
     móviles desde los que se produzcan llamadas falsas, abusivas,
     insultantes, amenazadoras o jocosas tipificadas por esta Ley como
     infracción grave o muy grave.»
     Disposición derogatoria única.-Derogación normativa.
     Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
     opongan a lo establecido en esta Ley.
     Disposición final única.-Entrada en vigor.
     Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
     «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 22 de junio de 2004.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU