Rango: -Ley+
Fecha de disposición: 20060622
Fecha de Publicacion: 17/07/2006
Número de boletín: 81
Organo emisor: PRESIDENCIA
Titulo: LEY 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

Texto
     LEY 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
     En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
     Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
     y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
     «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo
     dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.  INDICE
     EXPOSICION DE MOTIVOS
     TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
     Artículo 1.-Objeto
     Artículo 2.-Finalidades
     Artículo 3.-Ambito de aplicación
     Artículo 4.-Definiciones
     Artículo 5.-Regímenes de intervención administrativa ambiental
     Artículo 6.-Cooperación interadministrativa
     Artículo 7.-Fraccionamiento de proyectos o actividades
     Artículo 8.-Efectos transfronterizos
     Artículo 9.-Información ambiental y participación pública
     Artículo 10.-Respeto al secreto industrial y comercial
     TITULO II. EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS Y EVALUACION DE
     IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
     Capítulo I. Evaluación ambiental de planes y programas
     Artículo 11.-Planes y programas sometidos a evaluación ambiental
     Artículo 12.-Organo ambiental competente
     Artículo 13.-Determinación caso por caso de la necesidad de
     evaluación ambiental
     Artículo 14.-Informe de sostenibilidad ambiental
     Artículo 15.-Documento de referencia
     Artículo 16.-Contenido del informe de sostenibilidad ambiental
     Artículo 17.-Consultas e información pública
     Artículo 18.-Propuesta de plan o programa
     Artículo 19.-Memoria ambiental
     Artículo 20.-Integración de los aspectos ambientales en el plan o
     programa
     Artículo 21.-Publicidad
     Artículo 22.-Seguimiento
     Artículo 23.-Procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento
     urbanístico
     Capítulo II. Evaluación de impacto ambiental de proyectos
     Artículo 24.-Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental
     Artículo 25.-Organo ambiental competente
     Artículo 26.-Estudio caso por caso
     Artículo 27.-Estudio de impacto ambiental
     Artículo 28.-Consultas previas
     Artículo 29.-Inicio del procedimiento
     Artículo 30.-Información pública
     Artículo 31.-Declaración de impacto ambiental
     Artículo 32.-Efectos de la declaración de impacto ambiental
     Artículo 33.-Seguimiento y vigilancia
     Capítulo III. Disposiciones comunes
     Artículo 34.-Tramitación urgente de los procedimientos de evaluación
     ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental
     de proyectos
     Artículo 35.-De los redactores de los estudios de impacto ambiental y
     de los informes de sostenibilidad ambiental
     TITULO III. EVALUACION AMBIENTAL EN ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES
     Artículo 36.-Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas
     ambientalmente sensibles
     Artículo 37.-Organo ambiental competente
     Artículo 38.-Procedimiento
     Artículo 39.-Seguimiento y vigilancia
     TITULO IV. AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA
     Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación
     Artículo 40.-Instalaciones sometidas a autorización ambiental
     integrada
     Artículo 41.-Modificación de la instalación
     Artículo 42.-Objeto de la autorización ambiental integrada
     Capítulo II. Procedimiento
     Artículo 43.-Organo ambiental competente
     Artículo 44.-Consultas previas
     Artículo 45.-Informe de compatibilidad urbanística
     Artículo 46.-Contenido de la solicitud
     Artículo 47.-Tramitación
     Artículo 48.-Integración del procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental
     Artículo 49.-Resolución
     Artículo 50.-Motivación
     Artículo 51.-Contenido de la autorización ambiental integrada
     Artículo 52.-Impugnación
     Capítulo III. Coordinación con otros mecanismos de intervención
     ambiental
     Artículo 53.-Coordinación con el régimen aplicable en materia de
     evaluación de impacto ambiental cuando corresponda a la
     Administración del Estado
     Artículo 54.-Coordinación con el régimen de la licencia ambiental de
     actividades clasificadas
     Capítulo IV. Otras disposiciones
     Artículo 55.-Obligación de informar
     Artículo 56.-Renovación de la autorización ambiental integrada
     Artículo 57.-Modificación de oficio de la autorización ambiental
     integrada
     Artículo 58.-Transmisión de la titularidad de la autorización
     ambiental integrada
     Artículo 59.-Caducidad de la autorización ambiental integrada
     TITULO V. LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
     Capítulo I. Disposiciones generales
     Artículo 60.-Actividades sometidas a licencia ambiental
     Artículo 61.-Finalidad
     Artículo 62.-Modificación sustancial de actividades
     Capítulo II. Procedimiento
     Artículo 63.-Organo competente
     Artículo 64.-Solicitud
     Artículo 65.-Procedimiento
     Artículo 66.-Calificación ambiental
     Artículo 67.-Resolución
     Artículo 68.-Contenido de la licencia
     Capítulo III. Modificación, transmisión y extinción de la licencia
     Artículo 69.-Modificación de la licencia
     Artículo 70.-Transmisión de la licencia
     Artículo 71.-Caducidad, anulación y revocación
     TITULO VI. LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
     Artículo 72.-Solicitud
     Artículo 73.-Acta de comprobación de las instalaciones.
     Artículo 74.-Resolución
     Artículo 75.-Autorizaciones de suministros
     TITULO VII. REGIMEN DE INSPECCION
     Artículo 76.-Finalidad y objetivos de la inspección
     Artículo 77.-Competencias de inspección
     Artículo 78.-Planificación de las inspecciones
     Artículo 79.-Personal inspector de las actividades sometidas a
     intervención ambiental
     Artículo 80.-Facultades del personal inspector
     Artículo 81.-Sometimiento a la acción inspectora
     Artículo 82.-Publicidad
     Artículo 83.-Denuncia de deficiencias en funcionamiento
     Artículo 84.-Deberes de comunicación
     Artículo 85.-Suspensión de actividades
     Artículo 86.-Ejecución subsidiaria de medidas correctoras
     TITULO VIII. REGIMEN SANCIONADOR
     Artículo 87.-Infracciones
     Artículo 88.-Infracciones muy graves
     Artículo 89.-Infracciones graves
     Artículo 90.-Infracciones leves
     Artículo 91.-Prescripción de las infracciones
     Artículo 92.-Responsabilidad
     Artículo 93.-Sanciones
     Artículo 94.-Graduación de las sanciones
     Artículo 95.-Otros efectos de las sanciones
     Artículo 96.-Concurrencia de sanciones
     Artículo 97.-Medidas restauradoras de la legalidad
     Artículo 98.-Medidas provisionales
     Artículo 99.-Competencia sancionadora
     Artículo 100.-Prescripción de las sanciones
     Artículo 101.-Multas coercitivas
     Artículo 102.-Vía de apremio
     Artículo 103.-Registro de infractores
     Artículo 104.-Prestación ambiental sustitutoria
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Creación de las comisiones técnicas de calificación
     Segunda.-Sustitución del procedimiento especial de autorización de
     construcciones en suelo no urbanizable por el procedimiento de
     autorización ambiental integrada
     Tercera.-Tasas
     Cuarta.-Documentación en soporte papel y en soporte digital
     Quinta.-Planes Integrales Específicos
     Sexta.-Inaplicabilidad del Reglamento de actividades molestas,
     insalubres, nocivas y peligrosas en la Comunidad Autónoma de Aragón
     Séptima.-Medios materiales y personales
     Octava.-Delegación de las funciones de inspección
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Atribución de competencias a las comarcas
     Segunda.-Régimen de adaptación aplicable a las instalaciones
     existentes
     Tercera.-Régimen de las actividades clasificadas sin licencia
     Cuarta.-Procedimiento de evaluación ambiental de actividades
     clasificadas sin licencia
     Quinta.-Evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales
     Sexta.-Procedimientos en curso
     Séptima.-Eficacia de las licencias otorgadas con anterioridad a la
     entrada en vigor de la ley
     DISPOSICIONES DEROGATORIAS
     Unica
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación
     y participación en la gestión del agua de Aragón
     Segunda.-Modificación de anexos
     Tercera.-Actualización de la cuantía de las multas
     Cuarta.-Habilitación
     Quinta.-Entrada en vigor
     ANEXOS
     Anexo I. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental en la
     Comunidad Autónoma de Aragón
     Anexo II. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 24
     Anexo III. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 24
     Anexo IV. Criterios para determinar la posible significación de las
     repercusiones sobre el medio ambiente
     Anexo V. Zonas ambientalmente sensibles
     Anexo VI. Categorías de actividades e instalaciones contempladas en
     el artículo 40
     Anexo VII. Actividades excluidas de licencia ambiental de actividades
     clasificadas
     PREAMBULO I
     La protección y conservación del medio ambiente se ha convertido en
     los últimos años en una creciente preocupación social y en uno de los
     objetivos esenciales de las políticas de los poderes públicos.
     La Constitución Española, norma fundamental de nuestro ordenamiento
     jurídico, reconoce en su artículo 45 el derecho de todos los
     españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
     desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El mismo
     precepto constitucional contiene un mandato dirigido a los poderes
     públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos
     naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender
     y restaurar el medio ambiente.
     La protección del medio ambiente en cuanto bien colectivo, aunque
     susceptible de disfrute individual, queda encomendada a todas las
     actividades económicas y a la sociedad en general, si bien de forma
     principal a los poderes públicos. Se configura, así, una función
     pública de cuidado de los recursos naturales frente a las actuaciones
     que puedan lesionarlos o utilizarlos de forma abusiva e irracional.
     La protección del medio ambiente es un derecho de los ciudadanos que
     precisa con frecuencia de un alto grado de intervención
     administrativa en los aspectos preventivos de las actividades y en la
     corrección de los factores y efectos de la contaminación y
     degradación ambientales. Esta determinación de procedimientos y
     técnicas tiene un doble fin: en primer lugar, el incremento de las
     garantías que la acción humana debe asegurar para el mantenimiento de
     la calidad de vida y de un medio ambiente saludable, y, en segundo
     término, la configuración de un desarrollo sostenible que permita
     asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y
     poner éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades de la
     sociedad.
     Esa función pública de protección ambiental puede llevarse a cabo a
     través de diversas maneras que implican distintos grados de presencia
     de las Administraciones públicas. Está demostrado que la restauración
     de los daños ocasionados al medio ambiente es, frecuentemente, más
     difícil y costosa que la prevención de los mismos y suele requerir
     medidas de paralización o desmantelamiento de la actividad, con
     graves perjuicios tanto económicos como sociales. La prevención se
     manifiesta, así, como el mecanismo más adecuado, por lo que la
     Administración debe dotarse de instrumentos para conocer a priori los
     posibles efectos que las diferentes actuaciones susciten sobre el
     medio ambiente.
     Para conseguir este objetivo se aprueba la presente Ley, como
     expresión jurídica positiva de la política ambiental autonómica, en
     desarrollo de las competencias reconocidas a la Comunidad Autónoma en
     los artículos 35.1.15.ª, 35.1.17.ª, 37.3 y 40.4 de su Estatuto de
     Autonómica. Su vocación es convertirse en un texto legal esencial del
     ordenamiento jurídico autonómico, como medio de alcanzar la máxima
     protección posible del medio ambiente en su conjunto, regulando las
     distintas formas de intervención administrativa ambiental en la
     aprobación de determinados planes, programas, proyectos,
     instalaciones y actividades a fin de lograr la prevención, reducción
     y control de la contaminación y del impacto ambiental sobre la
     atmósfera, el agua, el suelo y la biodiversidad, y potenciar, dentro
     de cada procedimiento, la participación pública y la información
     ambiental.  II
     En cuanto a su contenido, la Ley se ocupa del régimen de los planes y
     programas sometidos a evaluación ambiental, los proyectos sujetos a
     evaluación de impacto ambiental y aquellos sometidos a evaluación
     ambiental por tener incidencia en zonas ambientalmente sensibles, las
     instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada y el régimen
     de actividades sujetas a licencia ambiental de actividades
     clasificadas.
     Para la regulación de los regímenes citados, la Ley parte, como no
     podía ser de otro modo, de la normativa comunitaria y de la
     legislación básica estatal. Así, la Ley toma en consideración la
     Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la
     evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
     privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva
     97/11/CE, la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a
     la evaluación de determinados planes y programas en el medio
     ambiente, y la Directiva 96/61/CEE, del Consejo, de 24 de septiembre
     de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la
     contaminación. La Ley desarrolla, asimismo, la normativa básica
     estatal existente en la materia, constituida, fundamentalmente, por
     el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
     de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 6 de marzo, y
     por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
     determinados planes y programas en el medio ambiente.  III
     El articulado de la Ley se estructura en ocho Títulos. El Título I
     recoge las disposiciones generales de la Ley que permitirán a los
     órganos competentes y a los particulares afectados, tanto su correcta
     aplicación a través de la delimitación precisa de su objeto y de su
     ámbito de aplicación, como su adecuada interpretación mediante la
     definición de aquellos conceptos que se consideran claves para el
     cumplimiento de la misma. Se prevé también, en el citado Título, la
     obligación del departamento de la Administración de la Comunidad
     Autónoma competente en materia de medio ambiente de disponer de los
     servicios y herramientas de información necesarios para dar
     cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre libertad de
     acceso a la información ambiental.
     En el Título II se regula el régimen jurídico que posibilite una
     eficaz actuación preventiva orientada a evitar, reducir o minimizar
     los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la puesta
     en marcha o ejecución de determinados planes, programas, proyectos y
     actividades.
     El Capítulo I de este Título regula la denominada evaluación
     ambiental de planes y programas. Con este novedoso procedimiento se
     evalúa la incidencia ambiental de los planes o programas de forma
     anticipada a la ejecución de los proyectos o actividades que aquéllos
     puedan prever y con independencia de la evaluación de impacto
     ambiental que la ejecución de dichos proyectos pueda requerir. El
     procedimiento de evaluación ambiental finaliza con la memoria
     ambiental del plan o programa, que tiene carácter preceptivo en el
     procedimiento de aprobación del plan o programa.
     Debe destacarse, en este capítulo, la regulación específica que se
     hace de la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico a fin de
     coordinar dicho procedimiento con el previsto en la legislación
     urbanística para la aprobación de los citados planes.
     El Capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental de
     determinados proyectos, públicos o privados, sobre el medio ambiente.
     En primer lugar, se clarifica el ámbito de aplicación del mencionado
     procedimiento incluyéndose en el mismo todos los proyectos
     anteriormente sometidos a evaluación de impacto por las distintas
     leyes sectoriales autonómicas y fijándose los criterios de sujeción
     para las actividades del Anexo II del Real Decreto Legislativo
     1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental,
     conforme a lo previsto en el apartado tercero de su artículo primero.
     Asimismo, se ha optado por que algunos de los proyectos que se
     desarrollan en las zonas incluidas en la Red Ecológica Europea Natura
     2000 se sometan en todo caso a evaluación de impacto ambiental,
     mientras que, para el resto de proyectos que puedan afectar de forma
     apreciable a alguna de esas zonas, su sometimiento a evaluación de
     impacto ambiental dependerá de la decisión que se adopte caso a caso.
     En segundo lugar, se establecen los distintos trámites
     procedimentales de la evaluación de impacto ambiental, así como el
     contenido del estudio de impacto ambiental y de la ulterior
     declaración de impacto ambiental en los supuestos en que su emisión
     corresponda al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
     El Título III regula el procedimiento de evaluación ambiental a que
     deben someterse determinados proyectos, instalaciones y actividades
     que tengan incidencia en las zonas ambientalmente sensibles que se
     recogen en el Anexo V de la Ley, y que son tanto los espacios
     naturales protegidos, sus zonas periféricas de protección y las áreas
     comprendidas en el ámbito territorial de los planes de ordenación de
     los recursos naturales, declarados al amparo de la legislación
     estatal o autonómica, como las zonas designadas en aplicación de la
     Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la
     conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del
     Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
     naturales y de la flora y fauna silvestres, los humedales de
     importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar, las
     reservas de la biosfera, así como las áreas comprendidas en los
     planes previstos en la normativa de protección de especies
     amenazadas.
     Este procedimiento de evaluación ambiental se aplica a aquellos
     proyectos, instalaciones o actividades que tengan incidencia en
     dichas zonas y que no se encuentren sometidos al procedimiento de
     evaluación de impacto ambiental ni al de calificación ambiental
     regulados en esta Ley.
     Este Título viene, así, a completar las previsiones del Real Decreto
     1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
     contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a sustituir
     al procedimiento de autorización de usos previsto en el artículo 42
     de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de
     Aragón, unificando los procedimientos de control ambiental previstos
     para todos esos espacios.  IV
     En el Título IV se regula el régimen de la autorización ambiental
     integrada. Para ello, la Ley parte de la competencia de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para otorgar la
     autorización ambiental integrada, sin perjuicio de la intervención de
     otras Administraciones públicas en el procedimiento de autorización
     mediante el preceptivo informe vinculante de la Confederación
     Hidrográfica sobre los vertidos a las aguas continentales y de las
     entidades locales sobre la compatibilidad urbanística de la actividad
     y sobre los aspectos que afecten a las competencias del municipio en
     el que se pretende ubicar la instalación.
     La presente Ley desarrolla y adapta a la Comunidad Autónoma de Aragón
     el régimen establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
     prevención y control integrados de la contaminación, que traspuso la
     Directiva 96/61/CE. Mediante la autorización ambiental integrada se
     supeditan la instalación y el funcionamiento de las instalaciones que
     se encuentren bajo su ámbito al cumplimiento de las condiciones
     ambientales que en ella se establezcan, entre las que deben
     destacarse los valores límite de emisión de contaminantes basados en
     las mejores técnicas disponibles. Esta autorización sustituye el
     conjunto disperso de autorizaciones ambientales exigibles a estas
     instalaciones de acuerdo con la normativa sectorial mediante su
     integración en un único acto. A tal efecto, la presente Ley exige la
     inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización
     ambiental integrada no sólo de las autorizaciones previstas en la
     legislación estatal, sino también de la declaración de impacto
     ambiental, de la autorización de emisión de gases de efecto
     invernadero para aquellas instalaciones que la precisen de acuerdo
     con su normativa reguladora y de la autorización especial para
     construcciones en suelo no urbanizable cuando sea necesaria conforme
     a la normativa urbanística.
     Por lo que se refiere a las actuaciones en materia de evaluación de
     impacto ambiental, debe destacarse el esfuerzo que la Ley dedica a
     coordinar, en el marco de las competencias autonómicas, dicho
     procedimiento y el de otorgamiento de la autorización ambiental
     integrada, dada la similitud que ambos presentan no sólo por su
     contenido, sino también por ser el Instituto Aragonés de Gestión
     Ambiental el organismo público de la Administración de la Comunidad
     Autónoma competente para su tramitación. En cualquier caso, la Ley
     mantiene el trámite de discrepancias con el órgano sustantivo, dado
     el carácter básico que dicha exigencia tiene en la legislación
     estatal.
     Finalmente, teniendo en cuenta la finalidad preventiva de la técnica
     de evaluación de impacto ambiental, no resulta apropiado someter a
     dicho procedimiento aquellas actividades clandestinas ya en
     funcionamiento a la entrada en vigor de la presente Ley que se
     encuentren incursas en un proceso de regularización. Por este motivo,
     cuando una actividad clandestina se encuentre sometida a evaluación
     de impacto ambiental, la Ley prevé un procedimiento simplificado de
     evaluación ambiental de actividades sin licencia que, entre otras
     cuestiones, no exige la presentación de un estudio de impacto
     ambiental en el que se valoren las alternativas a su ubicación. En el
     caso de las actividades en funcionamiento y sin autorizar, sometidas
     a autorización ambiental integrada, se entiende que la evaluación
     ambiental de las mismas se realiza de forma suficiente en el
     procedimiento de otorgamiento de la mencionada autorización.
     Dado que la autorización ambiental integrada aspira a refundir en una
     sola todas las autorizaciones necesarias para la puesta en
     funcionamiento de las instalaciones industriales, con objeto de
     garantizar una visión global e integrada de todas las facetas de la
     contaminación procedente de las mismas, lógicamente han de tenerse en
     cuenta las responsabilidades ejecutivas que la legislación atribuye a
     las entidades locales y, singularmente, las que les asigna en materia
     de actividades clasificadas.
     A tal efecto, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
     integrados de la contaminación, ha previsto distintos momentos para
     la intervención de las autoridades locales: el informe urbanístico
     previo, el informe de los ayuntamientos sobre los aspectos
     ambientales que sean de su competencia y la licencia municipal de
     actividades clasificadas dejando a salvo, tras la autorización
     ambiental integrada, la resolución definitiva de la autoridad
     municipal.
     Sin embargo, en la presente Ley se parte de la consideración de que
     la autonomía local no sólo puede garantizarse a través de una
     licencia propia, sino que queda incluso más garantizada si el
     pronunciamiento final del ayuntamiento se sustituye por la emisión de
     un informe previo a la concesión de la autorización ambiental
     integrada y de carácter vinculante exclusivamente en los aspectos de
     competencia municipal, informe preceptivo en que el ayuntamiento
     puede hacer valer sus competencias, aunque sea en un procedimiento
     único resuelto por la Administración autonómica.
     Nada hay en ello contrario a la autonomía local, teniendo en cuenta a
     este respecto lo previsto en los artículos 62 de la Ley 7/1985, de 2
     de abril, de bases de régimen local, y 162 de la Ley 7/1999, de 9 de
     abril, de Administración Local de Aragón, que justifican plenamente
     los procedimientos de gestión coordinada en supuestos como el que nos
     ocupa.  V
     El Título V de la Ley establece una nueva regulación de las
     denominadas actividades clasificadas, sujetas al control y a la
     intervención ambiental de los municipios en cuyos territorios se
     pretendan ubicar, que desplaza la aplicación en la Comunidad Autónoma
     de Aragón del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
     y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre,
     exclusivamente en los concretos aspectos regulados en esta Ley.
     Por lo que se refiere a las actividades sujetas a licencia ambiental
     de actividades clasificadas, se ha optado por no establecer una lista
     que necesariamente habría de tener carácter no exhaustivo, sino que,
     por el contrario, se ha preferido acudir a un sistema de cláusula o
     fórmula general, respetando plenamente el espíritu del citado
     Reglamento estatal. Así, se encuentran sometidas a este régimen las
     actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las
     condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir
     riesgos para las personas o bienes, siempre que no estén sujetas a la
     autorización ambiental integrada. Asimismo, para facilitar la
     aplicación de la norma y con una mera finalidad hermenéutica, se ha
     optado por excluir expresamente de este régimen a una serie de
     actividades que venían siendo tradicionalmente sometidas a
     calificación y cuyo control se ha demostrado en la práctica que queda
     suficientemente garantizado a través de la licencia de apertura de
     actividades no clasificadas regulada en la legislación autonómica de
     régimen local.
     Se atribuye expresamente a las comarcas la competencia, ya reconocida
     en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización,
     de calificación de las actividades sometidas a licencia ambiental de
     actividades clasificadas prevista en la Ley, si bien será precisa su
     previa transferencia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y
     su aceptación expresa por aquéllas, con arreglo a lo establecido en
     la legislación reguladora de las comarcas. La Ley prevé, asimismo, la
     posibilidad de que las comarcas puedan delegar en los ayuntamientos
     la competencia de calificación con arreglo a lo previsto en la
     legislación de régimen local.
     Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación
     ambiental, corresponderá su ejercicio a las comisiones territoriales
     de medio ambiente, que se crearán, en el plazo de tres meses desde la
     entrada en vigor de esta Ley, como órganos colegiados dependientes
     del departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón con competencias en materia de medio ambiente. En cualquier
     caso, en tanto no se creen dichas comisiones, las actuales Comisiones
     Provinciales de Ordenación del Territorio continuarán ejerciendo las
     competencias que, en materia de medio ambiente, les atribuye la
     legislación vigente.
     Finalmente, el Título VI de la Ley regula la licencia de inicio de
     actividad, que deberá obtenerse del ayuntamiento en cuyo territorio
     se ubiquen las actividades sujetas a autorización ambiental integrada
     o licencia ambiental de actividades clasificadas con carácter previo
     a su puesta en funcionamiento.  Esta licencia tiene por objeto
     comprobar que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo
     con lo establecido en la autorización ambiental integrada o en la
     licencia ambiental de actividades clasificadas. Se da, pues,
     sustantividad propia a la visita de comprobación que ha venido hasta
     el momento configurándose como una fase más de la licencia de
     actividad, coordinándose la actuación municipal con la del órgano
     ambiental competente de la Comunidad Autónoma en los casos de las
     actividades sometidas a autorización ambiental integrada o evaluación
     de impacto ambiental.  VI
     El Título VII se dedica al régimen de inspección ambiental de las
     actividades sometidas a intervención ambiental, con la finalidad de
     posibilitar a las Administraciones públicas competentes ejercer
     eficazmente sus competencias.
     Para la redacción de este Título se ha tenido en cuenta la
     Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de
     2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en
     los Estados miembros. Así, por un lado, se clarifican las
     competencias inspectoras y las facultades del personal inspector en
     el ejercicio de esta potestad administrativa. Por otro, para
     facilitar la actividad inspectora, se prevén su necesaria
     planificación y una serie amplia de deberes de comunicación de los
     titulares de las instalaciones sometidas a los regímenes de
     intervención administrativa ambiental regulados en esta Ley.
     Los mecanismos de inspección atribuidos a las Administraciones se
     refuerzan con el reconocimiento del personal oficialmente designado
     para realizar labores de inspección como agentes de la autoridad, con
     las pertinentes prerrogativas al caso.
     Se regulan el supuesto de deficiencias en el funcionamiento de
     actividades y la posibilidad de que las Administraciones públicas, en
     el ámbito de sus competencias, puedan paralizar total o parcialmente,
     con carácter cautelar, cualquier actividad sometida a intervención
     ambiental en fase de construcción o explotación, así como establecer
     medidas restauradoras conducentes a reponer las cosas a su estado
     anterior, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
     la Ley.
     La transparencia de esta actividad queda garantizada por la necesaria
     publicidad de las actividades de inspección, sin más limitaciones que
     las derivadas de la normativa de acceso a la información ambiental.
     Finalmente, el Título VIII, con fundamento en el apartado tercero del
     artículo 45 de la Constitución española, regula el régimen
     sancionador mediante la tipificación de infracciones, sus
     correspondientes sanciones y la determinación de los criterios para
     su graduación. La Ley atribuye la potestad sancionadora a la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del
     departamento competente en materia de medio ambiente, respecto a las
     actividades sujetas a autorización ambiental integrada y a los
     procedimientos de evaluación de impacto ambiental; respecto a las
     demás actividades, atribuye la potestad sancionadora a los
     ayuntamientos en cuyo término municipal se desarrollen. Se prevé,
     además, la creación de un registro de infractores de normas
     ambientales de la Comunidad Autónoma y se establece la prestación
     ambiental sustitutoria como una forma de cumplimiento de las
     sanciones pecuniarias.  VII
     La Ley se completa con ocho disposiciones adicionales, siete
     disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cinco
     disposiciones finales y siete Anexos.  VIII
     En consecuencia, en el marco de la distribución de competencias
     establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la
     Comunidad Autónoma de Aragón, y en el ejercicio de la competencia de
     desarrollo legislativo en la materia de protección del medio
     ambiente, se dicta la presente Ley.
     TITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 1.-Objeto.
     El objeto de la presente Ley es regular el sistema de intervención
     administrativa ambiental de los planes, programas, proyectos,
     instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente
     en el ámbito territorial de Aragón, como forma de prevención,
     reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental.
     Artículo 2.-Fin
     alidades.
     Las finalidades de la presente Ley son:
     a) Establecer un control administrativo ambiental previo de
     determinados planes, programas, proyectos, actividades e
     instalaciones.
     b) Regular el proceso de integración de las variables ambientales en
     la redacción, puesta en marcha y ejecución de planes, programas y
     proyectos relativos a las actividades de las que puedan derivarse
     repercusiones significativas sobre el medio ambiente, mediante la
     evaluación ambiental y el seguimiento y vigilancia posteriores de
     ésta.
     c) Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible
     mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que
     armonice el desarrollo económico con la protección del medio
     ambiente.
     d) Racionalizar y agilizar los procedimientos administrativos de
     control ambiental, garantizando la colaboración y coordinación entre
     todas las Administraciones públicas competentes.
     e) Fomentar la participación social en los procedimientos
     administrativos regulados en la presente Ley y garantizar la
     efectividad de los trámites de información pública previstos.
     f) Promover la responsabilidad social a través del conocimiento de
     los efectos que sobre el medio ambiente llevan implícitos la puesta
     en marcha o ejecución de los planes, proyectos o actividades
     regulados en la presente Ley.
     Artículo 3.-Ambito de aplicación.
     La presente Ley será de aplicación a los planes, programas,
     proyectos, instalaciones y actividades desarrollados en el ámbito
     territorial de Aragón, susceptibles de producir efectos sobre el
     medio ambiente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, sin
     perjuicio de aquellos cuyo control y evaluación corresponda a la
     Administración General del Estado conforme a las competencias que se
     le atribuyen por la legislación básica estatal.
     Artículo 4.-Definiciones.
     A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por:
     a) Actividad: explotación de una industria o servicio,
     establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación
     susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente.
     b) Afección apreciable: repercusión significativa sobre las
     condiciones medioambientales y/o sobre los objetivos de conservación
     de una zona ambientalmente sensible.
     c) Alternativa cero: alternativa contemplada en el informe de
     sostenibilidad ambiental de planes y programas que contiene los
     aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
     probable evolución en el caso de no aplicación del plan o programa.
     d) Autorización ambiental integrada: es la resolución del órgano
     ambiental competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón por la que se permite, a los solos efectos de la protección
     del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la
     totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones
     destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las
     disposiciones de esta Ley, así como de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
     de prevención y control integrados de la contaminación.
     e) Autorizaciones sustantivas: en el procedimiento de autorización
     ambiental integrada, se entienden por tales las autorizaciones de
     industrias o instalaciones industriales que estén legal o
     reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de
     conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
     industria. En particular, tendrán esta consideración las
     autorizaciones establecidas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
     del sector eléctrico; en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
     de hidrocarburos, y en el capítulo II de la Ley Orgánica 1/1992, de
     21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en lo
     referente a las instalaciones químicas para la fabricación de
     explosivos.
     f) Calificación ambiental: informe de la Administración competente
     que, en el marco del procedimiento de otorgamiento de la licencia
     ambiental de actividades clasificadas, califica la actividad y, en su
     caso, establece las medidas correctoras que la misma habrá de
     cumplir.
     g) Consumo ineficiente de recursos naturales y energía: la cantidad
     de agua, materias primas y energía por unidad de producción que, para
     cada instalación, se considera superior al límite admisible de la
     eficiencia ambiental, con base en las mejores técnicas disponibles.
     h) Contaminación: la introducción directa o indirecta, mediante la
     actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la
     atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales
     para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan
     causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el
     disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
     i) Declaración de impacto ambiental: resolución del órgano ambiental
     que pone fin a la evaluación de impacto ambiental y en la que se
     determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la
     conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, en caso
     afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y
     vigilancia ambiental del proyecto o actividad que deben establecerse
     para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos
     naturales.
     j) Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de
     sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o
     indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
     k) Estudio de impacto ambiental: documento técnico que debe presentar
     el titular o el promotor de un proyecto o actividad para identificar,
     describir y valorar de manera apropiada, y en función de las
     particularidades de cada caso concreto, los efectos previsibles que
     la realización del proyecto o actividad, incluyendo todas sus fases
     (construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento),
     producirá sobre el medio ambiente.
     l) Evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles:
     procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos
     que permiten estimar los efectos sobre el medio ambiente de la
     ejecución de los proyectos, instalaciones y actividades que tengan
     incidencia en una zona ambientalmente sensible.
     m) Evaluación ambiental de planes y programas: procedimiento para
     evaluar, corregir y controlar los efectos que sobre el medio ambiente
     puedan tener determinados planes o programas, con el fin de conseguir
     un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover un
     desarrollo sostenible, a través de la integración de la variable
     ambiental en la preparación y adopción de los referidos planes y
     programas.
     n) Evaluación de impacto ambiental: procedimiento para evaluar,
     corregir y controlar los efectos que la ejecución de un determinado
     proyecto o actividad causa sobre el medio ambiente.
     ñ) Indicadores ambientales de estado cero: conjunto de parámetros
     medibles que definan la calidad ambiental previa del ámbito
     territorial donde se quiere desarrollar un proyecto o implantar una
     actividad, que permitan analizar su evolución en el tiempo y, con
     ello, un seguimiento de las repercusiones ambientales reales que el
     proyecto o actividad tiene sobre su entorno.
     o) Memoria ambiental: informe del órgano ambiental en el
     procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en el
     que manifiesta su criterio sobre cómo se ha llevado a cabo el
     procedimiento de evaluación ambiental del plan o programa y sobre la
     conveniencia o no de realizar dicho plan o programa.
     p) Informe de sostenibilidad ambiental: documento técnico que debe
     presentar el órgano promotor, en el que se identifican, describen y
     evalúan de manera apropiada las repercusiones ambientales de la
     aplicación de dicho plan o programa, incluyendo todas las fases en
     que se desarrolle el mismo, así como las distintas alternativas
     razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de
     aplicación geográfico del plan o programa.
     q) Instalación: en el procedimiento de autorización ambiental
     integrada se entiende por tal cualquier unidad técnica fija o móvil
     en donde se desarrollen una o más de las actividades industriales
     enumeradas en el Anexo VI de la presente Ley, así como cualesquiera
     otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden
     relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en
     dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la
     contaminación.
     r) Instalación existente: en el procedimiento de autorización
     ambiental integrada, se entiende por tal cualquier instalación en
     funcionamiento y autorizada con anterioridad al 3 de julio de 2002 o
     que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por
     la normativa aplicable para su funcionamiento y puesta en marcha,
     siempre que se haya puesto en funcionamiento a más tardar doce meses
     después de dicha fecha.
     s) Licencia ambiental de actividades clasificadas: resolución del
     órgano competente de la Administración local por la que se permite el
     desarrollo de una actividad clasificada bajo determinadas condiciones
     destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las
     disposiciones de esta Ley.
     t) Licencia de inicio de actividad: resolución del órgano competente
     de la Administración local que tiene por objeto comprobar que las
     obras de las instalaciones o actividades sometidas a autorización
     ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas
     se han ejecutado con arreglo a lo dispuesto en dichos títulos.
     u) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de
     desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación,
     que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para
     constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión
     destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general
     las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la
     salud de las personas, conforme al anejo 4 de la Ley 16/2002.
     A estos efectos, se entenderá por:
     «Técnicas»: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la
     instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o
     paralizada.
     «Disponibles»: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su
     aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en
     condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en
     consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se
     utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular
     pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
     «Mejores»: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel
     general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud
     de las personas.
     v) Modificación menor: en el procedimiento de evaluación ambiental de
     planes y programas, se entiende por tal cualquier cambio en las
     características de los planes o programas ya aprobados o adoptados
     que no suponga variaciones fundamentales de las estrategias,
     directrices y propuestas o de su cronología, pero que pueda producir
     diferencias en las características de los efectos previstos o en la
     zona de influencia.
     w) Modificación sustancial: cualquier modificación de la instalación
     o de las características o funcionamiento de la actividad que en
     opinión del órgano competente para conceder la autorización ambiental
     integrada o la licencia ambiental de actividades clasificadas, y de
     acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 40 y 61 de la
     presente Ley, respectivamente, pueda tener repercusiones
     perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas
     o el medio ambiente.
     x) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las
     características o del funcionamiento o de la extensión de la
     instalación o del desarrollo de la actividad que, sin tener la
     consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la
     seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
     y) Organo sustantivo: en los procedimientos de evaluación de impacto
     ambiental y evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles
     regulados en esta Ley, se considera órgano sustantivo, aquel al que
     corresponda la aprobación o autorización necesaria por razón de la
     materia para el ejercicio de la actividad o la realización del
     proyecto.
     z) Plan o programa: conjunto de estrategias, directrices y propuestas
     que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades
     sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo
     por medio de un conjunto de proyectos.
     aa) Promotor: persona física o jurídica, privada o pública, que
     inicia un procedimiento de los previstos en esta Ley, en relación con
     un plan o programa o un proyecto o actividad para su tramitación y
     aprobación.
     bb) Proyecto: documento técnico previo a la ejecución de una
     construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad, que la
     define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se
     refiere a la localización y explotación, así como a cualquier otra
     intervención sobre el medio ambiente, incluidas las destinadas a la
     utilización de los recursos naturales.
     cc) Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus
     asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la
     normativa que les sea de aplicación.
     dd) Público interesado:
     1) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de
     las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de
     26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
     y del procedimiento administrativo común.
     2) Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los
     siguientes requisitos:
     -Que tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la
     protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus
     elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados
     por el plan o programa de que se trate.
     -Que lleve al menos dos años legalmente constituida y venga
     ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar
     los fines previstos en sus estatutos.
     ee) Redactor: persona física o jurídica identificada que asume, con
     su firma, la responsabilidad del informe de sostenibilidad ambiental
     y del estudio de impacto ambiental.
     ff) Sustancia: los elementos químicos y sus compuestos, con la
     excepción de las sustancias radiactivas reguladas en la Ley 25/1964,
     de 29 de abril, sobre energía nuclear, y de los organismos
     modificados genéticamente regulados en la Ley 9/2003, de 25 de abril,
     por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
     confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
     modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la
     salud humana y el medio ambiente, y en sus correspondientes normas de
     desarrollo o normativa que las sustituya.
     gg) Titular: cualquier persona física o jurídica que explote o posea
     la instalación sometida al instrumento de intervención ambiental que
     corresponda.
     hh) Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada en
     relación con determinados parámetros específicos, la concentración o
     el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o
     varios períodos determinados. Los valores límite de emisión de las
     sustancias se aplicarán generalmente en el punto en que las emisiones
     salgan de la instalación, y en su determinación no se tendrá en
     cuenta una posible dilución. En lo que se refiere a los vertidos
     indirectos al agua, y sin perjuicio de la normativa relativa a la
     contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas
     en el medio acuático, podrá tenerse en cuenta el efecto de una
     estación de depuración en el momento de determinar los valores límite
     de emisión de la instalación, siempre y cuando se alcance un nivel
     equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no
     conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno.
     ii) Zonas ambientalmente sensibles:
     -Los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de
     protección así, como el ámbito territorial de los planes de
     ordenación de los recursos naturales declarados al amparo de la
     normativa internacional, comunitaria, del Estado o de la Comunidad
     Autónoma de Aragón.
     -Las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
     Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
     silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
     relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
     fauna silvestres.
     -Los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio
     de Ramsar.
     -Reservas de la biosfera.
     -Areas comprendidas en los planes previstos en la normativa de
     protección de especies amenazadas.
     jj) Zonas de reducido ámbito territorial: en el procedimiento de
     evaluación ambiental de planes y programas, se consideran como tales
     aquellas zonas en las que, por sus escasas dimensiones, el nivel de
     protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden
     conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la
     evaluación ambiental de otro plan o programa, bien mediante la
     aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que
     lo desarrollen.
     Artículo 5.-Regímenes de intervención administrativa ambiental.
     En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecen los
     siguientes regímenes de intervención administrativa:
     a) Evaluación ambiental para los planes y programas a que se refiere
     el artículo 11.
     b) Evaluación de impacto ambiental para los proyectos a que se
     refiere el artículo 24.
     c) Evaluación ambiental en las zonas ambientalmente sensibles a las
     que se refiere el artículo 36.
     d) Autorización ambiental integrada para las instalaciones a las que
     se refiere el artículo 40.
     e) Licencia ambiental de actividades clasificadas para las
     actividades a las que se refiere el artículo 60.
     f) Licencia de inicio de actividad para las instalaciones y
     actividades previamente sometidas a autorización ambiental integrada
     o a licencia ambiental de actividades clasificadas a las que se
     refiere el artículo 72.
     g) Evaluación de planes de restauración minera.
     Artículo 6.-Cooperación interadministrativa.
     Para la puesta en práctica de una adecuada protección ambiental y el
     ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la presente Ley,
     las Administraciones públicas competentes ajustarán sus actuaciones a
     los principios de información mutua, cooperación y colaboración. A
     tal efecto, las consultas que deba realizar una Administración
     pública garantizarán la debida ponderación de la totalidad de los
     intereses públicos implicados y, en particular, la de aquellos cuya
     gestión esté encomendada a otras Administraciones públicas. En
     particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la
     eficacia y coordinación de sus intervenciones en la tramitación de la
     memoria ambiental, de la declaración de impacto ambiental, de la
     autorización ambiental integrada, de la licencia ambiental de
     actividades clasificadas y de la licencia de inicio de actividad.
     Artículo 7.-Fraccionamiento de proyectos o actividades.
     El fraccionamiento de proyectos o actividades de naturaleza análoga
     no impedirá su sometimiento a los regímenes de intervención
     administrativa ambiental regulados en esta Ley, aun cuando dicho
     sometimiento venga exigido a partir de determinados umbrales, a cuyos
     efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada una de las
     fracciones del proyecto o actividad.
     Artículo 8.-Efectos transfronterizos.
     1.-En el supuesto de que los órganos competentes para la resolución
     de los procedimientos de intervención administrativa ambiental
     regulados en la presente Ley estimen que un plan, programa, proyecto,
     actividad o instalación de los sometidos a dichos procedimientos,
     pudieran tener efectos ambientales significativos en otro Estado
     miembro de la Unión Europea, deberán remitir una copia de la
     solicitud de inicio de dichos procedimientos y de la documentación
     presentada por el solicitante a dicho Estado para que formule las
     alegaciones que estime oportunas, y, posteriormente, se le enviará
     copia de la resolución definitiva, todo ello a través del Ministerio
     de Asuntos Exteriores. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en
     la normativa comunitaria y a lo regulado por las normas estatales.
     2.-Cuando los órganos competentes señalados en el apartado anterior
     estimen que un plan, programa, proyecto, actividad o instalación de
     los sometidos a los procedimientos de intervención administrativa
     regulados en la presente Ley, pudieran tener efectos ambientales
     significativos en otra Comunidad Autónoma, deberán remitir una copia
     de la solicitud de inicio de dichos procedimientos y de la
     documentación presentada por el solicitante a dicha Comunidad
     Autónoma.
     3.-Cuando el departamento competente en materia de medio ambiente
     tenga conocimiento del desarrollo en otra Comunidad Autónoma de un
     plan, programa, proyecto o instalación que pudiera tener efectos
     ambientales significativos en el territorio aragonés, recabará la
     información necesaria para su adecuado seguimiento, adoptando las
     medidas oportunas para garantizar la mínima afección.
     Artículo 9.-Información ambiental y participación pública.
     1.-El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su
     caso, los organismos públicos a él adscritos, deberán garantizar el
     derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente en la
     forma y términos que se establecen en la normativa que regula su
     ejercicio.
     2.-La información que, de manera sistematizada, esté en disposición
     en el departamento competente en materia de medio ambiente o, en su
     caso, en los organismos públicos a él adscritos, se hará pública
     utilizando los medios que faciliten su acceso al conjunto de los
     ciudadanos, incluyendo, a estos efectos, los medios o soportes
     digitales e informáticos existentes, así como la asistencia técnica
     personalizada suficiente.
     3.-Sin perjuicio de los trámites previstos en los regímenes de
     intervención administrativa ambiental regulados en la presente Ley,
     la Administración que en cada caso resulte competente garantizará el
     derecho de participación pública y de acceso a la información
     ambiental en la forma y términos establecidos en la normativa que
     regula su ejercicio.
     4.-Las entidades locales afectadas por los procedimientos
     administrativos regulados por la presente Ley incorporarán a los
     expedientes correspondientes un pronunciamiento expreso acerca de la
     sostenibilidad social del plan, proyecto o actividad que podrá ser
     considerado por la Administración competente a los efectos de la
     resolución administrativa correspondiente.
     Artículo 10.-Respeto al secreto industrial y comercial.
     El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley se desarrollará
     dentro del respeto al secreto industrial y comercial, de acuerdo con
     la normativa aplicable.
     TITULO II
     Evaluación ambiental de planes y programas
     y evaluación de impacto ambiental de proyectos
     CAPITULO I
     Evaluación ambiental de planes y programas
     Artículo 11.-Planes y programas sometidos a evaluación ambiental.
     1.-Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental, con
     carácter previo a su aprobación, los planes y programas, así como sus
     revisiones, que cumplan los siguientes requisitos:
     a) Que se elaboren o aprueben por la Administración pública
     autonómica o local.
     b) Que sean exigidos por una disposición legal o reglamentaria o por
     acuerdo del Gobierno de Aragón.
     c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
     Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio
     ambiente los planes y programas incluidos en el apartado primero del
     Anexo I.
     2.-No obstante, los planes y programas mencionados en el apartado
     anterior que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito
     territorial y las modificaciones menores de aquellos, se someterán al
     procedimiento de evaluación ambiental previsto en este capítulo
     cuando así lo decida el órgano ambiental tras un análisis caso a caso
     conforme a lo previsto en el artículo 13.
     3.-Asimismo, se someterán al procedimiento de evaluación ambiental
     previsto en este Capítulo, cuando así lo decida el órgano ambiental,
     previo análisis caso por caso conforme a lo previsto en el artículo
     13, los siguientes planes y programas:
     a) Los planes y programas distintos a los previstos en el apartado
     primero de este artículo que establezcan el marco para la
     autorización en el futuro de proyectos y que puedan tener efectos
     significativos sobre el medio ambiente.
     b) Los planes y programas que, individualmente o en combinación con
     otros planes o programas, puedan afectar de forma apreciable a zonas
     designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de
     2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de
     la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
     conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
     silvestres, sin tener relación directa con la gestión o conservación
     de dichos espacios o sin ser necesarios para la misma.
     4.-No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso
     de modificaciones menores de los planes urbanísticos generales y en
     el caso de los planes urbanísticos de desarrollo, únicamente se
     someterán al procedimiento de análisis caso por caso previsto en el
     artículo 13, aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el
     apartado segundo del Anexo I.
     5.-En ningún caso se someterán al procedimiento de evaluación
     ambiental regulado en este Capítulo, los planes y programas en
     materia de protección civil en casos de emergencia, los de tipo
     financiero o presupuestario y aquellos cuya aprobación sea
     competencia de la Administración General del Estado.
     Artículo 12.-Organo ambiental competente.
     A los efectos de lo previsto en este Capítulo, se considera órgano
     ambiental al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
     Artículo 13.-Determinación caso por caso de la necesidad de
     evaluación ambiental.
     1.-La determinación de la necesidad de someter a evaluación ambiental
     un plan o programa de los previstos en los apartados segundo, tercero
     y cuarto del artículo 11 se hará caso por caso según lo previsto en
     este artículo.
     2.-A estos efectos, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental
     su pronunciamiento al respecto, para lo que deberá presentar el
     borrador del plan o programa junto con un análisis preliminar de su
     incidencia ambiental, realizado de acuerdo con los criterios que se
     establecen en el Anexo IV.
     3.-El órgano ambiental contará con un plazo máximo de tres meses para
     decidir, de forma motivada, si el plan o programa debe o no debe
     someterse al procedimiento de evaluación ambiental. A tal fin, el
     órgano ambiental consultará, en el plazo de diez días, a las
     Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la
     protección del medio ambiente, a las entidades locales
     previsiblemente afectadas por la aprobación y futura ejecución del
     plan o programa y al Consejo de Protección de la Naturaleza para que
     se pronuncien sobre la necesidad de someter o no el mismo a
     evaluación ambiental, y, en caso afirmativo, sobre los extremos
     previstos en el apartado 2 del artículo 15, en el plazo máximo de
     treinta días. De forma simultánea, podrá extender dicha consulta en
     idénticos plazos a otras personas físicas o jurídicas, públicas o
     privadas, asimismo vinculadas a la protección del medio ambiente.
     4.-La resolución se notificará al promotor en el plazo máximo de tres
     meses desde la solicitud o desde el inicio, de oficio, del
     procedimiento y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».  De
     no emitirse y notificarse la resolución en este plazo, se entenderá
     que el plan o programa debe someterse al procedimiento de evaluación
     ambiental.
     5.-En el supuesto de que se acuerde el sometimiento del plan o
     programa al procedimiento de evaluación ambiental, la resolución
     incluirá, asimismo, el documento de referencia previsto en el
     artículo 15 de esta Ley, entendiéndose cumplidos los trámites
     previstos en dicho artículo.
     6.-Cuando no se considere necesario realizar la evaluación ambiental,
     se especificarán los motivos razonados de esta decisión.
     Artículo 14.-Informe de sostenibilidad ambiental.
     Cuando un plan o programa deba someterse a evaluación ambiental de
     conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, el promotor
     elaborará un informe de sostenibilidad ambiental en el que se
     identificarán, describirán y evaluarán los potenciales efectos en el
     medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo todas
     las fases en que se desarrolle el mismo, así como un conjunto de
     alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que
     tengan en cuenta sus objetivos y ámbito geográfico de aplicación.
     Artículo 15.-Documento de referencia.
     1.-Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental a que
     se refiere el artículo anterior, el promotor consultará, en todo
     caso, al órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la
     información que debe contener el mismo, para lo que deberá presentar,
     junto con la solicitud, una memoria resumen del plan o programa junto
     con un análisis preliminar de su incidencia ambiental, realizado de
     acuerdo con los criterios que se establecen en el Anexo IV.
     2.-En un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la
     documentación a que hace referencia el apartado anterior, el órgano
     ambiental trasladará al promotor un documento de referencia que
     incluya los siguientes aspectos:
     a) Contenido y nivel de detalle necesario del informe de
     sostenibilidad ambiental. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
     siguientes extremos:
     I. Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
     II. El contenido y grado de especificación del plan o programa.
     III. La fase del proceso de decisión en que se encuentra y si es más
     adecuado, en su caso, llevar a cabo la evaluación de determinados
     aspectos en una posterior evaluación de impacto ambiental de
     proyectos con objeto de evitar su repetición.
     b) Administraciones públicas y personas físicas o jurídicas, públicas
     o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente
     previsiblemente afectadas por el plan o programa, a quienes se deberá
     consultar en los términos previstos en el artículo 17.
     3.-Para la elaboración del documento de referencia, el órgano
     ambiental consultará, en el plazo de diez días, a las
     Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a la
     protección del medio ambiente, a las entidades locales
     previsiblemente afectadas por la aprobación y futura ejecución del
     plan o programa, al Consejo de Protección de la Naturaleza y al
     público interesado para que se pronuncien sobre esos extremos en el
     plazo máximo de treinta días. De forma simultánea, podrá extender
     dicha consulta en idénticos plazos a otras personas físicas o
     jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio
     ambiente.
     4.-De no emitirse y notificarse el documento de referencia en el
     plazo previsto en el apartado 2, el promotor podrá continuar con el
     procedimiento.
     Artículo 16.-Contenido del informe de sostenibilidad ambiental.
     1.-El promotor elaborará el informe de sostenibilidad ambiental que,
     en su caso, seguirá el documento de referencia que motive el acuerdo
     de sometimiento a evaluación ambiental si esta no fuera preceptiva.
     2.-El informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa deberá
     aportar información sobre los siguientes extremos:
     a) Contenido y objetivos del plan o programa y su relación con otros
     planes o programas.
     b) La «alternativa cero» o aspectos relevantes de la situación actual
     del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación
     del plan o programa.
     c) Descripción de la alternativa seleccionada y de las demás
     alternativas consideradas para alcanzar los objetivos del plan o
     programa, incluyendo una exposición de los motivos ambientales para
     la selección de las alternativas contempladas y de la alternativa
     elegida y una descripción de la manera en que se evaluaron y de las
     dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la
     información requerida.
     d) Características ambientales de las zonas que puedan verse
     afectadas de manera significativa.
     e) Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para
     el plan o programa, incluyendo, en concreto, los relacionados con
     zonas ambientalmente sensibles.
     f) Objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito
     internacional, comunitario, estatal, autonómico o local que guarden
     relación con el plan o programa, así como la manera en que tales
     objetivos y cualquier aspecto ambiental hayan sido tenidos en cuenta
     durante su elaboración.
     g) Análisis de todos los efectos, ya sean secundarios, acumulativos,
     sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales,
     positivos o negativos, sobre el medio ambiente del plan o programa y
     metodología utilizada para el análisis, teniendo en cuenta aspectos
     como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la
     flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los
     bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la
     interrelación entre estos aspectos.
     h) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
     posible, compensar cualquier efecto negativo importante sobre el
     medio ambiente derivado de la aplicación del plan o programa.  Dichas
     medidas se acompañarán de un conjunto de indicadores que permitan
     realizar un análisis de su grado de cumplimiento y de su efectividad.
     i) Medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al
     órgano ambiental de la ejecución de las distintas fases del plan y
     programación temporal de dichas medidas.
     j) Resumen no técnico de la información facilitada en los epígrafes
     precedentes a fin de que el informe de sostenibilidad ambiental, como
     parte integrante de la documentación del plan o programa, sea
     accesible e inteligible para el público y las Administraciones
     públicas.
     3.-El informe de sostenibilidad tendrá la amplitud y el grado de
     especificación que se determinen en el documento de referencia, y, en
     todo caso, deberá tener el nivel de detalle suficiente que permita
     una evaluación adecuada de la incidencia ambiental del plan o
     programa y de sus diferentes etapas de ejecución.
     4.-El órgano ambiental pondrá a disposición del promotor cualquier
     documentación que obre en su poder que resulte de utilidad para la
     realización del informe de sostenibilidad ambiental.
     5.-Reglamentariamente se podrá concretar el contenido del informe de
     sostenibilidad ambiental previsto en este artículo para determinados
     tipos de planes o programas.
     Artículo 17.-Consultas e información pública.
     1.-El promotor someterá, de forma simultánea, el borrador del plan o
     programa, incluyendo el informe de sostenibilidad ambiental, a las
     consultas previstas en el documento de referencia y a información
     pública mediante anuncio, a su cargo, en el «Boletín Oficial de
     Aragón» y en medios de comunicación autonómicos, comarcales o
     locales, por un periodo de dos meses.
     2.-En el caso de planes o programas de iniciativa privada, será el
     órgano competente para su aprobación el que lleve a cabo los trámites
     previstos en este artículo, para lo cual el promotor deberá remitirle
     la documentación necesaria.
     Artículo 18.-Propuesta de plan o programa.
     1.-El promotor elaborará la propuesta de plan o programa teniendo en
     cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, el resultado de las
     consultas y las alegaciones formuladas en el trámite de información
     pública a que se refiere el artículo anterior.
     2.-El promotor remitirá al órgano ambiental la propuesta de plan o
     programa, el informe de sostenibilidad ambiental y una memoria en la
     que se explique cómo se ha tenido en cuenta en ambos documentos el
     resultado de las consultas e información pública.
     Artículo 19.-Memoria ambiental.
     1.-Con posterioridad a la celebración de los trámites previstos en el
     artículo anterior y antes de la aprobación del plan o programa o de
     su remisión, cuando corresponda, a las Cortes de Aragón para su
     aprobación, el promotor deberá recabar del órgano ambiental, con
     carácter preceptivo, la elaboración de la memoria ambiental.
     2.-En la memoria ambiental, el órgano ambiental valorará la manera en
     que se han llevado a cabo el procedimiento de evaluación ambiental,
     la propuesta del plan o programa y el informe de sostenibilidad
     ambiental y la manera en que se han integrado en ellos los aspectos
     ambientales, el proceso de consultas, los impactos significativos que
     se prevean por la aplicación del plan o programa, la conveniencia o
     no de realizar el plan o programa y las principales razones para
     ello, así como, en caso favorable, las condiciones que deberían
     establecerse para la adecuada protección del medio ambiente.
     3.-En función de la naturaleza y características concretas del plan o
     programa, la memoria ambiental podrá establecer, asimismo, los
     planes, programas, proyectos o actividades derivados del plan o
     programa analizado que, por sus características particulares, deban
     ser sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y
     programas o al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así
     como los que, no encontrándose en el caso anterior, puedan requerir
     la adopción de medidas correctoras y precauciones especiales por sus
     previsibles afecciones ambientales, señalando, además, las
     alternativas que, en principio, pudieran tener menor impacto
     ambiental.
     4.-La memoria ambiental deberá ser remitida al promotor en el plazo
     máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de recepción de
     la solicitud de la misma.
     5.-La memoria ambiental se publicará en el «Boletín Oficial de
     Aragón».
     Artículo 20.-Integración de los aspectos ambientales en el plan o
     programa.
     El promotor del correspondiente plan o programa o, en el caso de
     planes y programas de iniciativa privada, el órgano competente para
     su aprobación tendrá en cuenta durante la elaboración y antes de su
     aprobación o de su remisión, cuando corresponda, a las Cortes de
     Aragón, el contenido del informe de sostenibilidad ambiental, los
     resultados de las consultas e información pública y la memoria
     ambiental, incluyendo a sus resultas las condiciones que sean
     precisas para la adecuada protección del medio ambiente.
     Artículo 21.-Publicidad.
     Una vez aprobado el plan o programa, el promotor o, en el caso de
     planes y programas de iniciativa privada, el órgano competente para
     su aprobación publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» la
     siguiente documentación:
     a) El plan o programa aprobado.
     b) Un resumen que indique de qué manera se han integrado en el plan o
     programa los aspectos ambientales y cómo se han tomado en
     consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados
     de las consultas y la memoria ambiental, así como las razones de la
     elección del plan o programa aprobados en relación con las
     alternativas consideradas.
     c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el
     medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
     d) Un resumen no técnico de la documentación contenida en los puntos
     b) y c).
     Artículo 22.-Seguimiento.
     1.-Los promotores de planes y programas o el órgano competente para
     su aprobación en el caso de los planes o programas de iniciativa
     privada deberán realizar un seguimiento de los efectos para el medio
     ambiente de su aplicación o ejecución, identificando eficazmente
     cualquier efecto contrario al medio ambiente y no previsto y
     adoptando cualquier otra medida que, a tal fin, fuera necesaria para
     evitarlo.
     2.-El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes
     o programas y podrá recabar información y realizar las comprobaciones
     que considere necesarias para verificar la información que figura en
     el informe de sostenibilidad ambiental.
     3.-Para evitar duplicidades se podrán utilizar mecanismos de
     seguimiento ya existentes.
     Artículo 23.-Procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento
     urbanístico.
     1.-El procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de
     planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y
     modificaciones, se realizará de conformidad con lo previsto en los
     artículos anteriores, con las siguientes particularidades:
     a) El informe de sostenibilidad ambiental deberá presentarse al
     órgano ambiental junto al documento de avance del planeamiento que
     vaya a someterse a información pública conforme a la legislación
     urbanística.
     b) El informe de sostenibilidad ambiental deberá contener, además de
     los extremos contemplados en el artículo 16, cuanta información sea
     exigida, en su caso, al promotor por la normativa sectorial ambiental
     de aplicación al planeamiento urbanístico en la Comunidad Autónoma de
     Aragón.
     c) En el plazo de tres meses, contados a partir de la recepción por
     el órgano ambiental de la documentación legalmente prevista, deberá
     emitirse una memoria ambiental provisional. Esta memoria será previa
     a la aprobación inicial del plan y será notificada al promotor, que
     la someterá, junto con la documentación a que se refiere la letra a)
     de este artículo, al trámite de información pública previsto en dicha
     letra.
     El promotor deberá tener en cuenta el contenido de la memoria
     ambiental provisional en la redacción del documento que se someterá a
     información pública.
     d) Una vez concluido el procedimiento de aprobación inicial, el
     promotor enviará al órgano ambiental la documentación completa del
     plan que vaya a ser objeto de la aprobación provisional, incluido el
     resultado de la información pública y de las consultas formuladas.
     Con la remisión de esta documentación se entenderá cumplido lo
     dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.
     e) El órgano ambiental contará con un plazo de dos meses, contados
     desde la recepción de la documentación a que se refiere el apartado
     anterior, para emitir, con carácter previo a dicha aprobación
     provisional, la memoria ambiental.
     f) Para la elaboración de la memoria ambiental, ya sea provisional o
     definitiva, el órgano ambiental recabará todos aquellos informes que,
     según la normativa sectorial ambiental, sean preceptivos y deban
     emitir otros órganos, servicios o entidades de la Comunidad Autónoma
     de Aragón. El plazo para la emisión de estos informes será el
     establecido en su normativa sectorial específica o, en su defecto, el
     de treinta días.
     2.-El procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de
     planeamiento urbanístico de desarrollo sujetos al mismo se realizará
     de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores.
     CAPITULO II
     Evaluación de impacto ambiental de proyectos
     Artículo 24.-Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
     1.-Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, en la
     forma prevista en la presente Ley y demás normativa que resulte de
     aplicación, los proyectos, públicos o privados, consistentes en la
     realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad
     comprendida en el Anexo II de esta Ley, que se pretendan llevar a
     cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización
     de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida
     en el Anexo III de esta Ley sólo deberán someterse a una evaluación
     de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada
     caso, en la forma prevista en esta Ley, aplicando los criterios
     establecidos en el Anexo IV.
     3.-Igualmente se someterá a estudio caso por caso cualquier cambio o
     ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los Anexos
     II y III de esta Ley ya autorizados, ejecutados o en proceso de
     ejecución que puedan tener repercusiones significativas sobre el
     medio ambiente. A estos efectos, se entenderá que producen dichas
     repercusiones significativas cuando, en los porcentajes o umbrales
     que se determinen reglamentariamente, impliquen uno o más de los
     siguientes efectos:
     a) Incremento de las emisiones a la atmósfera.
     b) Incremento de los vertidos de aguas residuales.
     c) Incremento en la generación de residuos o incremento en la
     peligrosidad de los mismos.
     d) Incremento de la utilización de recursos naturales y energía.
     e) Incidencia en una zona ambientalmente sensible.
     4.-Los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la
     Administración General del Estado se regirán por lo dispuesto en la
     legislación básica estatal en materia de evaluación de impacto
     ambiental, si bien en tales casos deberá informar preceptivamente el
     órgano ambiental de la Comunidad Autónoma cuando el proyecto afecte
     al territorio de Aragón.
     Artículo 25.-Organo ambiental competente.
     Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia
     para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de
     evaluación de impacto ambiental.
     Artículo 26.-Estudio caso por caso.
     1.-Para el cumplimiento de lo establecido en los apartados dos y tres
     del artículo 24, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental su
     pronunciamiento al respecto, para lo que deberá presentar un
     documento ambiental del proyecto con al menos el siguiente contenido:
     a) La definición, características y ubicación del proyecto.
     b) Las principales alternativas estudiadas.
     c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
     d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la
     adecuada protección del medio ambiente.
     e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento
     de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en
     el documento ambiental.
     2.-A tal efecto, el órgano ambiental elevará consultas, en el plazo
     de diez días, a las Administraciones públicas titulares de
     competencias vinculadas a la protección del medio ambiente, a las
     entidades locales y a las personas físicas o jurídicas, públicas o
     privadas, previsiblemente afectadas por el proyecto para que se
     pronuncien sobre esos extremos en el plazo máximo de treinta días.
     3.-La resolución motivada se notificará al promotor del proyecto en
     el plazo máximo de tres meses desde la solicitud o desde el inicio,
     de oficio, del procedimiento y se publicará en el «Boletín Oficial de
     Aragón», entendiéndose, a falta de acuerdo notificado en plazo, que
     el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental.
     4.-En el supuesto de que se acuerde el sometimiento del proyecto al
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la resolución
     incluirá, asimismo, información sobre el contenido y grado de
     especificación que deberá tener el estudio de impacto ambiental a
     presentar por el promotor, dándole traslado de las contestaciones
     recibidas.
     Artículo 27.-Estudio de impacto ambiental.
     1.-Los titulares o promotores de los proyectos sometidos al
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en esta Ley
     deberán presentar un estudio de impacto ambiental con el contenido
     que se determinará reglamentariamente, debiendo contener en todo
     caso:
     a) La descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el
     tiempo en relación con la utilización del suelo y de otros recursos
     naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos
     y emisiones de materia o energía resultantes.
     b) La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la
     justificación de la elección de la solución adoptada, teniendo en
     cuenta los efectos ambientales.
     c) La evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del
     proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire,
     el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales,
     incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico.
     Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.
     d) Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el
     ámbito de influencia del proyecto, detallando, en especial, las
     referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y
     cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación.
     e) Las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los
     efectos ambientales significativos.
     f) El programa de vigilancia ambiental.
     g) Un documento de síntesis del estudio redactado en términos
     comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas
     o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.
     2.-El órgano ambiental pondrá a disposición del promotor del proyecto
     los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder
     cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto
     ambiental.
     3.-En el caso de proyectos englobados dentro de planes o programas
     que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de
     planes y programas regulado en esta Ley, el estudio de impacto
     ambiental deberá respetar, de forma obligatoria, lo establecido en la
     memoria ambiental.
     Artículo 28.-Consultas previas.
     1.-Para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto
     a que se refiere el artículo anterior, el promotor consultará al
     órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la
     información que debe contener dicho estudio, para lo que deberá
     presentar, junto con la solicitud, una memoria del proyecto con al
     menos el siguiente contenido:
     a) La definición, características y ubicación del proyecto.
     b) Las principales alternativas que se consideran y análisis de los
     potenciales impactos de cada una de ellas.
     c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el
     proyecto.
     2.-El órgano ambiental elevará consultas, en el plazo de diez días, a
     las Administraciones públicas titulares de competencias vinculadas a
     la protección del medio ambiente y a las entidades locales afectadas
     por la ejecución del proyecto, pudiendo ampliarlas a otras personas
     físicas o jurídicas, públicas o privadas, previsiblemente afectadas
     por el proyecto, para que se pronuncien sobre esos extremos en el
     plazo máximo de treinta días.
     3.-En el plazo máximo de treinta días desde que reciba las
     contestaciones a las consultas efectuadas o desde que haya
     transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior para su
     emisión sin haber recibido aquellas, el órgano ambiental se
     pronunciará y notificará al promotor el resultado de las mismas, que
     deberá ser tenido en cuenta para la elaboración del estudio de
     impacto ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que el órgano
     ambiental haya realizado la citada notificación, el promotor podrá
     proceder a elaborar el estudio de impacto ambiental.
     4.-No será de aplicación lo previsto en el presente artículo en los
     supuestos en que los proyectos hayan sido objeto de un estudio caso
     por caso, en los que se procederá conforme a lo dispuesto en el
     artículo 26.
     Artículo 29.-Inicio del procedimiento.
     1.-El promotor deberá remitir al órgano sustantivo competente para la
     aprobación del proyecto la documentación completa del mismo y el
     estudio de impacto ambiental.
     2.-En el caso de promotores públicos, el estudio de impacto ambiental
     del proyecto, la documentación a que se refiere el apartado anterior
     y, en su caso, el resultado del trámite de información pública
     previsto en el procedimiento de autorización o aprobación del
     proyecto se presentarán directamente ante el órgano ambiental.
     Artículo 30.-Información pública.
     1.-El estudio de impacto ambiental será sometido, junto con el
     proyecto, al trámite de información pública en el marco del propio
     procedimiento de aprobación del proyecto si en el mismo estuviese
     prevista la información pública. Finalizado dicho trámite, el órgano
     sustantivo remitirá al órgano ambiental, en el plazo de quince días,
     el expediente completo, incluido el resultado de la información
     pública.
     2.-Cuando en el procedimiento sustantivo no se hubiera previsto un
     trámite de información pública, el órgano sustantivo remitirá al
     órgano ambiental el estudio de impacto ambiental y el resto de la
     documentación que conforme el expediente en el plazo de quince días
     desde la recepción de la solicitud, sometiéndose por el órgano
     ambiental al trámite de información pública mediante anuncio, a cargo
     del promotor, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en medios de
     comunicación autonómicos, comarcales o locales por un periodo de
     treinta días.
     3.-En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados
     anteriores, recibido el estudio de impacto ambiental por el órgano
     ambiental, este recabará los informes que, en cada caso, estime
     oportunos. En todo caso, el órgano ambiental deberá consultar a las
     entidades locales que puedan verse afectadas por el proyecto y
     recabará los informes que, según la normativa sectorial ambiental,
     sean preceptivos y deban emitir los órganos o entidades de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo para la
     emisión de estos informes será el establecido en su normativa
     sectorial o, en su defecto, el de treinta días.
     Artículo 31.-Declaración de impacto ambiental.
     1.-Una vez finalizada la tramitación del procedimiento de evaluación
     de impacto ambiental, el órgano ambiental emitirá la declaración de
     impacto ambiental, teniendo en cuenta el contenido del estudio de
     impacto ambiental, las alegaciones recibidas en el periodo de
     información pública y el resto de la documentación obrante en el
     expediente.
     2.-La declaración de impacto ambiental determinará, a los solos
     efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto o
     actividad, los principales motivos en los que se ha basado la
     decisión y, en caso favorable, las condiciones que deben establecerse
     para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos
     naturales.
     3.-El plazo máximo para la emisión de la declaración de impacto
     ambiental será de cuatro meses, contados desde la recepción por el
     órgano ambiental del estudio de impacto ambiental y del resto de
     documentación a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, cuando el
     trámite de información pública lo haya llevado a cabo el órgano
     sustantivo, o desde la finalización del trámite de información
     pública, cuando este trámite lo haya llevado a cabo el órgano
     ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido la
     declaración de impacto ambiental, esta se entenderá emitida en
     sentido desfavorable.
     4.-La declaración de impacto ambiental se remitirá al promotor del
     proyecto y al órgano sustantivo para que sea incluida en el contenido
     de la resolución administrativa que autorice o apruebe el proyecto o
     actividad y será publicada por el órgano ambiental en el «Boletín
     Oficial de Aragón».
     5.-En el caso de proyectos englobados dentro de planes o programas
     que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación ambiental
     previsto en esta Ley, la declaración de impacto ambiental no podrá
     entrar en contradicción con el condicionamiento establecido en la
     memoria ambiental, salvo que se produjesen cambios significativos
     debidamente justificados en las condiciones ambientales del medio que
     pudiera verse afectado por la ejecución del proyecto o actividad.
     6.-La resolución administrativa que autorice o apruebe el proyecto o
     actividad se hará pública por el órgano sustantivo, incluyendo, al
     menos, el siguiente contenido:
     a) Decisión adoptada y condiciones impuestas.
     b) Las principales razones y consideraciones en las que se basa la
     decisión en relación con las observaciones y opiniones expresadas
     durante la evaluación de impacto ambiental.
     c) Una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas
     para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos
     adversos.
     7.-La información a que se refiere el apartado anterior será enviada
     a los Estados miembros que hayan sido consultados según el artículo 8
     de la presente Ley.
     Artículo 32.-Efectos de la declaración de impacto ambiental.
     1.-Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental según lo
     establecido en esta Ley no podrán autorizarse o ejecutarse sin
     haberse formulado la correspondiente declaración de impacto
     ambiental.
     2.-En caso de discrepancia sobre el contenido de la declaración de
     impacto ambiental entre los órganos sustantivo y ambiental de la
     Administración de la Comunidad Autónoma, resolverá el Consejo de
     Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el resto de los
     supuestos no cabrá trámite de discrepancias, y la declaración de
     impacto ambiental tendrá carácter vinculante.
     3.-Transcurridos dos años desde la emisión de la declaración de
     impacto ambiental sin haberse iniciado la ejecución del proyecto, y
     en el caso de que el promotor quiera llevarlo a cabo, deberá
     comunicarlo al órgano ambiental para que en el plazo de dos meses
     valore la necesidad de establecer nuevas medidas correctoras o, en su
     caso, iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental si las circunstancias del medio hubieran variado
     significativamente.
     4.-El promotor tendrá la obligación de comunicar al departamento
     competente en materia de medio ambiente, con un plazo mínimo de un
     mes, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.
     Artículo 33.-Seguimiento y vigilancia.
     Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente
     recabar la información necesaria del órgano sustantivo para el
     seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de
     impacto ambiental, así como efectuar las comprobaciones precisas para
     verificar el cumplimiento en la ejecución del condicionado ambiental,
     sin perjuicio de las que sean propias del órgano sustantivo.
     CAPITULO III
     Disposiciones comunes
     Artículo 34.-Tramitación urgente de los procedimientos de evaluación
     ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental
     de proyectos.
     1.-En casos excepcionales, cuando lo requiera la naturaleza del
     proyecto o del plan o programa a evaluar y así sea considerado por el
     Gobierno de Aragón mediante un informe razonado en el que explique la
     excepcionalidad del caso, tanto en el procedimiento de evaluación
     ambiental de planes y programas como en la evaluación de impacto
     ambiental de proyectos se podrá acordar la tramitación de los mismos
     por el procedimiento de urgencia, en cuyo caso se reducirán los
     plazos de los distintos trámites, excepto los de información pública,
     a la mitad.
     2.-La tramitación del procedimiento de evaluación ambiental de planes
     y programas y de evaluación de impacto ambiental por el procedimiento
     de urgencia requerirá acuerdo del Gobierno de Aragón.
     Artículo 35.-De los redactores de los estudios de impacto ambiental y
     de los informes de sostenibilidad ambiental.
     1.-Los estudios de impacto ambiental y los informes de sostenibilidad
     ambiental previstos en esta Ley deberán ser realizados por redactores
     que posean la titulación universitaria adecuada, capacidad y
     experiencia suficientes. Reglamentariamente se establecerán los
     criterios de acreditación de la capacidad y experiencia suficientes.
     2.-Los redactores de los estudios de impacto ambiental y de los
     informes de sostenibilidad ambiental previstos en esta Ley son
     responsables solidarios, junto a los promotores de los mismos, del
     contenido y fiabilidad de los datos de dichos estudios, quedando
     exonerados los primeros de dicha responsabilidad en los casos en que
     los datos hayan sido proporcionados erróneamente por el promotor o
     resulten de la información recibida por las Administraciones
     públicas, siempre que se acredite fehacientemente el contenido de
     esta.
     TITULO III
     Evaluación ambiental
     en zonas ambientalmente sensibles
     Artículo 36.-Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas
     ambientalmente sensibles.
     1.-Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental
     previsto en el presente Título los proyectos, públicos o privados,
     consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier
     otra actividad, ya sea individualmente o en combinación con otros
     proyectos, que tengan incidencia en las zonas ambientalmente
     sensibles previstas en el Anexo V y que no se encuentren sometidos ni
     al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni al de
     calificación ambiental regulados en esta Ley.
     2.-A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá que
     un proyecto tiene incidencia en una zona ambientalmente sensible
     siempre que se dé alguna de las siguientes condiciones:
     a) Pueda afectar de forma apreciable a las zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, sin tener
     relación directa con la gestión o conservación del lugar o sin ser
     necesario para la misma.
     b) Se desarrolle en un espacio natural protegido o en su zona
     periférica de protección, así como en el ámbito territorial de un
     plan de ordenación de los recursos naturales, y requiera un informe
     preceptivo o autorización de contenido ambiental en virtud de lo
     establecido en sus normas de declaración o instrumentos de
     planificación.
     c) Se desarrolle en el ámbito de aplicación de los planes previstos
     en la normativa reguladora de conservación de especies amenazadas y
     requiera informe preceptivo o autorización de contenido ambiental de
     conformidad con dichos planes.
     d) Se desarrolle y pueda afectar de forma apreciable a los humedales
     de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar o a
     reservas de la biosfera.
     3.-Quedan exceptuadas del procedimiento de evaluación ambiental
     regulado en este Título las actuaciones desarrolladas por el
     departamento competente en materia de medio ambiente o los organismos
     públicos de él dependientes cuando, en el ejercicio de la propia
     competencia, tengan relación directa con la gestión o conservación de
     las zonas ambientalmente sensibles o sean necesarias para la misma.
     Artículo 37.-Organo ambiental competente.
     Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia
     para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de
     evaluación ambiental de proyectos que tengan incidencia en zonas
     ambientalmente sensibles.
     Artículo 38.-Procedimiento.
     La evaluación ambiental de los proyectos a que se refiere el artículo
     36, a efectos de comprobar la adecuación del proyecto, actividad o
     instalación pretendida a los fines de protección de la zona en que se
     pretenda ubicar, se llevará a cabo a través del siguiente
     procedimiento:
     a) Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones sujetos a la
     obtención de autorización o licencia administrativa previa, el órgano
     sustantivo deberá solicitar, con carácter previo a su otorgamiento,
     el informe del órgano ambiental competente, para lo que deberá
     remitir al mismo, junto a su petición razonada, el expediente
     administrativo completo. El informe, que será vinculante a los solos
     efectos medioambientales cuando sea desfavorable o imponga medidas
     correctoras y/o compensatorias, deberá evacuarse en el plazo máximo
     de tres meses desde la fecha de recepción del expediente,
     entendiéndose en todo caso desfavorable de no evacuarse en dicho
     plazo.
     b) Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones no sujetos a
     la obtención de autorización o licencia administrativa previa,
     corresponderá al órgano ambiental competente la autorización del
     proyecto, actividad o instalación. Para ello, el promotor deberá
     acompañar a la solicitud de autorización una memoria resumen que
     contenga una descripción básica del proyecto, la actividad a
     desarrollar y las características de la instalación y que defina los
     posibles impactos negativos del mismo sobre el medio ambiente. El
     plazo máximo para resolver y notificar al interesado esta
     autorización será de tres meses.  Transcurrido el plazo máximo sin
     haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la
     solicitud presentada.
     Artículo 39.-Seguimiento y vigilancia.
     Sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano sustantivo,
     corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente
     el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones
     ambientales establecidas en el informe autorización a que se refiere
     el artículo anterior.
     TITULO IV
     Autorización ambiental integrada
     CAPITULO I
     Objeto y ámbito de aplicación
     Artículo 40.-Instalaciones sometidas a autorización ambiental
     integrada.
     Se someten al régimen de autorización ambiental integrada la
     construcción, montaje, explotación, traslado o modificación
     sustancial de las instalaciones de titularidad pública o privada
     donde se desarrolle alguna de las actividades industriales contenidas
     en el Anexo VI de la presente Ley, con excepción de las instalaciones
     o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y
     experimentación de nuevos productos y procesos.
     Artículo 41.-Modificación de la instalación.
     1.-La modificación de una instalación sometida a autorización
     ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
     2.-A fin de calificar la modificación de una instalación como
     sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación
     proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio
     ambiente, en los siguientes aspectos:
     a) El tamaño y producción de la instalación.
     b) Los recursos naturales utilizados por la misma.
     c) Su consumo de agua y energía.
     d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
     e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de
     las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
     f) El grado de contaminación producido.
     g) El riesgo de accidente.
     h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
     3.-Se considera, en todo caso, que se produce una modificación
     sustancial cuando los cambios que se pretendan introducir impliquen,
     por sí mismos, el cumplimiento de alguno de los umbrales establecidos
     en el Anexo VI de la presente Ley.
     4.-El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una
     modificación de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para
     otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente,
     en atención a los criterios señalados en los apartados anteriores, si
     considera que se trata de una modificación sustancial o no
     sustancial. A esta comunicación se acompañarán los doc
     umentos justificativos de las razones expuestas.
     5.-Cuando el titular de la instalación considere que la modificación
     proyectada no es sustancial, podrá llevarla a cabo, siempre que el
     órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no
     le notifique lo contrario en el plazo de un mes.
     6.-Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio
     titular o por el órgano competente para el otorgamiento de la
     autorización ambiental integrada como sustancial, aquella no podrá
     llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización
     ambiental integrada.
     Artículo 42.-Objeto de la autorización ambiental integrada.
     1.-La autorización ambiental integrada tiene como finalidad integrar
     en una única resolución del órgano ambiental de la Administración
     autonómica las siguientes actuaciones:
     a) Las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos para la
     implantación y puesta en marcha de las instalaciones en materia de:
     -producción y gestión de residuos;
     -suelos contaminados;
     -vertidos al dominio público hidráulico;
     -vertidos al sistema integral de saneamiento;
     -contaminación acústica y atmosférica, incluidas las determinaciones
     referentes a compuestos orgánicos volátiles, así como, en su caso, la
     autorización de emisión de gases de efecto invernadero para aquellas
     instalaciones que la precisen de acuerdo con la normativa reguladora
     del régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero.
     b) La autorización especial para construcciones o instalaciones a
     implantar en suelo no urbanizable prevista en la legislación
     urbanística cuando aquella sea exigible.
     c) La declaración de impacto ambiental.
     2.-El otorgamiento de la autorización ambiental integrada, así como
     la modificación a que se refiere el artículo 57, precederán, en su
     caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean
     obligatorias; entre otras, las autorizaciones sustantivas de las
     industrias señaladas en el párrafo e) del artículo 4.
     3.-La autorización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de
     las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación
     o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido
     en la legislación de aguas y demás normativa que resulte de
     aplicación.
     Se exceptúan de lo establecido en este apartado las autorizaciones de
     vertidos a las aguas continentales, que se incluyen en la
     autorización ambiental integrada, de acuerdo con esta Ley.
     CAPITULO II
     Procedimiento
     Artículo 43.-Organo ambiental competente.
     Corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia
     para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de
     autorización ambiental integrada.
     Artículo 44.-Consultas previas.
     1.-Con carácter previo a la presentación de la solicitud de
     autorización ambiental integrada, el titular de una instalación donde
     se desarrollen alguna o parte de las actividades comprendidas en el
     Anexo VI de la presente Ley podrá solicitar al órgano ambiental
     competente información sobre el procedimiento de autorización
     ambiental integrada, acompañando dicha petición de una memoria
     resumen que recoja las características básicas del proyecto de
     instalación.
     2.-El órgano ambiental podrá elevar consultas, en el plazo de diez
     días, a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón cuyas competencias pudieran verse afectadas para que, en el
     plazo máximo de treinta días, remitan la información que, a su
     juicio, puede resultar de interés para la preparación de la solicitud
     por parte del titular de la instalación.
     3.-El órgano ambiental, en el plazo máximo de treinta días desde que
     reciba las contestaciones a las consultas efectuadas o desde que haya
     transcurrido el plazo previsto a tal fin, se pronunciará y notificará
     al promotor el resultado de las mismas, que deberá ser tenido en
     cuenta para la formulación de la solicitud de autorización ambiental
     integrada, sin perjuicio del derecho del titular de la instalación a
     presentar la solicitud que da inicio al procedimiento a falta de
     notificación en plazo.
     Artículo 45.-Informe de compatibilidad urbanística.
     1.-Previamente a la solicitud de la autorización ambiental integrada,
     el titular de la instalación deberá solicitar del ayuntamiento en
     cuyo territorio se pretenda ubicar la misma la expedición de un
     informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el
     planeamiento urbanístico teniendo en cuenta siguientes aspectos:
     a) La clasificación urbanística del suelo.
     b) El planeamiento al que está sujeta la finca, así como su
     localización y su grado de urbanización.
     c) Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de
     limitaciones de carácter estrictamente urbanístico.
     d) Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén
     elaborando y que pudieran afectar a la ubicación de la instalación.
     e) Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de
     planificación urbanística para las instalaciones existentes con
     anterioridad a la aprobación de los mismos.
     2.-El informe de compatibilidad urbanística será expedido por el
     ayuntamiento en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la
     fecha de solicitud, y deberá determinar el periodo de validez del
     mismo, si procede, y la compatibilidad o no de la instalación
     proyectada con la normativa y el planeamiento municipal.
     3.-En el supuesto de que no se expida el informe en el plazo indicado
     en el apartado anterior, el titular presentará, junto con la
     solicitud de autorización ambiental integrada, copia de la solicitud
     del mismo.
     4.-En el caso de que el informe emitido por el ayuntamiento sea
     negativo, el órgano ambiental competente dictará resolución motivada
     poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones, siempre y
     cuando, con independencia del momento en que haya sido emitido, el
     informe haya sido recibido por el citado órgano con anterioridad al
     otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
     5.-El informe urbanístico a que se refiere el presente artículo es
     independiente de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o
     autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa
     urbanística o de ordenación de la edificación y, en consecuencia, no
     prejuzga la actuación del órgano municipal competente respecto de las
     citadas autorizaciones o licencias.
     Artículo 46.-Contenido de la solicitud.
     1.-La solicitud de autorización ambiental integrada deberá dirigirse
     al órgano ambiental competente acompañando la siguiente documentación
     e información:
     a) Proyecto básico, que deberá ir firmado por un técnico competente y
     visado por el colegio profesional correspondiente, que incluya, al
     menos, el contenido y los aspectos recogidos en el artículo 12 de la
     Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
     contaminación. El contenido del mismo se ajustará a la normativa e
     instrucciones técnicas vigentes para el tipo de actividad que se
     trate.
     b) El informe de compatibilidad urbanística favorable al que se
     refiere el artículo anterior o copia de la solicitud del informe en
     caso de que este no se haya emitido en plazo.
     c) Estudio de impacto ambiental, excepto para las instalaciones en
     funcionamiento a la entrada en vigor de esta Ley.
     d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas
     para la autorización de vertidos a las aguas continentales.  Cuando
     se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas
     intercomunitarias, esta documentación será inmediatamente remitida al
     organismo de cuenca para que manifieste si es preciso requerir al
     solicitante que subsane la falta o acompañe los documentos
     preceptivos.
     e) En su caso, la documentación e información exigida de conformidad
     con la normativa reguladora del régimen del comercio de derechos de
     emisión de gases de efecto invernadero.
     f) En su caso, el informe preliminar de situación exigido por la
     normativa reguladora de suelos contaminados.
     g) En su caso, la información requerida de acuerdo con la normativa
     urbanística que resulte de aplicación.
     h) Identificación de los responsables técnicos de la ejecución del
     proyecto, debidamente aceptada con su firma.
     i) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen
     de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
     j) Un resumen no técnico del proyecto formulado de forma comprensible
     para los administrados.
     k) Un breve resumen de las principales alternativas estudiadas por el
     solicitante, si las hubiere.
     l) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de
     requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable,
     incluida, en su caso, la referida a fianzas y seguros obligatorios
     que sean exigibles de conformidad con la referida legislación
     sectorial.
     m) Las ordenanzas del ayuntamiento en cuyo territorio vaya a ubicarse
     que resulten de aplicación.
     n) Cualquier otra documentación e información que se determine en la
     normativa aplicable o de desarrollo de la presente Ley.
     2.-En los supuestos de modificación sustancial de una instalación ya
     autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a la parte
     o partes de la misma afectadas por la referida modificación.
     Artículo 47.-Tramitación.
     1.-Una vez recibida la documentación de acuerdo con lo establecido en
     los artículos anteriores, el órgano ambiental competente someterá el
     expediente a información pública mediante anuncio, a cargo del
     promotor, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en medios de
     comunicación autonómicos, comarcales o locales.
     2.-El trámite de información pública tendrá una duración no inferior
     a treinta días y será común para la evaluación de impacto ambiental y
     para aquellos procedimientos cuyas resoluciones se integran en la
     autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los
     procedimientos de las autorizaciones sustantivas que precise la
     instalación.
     3.-De forma simultánea al trámite de información pública, el órgano
     ambiental solicitará del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la
     instalación que la apertura del trámite de información pública sea
     notificada personalmente a los vecinos inmediatos al lugar del
     emplazamiento propuesto a los efectos de que puedan alegar lo que
     estimen oportuno. Dicha notificación indicará, al menos, el lugar en
     el que tendrán a su disposición el expediente relativo a la solicitud
     de autorización ambiental integrada para consulta y formulación de
     las alegaciones que se consideren pertinentes.
     4.-Se exceptuarán de la información pública los datos de la solicitud
     y la documentación presentada que gocen de confidencialidad de
     acuerdo con la legislación vigente.
     5.-El órgano ambiental competente remitirá copia del expediente,
     junto con las alegaciones y observaciones recibidas, a la Comunidad
     Autónoma que pudiera verse afectada por los efectos de la instalación
     al objeto de que emitan los informes oportunos.
     6.-Una vez concluido el periodo de información pública, el órgano
     ambiental competente remitirá copia del expediente, junto con las
     alegaciones y observaciones recibidas, a los órganos de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que deban
     pronunciarse sobre materias de su competencia para que informen sobre
     dichas materias dentro de los plazos fijados por la presente Ley y,
     en su caso, en los fijados en la normativa sectorial que resulte de
     aplicación.
     7.-El ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación, una vez
     recibida la documentación a la que se refiere el apartado anterior,
     emitirá, en el plazo de treinta días desde la recepción del
     expediente, un informe sobre la adecuación de la instalación
     analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. 
     Dicho informe será vinculante exclusivamente en los extremos
     relativos a la competencia municipal.
     8.-De no emitirse el informe en el plazo señalado, el órgano
     ambiental requerirá al ayuntamiento para que lo emita en un plazo
     máximo de quince días. Transcurrido el plazo sin recibirse el citado
     informe, proseguirán las actuaciones y se podrá otorgar la
     autorización ambiental integrada estableciendo en la misma las
     condiciones y medidas correctoras que resulten procedentes de
     conformidad con la legislación sectorial aplicable y las ordenanzas
     del ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación. No
     obstante, el informe emitido fuera de plazo, pero recibido antes de
     dictar resolución, deberá ser valorado por el órgano ambiental.
     9.-Cuando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio deba
     pronunciarse sobre la autorización para la construcción en suelo no
     urbanizable prevista en la normativa urbanística, el informe deberá
     emitirse en el plazo de dos meses a contar desde la recepción del
     expediente. En caso de no emitirse el informe en el plazo señalado,
     el órgano ambiental competente requerirá a la Comisión Provincial de
     Ordenación del Territorio para que lo emita con carácter urgente en
     el plazo de quince días. De no emitirse el informe en este plazo, el
     mismo se entenderá favorable y proseguirán las actuaciones. En caso
     de ser negativo dicho informe, el órgano ambiental dictará resolución
     motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.
     10.-En los supuestos en que la instalación sometida a autorización
     ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas,
     autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas
     intercomunitarias, concluido el trámite de información pública, se
     solicitará del organismo de cuenca competente la emisión del informe
     sobre la admisibilidad del vertido contemplado en el artículo 19 de
     la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
     la contaminación, acompañando copia del expediente y de las
     alegaciones y observaciones recibidas en el trámite de información
     pública.
     11.-El informe del organismo de cuenca tendrá carácter preceptivo y
     vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de seis meses desde
     la recepción del expediente. En caso de no emitirse dicho informe en
     el plazo señalado, el órgano ambiental requerirá al organismo de
     cuenca para que lo emita con carácter urgente en el plazo máximo de
     un mes. Transcurrido el plazo previsto sin recibirse el citado
     informe, proseguirán las actuaciones y se podrá otorgar la
     autorización ambiental integrada, estableciendo el órgano ambiental,
     en la misma, las características del vertido y las medidas
     correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la
     legislación sectorial aplicable.
     No obstante, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del
     otorgamiento de la autorización ambiental integrada deberá ser tenido
     en consideración por el órgano ambiental.
     Si el informe vinculante regulado en este artículo considerase que es
     inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento
     de la autorización ambiental integrada, el órgano ambiental dictará
     resolución motivada denegando la autorización.
     12.-El órgano ambiental, una vez realizada la evaluación ambiental
     del proyecto en su conjunto, elaborará una propuesta de resolución
     que, ajustada al contenido establecido en el artículo 51 de esta Ley,
     incorporará las condiciones que resulten de los informes vinculantes
     emitidos, tras un trámite de audiencia a los interesados.
     13.-Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado
     anterior se hubiesen realizado alegaciones sobre cuestiones que
     hubieran sido objeto de los informes vinculantes emitidos, se dará
     traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los
     órganos competentes para emitir informes vinculantes en trámites
     anteriores para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten
     lo que estimen conveniente, que igualmente tendrá carácter vinculante
     en los aspectos referidos a materias de su competencia.
     Artículo 48.-Integración del procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental.
     1.-Cuando corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de
     Aragón la formulación de la declaración de impacto ambiental, el
     procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental
     integrada integrará el procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental, salvo en lo referente al trámite de discrepancias.
     2.-A tal efecto, en caso de que la instalación precise de
     autorización sustantiva, el órgano ambiental competente remitirá la
     propuesta de resolución de la autorización ambiental integrada a la
     Administración competente para el otorgamiento de la autorización
     sustantiva para que, en el plazo de quince días, realice las
     alegaciones u observaciones que tenga por convenientes sobre el
     contenido de la declaración de impacto ambiental.
     3.-En caso de discrepancias entre los órganos sustantivo y ambiental
     de la Administración de la Comunidad Autónoma, resolverá el Consejo
     de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     Artículo 49.-Resolución.
     1.-El órgano ambiental competente para otorgar la autorización
     ambiental integrada dictará resolución motivada otorgándola o
     denegándola en un plazo máximo de diez meses.
     2.-Transcurrido el plazo de diez meses sin haberse notificado
     resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.
     3.-En los supuestos de modificación sustancial de una instalación ya
     autorizada, el órgano ambiental competente otorgará una nueva
     autorización ambiental integrada que sustituirá a la anterior,
     refundiendo las condiciones impuestas originariamente para el
     ejercicio de la actividad y aquellas que, en su caso, se impongan
     como consecuencia de la modificación sustancial de la instalación.
     4.-La resolución deberá ser notificada a los interesados en el
     procedimiento, al municipio en que se ubique la instalación y a los
     órganos que hubieran emitido informes vinculantes y se publicará en
     el «Boletín Oficial de Aragón».
     Artículo 50.-Motivación.
     La resolución sobre la autorización ambiental integrada deberá ser
     motivada e incluirá, entre otros aspectos, información sobre las
     alegaciones formuladas en el trámite de información pública y sobre
     la valoración que las mismas han merecido a la hora de dictar la
     correspondiente resolución.
     Artículo 51.-Contenido de la autorización ambiental integrada.
     1.-La autorización ambiental integrada tendrá el contenido siguiente:
     a) La declaración de impacto ambiental.
     b) Los valores límite de emisión de contaminantes basados en las
     mejores técnicas disponibles y, en su caso, los parámetros o medidas
     técnicas equivalentes que los sustituyen, según la naturaleza y
     características de la instalación, su ubicación geográfica, la
     naturaleza de las emisiones y las condiciones locales relacionadas
     con el medio ambiente.
     En el caso de instalaciones sujetas a la normativa reguladora del
     régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero, la
     autorización ambiental integrada no incluirá valores límite de
     emisión de gases de efecto invernadero para las emisiones directas de
     tales gases, a menos que sea necesario para garantizar que no se
     provoque contaminación local significativa.  Igualmente, en tales
     supuestos, en la autorización ambiental integrada no se impondrán
     requisitos relativos a la eficiencia energética respecto de las
     unidades de combustión o de otro tipo que emitan dióxido de carbono
     en el emplazamiento.
     Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a las instalaciones
     excluidas temporalmente del régimen de comercio de emisión de gases
     de efecto invernadero, de conformidad con lo previsto en la
     disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de
     agosto, por el que se regula el régimen de comercio de emisión de
     gases de efecto invernadero.
     c) Las medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los
     valores límite de emisión, la protección del suelo, del agua y de la
     atmósfera, así como los procedimientos de gestión de residuos.
     d) Las prescripciones y procedimientos relativos a la producción y
     gestión de residuos cuando proceda.
     e) En su caso, las características del vertido a las aguas
     continentales o al sistema integral de saneamiento, así como las
     medidas correctoras requeridas.
     f) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
     todo tipo de emisiones y residuos, con especificación del régimen de
     explotación y la metodología de medición, la frecuencia, el
     procedimiento de evaluación de las mediciones y la obligación de
     comunicar, con la periodicidad que se determine, al órgano ambiental
     los datos necesarios para comprobar el contenido de la autorización.
     g) El establecimiento, en caso de que proceda, de condiciones y
     prescripciones para minimizar la contaminación a larga distancia o
     transfronteriza.
     h) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en
     situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio
     ambiente, como los casos de puesta en marcha, fugas, fallos de
     funcionamiento, paradas temporales o el cierre definitivo.
     i) Las obligaciones de control y suministro de información previstas
     por la legislación sectorial aplicable y las demás que se consideren
     pertinentes.
     j) El plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.
     k) En su caso, las condiciones de protección de los valores o causas
     que hayan motivado la clasificación de los terrenos como suelo no
     urbanizable especial o como zona ambientalmente sensible.
     l) Cualquier otra medida o condición que, de acuerdo con la
     legislación vigente, sea adecuada para la protección del medio
     ambiente, en su conjunto, afectado por la instalación.
     2.-Cuando, para el cumplimiento de los requisitos de calidad
     medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación aplicable, sea
     necesaria la aplicación de condiciones más rigurosas que las que se
     puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas
     disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la
     aplicación de condiciones complementarias, sin perjuicio de otras
     medidas que puedan adoptarse para respetar las normas de calidad
     medioambiental. Asimismo podrá incluir las medidas de autocontrol que
     deba adoptar el titular a los efectos de controlar la incidencia de
     la instalación en el medio ambiente.
     3.-La autorización ambiental integrada podrá incluir excepciones
     temporales de los valores límite de emisión aplicables cuando el
     titular de la instalación proponga alguna de las siguientes medidas,
     que deberán ser aprobadas por la Administración e incluirse en la
     autorización ambiental integrada, formando parte de su contenido:
     a) Un plan de rehabilitación que garantice el cumplimiento de los
     valores límite de emisión en el plazo máximo de seis meses.
     b) Un proyecto que implique una reducción de la contaminación.
     Para poder otorgar la excepción temporal, el órgano ambiental
     competente deberá analizar si las condiciones del medio receptor lo
     permiten sin alterar gravemente su calidad. La evaluación de las
     medidas propuestas y su viabilidad se llevará a cabo junto con la
     evaluación de impacto ambiental del proyecto.
     4.-Para las instalaciones en las que se desarrollen algunas de las
     categorías de actividades incluidas en el epígrafe 9.3 del Anexo VI
     de la presente Ley, el órgano ambiental competente deberá tener en
     cuenta, a la hora de fijar las prescripciones sobre gestión y control
     de los residuos en la autorización ambiental integrada, las
     consideraciones prácticas específicas de dichas actividades, teniendo
     en cuenta los costes y las ventajas de las medidas que se vayan a
     adoptar.
     Artículo 52.-Impugnación.
     1.-Los interesados podrán oponerse a los informes vinculantes
     emitidos en el procedimiento regulado en esta Ley mediante la
     impugnación de la resolución administrativa que ponga fin al
     procedimiento de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio
     de lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
     noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
     procedimiento administrativo común, para los casos en que los citados
     informes vinculantes impidiesen el otorgamiento de dicha
     autorización.
     2.-Cuando la impugnación en vía administrativa de la resolución que
     ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la autorización
     ambiental integrada afecte a las condiciones establecidas en los
     informes vinculantes, se dará traslado del recurso a los órganos que
     los hubiesen emitido, con el fin de que estos, si lo estiman
     oportuno, presenten alegaciones en el plazo de quince días. De
     emitirse en plazo, las citadas alegaciones serán vinculantes para la
     resolución del recurso.
     CAPITULO III
     Coordinación con otros mecanismos
     de intervención ambiental
     Artículo 53.-Coordinación con el régimen aplicable en materia de
     evaluación de impacto ambiental cuando corresponda a la
     Administración del Estado.
     1.-Cuando corresponda al órgano ambiental de la Administración
     General del Estado la formulación de la declaración de impacto
     ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
     Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
     ambiental, y su normativa de desarrollo, no podrá otorgarse la
     autorización ambiental integrada sin que previamente se haya dictado
     dicha declaración.
     2.-A estos efectos, el órgano ambiental estatal, tan pronto como haya
     formulado la declaración de impacto ambiental o tras la resolución
     por el Consejo de Ministros de discrepancias con el órgano competente
     para conceder la autorización sustantiva, remitirá una copia de la
     misma al órgano competente para el otorgamiento de la autorización
     ambiental integrada, que deberá incorporar su condicionado al
     contenido de la autorización.
     Artículo 54.-Coordinación con el régimen de la licencia ambiental de
     actividades clasificadas.
     1.-El procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental
     integrada sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de la
     licencia ambiental de actividades clasificadas, evacuándose en tal
     caso el informe municipal previo, preceptivo y vinculante, sobre la
     adecuación de la instalación a tal fin.
     2.-En su caso, la autorización ambiental integrada será vinculante
     asimismo para la autoridad municipal cuando implique la denegación de
     la licencia o la imposición de medidas correctoras, así como en lo
     referente a todos los aspectos medioambientales que integran su
     contenido conforme a la presente Ley y a la legislación básica
     estatal.
     CAPITULO IV
     Otras disposiciones
     Artículo 55.-Obligación de informar.
     El titular de la autorización ambiental integrada deberá informar al
     órgano ambiental de cualquier cambio relativo a las condiciones de
     autorización, a las características o al funcionamiento de la
     instalación que pueda alterar las condiciones de la autorización
     otorgada.
     Artículo 56.-Renovación de la autorización ambiental integrada.
     1.-La autorización ambiental integrada se otorgará por un plazo
     máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada y, en
     su caso, actualizada por periodos sucesivos.
     2.-Con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del
     plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada, su titular
     solicitará su renovación de acuerdo con el procedimiento simplificado
     que se establezca reglamentariamente.
     3.-Si, vencido el plazo de vigencia de la autorización ambiental
     integrada, el órgano competente para otorgarla no hubiera dictado
     resolución expresa sobre la solicitud de renovación a que se refiere
     el apartado anterior, esta se entenderá estimada y, consecuentemente,
     renovada la autorización en las mismas condiciones.
     Artículo 57.-Modificación de oficio de la autorización ambiental
     integrada.
     1.-En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser
     modificada de oficio cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
     a) Si la contaminación producida por la instalación hace conveniente
     la revisión de los valores límite de emisión o de cualesquiera otras
     condiciones, determinados en la autorización, o la inclusión de
     nuevos valores.
     b) Si se produce una variación importante del medio receptor con
     respecto a las condiciones que presentaba en el momento del
     otorgamiento de la autorización.
     c) Si la aparición de importantes cambios en las mejores técnicas
     disponibles, validadas por la Unión Europea, permite reducir
     significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos.
     d) Si la seguridad de funcionamiento del proceso o la instalación
     hace necesario utilizar otras técnicas.
     e) Cuando el organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la
     legislación de aguas, estime que existen circunstancias que
     justifiquen la revisión o modificación de la autorización en lo
     relativo a vertidos al dominio público hidráulico. En este supuesto,
     el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al
     órgano competente para otorgar la autorización a fin de que inicie el
     procedimiento de modificación en un plazo máximo de veinte días.
     f) Si así lo exigiera la legislación sectorial que resulte de
     aplicación a la instalación.
     2.-Los supuestos de modificación establecidos en el apartado anterior
     no generan derecho alguno a indemnización para el titular de la
     instalación.
     3.-El procedimiento para la modificación de oficio regulada en este
     artículo se iniciará mediante una resolución del órgano ambiental
     competente, dictada por propia iniciativa o a requerimiento del
     organismo de cuenca en el supuesto previsto en la letra e) del
     apartado primero, en la que se especificarán y motivarán los aspectos
     que se pretenden revisar en la autorización ambiental integrada.
     Esta resolución se notificará al titular de la autorización ambiental
     integrada indicando, en su caso, la documentación que se deberá
     aportar para llevar a cabo la revisión.
     4.-La resolución mediante la que se modifique la autorización
     ambiental integrada se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Artículo 58.-Transmisión de la titularidad de la autorización
     ambiental integrada.
     1.-Cuando se transmita la titularidad de la autorización ambiental
     integrada, será precisa la previa comunicación de dicha transmisión
     al órgano ambiental por los sujetos que intervengan en la
     transmisión.
     2.-Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente
     comunicación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de
     forma solidaria, a todas las responsabilidades y obligaciones
     derivadas del incumplimiento de dicha obligación previstas en esta
     Ley.
     3.-Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en
     los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular.
     Artículo 59.-Caducidad de la autorización ambiental integrada.
     1.-Las autorizaciones ambientales integradas caducarán en los plazos
     y supuestos siguientes:
     a) Cuando la actividad no comience a ejercerse en el plazo de dos
     años a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización, siempre
     que en esta no se fije un plazo superior.
     b) Cuando la instalación se paralice por plazo superior a dos años,
     excepto en casos de fuerza mayor.
     2.-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por causas
     justificadas, el titular de la instalación podrá solicitar del órgano
     competente una prórroga de los plazos anteriormente señalados.
     TITULO V
     Licencia ambiental de actividades clasificadas
     CAPITULO I
     Disposiciones generales
     Artículo 60.-Actividades sometidas a licencia ambiental.
     1.-Se someten al régimen de licencia ambiental de actividades
     clasificadas la construcción, montaje, explotación, traslado o
     modificación sustancial de las actividades clasificadas de
     titularidad pública o privada.
     2.-Son actividades clasificadas las que merezcan la consideración de
     molestas, insalubres, nocivas para el medio ambiente y peligrosas con
     arreglo a las siguientes definiciones:
     a) Molestas: las que constituyan una perturbación por los ruidos o
     vibraciones o que produzcan manifiesta incomodidad por los humos,
     gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que
     eliminen.
     b) Insalubres: las que den lugar a desprendimientos o evacuación de
     sustancias o productos que puedan resultar directa o indirectamente
     perjudiciales para la salud humana.
     c) Nocivas para el medio ambiente: las que sean susceptibles de
     causar daños a la biodiversidad, la fauna, la flora, la tierra, el
     agua o el aire o supongan un consumo ineficiente de los recursos
     naturales.
     d) Peligrosas: las que tengan por objeto fabricar, manipular,
     transportar, expender, almacenar o eliminar productos susceptibles de
     originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u
     otros de análoga naturaleza para las personas o los bienes con
     arreglo a la legislación vigente.
     3.-En todo caso se excluirán del sometimiento a la licencia ambiental
     de actividades clasificadas los siguientes supuestos:
     a) Aquellas actividades que estén sujetas al otorgamiento de
     autorización ambiental integrada.
     b) Aquellas actividades que, según lo dispuesto en esta Ley, no
     tengan la consideración de clasificadas y, en todo caso, las
     enumeradas en el Anexo VII, que estarán sujetas a la licencia
     municipal de apertura prevista en la legislación de régimen local.
     4.-No se someterán a la calificación ambiental regulada en este
     Título las actividades que estén sometidas al procedimiento de
     evaluación de impacto ambiental.
     Artículo 61.-Finalidad.
     La licencia ambiental de actividades clasificadas tiene como
     finalidad:
     a) Prevenir y reducir en origen las emisiones contaminantes al aire,
     agua y al suelo que pueden producir las correspondientes actividades
     que son susceptibles de afectar al medio ambiente.
     b) Comprobar, en el marco de las competencias municipales, la
     adecuación de la actividad a las ordenanzas municipales, a la
     legalidad urbanística, a la normativa de seguridad, sanitaria,
     ambiental y aquellas otras que resulten exigibles.
     Artículo 62.-Modificación sustancial de actividades.
     1.-A fin de calificar la modificación de una actividad como
     sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación
     proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio
     ambiente en los siguientes aspectos:
     a) El tamaño y producción de la instalación en que se desarrolla la
     actividad.
     b) Los recursos naturales utilizados por la misma.
     c) Su consumo de agua y energía.
     d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
     e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de
     las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
     f) El grado de contaminación producido.
     g) El riesgo de accidente.
     h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
     2.-El titular de una actividad que pretenda llevar a cabo una
     modificación de la misma en su ejercicio deberá comunicarlo al
     ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación en la que
     desarrolla la actividad, mediante una comunicación razonada y
     documentada a tal fin, indicando si considera que tiene carácter
     sustancial o no.
     3.-Si el ayuntamiento no manifiesta en el plazo de un mes desde la
     fecha en la que se le comunicó dicha voluntad su criterio contrario a
     la calificación como no sustancial de la modificación pretendida, el
     titular podrá ejecutarla o realizarla directamente.
     4.-Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio
     titular o por el ayuntamiento como sustancial, esta no podrá llevarse
     a cabo, en tanto no sea otorgada una nueva licencia ambiental de
     actividades clasificadas.
     CAPITULO II
     Procedimiento
     Artículo 63.-Organo competente.
     Será competente para el otorgamiento de la licencia ambiental de
     actividades clasificadas el alcalde del ayuntamiento en cuyo término
     municipal vaya a desarrollarse la actividad.
     Artículo 64.-Solicitud.
     1.-Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una
     actividad clasificada o la modificación sustancial de la que venía
     realizando como tal, deberá solicitar la licencia ambiental de
     actividades clasificadas con carácter previo ante el ayuntamiento
     correspondiente al término municipal en que se ubique la instalación
     en la que se va a desenvolver o se desenvuelve su actividad.
     2.-A la solicitud deberá acompañarse la documentación establecida
     reglamentariamente, y, como mínimo, la siguiente:
     a) Proyecto técnico completo redactado por técnico competente en la
     materia y visado por el colegio oficial correspondiente.
     b) Memoria descriptiva de la actividad, que contendrá como mínimo los
     aspectos relativos al emplazamiento de la actividad y su repercusión
     en el medio ambiente, en especial la descripción de los tipos,
     cantidades y composición de los residuos generados, vertidos,
     emisiones contaminantes en todas sus formas, incluidos ruidos y
     vibraciones, la gestión prevista para ellos, riesgo de incendios y
     otros de la actividad, el estudio y propuesta de medidas preventivas,
     correctoras y de autocontrol previstas, así como las técnicas de
     restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área
     restaurada, en los casos de desmantelamiento de las instalaciones y
     cese de la actividad.
     c) Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y
     sectorial aplicable a la actividad, de la normativa de seguridad y
     salud y, en su caso, de las ordenanzas municipales que resulten de
     aplicación.
     d) Declaración de los datos que a juicio del solicitante gozan de
     confidencialidad amparada en la normativa vigente.
     e) Cualquier otra información que resulte relevante para la
     evaluación de la actuación desde el punto de vista ambiental.
     3.-Si la actividad estuviera, asimismo, sometida a procedimiento de
     evaluación de impacto ambiental en la forma y supuestos previstos en
     la presente ley, a la solicitud se acompañará un estudio de impacto
     ambiental en lugar de la memoria descriptiva o, en su caso, la
     correspondiente declaración de impacto ambiental si esta se hubiera
     formulado ya por el órgano ambiental competente.
     4.-En los supuestos de modificación sustancial de una actividad ya
     autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a la parte
     o partes de la misma afectadas por la referida modificación.
     Artículo 65.-Procedimiento.
     1.-Una vez recibida la documentación de acuerdo con lo dispuesto en
     el artículo anterior, el alcalde, previo informe de los servicios
     municipales de urbanismo, denegará el otorgamiento de la licencia en
     el caso de que la actividad sea contraria al ordenamiento jurídico y,
     en particular, no sea compatible con los instrumentos de
     planificación urbanística y/o las ordenanzas municipales.
     2.-De no concurrir los motivos que, de acuerdo con lo dispuesto en el
     apartado anterior, pueden dar lugar a la denegación de la licencia,
     el expediente se someterá a información pública por un periodo de
     quince días mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y
     exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento.  La apertura
     del trámite de información pública se notificará personalmente a los
     vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto, a los
     efectos de que puedan alegar lo que estimen oportuno. Se exceptuarán
     de la información pública los datos de la solicitud y la
     documentación que estén amparados por el régimen de confidencialidad.
     De igual forma se solicitarán los informes de los servicios del
     ayuntamiento que fueren necesarios de acuerdo con la naturaleza de la
     actividad.
     3.-En los supuestos en que la actividad esté, asimismo, sujeta a
     evaluación de impacto ambiental, el expediente se someterá a
     información pública, conjuntamente con el estudio de impacto
     ambiental, por un periodo de treinta días.
     4.-Finalizado el periodo de información pública, las alegaciones
     presentadas, junto con los informes emitidos, se unirán al expediente
     con informe razonado del ayuntamiento sobre el establecimiento de la
     actividad y se remitirá el expediente a la comarca correspondiente.
     Artículo 66.-Calificación ambiental.
     1.-Corresponde a la comarcas la calificación de las actividades
     sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas.
     2.-Una vez recibido el expediente, la comarca recabará los informes
     que, en cada caso, estime oportunos y aquellos que según la normativa
     sectorial sean preceptivos y deban emitir los órganos, servicios o
     entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En
     todo caso, se solicitará informe vinculante al Instituto Aragonés de
     Gestión Ambiental cuando se trate de un proyecto que tenga incidencia
     en una zona ambientalmente sensible en los términos previstos en el
     artículo 36 de la presente Ley.
     3.-A la vista de los antecedentes obrantes en el expediente y los
     informes recibidos, la comarca emitirá, con carácter previo a la
     resolución de la licencia ambiental de actividades clasificadas, y en
     el plazo de sesenta días desde la recepción del expediente, un
     informe de calificación sobre el proyecto de construcción, montaje,
     explotación, traslado o modificación sustancial de la actividad.
     4.-El informe de calificación será vinculante para la autoridad
     municipal cuando suponga la denegación de la licencia o la imposición
     de medidas correctoras.
     5.-Las comarcas podrán delegar en los ayuntamientos la competencia
     para calificar las actividades sometidas a licencia ambiental de
     actividades clasificadas con arreglo a lo previsto en la legislación
     de régimen local.
     6.-Los ayuntamientos podrán solicitar la exención de calificación por
     las comarcas en los términos previstos en la legislación aplicable.
     Artículo 67.-Resolución.
     1.-El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la
     licencia ambiental de actividades clasificadas será de cuatro meses.
     2.-Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución
     podrá entenderse estimada la solicitud presentada, siempre que se
     haya emitido el informe de calificación de la actividad con carácter
     favorable.
     Artículo 68.-Contenido de la licencia.
     1.-La licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará las
     prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente,
     detallando, en su caso, los valores límite de emisión de
     contaminantes y las medidas preventivas de control y de garantía que
     sean procedentes, así como las prescripciones necesarias relativas a
     la prevención de incendios y a la protección de la salud y seguridad
     de los trabajadores, y de la ciudadanía en general.
     2.-En el caso de actividades sometidas a evaluación de impacto
     ambiental, la licencia ambiental de actividades clasificadas
     incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental.
     3.-La licencia deberá establecer, asimismo, el plazo para el comienzo
     de la actividad, que, en todo caso, deberá respetar la normativa
     sectorial aplicable.
     CAPITULO III
     Modificación, transmisión
     y extinción de la licencia
     Artículo 69.-Modificación de la licencia.
     La licencia ambiental de actividades clasificadas podrá ser
     modificada de oficio o a instancia de parte, sin que genere derecho a
     indemnización alguna cuando se persiga como fin la adaptación a las
     modificaciones de la normativa aplicable y al progreso técnico y
     científico.
     Artículo 70.-Transmisión de la licencia.
     1.-Cuando se transmita la titularidad de la licencia ambiental de
     actividades clasificadas, será precisa la previa comunicación de
     dicha transmisión al ayuntamiento por los sujetos que intervengan en
     la transmisión.
     2.-Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente
     comunicación, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de
     forma solidaria, a todas las responsabilidades y obligaciones
     derivadas del incumplimiento de dicha obligación previstas en esta
     Ley.
     3.-Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en
     los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular.
     Artículo 71.-Caducidad, anulación y revocación.
     El régimen de caducidad, anulación y revocación de la licencia
     ambiental de actividades clasificadas será el previsto en la
     legislación de régimen local.
     TITULO VI
     Licencia de inicio de actividad
     Artículo 72.-Solicitud.
     1.-Con carácter previo al comienzo de las actividades sujetas a
     autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades
     clasificadas, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad.
     2.-A tal efecto, el titular de la instalación o actividad deberá
     presentar ante el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique esta la
     solicitud de licencia de inicio de actividad acompañada de la
     documentación que acredite que las obras e instalaciones se han
     ejecutado de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental
     integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas.
     Dicha documentación deberá consistir en:
     a) Un certificado del técnico director de la ejecución en el que se
     especifique la conformidad de la instalación o actividad a la
     autorización ambiental integrada o a la licencia ambiental de
     actividades clasificadas, o un certificado emitido por un organismo
     de control autorizado en el que se acredite el cumplimiento de las
     condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada o en la
     licencia ambiental de actividades clasificadas.
     b) Acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabajadores, si
     los hubiera, o a sus representantes la solicitud de licencia de
     inicio de la actividad.
     Artículo 73.-Acta de comprobación de las instalaciones.
     1.-El ayuntamiento, una vez comprobada la idoneidad de la
     documentación presentada, y previa citación de los órganos de la
     Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competentes por
     razón de la materia, levantará acta de comprobación de que las
     instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las
     medidas correctoras impuestas, copia de la cual se remitirá a la
     comarca que hubiere calificado la actividad.
     2.-En el supuesto de que la actividad se hubiera sometido al
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental o, en su caso, de
     que las instalaciones en las que se desenvuelve hayan sido objeto de
     autorización ambiental integrada, el ayuntamiento, comprobada la
     idoneidad de la documentación que acompaña a la solicitud, la
     remitirá directamente al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma
     para que, previo su examen, se practique por aquel el acta de
     comprobación conforme al proyecto aprobado y al condicionado de la
     autorización ambiental integrada o de la declaración de impacto
     ambiental, informando al ayuntamiento, y todo ello en el plazo de un
     mes desde la recepción de la documentación por el órgano ambiental.
     3.-El ayuntamiento quedará vinculado por el informe emitido por el
     órgano ambiental cuando se proponga la denegación de la licencia.
     4.-De no emitirse informe por el órgano ambiental en dicho plazo, se
     entenderá en sentido favorable, prosiguiendo la tramitación del
     procedimiento.
     5.-Cuando se estime que concurren deficiencias subsanables, el
     ayuntamiento concederá trámite para su subsanación al titular de las
     instalaciones, según el procedimiento previsto reglamentariamente.
     Artículo 74.-Resolución.
     1.-El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la
     licencia de inicio de actividad será de un mes contado desde la fecha
     de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté
     sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental
     integrada, el plazo para resolver y notificar será de dos meses desde
     la fecha de su solicitud.
     2.-Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución
     podrá entenderse estimada la solicitud presentada.
     Artículo 75.-Autorizaciones de suministros.
     La obtención de la licencia de inicio de actividad será previa a la
     concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de
     suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles
     líquidos o gaseosos, de suministro de agua potable de consumo público
     y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad.
     No obstante lo anterior, podrán concederse autorizaciones
     provisionales de enganche para la realización de las pruebas precisas
     para la comprobación del funcionamiento de la actividad.
     TITULO VII
     Régimen de inspección
     Artículo 76.-Finalidad y objetivos de la inspección.
     1.-La inspección de las actividades sometidas a intervención
     ambiental tiene por finalidad garantizar su adecuación a la legalidad
     ambiental y verificar el cumplimiento y la eficacia de las
     condiciones establecidas en los regímenes de intervención regulados
     en la presente Ley.
     2.-En particular, la inspección de las actividades sometidas a
     intervención ambiental tiene los siguientes objetivos:
     a) Comprobar que las actividades se realicen según las condiciones en
     que se hubiere autorizado o aprobado su realización, así como su
     adecuación a la legalidad ambiental.
     b) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección
     de la contaminación, así como de las de protección ambiental que se
     hayan fijado en los distintos actos de control e intervención
     administrativa previa.
     Artículo 77.-Competencias de inspección.
     Sin perjuicio de las específicas funciones inspectoras atribuidas a
     otros órganos administrativos por razón de la legislación sectorial,
     la inspección de las instalaciones y actividades sometidas a la
     presente Ley corresponde:
     a) Para las instalaciones sometidas a autorización ambiental
     integrada, al departamento competente en materia de medio ambiente.
     b) Para las instalaciones sometidas a la licencia ambiental de
     actividades clasificadas, al ayuntamiento en cuyo ámbito territorial
     estén ubicadas.
     Artículo 78.-Planificación de las inspecciones.
     1.-El departamento competente en materia de medio ambiente elaborará
     planes de inspección medioambiental con la finalidad de articular,
     programar y racionalizar las inspecciones medioambientales que se
     realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-Dichos planes serán aprobados por el consejero titular del
     departamento competente en materia de medio ambiente y vincularán al
     personal inspector que actúe en el ámbito del medio ambiente y en el
     territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     Artículo 79.-Personal inspector de las actividades sometidas a
     intervención ambiental.
     1.-El Departamento competente en materia de medio ambiente designará
     y acreditará al personal funcionario para realizar labores de
     verificación e inspección de las actividades e instalaciones
     sometidas a intervención ambiental de acuerdo con la presente Ley,
     que gozará, en el ejercicio de las funciones que le son propias, de
     la consideración de agente de la autoridad.
     2.-Para el ejercicio de la función inspectora, el departamento
     competente en materia de medio ambiente podrá contar con el concurso
     de personal externo o de organismos de control autorizados que
     cuenten con adecuada capacidad y cualificación técnica para la
     realización de las inspecciones, con arreglo a lo que se determine
     reglamentariamente.
     Artículo 80.-Facultades del personal inspector.
     1.-El personal inspector está facultado para recabar la exhibición de
     cualquier documentación ambiental obrante en poder de los titulares
     de actividades o instalaciones sometidas a los regímenes de
     intervención administrativa ambiental previstos en la presente Ley,
     así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin
     previo aviso, en las instalaciones donde se desarrollen las
     actividades sujetas a la presente Ley.
     2.-Cuando para el ejercicio de sus funciones inspectoras fuera
     precisa la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso
     requiera el consentimiento de su titular, deberá solicitar la
     oportuna autorización judicial.
     3.-Las actas e informes que el personal inspector extienda en el
     ejercicio de sus facultades tendrán naturaleza de documentos públicos
     y valor probatorio de los hechos que motiven su formalización, sin
     perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados que
     desvirtúen los hechos que se han hecho constar en las mismas.
     Artículo 81.-Sometimiento a la acción inspectora.
     1.-Los titulares de actividades e instalaciones sometidas a la
     intervención ambiental regulada en la presente Ley deberán prestar la
     colaboración necesaria al personal inspector a fin de permitirles
     realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y
     recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su
     misión.
     2.-Los titulares de las actividades que proporcionen información a
     las distintas Administraciones públicas en relación con esta Ley,
     podrán invocar el carácter de confidencialidad de la misma en los
     aspectos relativos a los procesos industriales y a cualesquiera otros
     aspectos cuya confidencialidad esté prevista legalmente.
     Artículo 82.-Publicidad.
     Los resultados de las actuaciones de inspección deberán ponerse a
     disposición del público, garantizando de esta manera lo establecido
     en la legislación sobre el derecho de acceso a la información en
     materia de medio ambiente, y sin más limitaciones que las
     establecidas en la misma.
     Artículo 83.-Denuncia de deficiencias en funcionamiento.
     1.-Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el
     departamento competente en materia de medio ambiente, para las
     actividades sometidas a autorización ambiental integrada, y el
     ayuntamiento para las sometidas a licencia ambiental de actividades
     clasificadas, requerirán al titular de la misma para que corrija las
     citadas deficiencias en un plazo acorde con la naturaleza de las
     medidas a adoptar, que no podrá ser superior a seis meses ni inferior
     a uno, salvo casos especiales debidamente justificados.
     2.-Dicho requerimiento podrá llevar aparejada la suspensión cautelar
     de la actividad, previa audiencia al interesado, cuando exista un
     riesgo de daño o deterioro grave para el medio ambiente o un peligro
     grave para la seguridad o salud de las personas.
     3.-Respecto a las instalaciones sometidas a autorización ambiental
     integrada, los ayuntamientos tendrán la obligación de poner en
     conocimiento del departamento competente en materia de medio ambiente
     cualquier deficiencia o comportamiento anormal que observen o del que
     tengan noticia.
     Artículo 84.-Deberes de comunicación.
     Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial de
     aplicación, los promotores de proyectos y los titulares de una
     actividad o instalación sometida a control previo de la
     Administración ambiental competente deberán poner en su conocimiento
     inmediato cualquiera de los siguientes hechos:
     a) El funcionamiento anormal de las instalaciones o de los sistemas
     de autocontrol, así como cualquier otra incidencia que pueda producir
     daños a la salud de las personas, a sus bienes o al medio ambiente.
     b) La existencia de un accidente que pueda implicar riesgos, reales o
     potenciales, para la salud de las personas o para el medio ambiente,
     indicando expresamente las medidas adoptadas al respecto y
     facilitando a la Administración competente toda la información
     disponible para que esta tome las decisiones que considere
     pertinentes.
     c) La interrupción voluntaria de la actividad por un plazo superior a
     seis meses, salvo para industrias de campaña, así como el cese
     definitivo de la misma.
     d) La transmisión de la autorización o licencia de la actividad o
     instalación autorizada.
     e) Cualquier otra circunstancia que se especifique en la propia
     autorización ambiental o en la licencia ambiental de actividades.
     Artículo 85.-Suspensión de actividades.
     1.-La Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias,
     podrán paralizar, con carácter cautelar, cualquier actividad sometida
     a intervención ambiental en fase de construcción o explotación, total
     o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:
     a) Inicio de la ejecución del proyecto, instalación o actividad sin
     contar con la preceptiva autorización ambiental integrada, licencia
     ambiental de actividades clasificadas, declaración de impacto
     ambiental o licencia de inicio de actividad.
     b) Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en
     el procedimiento de intervención ambiental.
     c) El incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales
     impuestas para la ejecución del proyecto o el desarrollo de la
     actividad.
     d) Cuando existan razones fundadas de daños graves o irreversibles al
     medio ambiente o peligro inmediato para las personas o bienes, en
     tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo
     adoptar las medidas necesarias para comprobar o reducir riesgos.
     2.-La suspensión de actividades se efectuará siempre previo
     requerimiento formal, bajo apercibimiento de suspensión y previo
     trámite de audiencia al interesado, salvo en los casos en que por
     razones de urgencia, atendiendo a la existencia de un peligro
     inminente para la seguridad o la salud humana o para el medio
     ambiente, se adopte de forma inmediata, sin requerimiento previo y
     sin audiencia.
     3.-En cualquier caso, la resolución que así lo acuerde será motivada
     y fijará el plazo o las condiciones que deben concurrir para el
     alzamiento de la suspensión.
     Artículo 86.-Ejecución subsidiaria de medidas correctoras.
     1.-Cuando el titular de una actividad o instalación sometida a
     intervención ambiental, tanto en funcionamiento como en situación de
     suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar alguna
     medida correctora que le haya sido impuesta en virtud de la presente
     Ley, la Administración que haya requerido la acción, previo
     apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario a costa del
     responsable, pudiendo ser exigidos los gastos de la ejecución
     subsidiaria por la vía de apremio, con independencia de la sanción
     que, en su caso, pueda imponerse.
     2.-No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de
     modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la
     situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana
     o el medio ambiente.
     TITULO VIII
     Régimen sancionador
     Artículo 87.-Infracciones.
     1.-Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la
     legislación sectorial, constituyen infracciones administrativas en
     las materias reguladas en la presente Ley, las acciones u omisiones
     tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
     2.-La exigencia de la responsabilidad derivada de la comisión de
     infracciones administrativas lo será sin perjuicio de las
     responsabilidades civiles o penales a que tales hechos pudieran dar
     lugar.
     3.-Las infracciones a la presente Ley se clasifican en muy graves,
     graves y leves.
     Artículo 88.-Infracciones muy graves.
     Son infracciones muy graves:
     a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o
     a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una
     modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de
     intervención ambiental o con él caducado o suspendido, siempre que se
     haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se
     haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
     b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización
     ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades
     clasificadas, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
     para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad
     o la salud de las personas.
     c) Iniciar la ejecución de un proyecto que debe someterse a
     evaluación de impacto ambiental sin haber obtenido declaración de
     impacto ambiental favorable.
     d) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse al
     procedimiento de evaluación ambiental de zonas ambientalmente
     sensibles previsto en el Título III de la presente Ley, sin el
     preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que se haya
     producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya
     puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
     e) Incumplir las condiciones establecidas en la declaración de
     impacto ambiental o en el informe o en la autorización de evaluación
     ambiental en zonas ambientalmente sensibles, así como las
     correspondientes medidas protectoras o correctoras, siempre que se
     haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se
     haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
     f) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las
     disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y
     registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
     para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad
     o la salud de las personas.
     g) Incumplir las resoluciones de cierre o clausura de
     establecimientos, siempre que se haya producido un deterioro grave
     para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad
     o la salud de las personas.
     h) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales
     previstas en el artículo 98 de la presente Ley.
     i) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el
     plan de restauración minera, siempre que se haya producido un daño o
     deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro
     grave la seguridad o la salud de las personas.
     j) Cualquier acción u omisión tipificada como infracción grave cuando
     se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
     se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las
     personas.
     k) La comisión de tres o más faltas graves en un periodo de dos años.
     Artículo 89.-Infracciones graves.
     Son infracciones graves:
     a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o
     a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una
     modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de
     intervención ambiental o con él caducado o suspendido, sin que se
     haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin
     que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las
     personas.
     b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización
     ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades
     clasificadas, sin que se haya producido un daño o deterioro grave
     para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la
     seguridad o la salud de las personas.
     c) Incumplir las condiciones ambientales en que debe realizarse el
     proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental o con el
     informe o la autorización de evaluación ambiental en zonas
     ambientalmente sensibles, así como las correspondientes medidas
     protectoras y correctoras, sin que se haya producido un daño o
     deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en
     peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
     d) Incumplir la obligación de recabar el pronunciamiento del órgano
     ambiental que se impone en los apartados 2 y 3 del artículo 24.
     e) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse a
     evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles previsto en
     Título III de la presente Ley, sin el preceptivo instrumento de
     intervención ambiental, siempre que no se haya producido un daño o
     deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro
     grave la seguridad o la salud de las personas.
     f) Ocultar los datos, su falseamiento, manipulación o alteración
     maliciosa de la información exigida en los procedimientos regulados
     en esta Ley.
     g) El incumplimiento, por parte de los promotores de los proyectos
     del Anexo III, de la obligación de suministrar la documentación a que
     se refiere el artículo 26 de la presente Ley.
     h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y
     vigilancia de la Administración.
     i) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las
     disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y
     registro, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave
     para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la
     seguridad o la salud de las personas.
     j) No someter la actividad incluida en el régimen de autorización
     ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas
     a los controles periódicos que resulten preceptivos.
     k) Incumplir las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto o
     actividad.
     l) No comunicar al órgano competente las modificaciones realizadas en
     las instalaciones o actividades que no revistan carácter de
     sustanciales.
     m) No informar inmediatamente al órgano competente de cualquier
     circunstancia, incidente o accidente que pudiera afectar de forma
     significativa al medio ambiente.
     n) Transmitir la titularidad de la autorización ambiental integrada o
     de la licencia ambiental de actividades clasificadas sin comunicarlo
     al órgano competente para otorgar la misma.
     o) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el
     plan de restauración minera, siempre que no se haya producido un daño
     o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en
     peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
     p) La comisión de tres o más faltas leves en un periodo de dos años.
     Artículo 90.-Infracciones leves.
     Son infracciones leves:
     a) No aportar los documentos solicitados por la Administración.
     b) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las
     disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación, sin
     que se haya producido ningún tipo de daño o deterioro para el medio
     ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las
     personas.
     c) Incumplir las prescripciones establecidas en la presente Ley, o la
     omisión de actos que fueran obligatorios, cuando no estén tipificadas
     como infracciones graves o muy graves.
     d) El impago de la actualización de la fianza exigida para la
     ejecución del plan de restauración minera.
     Artículo 91.-Prescripción de las infracciones.
     1.-Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los
     siguientes plazos:
     a) Las infracciones muy graves, a los cinco años.
     b) Las infracciones graves, a los tres años.
     c) Las infracciones leves, al año.
     2.-El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar
     desde el día en que la infracción se hubiese cometido.
     Artículo 92.-Responsabilidad.
     1.-Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
     infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, las personas
     físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a
     título de mera inobservancia.
     2.-Cuando en la infracción hubieren participado varias personas
     conjuntamente y no sea posible determinar el grado de inte
     rvención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas
     ellas será solidaria.
     3 Será responsable subsidiario por el incumplimiento de las
     obligaciones impuestas por la presente Ley que conlleven el deber de
     prevenir la infracción administrativa cometida por otros, el titular
     de la actividad o instalación sometida al instrumento de intervención
     ambiental que corresponda.
     Artículo 93.-Sanciones.
     1.-Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse alguna
     o algunas de las siguientes sanciones:
     a) Multa de 250.001 a 2.500.000 euros.
     b) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
     c) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un
     periodo no superior a cinco años.
     d) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo
     no superior a dos años.
     e) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un
     periodo no superior a cinco años.
     2.-Por la comisión de infracciones graves podrán imponerse alguna o
     algunas de las siguientes sanciones:
     a) Multa de 25.001 a 250.000 euros.
     b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un
     periodo no superior a dos años.
     c) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo
     no superior a un año.
     d) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un
     periodo no superior a un año.
     3.-Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse alguna o
     algunas de las siguientes sanciones:
     a) Multa de hasta 25.000 euros.
     b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un
     periodo no superior a seis meses.
     4.-Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio
     obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada,
     como mínimo, hasta el doble y, como máximo, hasta el triple del
     importe en que se haya beneficiado el infractor.
     Artículo 94.-Graduación de las sanciones.
     En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta las siguientes
     circunstancias:
     a) La importancia del daño o deterioro causado al medio ambiente o a
     la salud de las personas o el peligro creado para la seguridad de las
     mismas.
     b) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
     c) La existencia de intencionalidad o reiteración en la comisión de
     la infracción.
     d) La reincidencia por la comisión de más de una infracción
     tipificada en la presente Ley cuando así se haya declarado por
     resolución firme, en el plazo de los cinco años siguientes a la
     notificación de esta.
     e) La adopción, con antelación a la incoación de un expediente
     sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los
     efectos negativos sobre el medio ambiente
     Artículo 95.-Otros efectos de las sanciones.
     La imposición de sanciones graves podrá conllevar la pérdida del
     derecho a obtener subvenciones, así como la adjudicación de contratos
     por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
     durante un plazo de dos años; en el caso de infracciones muy graves,
     el plazo se aumentará a tres años.
     Artículo 96.-Concurrencia de sanciones.
     1.-Cuando, por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el
     infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta Ley y a otra u
     otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se le
     impondrá la de mayor gravedad.
     2.-Cuando el órgano competente estime que los hechos pudieran ser
     constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al órgano
     jurisdiccional penal competente o al Ministerio Fiscal. El órgano
     instructor del procedimiento administrativo sancionador deberá
     suspender su tramitación hasta que recaiga resolución judicial en los
     supuestos en que existiere identidad de hechos, sujetos y fundamento
     entre el ilícito administrativo y el ilícito penal.
     Artículo 97.-Medidas restauradoras de la legalidad.
     1.-Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor deberá
     restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la
     infracción cometida, así como, en su caso, abonar la correspondiente
     indemnización por los daños y perjuicios causados. La valoración de
     los daños se hará por la Administración competente previa tasación
     contradictoria cuando el titular de la instalación o actividad no
     prestara su conformidad a aquella.
     2.-Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición o
     restauración establecida en el apartado anterior, la Administración
     podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los
     responsables.
     3.-No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de
     modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la
     situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana
     o el medio ambiente.
     Artículo 98.-Medidas provisionales.
     1.-El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento
     sancionador podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo
     motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias
     para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el
     buen fin del procedimiento, para evitar los efectos de la infracción
     y para atender las exigencias de los intereses generales; en
     particular, las siguientes:
     a) La suspensión total o parcial de la actividad o proyecto en
     ejecución.
     b) La clausura temporal, parcial o total, de locales o instalaciones.
     c) Precintado de aparatos o equipos.
     d) La exigencia de fianza.
     e) La retirada de productos.
     f) La imposición de medidas de corrección, seguridad o control que
     impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño.
     2.-Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser adoptadas
     por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, antes de
     la iniciación del procedimiento en casos de urgencia y para la
     protección provisional de los intereses implicados, si bien deberán
     ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación
     del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días
     siguientes a su adopción y que podrá ser objeto de recurso.
     Artículo 99.-Competencia sancionadora.
     1.-Corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma y a los
     ayuntamientos, según su respectiva competencia, la incoación,
     instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores con
     relación a las infracciones tipificadas en la presente Ley.
     2.-La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores
     instruidos por la Administración de la Comunidad Autónoma
     corresponderá al departamento competente en materia de medio
     ambiente, a través de los siguientes órganos:
     a) Al Director del Servicio Provincial respectivo, para las sanciones
     por la comisión de infracciones leves.
     b) Al Director General correspondiente, para las sanciones por la
     comisión de infracciones graves.
     c) Al Consejero, para las sanciones por la comisión de infracciones
     muy graves.
     3.-La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores
     instruidos por los ayuntamientos corresponderá a los órganos
     municipales que tengan atribuida esta competencia según lo dispuesto
     en la legislación de régimen local.
     Artículo 100.-Prescripción de las sanciones.
     Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves
     prescribirán a los cuatro años; por la comisión de infracciones
     graves, a los tres años, y por la comisión de las infracciones leves,
     al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera
     firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
     Artículo 101.-Multas coercitivas.
     1.-Cuando los órganos competentes impongan sanciones o la obligación
     de adoptar medidas encaminadas a la restauración de las cosas al
     estado anterior a una infracción cometida, medidas para la corrección
     de deficiencias en el funcionamiento o características de la
     instalación o la actividad, así como actuaciones que en cualquier
     forma afecten a la misma y deban ser ejecutadas por sus titulares,
     podrán imponer multas coercitivas, con periodicidad mensual, y por
     una cuantía, cada una de ellas, que no supere el tercio de la sanción
     o del coste de la actuación impuesta.
     2.-Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las
     sanciones que, en su caso, se impongan por la infracción cometida.
     Artículo 102.-Vía de apremio.
     Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones
     pertinentes serán exigibles mediante el procedimiento administrativo
     de apremio.
     Artículo 103.-Registro de infractores.
     1.-El departamento competente en materia de medio ambiente creará un
     registro de infractores de normas ambientales de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, en el cual se inscribirá a las personas físicas o
     jurídicas sancionadas en virtud de resolución firme.
     2.-Reglamentariamente se desarrollará este registro de infractores.
     Artículo 104.-Prestación ambiental sustitutoria.
     El órgano sancionador competente, a solicitud de la persona
     sancionada, podrá autorizar la sustitución de las multas, una vez que
     adquieran firmeza, por una actuación de restauración, conservación o
     mejora ambiental de valor equivalente a la cuantía de la multa. 
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Creación de las comisiones técnicas de calificación.
     1.-Se crean las comisiones técnicas de calificación, como órganos
     colegiados dependientes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
     que asumen las competencias en materia de medio ambiente que tienen
     atribuidas las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
     2.-En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la
     presente Ley se regularán reglamentariamente su composición,
     competencias y régimen de funcionamiento, haciendo efectiva su
     constitución.
     Segunda.-Sustitución del procedimiento especial de autorización de
     construcciones en suelo no urbanizable por el procedimiento de
     autorización ambiental integrada.
     Para las instalaciones que se relacionan en el Anexo VI de esta Ley
     se sustituye el procedimiento especial de autorización de
     construcciones en suelo no urbanizable genérico previsto en la
     legislación urbanística por el procedimiento previsto en la presente
     Ley para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
     Tercera.-Tasas.
     1.-La realización de actividades y la prestación de los servicios
     administrativos relativos a los procedimientos previstos en la
     presente Ley devengarán las correspondientes tasas, que serán
     aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón o los entes locales
     según proceda.
     2.-Las tasas correspondientes a las actividades realizadas o a los
     servicios prestados por los entes locales, incluidos los
     desarrollados en el marco del procedimiento de autorización ambiental
     integrada, serán reguladas por las correspondientes ordenanzas
     fiscales.
     3.-La Comunidad Autónoma de Aragón establecerá una tasa por la
     realización de las actividades y servicios previstos para la
     calificación ambiental regulada en la presente Ley, cuyos elementos
     esenciales serán fijados en la ley autonómica correspondiente.
     Cuarta. Documentación en soporte papel y en soporte digital.
     La documentación a que se refieren los artículos 13.2, 14.1, 17.1,
     26.1, 28.1, 29.1 y 46.1 de la presente Ley, deberá ser presentada por
     el promotor tanto en soporte papel como en soporte digital. Las
     características técnicas y especificaciones del soporte digital se
     determinarán por el órgano ambiental competente.
     Quinta.-Planes integrales específicos.
     1.-Los promotores de proyectos relativos a actuaciones de creación o
     desarrollo de centros de esquí y montaña y de cualquier otra
     infraestructura asociada a los mismos, campos de golf asociados a
     desarrollos urbanísticos e infraestructuras de naturaleza turística o
     grandes complejos que requieran la ocupación de más de tres hectáreas
     de terreno o exijan una superficie construida superior a cinco mil
     metros cuadrados y que se ubiquen en suelo no urbanizable,
     denominados a los efectos de esta disposición, proyecto origen, que
     puedan tener repercusiones significativas sobre la ordenación del
     territorio, el urbanismo, el medio ambiente o las infraestructuras
     energéticas, deberán elaborar un plan integral específico en el que
     se contemplen todas aquellas actuaciones que vayan a realizar sobre
     el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-Reglamentariamente se determinará el contenido de los planes
     integrales específicos, que contendrá al menos los siguientes
     aspectos:
     a) Descripción detallada del proyecto origen.
     b) Descripción detallada de las actuaciones asociadas para la
     viabilidad y desarrollo efectivo del proyecto origen.
     c) Análisis de alternativas.
     d) Informe de sostenibilidad ambiental.
     3.-La tramitación de los planes integrales específicos incluirá un
     informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio de
     Aragón, que se realizará con carácter previo a la emisión de la
     memoria ambiental.
     4.-El órgano competente para la aprobación de los planes integrales
     específicos se determinará caso a caso por la Comisión Delegada del
     Gobierno para la Política Territorial.
     5.-El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, podrá ampliar los
     proyectos que deban someterse a la obligación de presentar un plan
     integral específico.
     Sexta.-Inaplicabilidad del Reglamento de actividades molestas,
     insalubres, nocivas y peligrosas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
     No es de aplicación en Aragón el Reglamento de actividades molestas,
     insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961,
     de 30 de noviembre, en los aspectos regulados en la presente Ley.
     Séptima.-Medios materiales y personales.
     El Gobierno de Aragón dotará al departamento competente en materia de
     medio ambiente de los medios materiales y personales suficientes para
     la correcta aplicación de la presente Ley.
     Octava.-Delegación de las funciones de inspección.
     Los ayuntamientos competentes para llevar a cabo actuaciones de
     control e inspección de las actividades incluidas en esta Ley, en el
     caso de que no dispongan de los medios técnicos suficientes para
     valorar la incidencia ambiental, podrán delegar el ejercicio de estas
     funciones en otras administraciones, de acuerdo con la normativa
     local.  DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Atribución de competencias a las comarcas.
     1.-La atribución efectiva a las comarcas de la competencia de
     calificación ambiental prevista en la presente Ley exigirá su previa
     transferencia por parte de la Comunidad Autónoma y su aceptación
     expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación
     reguladora de las comarcas.
     2.-Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación
     ambiental, corresponderá su ejercicio a las comisiones técnicas de
     calificación a que se refiere la disposición adicional primera.
     3.-Hasta la efectiva constitución de las comisiones técnicas de
     calificación, las Comisiones Provinciales de Ordenación del
     Territorio continuarán ejerciendo las competencias de medio ambiente
     que les atribuye la legislación.
     Segunda.-Régimen de adaptación aplicable a las instalaciones
     existentes.
     1.-Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en el
     artículo 4 s) de esta Ley, deberán adaptarse a la misma antes del 30
     de octubre de 2007, fecha en la que deberán contar con la pertinente
     autorización ambiental integrada.
     A estos efectos, si la solicitud de la autorización ambiental
     integrada se presentara antes del día 1 de enero de 2007 y el órgano
     competente para otorgarla no hubiera dictado resolución expresa sobre
     la misma con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior,
     las instalaciones existentes podrán continuar en funcionamiento de
     forma provisional hasta que se dicte dicha resolución, siempre que
     cumplan todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la
     normativa sectorial aplicable.
     2.-En el caso de modificaciones sustanciales de instalaciones
     existentes que tengan lugar antes del 30 de octubre de 2007, la
     solicitud de autorización ambiental integrada deberá ir referida solo
     a los aspectos afectados por la modificación siempre que sea posible
     una evaluación integrada independiente del resto de las
     instalaciones. En caso contrario, deberá someterse a autorización
     ambiental integrada la instalación en su conjunto.
     Tercera.-Régimen de las actividades clasificadas sin licencia.
     1.-Quienes a la entrada en vigor de esta Ley vinieren ejerciendo
     actividades de las consideradas clasificadas con arreglo a la
     presente Ley sin la correspondiente licencia, deberán solicitar la
     licencia ambiental de actividades clasificadas en el plazo de un año
     a partir de su entrada en vigor.
     2.-Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a
     aquellas actividades incluidas en el Anexo VI.
     3.-El plazo de un año previsto en el apartado primero no será de
     aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e
     instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de
     diciembre.
     Cuarta.-Procedimiento de evaluación ambiental de actividades
     clasificadas sin licencia.
     1.-Las actividades a que se refiere la anterior disposición que estén
     sometidas a evaluación de impacto ambiental con arreglo a lo previsto
     en la presente Ley, deberán ser objeto de evaluación por el Instituto
     Aragonés de Gestión Ambiental con carácter previo a la solicitud para
     la obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada.
     2.-Dicha evaluación se llevará a cabo con arreglo al siguiente
     procedimiento:
     a) El promotor deberá presentar ante el Instituto Aragonés de Gestión
     Ambiental un diagnóstico ambiental verificado por un organismo de
     control autorizado o un técnico competente que contendrá, al menos,
     la siguiente información:
     -Descripción de la actividad, que deberá incluir, entre otros datos,
     localización y dimensiones; instalaciones anexas; características de
     los procesos productivos, con indicación de la naturaleza y cantidad
     de los materiales utilizados; balance de materia y de energía y
     ocupación de suelo.
     -Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos
     generados, vertidos y emisiones contaminantes en todas sus formas, y
     de la gestión de los mismos, así como cualquier otro elemento
     derivado tanto de la actividad como de la fase de clausura o cese de
     la actividad.
     -En su caso, estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras
     y compensatorias, e indicación de impactos residuales, así como la
     estimación económica del coste de ejecución de las mismas.
     -Programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los
     controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y
     efectividad de las medidas propuestas, indicando la metodología y el
     cronograma de las mismas. Asimismo deberá incluirse un conjunto de
     indicadores tanto del grado de ejecución de las medidas correctoras y
     preventivas como del seguimiento de su efectividad.
     -Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
     b) El diagnóstico ambiental presentado será sometido a información
     pública por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por un plazo
     de veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
     c) El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a partir de la
     documentación presentada, procederá a evaluar la actividad y a emitir
     un informe en el que determinará, a los solos efectos ambientales, la
     conveniencia o no de la continuidad de la misma y, en caso favorable,
     las condiciones que, en su caso, deban adoptarse para lograr una
     adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
     d) Dicho informe deberá emitirse en el plazo máximo de cinco meses,
     contados a partir de la recepción por el Instituto Aragonés de
     Gestión Ambiental del mencionado diagnóstico ambiental. Transcurrido
     dicho plazo sin que se haya emitido el mencionado informe, se
     entenderá que el mismo es desfavorable.
     3.-El informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
     condicionará el otorgamiento ulterior de la licencia ambiental de
     actividad clasificada, debiéndose acompañar a la solicitud del
     titular.
     4.-El procedimiento previsto en la presente disposición no será de
     aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e
     instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de
     diciembre.
     Quinta.-Evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales.
     El procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos
     supramunicipales se llevará a cabo de conformidad con lo que
     establezca en cada caso la legislación urbanística.
     Sexta.-Procedimientos en curso.
     Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en
     vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente en
     el momento en que se iniciaron.
     Séptima.-Eficacia de las licencias otorgadas con anterioridad a la
     entrada en vigor de la Ley.
     Las licencias de actividades clasificadas otorgadas a la entrada en
     vigor de esta Ley, de conformidad con el Reglamento de actividades
     molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, aprobado por Decreto
     2414/1961, de 30 de noviembre, se entenderán, a los efectos de la
     presente Ley, como licencias ambientales de actividades clasificadas.
     DISPOSICIONES DEROGATORIAS
     Unica.
     1.-Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango,
     se opongan a lo establecido en la presente Ley.
     2.-Queda derogado el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
     espacios naturales protegidos de Aragón.
     3.-En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley
     continúan en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las
     siguientes normas:
     -Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de intervención de la
     Diputación General en materia de actividades molestas, insalubres,
     nocivas y peligrosas.
     -Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo,
     Obras Públicas y Transportes, por la que se regula la exención del
     trámite de calificación o informe de determinadas actividades por las
     Comisiones Provinciales de Medio Ambiente.
     -Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo,
     Obras Públicas y Transportes, sobre documentación que acompaña a la
     solicitud de licencia para ejercicio de actividades sometidas al
     Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
     y regulación del trámite de visita de comprobación para el ejercicio
     de tales actividades.
     -Decreto 216/1993, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el
     Reglamento del Consejo y de las Comisiones Provinciales de Ordenación
     del Territorio.
     -Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de procedimiento de evaluación de
     impacto ambiental.
     DISPOSICIONES FINALES
     Primera.-Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación
     y participación en la gestión del agua de Aragón.
     1.-Se da una nueva denominación al título del artículo 13 de la Ley,
     que pasa a ser el siguiente:
     «Artículo 13.-Evaluación ambiental de planes y programas y evaluación
     de impacto ambiental de proyectos.»
     2.-Se da una nueva redacción al apartado primero del artículo 13 de
     la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
     «1.-Los planes y programas regulados en esta Ley estarán sujetos al
     procedimiento de evaluación ambiental en los términos establecidos en
     la normativa reguladora de dicha técnica.  Asimismo, los proyectos
     parciales o cualquier actuación a realizar en su ejecución, incluso
     aquellos que se ejecuten en ausencia de planeamiento, estarán sujetos
     a evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos en la
     normativa reguladora de dicha técnica.»
     Segunda.-Modificación de Anexos.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para que, mediante Decreto, pueda
     modificar los Anexos de esta Ley con la finalidad de adaptarlos a la
     normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de
     carácter técnico.
     Tercera.-Actualización de la cuantía de las multas.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar, mediante Decreto,
     la cuantía de las multas previstas en la presente Ley.
     Cuarta.-Habilitación.
     Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones
     sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
     Quinta.-Entrada en vigor.
     La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en
     el «Boletín Oficial de Aragón».
     Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y
     los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
     Zaragoza, 22 de junio de 2006.
     El Presidente del Gobierno de Aragón MARCELINO IGLESIAS RICOU
     ANEXO I
     Planes y programas
     sometidos a evaluación ambiental
     en la Comunidad Autónoma de Aragón
     1.-Planes y programas que establezcan el marco para la autorización
     en el futuro de proyectos susceptibles de ser sometidos a evaluación
     de impacto ambiental y que se elaboren con respecto a:
     a) Agricultura y ganadería.
     b) Silvicultura.
     c) Acuicultura y pesca.
     d) Energía.
     e) Industria.
     f) Minería.
     g) Transporte.
     h) Gestión de residuos.
     i) Gestión de recursos hídricos.
     j) Telecomunicaciones, en especial, los planes de cobertura o
     despliegue de estaciones base que operen con radiofrecuencias.
     k) Turismo.
     l) Ordenación del territorio urbano y rural.
     m) Planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones.
     2.-Planes urbanísticos que se someten a evaluación ambiental previo a
     su análisis caso a caso:
     a) Modificaciones menores del planeamiento urbanístico general que
     afecten al suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no delimitado.
     b) Planes Parciales cuyo ámbito territorial sea superior a 50
     hectáreas que afecten al suelo urbanizable no delimitado.  ANEXO II
     Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 24
     GRUPO 1.-AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS
     Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves
     transformaciones ecológicas negativas, con un área afectada superior
     a 50 ha.
     Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves
     transformaciones ecológicas negativas, que se desarrollen en zonas
     designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de
     2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de
     la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
     conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
     silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de
     Ramsar.
     Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del
     suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una
     superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la
     corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta
     años.
     Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la
     explotación agrícola intensiva con una ocupación de superficie mayor
     de 100 hectáreas, o mayor de 50 hectáreas en el caso de terrenos en
     los que la pendiente media sea igual o superior al 20 por 100.
     Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la
     explotación agrícola intensiva, con ocupación de superficie mayor de
     10 hectáreas, que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de
     la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la
     conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del
     Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
     naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos
     en la lista del Convenio de Ramsar.
     Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con
     inclusión
     de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a
     una superficie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos
     de consolidación y mejora de regadíos.
     Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con
     inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando
     afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas desarrollándose en
     zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
     Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
     silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
     relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
     flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio
     de Ramsar.
     Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes
     capacidades:
     1.ª 40.000 plazas para gallinas.
     2.ª 55.000 plazas para pollos.
     3.ª 25.000 plazas para pavos.
     4.ª 40.000 plazas para patos u ocas.
     5.ª 1.000 plazas para avestruces.
     6.ª 200.000 plazas para perdices.
     7.ª 600.000 plazas para codornices.
     8.ª 2.000 plazas para cerdos de engorde.
     9.ª 750 plazas para cerdas de cría.
     10.ª 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
     11.ª 300 plazas para ganado vacuno de leche.
     12.ª 600 plazas para vacuno de cebo.
     13.ª 20.000 plazas para conejos.
     Concentraciones parcelarias que se desarrollen en zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
     GRUPO 2.-INDUSTRIA EXTRACTIVA PROYECTOS
     Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo
     abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las
     secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley
     de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las
     circunstancias siguientes:
     1.ª Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere
     las 25 hectáreas.
     2.ª Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior
     a 200.000 metros cúbicos/año.
     3.ª Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático,
     tomando como nivel de referencia el más elevado entre las
     oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de la
     recarga de acuíferos superficiales o profundos.
     4.ª Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial,
     fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas
     que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico
     para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Explotación de
     depósitos marinos.
     5.ª Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras
     nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000
     habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales
     núcleos.
     6.ª Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos
     declarados con arreglo a la Ley 6/1998, de Espacios Naturales de
     Aragón, o a la legislación estatal, o en un área que pueda
     visualizarse desde cualquiera de sus límites establecidos, o que
     supongan un menoscabo a sus valores naturales.
     7.ª Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por
     oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a
     los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u
     otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la
     salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros,
     explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran
     tratamiento por lixiviación «in situ» y minerales radiactivos.
     8.ª Explotaciones que se desarrollen en zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, cuando la
     superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5 ha,
     o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público
     hidráulico, o en la zona de policía de un cauce.
     9.ª Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones
     anteriores, se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área
     que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de
     cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
     En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras
     necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o
     residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico
     (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de
     machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).
     Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de
     las circunstancias siguientes:
     1.ª Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o
     disolución, producir aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios
     en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan una
     alteración del medio natural.
     2.ª Que exploten minerales radiactivos.
     3.ª Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro
     (medido en plano) de distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir
     riesgos por subsidencia.
     En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras
     necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o
     residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico
     (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de
     machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).
     Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas
     húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas
     79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000
     metros cúbicos/año.
     Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando la
     cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del
     petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas, por
     concesión.
     GRUPO 3.-INDUSTRIA ENERGETICA PROYECTOS
     Refinerías de petróleo y gas:
     a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
     b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del
     gas natural y gases licuados del petróleo.
     Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión
     superior a 50 MW:
     a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen
     ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión
     de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
     b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de
     vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión
     existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
     Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el
     desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores
     (con exclusión de las instalaciones de investigación para la
     producción y transformación de materiales fisionables y fértiles,
     cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua). Las
     centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse
     como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear
     y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada
     de modo definitivo del lugar de la instalación.
     Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
     Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:
     1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
     2.º El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de
     alta actividad.
     3.º El depósito final del combustible nuclear irradiado.
     4.º Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos
     radiactivos.
     5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado) para un periodo
     superior a diez años de combustibles nucleares irradiados o de
     residuos radiactivos en lugar distinto del de producción.
     Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más
     de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
     Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más
     de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros que se
     desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva
     79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
     las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
     de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
     fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar.
     Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica
     con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15
     kilómetros.
     Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una
     longitud superior a 3 kilómetros que se desarrollen en zonas
     designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de
     2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de
     la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
     conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
     silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de
     Ramsar
     Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos
     mayores de 100.000 toneladas.
     Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la
     producción de energía (parques eólicos) que tengan 25 o más
     aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro
     parque eólico.
     Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores que se
     desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva
     79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
     las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
     de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
     fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar.
     Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica que se
     desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva
     79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
     las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
     de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
     fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar.
     Instalaciones para la producción de energía eléctrica, a partir de
     energía solar, destinada a su venta en la red, que se desarrollen en
     zonas especialmente sensibles designadas en la aplicación de la
     Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la
     conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del
     Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
     naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos
     en la lista del Convenio de Ramsar.
     Proyectos de urbanizaciones incluidas, la construcción de centros
     comerciales y aparcamientos de más de 200 plazas superiores a 10
     hectáreas o fuera de zonas urbanas.
     GRUPO 4.-INDUSTRIA SIDERURGICA Y DEL MINERAL. PRODUCCION Y
     ELABORACION DE METALES PROYECTOS
     Plantas siderúrgicas integrales.
     Instalaciones para la producción de amianto y para la fabricación de
     productos basados en el amianto.
     Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos
     (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de
     fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
     Instalaciones para la elaboración y transformación de metales
     ferrosos en que se realice alguna de las actividades siguientes:
     1.ª Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de
     acero en bruto por hora.
     2.ª Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50
     kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea
     superior a 20 MW.
     3.ª Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una
     capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por
     hora.
     Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de
     más de 20 toneladas por día.
     Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a
     partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias
     mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electroquímicos.
     Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, incluida la
     aleación, así como los productos de recuperación (refinado, moldeado
     en fundición), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para
     el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por
     día.
     Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y
     materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico,
     cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas
     al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.
     Instalaciones de calcinación o de sinterización de minerales
     metálicos, incluido el mineral sulfuroso.
     Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos
     rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas
     diarias, o de clínker en hornos de otro tipo, con una capacidad de
     producción superior a 50 toneladas por día.  Instalaciones para la
     fabricación de cal en hornos rotatorios, o de otro tipo, con una
     capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
     Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de
     vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
     Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la
     producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición
     superior a 20 toneladas por día.
     Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante
     horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios,
     azulejos, gres o porcelana, con una capacidad de producción superior
     a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado de más de 4
     metros cúbicos y más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad
     de carga por horno.
     Coquerías (destilación seca del carbón).
     Instalaciones de gasificación y licuefacción del carbón y pizarras
     bituminosas.
     GRUPO 5.-INDUSTRIA QUIMICA, PETROQUIMICA, TEXTIL Y PAPELERA PROYECTOS
     1.ª Fabricación a escala industrial mediante transformación química
     de los productos siguientes:
     a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o
     insaturados), alifáticos o aromáticos).
     b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehidos,
     cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos,
     resinas, epóxidos.
     c) Hidrocarburos sulfurados.
     d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas,
     compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e
     isocianatos.
     e) Hidrocarburos fosforados.
     f) Hidrocarburos halogenados.
     g) Compuestos orgánicos metálicos.
     h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a
     base de celulosa).
     i) Cauchos sintéticos.
     j) Colorantes y pigmentos.
     k) Tensoactivos y agentes de superficie.
     l) Cualquier otro producto químico orgánico.
     2.ª Fabricación a escala industrial mediante transformación química
     de los productos siguientes:
     a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de
     hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono,
     los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el
     dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
     b) Acidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico,
     el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido
     sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
     c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el clorato
     potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa),
     los perboratos, el nitrato argéntico.
     d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato
     potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (soda),
     los perboratos, el nitrato argéntico.
     e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como
     el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
     f) Cualquier otro producto químico inorgánico.
     3.ª La producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o
     potasio (fertilizantes simples o compuestos).
     4.ª La producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas.
     5.ª La producción de productos farmacéuticos básicos mediante un
     proceso químico o biológico.
     6.ª La producción de explosivos.
     Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de
     más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros.
     Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de
     más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros que se
     desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva
     79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
     las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
     de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
     fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar.
     Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos
     con una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas.
     Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado,
     blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos
     textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas
     diarias.
     Plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de
     tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
     Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y
     cartón con una capacidad de producción superior a 20 toneladas
     diarias.
     Plantas industriales para la producción de pasta de papel a partir de
     madera o de otras materias fibrosas.
     Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una
     capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
     Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de
     objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en
     particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y
     desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos
     o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 kg de
     disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
     Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o
     electrografito por combustión o grafitación.
     GRUPO 6.-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS
     Carreteras:
     1.º Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras
     convencionales de nuevo trazado.
     2.º Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías,
     vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una
     longitud continuada de más de 10 kilómetros.
     3.º Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su
     transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en
     una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
     4.º Circunvalaciones y variantes de población significativas.
     Construcción de líneas de ferrocarril de largo recorrido.
     Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de
     una longitud de, al menos, 2.100 metros.
     Construcción de aeródromos que se desarrollen en zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
     Centros de esquí y montaña, pistas de esquí, remontes y teleféricos y
     construcciones asociadas a todos estos proyectos.
     Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas
     urbanas y construcciones asociadas que se desarrollen en zonas
     designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de
     2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de
     la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
     conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
     silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de
     Ramsar.
     GRUPO 7.-PROYECTOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y DE GESTION DEL AGUA
     PROYECTOS
     Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o
     almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de
     agua almacenada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos.
     Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuando el
     volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 10.000.000
     de metros cúbicos.
     Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas
     fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería, en
     cualquiera de los siguientes casos:
     1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de
     agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 de
     metros cúbicos al año.
     2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción
     supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de
     agua trasvasada supere el 5 por 100 de dicho flujo.
     3.º En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que
     constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo
     II.
     Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad de
     tratamiento sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.
     Plantas de tratamiento de aguas residuales que se desarrollen en
     zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
     Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
     silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
     relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
     flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio
     de Ramsar.
     Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua cuando el
     volumen de agua extraída sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos.
     Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la
     longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de
     conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo que se desarrollen
     en zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
     Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
     silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
     relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
     flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio
     de Ramsar.
     Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales que
     se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la Directiva
     79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de
     las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
     de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
     fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del
     Convenio de Ramsar.
     GRUPO 8.-PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS PROYECTOS
     Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el
     artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así
     como las de eliminación de dichos residuos.
     Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida
     la gestión de aceites usados, de una capacidad de más de 10 toneladas
     por día.
     Instalaciones para la valorización energética de residuos por
     autogestores.
     Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de
     eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los
     vertederos, con una capacidad superior a 50 toneladas por día.
     Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, de
     una capacidad de más de 3 toneladas por hora.
     Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas
     por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas,
     excluidos los vertederos de residuos inertes.
     Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en los epígrafes
     anteriores que se desarrollen en zonas designadas en aplicación de la
     Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la
     conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del
     Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
     naturales y de la flora y fauna silvestres, o en humedales incluidos
     en la lista del Convenio de Ramsar.
     Vertederos de residuos inertes que ocupen más de una hectárea de
     superficie medida en verdadera magnitud, que se desarrollen en zonas
     designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de
     2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de
     la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
     conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
     silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de
     Ramsar.
     GRUPO 9.-INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTOS
     Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación,
     incluido el envasado y enlatado, de productos animales y vegetales,
     destinadas a la fabricación de productos alimenticios a partir de:
     a) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de
     producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
     b) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos
     acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
     Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la
     leche, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche
     superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
     Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con
     capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.
     Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o
     desechos de animales con capacidad de tratamiento superior a 10
     toneladas por día.
     GRUPO 10.-OTROS PROYECTOS PROYECTOS
     Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la
     cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a
     superficies superiores a 100 hectáreas.
     Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la
     cubierta vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies
     superiores a 10 hectáreas que se desarrollen en zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
     Parques temáticos.
     Campos de golf de superficie superior a 20 hectáreas, incluyendo las
     construcciones asociadas. Todos los campos de golf, incluyendo las
     construcciones asociadas, que se desarrollen en zonas designadas en
     aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
     Proyectos para la realización de las obras o instalaciones de
     cámpines ubicados en suelo no urbanizable, siempre que tengan una
     capacidad igual o superior a ochocientas plazas.
     Proyectos cuyo sometimiento a evaluación de impacto ambiental venga
     exigido por los planes de ordenación o los planes de gestión de los
     espacios naturales protegidos.
     NOTA: El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y
     realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de
     los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se
     acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
     considerados.  ANEXO III
     Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 24
     GRUPO 1.-AGRICULTURA, SILVICULTURA, ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE
     PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTOS
     Proyectos de concentración parcelaria (excepto los incluidos en el
     anexo II).
     Primeras repoblaciones forestales, cuando entrañen riesgos de graves
     transformaciones ecológicas negativas no incluidos en el anexo II.
     Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola
     intensiva no incluidos en el anexo II.
     Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con
     inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando
     afecten a una superficie mayor de 10 ha (proyectos no incluidos en el
     anexo II), o bien proyectos de consolidación o mejora de regadíos de
     más de 100 ha.
     Instalaciones para acuicultura intensiva que tengan una capacidad de
     producción superior a 150 toneladas al año.
     Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites
     vegetales y animales no incluidas en el anexo II, siempre que en la
     instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
     1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
     2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
     3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
     Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no
     incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación se den de
     forma simultánea las circunstancias siguientes:
     1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
     2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
     3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
     Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y
     almíbares no incluidas en el anexo II, siempre que en la instalación
     se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
     1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
     2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
     3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
     Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no
     incluidas en el anexo II, siempre que se den de forma simultánea las
     circunstancias siguientes:
     1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
     2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
     3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
     Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y
     aceite de pescado no incluidas en el anexo II, siempre que en la
     instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
     1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
     2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
     3.ª Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
     Azucareras con capacidad de tratamiento de materia prima superior a
     300 toneladas por día.
     GRUPO 2.-INDUSTRIA EXTRACTIVA PROYECTOS
     Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para
     investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
     1.º Perforaciones geotérmicas.
     2.º Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
     3.º Perforaciones para el abastecimiento de agua.
     Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de
     carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
     Explotaciones (no incluidas en el anexo II) que se hallen ubicadas en
     terrenos de dominio público hidráulico para extracciones superiores a
     20.000 metros cúbicos/año o en zona de policía de cauces y su
     superficie sea superior a 50.000 metros cuadrados.
     Dragados fluviales (no incluidos en el anexo II) cuando el volumen de
     producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos.
     GRUPO 3.-INDUSTRIA ENERGETICA PROYECTOS
     Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en
     el anexo II), excepto en suelo urbano, que tengan una longitud
     superior a 10 kilómetros.
     Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua
     caliente; transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas
     (proyectos no incluidos en el anexo II), cuya longitud sea superior a
     3 kilómetros.
     Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (cuando,
     según lo establecido en el anexo II, no lo exija cualquiera de las
     obras que constituye la instalación).
     Parques eólicos no incluidos en el anexo II.
     Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
     Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con
     capacidad superior a 100 metros cúbicos.
     Almacenamiento de gas natural sobre el terreno en tanques con
     capacidad unitaria superior a 200 toneladas.
     Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos
     radiactivos (no incluidos en el anexo II).
     Instalaciones para la producción de energía eléctrica, a partir de
     energía solar, destinada a su venta en la red, cuando no estén
     incluidas en el Anexo II y ocupen una superficie superior a 10
     hectáreas.
     GRUPO 4.-INDUSTRIA SIDERURGICA Y DEL MINERAL. PRODUCCION Y
     ELABORACION DE METALES PROYECTOS
     Instalaciones para la producción de fibras minerales artificiales no
     incluidas en el anexo II.
     Astilleros.
     Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
     Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
     Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y
     fabricación de motores para vehículos.
     Embutición por explosivos1.
     GRUPO 5.-INDUSTRIA QUIMICA, PETROQUIMICA, TEXTIL Y PAPELERA PROYECTOS
     Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos
     no incluidos en el anexo II.
     Producción de pinturas, barnices y elastómeros
     Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
     Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias
     explosivas.
     GRUPO 6.-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS
     Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo
     intermodal y de terminales intermodales no incluidas en el anexo II.
     Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo II).
     Proyectos de zonas industriales.
     Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros
     comerciales y aparcamientos.
     Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas
     similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o
     principalmente para el transporte de pasajeros.
     Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos
     motorizados.
     GRUPO 7.-PROYECTOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y DE GESTION DEL AGUA
     PROYECTOS
     Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o
     almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
     1.º Grandes presas, según se definen en el Reglamento técnico de
     seguridad de presas y embalses, cuando no estén incluidas en el anexo
     II.
     2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en
     el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o
     adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
     Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuyo volumen
     anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000 de metros
     cúbicos (proyectos no incluidos en el anexo II).
     Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas
     fluviales no incluidos en el anexo II cuando el volumen de agua
     trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan
     los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa
     de aguas depuradas.
     Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad de
     tratamiento superior a 10.000 habitantes-equivalentes (proyectos no
     incluidos en el anexo II).
     Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la
     longitud sea mayor de 40 kilómetros y la capacidad máxima de
     conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo (proyectos no
     incluidos en el anexo II).
     Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen
     nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos/día.
     Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior,
     obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes
     cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2
     kilómetros y no se encuentran en otro de los supuestos contemplados
     en este anexo III. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten
     para evitar el riesgo en zona urbana.
     GRUPO 8.-PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS PROYECTOS
     Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo II.
     Depósitos de lodos2.
     Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos
     desechados e instalaciones de desguace.
     GRUPO 9.-OTROS PROYECTOS PROYECTOS
     Proyectos para la realización de las obras o instalaciones de
     cámpines ubicados en suelo no urbanizable no incluidos en el Anexo
     II.
     Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros y extrahoteleros
     fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
     Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
     Los proyectos del anexo II que sirven exclusiva o principalmente para
     desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen
     por más de dos años.
     Proyectos que se lleven a cabo en suelo no urbanizable especial y que
     no estén previstos por las Directrices de Ordenación Territorial, los
     Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, la legislación
     sectorial o el planeamiento urbanístico.
     Cualquier proyecto no incluido en el anexo II que, individualmente o
     en combinación con otros proyectos, pueda afectar de forma apreciable
     directa o indirectamente a zonas designadas en aplicación de la
     Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la
     conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CE, del
     Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
     naturales y de la flora y fauna silvestres.
     Cualquier cambio o ampliación de los proyectos de los anexos II y
     III, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda
     tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es
     decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
     1.ª Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
     2.ª Incremento significativo de los vertidos a cauce público.
     3.ª Incremento significativo en la generación de residuos.
     4.ª Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
     5.ª Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación
     de la de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril,
     relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
     92/43/CE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
     los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, o a
     humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
     NOTA: El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y
     realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de
     los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se
     acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
     considerados.
     ANEXO IV
     Criterios para determinar
     la posible significación
     de las repercusiones sobre el medio ambiente
     A) Planes y programas
     1.-Características de los planes y programas, considerando en
     particular:
     a) La medida en que el plan o programa establece un marco para
     proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la
     naturaleza, las dimensi
     ones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de
     recursos.
     b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o
     programas, incluidos los que estén jerarquizados.
     c) La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos
     ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo
     sostenible.
     d) Problemas ambientales relacionados con el plan o programa.
     e) La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la
     legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.
     2.-Características de los efectos y del área previsiblemente
     afectada, considerando en particular:
     a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los
     efectos.
     b) El carácter acumulativo de los efectos.
     c) La naturaleza transfronteriza de los efectos.
     d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por
     ejemplo, a accidentes).
     e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica
     y tamaño de la población que pueda verse afectada).
     f) Las características geográficas de los territorios afectados
     (elementos del medio físico, población y poblamiento, actividades
     económicas y paisajes).
     g) El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a
     causa de:
     -Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.
     -La superación de estándares de calidad ambiental o de valores
     límite.
     -La explotación intensiva del suelo.
     h) Los efectos en zonas o parajes incluidos en el Anexo V.
     B) Proyectos y actividades
     1.-Características de los proyectos.
     Las características de los proyectos deberán considerarse, en
     particular, desde el punto de vista de:
     a) La magnitud del proyecto.
     b) La utilización de recursos naturales.
     c) La generación de residuos y aguas residuales.
     d) La contaminación producida.
     e) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias
     y las tecnologías aplicadas.
     f) La acumulación de sus efectos ambientales o de su riesgo de
     accidente con otros proyectos o actividades.
     g) Las actividades inducidas y complementarias que se generen.
     h) El consumo de agua y energía.
     2.-Ubicación de los proyectos.
     La sensibilidad ambiental y las características territoriales de las
     áreas que puedan verse afectadas por los proyectos o actividades
     deberán considerarse teniendo en cuenta, en particular:
     a) El uso existente del suelo.
     b) La abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos
     naturales del área.
     c) Redes de infraestructuras y la distribución de equipamientos.
     d) La capacidad de carga del medio en el que se ubique, con especial
     atención a las áreas siguientes:
     a. Zonas ambientalmente sensibles.
     b. Areas de montaña y de bosque.
     c. Areas en las que se hayan rebasado ya los objetivos de calidad
     medioambiental establecidos en la legislación comunitaria, estatal o
     autonómica.
     d. Areas de muy alta o muy baja densidad demográfica.
     e. Paisajes con significación histórica, cultural, natural o
     arqueológica.
     3.-Características de los impactos potenciales.
     Deben considerarse en relación con lo establecido en los puntos 1 y
     2, teniendo en cuenta en particular:
     a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la
     población).
     b) El carácter transfronterizo del impacto.
     c) La magnitud y complejidad del impacto.
     d) La probabilidad del impacto.
     e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
     ANEXO V
     Zonas ambientalmente sensibles
     A los efectos previstos en esta Ley, se consideran zonas
     ambientalmente sensibles:
     1.-Los espacios naturales protegidos, sus zonas periféricas de
     protección, así como el ámbito territorial de los planes de
     ordenación de los recursos naturales declarados al amparo de la
     normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     2.-Las zonas designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del
     Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
     silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
     relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
     fauna silvestres.
     3.-Los humedales de importancia internacional incluidos en el
     Convenio de Ramsar.
     4.-Reservas de la biosfera.
     5.-Areas comprendidas en los planes previstos en la normativa de
     protección de especies amenazadas.
     ANEXO VI
     Categorías de actividades e instalaciones
     contempladas en el artículo 40
     Nota: los valores umbral mencionados en cada una de las actividades
     relacionadas en la siguiente tabla se refieren, con carácter general,
     a capacidades de producción o a rendimientos.  Si un mismo titular
     realiza varias actividades de la misma categoría en la misma
     instalación o en el emplazamiento, se sumarán las capacidades de
     dichas actividades.
     1.-Instalaciones de combustión.
     1.1.-Instalaciones de combustión con una potencia térmica de
     combustión superior a 50 MW:
     a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen
     ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión
     de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
     b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de
     vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión
     existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
     1.2.-Refinerías de petróleo y gas:
     a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
     b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del
     gas natural y gases licuados del petróleo.
     1.3.-Coquerías.
     1.4.-Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón.
     2.-Producción y transformación de metales.
     2.1.-Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales
     metálicos incluido el mineral sulfuroso.
     2.2.-Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos
     (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes
     instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5
     toneladas por hora.
     2.3.-Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
     a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de
     acero bruto por hora.
     b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50
     kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea
     superior a 20 MW.
     c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una
     capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por
     hora.
     2.4.-Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción
     de más de 20 toneladas por día.
     2.5.-Instalaciones:
     a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de
     minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante
     procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
     b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así
     como los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición)
     con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el
     cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
     2.6.-Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y
     materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico,
     cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas
     al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.
     3.-Industrias minerales.
     3.1.-Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos
     rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas
     diarias, o de clínker en hornos de otro tipo, con una capacidad de
     producción superior a 50 toneladas por día.  Instalaciones para la
     fabricación de cal en hornos rotatorios, o de otro tipo, con una
     capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
     3.2.-Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación
     de productos a base de amianto.
     3.3.-Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de
     vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
     3.4.-Instalaciones para la fundición de materiales minerales,
     incluida la fabricación de fibras minerales, con una capacidad de
     fundición superior a 20 toneladas por día.
     3.5.-Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos
     mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios,
     azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con
     una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una
     capacidad de horneado de más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de
     densidad de carga por horno.
     4.-Industrias químicas.
     La fabricación, a efectos de las categorías de actividades de esta
     Ley, designa la fabricación a escala industrial, mediante
     transformación química de los productos o grupos de productos
     mencionados en los epígrafes 4.1 a 4.6.
     4.1.-Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos
     orgánicos de base, en particular:
     a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o
     insaturados, alifáticos o aromáticos).
     b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos,
     cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos,
     resinas, epóxidos.
     c) Hidrocarburos sulfurados.
     d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas,
     compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e
     isocianatos.
     e) Hidrocarburos fosforados.
     f) Hidrocarburos halogenados.
     g) Compuestos orgánicos metálicos.
     h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a
     base de celulosa).
     i) Cauchos sintéticos.
     j) Colorantes y pigmentos.
     k) Tensioactivos y agentes de superficie.
     4.2.-Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos
     inorgánicos de base, como:
     a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de
     hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono,
     los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el
     dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
     b) Acidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico,
     el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido
     sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
     c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido
     potásico, el hidróxido sódico.
     d) Sales, como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el
     carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los
     perboratos, el nitrato argéntico.
     e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como
     el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
     4.3.-Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a
     base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o
     compuestos).
     4.4.-Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base
     fitofarmacéuticos y de biocidas.
     4.5.-Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o
     biológico para la fabricación de medicamentos de base.
     4.6.-Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
     5.-Gestión de residuos.
     Se excluyen de la siguiente enumeración las actividades e
     instalaciones en las que, en su caso, resulte de aplicación lo
     establecido en el artículo 14 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
     Residuos, excepto en el supuesto contemplado en el apartado 5.4.
     5.1.-Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos,
     incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de
     dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una
     capacidad de más de 10 toneladas por día.
     5.2.-Instalaciones para la incineración de los residuos municipales,
     de una capacidad de más de 3 toneladas por hora.
     5.3.-Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos,
     en lugares distintos de los vertederos, con una capacidad de más de
     50 toneladas por día.
     5.4.-Instalaciones para la valorización energética de residuos por
     autogestores.
     5.5.-Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10
     toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000
     toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes.
     6.-Industria del papel y cartón.
     6.1.-Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:
     a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas.
     b) Papel y cartón con una capacidad de producción de más de 20
     toneladas diarias.
     6.2.-Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una
     capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
     7.-Industria textil.
     Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado,
     blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos
     textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas
     diarias.
     8.-Industria del cuero.
     Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de
     tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.
     9.-Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
     9.1.-Instalaciones para:
     a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50
     toneladas/día.
     b) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de
     productos alimenticios a partir de:
     b-1) Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de
     producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
     b-2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de
     productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio
     trimestral).
     c) Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de
     leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
     9.2.-Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de
     canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento
     superior a 10 toneladas/día.
     9.3.-Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o
     de cerdos que dispongan de más de:
     a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras.
     b) 75.000 pollos de engorde.
     c) 40.000 patos u ocas.
     d) 25.000 pavos.
     e) 1.000 avestruces.
     f) 200.000 perdices.
     g) 600.000 codornices.
     h) 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg).
     i) 750 emplazamientos para cerdas.
     10.-Consumo de disolventes orgánicos.
     Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de
     objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en
     particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y
     desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos
     o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 kg de
     disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
     11.-Industria del carbono.
     Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o
     electrografito por combustión o grafitación.
     ANEXO VII
     Actividades excluidas de licencia ambiental
     de actividades clasificadas
     a) Actividades de comercio al por menor, siempre que la potencia
     mecánica instalada no supere los 15 kW y su superficie no supere los
     300 m2:
     1.-Alimentación.
     2.-Bebidas y tabaco.
     3.-Maquinaria y equipo mecánico.
     4.-Máquinas de oficina y ordenadores.
     5.-Maquinaria y material eléctrico.
     6.-Material electrónico.
     7.-Accesorios y piezas de recambio para vehículos automóviles,
     motocicletas y bicicletas, excepto aceites y grasas.
     8.-Instrumentos de precisión, óptica y similares.
     9.-Productos de la industria textil.
     10.-Productos de la industria del cuero.
     11.-Productos de la industria del calzado y del vestido y de otras
     confecciones textiles.
     12.-Productos de las industrias de madera, corcho y muebles de madera
     y metálicos.
     13.-Productos de la industria del papel y artículos de papel, artes
     gráficas y edición.
     14.-Productos de las industrias de transformación del caucho y
     materias plásticas.
     15.-Productos de otras industrias manufactureras (joyería, bisutería,
     instrumentos de música, instrumentos fotográficos, juguetes y
     artículos de deporte).
     16.-Productos de ferretería, droguería y perfumería, higiene y
     belleza.
     17.-Prensa periódica, libros y revistas.
     18.-Productos artesanales.
     19.-Productos de jardinería, materiales de construcción y similares.
     20.-Distribución de películas y alquiler de material de video y
     cinematográfico.
     21.-Floristerías.
     22.-Armerías.
     b) Actividades industriales:
     1.-Talleres auxiliares de construcción de albañilería,
     escayolistería, cristalería, electricidad, fontanería, calefacción y
     aire acondicionado, siempre que su potencia mecánica instalada no
     supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
     2.-Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, y otros
     afines a los anteriormente indicados, siempre que su potencia
     mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a
     200 m2.
     3.-Talleres de confección, cestería, encuadernación y afines, siempre
     que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su
     superficie sea inferior a 200 m2.
     4.-Talleres de confección, sastrería, peletería, géneros de punto,
     carpintería y guarnicionería, siempre que su potencia mecánica
     instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
     5.-Talleres de reparación de electrodomésticos, maquinaria de oficina
     y maquinaria asimilable, siempre que su potencia mecánica instalada
     no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.
     6.-Talleres de reparación de calzado, siempre que su potencia
     mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a
     200 m2.
     c) Actividades agropecuarias:
     1.-Corrales domésticos, entendiendo por tales las instalaciones
     pecuarias cuya capacidad no supere 2 cabezas de ganado vacuno o
     equino, 3 cerdos de cebo, 4 cabezas de ganado ovino o caprino, 10
     conejas madres y 30 aves.
     2.-Instalaciones para cría o guarda de perros, susceptibles de
     albergar como máximo 2 perros mayores de tres meses.
     3.-Actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas,
     siempre que no cuenten con sistemas de refrigeración y/o sistemas
     forzados de ventilación, que como máximo contengan 2.000 litros de
     gasóleo u otros combustibles.
     4.-Actividades trashumantes de ganadería e instalaciones fijas en
     cañadas o sus proximidades ligadas a estas actividades y que se
     utilizan únicamente en el desarrollo de la trashumancia.
     d) Otras actividades:
     1.-Actividades de hostelería, siempre que su potencia mecánica
     instalada no supere los 15 kW y su superficie sea inferior a 300 m2,
     excepto bares musicales, discotecas y otras actividades hosteleras
     con equipos de sonido.
     2.-Centros e instalaciones de turismo rural.
     3.-Residencias de ancianos, centros de día y guarderías infantiles.
     4.-Centros y academias de enseñanza, excepto de baile, música y
     canto.
     5.-Despachos profesionales, gestorías y oficinas.
     6.-Peluquerías, saunas, institutos de belleza y similares, siempre
     que su superficie no supere los 200 m2.
     7.-Actividades de almacenamiento de objetos y materiales, siempre que
     su superficie sea inferior a 500 m2, excepto las de productos
     químicos o farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes,
     plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras o neumáticos.
     8.-Garajes para estacionamiento de vehículos excepto los comerciales.
     9.-Antenas de telecomunicaciones.