Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20060622
Fecha de Publicacion: 17/07/2006
Número de boletín: 81
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Texto
     LEY 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
     PREAMBULO I
     La Ley de Cortes de Aragón 8/1984, de 27 de diciembre, fue la primera
     iniciativa legislativa autonómica que recogió la normativa específica
     de la Comunidad Autónoma de Aragón para la regulación de las tasas,
     como categoría tributaria de sus recursos autonómicos. Con dicha
     norma se abordaban una serie de objetivos, como eran: regularizar y
     ratificar la legalidad de las tasas procedentes de las transferencias
     de servicios y funciones de la Administración General del Estado a
     nuestra Comunidad, calificar dichos tributos como recursos propios de
     normativa autónoma y, finalmente, establecer los principios y
     requisitos para la creación de nuevas tasas.
     Además del contenido de los artículos 156 y 157.1.b) de la
     Constitución, el marco normativo en el que dicha Ley se promulgó lo
     componían: el Estatuto de Autonomía de Aragón, que, en su artículo
     47.4, tras incluir las tasas entre los recursos de su Hacienda,
     concretaba el ámbito objetivo de estos tributos, y la Ley Orgánica
     8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
     Autónomas (LOFCA), que no sólo ratifica el carácter de tributo propio
     autonómico de las tasas transferidas afectas a los traspasos de
     servicios y funciones desde el Estado o las Corporaciones locales,
     sino que además contemplaba los criterios básicos para establecerlas.
     Sin embargo, este marco normativo fue modificado por la Ley Orgánica
     1/1989, de 13 de abril, que dio nueva redacción a ciertos artículos
     de la LOFCA; en concreto, al artículo 4, que regula los recursos de
     las Comunidades Autónomas, entre los que se añadieron los precios
     públicos, y el artículo 7, que definía el concepto de tasa y
     delimitaba el ámbito objetivo de esta categoría tributaria,
     eliminando de su contenido la «utilización del dominio público», que
     se incorporaba así al marco de los precios públicos. No obstante,
     declarada la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la Ley
     8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en la sentencia
     del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre de 1995, los
     criterios generales delimitativos del ámbito objetivo de las tasas se
     vieron afectados, lo que determinó la ulterior modificación del
     citado artículo 7 de la LOFCA, por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de
     diciembre, siguiendo la doctrina alumbrada en la sentencia de
     referencia que, para preservar el principio de reserva de ley
     señalado en el artículo 31.3 de la Constitución para el
     establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público y
     en relación con su artículo 133, rescataba del ámbito objetivo de los
     precios públicos tanto las exacciones a percibir por la utilización
     del dominio público, como las exigibles por la prestación de
     servicios o actividades de la Administración en régimen de derecho
     público, que no fueran de solicitud voluntaria, que comportasen una
     situación de monopolio de hecho o que fuesen imprescindibles para la
     vida privada o social del obligado al pago. Como consecuencia,
     resultaba alterado el espacio de las tasas, que, de esta forma,
     atraían sobre su ámbito objetivo los señalados supuestos de hecho a
     los que debe afectar la reserva de ley, con lo que el ámbito de las
     tasas retornaba a una configuración muy similar a la que
     tradicionalmente les había sido propia.  II
     La Ley de Cortes de Aragón 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y
     Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se encargó de
     poner orden en el sector afectado por este tipo de ingresos de
     derecho público, tratando de coordinar toda la normativa general
     citada, así como la doctrina constitucional, y adaptándola a las
     particularidades de nuestra Comunidad Autónoma; asimismo, se
     aportaban soluciones a los problemas que la gestión de dichos
     recursos planteaba, e incorporaba la diferenciación, legalmente
     propuesta, de esas dos formas de ingresos públicos que son las tasas
     y los precios públicos.
     Las primeras están comprendidas en la categoría de tributos, ya que
     son establecidas con carácter coactivo por el legislador, con lo que
     su obligación surge ex lege, ya que su hecho generador lo constituyen
     ciertas prestaciones públicas que no pueden ser ofertadas por el
     sector privado. Por tanto, se fundamentan en el principio del
     beneficio, ya que su exacción está vinculada a la divisibilidad e
     individualización de la utilización de ciertos bienes de dominio
     público y de la prestación de determinados servicios públicos. Esta
     circunstancia es la que determina la posible compatibilidad con los
     impuestos que, genéricamente, gravan la capacidad de pago que denota
     la constitución de derechos sobre el dominio público o la prestación
     de servicios públicos, no obstante la incidencia de ambas categorías
     tributarias sobre parecidos parámetros cuantificadores de dichas
     tasas e impuestos.
     Los precios públicos, por el contrario, no surgen de una obligación
     tributaria: la Administración actúa en competencia con el sector
     privado para la prestación del servicio y la relación con el usuario
     es puramente contractual y voluntaria, por cuanto que los servicios o
     actividades que se ofertan no son de solicitud o recepción
     obligatoria, al no estar impuestos normativamente, o no son
     indispensables para satisfacer las necesidades teóricas de la vida
     personal o social de los particulares.
     Por otra parte, la cuantía de las tasas está genéricamente limitada,
     al no poder superar su total rendimiento el valor de la utilización
     del dominio público o los costes del servicio, incluidas las
     amortizaciones y gastos de mantenimiento y de desarrollo de la
     actividad, aun cuando, para acoplar el principio de equivalencia con
     el de capacidad económica, el establecimiento de cierta progresividad
     para hacer efectivo dicho principio constitucional rompa, en algún
     caso, la exacta aplicación de aquel principio de equivalencia. Por
     contra, en los precios públicos no existe tal límite, si bien, todos
     los costes deberán ser cubiertos necesariamente por los ingresos. 
     III
     En este marco normativo, sin embargo, la propia Ley 10/1998, de 22 de
     diciembre, no era ajena al precario estado normativo de las tasas,
     recogidas, de manera dispersa y asistemática, en numerosas
     disposiciones estatales, en su mayoría preconstitucionales, cuya
     presencia en nuestro ordenamiento jurídico sólo se evidenciaba
     esporádicamente por la actualización de sus cuantías y elementos
     cuantificadores en las sucesivas leyes de presupuestos de la
     Comunidad Autónoma. Tal es así, que la disposición final primera de
     la citada Ley autorizó al Gobierno de Aragón para aprobar un texto
     refundido en el que se clasificasen, regulasen y reordenasen las
     distintas exacciones percibidas por la Comunidad Autónoma.
     El cumplimiento del mandato delegante del legislador autonómico se
     efectuó a través del Decreto Legislativo 3/2000, de 29 de junio, del
     Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
     Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho texto refundido se
     limitó escrupulosamente a recopilar, de forma ordenada y sistemática,
     la regulación específica, actual en ese momento o preexistente, de
     cada concreta exacción, introduciendo en sus particulares regímenes
     jurídico-tributarios exclusivamente aquellos matices imprescindibles
     para facilitar su aplicación e interpretación, así como para
     actualizar sus presupuestos y consecuencias, pero absteniéndose, en
     todo caso, de introducir en las tasas, modificaciones innovadoras de
     sus elementos sustantivos.
     El Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón de
     2000 se convirtió, desde el primer momento, en el instrumento legal
     idóneo para cambiar un sistema de gestión de las tasas por otro más
     adecuado a su naturaleza tributaria y a su conexión con los distintos
     procedimientos en los que se ordenan la prestación de servicios o la
     realización de actividades administrativas que generan las mismas.
     Mediante diversas Ordenes departamentales se dictaron instrucciones
     sobre la gestión de las tasas, al tiempo que se aprobaban los
     distintos modelos normalizados de liquidación y la informática se
     ponía al servicio de las unidades gestoras del tributo. Sin embargo,
     la creación y modificación de tasas, a través de leyes especiales o
     de leyes de medidas tributarias y administrativas, y la necesaria
     actualización de las tarifas a través de las leyes anuales de
     presupuestos, motivaron un cierto desfase entre el contenido del
     Texto Refundido de las Tasas y la realidad de una normativa en
     constante mutación. Conscientes de esta circunstancia, las Cortes de
     Aragón introdujeron en una disposición final segunda en la Ley
     26/2003, de 30 de diciembre, una nueva autorización al Gobierno de
     Aragón para refundir las disposiciones legales de las tasas de la
     Comunidad Autónoma de Aragón y proceder a la regularización,
     aclaración y armonización de las disposiciones legales que regulan
     dichos tributos. Fruto de esta nueva autorización es el vigente
     Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón,
     por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad
     Autónoma de Aragón.  IV
     Ordenado, de esta forma, el sector tributario autonómico relativo a
     las tasas, la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
     General Tributaria, ha supuesto, no obstante, que su incidencia en
     este ámbito obligue al legislador aragonés a la elaboración y
     aprobación de una nueva ley, como la presente, que adopte no sólo el
     nuevo concepto de tasa introducido en la nueva Ley General
     Tributaria, sino también que asuma los principios y las disposiciones
     generales de carácter material o procedimental aplicables a todas las
     categorías tributarias.
     La Ley General Tributaria define las tasas como «los tributos cuyo
     hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
     aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de
     servicios o la realización de actividades en régimen de derecho
     público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al
     obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de
     solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no
     se presten o realicen por el sector privado».  Desaparecen así los
     criterios mantenidos por la normativa precedente para dilucidar
     cuándo se trataba de servicios o actividades que no eran de solicitud
     voluntaria por los administrados, al tiempo que se añade un nuevo
     inciso para delimitar el alcance de lo que debe entenderse por
     servicios o actividades prestados o realizados en régimen de derecho
     público, que se extiende a cualquiera de las formas previstas en la
     legislación administrativa para la gestión del servicio público,
     siempre que su titularidad corresponda a un ente público.
     La tasa se define así a partir de los tres presupuestos de hecho que
     configuran el hecho imponible, a saber, la utilización privativa o
     aprovechamiento especial del dominio público, la efectiva prestación
     del servicio público y la realización de actividades en régimen de
     derecho público, cohesionados los tres por un elemento común como es
     la existencia del requisito de referencia, afección o beneficio
     particular que, desde una perspectiva fiscal, ha servido precisamente
     para separar la tasa del impuesto. En definitiva, la presente Ley
     acoge este nuevo concepto de tasa y trae de la Ley General Tributaria
     aquellas disposiciones necesarias e imprescindibles para diseñar su
     régimen jurídico-tributario, como se ha dicho anteriormente, tanto
     desde sus elementos sustantivos como desde una dinámica más puramente
     de gestión tributaria concebida en amplios términos.
     Finalmente, la presente Ley pretende cerrar definitivamente este
     sector del ordenamiento tributario aragonés con dos previsiones, la
     primera de carácter normativo, para que el Gobierno de Aragón dicte
     las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y, en
     particular, las relativas a los distintos procedimientos de gestión,
     liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios
     tributos; y la segunda, de tipo divulgativo e informativo, para que
     el Consejero competente en materia de Hacienda ordene la publicación
     anual de un catálogo actualizado que recoja, a título informativo,
     los elementos esenciales y las tarifas vigentes de las tasas para
     cada ejercicio presupuestario.
     TITULO PRELIMINAR
     Disposiciones generales
     Artículo 1.-Objeto y naturaleza.
     1.-El objeto de esta Ley es el establecimiento de los principios,
     elementos y requisitos de las tasas y precios públicos de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, como recursos integrantes de su
     Hacienda, así como la regulación del régimen jurídico aplicable a los
     mismos.
     2.-Tienen el carácter de tributo propio de la Comunidad Autónoma de
     Aragón:
     a) Las tasas establecidas mediante Ley de Cortes de Aragón, de
     acuerdo con lo previsto en el Título I de esta Ley.
     b) Las tasas transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón por las
     Corporaciones Locales de su ámbito territorial o por el Estado, junto
     con los bienes de dominio público, servicios o actividades en régimen
     de Derecho público, cuya utilización, prestación o realización se
     encuentren gravados por las mismas.
     3.-Tienen el carácter de ingreso de Derecho público no tributario de
     la Comunidad Autónoma de Aragón los precios públicos establecidos
     mediante Orden conjunta del Departamento competente en materia de
     Hacienda y del Departamento del que dependa el órgano u organismo
     público al que corresponda su exacción, de acuerdo con lo previsto en
     el Título II de esta Ley.
     Artículo 2.-Normativa aplicable.
     1.-Las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón se
     regirán por:
     a) Las normas de Derecho internacional y de Derecho comunitario
     europeo que contengan cláusulas o disposiciones en la materia.
     b) La presente Ley de Tasas y Precios Públicos.
     c) La norma de creación de cada tasa y de los distintos precios
     públicos.
     d) Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     e) Los textos refundidos, aprobados por Decreto Legislativo del
     Gobierno de Aragón, donde, en su caso, se recojan las regulaciones de
     las distintas exacciones.
     f) Las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las
     normas anteriores.
     2.-En lo no previsto por las mismas, se aplicarán supletoriamente la
     Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y la legislación
     general en materia tributaria y presupuestaria.
     Artículo 3.-Ambito de aplicación.
     1.-La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-El ámbito objetivo de esta Ley viene determinado por la
     utilización del dominio público y la prestación de servicios o
     realización de actividades en régimen de Derecho público por la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos
     públicos y demás entidades dependientes de la misma, con
     independencia del lugar de realización del hecho imponible.
     3.-Seguirán rigiéndose por sus propias normas, al no estar
     comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las
     contraprestaciones recibidas por la Administración de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, sus organismos públicos y demás entidades
     dependientes de la misma, por la prestación de servicios y
     realización de actividades en régimen de Derecho privado.
     Artículo 4.-Principio de unidad e intervención.
     1.-Los recursos regulados en esta Ley se ingresarán en las cajas de
     la Tesorería o en las cuentas restringidas autorizadas al efecto, de
     acuerdo con lo establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad
     Autónoma.
     2.-El rendimiento de las tasas y precios públicos se destinará a
     satisfacer el conjunto de gastos del presupuesto de la Comunidad
     Autónoma, salvo que por Ley se establezca la afectación de alguno de
     estos recursos a finalidades determinadas.
     3.-Las tasas y precios públicos regulados en esta Ley serán
     intervenidos y contabilizados por la Intervención General, en los
     términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y
     demás disposiciones aplicables.
     Artículo 5.-Responsabilidades.
     1.-Las autoridades y demás personal al servicio de la Administración
     de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus entidades y organismos
     públicos, así como sus agentes o asimilados, que por dolo o culpa
     graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las
     disposiciones de esta Ley, de la Ley de Hacienda o de la legislación
     general tributaria y presupuestaria, estarán obligados a indemnizar a
     la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón los daños y perjuicios
     que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la
     responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
     A estos efectos, la exigencia indebida o en cuantía improcedente de
     una tasa o precio público será considerada como falta disciplinaria
     muy grave.
     2.-Cuando el acto o la resolución se dictase mediante dolo, la
     responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que
     conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de
     esta Ley.
     En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal a que se
     refiere el apartado 1 sólo responderán de los daños y perjuicios que
     sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal. A estos
     efectos, la Administración de la Comunidad Autónoma tendrá que
     proceder previamente contra los terceros correspondientes para el
     reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
     La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en
     el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será
     solidaria.
     Artículo 6.-Recursos y reclamaciones.
     1.-Contra los actos de aplicación de las tasas y exacción de los
     precios públicos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
     contra las sanciones derivadas de aquéllos, podrá interponerse
     reclamación económico-administrativa ante el órgano que dictó el acto
     reclamable, el cual lo remitirá a la Junta de Reclamaciones
     Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
     conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora
     2.-Asimismo, contra dichos actos podrá interponerse recurso
     potestativo de reposición, previo a la reclamación
     económico-administrativa, ante el órgano que dictó el acto
     impugnable. En tal caso, no podrá promoverse la reclamación
     económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de
     forma expresa o pueda considerarse desestimado por silencio
     administrativo.
     TITULO I
     Tasas CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 7.-Concepto.
     Son tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón los tributos propios
     cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
     aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de
     servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho
     público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al
     obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de
     solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no
     se presten o realicen por el sector privado.
     Artículo 8.-Creación y regulación de las tasas.
     1.-Las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecerán por
     Ley de Cortes de Aragón, que deberá regular, al menos, el hecho
     imponible, las exenciones y bonificaciones, los obligados y
     responsables tributarios, el devengo, la base imponible, el tipo de
     gravamen o tarifa y los demás parámetros o elementos directamente
     determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como la
     afectación, en su caso, a finalidades determinadas.
     2.-Para adecuar las tarifas de las tasas al valor del uso de los
     bienes de dominio público o al coste variable de la prestación de
     servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público
     que las motivan, las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
     podrán modificar los elementos cuantificadores de las mismas, aun
     cuando ello no esté previsto en la Ley específica de creación del
     tributo. Asimismo, con subordinación a los criterios, parámetros o
     elementos cuantificadores de cada Ley específica, se podrá diferir a
     su desarrollo reglamentario la fijación de la cuantía exigible para
     cada tasa.
     3.-Toda propuesta normativa de creación, regulación o modificación de
     las tasas deberá someterse a informe del órgano directivo que tenga
     atribuidas las funciones en materia tributaria y acompañarse de la
     memoria económico-financiera prevista en el artículo 15.
     Artículo 9.-Principios de equivalencia y de capacidad económica.
     1.-El importe líquido de las tasas no podrá exceder en su conjunto
     del valor real del uso privativo o del aprovechamiento especial del
     dominio público, ni del coste previsto o real del servicio, o, en su
     caso, del valor agregado por la actividad de la Administración, cuya
     prestación o realización constituye su hecho imponible. A tales
     efectos, deberá tenerse en consideración lo previsto en el artículo
     14 y en la memoria económico-financiera exigida en el artículo 15.
     2.-En la fijación de la cuantía de las tasas se tendrá en cuenta, en
     cuanto lo permitan las características del tributo, la capacidad
     económica de los obligados a satisfacerlas.
     CAPITULO II
     La relación jurídico-tributaria
     Artículo 10.-Hecho imponible.
     Constituye el hecho imponible de las tasas de la Comunidad Autónoma
     de Aragón la utilización privativa o el aprovechamiento especial de
     su dominio público, la prestación de servicios o la realización de
     actividades en régimen de Derecho público, por la Administración de
     la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y entidades
     dependientes de la misma, cuando se lleven a cabo mediante cualquiera
     de las formas previstas en la legislación administrativa para la
     gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente
     público.
     Artículo 11.-Exenciones y bonificaciones.
     1.-Las exenciones y bonificaciones en materia de tasas deberán
     atender a los principios establecidos constitucional o
     estatutariamente y, en especial, al de capacidad económica, en cuanto
     lo permitan las características del tributo.
     2.-Asimismo, podrán establecerse beneficios tributarios a favor de
     los entes públicos territoriales o institucionales.
     Artículo 12.-Devengo y exigibilidad.
     1.-El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho
     imponible y determina el momento en que surge, para el sujeto pasivo,
     la obligación de satisfacer el importe de la tasa.
     Ello no obstante, la ley propia de cada tasa podrá establecer su
     exigibilidad, total o parcialmente, en un momento distinto al de su
     devengo.
     2.-Las tasas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se
     devengarán:
     a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento
     especial del dominio publico, o se inicie la prestación del servicio
     o la realización de la actividad.
     No obstante, será necesario el previo pago o depósito de la tasa,
     para hacer efectivos el uso concedido, la prestación del servicio o
     la realización de la actividad.
     b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las
     actuaciones o expedientes correspondientes, que no se realizarán o
     tramitarán hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente.
     3.-En caso de discrepancia sobre la procedencia o cuantía de la tasa,
     no procederá la suspensión de la prestación del servicio o actividad
     por falta de pago, salvo que su regulación la autorice, exigiéndose
     correlativamente el depósito de su importe o la constitución de
     garantía. Si el sujeto pasivo no justifica la presentación en plazo
     reglamentario del correspondiente recurso o reclamación
     económico-administrativa, tanto las cantidades depositadas como la
     realización de la garantía serán ingresadas en la Tesorería de la
     Comunidad con carácter definitivo, salvo que proceda su devolución,
     de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.
     Artículo 13.-Obligados y responsables tributarios.
     1.-Son sujetos pasivos, como contribuyentes de las tasas de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, las personas físicas o jurídicas, así
     como las comunidades de bienes y demás entes carentes de personalidad
     jurídica propia que constituyan una unidad económica o un patrimonio
     separado susceptibles de imposición, que resulten beneficiarios de la
     utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
     de la Comunidad Autónoma, o quienes soliciten o resulten afectados o
     beneficiados de manera singular, personalmente o en sus bienes, por
     la prestación de servicios o la realización de actividades
     constitutivas del hecho imponible, así como los que se subroguen en
     la posición jurídica de éstos.
     2.-La Ley reguladora de cada tasa podrá designar un sustituto del
     contribuyente, quien podrá repercutir el importe de la misma a este
     último.
     3.-La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo hecho
     imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la
     Administración de la Comunidad Autónoma.
     4.-La Ley reguladora de cada tasa podrá configurar como responsables
     solidarios o subsidiarios, junto a los obligados principales, a otras
     personas o entidades.
     5.-Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial del
     dominio público lleve aparejada una destrucción o deterioro del
     mismo, no prevista en la memoria económico-financiera a que se
     refiere el artículo 15, el sujeto pasivo de la tasa estará obligado
     al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
     reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables, la
     indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de reposición
     de los bienes destruidos.
     6.-Son responsables solidarios las entidades o sociedades
     aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios
     administrativos que constituyan el hecho imponible de una tasa.
     7.-En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que
     beneficien a los usuarios u ocupantes de cualquier tipo de inmueble,
     son responsables subsidiarios sus propietarios.
     Artículo 14.-Elementos cuantificadores.
     1.-La cuantificación de las tarifas se efectuará de modo que su
     rendimiento estimado no exceda, en su conjunto, del valor del uso o
     aprovechamiento de los bienes demaniales cuya utilización se ceda o
     de los costes reales o previsibles del servicio, función o actividad
     de que se trate o del valor de la prestación recibida.  A tales
     efectos, se aplicarán las siguientes reglas:
     a) En las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
     de bienes de dominio público, la base tributaria deberá tener en
     consideración el valor real de los bienes cuyo uso o aprovechamiento
     se cede, así como el de las instalaciones y pertenencias que les
     estén afectas, o el valor de la utilidad o del aprovechamiento que
     reporte al usuario, atendiendo en particular, en la valoración, al
     impacto ambiental que tales bienes pueden suponer.
     b) En las tasas por prestación de servicios o realización de
     actividades, los parámetros para la determinación de las tarifas
     deberán comprender tanto los gastos directos como los indirectos que
     contribuyan a la determinación del coste, incluidos los financieros,
     amortizaciones de inmovilizado y demás gastos generales, y, en su
     caso, el valor agregado como consecuencia de la actividad de la
     Administración.
     c) En cualquier caso, los parámetros señalados podrán comprender los
     gastos de mantenimiento, mejora y desarrollo de la actividad,
     atendiendo, si ello es posible, a la capacidad económica del obligado
     al pago.
     2.-De acuerdo con los criterios y parámetros señalados en el apartado
     anterior, las operaciones de determinación de la base imponible de la
     tasa podrán efectuarse por el órgano que conceda, autorice o
     adjudique el derecho al uso o aprovechamiento de bienes demaniales, o
     que preste el servicio o realice la actividad determinante de la
     exacción de cada tasa. La cuota tributaria podrá consistir en una
     cantidad fija, o bien determinarse en función de un tipo de gravamen
     aplicable sobre parámetros cuantitativos, dinerarios o no, que sirvan
     de base tributaria. También podrá concretarse conjuntamente por ambas
     formas de cuantificación.
     Artículo 15.-Memoria económico-financiera.
     Sin perjuicio de la memoria económica que, en su caso, debe acompañar
     a los proyectos normativos a que se refieren la Ley del Presidente y
     del Gobierno de Aragón y las Leyes de Presupuestos de la Comunidad
     Autónoma, toda propuesta normativa para el establecimiento de nuevas
     tasas o de modificación específica de los elementos cuantificadores
     de las vigentes en ese momento, deberá incluir además, entre los
     antecedentes para su elaboración, una memoria económico-financiera
     sobre los valores de mercado del uso de los bienes demaniales
     susceptibles de cesión, así como del coste o valor global del
     servicio o actividad que originan su exacción y, en su caso, el
     previsible valor agregado derivado de dichas prestaciones.
     CAPITULO III
     Procedimiento tributario
     Artículo 16.-Gestión.
     1.-La gestión de las tasas corresponderá a los distintos
     Departamentos, organismos públicos y demás entidades dependientes de
     los mismos a los que estén afectos los bienes del dominio público
     cedidos en uso o a los que tengan atribuida la competencia para
     prestar el servicio o realizar la actividad que origina el devengo de
     la tasa.
     2.-No obstante lo anterior, corresponde al Departamento competente en
     materia de Hacienda el control y la coordinación de la gestión de las
     tasas por los órganos que la tienen encomendada, así como las
     funciones de inspección, investigación, comprobación e intervención
     del propio tributo, en los términos previstos por la Ley de Hacienda
     de la Comunidad Autónoma.
     Artículo 17.-Liquidación por la Administración y autoliquidación.
     1.-Las tasas se exigirán mediante liquidación efectuada por el órgano
     gestor competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, el
     cual realizará las operaciones de cuantificación necesarias para
     determinar el importe de la deuda tributaria. Las liquidaciones
     tendrán los requisitos y se notificarán en la forma prevista por la
     Ley General Tributaria.
     2.-No obstante lo anterior, la Ley de creación de cada tasa podrá
     obligar a los sujetos pasivos a practicar las operaciones de
     autoliquidación y a realizar el ingreso de la cuota resultante.
     Artículo 18.-Extinción de la deuda tributaria.
     Las deudas tributarias derivadas de las tasas podrán extinguirse
     total o parcialmente por cualquiera de las formas y con los
     requisitos previstos en la Ley General Tributaria, y, en especial,
     mediante el pago, prescripción, compensación total o parcial, en la
     forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, así como
     mediante la condonación de las mismas. Tal condonación sólo podrá
     acordarse en virtud de Ley de Cortes de Aragón, en la forma, cuantía
     y con los requisitos que en la misma se determinen.
     Artículo 19.-Medios de pago.
     1.-El pago de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se
     realizará en efectivo, por los medios, en la forma y con los efectos
     liberatorios que se determinen reglamentariamente.
     2.-En todo caso, para satisfacer una misma deuda tributaria no podrán
     simultanearse varios medios de pago.
     Artículo 20.-Plazos para el pago.
     1.-Cuando las tasas sean objeto de liquidación por la Administración,
     los plazos de ingreso en período voluntario de la deuda tributaria
     serán los siguientes:
     a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
     de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o,
     si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
     b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la
     fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
     posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
     siguiente.
     c) Las tasas objeto de notificación colectiva y periódica, en los
     plazos o fechas señalados en su normativa reguladora, que, en todo
     caso, no será inferior a dos meses.
     2.-Las tasas que sean objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo
     deberán ingresarse en los plazos específicos señalados por las normas
     reguladoras del tributo. En su defecto, el plazo general de ingreso
     será de un mes contado a partir del momento del devengo del tributo.
     Artículo 21.-Aplazamiento y fraccionamiento.
     Corresponde a los órganos del Departamento competente en materia de
     Hacienda, resolver sobre la concesión o denegación de aplazamientos o
     fraccionamientos del pago de las tasas, previa solicitud de los
     sujetos pasivos y, en su caso, aportación de garantía suficiente en
     la forma y con los requisitos previstos en la Ley General Tributaria.
     Artículo 22.-Devolución.
     El sujeto pasivo tiene derecho a la devolución de las tasas que ha
     satisfecho si, por causas que no le son imputables, no se han
     prestado las actividades o servicios gravados o se hubieran prestado
     de forma notoriamente deficiente, cuando los ingresos se declaren
     indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes y
     en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
     Artículo 23.-Recaudación ejecutiva.
     La recaudación de las tasas no ingresadas en período voluntario se
     realizará en el período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento
     espontáneo o, en su defecto, a través del procedimiento de apremio,
     de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria, normas
     complementarias y disposiciones de desarrollo.
     Artículo 24.-Régimen sancionador.
     La calificación de las infracciones tributarias y la imposición y
     graduación de las sanciones que corresponda aplicar, se realizará
     conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaría, normas
     complementarias y disposiciones de desarrollo.
     TITULO II
     Precios públicos CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 25.-Concepto.
     Son precios públicos los ingresos no tributarios de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, derivados de las contraprestaciones pecuniarias
     que se satisfagan a su Administración por la prestación de servicios
     o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho
     público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por
     el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los
     administrados.
     Artículo 26.-Creación y modificación.
     1.-El establecimiento y fijación de la cuantía de los precios
     públicos se efectuará por Orden conjunta del Departamento competente
     en materia de Hacienda y del Departamento del que dependa el órgano u
     organismo público al que corresponda su exacción.
     2.-Toda propuesta de fijación o modificación de precios públicos
     deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera, que
     justifique el importe propuesto para los mismos.
     3.-En lo no previsto en la norma reguladora del precio público o en
     este Título, serán supletoriamente aplicables las normas establecidas
     en materia de Hacienda para los ingresos de Derecho público y, en su
     defecto, las disposiciones reguladores de las tasas, de acuerdo con
     la naturaleza jurídica y financiera de las exacciones.
     CAPITULO II
     Elementos sustantivos de los precios públicos
     Artículo 27.-Elemento objetivo.
     Constituye el elemento objetivo y hecho generador de los precios
     públicos la prestación de un servicio o la realización de una
     actividad y las entregas de bienes accesorias a las mismas, por parte
     de la Administración de la Comunidad o de sus organismos públicos, en
     los supuestos definidos en el artículo 25 de esta Ley.
     Artículo 28.-Exigibilidad.
     1.-Los precios públicos se exigirán desde que se preste el servicio o
     se realice la actividad que constituyan su presupuesto objetivo o
     hecho generador.
     2.-No obstante, la norma de creación de cada precio público podrá
     prever la exigencia del cobro anticipado, del depósito previo de su
     importe total o parcial o el establecimiento de garantías.
     Artículo 29.-Elemento subjetivo.
     1.-Son sujetos obligados al pago de los precios públicos las personas
     físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes y demás entes
     carentes de personalidad jurídica propia, que constituyan una unidad
     económica o un patrimonio separado, que actúen como tales en el
     tráfico mercantil, que sean destinatarios o beneficiarios del
     servicio prestado o actividad realizada.
     2.-Se presumirá esta condición en la persona que solicite o reciba
     las prestaciones de servicios o actividades.
     Artículo 30.-Responsables solidarios y subsidiarios.
     1.-Responderán solidariamente del pago de los precios públicos las
     personas físicas o jurídicas o los entes sin personalidad que
     soliciten los servicios o actividades por los que deban satisfacerse
     aquéllos.
     2.-Serán responsables subsidiarios los propietarios de los inmuebles
     cuyos usuarios u ocupantes estén obligados a satisfacer precios
     públicos por razón de servicios o actividades que les benefician o
     afectan.
     Artículo 31.-Cuantía de los precios públicos.
     1.-Los precios públicos se fijarán de manera que, como mínimo, cubran
     los costes directos e indirectos originados por la prestación de los
     servicios o realización de las actividades, o se equiparen a la
     utilidad obtenida por el beneficiario.
     2.-Los precios públicos podrán cifrarse en una cuantía fija o
     determinarse en función de un porcentaje sobre parámetros
     cuantitativos ciertos.
     3.-Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de
     interés público que así lo aconsejen, podrán establecerse precios
     públicos por un importe inferior al resultante de lo previsto en el
     apartado 1 anterior, previa adopción de las previsiones
     presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio
     subvencionada.
     CAPITULO III
     Administración y cobro de los precios públicos
     Artículo 32.-Gestión y medios de pago.
     1.-La gestión y administración de los precios públicos corresponde a
     los Departamentos u organismos públicos que deban prestar el servicio
     o realizar la actividad determinante de su exención, sin perjuicio de
     las facultades de dirección, coordinación y control que la Ley de
     Hacienda atribuye al Departamento competente en materia de Hacienda.
     2.-Mediante Orden del citado Departamento de Hacienda podrá
     establecerse de forma razonada, con carácter obligatorio para
     determinados precios públicos, algún medio de pago concreto entre los
     que se determinen reglamentariamente, conforme a lo dispuesto en el
     artículo 19 de esta Ley.
     3.-Los precios públicos podrán exigirse en régimen de
     autoliquidación.
     Artículo 33.-Devolución.
     Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, no
     se realice la actividad o no se preste el servicio, o se haya
     prestado de forma notoriamente deficiente, procederá la devolución
     del importe que corresponda.
     Artículo 34.-Recaudación ejecutiva.
     1.-Las deudas derivadas de precios públicos podrán exigirse en
     período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo o, en
     su defecto, a través del procedimiento de apremio, cuando el obligado
     al pago no las hubiera satisfecho en el plazo del período voluntario
     en que sean exigibles. La Administración deberá extender
     documentación acreditativa del impago en el plazo máximo de tres
     meses.
     2.-A tales efectos, los órganos encargados de la gestión de los
     precios deberán remitir trimestralmente al Departamento competente en
     materia de Hacienda la documentación que identifique a los deudores y
     acredite las deudas respectivas para proceder a su cobro en vía
     ejecutiva, de acuerdo con las normas que regulen este procedimiento. 
     DISPOSICION DEROGATORIA
     Unica.-Derogación expresa y por incompatibilidad.
     1.-Queda derogada la Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y
     Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de
     igual o inferior rango a la presente Ley en cuanto se opongan o
     contradigan lo establecido en la misma.  DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Habilitaciones al Consejero competente en materia de
     Hacienda.
     El Consejero competente en materia de Hacienda podrá regular,
     mediante Orden, las siguientes materias:
     a) El establecimiento de la obligación de utilizar, para determinadas
     tasas o precios públicos, algún concreto medio de pago de los
     previstos reglamentariamente.
     b) La elaboración y publicación anual en el «Boletín Oficial de
     Aragón» de un catálogo actualizado que recoja, a título informativo,
     los elementos esenciales y las tarifas vigentes de las tasas para
     cada ejercicio presupuestario, incluyendo todas las modificaciones
     efectuadas desde la última publicación.
     Segunda.-Habilitaciones a los Consejeros de los Departamentos
     gestores de las tasas.
     Los Consejeros de los Departamentos gestores de las tasas, previo el
     informe a que se refiere el apartado 3 del artículo 8, aprobarán,
     mediante Orden, los modelos de autoliquidación correspondientes y
     dictarán instrucciones complementarias para la gestión y liquidación
     de las tasas exigidas por dicho régimen.
     Tercera.-Remisión al desarrollo reglamentario por el Gobierno de
     Aragón.
     1.-El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en
     materia de Hacienda, aprobará mediante Decreto, las disposiciones
     reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente Ley y, en
     particular, las relativas a los distintos procedimientos de gestión,
     liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propias tasas.
     2.-Asimismo, se autoriza al Gobierno de Aragón para regular los
     requisitos y condiciones en los que el pago pueda efectuarse
     utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o
     telemáticos.
     Cuarta.-Entrada en vigor.
     La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
     publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 22 de junio de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU