SECCION BOA I. Disposiciones Generales
Rango: Decreto
Fecha de disposición: 20030722
Fecha de Publicacion: 06/08/2003
Número de boletín: 96
Número marginal: 2222
Subsección:
Organo emisor: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Titulo: DECRETO 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón.

Texto
     DECRETO 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
     se aprueba el Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de
     diciembre, de Carreteras de Aragón.
     La disposición final primera de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de
     Carreteras de Aragón, autoriza al Gobierno para aprobar, mediante
     Decreto, el Reglamento General de Carreteras de Aragón, en desarrollo
     de la mencionada norma.
     El presente Reglamento tiene por objeto cumplir esta habilitación,
     con el objetivo de completar y desarrollar el contenido de la Ley. A
     esos efectos y como la propia Ley de que este Reglamento trae causa,
     debe entenderse su promulgación dentro de las competencias exclusivas
     de la Comunidad Autónoma en el ámbito de las carreteras atribuidas
     por el art. 35.1.9 del Estatuto de Autonomía aprobado por LO 8/1982,
     de 10 de agosto, reformado por la LO 6/1994, de 24 de marzo y por la
     LO 5/1996, de 30 de diciembre.
     La aprobación de la presente norma se explica también dentro de la
     voluntad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de prestar una
     decidida atención hacia un sector de actuación pública como el de las
     carreteras, que tiene en la actualidad una trascendencia
     extraordinaria para la vida de los ciudadanos y para el desarrollo
     económico, social y cultural de Aragón.
     Ello es así porque en una Comunidad Autónoma que se caracteriza por
     contar con una peculiar orografía y con un mapa demográfico muy
     heterogéneo, con determinadas zonas muy urbanizadas pero con otras
     muchas sometidas a un progresivo proceso de despoblación, el sistema
     viario constituye un instrumento imprescindible para el logro de un
     equilibrio territorial y socioeconómico entre sus diferentes comarcas
     y sectores.
     En este contexto, las competencias de la Comunidad Autónoma se
     extienden en este ámbito a las carreteras que discurren íntegramente
     por el territorio de Aragón. Eso determina que las grandes vías de
     comunicación viaria que transcurren por Aragón sean competencia del
     Estado. Sin embargo y desde un punto de vista cuantitativo, de los
     más de 10.000 kilómetros de carreteras existentes en el territorio
     aragonés, la red autonómica supera los 5.400 y la local los 2.500,
     sirviendo ambas como instrumento de unión entre muchas comarcas de la
     Comunidad Autónoma y entre una mayoría importante de sus municipios,
     muchos de los cuales tienen un tamaño mediano o pequeño. Todo lo cual
     permite apreciar el valor nada despreciable sino, por el contrario,
     muy sustantivo de la competencia exclusiva poseída por la Comunidad
     Autónoma.
     De la situación que acaba de exponerse se deriva una clara
     consecuencia en el campo jurídico: la Comunidad Autónoma de Aragón
     necesita contar con un conjunto de instrumentos normativos que le
     permitan gestionar en las mejores condiciones posibles su importante
     red de carreteras, teniendo en cuenta las peculiaridades que acaban
     de ser expuestas. Y ello exige sin duda alguna la aprobación de un
     Reglamento General de carreteras que contenga un régimen jurídico de
     las carreteras autonómicas y locales que permita a sus
     Administraciones titulares una actuación en óptimas condiciones que
     asegure una adecuada gestión y protección del dominio público viario.
     Junto a lo anterior, otro objetivo fundamental del presente
     Reglamento es salvaguardar el interés de los ciudadanos que se
     relacionan con la Administración en este ámbito. Estos ciudadanos
     deben contar con un grado de seguridad jurídica suficiente, a cuyos
     efectos una regulación más detallada de los supuestos de hecho y de
     los aspectos organizativos y procedimentales ya contemplados en la
     Ley debe contribuir a delimitar el necesario margen de
     discrecionalidad con el que la Administración tiene que actuar en
     muchas de estas ocasiones.
     En otro orden de cosas, la estructura de la presente norma es
     idéntica a la de la Ley a la que desarrolla, pero con una división en
     Capítulos más detallada y con la introducción de secciones en algunos
     de ellos. El objetivo es conseguir una norma totalizadora de la
     intervención administrativa de la Comunidad que permita, al tiempo,
     distinguir claramente aquellos de sus preceptos que son directa
     transcripción de los previamente existentes en la Ley en relación a
     aquellos otros donde se muestra el ejercicio de la potestad
     reglamentaria del Gobierno.
     En cuanto a los aspectos específicos regulados en este Reglamento, se
     ha procurado llevar a cabo una concreción mayor en relación con los
     diferentes conceptos que aparecen a lo largo de la Ley, tanto en sus
     disposiciones generales, relativas al concepto y clases de
     carreteras, dentro de los diferentes tipos de Redes, como también en
     los diferentes Títulos; el objetivo, es obvio, es facilitar el
     trabajo de aplicación de la legislación de carreteras por los
     operadores jurídicos. Ello afecta especialmente a la regulación de
     las actuaciones administrativas relacionadas con la planificación, la
     financiación, construcción y explotación, con el uso y la defensa de
     las carreteras, con las travesías y los tramos urbanos, y con las
     infracciones y sanciones, entre otras materias.
     Por otra parte, también parecía conveniente desarrollar los aspectos
     procedimentales y organizativos contenidos en la Ley que, por su
     contenido más detallado deben encontrarse regulados en una norma con
     rango reglamentario. Ello es particularmente advertible en materias
     como la planificación viaria y sus diferentes instrumentos, la
     coordinación entre Administraciones públicas en las diferentes
     técnicas de actuación que se regulan a la largo de la Ley, o la
     construcción y explotación de las carreteras.
     Además, de un modo muy particular, la práctica de la actuación de las
     Administraciones aragonesas titulares de carreteras en ámbitos como
     las autorizaciones y licencias necesarias en las diferentes zonas de
     protección, hace necesario también regular un procedimiento completo,
     que permita a aquéllas actuar con el grado suficiente de agilidad y
     al mismo tiempo de seguridad jurídica, en sectores de actuación donde
     la posición de los ciudadanos que se relacionan con la Administración
     necesita de un marco normativo que les otorgue unas garantías
     suficientes, al tratarse de actuaciones que en muchos casos limitan
     su esfera jurídica.
     Junto a ello, la regulación de las travesías y los tramos urbanos
     contenida en la Ley debe completarse con una referencia singular a
     los supuestos de hecho y al procedimiento para llevar a cabo la
     entrega de estas vías a los Ayuntamientos, en especial en los casos
     en donde sean construidas variantes o carreteras de circunvalación,
     que descongestionen el tráfico de los núcleos urbanos y aumenten así
     la seguridad de los habitantes de éstos.
     En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
     Transportes y Urbanismo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión
     Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa deliberación del
     Gobierno de Aragón en su reunión del día 22 de julio de 2003.
     DISPONGO:
     Artículo único.
     Se aprueba el Reglamento General de Carreteras de Aragón, para la
     ejecución de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, que se inserta como
     Anexo.
     Disposición transitoria Unica.
     1. A los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada
     en vigor del presente Reglamento en los que no haya recaído
     resolución se continuarán aplicando las normas vigentes en el momento
     de su iniciación.
     2. Se exceptúa de lo indicado en el apartado anterior el supuesto de
     los procedimiento sancionatorios en aquellos puntos en donde se
     amplíen de cualquier forma las garantías del imputado.
     3. Lo indicado en este precepto se entiende sin perjuicio de la
     aplicación de las normas derivadas de la legislación básica del
     procedimiento administrativo en la forma indicada por ésta.
     Disposición derogatoria.
     Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior jerarquía se
     opongan a lo preceptuado por el Reglamento aprobado por este Decreto.
     Disposición final primera.-Autorización normativa.
     Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
     para aprobar, por sí o conjuntamente con los titulares de los demás
     Departamentos competentes por razón de la materia, las disposiciones
     necesarias para el desarrollo y la aplicación e interpretación de lo
     dispuesto en este Decreto.
     Disposición final segunda.-Entrada en vigor.
     Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
     en el «Boletín Oficial de Aragón».
     El Presidente, MARCELINO IGLESIAS RICOU
     El Consejero de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes, JAVIER VELASCO RODRIGUEZ
     ANEXO REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGON
     INDICE:
     TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES.
     CAPITULO I.-CONCEPTO Y CLASES DE CARRETERAS.
     CAPITULO II.-REDES DE CARRETERAS Y CAMBIO DE TITULARIDAD.
     CAPITULO III.-CATALOGO, SEGURIDAD VIARIA Y COORDINACION.
     TITULO II.-DE LAS COMPETENCIAS.
     TITULO III.-PLANIFICACION.
     CAPITULO I.-DEL PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGON.
     CAPITULO II.-DE LOS PLANES DE CARRETERAS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
     CAPITULO III.-COORDINACION Y RELACION CON OTROS PLANES.
     CAPITULO IV.-SEÑALIZACION TURISTICA Y PASO DE GANADO QUE AFECTEN A
     CARRETERAS.
     CAPITULO V.-COMPETENCIAS TECNICAS.
     TITULO IV.-DE LA FINANCIACION Y DE LA CONSTRUCCION.
     CAPITULO I.-DE LA FINANCIACION
     CAPITULO II.-DE LA CONSTRUCCION.
     TITULO V.-DE LA EXPLOTACION DE LAS CARRETERAS.
     CAPITULO I.-FUNCIONES Y FORMAS DE EXPLOTACION.
     CAPITULO II.-AREAS DE SERVICIO Y OTRAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.
     TITULO VI.-DEL USO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS.
     CAPITULO I.-DEL USO DE LAS CARRETERAS.
     Sección 1ª.-Zona de dominio público.
     Sección 2ª.-Zona de servidumbre.
     Sección 3ª.-Zona de afección.
     Sección 4ª.-Línea límite de edificación.
     Sección 5ª.-Autorizaciones en las diferentes zonas, fuera de los
     tramos urbanos.
     Sección 6ª.-Publicidad y carteles informativos.
     Sección 7ª.-Expropiaciones y accesos.
     Sección 8ª.-Protección de la legalidad viaria.
     CAPITULO II.-DE LA DEFENSA DE LAS CARRETERAS.
     TITULO VII.-DE LAS TRAVESIAS Y DE LOS TRAMOS URBANOS.
     TITULO VIII.-DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
     CAPITULO I.-ACTIVIDAD INSPECTORA DE LA ADMINISTRACION.
     CAPITULO II.-INFRACCIONES Y SANCIONES.
     Disposiciones adicionales.
     Disposiciones transitorias.
     TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES
     CAPITULO I.-CONCEPTO Y CLASES DE CARRETERAS
     Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación.
     1. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley
     8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, en todo lo que
     se refiere a la planificación, proyección, construcción,
     conservación, financiación, explotación y uso de las carreteras que
     discurran íntegramente por el territorio de Aragón y no sean de
     titularidad del Estado.
     2. El Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales y los
     Municipios, aplicarán este Reglamento a las carreteras de su
     respectiva titularidad. (Del artículo 2 de la Ley).
     Artículo 2.-Concepto y técnicas de intervención administrativa.
     1. Se considerarán carreteras las vías de dominio y uso público
     proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de
     vehículos automóviles (Artículo 3.1 de la Ley).
     2. Como consecuencia de su calificación como bienes de dominio
     público, a las carreteras reguladas en el presente Reglamento se
     aplicará el régimen propio de este tipo de bienes, en especial el
     relativo a su utilización, defensa y protección en lo no regulado
     específicamente en este Reglamento.
     3. Para su proyección y planificación se aplicarán a las carreteras
     las previsiones relativas al contrato de obras.
     4. En todo caso se aplicará el régimen propio del servicio público
     cuando el régimen de explotación de las carreteras sea el de gestión
     indirecta.
     Artículo 3.-Clases de carreteras.
     Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas,
     autovías, vías rápidas y carreteras convencionales.  (Artículo 3.2 de
     la Ley).
     Artículo 4.-Autopistas.
     1. Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas,
     construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación de
     automóviles y reúnen las siguientes características:
     a) No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
     b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o
     tranvía, ni ser cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o
     servidumbre de paso alguna.
     c) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación,
     separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter
     temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o,
     en casos excepcionales, por otros medios.  (Artículo 3.3 de la Ley).
     2. También serán características de las autopistas:
     a) Disponer siempre de vías de aceleración y deceleración en las
     incorporaciones y salidas, respectivamente.
     b) No poder circular por ellas ciclistas, peatones, tractores y
     vehículos no automóviles, tracción animal, ciclomotores.
     Artículo 5.-Autovías.
     Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de
     las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la
     circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes
     (Artículo 3.4 de la Ley).
     Artículo 6.-Vías rápidas.
     Son vías rápidas las carreteras de una sola calzada y con limitación
     total de accesos a las propiedades colindantes (Artículo 3.5 de la
     Ley).
     Artículo 7.-Carreteras convencionales.
     Son carreteras convencionales las que no reúnen las características
     propias de las autopistas, autovías y vías rápidas (Artículo 3.6 de
     la Ley).
     Artículo 8.-Cruces con otras vías.
     1. Las autovías y vías rápidas carecerán de pasos y cruces al mismo
     nivel con otras vías de comunicación o con cualquier servidumbre de
     paso existente.
     2. Lo establecido en el apartado anterior será también objetivo de la
     gestión administrativa en relación con los demás tipos de carreteras
     regulados en el presente Reglamento, en especial respecto a los pasos
     a nivel con vías de ferrocarril.
     3. En este último caso, la Administración autonómica coordinará sus
     actuaciones con la Administración competente en materia de
     ferrocarriles y con las Entidades Locales por cuyo término municipal
     transcurra el cruce. Estas últimas procurarán facilitar la entrega de
     terrenos públicos o privados con el fin de construir puentes u otras
     posibles alternativas.
     Artículo 9.-Otras vías.
     1. A los efectos de este Reglamento, no tendrán la consideración de
     carreteras ni se incluirán, por lo tanto, en las redes a las que se
     refieren los artículos siguientes:
     a) Las vías que tengan la consideración de caminos municipales, así
     como todas aquellas que, sirviendo a la finalidad de la circulación y
     siendo de titularidad de alguna Administración pública, no puedan ser
     incluidas en el concepto de carreteras establecido en los artículos 3
     y siguientes del presente Reglamento. (Del artículo 6.1.a) de la
     Ley).
     b) Los caminos de servicio o acceso -incluidas las pistas
     forestales-, cualquiera que sea su titularidad, construidos como
     elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas
     a las que sirven, sin perjuicio de que, cuando existan razones de
     interés general y las circunstancias de dichos caminos lo permitan,
     pueda acordarse su apertura al uso público de forma temporal o
     definitiva. En estos casos se aplicarán las normas sobre uso y
     seguridad de las carreteras con las indemnizaciones que procedan, de
     conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa. [Artículo 6.1.b) de
     la Ley].
     c) Los caminos construidos por los particulares, en especial aquellos
     que tengan una finalidad análoga a los caminos de servicio. Todos
     ellos podrán ser incorporados a alguna de las redes reguladas en el
     presente Reglamento, en los casos de cesión, según el procedimiento
     previsto en el artículo 11.
     d) Las calles, avenidas, paseos, rondas y otras vías ubicadas en las
     zonas urbanas, que se regularán por la normativa urbanística y por la
     relativa al régimen local, siempre que no tengan la calificación
     legal de travesías o que no formen parte de la red municipal de
     carreteras.
     Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
     de Carreteras de Aragón y en el presente Reglamento en relación con
     la transformación en aquéllas de los tramos urbanos de carreteras,
     como consecuencia de la construcción de variantes o de otras
     circunstancias análogas.
     e) Aquellos caminos que estén clasificados como vías pecuarias, que
     se regularán por su normativa específica.
     2. A efectos de lo dispuesto en el epígrafe a) del apartado anterior,
     tendrán la consideración de caminos las vías de comunicación que, de
     modo prioritario, cubran las necesidades de tráfico generado en las
     áreas rurales, dando servicio a los predios agrarios (Del artículo
     6.2 de la Ley).
     Además, los caminos se caracterizan por ser aptos al menos para el
     tránsito rodado, no disponiendo del pavimento propio de las
     carreteras o no reunir los requisitos y características técnicas
     normales de las vías proyectadas para la circulación de vehículos
     automóviles. A estos se les aplicarán las limitaciones establecidas
     en el presente Reglamento, en relación con las carreteras de
     titularidad municipal.
     3. La apertura permanente al uso público de los caminos de servicio o
     acceso a los que se refiere el epígrafe b) del apartado primero de
     este artículo, llevará implícita su incorporación al Plan General de
     Carreteras de Aragón, así como al Catálogo de la Red autonómica
     aragonesa, lo que supondrá que dichos caminos adquirirán la condición
     de carreteras. En estos casos se aplicarán las reglas sobre cambio de
     calificación establecidas en el artículo 11. (Del artículo 6.3 de la
     Ley).
     Artículo 10.-En especial, las vías para la circulación de bicicletas.
     1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.5 en relación con
     la ampliación de la zona de dominio público de las carreteras,
     tampoco tendrán esta consideración los caminos habilitados
     exclusivamente para la circulación de bicicletas, que podrán ser
     construidos fuera de los cascos urbanos por la Administración
     autonómica o por cualquiera de las Administraciones locales
     aragonesas.
     2. Las Administraciones aragonesas promoverán la construcción de este
     tipo de vías dentro de sus respectivas competencias. Con este fin, se
     podrán elaborar Planes y poner en marcha medidas de fomento, de forma
     coordinada entre el Gobierno de Aragón y las Entidades Locales.
     3. Igualmente, para la gestión de estas vías el Departamento de Obras
     Públicas, Urbanismo y Transportes en actuación coordinada con el
     Departamento de Cultura y Turismo podrá firmar convenios con las
     Entidades Locales aragonesas.
     4. Para la cesión de estas vías a los Entes Locales, se aplicará lo
     dispuesto en el artículo 16 en relación con el traspaso de las
     carreteras autonómicas a aquéllos.
     5. No se regularán por lo dispuesto en el presente artículo los
     carriles bici ubicados en el interior del casco urbano de los
     municipios, que se regirán por la normativa y planeamiento
     urbanístico en cada caso aplicable. En todo caso los municipios
     deberán promover su construcción, en especial en las zonas urbanas de
     nueva realización, y también con la finalidad de lograr una adecuada
     unión con las vías a las que hacen referencia los apartados
     anteriores.
     Artículo 11.-Cambio en la calificación de las carreteras.
     1. Las carreteras autonómicas que, como consecuencia de la ejecución
     de obras, pasen a reunir las características de una clase distinta de
     vía, adquirirán la calificación legal de ésta.
     2. La modificación tendrá lugar tras la incoación de un procedimiento
     por la Dirección General de Carreteras, salvo en los supuestos en los
     que un Plan que haya legitimado la realización de las obras lo
     exceptúe de un modo expreso.
     3. En el procedimiento deberá acreditarse el cumplimiento de los
     requisitos legalmente exigidos para la nueva calificación legal de la
     carretera. A él deberán acompañarse planos descriptivos de esta
     última.
     4. Instruido el procedimiento, el expediente deberá remitirse, en el
     plazo máximo de un mes, a informe de las Diputaciones Provinciales,
     los municipios y, en su caso, las Comarcas de Aragón afectadas. Todas
     estas entidades deberán publicar los oportunos edictos para general
     conocimiento, durante un plazo de quince días.
     5. La resolución del procedimiento corresponderá al titular del
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, quien
     dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver. No
     obstante, antes de la resolución deberá transcurrir al menos un mes
     desde la fecha del envío del expediente a las Entidades locales al
     que hace referencia el apartado anterior.
     6. En relación con las vías de titularidad autonómica que no tengan
     la consideración de carreteras y que como consecuencia de la
     realización de obras pasen a tener esta calificación, se aplicará el
     procedimiento regulado en el presente artículo.
     7. No obstante, si el Departamento responsable de las vías de que
     trata el apartado anterior es el de Agricultura, el de Medio Ambiente
     o cualquier otro diferente del de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes, deberá aplicarse la legislación sobre patrimonio de la
     Comunidad Autónoma.
     8. El cambio en la calificación de las carreteras de titularidad
     provincial y municipal, se regulará por lo previsto en la normativa
     sobre régimen local.
     Artículo 12.-Definiciones y limitaciones a la circulación.
     1. Para la interpretación y aplicación de este Reglamento, las
     definiciones de «áreas de servicio», «arcén», «arista exterior de la
     calzada», «arista exterior de la explanación», «calzada», «elemento
     funcional», «explanación», «plataforma» y «variante de población»
     serán las contenidas en la legislación de carreteras del Estado
     (Artículo 4 de la Ley).
     2. En relación con los demás términos técnicos relativos al ámbito de
     las carreteras empleados en este Reglamento y que sin embargo no sean
     definidos en él, se acudirá igualmente a las definiciones contenidas
     en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y, en particular, al
     Anexo de su Reglamento General aprobado por Real Decreto 1812/1994,
     de 2 de septiembre.
     3. La circulación en las carreteras para los diferentes tipos de
     vehículos podrá ser limitada por razones técnicas en función de la
     peligrosidad, protección contra el ruido o la contaminación, o del
     patrimonio cultural, preservación de espacios naturales protegidos,
     celebración de pruebas deportivas, garantía del tránsito del ganado
     así como por otras razones especiales que así lo justifiquen, en los
     términos regulados en el título VI del presente Reglamento. (Del
     artículo 5 de la Ley).
     CAPITULO II.-REDES DE CARRETERAS Y CAMBIO DE TITULARIDAD
     Artículo 13.-Redes de carreteras.
     1. Las carreteras comprendidas en el ámbito de aplicación de este
     Reglamento se integran en la Red autonómica aragonesa, en las Redes
     provinciales y en las Redes municipales. Sólo las primeras tendrán la
     consideración de carreteras autonómicas, mientras que las demás son
     titularidad de las respectivas Diputaciones Provinciales y
     Municipios.
     2. En caso de duda, la titularidad de las vías a las que hace
     referencia el apartado anterior se acreditará por cualesquiera medios
     probatorios legalmente admisibles. En su defecto, se entenderá que
     pertenecen a aquella Administración que haya tramitado su
     construcción.
     3. Junto a las Redes a las que hacen referencia los artículos
     siguientes, podrá crearse la Red de Caminos públicos de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, que incluirá en su caso a las vías definidas como
     tales en este Reglamento en su artículo 9.2. Estas deberán incluirse
     en Catálogos específicos, en función de la titularidad de la vía,
     para cuya elaboración se aplicará lo dispuesto en los artículos 19 y
     20.
     Artículo 14.-Red autonómica aragonesa.
     1. Se consideran carreteras autonómicas las integradas en alguna de
     las clases pertenecientes a la Red autonómica aragonesa, que son las
     siguientes: Red Básica, Red Comarcal y Red Local.
     2. La Red Básica está integrada por las carreteras incluidas en los
     itinerarios que vertebran el territorio aragonés y conecta con la red
     viaria de titularidad estatal, con la de las Comunidades Autónomas
     limítrofes o con Francia.
     Sus finalidades son:
     a) Canalizar el tráfico de largo recorrido y el de tránsito a través
     de la Comunidad Autónoma de Aragón.
     b) Asegurar las conexiones entre las principales localidades y puntos
     básicos del territorio.
     c) Asegurar las conexiones de primer grado con otras Comunidades
     Autónomas limítrofes y con el Sur de Francia.
     d) Proporcionar acceso a las grandes infraestructuras del sistema de
     transportes de la Comunidad Autónoma de Aragón, tales como
     aeropuertos, líneas ferroviarias principales o carreteras estatales.
     3. La Red Comarcal está integrada por las carreteras que vertebran
     una o varias comarcas y por aquellas que unen núcleos de importancia
     comarcal con la Red Básica o con sus zonas de influencia.
     Sus finalidades son:
     a) Canalizar el tráfico de corto recorrido o el tráfico existente
     hacia la Red Básica.
     b) Unir las diferentes cabeceras de comarcas o localidades y puntos
     de cierta entidad no conectados con la Red Básica.
     c) Configurar itinerarios alternativos a los de la Red Básica, cuando
     la intensidad del tráfico así lo justifique.
     d) Facilitar las conexiones de segundo grado con los territorios
     limítrofes de otras Comunidades Autónomas y del Sur de Francia.
     4. La Red Local comprende el resto de las carreteras autonómicas que
     son accesorias a los anteriores itinerarios y las de acceso a áreas
     naturales o de interés turístico, histórico o cultural, además de
     otras que puedan ser alternativas de la Red Comarcal.
     Sus finalidades son:
     a) Servir de soporte a la circulación intermunicipal y a la conexión
     entre los núcleos y lugares que no se encuentren situados sobre la
     Red Básica o Comarcal con estas redes.
     b) Garantizar el acceso rodado, en condiciones adecuadas, a todos los
     núcleos de población y servir de soporte a las áreas naturales, de
     interés turístico, histórico y cultural, y a otros objetivos de
     similar naturaleza.
     5. Todas las carreteras integradas en las Redes a las que hacen
     referencia los apartados anteriores son de la titularidad de la
     Comunidad Autónoma de Aragón.
     (Del artículo 7.A de la Ley).
     Artículo 15.-Redes de las Entidades locales.
     1. Se consideran carreteras de titularidad de las Entidades Locales
     aragonesas las que pertenecen a:
     a) Las Redes provinciales, integradas por las carreteras de
     titularidad de las respectivas Diputaciones Provinciales de Aragón.
     Sus finalidades son análogas a las de la Red Local mencionada en el
     artículo anterior. (Del artículo 7.B de la Ley).
     b) Las Redes municipales, integradas por las carreteras de
     titularidad de los municipios de Aragón. Sus finalidades principales
     son las de servir de conexión entre los diferentes núcleos habitados
     del municipio, así como actuar de soporte a las áreas naturales, de
     interés turístico, histórico y cultural, y a otros objetivos de
     similar naturaleza. (Del artículo 7.C de la Ley).
     2. En las Redes municipales no se integrarán los caminos municipales
     y aquellos de titularidad privada, salvo que se hayan convertido en
     carreteras como consecuencia de la aplicación de algunos de los
     procedimientos regulados en el presente Reglamento.
     3. Las carreteras construidas por particulares en ejecución del
     planeamiento urbanístico o para el servicio de núcleos urbanos se
     integrarán en las redes municipales, salvo que el plan u otro
     instrumento normativo haya dispuesto una solución diferente. En todo
     caso, se aplicará la legislación urbanística, en tanto estas vías no
     se conviertan en carreteras de titularidad municipal.
     Artículo 16.-Cambio de titularidad en las carreteras.
     1. La titularidad de las carreteras reguladas en el presente
     Reglamento podrá cambiar de acuerdo con lo establecido en los
     siguientes apartados del presente artículo.
     2. Respecto a las carreteras de titularidad de los Municipios, éstas
     podrán pasar a la titularidad de la Comunidad Autónoma. En este caso
     se requerirá el previo acuerdo de las entidades afectadas y la
     aprobación mediante Decreto del Gobierno autonómico, a propuesta del
     titular del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
     que será quien incoará e instruirá el procedimiento. En todo caso se
     deberá estar a lo que disponga la legislación de régimen local.
     3. El Gobierno de Aragón asumirá las titularidades y las competencias
     que tienen y están ejerciendo hoy las Diputaciones Provinciales en
     materia de carreteras, siempre que precedan los acuerdos positivos
     inter-partes, con las excepciones que establezcan dichas partes y que
     sean recogidas en los correspondientes Decretos que aprueben los
     acuerdos de transferencias. Dicha atribución de titularidades y de
     competencias exigirá, en su caso, el paralelo traspaso de servicios y
     de medios personales, financieros y materiales; todo ello, de
     conformidad con lo previsto en la Ley de Administración Local de
     Aragón. (De la Disposición adicional quinta).
     4. En todos los casos, el cambio de titularidad se formalizará
     mediante acta de entrega, suscrita por las Administraciones
     interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del
     tramo afectado y los bienes anejos.
     5. El Catálogo de la Red autonómica aragonesa quedará modificado como
     consecuencia de lo dispuesto en los apartados precedentes.
     6. La entrega de las vías urbanas a los municipios se regulará por el
     procedimiento establecido en el título VII de este Reglamento.
     Artículo 17.-Transferencia de carreteras de titularidad estatal.
     1. La gestión de las carreteras estatales podrá ser transferida a la
     Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos que establezca la
     legislación aplicable.
     2. La transferencia deberá ir acompañada del paralelo traspaso de
     servicios y de medios personales, financieros y materiales
     suficientes.
     3. La transferencia a la que hace referencia el apartado anterior
     llevará consigo la modificación del Plan General de Carreteras de
     Aragón y del Catálogo de la Red autonómica aragonesa.
     Artículo 18.-Transferencia de otro tipo de vías estatales.
     1. También podrá ser transferida a la Comunidad Autónoma de Aragón la
     titularidad o en su caso la gestión de vías de ferrocarril u otro
     tipo de vías de titularidad estatal que hayan dejado definitivamente
     de utilizarse, con el fin de ser empleadas para usos deportivos y
     turísticos.
     2. En este caso se aplicará el procedimiento de transferencia
     regulado en la normativa estatal atendiendo a las exigencias de
     previa desafectación.
     3. El Gobierno de Aragón podrá elaborar, en su caso, un Plan de
     utilización de este tipo de vías y podrá poner en marcha medidas de
     fomento para su empleo.
     4. Igualmente y con las finalidades que acaban de exponerse, el
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes coordinará
     sus actuaciones con otros Departamentos y, en particular, con el de
     Cultura y Turismo, quienes podrán colaborar en la gestión de estas
     vías.
     CAPITULO III.-CATALOGO, SEGURIDAD VIARIA Y COORDINACION
     Artículo 19.-Del Catálogo de la Red autonómica aragonesa.
     1. El Catálogo de la Red autonómica aragonesa será aprobado mediante
     Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y se
     incorporará al Plan General de Carreteras de Aragón.
     2. En él deberán constar todas las carreteras que sean de titularidad
     autonómica, con su identificación mediante las letras y números
     correspondientes a la Red a la que pertenezca (Básica, Comarcal o
     Local), así como su denominación y tramo. En su Anexo figurará una
     memoria en la que deberán constar los siguientes datos:
     a) Identificación de las carreteras, que debe incluir la referencia,
     con las letras y números correspondientes, a la Red a la que
     pertenezca (Básica, Comarcal o Local).
     b) Datos cartográficos detallados, con una expresión de la longitud
     del tramo, número de calzadas, anchura de calzada, número de
     carriles, anchura de plataforma, tipo y estado del firme, tipo de
     terreno y visibilidad.
     c) Información funcional: enlace con otras vías de comunicación de
     distinta naturaleza y funcionalidad, velocidad de recorrido,
     Intensidad Media Diaria (IMD), porcentaje de vehículos pesados y
     autobuses, direccionalidad, porcentaje en hora punta, número de
     accidentes y sus causas.
     d) Información sobre las afecciones ambientales de la carretera:
     características naturales del medio atravesado, existencia de
     poblaciones, monumentos artísticos de interés y de núcleos
     industriales u otro tipo de instalaciones análogas.
     3. En el Catálogo se recogerán también los nuevos trazados en
     ejecución y su nueva denominación acorde con las Directrices de
     Ordenación Territorial que sean aplicables. (De la disposición
     adicional primera).
     4. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
     mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo de la Red
     autonómica aragonesa y someterá a la aprobación del Gobierno de
     Aragón las sucesivas modificaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en
     los apartados siguientes.
     5. La modificación del Catálogo será automática cuando se trate de
     alguno de los supuestos relativos al cambio de titularidad de
     carreteras regulados en el artículo 16, en donde bastará con la
     incorporación de oficio por el Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes, una vez producido el cambio en la
     titularidad.
     6. Igualmente, la modificación automática del Catálogo tendrá lugar
     por la construcción por la Comunidad Autónoma de nuevas carreteras de
     su titularidad, o por la desafectación de tramos de carreteras
     existentes a la que hace referencia el artículo 21.  También tendrá
     lugar aquí la actuación de oficio a la que hace mención el apartado
     anterior.
     7. El Catálogo de la Red autonómica aragonesa y sus sucesivas
     actualizaciones deberán publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Artículo 20.-Del Catálogo de las carreteras de titularidad local.
     1. Las Entidades Locales titulares de carreteras podrán, si lo
     estiman oportuno, elaborar y aprobar el Catálogo de sus respectivas
     Redes de carreteras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
     precedente.
     2. Para su elaboración y aprobación, se aplicarán en su caso las
     previsiones de la legislación sobre régimen local relativas a los
     catálogos de los bienes de dominio público local.
     3. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
     prestará en este ámbito asesoramiento y apoyo técnico a las Entidades
     Locales.
     4. En relación con lo dispuesto en este artículo y en el precedente,
     el Gobierno de Aragón promoverá la publicación, periódicamente
     actualizada, de un Mapa Oficial de Carreteras de la Comunidad
     Autónoma de Aragón, donde se detallen las diferentes redes existentes
     reguladas en el presente Reglamento.
     Artículo 21.-Desafectación y permuta.
     1. Las carreteras o los tramos de éstas que dejen de utilizarse como
     tales y no se incluyan como elementos funcionales de otras serán
     objeto de desafectación, iniciándose el oportuno procedimiento por su
     titular. En él deberá acreditarse motivadamente la legalidad y
     oportunidad de la medida. (De la Disposición adicional sexta).
     2. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes pondrá
     en conocimiento del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la
     modificación de las circunstancias que motivaron la afectación,
     desarrollándose el procedimiento indicado en este artículo y en la
     Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. En todo caso será
     necesario realizar una previa información pública por plazo de un mes
     y la resolución deberá ser expresa. El plazo máximo para dictar esta
     última será de dos meses tras la finalización del trámite de
     información pública. La resolución deberá ser objeto de publicación
     en el «Boletín Oficial de Aragón».
     La desafectación solo será efectiva cuando se extienda el acta de
     desafectación mencionada en este Reglamento y se incorpore el bien
     como patrimonial.
     3. Los planes y demás instrumentos urbanísticos que impliquen la
     sustitución de determinados tramos de carreteras o dejen sobrantes,
     no producirán por sí mismos la desafectación, y los terrenos
     sustituidos o sobrantes continuarán afectos al dominio público viario
     mientras no se resuelva de modo expreso y en sentido contrario previo
     el oportuno expediente tramitado conforme a lo previsto en los
     apartados anteriores.
     Artículo 22.-Seguridad vial.
     1. El proyecto de cualquier nueva infraestructura viaria contemplará
     todos los requisitos necesarios en materia de seguridad. (Artículo
     8.1 de la Ley).
     2. El mantenimiento de la red viaria objeto de regulación en el
     presente Reglamento dará prioridad a todas aquellas obras y
     actuaciones que incidan en la mejora de la seguridad vial. (Del art.
     8.2 de la Ley).
     3. El Gobierno de Aragón elaborará y aprobará anualmente un Plan de
     mejora de los tramos con mayor índice de siniestralidad, que
     contemple, además, la supresión de las travesías y puntos negros de
     las carreteras autonómicas. (Artículo 8.3 de la Ley).
     4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes coordinará
     sus actuaciones con los órganos de la Administración del Estado
     responsables de la seguridad vial, con los que intercambiará
     información y propuestas de actuación.
     Artículo 23.-Coordinación y cooperación con otras Administraciones.
     1. La Comunidad Autónoma de Aragón coordinará sus actuaciones en
     materia de carreteras con la Administración del Estado, con otras
     Comunidades Autónomas o con Entidades Locales pertenecientes a estas
     últimas, a efectos de proyectar o ejecutar accesos intercomunitarios
     u otras obras de interés conjunto.
     Asimismo, y con arreglo a lo que establezcan los Tratados
     Internacionales firmados por España, la Comunidad Autónoma coordinará
     sus actuaciones en materia de carreteras con las entidades
     territoriales francesas que tengan por objeto la mejora de las
     infraestructuras transfronterizas. (Artículo 9 de la Ley).
     2. Igualmente la Comunidad Autónoma de Aragón instará a las
     instituciones comunitarias para que promuevan actuaciones que
     permitan la mejora de las carreteras que transcurran por la Comunidad
     Autónoma de Aragón. Con este fin, coordinará sus iniciativas con el
     Gobierno de la Nación.
     3. Con la finalidad de facilitar el diseño de la ordenación
     territorial y conforme a lo previsto en la Ley 1/2001, de 8 de
     febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de
     Ordenación del Territorio, el Gobierno de la Nación remitirá al
     Gobierno de Aragón un ejemplar de cada uno de los proyectos de
     carreteras que promueva en el territorio de Aragón, antes de su
     aprobación definitiva, para que el órgano competente pueda emitir el
     correspondiente informe.
     4. También llevará a cabo la Comunidad Autónoma de Aragón una
     actividad de colaboración con otras Entidades y órganos en relación
     con otras vías de comunicación de las que sean titulares, en
     particular ferrocarriles y aeropuertos, con el fin de lograr una
     eficaz conexión entre los diferentes medios de transporte.
     5. En relación con lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán
     aprobarse convenios y otros instrumentos, y crearse órganos
     especiales con tal finalidad conforme a lo dispuesto por la normativa
     aplicable.
     TITULO II.-DE LAS COMPETENCIAS
     Artículo 24.-Competencias del Gobierno de Aragón.
     Corresponde al Gobierno de Aragón:
     a) Aprobar, mediante Decreto, el Plan General de Carreteras de
     Aragón, así como las revisiones periódicas y modificaciones
     sustanciales del mismo.
     b) Aprobar, mediante Decreto, el Catálogo de Carreteras de su
     competencia, así como las modificaciones del mismo.
     c) Aprobar, mediante Decreto, y de acuerdo con las corporaciones
     locales correspondientes, el cambio de titularidad de las carreteras
     de la Red Local y de las provinciales y municipales.
     d) Aprobar la incorporación a las diferentes redes de los caminos de
     servicio o acceso, cuando sean abiertos al uso público con carácter
     permanente.
     e) Otorgar, mediante Decreto, las concesiones de explotación de las
     carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y la de
     sus elementos funcionales susceptibles de explotación separada de
     dichas carreteras a las que pertenezcan.
     f) Aprobar, si procede las ayudas y fórmulas de participación en la
     planificación, elaboración de estudios y proyectos y, en su caso, en
     la construcción, conservación y explotación de carreteras, con
     independencia de su titularidad.
     g) Coordinar las actuaciones de las distintos Departamentos en cuanto
     pueda afectar al orden viario.
     h) Cuantas otras competencias sobre la materia le sean atribuidas por
     las disposiciones vigentes. (Del artículo 10 de la Ley).
     Artículo 25.-Competencias del Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes.
     Corresponde al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes:
     a) La elaboración técnica del avance y del proyecto del Plan General
     de Carreteras de Aragón y de sus modificaciones, así como del
     catálogo de la Red Autonómica aragonesa y de sus modificaciones, de
     acuerdo con las directrices de ordenación territorial y con las
     prioridades que deban deducirse de los planes económicos de la
     Comunidad Autónoma.
     b) Elevar al Gobierno de Aragón los expedientes que deban serle
     sometidos conforme al artículo anterior.
     c) Aprobar los estudios, anteproyectos y proyectos de las carreteras
     de titularidad autonómica, así como ejercer las facultades necesarias
     para la construcción, explotación y conservación de dichas
     carreteras.
     d) Dictar las normas técnicas en materia de planificación,
     proyección, construcción, conservación y explotación relativas a las
     carreteras sometidas al ámbito de este Reglamento, dejando a salvo
     las competencias reservadas a la Administración General del Estado.
     e) Velar por el cumplimiento del Plan General de Carreteras de
     Aragón, tanto de las previsiones cuya ejecución corresponda a la
     Administración autonómica como de las que sean responsabilidad de
     otras administraciones.
     f) Cuantas otras competencias le sean atribuidas por las
     disposiciones vigentes.
     (Artículo 11.1 de la Ley).
     Artículo 26.-Competencias de las Entidades Locales aragonesas.
     1. Las Provincias y los Municipios ejercerán las competencias
     relativas a la proyección, construcción, gestión, explotación,
     conservación y señalización de los tramos de las Redes provincial y
     municipal y de los caminos de su titularidad, así como el ejercicio
     de las funciones de disciplina viaria, de acuerdo con lo dispuesto en
     la Ley de Carreteras de Aragón, en el presente Reglamento y en la
     legislación relativa al régimen local.
     Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de los acuerdos que puedan
     alcanzar con el Gobierno de Aragón para el desempeño efectivo de las
     mencionadas funciones.
     2. Las Entidades Locales aragonesas deberán prestar colaboración a la
     Administración autonómica en todos los supuestos previstos en la
     normativa vigente.
     3. En relación con lo dispuesto en el apartado primero, podrán
     aprobar reglamentos en materia de carreteras, que en todo caso
     tendrán carácter supletorio respecto del presente Reglamento. (De la
     Disposición final segunda).
     4. Si fueran titulares de travesías y redes urbanas o metropolitanas,
     serán competentes para realizar la construcción y conservación de las
     calzadas incluidas en éstas, e igualmente la señalización de las vías
     y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad
     vial.
     Artículo 27.-Requerimiento de información y coordinación.
     1. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para
     el ejercicio de sus competencias, podrá recabar de las Diputaciones
     Provinciales y de los Ayuntamientos la información que precise sobre
     antecedentes técnicos, proyectos, ejecución y conservación de obras
     relacionadas con carreteras de titularidad de aquellas Corporaciones
     Locales, que vendrán obligadas a facilitar la información requerida o
     a explicar, en su caso, motivadamente, la imposibilidad de hacerlo
     (Artículo 11.2 de la Ley).
     2. El Gobierno de Aragón y, en particular, el Departamento de Obras
     Públicas, Urbanismo y Transportes, llevarán a cabo las actuaciones de
     coordinación y cooperación con otros Departamentos de la
     Administración autonómica, Administraciones y entidades públicas de
     diferente ámbito, en ejercicio de sus competencias sobre carreteras,
     caminos y otras vías de comunicación reguladas en el presente
     Reglamento, en los términos de lo dispuesto en el artículo 23.
     Artículo 28.-Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón.
     1. Se crea la Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón como
     órgano administrativo colegiado, integrado en el Departamento de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.  (Artículo 12.1 de la Ley).
     2. La Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón estará
     integrada por:
     a) El Director General de Carreteras, que la presidirá.
     b) Los órganos encargados de las Carreteras de las Dipu-
     taciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, en tanto no sean
     transferidas completamente las carreteras de su titularidad.
     c) Los tres Directores de los Servicios Provinciales de Carreteras de
     Huesca, Teruel y Zaragoza y, en su caso, los tres Subdirectores
     Provinciales de Carreteras, o quienes en el futuro puedan asumir
     legalmente sus funciones.
     d) Un representante de los Municipios por cada uno de los ámbitos
     territoriales de Huesca, Teruel y Zaragoza, a propuesta de las
     Federaciones y Asociaciones de Municipios de Aragón.
     e) Un representante del Departamento de Medio Ambiente. (Artículo
     12.2 de la Ley).
     f) Igualmente deberán estar representadas las Comarcas en el marco de
     lo que disponga el ordenamiento jurídico sobre la participación de
     las Comarcas en los órganos de cooperación de la Administración de la
     Comunidad Autónoma.
     3. El Presidente representa a la Comisión en sus relaciones con los
     órganos de la Comunidad Autónoma y de otras Administraciones públicas
     y ejercerá las facultades propias que la legislación aplicable
     atribuye al Presidente de los órganos colegiados.
     4. La Comisión designará, de entre sus miembros, un Secretario.  Este
     podrá ser asistido con carácter permanente por un técnico competente,
     empleado público de la Diputación General de Aragón, que será
     propuesto por la Comisión y designado por el Consejero.  En caso de
     ausencia o enfermedad del Secretario, éste será sustituido por el
     suplente correspondiente. (Del artículo 12.3 de la Ley).
     5. Son funciones del Secretario preparar y enviar las convocatorias
     de las reuniones; asistir a las reuniones; levantar acta de lo
     acordado; preparar y enviar a los miembros de la Comisión las copias
     de la documentación que vaya a ser debatida o discutida; custodiar el
     archivo de la Comisión y gestionar el Registro de entrada y salida de
     documentos; así como cualesquiera otras funciones que le sean
     encomendadas por el Reglamento interno o por el Presidente.
     6. Los representantes de los Municipios designarán a los miembros de
     la Comisión a los que hace referencia la letra d) del apartado
     segundo en el plazo de un mes a partir de la renovación de los
     órganos directivos de la federación o asociación tras la celebración
     de las elecciones locales.
     Además, deberán elegirse dos miembros suplentes para cada miembro
     titular, que les sustituirán, por orden de preferencia, en caso de
     ausencia o enfermedad. Si dimitieran la totalidad de los miembros
     elegidos en todos o en alguno de los ámbitos territoriales
     provinciales, se procederá en el plazo de un mes al nombramiento de
     los nuevos.
     Artículo 29.-Competencias de la Comisión del Plan General de
     Carreteras de Aragón.
     1. Compete a la Comisión del Plan General de Carreteras de Aragón:
     a) Proponer los criterios para la elaboración del Plan General de
     Carreteras, sin perjuicio de las facultades del Departamento
     competente.
     b) Informar del avance del Plan General de Carreteras y sus
     modificaciones, así como del Catálogo de carreteras de Aragón y sus
     modificaciones.
     c) Informar, en el plazo de dos meses, de la revisión y las
     modificaciones del Plan General de Carreteras, así como del Catálogo
     de Carreteras.
     d) Proponer las medidas más adecuadas para coordinar la nomenclatura
     de los itinerarios comprendidos en las redes de carreteras de Aragón.
     e) Asesorar y emitir los informes que le sean solicitados en asuntos
     de su competencia.
     f) Proponer a las diversas Entidades Locales titulares de carreteras
     las medidas precisas para el eficaz cumplimiento y seguimiento del
     Plan General de Carreteras, en la parte en que éste les afecta.
     g) Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el
     ordenamiento jurídico, en particular la referida en el artículo 130
     de este Reglamento.
     (Del artículo 12.4 de la Ley).
     2. La Comisión del Plan General de Carreteras elaborará y aprobará su
     Reglamento interno de funcionamiento (Artículo 12.5 de la Ley) que
     deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
     3. El desarrollo de las reuniones se regirá por lo dispuesto en la
     legislación aplicable a los órganos colegiados y, en lo no previsto
     por ésta y en su desarrollo, por su Reglamento interno.
     TITULO III.-PLANIFICACION
     CAPITULO I.-DEL PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGON
     Artículo 30.-Del Plan General de Carreteras de Aragón.
     1. El Plan General de Carreteras es el instrumento de planificación
     de las carreteras de Aragón, en el marco de la planificación general
     de la economía y de la ordenación del territorio de la Comunidad
     Autónoma. (Del artículo 13.1 de la Ley).
     2. El objetivo general del Plan es contribuir a la articulación y
     vertebración territorial de Aragón, aumentando el grado de
     accesibilidad de todas las partes del territorio aragonés, y
     favoreciendo así las relaciones interiores y las externas con otras
     Comunidades Autónomas y con el Sur de Francia.
     3. Su carácter será vinculante para las Administraciones aragonesas
     competentes en materia de carreteras.
     4. El Plan deberá contener las previsiones, objetivos y prioridades
     de actuación en las vías que integran la Red autonómica, las Redes
     provinciales y las Redes municipales, las infraestructuras
     complementarias, en su caso, y los criterios para su revisión.
     (Artículo 13.2 de la Ley).
     5. La aprobación y revisión del Plan General de Carreteras se hará
     mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (Artículo 13.3 de la Ley).
     Artículo 31.-Objetivos del Plan General de Carreteras.
     Entre los objetivos del Plan General de Carreteras deberán fijarse
     los siguientes:
     a) Vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, garantizando la
     accesibilidad adecuada a todos los puntos de la Comunidad Autónoma y
     actuando en los itinerarios precisos para fomentar el dinamismo de
     las zonas.
     b) Satisfacer la demanda de transporte, mejorando la funcionalidad de
     la red viaria aragonesa.
     c) Mejorar la seguridad vial.
     d) Limitar el impacto sobre el medio físico, en especial sobre los
     espacios naturales protegidos, y minorar el negativo impacto del
     tráfico sobre los núcleos de población. A tal efecto, los proyectos
     de autopistas, autovías, vías rápidas y nuevas carreteras deberán
     cumplir la normativa de evaluación de impacto ambiental. Las
     modificaciones del trazado de las carreteras existentes incluirán
     desde la fase de estudio previo un análisis y evaluación de los
     impactos ambientales previsibles.
     e) Asegurar las inversiones del Plan en las diferentes Leyes de
     Presupuestos, así como las necesidades de mantenimiento de las
     diversas carreteras, incrementando el valor patrimonial de la red
     viaria y gestionando eficazmente los recursos disponibles.
     f) Garantizar que se invierta el equivalente al 2% del valor
     patrimonial de las carreteras aragonesas en el mantenimiento y
     conservación de la propia red. (Del artículo 14 de la Ley).
     Artículo 32.-Determinaciones del Plan General de Carreteras.
     El Plan General de Carreteras incluirá las siguientes
     determinaciones:
     a) Fijación de los objetivos y establecimiento de prioridades entre
     ellos.
     b) Definición de los criterios aplicables a la programación,
     proyectos y construcción de los elementos que componen el sistema
     viario.
     c) Descripción y análisis de la situación del catálogo de las
     carreteras en relación con el sistema general de transportes, con
     especial incidencia entre los medios intermodales del transporte, el
     modelo territorial y las principales variables socioeconómicas.
     d) Criterios para la reserva de carriles o plataformas para uso
     exclusivo o preferente por el transporte público y para carril-bici.
     e) Análisis de las relaciones entre la planificación viaria y el
     planeamiento territorial y urbanístico, así como la propuesta de
     medidas que aseguren la coordinación entre ambos planeamientos.  En
     particular se incluirán determinaciones general sobre la
     accesibilidad intercomarcal e intracomarcal así como sobre el papel
     que desempeñen las capitales comarcales.
     f) Adscripción de los tramos de las vías a las distintas clases de
     carreteras definidas en este Reglamento.
     g) La definición de los criterios para la revisión del Plan.
     h) Una referencia general a las posibles afecciones medioambientales
     de las actuaciones previstas.
     i) En particular, definirá las excepciones y especialidades que hayan
     de aplicarse a las carreteras que atraviesen determinados espacios o
     lugares que se caractericen por su especial valor cultural,
     histórico, paisajístico o medioambiental, en coordinación con la
     planificación medioambiental y en materia de patrimonio cultural.
     (Del artículo 15 de la Ley).
     Artículo 33.-Documentación del Plan.
     El Plan General de Carreteras de Aragón estará integrado por los
     siguientes documentos:
     1.º Memoria, con la información básica y los estudios necesarios, que
     deben incluir la relación existente con la planificación territorial
     y con otras planificaciones en materia de carreteras y otras vías de
     comunicación.
     2.º Varios Anexos, que deberán contener:
     a) Planos y documentación gráfica descriptiva del alcance del Plan,
     que deben incluir como mínimo una relación exhaustiva de las
     características naturales o geológicas del suelo, sus usos, sus
     infraestructuras, servicios y actividades existentes.
     b) Programación de actuaciones necesarias para el desarrollo del
     Plan, que debe incluir aspectos relativos a la creación de
     infraestructuras, conservación y mantenimiento, acondicionamientos y
     otros programas complementarios, así como un estudio económico
     relativo a las inversiones necesarias para su ejecución.
     c) El Catálogo de la Red autonómica aragonesa quedará incorporado al
     Plan General de Carreteras, según lo dispuesto en el artículo 19.
     d) Estudio general de las posibles afecciones medioambientales de las
     actuaciones contempladas en el Plan.
     Artículo 34.-Procedimiento de elaboración y aprobación del Plan
     General de Carreteras.
     El Plan General de Carreteras se elaborará con sujeción a las
     siguientes previsiones mínimas de garantía y procedimiento:
     a) Elaboración, por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes, de un avance de Plan, en el que se recojan las
     previsiones, objetivos y prioridades a acometer, así como las causas
     que justifiquen su elaboración. Este avance será aprobado, mediante
     Decreto, por el Gobierno de Aragón.
     b) Emisión de un informe por la Comisión del Plan General de
     Carreteras en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se
     haya publicado el Decreto citado en el apartado anterior.
     c) Información pública por el tiempo de dos meses, acordada por Orden
     de dicho Departamento, que se publicará en el «Boletín Oficial de
     Aragón», con expresión de los lugares y horas de consulta de la
     documentación constitutiva del avance del Plan.
     d) Audiencia simultánea a los Ayuntamientos, Comarcas y demás
     Administraciones públicas afectadas, para la formulación de
     alegaciones, durante un plazo de dos meses.
     e) Estudio de las alegaciones por el Departamento y redacción
     definitiva de la propuesta del Plan General, que se elevará a la
     aprobación del Gobierno de Aragón.
     f) Aprobación del Plan por el Gobierno de Aragón. (Artículo 16.1 de
     la Ley).
     2. La aprobación del Plan General de Carreteras llevará implícita la
     declaración de utilidad pública. (Artículo 16.2 de la Ley).
     3. Un resumen del Plan General de Carreteras de Aragón se remitirá a
     las Cortes de Aragón para su conocimiento.
     4. A los efectos de la mejor formulación del Plan y en lo relativo a
     las carreteras de titularidad de entes locales, podrá integrarse una
     representación de los Servicios técnicos de estos entes en el equipo
     técnico encargado de la formulación del Plan.
     Artículo 35.-Revisión y modificación del Plan General de Carreteras.
     1. El Plan General de Carreteras será objeto de revisión cada cinco
     años. Asimismo, se podrán introducir modificaciones de detalle cuando
     lo requieran las circunstancias. (Artículo 17.1 de la Ley).
     2. Las revisiones periódicas y las modificaciones substanciales del
     Plan se ajustarán a las mismas garantías y procedimiento establecidos
     en el artículo precedente, como necesarios para su aprobación.
     (Artículo 17.2 de la Ley).
     3. Las modificaciones de detalle serán aprobadas mediante Orden del
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.  (Artículo
     17.3 de la Ley).
     4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
     entenderá por modificaciones de detalle cuando se trate de mejoras y
     ensanches de plataforma, mejoras de trazado, mejoras de firme,
     variaciones que no afecten a núcleos de población y obras
     complementarias; y por modificaciones substanciales, todos los demás
     supuestos.
     Artículo 36.-Ejecución y seguimiento del Plan.
     1. El Gobierno de Aragón y las Administraciones Locales aragonesas
     titulares o gestoras de carreteras llevarán a cabo las actuaciones
     necesarias para la correcta ejecución y seguimiento de las
     previsiones contenidas en el Plan General de Carreteras de Aragón,
     dentro de su ámbito territorial y de acuerdo con sus competencias.
     2. El cumplimiento de las actuaciones contenidas en los diferentes
     apartados del Plan será obligatorio en el orden previsto en éstos,
     salvo en los casos en los que se trate de previsiones que carezcan
     por su modo de formulación de carácter imperativo.
     3. Lo dispuesto en el apartado anterior también se verá condicionado
     por las previsiones contenidas en las normas presupuestarias. Para
     evitar posibles distorsiones, el Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes coordinará en todo momento la aplicación del
     Plan con el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
     4. Con la finalidad de lograr una correcta ejecución y aplicación del
     Plan, las Entidades Locales aragonesas titulares o gestoras de
     carreteras remitirán a la Comisión del Plan General de Carreteras,
     antes del 31 de marzo de cada año, información sobre las actuaciones
     viarias que hayan realizado en el año anterior y de aquéllas que
     tengan previstas para el ejercicio presupuestario en curso, y en
     especial aquellas que tengan relación con lo previsto en el Plan.
     5. Igualmente, estas últimas podrán acompañar a lo anterior con las
     sugerencias y cuestiones que puedan contribuir a una mejor ejecución
     y seguimiento del Plan General de Carreteras.
     Artículo 37.-Ejecución de actuaciones no previstas en el Plan.
     El Consejo de Gobierno podrá, excepcionalmente, acordar, a propuesta
     del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, la
     ejecución de actuaciones o de obras no previstas en el Plan General
     de Carreteras en casos de reconocida urgencia o excepcional interés
     público debidamente fundados, sin que, en ningún caso, puedan
     modificar o afectar a las características y principios básicos
     recogidos en el Plan. (Artículo 19 de la Ley).
     CAPITULO II.-DE LOS PLANES DE CARRETERAS DE LAS ENTIDADES LOCALES
     Artículo 38.-Planes de carreteras de las Entidades locales.
     1. Las Diputaciones Provinciales, en tanto mantengan la titularidad
     sobre sus actuales carreteras, y los municipios, elaborarán sus
     Planes de carreteras en desarrollo del Plan General de Carreteras de
     Aragón y en coordinación con el mismo.  (Artículo 20.1 de la Ley).
     2. Los planes de carreteras provinciales y municipales deberán ser
     sometidos, previamente a su aprobación, a informe vinculante del
     Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes que, de no
     emitirse en el plazo de dos meses, se entenderá favorable.  (Artículo
     20.2 de la Ley).
     3. El informe al que se refiere el apartado anterior podrá versar
     sobre todos los aspectos a que alcance el contenido del Plan; en el
     caso de no ser favorable a su totalidad, indicará aquellos extremos
     que deban ser objeto de corrección o ampliación.  (Artículo 20.3 de
     la Ley).
     4. Un resumen de los Planes regulados en el presente artículo deberá
     ser publicado, a efectos informativos, en el «Boletín Oficial de
     Aragón».
     Artículo 39.-Contenido y naturaleza de estos Planes.
     1. El contenido de estos Planes no podrá ser contrario al del Plan
     General de Carreteras de Aragón.
     2. En el caso en que el Plan General de Carreteras de Aragón en
     alguna de sus revisiones introduzca contenidos obligatorios no
     previstos en los Planes de carreteras de las Entidades Locales
     aragonesas, aquél prevalecerá sobre lo previsto en estos últimos, que
     deberán modificarse o revisarse para adaptarse al Plan General en el
     plazo máximo de un año tras la aprobación del Plan General de
     Carreteras.
     3. Los Planes municipales de carreteras tendrán la forma de Plan
     Especial según lo dispuesto en la legislación urbanística.  Deberán
     contener la descripción de todas las carreteras de titularidad del
     municipio, con los datos necesarios para la identificación de cada
     una de ellas, así como el plano del término municipal con las
     diferentes vías existentes y los medios de financiación y de
     ejecución previstos.
     4. En relación con la actuación de las Diputaciones Provinciales en
     materia de planificación viaria, se aplicará lo previsto en la
     legislación sobre régimen local, en relación con los tipos de Planes
     aprobados por estas entidades.
     CAPITULO III.-COORDINACION Y RELACION CON OTROS PLANES
     Artículo 40.-Coordinación con otros Planes de carreteras.
     Con el fin de garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y
     armonizar los intereses públicos afectados, el Plan General de
     Carreteras de Aragón deberá armonizarse con el Plan de Carreteras del
     Estado, con los Planes análogos de otras Comunidades Autónomas
     limítrofes y con los Planes de las Entidades Locales aragonesas, en
     relación con las actuaciones con incidencia mutua.
     Artículo 41.-Coordinación del Plan General de Carreteras con la
     ordenación territorial.
     1. El Plan General de Carreteras deberá coordinarse con la ordenación
     territorial, en los términos que resulten exigibles por la
     legislación que regula dicha ordenación. (Artículo 18 de la Ley).
     2. En particular, el Plan General de Carreteras deberá adaptarse a
     las Directrices Generales de Ordenación Territorial, y en particular
     en cuanto aquéllas se refieran a la formulación y ejecución de la
     política sectorial de carreteras, y en cuanto establezcan los
     criterios para la localización y ejecución de las infraestructuras
     viarias.
     3. Lo dispuesto en el apartado anterior deberá entenderse en función
     del carácter vinculante que se otorgue a las Directrices Generales
     que afecten a las infraestructuras viarias.
     Artículo 42.-Coordinación con otros Organos del Gobierno de Aragón.
     1. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
     coordinará las diferentes actuaciones relacionadas con la
     planificación en este ámbito con los demás Departamentos.
     2. En particular, la coordinación tendrá lugar con los órganos
     responsables de la ordenación territorial y, además, con los
     relativos al transporte, medio ambiente, patrimonio cultural,
     agricultura, vías pecuarias, turismo, hacienda pública y, en general,
     con los diferentes órganos responsables de la ordenación de los
     diferentes sectores económicos.
     3. En relación con lo anterior, el Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes someterá a informe de otros Departamentos los
     estudios y proyectos de carreteras que afecten a competencias de
     titularidad de éstos.
     Artículo 43.-En particular, la coordinación con la planificación
     medioambiental y cultural.
     1. La planificación de carreteras deberá coordinarse con la
     medioambiental, en especial la relativa a los espacios naturales
     protegidos, con el fin de definir con precisión las excepciones y
     especialidades que deben aplicarse a las carreteras que atraviesen
     este tipo de lugares. En todo caso se tendrá en cuenta las
     previsiones de la legislación básica del Estado en relación a la
     prevalencia entre planificaciones.
     2. Igualmente, la planificación de carreteras deberá coordinarse con
     la relativa al patrimonio cultural, con la finalidad de hacer
     compatible la construcción, mejora y conservación de las carreteras
     con la protección y difusión del patrimonio cultural aragonés.
     3. Cuando se trate de Planes Especiales de protección medioambiental
     o de bienes pertenecientes al patrimonio cultural aprobados por los
     respectivos municipios o las Administraciones competentes en la
     materia, la coordinación tendrá lugar según lo previsto en los
     artículos siguientes, con respeto de lo dispuesto en la legislación
     urbanística, medioambiental y sobre patrimonio cultural.
     Artículo 44.-Aprobación de planes urbanísticos que afecten a
     carreteras autonómicas.
     1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento
     de planeamiento urbanístico que afecte a carreteras aragonesas
     autonómicas, provinciales o municipales, el órgano municipal o de la
     Administración competente para otorgar la aprobación inicial deberá
     enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del
     proyecto al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
     para que emita, en el plazo de un mes a contar desde la recepción, y
     con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que
     estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo y un mes más no se
     hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se
     entenderá su conformidad con el mismo. (Del artículo 30.2 de la Ley).
     2. El contenido de este informe deberá limitarse a aspectos relativos
     a la incidencia de dicho planeamiento en la normativa y en la
     planificación de carreteras, y su carácter vinculante se extenderá
     exclusivamente a aquellos aspectos que se refieran al ejercicio de
     las competencias de la Comunidad Autónoma.
     3. En lo relativo a la incidencia de la construcción de carreteras y
     variantes en el planeamiento urbanístico, se estará a lo dispuesto en
     el capítulo II del Título IV.
     Artículo 45.-Prevalencia de la planificación de carreteras sobre
     otras declaraciones.
     1. Conforme a lo dispuesto por la legislación, el Plan General de
     Carreteras de Aragón prevalecerá sobre la planificación urbanística
     en los aspectos relativos al sistema viario y de comunicaciones. En
     relación a los Montes incluidos en el Catálogo se estará a lo que
     disponga la legislación específica.
     2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dicho Plan no
     podrá contener determinaciones urbanísticas, como la asignación de
     usos, zonificaciones, indicación de alineaciones o creación de
     dotaciones y reservas de suelo.
     Artículo 46.-Previsiones del planeamiento urbanístico relativas a
     carreteras.
     1. Los terrenos destinados a carreteras en los diferentes
     instrumentos de planificación urbanística municipal que se encuentren
     ubicados en suelo urbano o urbanizable tendrán la consideración de
     sistemas generales, que serán desarrollados y ordenados a través de
     los Planes Especiales previstos en la legislación urbanística cuando
     se considere necesario.
     2. La calificación y clasificación urbanística de los terrenos
     situados en las zonas de dominio público y protección delimitadas en
     el presente Reglamento deberá garantizar el respeto de las
     limitaciones a la propiedad reguladas en el título VI.
     3. Igualmente, los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal
     deberán contener las disposiciones necesarias para garantizar la
     existencia de intersecciones o enlaces suficientes y adecuados entre
     las obras de urbanización de las unidades de actuación y el sistema
     viario objeto de regulación en este Reglamento.
     CAPITULO IV.-SEÑALIZACION TURISTICA Y PASO DE GANADO QUE AFECTEN A
     CARRETERAS
     Artículo 47.-Señalización turística y Polígonos Industriales.
     1. Con el fin de facilitar el mejor acceso y conocimiento de los
     lugares y parajes de interés cultural, medioambiental o de otra
     naturaleza, la señalización de carácter turístico en todas las
     carreteras que transcurran por el territorio de la Comunidad Autónoma
     y no sean de titularidad estatal deberá ser objeto de previa
     autorización por la Dirección General de Carreteras además de la que
     corresponda otorgar al titular de la vía. Esta señalización
     comprenderá, además de las peculiaridades antes mencionadas, la de
     los servicios y alojamientos de los que disponen los municipios
     próximos a la carretera.  Independientemente de los organismos que
     preceptivamente deban dar su aprobación como tal información
     turística.
     2. Los carteles que se ubiquen en lugares visibles desde las
     carreteras objeto de regulación en el presente Reglamento tendrán la
     consideración de carteles informativos, con independencia de la
     entidad, pública o privada, que haya participado en su financiación.
     En ningún caso se considerarán como publicidad.
     3. El Gobierno coordinará sus competencias sobre medio ambiente,
     patrimonio cultural y turismo con la Administración General del
     Estado, a efectos de la señalización turística de las carreteras de
     titularidad de esta última.
     4. La Dirección General de Carreteras, junto con el Departamento de
     Industria, Comercio y Turismo, establecerá un programa de
     señalización de Polígonos Industriales que permitan una mejor
     señalización y un mejor acceso.
     Artículo 48.-Plan de pasos de ganado.
     1. El Gobierno de Aragón elaborará igualmente un Plan de pasos de
     ganado por las carreteras convencionales de titularidad autonómica,
     provincial y municipal, que sean cruzadas por vías pecuarias.
     2. El Plan será elaborado conjuntamente por el Departamento de Obras
     Públicas, Urbanismo y Transportes y los de Agricultura y Medio
     Ambiente, y su aprobación corresponderá, mediante acuerdo, al
     Gobierno de Aragón.
     3. Será necesario consultar, por el plazo de dos meses, a las
     Entidades Locales afectadas, al igual que a las Cámaras Agrarias
     Provinciales de Aragón y a las organizaciones profesionales agrarias
     que tengan la consideración de más representativas en el ámbito
     autonómico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley
     2/1996, de 14 de mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón.
     4. El Plan de paso de ganado contendrá determinaciones relativas a la
     delimitación de itinerarios, coordinación de pasos, horarios y
     temporadas, medidas de seguridad, señalizaciones, así como planos
     detallados de los lugares de cruce e instrumentos de financiación de
     las diferentes actuaciones.
     En relación con la seguridad, se requerirá la colaboración de los
     órganos competentes en la materia.
     5. Las señales ubicadas en los pasos regulados en el presente
     artículo que se refieran a las carreteras objeto de regulación en
     este Reglamento tendrán la consideración de carteles informativos.
     6. En la financiación del Plan participarán las diferentes
     Administraciones por él afectadas y podrán contribuir igualmente
     entidades privadas.
     7. El Gobierno de Aragón coordinará sus competencias sobre vías
     pecuarias con la Administración General del Estado, a efectos de
     regular el paso de ganado por las carreteras de titularidad estatal
     en las que aquél pueda tener lugar.
     CAPITULO V.-COMPETENCIAS TECNICAS
     Artículo 49.-Intervención del personal técnico en la planificación.
     1. Los diferentes planes, estudios y proyectos de carreteras a los
     que hace referencia este Reglamento, al igual que la dirección,
     conservación y explotación de las diferentes obras, serán realizados
     por el personal técnico competente, de acuerdo con lo previsto sobre
     esta materia en las disposiciones reguladoras de las profesiones
     tituladas.
     2. Los estudios, anteproyectos y proyectos de carreteras se regularán
     por lo dispuesto en el capítulo II del título IV.
     TITULO IV.-DE LA FINANCIACION Y DE LA CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS.
     CAPITULO I.-DE LA FINANCIACION
     Artículo 50.-Medios de financiación.
     1. La financiación de las actuaciones en la red autonómica de
     carreteras y en las redes provinciales y municipales se realizará
     mediante las consignaciones que se incluyan en los presupuestos de la
     correspondiente Administración pública y los recursos provenientes de
     la Administración general del Estado, de cualquiera de las otras
     Administraciones públicas, de los organismos nacionales e
     internacionales y, excepcionalmente, de particulares. (Artículo 21.1
     de la Ley).
     2. Asimismo, podrán obtenerse recursos para financiar las actuaciones
     a las que se refiere el apartado anterior mediante la imposición de
     contribuciones especiales a los propietarios de los terrenos que
     resulten especialmente beneficiados por la creación o mejora de las
     infraestructuras viarias, de acuerdo con lo establecido en el
     artículo 57 de este Reglamento y en las demás normas aplicables. (Del
     artículo 21.2 de la Ley).
     3. La financiación de las actuaciones en materia de carreteras podrá
     también realizarse cuando así sea procedente mediante los mecanismos
     establecidos en la normativa urbanística, en los supuestos afectados
     por ésta.
     4. Los ingresos procedentes de la recaudación por daños a las
     carreteras autonómicas se afectarán a los gastos por conservación de
     las carreteras de la Red autonómica si una norma con rango de Ley lo
     autoriza.
     5. El Gobierno de Aragón destinará, en el proyecto de Ley de
     Presupuestos, al menos un uno por ciento de la inversión realizada en
     carreteras para la financiar la rehabilitación del patrimonio natural
     y cultural afectado por la red viaria o para la corrección de los
     impactos ambientales y paisajísticos producidos por aquélla. Lo
     anterior deberá entenderse sin perjuicio de la existencia de otras
     consignaciones para los fines mencionados.
     Artículo 51.-Financiación presupuestaria de las carreteras
     autonómicas.
     1. La financiación de las carreteras autonómicas con cargo a los
     Presupuestos de la Comunidad Autónoma se consignará en las partidas
     correspondientes en los proyectos de Ley anuales de Presupuestos, al
     igual que en los de Leyes específicas que habiliten la aprobación de
     créditos extraordinarios, según lo dispuesto en el Texto refundido de
     la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
     2. En los casos que sea preciso y cuando exista financiación de otras
     entidades públicas y privadas, el Gobierno de Aragón deberá
     especificar, en el proyecto anual de Ley de Presupuestos de la
     Comunidad Autónoma, la procedencia de las cantidades destinadas a la
     financiación de carreteras de su titularidad, al igual que el
     procedimiento a seguir para la utilización de dichos fondos.
     Artículo 52.-Colaboración de otras Administraciones.
     1. La Administración General del Estado, las Entidades Locales
     aragonesas y otras Entidades Públicas podrán concertar con la
     Comunidad Autónoma de Aragón, para obras de construcción,
     acondicionamiento, mejora o conservación de las carreteras
     autonómicas:
     a) Aportaciones financieras.
     b) Aportación de terrenos, libres de servidumbres u otros gravámenes.
     c) Instalación de elementos complementarios de la carretera, a sus
     expensas o por sus propios medios, y aportación temporal de
     maquinaria adscrita al parque de la entidad aportante.
     d) Compromiso de sufragar, de un modo total o parcial, la
     conservación y mantenimiento de la carretera o de sus elementos
     complementarios.
     e) Colaboración técnica en la elaboración de planes y en la redacción
     de estudios, anteproyectos y proyectos. Igualmente, la dirección
     facultativa y la inspección técnica de las obras realizadas.
     2. A los solos efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
     consideran elementos complementarios de la carretera:
     a) Las instalaciones de alumbrado y ventilación.
     b) Los semáforos y otros elementos de ordenación y regulación de la
     circulación.
     c) Las aceras y otras instalaciones de naturaleza semejante.
     d) Las calzadas de servicio, las áreas de servicio y las zonas de
     descanso.
     e) Los pasos superiores y los inferiores para peatones.
     f) Las zonas ajardinadas y la plantación de siembra de cualquier tipo
     de vegetación.
     g) Las instalaciones de riego o desagüe.
     h) Las figuras decorativas o artísticas colocadas para embellecer el
     entorno y/o evitar la distracción de los conductores.
     i) Las señales de tráfico y las indicativas de distancias,
     poblaciones y cualesquiera otros extremos.
     j) Los carteles informativos y los de carácter turístico.
     k) Los elementos de protección de las carreteras, como vallas, mallas
     metálicas y otros instrumentos con similar finalidad.
     l) Otros elementos de naturaleza análoga.
     3. Las aportaciones financieras podrán determinarse:
     a) En relación con un porcentaje del coste de las obras, incluidos o
     no el valor de las expropiaciones y el coste de redacción del
     proyecto.
     b) En cuantía fija, con independencia del resultado de la licitación
     y de las ulteriores incidencias de la obra.
     Artículo 53.-Acuerdos de cooperación.
     1. La colaboración a la que hace mención el artículo precedente podrá
     instrumentarse a través de los diferentes medios regulados en la
     legislación vigente y, en especial, por medio de convenios o acuerdos
     de cooperación.
     En éstos se harán constar la clase de aportación y su cuantía, en el
     caso de que sea dineraria, así como la forma y los plazos en los que
     se pondrá a disposición de la Administración autonómica los medios de
     cooperación. Igualmente, las fórmulas para garantizar su efectividad
     y los compromisos y obligaciones recíprocas, en particular los
     relativos a la consignación del gasto en los presupuestos
     correspondientes a los años en que aquél deba llevarse a cabo.
     2. Con especial referencia a las travesías y tramos urbanos, podrán
     suscribirse acuerdos de cooperación con los municipios afectados, a
     fin de compartir las cargas y servicios entre las Administraciones
     afectadas. En estos casos, se aplicará el procedimiento previsto en
     el título VII (Del artículo 22 de la Ley).
     Artículo 54.-Financiación de las carreteras de titularidad de las
     Entidades locales.
     1. La financiación de las carreteras de titularidad local se llevará
     a cabo a través de los procedimientos presupuestarios previstos en la
     legislación sobre régimen local, y responderá a los mismos objetivos
     y principios establecidos en el artículo 51.
     2. Las Administraciones Locales aragonesas podrán beneficiarse
     igualmente de los instrumentos de colaboración mencionados en el
     artículo 52, por parte de la Administración del Estado y de la
     autonómica, en relación con las carreteras de titularidad local.  En
     estos casos se aplicará la normativa relativa a la cooperación
     financiera con las Entidades Locales.
     3. La colaboración de las Diputaciones Provinciales en la
     financiación de las carreteras municipales se regirá por la normativa
     reguladora del régimen local.
     Artículo 55.-Colaboración de particulares.
     1. Los particulares podrán colaborar en la construcción de carreteras
     autonómicas o locales mediante aportaciones en dinero, cesiones
     gratuitas de terrenos, renuncia a indemnización por diferentes
     cargas, así como en general la aportación de cualesquiera de los
     elementos complementarios a los que hace referencia el apartado
     segundo del artículo 52.
     2. A estos efectos, presentarán ante la Administración competente sus
     propuestas de colaboración, en las que deberán constar:
     a) El tramo de carretera al que va dirigida la aportación.
     b) La clase y la cuantía de la colaboración.
     c) La forma y el plazo en el que se hará efectiva.
     d) Un aval bancario que garantice su cumplimiento, en el caso de
     tratarse de una aportación financiera o, en los demás supuestos, los
     documentos que acrediten la titularidad y, en su caso, la
     inexistencia de cargas en relación con el objeto de aportación.
     3. Tras la aceptación del ofrecimiento, se firmará un convenio o
     acuerdo entre las partes interesadas.
     4. Si se trata de cesión de terrenos, deberá aplicarse la legislación
     relativa al patrimonio de la Comunidad Autónoma o de las Entidades
     Locales y la legislación urbanística, y los terrenos destinados a la
     carretera adquirirán en todo caso el carácter de bienes de dominio
     público, adscritos al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes. También podrán inscribirse en el Registro de la
     propiedad por medio de los asientos que procedan de acuerdo con la
     normativa hipotecaria.
     Artículo 56.-Financiación de los accesos.
     1. Cuando se trate de accesos a carreteras en los casos en los que
     éstos sean de interés público o no exista la posibilidad de otro tipo
     de accesos, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior sin
     perjuicio de la posibilidad de colaboración de las Administraciones
     Públicas en su financiación.
     2. No obstante, el importe de las obras de creación de nuevos accesos
     a zonas residenciales, industriales o de servicios que no esté
     contemplado de otra forma en la normativa aplicable, podrá correr a
     cargo de los propietarios de los terrenos, edificaciones o
     instalaciones incluidos en dichas zonas previo convenio sobre el
     particular.
     3. También en el supuesto indicado en el apartado anterior correrán a
     cargo de los titulares de terrenos y edificaciones beneficiados las
     indemnizaciones que deban realizarse por la construcción del acceso y
     las derivadas de la destrucción de plantaciones, obras e
     instalaciones.
     4. En todos estos casos, deberá aprobarse un proyecto de ordenación o
     de reordenación de accesos, que incluirá un estudio económico en
     donde se detallen los gastos y partidas para su ejecución, que
     deberán sufragarse por los propietarios de los terrenos e
     instalaciones.
     Artículo 57.-Contribuciones especiales.
     1. Cuando la Ley lo autorice y siguiendo los principios establecidos
     en ella, el Gobierno de Aragón, a propuesta de los Departamentos
     competentes en materias de Hacienda y Carreteras, podrá acordar el
     establecimiento de contribuciones especiales por la realización de
     obras en la red de carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma
     a que se refiere este artículo. El establecimiento de contribuciones
     especiales en relación a obras realizadas en otras redes, se regirá
     por lo previsto en la legislación reguladora de las Haciendas
     locales.
     2. El establecimiento mediante Decreto del Gobierno de Aragón de las
     contribuciones especiales referidas en el apartado anterior, deberá
     observar los siguientes principios y criterios para la determinación
     de los elementos esenciales del tributo que, en todo caso, deberán
     corresponderse con los establecidos legalmente:
     1º) Constituirá el hecho imponible el beneficio especial obtenido por
     los particulares como consecuencia de la ejecución de las obras para
     la construcción o mejora de carreteras, aunque dicho beneficio no sea
     susceptible de cuantificación hasta su determinación en los proyectos
     correspondientes. A estos efectos, tendrá la consideración de
     beneficio especial el aumento del valor de las fincas afectadas por
     dichas obras.
     2º) Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas
     físicas o jurídicas, las herencias yacentes, las comunidades de
     bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan
     una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
     imposición, que se beneficien de un modo directo por las actuaciones
     realizadas. En todo caso, se considerarán sujetos especialmente
     beneficiados a los propietarios y usufructuarios de las fincas e
     instalaciones colindantes, así como de los establecimientos y
     urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada.
     No obstante lo anterior, no se entenderán especialmente beneficiadas
     las propiedades que no estén afectadas a una explotación mercantil o
     industrial, o que se encuentren situadas fuera de núcleos de
     población y de nudos de conexión urbana o interurbana, siempre que
     vean perjudicado de un modo notorio su valor residencial o
     paisajístico, o el entorno histórico-artístico o medioambiental, por
     el impacto de las actividades ruidosas o molestas, peligrosas o
     contaminantes, que la ejecución de las obras suponga de un modo
     permanente y cuando éste no pueda ser corregido de otra forma.
     3º) La base imponible se determinará por referencia a los costes
     totales, directos o indirectos, de la ejecución de las obras,
     incluido el justiprecio de las expropiaciones. Cuando el sujeto
     pasivo sea titular de un derecho expropiado, la cuantía del
     justiprecio no integrará la base imponible correspondiente.
     4º) Para la determinación de la cuota tributaria global se aplicarán
     sobre la base imponible los porcentajes que con diferenciación del
     sentido de las obras, fije de manera general una Ley.
     5º) La cuota tributaria global se repartirá entre los sujetos
     pasivos, en función de la naturaleza de las obras y demás
     circunstancias, atendiendo a los siguientes elementos objetivos:
     a) La superficie de las fincas beneficiadas, si fueren rústicas, y
     los metros lineales de fachada o el frente de la infraestructura, si
     estuvieren en tramos urbanos.
     b) La situación, proximidad y accesos de la carretera respecto de las
     fincas, construcciones, instalaciones, explotaciones y
     urbanizaciones.
     c) Las bases imponibles de los tributos de base territorial, en
     concreto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto rústicos como
     urbanos, que graven las fincas beneficiadas.
     d) Cualquier otro que se determine por la norma que establezca la
     contribución especial, atendiendo a las circunstancias particulares
     que concurran en la obra.
     6º) Las contribuciones especiales se devengarán en el momento en que
     las obras se hayan ejecutado. Si las obras fueren fraccionables, el
     devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos, desde que
     se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de
     obra. No obstante lo indicado, la Administración podrá exigir el pago
     por anticipado, en función del coste previsto para el año siguiente,
     una vez adoptado el correspondiente acuerdo de ejecución de las
     obras, sin que pueda requerirse el anticipo de nuevas anualidades en
     tanto no se hayan ejecutado las obras para las que se exigió el
     anticipo correspondiente.
     Artículo 58.-Financiación de las carreteras a explotar mediante
     gestión indirecta.
     1. Las carreteras que vayan a explotarse en régimen de gestión
     indirecta se financiarán mediante los recursos propios de la
     Comunidad Autónoma, de los concesionarios, los ajenos que éstos
     movilicen y las subvenciones que para ello pudieran otorgarse. 
     (Artículo 23 de la Ley).
     2. Cuando se trate de autopistas de peaje, construidas por la
     Comunidad Autónoma o transferidas, en su caso, por el Estado, los
     peajes se calcularán en función de la longitud y el coste efectivo de
     construcción, gestión y mantenimiento de cada tramo de acuerdo con la
     legislación general de autopistas y el contrato que, en su caso,
     resulte aplicable.
     Artículo 59.-Financiación a través del contrato de concesión de obras
     públicas.
     Igualmente, la construcción de carreteras puede someterse al régimen
     regulado en la legislación estatal sobre contratos en relación con el
     contrato de concesión de obras públicas. La explotación de acuerdo
     con este sistema se regulará también por lo dispuesto en el Título V.
     Artículo 60.-Contratación mediante la modalidad de abono total del
     precio.
     La ejecución de las obras de construcción de las carreteras, vías
     rápidas, autovías y autopistas podrá ser contratada mediante la
     modalidad de abono total del precio, en los casos en que se den los
     requisitos establecidos por la normativa vigente. (Del artículo 24 de
     la Ley).
     Artículo 61.-Operaciones de endeudamiento.
     La Comunidad Autónoma podrá concertar operaciones de endeudamiento
     que permitan la financiación de la construcción y explotación de
     carreteras, vías rápidas, autovías y autopistas.  (Artículo 25 de la
     Ley).
     CAPITULO II.-DE LA CONSTRUCCION
     Artículo 62.-Colaboración en proyectos.
     En las actuaciones en materia de carreteras que se proyecten por la
     Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón u otras
     Comunidades Autónomas, deberán procurar establecer relaciones
     recíprocas de colaboración, a fin de obtener la información conjunta
     necesaria para llevar a buen fin tales actuaciones.
     El Gobierno de Aragón coordinará las relaciones de carácter
     informativo.
     (Artículo 26 de la Ley).
     Artículo 63.-Estudios de carreteras.
     Los Estudios de Carreteras que exija en cada caso la ejecución de una
     obra se clasifican en las siguientes categorías, según su finalidad:
     a) Estudio de planeamiento.
     b) Estudio previo.
     c) Estudio informativo.
     d) Anteproyecto.
     e) Proyecto de trazado.
     f) Proyecto de construcción.
     Artículo 64.-Estudio de planeamiento.
     1. Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año
     horizonte, así como de sus características y dimensiones
     recomendables, necesidades de suelo y otras limitaciones, a la vista
     del planeamiento territorial, urbanístico y del transporte.
     2. Constará de Memoria con sus Anejos y Planos.
     3. Deberá comprender una recopilación y análisis de datos referentes
     a la estructura socioeconómica, la ordenación territorial, los
     aspectos medioambientales, la demanda de transporte y su evolución y
     la seguridad vial. En relación con todos estos aspectos, deberá
     evaluar las previsiones y las alternativas existentes.
     Artículo 65.-Estudio previo.
     1. Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios
     para definir con carácter general las diferentes soluciones de un
     determinado problema, con una evaluación de todos sus posibles
     efectos.
     2. Constará de Memoria con sus Anejos y Planos.
     3. Comprenderá una recopilación, análisis y evaluación de datos
     relativos a estudios de planeamiento, de tráfico y seguridad vial,
     medioambientales o geológicos, y deberá proponer a continuación las
     soluciones concretas posibles al problema planteado.
     4. En concreto, podrá pronunciarse sobre aspectos relativos a las
     expropiaciones y modificaciones de servidumbres y accesos, cambios en
     el planeamiento urbanístico, eliminación de cruces a nivel,
     afecciones medioambientales y aquellos otros con una naturaleza
     análoga a los anteriores.
     Artículo 66.-Estudio informativo.
     1. Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la
     carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de
     información pública que en su caso deba incoarse.
     2. Constará de Memoria con sus anejos y planos.
     3. Estos deberán contener una referencia a las razones que justifican
     la declaración de interés general de la carretera y la concepción
     general de su trazado, así como la definición geográfica y funcional
     de las opciones de trazado analizadas, con una referencia a las
     ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones existentes, con
     una valoración de los aspectos territoriales y urbanísticos, del
     transporte, el tráfico y la seguridad vial, así como del coste de los
     terrenos, derechos afectados y servicios.
     4. Igualmente, incluirá el estudio de impacto ambiental de las
     diferentes opciones, en los casos en los que sea preceptivo el
     procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En los demás
     supuestos, contendrá un análisis ambiental de las alternativas y las
     correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
     5. Se exigirá estudio informativo para las obras de autopistas,
     autovías y vías rápidas que supongan un nuevo trazado, las de nuevas
     carreteras, así como las de variantes no incluidas en el planeamiento
     vigente de las poblaciones afectadas.
     6. Este documento será el que se utilice en relación con la
     modificación del planeamiento urbanístico regulada en el artículo 74
     de este Reglamento.
     Artículo 67.-Anteproyecto.
     1. Consiste en la fase de perfeccionamiento del estudio previo o
     informativo en el que, tras haber sido decidida la solución óptima a
     un determinado problema y estableciéndose en el estudio previo o
     informativo su trazado y características funcionales, se determine la
     solución técnica más adecuada.
     2. Según el texto Refundido de la Ley de Contratos de las
     Administraciones Públicas, constará de Memoria con sus Anejos, Planos
     y Presupuesto.
     Figurará en dicha Memoria la manifestación expresa y justificada de
     que el anteproyecto comprende una obra completa.
     3. Contendrá además una referencia a los aspectos técnicos, sociales,
     medioambientales, económicos, territoriales y administrativos, que
     inciden en el problema planteado. Junto a ello, datos cartográficos,
     con planos generales de trazado de escala de al menos 1/5000; datos
     geológicos, geotécnicos, hidrológicos y territoriales; así como un
     estudio financiero y administrativo sobre los costes y régimen de
     utilización de la carretera; y, finalmente, los criterios de
     valoración de la obra y de los terrenos, derechos y servicios
     afectados.
     4. Igualmente, incluirá las condiciones establecidas en la
     declaración de impacto ambiental, en los casos en los que sea
     preceptiva o, en defecto de estudio informativo, el estudio de
     impacto ambiental de las distintas opciones, según la normativa
     aplicable. En los demás supuestos, contendrá un análisis ambiental de
     las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y
     protectoras necesarias.
     Artículo 68.-Proyecto de construcción.
     1. Los proyectos de construcción desarrollarán completamente la
     solución adoptada, con los datos necesarios para hacer factible su
     ejecución. El proyecto comprenderá todas las fases, desde la
     adquisición de los terrenos necesarios hasta la puesta en servicio de
     la vía de que se trate. (Artículo 27.1 de la Ley).
     2. Los proyectos de construcción de carreteras incluirán
     obligatoriamente planes de restauración del medio ambiente afectado
     tanto por el propio trazado como por los materiales extraídos en
     puntos externos al trazado para ser empleados en la construcción de
     éste, así como por los vertederos. (Artículo 27.2 de la Ley).
     3. Constará de Memoria con sus Anejos, Planos, Pliego de
     Prescripciones Técnicas y Presupuesto.
     4. Deberán redactarse con los datos y la precisión necesarios que
     permitan ejecutar las obras sin la intervención del autor o autores
     del proyecto.
     5. En la Memoria deberán describirse las necesidades a satisfacer y
     la justificación de la solución proyectada, y deberán contener:
     a) Manifestación expresa y justificada de que el Proyecto contiene
     una obra completa o fraccionada, según el caso, aunque si está
     fraccionada cada una de las fracciones será susceptible de utilizarse
     o aprovecharse por separado, o así lo exija la naturalidad del
     objeto.
     b) Los datos de carácter topográfico, cartográfico, hidrológico,
     geológicos y geotécnico, territorial y urbanístico, ambiental,
     socioeconómico, así como los relativos al tráfico y la seguridad
     vial. Igualmente, las medidas de coordinación con otras
     Administraciones y entidades afectadas en cada uno de los aspectos
     señalados.
     c) Las condiciones establecidas en la declaración de impacto
     ambiental, en los casos en los que ésta sea preceptiva y, en
     particular, la concreción de las medidas correctoras y protectoras,
     así como el programa de vigilancia. En los demás supuestos, la
     concreción de las medidas correctoras y protectoras derivadas del
     análisis ambiental.
     d) Las medidas que garanticen la fluidez y seguridad de la
     circulación en el tramo afectado durante la ejecución de las obras,
     con especial referencia a los desvíos de circulación necesarios y de
     los períodos en que no se puede perturbar dicha circulación.
     e) La señalización fija y variable, el balizamiento defensa, y otras
     medidas de gestión de la circulación en el tramo afectado.
     f) Un programa del desarrollo de los trabajos en un tiempo y coste
     óptimo, con carácter indicativo, y un presupuesto de la inversión,
     con referencia a los materiales y unidades de obra incluyendo un
     pliego de prescripciones técnicas particulares, así como las
     expropiaciones, modificaciones de servicios y asistencias técnicas
     realizadas o necesarias. Igualmente, la propuesta de la clasificación
     que deba otorgarse al adjudicatario del contrato y de la fórmula
     aplicable de revisión de precios.
     g) La ordenación de accesos o reordenación de los existentes.
     h) Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, Estudio básico de
     Seguridad y Salud, en los términos previstos en las normas de
     Seguridad y Salud en las obras.
     i) Otros datos que se estimen necesarios en cada supuesto.
     j) Presupuesto para conocimiento de la Administración.
     6. Cuando el proyecto tenga por objeto obras de rehabilitación y
     conservación, mejoras de firme y restablecimiento de las condiciones
     de las vías, se podrá prescindir de alguno de los datos contenidos en
     el apartado anterior, siempre que quede garantizada la definición,
     valoración y ejecución de las obras, y se hubiera previsto en todo
     caso la solución de las repercusiones en la circulación durante la
     ejecución de la obra.
     Artículo 69.-Proyecto de trazado.
     1. Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos
     geométricos y la definición concreta de los bienes y derechos
     afectados, así como de los centros de población, producción o enlace
     con otros medios de transporte a los que afecte la vía, con la
     justificación técnica correspondiente.
     2. Constará de Memoria con sus Anejos y planos, Pliego de
     Prescripciones Técnicas y Presupuesto.
     3. Deberá contener una definición precisa del trazado proyectado; los
     datos de identificación de éste; la determinación del terreno a
     ocupar por la carretera y sus elementos funcionales; la definición y
     valoración de las expropiaciones y la reposición de servidumbres y
     servicios afectados; los documentos necesarios para promover las
     autorizaciones administrativas previas a la ejecución de las obras;
     la relación de los bienes y derechos afectados, con la
     individualización y descripción material en plano parcelario; y el
     presupuesto de la obra.
     Artículo 70.-Procedimiento de aprobación.
     1. Los estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al
     trámite de información pública, regulada en el artículo 75, serán
     objeto de aprobación provisional y aprobación definitiva. En los
     demás supuestos serán objeto únicamente de aprobación definitiva.
     2. Cuando se utilice el término «aprobación» sin especificación
     alguna, se entenderá que se trata de aprobación definitiva, salvo que
     del contexto en que se emplee se deduzca claramente lo contrario.
     3. La aprobación provisional implicará la declaración de que el
     estudio o proyecto cumple con las prescripciones normativas
     establecidas, y permitirá practicar, en su caso, la información
     pública y la oficial correspondiente, así como cuantos otros trámites
     sean preceptivos o convenientes antes de realizar la aprobación
     definitiva.
     4. El órgano competente para la aprobación provisional y definitiva
     es el órgano de contratación ordinario del Departamento, sin
     perjuicio de las delegaciones que se puedan llevar a cabo. En los
     proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental, no podrá realizarse la aprobación definitiva hasta que no
     se haya formulado la correspondiente declaración de impacto ambiental
     por el órgano ambiental.
     5. También será necesario informar a los Municipios y a las
     Administraciones o entidades públicas afectadas por el estudio o
     proyecto, con el fin de que puedan formular las alegaciones y
     observaciones que estimen convenientes, así como nuevas propuestas o
     alternativas, en los plazos que establezca la Dirección General de
     Carreteras. El órgano competente será el mencionado en el apartado
     anterior, que antes de resolver deberá examinar las alegaciones y
     propuestas realizadas.
     6. En relación con lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se
     trate de anteproyectos y proyectos que desarrollen un estudio
     informativo aprobado previamente, no será preceptivo el trámite antes
     mencionado. Igualmente, cuando se trate de estudios, anteproyectos y
     proyectos que tengan por objeto la ejecución de las obras de
     reposición y conservación, ensanches y mejoras de trazado o firme, y
     restablecimiento de las condiciones de las vías, no se observará
     tampoco el trámite de información oficial regulado en el apartado
     precedente.
     Artículo 71.-Efectos de la aprobación de los proyectos.
     1. La aprobación de los proyectos de construcción implicará la
     declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los
     bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
     expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
     servidumbres. (Artículo 29.1 de la Ley).
     2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se
     referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el
     replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan
     aprobarse posteriormente. (Artículo 29.2 de la Ley).
     Artículo 72.-Aprobación de normas e instrucciones técnicas.
     1. Sin perjuicio de los reglamentos y normas técnicas de ámbito
     general que sean de aplicación, el Consejero de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes, a propuesta del Director General de
     Carreteras, podrá aprobar las normas e instrucciones a las que deban
     sujetarse los estudios de las carreteras reguladas en el presente
     Reglamento, y deberán revisarse de un modo periódico para su
     permanente actualización.
     2. Estas normas deberán publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Artículo 73.-Evaluación de impacto ambiental.
     1. Los proyectos de carreteras sometidos al procedimiento de
     evaluación de impacto ambiental serán los incluidos en los supuestos
     definidos por la normativa de evaluación de impacto ambiental. (Del
     artículo 28.1 de la Ley).
     2. El órgano sustantivo al que hace referencia la normativa
     autonómica general sobre evaluación de impacto ambiental es en este
     ámbito el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
     que será quien elabore el correspondiente estudio de impacto
     ambiental previo a la declaración de impacto ambiental llevada a cabo
     por el órgano ambiental.
     3. En las actuaciones con reserva en el planeamiento urbano vigente
     en donde no sea exigido el procedimiento de evaluación de impacto
     ambiental, deberá existir un análisis ambiental de la opción
     reservada, con el correspondiente proyecto de medidas correctoras,
     que deberá hacerse público.
     4. La información pública correspondiente al procedimiento regulado
     en el presente artículo se realizará en la fase de estudio
     informativo o, en su defecto, en aquélla en la que se estudien las
     diferentes opciones de trazado.
     5. En los supuestos en los que la declaración de impacto ambiental
     haya sido favorable, se recogerán en el proyecto las condiciones que
     deben establecerse con el fin de lograr una adecuada protección del
     medio ambiente y los recursos naturales, en los términos establecidos
     por aquélla.
     6. El contenido de los estudios y declaraciones de impacto ambiental
     en materia viaria será el establecido con carácter general en la
     normativa específica. En todo caso, deberá comprender una
     recopilación, análisis y evaluación de datos relacionados con la vía
     que puedan afectar al medio ambiente y, en particular, los relativos
     a estudios de planeamiento, tráfico y seguridad vial, hidrológicos,
     geológicos, de la fauna y de la flora afectadas, así como
     cualesquiera otros aspectos que incidan en el medio natural. A
     continuación deberá proponer las soluciones posibles al problema
     planteado.
     7. Los proyectos de carreteras en donde no se exija declaración de
     impacto ambiental contendrán no obstante una descripción de las
     medidas dirigidas a minimizar el impacto ambiental, en los términos
     establecidos en los artículos anteriores.
     Artículo 74.-Estudios informativos de carreteras y modificación del
     planeamiento urbanístico.
     1. Cuando se trate de construir carreteras de titularidad autonómica
     o variantes de las mismas no incluidas en el planeamiento urbanístico
     vigente en los núcleos de población a que afecten, el Consejero de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes deberá remitir a las
     Entidades Locales afectadas el estudio informativo correspondiente,
     al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si el trazado
     propuesto es el más adecuado para el interés general y para los
     intereses de los municipios, comarcas y provincias a que afecte la
     nueva carretera o variante.
     2. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas
     Administraciones públicas informen al respecto, se entenderá que
     están conformes con la propuesta formulada. En caso de
     disconformidad, que necesariamente habrá de ser motivada, el
     expediente habrá de ser elevado al Gobierno de Aragón, que decidirá
     si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la
     modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado.
     3. El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte ordenará,
     entonces, la continuación del trámite para que se redacte el proyecto
     correspondiente hasta llegar a su aprobación que se notificará a las
     Entidades Locales afectadas. La revisión del planeamiento urbanístico
     para acomodarse a las determinaciones del proyecto deberá llevarse a
     cabo en el plazo máximo de un año desde tal notificación.
     4. Lo establecido en los apartados anteriores también será necesario
     en los casos en los que el estudio o proyecto de la carretera incluya
     travesías. (Del artículo 30.1 de la Ley).
     5. En los municipios que carecieran de planeamiento urbanístico
     aprobado, la aprobación definitiva de los estudios indicados en el
     apartado anterior comportará la inclusión de la nueva carretera o
     variante en los instrumentos de planeamiento que se elaboren con
     posterioridad. (Artículo 30.3 de la Ley).
     6. Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de planeamiento
     urbanístico, o en los supuestos en que se apruebe una clase de
     instrumento diferente del anteriormente vigente, se incluirán las
     nuevas carreteras o variantes contenidas en estudios de carreteras
     aprobados definitivamente.
     Artículo 75.-Información pública.
     1. Con independencia de la información a las Entidades Locales a que
     se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo, en la forma
     prevista por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
     Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un trámite de
     información pública durante un período de treinta días hábiles. Las
     observaciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias
     que justifiquen la construcción de la carretera y sobre la concepción
     global de su trazado. (Del artículo 31.1 de la Ley).
     2. El acuerdo de apertura del período de información pública se
     anunciará en el «Boletín Oficial de Aragón», a propuesta del
     Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (Artículo 31.2
     de la Ley).
     3. Serán objeto de trámite de información pública los estudios
     correspondientes a nuevas carreteras, las duplicaciones de calzada y
     variantes significativas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley,
     no previstas en el planeamiento urbanístico. (Artículo 31.3 de la
     Ley).
     4. En ningún caso tendrán la consideración de nueva carretera o
     variante significativa, a los efectos de esta información pública,
     las mejoras y ensanches de plataforma, las mejoras de trazado, las
     mejoras de firme, las variaciones que no afecten a núcleos de
     población, y las obras complementarias, así como, en general, todas
     las actuaciones que no supongan una modificación sustancial en la
     funcionalidad de la carretera preexistente.  (Artículo 31.4 de la
     Ley).
     5. El trámite regulado en el presente artículo servirá también, en su
     caso, para la información pública del estudio de impacto ambiental,
     en cumplimiento y a los efectos de la normativa aplicable.
     Artículo 76.-Informe vinculante del Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes.
     1. La construcción de nuevas carreteras de las reguladas en esta Ley
     por Administraciones distintas de la autonómica deberá someterse a
     informe vinculante del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta el artículo
     75.4 de este Reglamento. (Del artículo 32 de la Ley).
     2. El estudio, anteproyecto o proyecto deberá remitirse a éste
     último, quien dispondrá de dos meses para emitir el informe. 
     Transcurridos éstos sin haber notificado a la Entidad Local la
     resolución, el informe se entenderá favorable.
     3. El contenido de estos estudios, anteproyectos y proyectos será el
     mismo que el establecido en los artículos precedentes. Las Entidades
     Locales podrán ser asistidas técnicamente por el Departamento de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
     Artículo 77.-Expropiación forzosa.
     1. La expropiación de bienes y derechos y la imposición de
     servidumbres, en su caso, necesaria para la construcción y mejora de
     las carreteras, a que se refieren los artículos precedentes, se
     efectuará con arreglo a lo establecido en la Ley de Expropiación
     Forzosa. (Artículo 33.1 de la Ley).
     2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los
     proyectos de carreteras e infraestructuras viarias, así como sus
     modificaciones, contendrán una relación individualizada y concreta de
     los bienes y derechos afectados, con su descripción material,
     reflejados en los planos de planta y parcelario.
     3. Las expropiaciones a que dieren lugar las obras concernientes a
     las travesías y a los tramos de carreteras a que se refiere el Título
     VII del presente Reglamento, quedarán sometidas a las prescripciones
     de la normativa urbanística. Lo mismo sucederá en relación con las
     carreteras municipales, cuando transcurran por suelo urbano o
     urbanizable. (Del artículo 33.2 de la Ley).
     4. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la
     Administración expropiante se subrogará en la posición jurídica del
     propietario expropiado a efectos de su derecho al aprovechamiento
     urbanístico que corresponda a los terrenos según la ordenación en
     vigor. (Artículo 33.3 de la Ley).
     5. Cuando sean expropiados accesos o instalaciones de servicios, la
     Administración y el expropiado podrán convenir que éstos se repongan
     en sustitución del abono y percepción del justiprecio de la
     expropiación. En estos casos, la titularidad de las instalaciones o
     accesos resultantes, así como las responsabilidades derivadas de su
     funcionamiento, mantenimiento y conservación, corresponderá al
     titular originario de ellos.
     6. En los supuestos a los que hace referencia el apartado anterior,
     deberá practicarse audiencia a los interesados en un plazo de veinte
     días. Las condiciones de entrega de las instalaciones y demás
     cuestiones no reguladas en el presente artículo se establecerán en el
     correspondiente convenio que a tal efecto se firme.
     7. La incoación y tramitación de los expedientes expropiatorios
     corresponde a los servicios del Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes.
     8. El acta de pago, y la de ocupación y los actos administrativos de
     imposición, modificación o extinción forzosa de servidumbres, serán
     título suficiente para la inscripción o toma de razón en el Registro
     de la propiedad y en los demás Registros públicos, de acuerdo con lo
     previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
     9. La disponibilidad de los bienes y derechos necesarios para la
     ejecución de las obras, las ocupaciones temporales y la imposición de
     servidumbres podrá tener lugar, además, a través de otros
     procedimientos diferentes de la expropiación, como los relativos a
     permuta, compraventa y ocupación directa o cesión según lo dispuesto
     en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma y, en su
     caso, en la normativa local aplicable.
     Artículo 78.-Ejecutividad.
     1. La aprobación de los proyectos implica su inmediata ejecutividad.
     2. Las obras de construcción, reparación, mejora y conservación de
     las carreteras aragonesas autonómicas, provinciales y municipales,
     por su interés público y general, no están sometidas a licencia
     municipal ni a ningún otro acto de control preventivo a que se
     refiere el artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
     reguladora de las Bases del Régimen Local. Se exceptúan de lo
     anterior las obras de construcción en las áreas de servicio a las que
     se refiere el artículo 85 de este Reglamento (Del artículo 34 de la
     Ley).
     3. En consecuencia, no procederá la suspensión por los órganos
     urbanísticos competentes de la ejecución de las obras a las que hace
     referencia el apartado anterior. No obstante, será necesario, salvo
     que razones de excepcional urgencia lo impidan, informar previamente
     al Ayuntamiento afectado.
     4. La realización de obras e instalaciones por particulares en áreas
     de servicio y en general en el dominio público viario se ajustará a
     lo establecido en la legislación urbanística y sobre régimen local,
     sin perjuicio de las autorizaciones reguladas en el presente
     Reglamento.
     5. Cuando se trate de un proyecto de nuevo camino de servicio donde
     se prevea la posible apertura al público, será necesario elaborar un
     informe por la Administración autonómica o por las Entidades Locales,
     con los mismos requisitos y procedimiento establecidos en los
     artículos precedentes.
     Artículo 79.-Construcción de carreteras provinciales y locales.
     1. Además de las prescripciones contenidas en el presente capítulo, a
     la construcción de carreteras de titularidad provincial y municipal
     se le aplicará la normativa relativa al régimen local.
     2. En relación con las carreteras municipales, se aplicará además la
     normativa urbanística.
     3. Respecto a las carreteras de titularidad provincial, deberá
     practicarse audiencia además a los Municipios afectados y a las
     Comarcas, quienes dispondrán de un mes para remitir a la Diputación
     Provincial las alegaciones, observaciones o propuestas que estimen
     pertinentes.
     Artículo 80.-Régimen de los contratos para la construcción de
     carreteras.
     1. Salvo que la Administración titular de la vía ejecute ella misma
     las obras, en la construcción, reparación y mejora de las carreteras
     objeto del presente Reglamento se aplicará la legislación relativa a
     los contratos de las Administraciones Públicas.
     2. En el caso de las carreteras autonómicas, el Departamento de Obras
     Públicas, Urbanismo y Transportes será competente para celebrar
     contratos en aquellos supuestos en donde le corresponda por razón de
     la cuantía; en los demás casos, será competente el Gobierno de
     Aragón.
     3. En las carreteras de titularidad local, será el Pleno o el Alcalde
     o Presidente el competente para contratar, en función de la cuantía
     del contrato y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica
     del régimen local.
     4. La Administración titular de la vía realizará, igualmente, una
     inspección y control de la ejecución del contrato.
     TITULO V.-DE LA EXPLOTACION
     DE LAS CARRETERAS.
     CAPITULO I.-FUNCIONES Y FORMAS DE EXPLOTACION
     Artículo 81.-Funciones que comprende la explotación.
     1. La explotación de la carretera comprende las operaciones de
     conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la
     defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a
     señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio
     público, de servidumbre y afección, así como las de restauración y
     protección medioambiental necesarias, y conservación del medio
     natural y del paisaje. (Artículo 35 de la Ley).
     2. En relación con lo dispuesto en el apartado anterior:
     a) Las operaciones de conservación y mantenimiento incluyen todas las
     actividades necesarias para preservar el patrimonio viario en el
     mejor estado posible.
     b) Las actuaciones de defensa incluyen las necesarias para evitar
     actividades que perjudiquen a la carretera, a su función o a la de
     sus zonas de influencia.
     c) Las relativas al mejor uso, además de las mencionadas en el
     apartado primero, incluyen las destinadas a facilitar su utilización
     en las mejores condiciones de seguridad, fluidez y comodidad
     posibles.
     Artículo 82.-Explotación directa e indirecta.
     1. La explotación de las carreteras podrá llevarse a cabo en la forma
     prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
     (Artículo 36.1 de la Ley).
     2. La explotación directa será la norma general, sin que la misma
     exija formalidad alguna. En cambio, la explotación indirecta
     requerirá, siempre que las carreteras pertenezcan a la Red autonómica
     aragonesa, la aprobación o autorización del Gobierno de Aragón, y
     cuando fueren de las redes provinciales o de las redes municipales,
     además de los requisitos previstos en la legislación del régimen
     local, la aprobación del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes. (Artículo 36.2 de la Ley).
     3. Las carreteras provinciales y municipales podrán explotarse además
     por cualquiera de los sistemas regulados en la legislación sobre
     contratos de las Administraciones Públicas.
     Artículo 83.-Posibilidad de pago de peaje en la explotación directa.
     La explotación directa de las carreteras de la red autonómica se
     realizará a través de la Dirección General y de los Servicios
     Provinciales responsables de carreteras. Como regla general, la
     utilización de dichas carreteras será gratuita para el usuario,
     aunque, excepcionalmente, podrá establecerse el pago de un peaje,
     cuyas tarifas aprobará el Gobierno de Aragón. (Artículo 37 de la
     Ley).
     CAPITULO II.-AREAS DE SERVICIO Y OTRAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
     Artículo 84.-Contenido de las áreas de servicio.
     1. De conformidad con la legislación estatal actualmente vigente, las
     áreas de servicio son las zonas colindantes con las carreteras,
     diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios
     destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación,
     pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles,
     restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos
     destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la
     carretera.
     2. El titular de las carreteras facilitará la existencia de las áreas
     de servicio necesarias para la comodidad del usuario y el buen
     funcionamiento de la circulación, y delimitará el suelo destinado a
     éstas y los puntos de desvío e incorporación a las calzadas
     principales.
     3. Las áreas de servicio tendrán acceso directo desde las carreteras,
     podrán emplazarse en uno o en ambos márgenes de éstas, y deberán
     contar, al menos, con las siguientes instalaciones: aprovisionamiento
     de carburantes y lubricantes, estacionamientos pavimentados,
     servicios telefónicos, abastecimiento de agua y aseos, cafetería,
     zonas para descanso y juegos infantiles.
     4. En ellas no podrán establecerse instalaciones o servicios que no
     tengan directa relación o vinculación con las carreteras, o que
     generen un tráfico adicional, y están prohibidos los locales en que
     se realicen actividades de espectáculo o diversión.
     5. Sin perjuicio de lo que disponga el Plan General de Ordenación
     Urbana, como regla general no podrán instalarse áreas de servicio en
     las variantes o carreteras de circunvalación cuya funcionalidad sea
     la de salvar el paso por un núcleo de población, y tampoco dentro de
     tramos urbanos de carreteras autonómicas.
     6. El área de servicio se comunicará con el exterior únicamente a
     través de la carretera, y en las autopistas, autovías y vías rápidas,
     quedarán incluidas dentro de la zona protegida por el cerramiento de
     la zona de dominio público, ampliando dicho cerramiento para que
     abarque el área de servicio. Igualmente, su diseño tendrá en cuenta
     el entorno y sus peculiaridades históricas, culturales y
     medioambientales.
     7. Las áreas de servicio podrán ser explotadas por cualesquiera de
     los sistemas de gestión de los servicios públicos que establece la
     Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  El Consejero de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá acordar la gestión
     directa, cuando lo considere conveniente para el interés general de
     explotación de la vía.
     Artículo 85.-Procedimiento de instalación de áreas de servicio.
     1. La ejecución de las obras de construcción de las instalaciones en
     las áreas de servicio estará sujeta al deber de obtener licencia
     municipal, según lo dispuesto en la legislación urbanística. No
     obstante, el planeamiento urbanístico y las ordenanzas urbanísticas
     deberán adaptarse a la delimitación de las áreas de servicio que
     lleve a cabo el Gobierno de Aragón.
     2. Para la explotación de las áreas de servicio previstas en los
     proyectos de construcción de las carreteras como elementos
     funcionales de éstas, será necesario previamente obtener una
     concesión para la explotación del área que será otorgada por el
     Gobierno de Aragón, tras la convocatoria del oportuno concurso.
     3. En el procedimiento que conduzca al otorgamiento de la concesión
     se deberá tener en cuenta lo siguiente:
     a) El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
     determinará la ubicación del área de servicio, y de las instalaciones
     y servicios que incluya, así como los requisitos y condiciones de
     cada uno de ellos, que incluirá también una referencia a los
     requisitos técnicos y de seguridad.
     b) El Consejero actuará de oficio o a instancia de cualquier
     interesado que solicite la concesión del área de servicio o de
     cualquiera de sus elementos integrantes. Este último deberá incluir
     en su solicitud la documentación que acredite su personalidad, así
     como una memoria indicativa de la situación y características del
     área o de la instalación para la que se solicite la concesión.
     c) Deberá practicarse información pública durante un período de
     veinte días, con el fin de que cualquier persona interesada pueda
     formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
     d) El Consejero aprobará el pliego de cláusulas administrativas
     particulares para la ejecución de las obras y la explotación del
     servicio, donde deberá señalar los plazos de iniciación y
     finalización de las obras y los efectos del incumplimiento, así como
     el plazo de la concesión, el canon a satisfacer y las garantías
     técnicas y económicas que deberán acreditar los concursantes.
     e) El Gobierno resolverá el expediente de contratación, según lo
     establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
     Artículo 86.-Autorización de instalaciones situadas fuera de áreas de
     servicio.
     1. En relación con los demás elementos funcionales de la carretera
     comprendidos en la definición general establecida en el artículo 88.4
     y que sean diferentes de las áreas de servicio, cuando su uso sea
     distinto del común general y además sea realizado por particulares,
     su construcción se someterá al procedimiento autorizatorio regulado
     en el presente artículo, salvo en el supuesto de las instalaciones de
     pesaje y de control de aforos, que se regularán por lo establecido en
     el título VI.
     2. Además, se someterán al procedimiento autorizatorio regulado en
     este artículo las demás instalaciones complementarias al servicio de
     las carreteras diferentes de las mencionadas en el apartado anterior
     y ubicadas también fuera de áreas de servicio, tales como estaciones
     de carburantes, talleres de reparación de vehículos, instalaciones de
     lavado, o establecimientos de venta de repuestos y accesorios del
     automóvil.
     3. El procedimiento se iniciará a instancia de interesado ante el
     Servicio Provincial correspondiente, donde se harán constar los
     siguientes datos: nombre y apellidos o denominación social; domicilio
     del solicitante; extensión y emplazamiento de la finca, reflejados en
     un plano de situación, expresando su localización respecto a la vía
     pública; obras e instalaciones que se pretenden realizar,
     justificando su interés público o su necesidad y su vinculación al
     servicio de la carretera; y acreditación de que las instalaciones y
     edificios quedan fuera de las zonas de dominio público y servidumbre.
     En esta última zona sólo podrán realizarse obras destinadas a
     isletas, viales, zonas ajardinadas y estacionamientos sin perjuicio
     de lo dispuesto en el artículo 92.3 de este Reglamento.
     4. Junto a la solicitud se acompañará un proyecto de obras, que
     deberá comprender trazado de los accesos, señalización, firme,
     drenaje, iluminación y ornamentación. Además, contendrá los
     documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas
     y administrativas exigidas, y los que acrediten la conformidad de las
     obras con el planeamiento urbanístico o, en su caso, las
     autorizaciones urbanísticas exigibles.
     5. El Director del Servicio Provincial, a la vista de los documentos
     presentados y del interés o necesidad del proyecto en relación con
     los intereses públicos afectados, resolverá sobre la solicitud,
     previa audiencia en su caso a los interesados en el expediente. La
     resolución deberá motivarse, expresando las razones por las que se
     concede o, en su caso, se deniega la petición solicitada, con una
     detallada invocación de las normas aplicadas y de su interpretación
     realizada por el órgano administrativo.
     6. En caso de otorgamiento, se comunicarán además las condiciones en
     las que deberá ejercerse la autorización, y deberá concederse un
     plazo de quince días para que el interesado manifieste si las acepta.
     Si no lo hace en este plazo, el expediente se entenderá caducado
     previa advertencia realizada por el órgano administrativo competente.
     Contra la resolución del expediente cabrá interponer recurso de
     alzada ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
     7. Las autorizaciones se otorgarán sin perjuicio de terceros y
     dejando a salvo los derechos preexistentes sobre terrenos o bienes, y
     en ningún caso implicarán la cesión del dominio público ni la
     asunción por la Comunidad Autónoma de Aragón de ningún tipo de
     responsabilidad respecto del titular de la autorización o de
     terceros. Igualmente, podrán revocarse, modificarse o suspenderse por
     el mismo órgano que las otorgó, si se producen daños irreparables en
     el dominio público, o si se incumplen gravemente las condiciones o
     cláusulas estipuladas en el momento de su otorgamiento o si su
     explotación afecta a la Seguridad Vial.
     8. Lo establecido en los apartados anteriores y en el artículo
     precedente respecto a las autorizaciones y concesiones a otorgar por
     la Administración autonómica de carreteras debe entenderse sin
     perjuicio de las licencias y autorizaciones que deban obtenerse de
     otros órganos autonómicos y de las demás Administraciones públicas,
     de acuerdo con la normativa que sea aplicable en cada caso.
     TITULO VI.-DEL USO Y DEFENSA
     DE LAS CARRETERAS.
     CAPITULO I.-DEL USO DE LAS CARRETERAS
     Artículo 87.-Zonas de protección de la carretera.
     1. A los efectos del presente Reglamento, se establecen en las
     carreteras las siguientes zonas:
     a) Zona de dominio público.
     b) Zona de servidumbre.
     c) Zona de afección.
     (Artículo 38 de la Ley).
     2. A los efectos del régimen jurídico de protección del dominio
     público viario y para la determinación de las limitaciones a la
     propiedad de los terrenos colindantes, los ramales de enlace y las
     vías de giros de intersecciones se considerarán carreteras
     convencionales.
     3. Cuando la zona de dominio público, de servidumbre y de afección se
     superpongan, en función de que su medición se realice desde la
     carretera principal o desde los ramales de enlace y vías de giro de
     intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la configuración de la
     zona de dominio público sobre la de servidumbre, y la de ésta sobre
     la de afección, cualquiera que sea la carretera o elemento
     determinante.
     4. Las limitaciones, prohibiciones, afecciones y servidumbres que se
     establecen en la Ley de Carreteras de Aragón y en su desarrollo en el
     presente Reglamento, tienen la naturaleza de limitaciones generales
     de la propiedad, en favor del servicio público viario, y no serán
     objeto de indemnización por el posible demérito patrimonial que
     pudieran causar a los terrenos afectados, salvo en los casos en donde
     expresamente se establezca.
     Sección 1ª.-Zona de dominio público
     Artículo 88.-Definición de la zona de dominio público.
     1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y
     sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho (8) metros
     de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres (3)
     metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidos en
     horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
     exterior de la explanación.  (Artículo 39.1 de la Ley).
     2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud
     del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de
     sostenimiento colindantes, con el terreno natural.
     Cuando el terreno natural adyacente se encuentre al mismo nivel que
     la carretera, la arista exterior de la explanación vendrá determinada
     por el borde exterior de la cuneta. Si no existiera cuneta, aquélla
     será el borde exterior del último elemento integrado en la vía, sea
     éste la carretera o la propia calzada.  La desaparición accidental de
     la cuneta por erosiones, aterramientos, labrados, etc. no cuestiona
     su preexistencia.
     En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u
     obras similares, podrá fijarse como arista exterior de la explanación
     la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el
     terreno. En todo caso, será de dominio público el terreno ocupado por
     todos y cada uno de los elementos de la estructura. (Del artículo
     39.2 de la Ley).
     3. Se entiende por arista exterior de la explanación en tramo urbano
     la alineación de bordillos; si no los hubiere, el borde exterior de
     la parte de carretera destinada a la circulación (plataforma). Salvo
     que haya desmontes y/o terraplenes, en cuyo caso serán las aristas
     exteriores de éstos. Se tendrán en cuenta las previsiones recogidas
     en los Proyectos de urbanización y de obras ordinarias desde el
     momento de su aprobación, aunque no se hayan realizado. (Del artículo
     39.3 de la Ley).
     4. Se considera elemento funcional de una carretera toda zona
     permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la
     explotación del servicio público viario, tales como las destinadas al
     descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia,
     pesaje, parada de autobuses y otros fines complementarios o
     auxiliares. (Artículo 39.4 de la Ley).
     5. La zona de dominio público puede ampliarse a ambos lados de la
     carretera para incluir una o dos vías de servicios para peatones,
     bicicletas, ciclomotores o maquinaria agrícola. (Artículo 39.5 de la
     Ley).
     6. En los túneles y estructuras la fijación de la zona de dominio
     público podrá extenderse a la superficie de todos los terrenos
     necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de las
     obras, así como los accesos a las mismas, además, en los túneles se
     tendrá en cuenta las características geotécnicas del terreno, la
     altura de éste sobre el túnel y la disposición de sus elementos,
     tales como la ventilación, los accesos y otros necesarios.
     Artículo 89.-Utilización de la zona de dominio público.
     1. El titular de la vía podrá utilizar la zona de domino público de
     la carretera.
     Podrá también autorizar dicha utilización, siempre que la prestación
     de un servicio así lo exija, a persona distinta del titular de la
     vía, fijando tanto las condiciones de la utilización como la cuantía
     indemnizable por ésta y, en su caso, los daños causados al
     practicarla. Todo ello sin perjuicio de otras competencias
     concurrentes. (Artículo 40.1 de la Ley).
     2. En la zona de dominio público no podrá realizarse ninguna obra más
     que las de acceso a la propia vía convenientemente autorizadas,
     aquellas que formen parte de su estructura, señalización y medidas de
     seguridad, así como las que requieran la prestación de un servicio
     público de interés general, única y exclusivamente, en los tramos
     donde no exista otra posibilidad y lo más alejado posible de la
     explanación, salvo en los supuestos de cruces, túneles, puentes y
     viaductos.
     Tienen la consideración de estos últimos, a los efectos de lo
     anterior, la producción, transporte y distribución de energía, el
     abastecimiento, evacuación y depuración de aguas, el suministro de
     gas, las conducciones telefónicas en general, los cables de
     telecomunicaciones, el transporte público de viajeros y cualesquiera
     otros que la Administración titular de la vía pueda establecer o
     autorizar. (Del artículo 40.2 de la Ley).
     3. En relación con este último supuesto, podrán autorizarse,
     excepcionalmente, obras en el subsuelo para la implantación o
     construcción de infraestructuras imprescindibles para la prestación
     del servicio. En este caso, las obras o instalaciones se situarán
     fuera de la explanación de la carretera, salvo en los supuestos de
     cruces, túneles, puentes y viaductos. También se permitirán las obras
     relacionadas con los accesos de una estación de servicio previamente
     autorizada.
     A los supuestos previstos en este apartado se aplicará el
     procedimiento autorizatorio regulado en la Sección quinta del
     presente capítulo.
     4. Cuando en las carreteras exista alguna parte destinada a ser de la
     zona de dominio público que aún sea de propiedad privada por no haber
     sido expropiada o voluntariamente cedida o transferida, solo se podrá
     autorizar a su titular a realizar en ella cultivos que no impidan o
     dificulten la visibilidad a los vehículos o afecten negativamente a
     la seguridad vial y, con las mismas condiciones, a establecer zonas
     ajardinadas dejando, en todo caso, libre la calzada, la plataforma,
     el paseo o arcén, la acera, la cuneta y, en su caso, las obras de
     tierra, y cauces de evacuación de aguas pluviales. (Del artículo 40.3
     de la Ley).
     5. En ningún caso se autorizarán obras que afecten a la seguridad
     vial.
     Artículo 90.-Retirada de objetos abandonados en la zona de dominio
     público.
     1. Deberán retirarse de la zona de dominio público todos los objetos
     abandonados en la misma que puedan obstaculizar el uso normal de la
     vía. (Artículo 41 de la Ley).
     2. Si los agentes de la Administración titular de la vía hallaran
     algún objeto abandonado que se encuentre en el supuesto regulado en
     el apartado anterior, procederán de oficio a su retirada y a su
     colocación temporal en el lugar más próximo que no obstaculice el uso
     normal de la vía, previo aviso a los agentes de la autoridad -en caso
     de que no coincidan- sin perjuicio de la titularidad del objeto y de
     la posterior incoación, en su caso, del oportuno expediente
     sancionador.
     3. Los propietarios de los terrenos colindantes con la carretera y en
     su caso los dueños o responsables de los rebaños o de los animales
     evitarán la salida a las zonas de dominio público de la carretera de
     animales, siendo por su cuenta las protecciones y cierres que
     resulten necesarios. Lo anterior debe entenderse salvo lo dispuesto
     en relación con el cruce de vías pecuarias con carreteras.
     Sección 2ª.-Zona de servidumbre
     Artículo 91.-Zona de servidumbre.
     La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de
     terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la
     zona de dominio y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
     aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinticinco
     (25) metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho (8)
     metros en las demás carreteras, medidos desde las citadas aristas.
     (Artículo 42.1 de la Ley).
     Artículo 92.-Usos permitidos en la zona de servidumbre.
     1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se
     permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la
     seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del titular
     de la vía y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
     (Artículo 42.2 de la Ley).
     2. En todo caso, el titular de la vía podrá utilizar o autorizar la
     utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general
     o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera, según lo
     dispuesto en la Sección quinta el presente capítulo.  (Del artículo
     42.3 de la Ley).
     3. Podrá utilizarse la zona de servidumbre para los siguientes fines:
     a) Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas
     destinadas a las obras de construcción, reparación o conservación de
     la carretera.
     b) Colocación temporal de objetos que se encuentren sobre la
     plataforma de la carretera y constituyan peligro u obstáculo para la
     circulación.
     c) Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la
     carretera o zonas de dominio o servidumbre. Establecimiento de
     sistemas que permitan el riego por aspersión de la zona de dominio
     público, por el titular de la vía para estabilización de taludes,
     hidrosiembras, etc.
     d) Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan
     circular por cualquier causa.
     e) Instalaciones u objetos vinculados a servicios de interés general,
     cuando no sea posible situarlos en un lugar más lejano de la
     carretera.
     f) Paso de conducciones de suministros en los que exista una utilidad
     pública o interés social y que sean compatibles con la seguridad de
     la circulación si no existe la posibilidad de llevarlas más lejos de
     la carretera.
     g) Otros análogos, por razones de utilidad pública o interés social,
     o que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como
     caminos de servicio o agrícolas, zonas de estacionamiento y vías de
     servicio.
     4. En los supuestos regulados en las letras b) y d) del apartado
     anterior, no será necesaria la previa notificación al propietario o
     al poseedor del terreno afectado. En los casos previstos en las
     letras a), c), e), f) y g) será necesario notificar las mencionadas
     circunstancias previamente al propietario y en su caso también al
     poseedor o arrendatario del terreno afectado, para que en un plazo de
     veinte días pueda manifestar lo que considere oportuno.
     5. En la zona de servidumbre podrán realizarse, sin necesidad de
     autorización y en precario, los trabajos propios de cultivos
     agrícolas, siempre que no quede afectada la seguridad vial.  Estarán
     sometidas a autorización la plantación o tala de arbolado y las
     actividades ganaderas.
     Artículo 93.-Indemnizaciones en la zona de servidumbre.
     1. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los
     daños y perjuicios que se causen por su utilización, en los términos
     previstos en la Ley de Expropiación Forzosa. (Del artículo 42.4 de la
     Ley).
     2. No obstante, la explotación y uso de los terrenos ubicados en esta
     zona deberá ser compatible con las limitaciones y usos que lleve a
     cabo la Administración titular de la carretera, sin que en este
     último supuesto se genere derecho a indemnización.
     3. El pago del importe de las indemnizaciones deberá realizarse por
     el beneficiario de la ocupación, si éste es distinto del titular de
     la carretera.
     Sección 3ª.-Zona de afección
     Artículo 94.-Zona de afección.
     La zona de afección consistirá en dos franjas de terreno a ambos
     lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de
     servidumbre y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas
     exteriores de la explanación a una distancia de cien (100) metros en
     autopistas, autovías y vías rápidas, y de cincuenta (50) metros en
     las demás carreteras, medidos desde las citadas aristas.
     Artículo 95.-Obras e instalaciones en la zona de afección.
     1. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o
     instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
     mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización
     del titular de la vía, sin perjuicio de otras competencias
     concurrentes y de lo dispuesto en este Reglamento en relación con las
     travesías. (Del artículo 43.2 de la Ley).
     2. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de
     afección podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la
     autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y
     contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
     construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten
     pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello,
     asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes y de
     lo dispuesto en este Reglamento en relación con las travesías.
     (Artículo 43.3 de la Ley).
     3. La denegación de la autorización deberá fundarse en las
     previsiones de los planes o proyectos de ampliación o variación de la
     carretera en un futuro no superior a diez años. (Artículo 43.4 de la
     Ley).
     4. En la zona de afección podrán realizarse, sin necesidad de
     autorización y en precario, los trabajos propios de cultivos
     agrícolas. Quedan excluidas de esta excepción la plantación o tala de
     arbolado y las actividades ganaderas.
     Sección 4ª.-Línea límite de edificación
     Artículo 96.-Línea límite de edificación.
     1. Se establece a ambos lados de las carreteras la línea límite de
     edificación, desde la cual y hasta la carretera queda prohibido
     cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
     a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación
     y mantenimiento de las ya existentes.  (Artículo 44.1 de la Ley).
     2. La línea límite de edificación, en las redes de carreteras
     definidas en el artículo 14 del presente Reglamento, se sitúa a
     cincuenta (50) metros en autopistas, autovías y vías rápidas, a
     dieciocho (18) metros en las carreteras de la Red Básica y a quince
     (15) metros en las integrantes en la Red Comarcal y Local, medidos a
     partir de la arista exterior de la calzada más próxima.
     A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los ramales de
     enlaces y las vías de giro de intersecciones se considerarán
     carreteras convencionales. (Del artículo 44.2 de la Ley).
     3. Las Diputaciones Provinciales y los Municipios de Aragón podrán
     fijar reglamentariamente la línea de edificación en las carreteras
     sometidas a sus respectivas titularidades que constituyen las Redes
     provinciales y municipales. La distancia fijada para dicha línea no
     podrá ser inferior a la prevista para la Red Local (15 metros), salvo
     causa debidamente justificada y previo informe de la Dirección
     General de carreteras. En ausencia de reglamento que delimite la
     citada línea, se entenderá en todo caso que ésta se sitúa a 15 metros
     de la arista exterior de la calzada. (Del artículo 44.3 de la Ley).
     4. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde
     exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de
     vehículos en general. (Artículo 44.4 de la Ley).
     Artículo 97.-Línea límite de edificación en carreteras que discurran
     por zonas urbanas.
     1. Con carácter general, en las carreteras que discurran total o
     parcialmente por zonas urbanas, el órgano titular de las mismas
     establecerá la línea de edificación a la distancia que permita, en
     sus previsiones, el planeamiento urbanístico respectivo.  (Artículo
     44.5 de la Ley).
     2. En estos casos podrá establecerse una línea de edificación a una
     distancia inferior a la prevista en el artículo anterior, y la
     Administración titular de la vía deberá fijar provisionalmente la
     línea y someterá a información pública el correspondiente estudio de
     delimitación, por un plazo de un mes, que se anunciará en el «Boletín
     Oficial de Aragón», para que cualquier interesado pueda formular las
     alegaciones oportunas.
     3. El estudio de delimitación deberá remitirse, cuando se trate de
     carreteras autonómicas, a las Entidades Locales afectadas para que en
     el plazo citado en el apartado anterior y un mes más, manifiesten su
     opinión.
     4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, en caso de
     conformidad o de transcurso del plazo sin manifestar opinión, el
     expediente se elevará al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
     Transportes para su definitiva resolución.
     Si existiera disconformidad, se elevará el expediente al Gobierno de
     Aragón, que decidirá si procede la ejecución del proyecto y, en ese
     caso, ordenará la modificación o revisión del planeamiento, que
     deberá ajustarse a las previsiones del proyecto en el plazo de un año
     desde la aprobación de éste.
     Artículo 98.-Otros supuestos especiales.
     1. La línea de edificación ha de ser siempre, por su propia
     finalidad, exterior a la zona de servidumbre. Cuando por ser de
     excesiva anchura la proyección horizontal del talud de los
     terraplenes o desmontes, la línea de edificación definida en este
     artículo corte a la zona de servidumbre, la de edificación coincidirá
     con la línea exterior de dicha zona de servidumbre.  (Del artículo
     44.6 de la Ley).
     2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y en los
     artículos precedentes, en las variantes o carreteras de
     circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las
     travesías de poblaciones, la línea de edificación se situará a
     cincuenta (50) metros, medidos horizontalmente a partir de la arista
     exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.  (Del
     artículo 44.7 de la Ley).
     3. Si las líneas límite de edificación se superponen, en función de
     que su medición se realice desde la carretera principal o desde los
     ramales de enlaces y vías de giro de intersecciones, prevalecerá, en
     todo caso, la más alejada de la carretera.
     Artículo 99.-Obras e instalaciones dentro de la línea límite de
     edificación.
     1. En la zona existente dentro de la línea límite de edificación
     podrán ejecutarse obras de conservación y mantenimiento de las
     construcciones existentes, así como obras de reparación por razones
     de ornato e higiene de los inmuebles. En estos últimos casos, deberá
     comunicarse el proyecto al titular de la vía, y si en el plazo de un
     mes no manifiesta ningún reparo, se entenderá la conformidad con
     aquél.
     2. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 102.2 de este
     Reglamento, la Administración titular de la vía podrá autorizar
     también la colocación de instalaciones desmontables y de cerramientos
     diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la
     línea límite de edificación, siempre que no se vean disminuidas las
     condiciones de visibilidad y de seguridad vial.
     No obstante, no podrán autorizarse en esta zona obras que supongan
     una edificación por debajo del nivel del terreno, ni realizar
     instalaciones aéreas o subterráneas que sean parte integrante de
     industrias o establecimientos, salvo que tengan carácter provisional
     o sean fácilmente desmontables.
     3. Las limitaciones señaladas en los apartados anteriores no darán
     derecho a indemnización alguna.
     Sección 5ª.-Autorizaciones en las diferentes zonas,
     fuera de los tramos urbanos
     Artículo 100.-Autorizaciones y fianzas.
     1. Para realizar cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o
     provisionales, incluso para los meros movimientos de tierras, para
     cambiar el uso o destino de dichas tierras y para plantar o talar
     árboles, en cualquiera de las tres zonas definidas y reguladas en los
     artículos precedentes, y transitar con vehículos con peso superior a
     la limitación de la carretera, será necesaria la previa autorización
     del titular de la vía, en los términos establecidos en los artículos
     siguientes (Del artículo 45.1 de la Ley).
     2. Asimismo, podrá requerirse la constitución de una fianza para
     garantizar la correcta ejecución de las obras autorizadas.  (Artículo
     45.2 de la Ley).
     Artículo 101.-Procedimiento autorizatorio.
     1. La realización de obras, instalaciones o actividades en las zonas
     de protección de las carreteras reguladas en el presente Reglamento,
     fuera de tramos urbanos, se ajustará al procedimiento autorizatorio
     regulado en el presente artículo, salvo lo establecido en los
     artículos 85 y 86 en relación con las áreas de servicio y con las
     instalaciones situadas fuera de ellas, respectivamente. No se
     aplicará este procedimiento en los casos de instalaciones de pesaje y
     control de aforos expresamente exceptuados en este Reglamento.
     2. El procedimiento se iniciará con la presentación por el interesado
     de la solicitud ante el titular de la vía, acompañada de la
     documentación necesaria para la correcta localización y definición de
     la actuación a realizar. Si la actuación prevista conllevara una
     cierta incidencia sobre la circulación de los vehículos por la vía,
     deberá incluirse además el estudio y solución de los problemas
     originados.
     3. Las solicitudes de autorización deberán acompañar la siguiente
     documentación:
     a) Si se trata de obras o instalaciones en la zona de dominio
     público, se adjuntará un proyecto de las obras e instalaciones a
     ejecutar, así como los documentos que acrediten su conformidad con el
     planeamiento urbanístico o las autorizaciones urbanísticas exigibles
     debiendo el proyecto ser suscrito por técnico competente y visado por
     el Colegio profesional correspondiente.  Habrá que justificar en todo
     caso el interés general de la necesidad de ocupación del dominio
     público.
     b) Para las zonas de servidumbre o de afección, se acompañará la
     documentación necesaria para la correcta localización y definición de
     la actuación que se pretende realizar. En los siguientes supuestos
     será necesario además la presentación de proyecto suscrito por
     técnico competente y visado por el Colegio profesional
     correspondiente:
     1.º Obras de paso o desagüe, muros de sostenimiento y, en general,
     todas las actuaciones que puedan afectar a la seguridad vial, a los
     servicios existentes, al libre curso de las aguas superficiales o
     subterráneas, o al entorno medioambiental. El proyecto deberá
     estudiar la incidencia de la obra en todos estos aspectos.
     2.º Hoteles, restaurantes y en general todo tipo de instalaciones
     permanentes colindantes con una carretera convencional o una vía de
     servicio. El proyecto incluirá un estudio de los accesos,
     estacionamientos, firme, drenaje, señalización, iluminación,
     ornamentación y demás elementos de la instalación, y deberá tener en
     cuenta la seguridad vial y el entorno medioambiental.
     3.º Urbanizaciones, instalaciones industriales, tendidos aéreos y
     conducciones y redes de todo tipo, accesos, explanaciones y, en
     general, cualquier elemento de urbanización. El proyecto contendrá el
     modo de ordenación de la zona y tendrá en cuenta igualmente los
     aspectos de seguridad vial y medioambientales.
     4. Si la Administración considera que la documentación presentada es
     incompleta, se lo notificará al interesado para que, en el plazo de
     diez días, subsane el defecto apreciado. En el caso de que la
     Administración solicite estudios, planos, variaciones, o cambios de
     tipo técnico que requieran por su complejidad plazos de elaboración,
     ejecución o consultas mayores, se lo comunicará al interesado para
     que presente lo requerido en el plazo que se le otorgue.
     5. Una vez comprobada la actuación solicitada sobre el terreno y una
     vez practicados los trámites complementarios que se estimen
     necesarios, el Servicio competente de la Administración titular de la
     vía elevará el expediente al órgano encargado de su resolución,
     acompañado de la correspondiente propuesta.
     6. La resolución deberá establecer las condiciones en las que se
     otorga la autorización o, en caso de denegarse, los motivos para
     ello. Igualmente, podrá requerirse la constitución de un depósito
     previo con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras.
     7. El órgano competente para resolver, en el caso de las carreteras
     autonómicas, es el Director del Servicio Provincial.
     8. Una vez transcurrido el plazo de resolución y notificación, que en
     este caso será de tres meses, el interesado podrá entender estimada
     su petición por silencio administrativo positivo, salvo que se trate
     de la zona de dominio público, en que se entenderá desestimada, en
     los términos establecidos en la legislación del procedimiento
     administrativo común.
     9. Contra la decisión del Director del Servicio Provincial cabrá
     interponer recurso de alzada ante el Consejero de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes, en el caso de las carreteras autonómicas. En
     las carreteras locales se atenderá, a efectos de recursos, al órgano
     que dictó el acto de otorgamiento o denegación de la autorización, en
     los términos previstos en la legislación sobre régimen local.
     10. El otorgamiento de la autorización, cuando se trate de la zona de
     dominio público, devengará el pago de la correspondiente tasa por
     aprovechamiento especial del dominio público excepto en el supuesto
     previsto en el artículo 89.4 de este Reglamento.
     Artículo 102.-Condiciones para el otorgamiento de la autorización.
     1. La Administración titular de la vía podrá imponer en su
     autorización las condiciones que estime necesarias para evitar daños
     y perjuicios a la infraestructura de la carretera, a los elementos
     funcionales, a la seguridad vial, a la adecuada gestión y explotación
     de la vía, o a las condiciones medioambientales de su entorno.
     En estos casos, la resolución deberá motivarse y antes de ella habrá
     debido practicarse la oportuna audiencia a los interesados sobre el
     contenido de las condiciones, por un plazo mínimo de quince días.
     2. Deberán observarse, de un modo particular, las siguientes normas:
     a) Excepto en vías urbanas, las plantaciones de arbolado sólo se
     autorizarán en las zonas de servidumbre y afección, siempre que no
     perjudiquen a la seguridad vial y en particular a la visibilidad en
     la carretera. La tala de arbolado queda prohibida en el caso de que
     afecte a la seguridad de la carretera, a sus elementos funcionales o
     a la seguridad vial.
     En el caso de cruces sobre la carretera se cumplirán las
     prescripciones impuestas por cada tipo de instalación, pero, en todo
     caso, la altura mínima sobre la calzada será de seis metros.
     b) Los tendidos aéreos se instalarán detrás de la línea de
     edificación. La distancia de los apoyos a la arista exterior de la
     calzada no será inferior a vez y media su altura. La misma condición
     se aplicará a las torres de telefonía móvil, aerogeneradores, silos y
     semejantes instalaciones en las que predomine la dimensión vertical.
     c) Las obras subterráneas no se autorizarán en la zona de servidumbre
     si pudieran perjudicar a su posterior aprovechamiento para los fines
     a los que está destinada. En la zona delimitada por la línea límite
     de edificación no se autorizarán las que supongan una edificación,
     como los garajes, almacenes, depósitos, piscinas u otras similares.
     d) No se autorizarán conducciones subterráneas por la zona de dominio
     público, salvo que la prestación de un servicio de interés general
     así lo exigiera según lo establecido en el artículo 89. En las
     travesías de poblaciones podrán ir por debajo de las aceras, si no
     hubiera otra alternativa y excepcionalmente bajo la plataforma. En la
     zona de servidumbre podrán autorizarse por las mismas razones según
     lo establecido en el artículo 92.3 de este Reglamento. Las
     conducciones de interés privado sólo se autorizarán por la zona de
     afección y sólo de un modo excepcional por la zona de servidumbre,
     cuando no existiera otra solución posible.
     e) Los cruces subterráneos podrán ser autorizados, pero su ejecución
     deberá producir la menor perturbación posible a la circulación,
     dejará el pavimento de la vía en las anteriores condiciones y la
     instalación tendrá la debida resistencia. La Administración titular
     de la vía fijará la cota mínima de resguardo entre la parte superior
     de la obra de cruce y la rasante.
     En carreteras que tengan una intensidad media diaria (IMD) superior a
     1.500 vehículos/día, el cruce se efectuará mediante mina, túnel o
     perforación mecánica subterránea. No obstante, en casos especiales
     podrán permitirse cruces sin interrupción de tráfico habilitando
     desvíos o bien por mitades de calzada si el interesado presenta
     proyecto firmado por técnico competente visado y efectuado por
     empresa con los medios adecuados.
     f) La construcción de muros de sostenimiento por particulares sólo
     podrá ejecutarse dentro de la zona de afección y teniendo en cuenta,
     en su caso, las exigencias de la línea de edificación.  Deberá
     presentarse en todo caso un proyecto en el que se estudien su
     afección a la carretera y a sus elementos funcionales, así como a la
     seguridad vial, efectuado por técnico competente y visado.
     g) No se autorizarán cerramientos en la zona de dominio público, y en
     la zona de afección podrán autorizarse a partir de la línea límite de
     edificación. Entre esta línea y la zona de servidumbre, sólo se
     podrán construir cerramientos diáfanos, sobre piquetes sin cimiento
     de fábrica. Excepcionalmente el organismo titular de la vía podrá
     extender a la zona de servidumbre la autorización de cerramientos
     diáfanos, exclusivamente para la protección de fincas rústicas y
     siempre que no afecte a la seguridad vial.
     Entre la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, sólo
     cabrá autorizar la reconstrucción de cerramientos opacos en una
     longitud menor de ocho metros existentes a la entrada en vigor de
     este Reglamento y, en casos excepcionales, cerramientos opacos nuevos
     con una altura máxima de un metro, debiendo ser diáfanos por encima
     de dicha altura, siempre que se garantice la visibilidad y seguridad
     de la vía.
     No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, si
     existieran problemas de inestabilidad de taludes, o dificultades en
     los desmontes o en otros elementos funcionales de la carretera, la
     Administración no deberá efectuar ningún tipo de reposición del
     cerramiento. El particular podrá en estos casos solicitar una nueva
     autorización para rehacer el cierre.
     h) Entre la línea límite de edificación y la calzada no se permitirá
     la construcción, reconstrucción, ampliación, sustitución o
     rehabilitación de ningún edificio. Sólo podrán autorizarse las
     reparaciones necesarias para el ornato, higiene y simple conservación
     o mantenimiento del inmueble, y también las obras necesarias para
     viales, estacionamientos, isletas o zonas ajardinadas.
     i) Cuando se trate de instalaciones industriales, agrícolas o
     ganaderas, además de las condiciones que sean exigibles por la
     normativa específica, se adoptarán las medidas necesarias para evitar
     perjuicios a la circulación o a la carretera, a sus elementos
     funcionales y a las características medioambientales de su entorno.
     Podrán autorizarse, en la zona de afección incluida dentro de la
     línea límite de edificación, las instalaciones turísticas y
     comerciales, cuando sean de carácter provisional y móvil y no afecten
     a la seguridad vial.
     j) La construcción por particulares de pasos elevados se sujetará a
     las siguientes condiciones: los estribos de la estructura no podrán
     ocupar la zona de dominio público, salvo autorización del titular de
     la vía, y salvo en las carreteras con calzadas separadas, donde se
     podrán ubicar pilares en la mediana -si ésta tiene la suficiente
     anchura-, dotándolas de un dispositivo de contención de vehículos; el
     gálibo libre sobre la calzada será el que determine la normativa
     vigente; y las características de la estructura tendrán en cuenta la
     posibilidad de ampliación o variación de la carretera en los próximos
     quince años.
     Si se trata de pasos inferiores, además de esta última previsión, la
     cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de paso y
     la rasante de la carretera será la establecida en la normativa
     vigente.
     k) Los vertederos se situarán fuera de la zona de afección, y no
     podrán autorizarse en ningún caso si produjeran gases, humos u olores
     que afectasen a la seguridad de la circulación.
     Se exceptúan aquellos que están regulados y controlados como
     actividad sanitaria-industrial con tratamientos, métodos y fines
     adecuados a tal actividad de protección medioambiental siempre y
     cuando cumplan las normas apropiadas de tal actividad que tendrán el
     mismo tratamiento de las instalaciones industriales, agrícolas o
     ganaderas del apartado i).
     l) Los movimientos de tierras y las explanaciones podrán autorizarse
     en las zonas de servidumbre y de afección, siempre que no se
     perjudique a la carretera o a su explotación, por modificación del
     curso de las aguas, disminución de la estabilidad del terreno,
     reducción de la visibilidad o cualquier otra causa e incluso en la
     zona de dominio cuando del mismo se derive una mejora para la
     carretera.
     ll) Podrán autorizarse, excepcionalmente, instalaciones deportivas al
     aire libre en la zona de afección, pero deberán estar provistas de
     una valla o malla de seguridad que impida la posible caída de objetos
     a la carretera.
     m) La instalación de invernaderos para explotaciones agrícolas,
     siempre que no disminuyan la visibilidad y seguridad de la carretera
     y sean fácilmente desmontables, podrá realizarse más allá de la zona
     de servidumbre, y a una distancia en todo caso de al menos 15 metros
     de la arista exterior de la calzada en las autopistas, autovías y
     vías rápidas, y 10 metros en las carreteras convencionales.
     n) Los aspersores de riego, tanto si son móviles como fijos, se
     situarán siempre fuera de la zona de dominio público y como mínimo a
     nueve metros del eje de la carretera. Cuando sean móviles como los
     pivots o rangers, no sobrevolarán la citada zona de dominio público.
     Las aguas procedentes del riego por aspersión no afectarán
     negativamente en ningún caso a la carretera, a sus elementos o a la
     seguridad vial de la misma, para lo que deberán adoptarse las medidas
     necesarias por parte del titular de la instalación para evitar dichos
     efectos.
     o) Las demás instalaciones que en su caso puedan autorizarse, por
     motivos especiales, deberán garantizar la seguridad vial y la
     adecuada visibilidad para los usuarios de la vía.
     Artículo 103.-Efectos de la autorización.
     1. Las autorizaciones se otorgarán a reserva de las demás
     autorizaciones, licencias y permisos exigidas por la normativa
     vigente, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
     preexistentes sobre los terrenos o bienes. No será posible otorgar
     licencias urbanísticas para las obras correspondientes sin la previa
     concesión de la autorización por el órgano responsable de carreteras.
     Todo ello sin perjuicio de lo regulado en el artículo 86.4 de este
     Reglamento.
     En ningún caso estas autorizaciones podrán suponer la cesión del
     dominio público, ni la asunción por la Administración titular de la
     vía de ninguna responsabilidad del titular de la autorización ni de
     terceros.
     2. Las obras o instalaciones deberán ejecutarse en los plazos que
     establezca la propia autorización sin poder superar los dos años
     desde el día siguiente de la notificación de aquélla, incluidas las
     posibles prórrogas y posibilidad de suspensión, salvo supuestos
     excepcionales que se apreciarán al otorgarse la autorización. En caso
     de superarse, la autorización quedará sin efecto, salvo que la falta
     de ejecución fuera imputable a la Administración. Las obras serán
     inspeccionadas por el titular de la carretera.
     3. Para iniciar las obras será necesario reconocer de conformidad su
     replanteo, para lo que será necesario avisar al titular de la vía con
     una mínima antelación de diez días. Tras ello, éste extenderá un acta
     de conformidad o, en su caso, hará constar los reparos que estime
     convenientes, y dará un plazo para subsanarlos. El acta de
     conformidad del replanteo conlleva la existencia de la conformidad
     definitiva a la iniciación de las obras, pero no impedirá la adopción
     de las medidas oportunas en el caso de que existan desviaciones
     respecto al proyecto presentado o a la autorización concedida.
     4. Finalizadas las obras, se seguirá el procedimiento regulado en el
     apartado anterior a efectos de conseguir la conformidad definitiva
     para su uso.
     5. Los elementos de la carretera que resulten dañados por la
     ejecución de las obras deberán ser restituidos a su estado inicial
     por el titular de la autorización.
     6. La autorización será transmisible previa notificación al titular
     de la carretera del cambio de titularidad. El adquirente quedará
     subrogado en estos casos en la posición del titular inicial de la
     autorización. La nueva situación surtirá efectos desde el momento en
     que sea comunicada a la Administración titular de la vía.
     7. Las actuaciones no previstas en la autorización deberán ser objeto
     de un nuevo procedimiento de autorización, salvo las que se trate de
     detalles olvidados e inherentes a la actuación que se autorizó.
     Artículo 104.-Modificación y suspensión de la autorización.
     1. El titular de la vía podrá, en cualquier momento, modificar o
     suspender temporal o definitivamente la autorización, si ésta
     resultara incompatible con normas aprobadas posteriormente, produjera
     daños en el dominio público, impidiera su utilización para
     actividades de utilidad pública o interés social, o así fuese
     necesario para la ampliación o mejora de la carretera.
     2. En estos casos, el procedimiento se iniciará de oficio o a
     instancia de parte y será instruido por los Servicios competentes de
     la Administración titular de la carretera. Será necesario dar
     audiencia a los interesados antes de elevar la propuesta de
     resolución, con el fin de que puedan formular las alegaciones que
     consideren oportunas. En el caso de las carreteras autonómicas, el
     Director del Servicio Provincial será el competente para resolver el
     expediente.
     Sección 6ª.-Publicidad y carteles informativos
     Artículo 105.-Publicidad.
     1. Queda prohibido el establecimiento de publicidad en cualquier
     lugar visible desde la zona de dominio público de las carreteras. 
     (Artículo 46.1 de la Ley).
     2. En las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las
     carreteras queda totalmente prohibido fuera de zonas urbanas realizar
     publicidad, sin que esta prohibición dé lugar, en ningún caso, a
     derecho a indemnización. (Artículo 46.2 de la Ley).
     3. A los efectos de este precepto, no se considerará publicidad la de
     los carteles informativos cuya instalación haya sido previamente
     autorizada por el titular de la vía, según lo previsto en el artículo
     siguiente. (Del artículo 46.3 de la Ley).
     4. En los tramos urbanos, la instalación de publicidad se regulará
     por lo establecido en las ordenanzas municipales.  Aquélla deberá en
     todo caso situarse fuera de la zona de dominio público y no podrá
     afectar a la señalización, iluminación o balizamiento de la
     carretera.
     Artículo 106.-Carteles informativos.
     1. Se considerarán carteles informativos:
     a) Aquellos que contengan información de carácter turístico,
     histórico-artístico y medioambiental, en los términos establecidos en
     el artículo 47.
     b) Los que contengan información relativa a las vías pecuarias, de
     acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.
     c) Las señales de servicio y los carteles que indiquen límites
     administrativos comarcales, poblaciones, urbanizaciones y centros
     importantes de atracción con acceso directo o inmediato desde la
     carretera. Si se trata de restaurantes, talleres, exposiciones,
     ferias, centros comerciales y otras instalaciones de interés para el
     usuario, las indicaciones tendrán en todo caso carácter general, y no
     podrán contener nombres comerciales.
     d) Los que tengan relación con obras y actividades que afecten a la
     carretera.
     e) Los rótulos de los establecimientos industriales o mercantiles que
     sean indicativos de su actividad, en los términos regulados en el
     artículo siguiente.
     f) Los que hagan referencia a los carburantes disponibles, la marca y
     precios de éstos en la estación de servicio más cercana, de acuerdo
     con lo establecido en el apartado quinto.
     2. La forma, colores y dimensiones de los carteles informativos,
     salvo los previstos en la letra e) del apartado anterior, serán
     establecidos por la Administración titular de la vía, que deberá
     respetar no obstante la normativa para la seguridad vial.
     3. La colocación de los carteles informativos podrá realizarse por
     los propios interesados, previa autorización de la Administración
     titular de la vía, y el mantenimiento y conservación correrá a cargo
     de aquéllos.
     4. En caso de defectuosa conservación, cese de la actividad objeto de
     la información, por razones de seguridad de la circulación o por
     perjudicar al servicio público que presta la carretera, la
     autorización podrá ser revocada, previa audiencia del interesado, y
     sin que exista derecho a indemnización. La Administración dará un
     plazo para la retirada del cartel, y si el titular no lo retira,
     podrá ella misma llevarlo a cabo, y aquél deberá pagar los costes de
     la operación.
     5. En las zonas de dominio público o de servidumbre, será necesaria
     la instalación de carteles informativos de los carburantes
     petrolíferos, así como del precio y la marca de éstos, ofrecidos en
     la estación de servicio más cercana. La Administración titular de la
     vía autorizará la instalación, y establecerá la distancia a la que
     deban colocarse los carteles, medida desde el acceso a la estación de
     servicio.
     La veracidad de la información contenida en el cartel será
     responsabilidad del titular de la autorización, al igual que la
     instalación, conservación y mantenimiento. Estas operaciones se
     realizarán sin riesgo alguno para la seguridad vial.
     Alternativamente, la obligación de información mediante la
     instalación de carteles a que se refiere el párrafo anterior se
     entenderá cumplida mediante la adhesión de los titulares de
     estaciones de servicio, al sistema de información de precios de
     carburantes previsto en el art. 5 del Real Decreto Ley 6/2000, de 3
     de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
     los Mercados de bienes y servicios, de modo que los usuarios accedan,
     en todo caso, a la información sobre ubicación de sus instalaciones,
     tipo, precio y marca de los combustibles ofrecidos, a través de la
     telefonía móvil o de cualquier otro medio telemático.
     Artículo 107.-Rótulos y anuncios.
     1. Los rótulos de establecimientos industriales o mercantiles se
     considerarán carteles informativos si se encuentran situados sobre
     los inmuebles sobre los que aquéllos tengan su sede o en su inmediata
     proximidad, y no podrán incluir ninguna comunicación adicional que
     promueva a la contratación de bienes o servicios.
     2. La colocación de rótulos y anuncios deberán ser autorizada por el
     titular de la vía.
     3. Sin embargo, no podrán autorizarse:
     a) Los rótulos cuya segunda mayor dimensión sea superior al 10 por
     ciento de su distancia a la arista exterior de la calzada.
     b) Los que, por sus características, excesivo número de palabras o de
     mensajes, puedan producir deslumbramiento, confusión o distracción a
     los usuarios de la carretera, o sean incompatibles con la seguridad
     vial.
     4. Los rótulos, dibujos o inscripciones que figuren sobre los
     vehículos automóviles, y se refieran exclusivamente al propietario de
     éstos o a la carga que transportan, no tendrán la consideración de
     publicidad. No obstante, se prohibe la utilización de sustancias
     reflectantes, colores o composiciones que puedan inducir a confusión
     con señales de tráfico o circulación o que puedan obstaculizar el
     tráfico rodado.
     5. Tampoco se considerarán publicidad los avisos, carteles y rótulos
     colocados, eventualmente, con ocasión de la celebración de pruebas
     deportivas o acontecimientos de gran interés social que se
     desarrollen en la misma carretera. En estos supuestos, deberá
     solicitarse autorización al titular de la vía, que la otorgará si la
     solicitud acredita que se sujeta a las condiciones de seguridad
     establecidas por la organización de la prueba o acontecimiento. La
     colocación y la retirada de la publicidad correrá a cargo de los
     organizadores de la prueba.
     Se aplicará además lo dispuesto en el capítulo II del presente
     Título, en relación con las limitaciones a la circulación en estos
     casos.
     Artículo 108.-Señalización bilingüe.
     1. En todo caso, y respetando la normativa básica internacional y
     nacional, la señalización informativa será bilingüe, atendiendo a las
     lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón como integrantes de su
     patrimonio cultural e histórico. (Artículo 47 de la Ley).
     2. Las condiciones y criterios para el establecimiento de la
     señalización bilingüe serán establecidos por el Gobierno de Aragón, a
     propuesta conjunta de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
     Institucionales, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y de
     Cultura y Turismo.
     Sección 7ª.-Expropiaciones y accesos
     Artículo 109.-Expropiaciones.
     En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la línea de
     edificación, el titular de la vía podrá proceder a la expropiación de
     los bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración de
     utilidad pública, siempre que, previamente, haya un proyecto aprobado
     de trazado o de construcción para reparación, ampliación o
     conservación de la carretera, que la hiciera necesaria. (Artículo 48
     de la Ley).
     Artículo 110.-Accesos.
     1. El titular de la vía podrá limitar los accesos a las carreteras y
     fijar los puntos en los que tales accesos podrán construirse. La
     fijación de dichos puntos tendrá carácter obligatorio para los
     titulares de predios afectados, sin que la Administración haya de
     pagar por ello indemnización alguna.
     A los efectos de lo anterior, se consideran accesos a una carretera
     las entradas y salidas directas de vehículos a núcleos urbanos e
     industriales, y a fincas y terrenos colindantes. (Del artículo 49.1
     de la Ley).
     2. Asimismo, queda facultado el titular de la vía para reordenar los
     accesos existentes, con objeto de mejorar la explotación de la
     carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los
     terrenos necesarios. (Artículo 49.2 de la Ley).
     3. Obligatoriamente se incluirán en los respectivos proyectos para la
     nueva construcción, mejora o acondicionamiento de las carreteras la
     reordenación de los accesos existentes. Los accesos así reordenados
     serán calificados como «accesos previstos».  (Artículo 49.3 de la
     Ley).
     4. Cuando los accesos no previstos sean solicitados por el
     propietario de un predio colindante o por otros interesados directos,
     el titular de la vía podrá convenir con éstos la aportación económica
     procedente en cada caso, siempre que el acceso sea de interés público
     o medie alguna actuación general de conservación en la carretera
     afectada. (Artículo 49.4 de la Ley).
     5. Los predios colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas
     carreteras, variantes de población y de trazado, ni a los nuevos
     tramos de carretera si en las mismas se han construido calzadas de
     servicio a las que se puede acceder. (Artículo 49.5 de la Ley).
     6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este
     artículo, podrán limitarse los accesos en las variantes de
     poblaciones. (Artículo 49.6 de la Ley).
     7. Salvo que se ubiquen en un área de servicio, los accesos a
     estaciones de servicio emplazadas junto a una autopista, autovía o
     vía rápida se realizarán siempre a través de una vía de servicio.
     Artículo 111.-Autorización de accesos fuera de tramos urbanos.
     1. Para que sea posible la autorización de nuevos accesos, además de
     lo dispuesto en el artículo anterior, éstos deberán ser de interés
     público por encontrarse vinculados a bienes, obras o servicios de
     carácter público. En los demás supuestos deberá estar suficientemente
     justificada la imposibilidad de otro tipo de acceso.
     2. El procedimiento y el régimen de la autorización de los accesos
     fuera de tramos urbanos serán los regulados en la Sección quinta del
     presente capítulo.
     Artículo 112.-Apartaderos y otras instalaciones.
     1. La ubicación de nuevas paradas para vehículos de transporte
     público de viajeros en carreteras de la Red Básica dentro de tramos
     no urbanos exigirá la construcción del adecuado apartadero que
     requerirá la correspondiente autorización del organismo titular de la
     carretera.
     2. Igualmente, podrán construirse los pasos peatonales a nivel y a
     distinto nivel que fueran necesarios, al igual que barreras
     antirruido, semaforizaciones y demás equipamientos que sean precisos
     que requerirán autorización del organismo titular de la carretera.
     Sección 8ª.-Protección de la legalidad viaria
     Artículo 113.-Paralización de obras y suspensión de usos no
     autorizados.
     1. El Director del Servicio Provincial de Carreteras dispondrá, en el
     ámbito territorial de sus competencias, la paralización de las obras
     y la suspensión de usos no autorizados o que no se ajusten a las
     condiciones establecidas en las autorizaciones.  (Artículo 50.1 de la
     Ley).
     2. El plazo máximo para la adopción de la decisión a la que hace
     referencia el apartado anterior es de quince días, a contar desde el
     día siguiente al del inicio del procedimiento por el Servicio
     Provincial.
     3. La decisión deberá notificarse al propietario y, en su caso, a los
     titulares o arrendatarios, y tendrá el carácter de medida
     provisionalísima y cautelar, como trámite previo al expediente
     regulado en el artículo siguiente.
     4. La paralización suspenderá los trabajos de construcción, pero el
     interesado deberá realizar las obras necesarias para mantener las
     medidas de seguridad que sean precisas.
     5. Las facultades para el restablecimiento de la legalidad reguladas
     en el presente artículo podrán ser ejercitadas durante la realización
     de las obras. La paralización de los usos, además, durante el plazo
     de los cuatro años posteriores a la finalización de aquéllas. Todo
     ello sin perjuicio de lo que establece el artículo 145 de este
     Reglamento.
     Artículo 114.-Demolición de obras o posibilidad de legalización.
     1. El Director del Servicio Provincial al que se refiere el artículo
     anterior comprobará las obras paralizadas y los usos suspendidos, y
     deberá adoptar en el plazo de dos meses una de las resoluciones
     siguientes:
     a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los
     usos no autorizados o que no se ajustaren a las condiciones
     establecidas en la autorización.
     b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la
     eventual legalización de las obras o instalaciones o autorización de
     los usos que se adapten a las normas aplicables, con la solicitud de
     la oportuna autorización o ajustando las obras a la autorización
     concedida (Del artículo 50.2 de la Ley).
     2. Una vez dictada la resolución a la que hace mención el apartado
     anterior, el Director del Servicio Provincial concederá el plazo
     máximo de un mes para su cumplimiento por el interesado.
     3. En el caso de incumplimiento de la obligación de demolición, o de
     continuar ejercitándose el uso no autorizado, el Director del
     Servicio Provincial ordenará la ejecución forzosa de la resolución,
     en sustitución del interesado y a su costa, de acuerdo con lo
     dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
     Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, utilizando los
     medios y procedimientos que en su caso procedan. En el caso de
     continuar ejercitándose el uso no autorizado, podrá acordarse la
     demolición de las obras.
     Simultáneamente, se incoarán e instruirán los expedientes
     sancionadores por infracción regulados en el título VIII.
     4. El plazo de dos meses al que hace referencia el apartado primero
     se contará a partir del día siguiente al de la notificación de la
     orden de paralización de las obras o de la suspensión de los usos.
     5. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las
     sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten
     procedentes. (Artículo 50.4 de la Ley).
     Artículo 115.-Actuación de las Entidades Locales.
     1. Las acciones expresadas en los dos artículos anteriores se
     ejercerán por los órganos competentes de las Diputaciones
     Provinciales y de los Ayuntamientos en el ámbito de las carreteras de
     su titularidad. (Artículo 50.3 de la Ley).
     2. A efectos del ejercicio de las competencias reguladas en la
     presente Sección, los Ayuntamientos deberán notificar al titular de
     la vía las decisiones relativas al otorgamiento de autorizaciones que
     afecten a las carreteras autonómicas o provinciales o a sus zonas de
     dominio público, servidumbre o afección.
     Artículo 116.-Obras ruinosas que entrañen riesgo de daños a la
     carretera.
     1. Cuando una construcción, o parte de ella, próxima a una carretera
     pudiera ocasionar daños a ésta o ser motivo de peligro para la
     circulación por su carácter ruinoso, el respectivo titular de la vía
     lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento competente
     a los efectos de incoación de expediente para su declaración de ruina
     y subsiguiente demolición, en su caso, de acuerdo con lo previsto en
     la legislación urbanística.
     En el caso de que la construcción tuviera un interés histórico o
     cultural, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural.
     (Del artículo 51.1 de la Ley).
     2. Si existieren urgencia o peligro inminentes, se dará traslado de
     tal circunstancia al Servicio Provincial de Carreteras para que se
     adopten las medidas necesarias.
     Este traslado se dará a las Diputaciones Provinciales y a los
     Ayuntamientos en el ámbito de las carreteras de su titularidad
     (Artículo 51.2 de la Ley).
     3. En la comunicación al Ayuntamiento se advertirá si la ruina es
     inminente y se señalarán las precauciones que deberán adoptarse para
     evitar los daños o peligros a la carretera en el momento en que se
     lleve a cabo la demolición de la construcción.
     4. Si el órgano municipal no acordase las necesarias medidas de
     seguridad o la orden de derribo en el plazo que regule la legislación
     urbanística aplicable, el Servicio Provincial de Carreteras podrá
     adoptar las precauciones necesarias y ordenar las medidas precisas
     para garantizar la seguridad de las personas, bienes y circulación de
     vehículos, así como la integridad del dominio público viario.
     5. El Ayuntamiento deberá notificar a la Administración autonómica la
     decisión que adoptare y si, en su caso, el dueño de la construcción
     no realizara la demolición en el plazo establecido por el
     Ayuntamiento, el Servicio Provincial de Carreteras adoptará las
     medidas oportunas para limitar la circulación por la carretera sin
     perjuicio de recabar el ejercicio de las medidas sustitutorias
     establecidas por la legislación aplicable.
     Artículo 117.-Denuncia de particulares.
     1. Los particulares podrán denunciar, ante el titular de la vía, la
     existencia de obras o usos no autorizados, con el fin de que, una vez
     comprobada la realidad y certeza de la denuncia, pueda obrarse
     posteriormente de acuerdo con el procedimiento regulado en los
     artículos anteriores.
     2. En estos casos el denunciante deberá hacer constar su nombre y
     apellidos, domicilio y número de documento nacional de identidad.
     Artículo 118.-Mantenimiento de las condiciones de las instalaciones.
     1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística sobre
     el deber de conservación, los propietarios o, en su caso, ocupantes o
     arrendatarios de terrenos, construcciones, instalaciones, especies
     vegetales y cualesquiera otros elementos que incidan directa o
     indirectamente sobre la carretera o en alguna de sus zonas de
     protección reguladas en el presente Reglamento, deberán mantenerlos
     en las debidas condiciones de funcionamiento, seguridad y salubridad
     para la carretera y sus usuarios.
     2. Si se incumpliera alguna de las condiciones establecidas en el
     apartado anterior, el titular de la vía requerirá al propietario para
     que realice las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las
     obligaciones requeridas, debiendo proceder a su clausura o
     corrección, en su caso, apercibiéndole de que en su defecto se
     realizarán por ejecución subsidiaria y a cargo y costa de aquél.
     CAPITULO II.-DE LA DEFENSA DE LAS CARRETERAS
     Artículo 119.-Imposición de limitaciones y de condiciones técnicas en
     las autorizaciones.
     1. Los Servicios Provinciales de Carreteras podrán imponer, en el
     ámbito territorial de sus competencias, limitaciones temporales o
     permanentes a la circulación en ciertos tramos o partes de las
     carreteras, cuando las condiciones, situaciones y exigencias técnicas
     o de seguridad vial lo requieran, en los supuestos establecidos en el
     artículo 12. Les compete, igualmente, fijar las condiciones técnicas
     a observar en las autorizaciones excepcionales que, en su caso,
     puedan otorgarse y señalizar las correspondientes ordenaciones
     resultantes de la circulación.
     Las funciones expresadas serán ejercidas por los órganos competentes
     de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos en el ámbito
     de las carreteras de su titularidad.  (Del artículo 52 de la Ley).
     2. La Dirección General de Carreteras u órgano competente de la
     Administración titular de la vía podrá habilitar carriles para su
     utilización en sentido contrario al habitual, cuando así lo requiera
     la realización de obras, trabajos o actividades en la calzada.
     3. Igualmente, podrá reservar al uso exclusivo de vehículos
     automóviles, de un modo permanente o temporal, determinados tramos o
     itinerarios de autovías o vías rápidas, con la finalidad de facilitar
     la comodidad y seguridad de la circulación y garantizar la adecuada
     prestación del servicio público encomendado. La reserva deberá
     publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón», con una antelación
     mínima de siete días antes de su vigencia, en el caso de las
     limitaciones permanentes, y de cuarenta y ocho horas en el caso de
     las temporales.
     Artículo 120.-Autorización para pruebas deportivas, transportes
     especiales y otros usos excepcionales de la carretera.
     1. Cuando sea necesario establecer limitaciones especiales a la
     circulación en las carreteras autonómicas, provinciales o
     municipales, motivadas por la celebración de pruebas ciclistas o de
     otras modalidades deportivas, por la organización de festejos
     públicos, así como por la utilización de transportes especiales y por
     otros usos de la vía de naturaleza excepcional, el titular de la
     carretera deberá otorgar la oportuna autorización.
     En el caso de las carreteras autonómicas, el órgano competente será
     el Director General de Carreteras.
     2. El expediente se iniciará con la presentación por el interesado de
     un estudio detallado, donde deberá justificarse que el uso especial
     de la carretera no producirá daños a ésta, que la seguridad de la
     circulación quedará garantizada, y que se adoptarán las medidas
     necesarias para reducir al máximo las afecciones al resto de los
     usuarios de la carretera.
     3. En estos casos podrá exigirse la constitución de una fianza para
     responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse por el
     incumplimiento de las condiciones de la autorización.  Igualmente y
     en su caso, se exigirá el abono de la correspondiente tasa.
     4. La Administración deberá resolver y notificar en el plazo máximo
     de un mes, transcurrido el cual la autorización se entenderá
     desestimada.
     En la autorización se establecerán las condiciones que se estimen
     oportunas con el fin de garantizar la seguridad y correcta
     utilización de la vía, en relación con el itinerario, horarios y
     otras medidas.
     5. Podrán otorgarse autorizaciones provisionales en los casos en
     donde la actuación a llevar a cabo tenga un carácter urgente o
     inmediata en el tiempo, y también cuando se produzca un cambio en el
     itinerario previsto por razones de carácter excepcional.
     6. En el caso de las pruebas ciclistas, cuando por razones
     meteorológicas u otros motivos excepcionales sea necesario variar el
     itinerario en un plazo inmediato, la variación deberá comunicarse, a
     ser posible de modo previo, al titular de la vía.  En estos supuestos
     deberán quedar aseguradas las garantías establecidas en el apartado
     segundo.
     7. El otorgamiento de la autorización a la que hace referencia el
     presente artículo se realizará sin perjuicio de otras autorizaciones
     y permisos que deban exigirse, por parte de la Administración
     responsable de tráfico u otras que puedan ser competentes.
     Artículo 121.-Control de aforos.
     1. El titular de la vía podrá establecer y autorizar, en puntos
     estratégicos de la red de carreteras, la instalación de aforos, sobre
     la infraestructura de las vías, para conocimiento y control de las
     características de la demanda de tráfico. (Artículo 53.1 de la Ley).
     2. Se diferencian dos clases de instalaciones de aforos: las
     colocadas por las diversas Administraciones públicas y las que
     recaen, en su utilización y responsabilidad, bajo la titularidad de
     personas particulares. (Artículo 53.2 de la Ley).
     3. Para la instalación de estaciones de aforo en vías que no sean de
     titularidad administrativa de quien la solicite, será preciso obtener
     la autorización del titular de la vía. (Artículo 53.3 de la Ley).
     4. El plazo para resolver y notificar será de un mes desde el inicio
     del expediente, transcurrido el cual deberá entenderse desestimada la
     petición.
     5. El solicitante de la autorización deberá presentar un estudio
     sobre la actuación a realizar, con datos relativos a los plazos de
     actuación, tipo de vía, modo de actuación y todos los demás de
     carácter técnico que sean requeridos por el titular de la carretera,
     quien concederá un plazo de al menos diez días para aportar los
     nuevos documentos que sean necesarios.
     En el caso de que la Administración solicite estudios, planos,
     variaciones, o cambios de tipo técnico que requieran por su
     complejidad plazos de elaboración, ejecución o consulta mayores, se
     le comunicará al interesado para que presente lo requerido en el
     plazo que se le otorgue.
     6. Si los datos obtenidos en los aforos practicados son necesitados
     por alguna persona distinta de quien tiene la titularidad
     administrativa sobre la vía y distinta del titular de la instalación
     de aforo, deberán ser solicitados de aquélla que los tenga
     legítimamente. (Del artículo 53.4 de la Ley).
     Artículo 122.-Instalaciones de pesaje.
     1. El titular de la vía podrá establecer y autorizar, en puntos
     estratégicos de la red de carreteras, instalaciones de pesaje, sobre
     la infraestructura de las vías, para conocimiento y control de las
     características de la demanda de tráfico. (Artículo 54.1 de la Ley).
     2. La titularidad de las estaciones de pesaje corresponderá, en todo
     caso, a alguna Administración pública, sea o no la titular de la
     carretera. (Artículo 54.2 de la Ley).
     3. Previamente a la instalación de las estaciones de pesaje, en vías
     sobre las que no se tenga la titularidad administrativa, se obtendrá
     el correspondiente permiso del titular de la vía, en los términos
     regulados en el artículo anterior. (Del artículo 54.3 de la Ley).
     4. Si los datos estadísticos obtenidos en las estaciones de pesaje
     son necesitados por una persona distinta de quien tiene la
     titularidad administrativa sobre la vía y distinta a la titular
     propietaria de la instalación de pesaje, deberán ser solicitados de
     aquélla que los tenga legítimamente (Artículo 54.4 de la Ley).
     5. Las sobrecargas que constituyan infracción se sancionarán por las
     autoridades competentes en cada caso. (Artículo 54.5 de la Ley).
     Artículo 123.-Prohibición de vertido de residuos y escombros.
     1. Queda prohibido el vertido de residuos líquidos, sólidos y de
     escombros en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de
     las carreteras reguladas en el presente Reglamento.
     2. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la exigencia de
     las responsabilidades oportunas a los responsables de la infracción,
     de acuerdo con lo establecido en el título VIII y en las demás normas
     aplicables sobre la materia.
     TITULO VII.-DE LAS TRAVESIAS Y DE LOS TRAMOS URBANOS
     Artículo 124.-Definiciones.
     1. Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que
     discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente
     instrumento de planeamiento urbanístico. (Artículo 55.1 de la Ley).
     2. Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan
     edificaciones consolidadas, al menos, en las dos terceras partes de
     su longitud, y un entramado de calles en, al menos, una de sus
     márgenes. A efectos de lo anterior, se entiende por edificación la
     obra o fábrica construida para habitación u otros usos, constituyendo
     un espacio cubierto y delimitado por muros de cierre. (Del artículo
     55.2 de la Ley).
     Artículo 125.-Delimitación de los tramos urbanos y travesías.
     En aquellos casos en que exista planeamiento, la delimitación de los
     tramos urbanos y de las travesías resultará de las determinaciones
     del propio planeamiento y de la existencia, en su caso, de suelo
     urbano consolidado en el caso de las travesías.
     Artículo 126.-Informe vinculante para la aprobación de los
     instrumentos de planeamiento urbanístico.
     1. La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento
     urbanístico que afecten a las carreteras autonómicas, provinciales y
     locales deberá ir precedida del correspondiente informe del titular
     de la vía, que tendrá carácter vinculante.  (Del artículo 56 de la
     Ley) todo ello sin perjuicio del informe específico del Departamento
     de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte referido en el artículo 44
     de este Reglamento (Del artículo 30.2 de la Ley).
     2. Este deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción del
     expediente, y versará sobre todos aquellos aspectos del planeamiento
     urbanístico que puedan afectar a las carreteras del ente
     correspondiente y a sus zonas de protección regulados en la presente
     norma.
     3. El transcurso del plazo sin la emisión del informe supondrá la
     conformidad con la propuesta de planeamiento urbanístico.
     Artículo 127.-Otorgamiento de autorizaciones y licencias.
     1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o
     actividades no ejecutadas directamente por el titular de la vía en la
     zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los
     Ayuntamientos respectivos, previo informe vinculante del titular de
     la vía. Cuando las obras o actividades vayan a ser realizadas por el
     titular de la vía, éste deberá notificárselo al Ayuntamiento. (Del
     artículo 57.1 de la Ley).
     2. El informe deberá emitirse en el plazo máximo de un mes tras su
     solicitud. El transcurso de dicho plazo sin otorgarlo supondrá
     disconformidad con la obra o actividad indicada.
     3. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos y
     travesías de las carreteras reguladas en el presente Reglamento, las
     autorizaciones de usos y obras serán otorgadas por los Ayuntamientos.
     Cuando no exista instrumento de planeamiento urbanístico aprobado
     definitivamente, los Ayuntamientos deberán recabar, con carácter
     previo, informe del titular de la vía. (Del artículo 57.2 de la Ley).
     El informe deberá otorgarse en el plazo máximo de un mes tras su
     solicitud. El transcurso de dicho plazo sin otorgarlo supondrá la
     conformidad con la obra o actividad indicada.
     4. Las autorizaciones a las que se refieren los apartados anteriores
     deberán respetar las exigencias y limitaciones establecidas en el
     capítulo primero del título VI.
     5. Cuando las autorizaciones excepcionales a las que hace referencia
     el artículo 120 se refieran a actividades a desarrollar íntegramente
     en tramos urbanos, serán otorgadas por los respectivos Ayuntamientos.
     Artículo 128.-Conservación y explotación.
     1. La conservación y explotación de los tramos urbanos de las
     carreteras corresponderá al titular de las mismas (Artículo 58.1 de
     la Ley).
     2. En los tramos urbanos, la instalación, conservación y reparación
     de los servicios públicos en el área de la carretera corresponderán a
     los titulares de dichos servicios, previa solicitud de autorización
     para su ejecución y con sujeción a las condiciones técnicas que fije
     en cada caso el titular de la vía (Artículo 58.2 de la Ley).
     3. No obstante lo anterior, el titular de la vía podrá celebrar
     convenios con los Ayuntamientos por los que discurran las travesías o
     tramos urbanos con el fin de la mejor conservación y funcionalidad de
     la carretera.
     Artículo 129.-Entrega de los tramos urbanos a los Ayuntamientos.
     1. Los tramos urbanos de carretera que adquieran la condición de
     «vías exclusivamente urbanas» se entregarán obligatoriamente, a todos
     los efectos, a los Ayuntamientos respectivos. Para dicha entrega, se
     observará el procedimiento establecido en el artículo siguiente (Del
     artículo 58.3 de la Ley).
     2. La condición de «exclusivamente urbana» se adquirirá en los
     siguientes casos:
     a) Cuando como consecuencia de la construcción de una variante, ronda
     o circunvalación el tramo urbano de la carretera deje de utilizarse
     necesariamente para atravesar el núcleo urbano. La mencionada
     situación comenzará en el momento en el que sea abierta al tráfico la
     variante, ronda o circunvalación.
     b) En supuestos diferentes de los anteriores en los que el tráfico en
     la carretera sea mayoritariamente urbano y exista una alternativa
     viaria que mantenga la continuidad de la Red de carreteras autonómica
     o provincial proporcionando un mejor nivel de servicio. Estas
     circunstancias deben ser acreditadas, en su caso, a través de los
     informes y estudios técnicos oportunos.
     Artículo 130.-Procedimiento de entrega.
     1. El expediente se iniciará, en el caso de las carreteras
     autonómicas, a instancia del Ayuntamiento o de oficio por la
     Dirección General de Carreteras del Departamento de Obras Públicas,
     Urbanismo y Transportes. En este último caso se recabará informe del
     Ayuntamiento afectado y de la Comisión del Plan General de
     Carreteras. El transcurso del plazo de dos meses sin la recepción de
     los informes mencionados, supondrá conformidad con la propuesta de
     cesión.
     2. Concluido el trámite, el Gobierno resolverá mediante Acuerdo.  El
     Acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» y se
     notificará al Ayuntamiento afectado siendo susceptible de los
     recursos administrativos y judiciales establecidos por la legislación
     básica del procedimiento administrativo común y la procesal
     contencioso-administrativa.
     3. La entrega definitiva del tramo afectado deberá ir acompañada de
     la suscripción de la correspondiente Acta de entrega de conformidad
     con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
     4. En tanto en cuanto no se suscriba el Acta mencionada en el
     apartado anterior, la Comunidad Autónoma continuará con la
     explotación de la carretera.
     5. En los casos que se considere necesario dadas las características
     del Municipio, se podrá conveniar una ayuda económica de la
     Administración autonómica al Ayuntamiento afectado durante los
     primeros cinco años de gestión del tramo de carretera entregado.
     6. El mismo procedimiento regulado en los apartados anteriores se
     seguirá para la entrega de los tramos urbanos de las carreteras
     provinciales a los Ayuntamientos. El expediente se iniciará en este
     caso por el Servicio de la Diputación Provincial responsable de
     carreteras o a instancia del Ayuntamiento y será resuelto en todo
     caso por el Pleno de aquélla, según los requisitos exigidos por la
     legislación local para este tipo de acuerdos.
     Artículo 131.-Utilización.
     1. La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos se regulará
     por lo establecido en el capítulo primero del título VI y por lo
     regulado en la normativa sobre tráfico y seguridad vial.
     2. Podrá construirse en los márgenes de las carreteras que
     transcurran por tramos urbanos, si se estima conveniente para
     proteger la calidad de vida de las urbanizaciones existentes y de las
     futuras, una franja ajardinada de separación de la carretera que
     proteja a los usuarios de la zona urbana de los ruidos y la
     contaminación producida por la carretera; e igualmente, barreras
     sónicas que, armonizadas con el entorno, aíslen acústicamente y
     prevengan la contaminación de las urbanizaciones colindantes.
     TITULO VIII.-DE LAS INFRACCIONES
     Y SANCIONES.
     CAPITULO I.-ACTIVIDAD INSPECTORA DE LA ADMINISTRACION
     Artículo 132.-Actividad inspectora.
     1. La labor inspectora en relación con el dominio público viario será
     desempeñada por el personal apropiado del Departamento de Obras
     Públicas, Urbanismo y Transportes y el perteneciente a los Servicios
     de carreteras de los Entes Locales titulares de éstas.
     2. En el ejercicio de esta labor existirá una colaboración y
     coordinación entre las Administraciones aragonesas titulares de
     carreteras, que deberán comunicar al titular de la vía todos aquellos
     actos o usos que detecten que pudieran ser contrarios a lo dispuesto
     en el presente Reglamento y en las demás normas reguladoras de las
     carreteras autonómicas y locales.
     3. Quienes ejerzan la labor inspectora estarán facultados para
     acceder a los terrenos de propiedad privada en los que deban realizar
     comprobaciones o cualquier tipo de actuación previo el cumplimiento
     de las garantías establecidas por la Ley.
     Artículo 133.-Acta de inspección.
     1. El acta de inspección llevará a cabo una descripción de los hechos
     producidos, y deberá especificar, en su caso, el precepto o preceptos
     infringidos y las medidas a adoptar por el interesado. A efectos
     probatorios, tendrá el valor de documento público, con independencia
     de que sea o no firmada por el interesado.
     2. Contra las actas de inspección cabrá formular alegaciones en el
     plazo de quince días a partir del día siguiente al de la notificación
     de los hechos al interesado.
     CAPITULO II.-INFRACCIONES Y SANCIONES
     Artículo 134.-Infracciones y sus clases.
     1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan
     cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos
     siguientes (Del artículo 59 de la Ley).
     2. En función de su gravedad, las infracciones se clasifican en
     leves, graves y muy graves.
     Artículo 135.-Infracciones leves.
     Son infracciones leves:
     a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de
     dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera,
     llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o
     incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las
     autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización
     posterior.
     b) Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio
     público, excepto en la de explanación, objetos o materiales de
     cualquier naturaleza.
     c) Realizar, en la explanación o en la zona de dominio público,
     plantaciones o cambios de uso no permitidos, sin la pertinente
     autorización o sin atenerse a las condiciones de la autorización
     otorgada.
     (Artículo 59.1 de la Ley).
     Artículo 136.-Infracciones graves.
     Son infracciones graves:
     a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de
     dominio público, servidumbre o afección de la carretera más allá de
     la línea de edificación, sin las autorizaciones o licencias
     requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en
     las autorizaciones otorgadas, cuando no fuere posible su legalización
     posterior.
     b) Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente
     relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la
     circulación, o modificar intencionadamente sus características o
     situación.
     c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o
     instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la
     misma.
     d) Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que
     afecten a la explanación de la carretera.
     e) Realizar en la explanación o en la zona de dominio público cruces
     aéreos o subterráneos no permitidos, o sin la pertinente
     autorización, o sin atenerse a las condiciones de la autorización
     otorgada.
     f) Colocar carteles informativos en las zonas de dominio público,
     servidumbre y afección sin autorización del titular de la vía.
     g) Haber sido sancionado por resolución firme, en dos o más
     ocasiones, por la comisión de una infracción leve.
     (Artículo 59.2 de la Ley).
     Artículo 137.-Infracciones muy graves.
     Son infracciones muy graves:
     a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones entre la arista
     exterior de la explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo
     sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de
     las prescripciones impuestas en las autorizaciones concedidas.
     b) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera
     directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad
     de la circulación, o modificar intencionadamente sus características
     o situación, cuando se impida que el elemento de que se trate siga
     prestando su función.
     c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o
     instalación de la carretera, o de los elementos funcionales de la
     misma, cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los arcenes.
     d) Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier
     naturaleza o realizar alguna actividad que resultare peligrosa,
     incómoda o insalubre para los usuarios de la carretera, sin adoptar
     las medidas pertinentes para evitarlo.
     e) Haber sido sancionado por resolución firme, en dos o más
     ocasiones, por la comisión de una infracción grave.
     f) Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de
     dominio público de la carretera.
     (Artículo 59.3 de la Ley)
     Artículo 138.-Responsables.
     1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o
     jurídicas siguientes:
     a) En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de una
     concesión o autorización administrativa, el titular de ésta.
     b) En los supuestos previstos en la letra f) de los artículos 136 y
     137, el titular del cartel informativo o instalación publicitaria y
     el anunciante.
     c) En otros supuestos, el promotor de la actividad infractora o el
     empresario o persona que la ejecuta, y el técnico director de
     aquélla.
     d) Si las infracciones son imputadas a una persona jurídica, son
     responsables subsidiarios las personas físicas que integren sus
     órganos rectores o de dirección, salvo las que hayan disentido
     expresamente de los acuerdos adoptados.
     2. Si existiera más de un sujeto responsable, responderán todos ellos
     de forma solidaria de la infracción y de la sanción que en su caso se
     imponga.
     3. Las multas impuestas a los distintos sujetos responsables como
     consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter
     independiente.
     Artículo 139.-Sanciones.
     1. Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores serán
     sancionadas, atendiendo a los daños y perjuicios producidos, al
     riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes
     multas, que no podrán exceder de 30.050'61 euros:
     a) Infracciones leves: multa de 60'1 a 601'01 euros.
     b) Infracciones graves: multa de 601,02 a 3005'06 euros.
     c) Infracciones muy graves: multa de 3005'07 euros a 30.050'61 euros.
     (Artículo 60.1 de la Ley).
     2. Para la determinación de la cuantía de las multas dentro de los
     límites establecidos en el apartado anterior, se tendrán en cuenta,
     además:
     a) El valor de los daños ocasionados al dominio público,
     instalaciones y elementos funcionales de las carreteras
     b) El valor de las obras y el lugar en que se ejecuten, en función de
     sus cualidades urbanísticas, ambientales o culturales.
     c) La superficie ocupada.
     d) El riesgo creado a los usuarios de la carretera, desde el punto de
     vista de la visibilidad y la seguridad vial.
     e) El grado de culpabilidad del infractor.
     f) La reincidencia, entendida como la sanción firme en dos o más
     ocasiones en el plazo de un año, por la comisión de una infracción de
     la misma naturaleza.
     g) El reconocimiento de los hechos por el infractor en el momento de
     formulación de la denuncia.
     3. En las sanciones impuestas por la infracción de la letra f) del
     artículo 137, se valorará, además, la proporción entre la máxima
     dimensión de la instalación publicitaria y su distancia a la arista
     exterior de la calzada.
     4. En la cuantificación de las multas deberá tenerse en cuenta en
     todo caso el beneficio obtenido con la actividad infractora.
     5. Será circunstancia atenuante de la responsabilidad el haber
     corregido la situación creada por la comisión de la infracción de
     propia iniciativa o ante el primero de los requerimientos realizados
     por la Administración.
     Artículo 140.-Multas coercitivas.
     1. Si además de la imposición de las multas previstas en el artículo
     anterior, la resolución impusiera al sancionado una conducta
     consistente en hacer, deshacer algo o dejar de hacer algo, y no fuere
     cumplido en el plazo fijado en el requerimiento, una vez transcurrido
     dicho plazo podrán imponérsele multas coercitivas, conforme a lo
     establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
     Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la normativa
     local, cuando, en su caso, las infracciones se hayan cometido en
     carreteras de las Redes provinciales o municipales.
     2. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el cincuenta
     por ciento (50%) de la multa fijada para la infracción cometida.
     (Artículo 60.2 de la Ley).
     Artículo 141.-Competencia para la imposición de sanciones.
     La competencia para la imposición de las multas por infracciones
     cometidas en las carreteras corresponde:
     a) Las sanciones de multa hasta 12.020'24 euros, al Director del
     Servicio Provincial de Carreteras, cuando las infracciones se
     hubieran cometido en carreteras de las que sea titular la Comunidad
     Autónoma de Aragón, y al correspondiente Presidente de Diputación
     Provincial o Alcalde, cuando dichas infracciones se hubieran cometido
     en carreteras de las Redes provinciales o municipales,
     respectivamente.
     b) Las sanciones de multa desde 12.020'25 euros hasta 30.050'61
     euros, al Director General de Carreteras, cuando la infracción se
     hubiera cometido en carreteras de titularidad de la Comunidad
     Autónoma, y al Pleno de la respectiva Entidad Local, cuando dichas
     infracciones se hubieran cometido en carreteras de las Redes
     provinciales o municipales.
     (Artículo 61 de la Ley)
     Artículo 142.-Procedimiento sancionatorio.
     1. El procedimiento sancionatorio se regulará por el Decreto 28/2001,
     de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
     Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
     sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, se deberá
     tener en cuenta lo siguiente:
     a) El acuerdo de incoación del procedimiento será adoptado por el
     Director del Servicio Provincial. El acuerdo irá acompañado del
     nombramiento de un Instructor y de un Secretario.
     b) Las denuncias de las infracciones contra la carretera y su entorno
     podrán ser formuladas por los agentes del titular de la carretera,
     por algún órgano de otras Administraciones, por los agentes de
     policía o por los particulares.
     c) Los funcionarios del titular de la vía encargados de la vigilancia
     del uso y explotación de la carretera tendrán la consideración de
     agentes de la autoridad, y sus manifestaciones darán fe, salvo prueba
     en contrario, en las denuncias realizadas por ellos.
     Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las pruebas que en
     defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o
     aportar los propios interesados.
     2. La instrucción de un procedimiento sancionador se realizará sin
     perjuicio de la posibilidad de adoptar además las medidas reguladas
     en la Sección 8ª del capítulo primero del título VI, en relación con
     las obras ilegales o ruinosas.
     Artículo 143.-Prescripción.
     1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las
     graves a los dos años, y las leves a los seis meses. Las sanciones
     impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
     impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
     leves al año. (Artículo 62.1 de la Ley).
     2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
     desde el día en que la infracción se hubiere cometido.  En el caso de
     que el hecho o actividad constitutivos de infracción no pueda
     conocerse por la falta de manifestación de signos externos, el plazo
     de computará a partir del momento en que éstos se manifiesten.
     Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
     interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
     prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado
     durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
     (Del artículo 62.2 de la Ley).
     3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
     desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
     por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la
     iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
     ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
     durante más de un mes por causa no imputable al infractor. (Artículo
     62.3 de la Ley).
     Artículo 144.-Responsabilidad por daños.
     1. Los autores de daños y de perjuicios ocasionados en las carreteras
     o en sus elementos funcionales responderán de los mismos en la
     cuantía resultante de la valoración efectuada por los servicios
     técnicos del titular de la vía. Además, estarán obligados a restituir
     y reponer las cosas a su estado anterior.  (Del artículo 63.1 de la
     Ley).
     2. Esta responsabilidad será exigible en todo caso, con independencia
     de la sanción que se imponga por comisión de infracción
     administrativa. (Artículo 63.2 de la Ley).
     3. En el caso de que se considere urgente la reparación del daño, el
     Servicio Provincial de Carreteras competente lo hará de forma
     inmediata, pasando seguidamente propuesta de liquidación detallada
     del gasto al causante. Dicha liquidación será fijada definitivamente
     previa audiencia del interesado.
     Si no fuera urgente la reparación del daño, se requerirá al
     interesado para que la efectúe de forma voluntaria. En caso de
     incumplimiento en el plazo que se le conceda, el Servicio Provincial
     de Carreteras competente podrá proceder a la ejecución subsidiaria de
     las obras y trabajos necesarios, pasando seguidamente liquidación
     detallada del gasto al causante.
     4. Para la exacción del importe de los daños causados, se seguirá, en
     su caso, el procedimiento legal de apremio. (Artículo 63.3 de la
     Ley).
     5. Si las indemnizaciones por daños no se fijaron en la resolución
     del expediente sancionador, se tramitarán en expediente aparte, con
     audiencia del infractor.
     Artículo 145.-Infracciones en el dominio público.
     1. Quienes realicen actuaciones en el dominio público que, aunque no
     produzcan daños materiales, perjudiquen a la circulación o no puedan
     autorizarse según el presente Reglamento, estarán obligados a
     restituir las cosas a su estado inicial en el plazo que para ello se
     les conceda procediéndose, en caso de no hacerlo, a la ejecución
     subsidiaria. Si las actuaciones mencionadas constituyen un obstáculo
     peligroso para la circulación, se procederá inmediatamente a la
     ejecución subsidiaria y se liquidará el gasto al causante, que deberá
     abonarlo en el plazo de quince días.
     2. Si se tratara del establecimiento de algún acceso ejecutado sin
     autorización o sin ajustarse a las condiciones de ésta, o bien el
     acceso existente no presentara perfectas condiciones de limpieza,
     pavimentación, afirmado o seguridad vial, el titular de la vía
     notificará al infractor o propietario el hecho dándole plazo para que
     proceda a subsanar los defectos, cumplir las condiciones o bien
     clausurar dicho acceso y restituir la explanación y el dominio
     público a su estado inicial. Caso de no cumplir dicho plazo se
     procederá a la ejecución subsidiaria y se liquidará el gasto al
     causante, que deberá abonarlo en el plazo de quince días.
     3. Lo indicado en este precepto se entiende sin perjuicio de la
     aplicación de la potestad sancionadora, si procede.
     DISPOSICIONES ADICIONALES
     Primera.-Integración de vías en la Red de carreteras.
     El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previa la
     oportuna propuesta, podrá, por razones de interés general y de
     funcionalidad de la Red de Carreteras, integrar en la misma las vías
     o tramos de las mismas que resulten necesarios.  (Disposición
     adicional segunda de la Ley).
     Segunda.-Gestión normal y gestión superior o excepcional de las
     carreteras.
     1. La Diputación General de Aragón y las Entidades Locales aplicarán
     directamente el presente Reglamento en la gestión normal de las
     carreteras de su titularidad.
     2. Cuando se trate de gestión superior o excepcional, el Consejero de
     Obras Públicas, Urbanismo y Transportes elevará, en cada caso, el
     correspondiente expediente al Gobierno de Aragón, para que éste
     adopte el acuerdo que proceda.
     El acuerdo de denegación de la autorización deberá ser motivado.
     3. A los efectos de lo establecido en los dos apartados anteriores,
     se considera:
     a) Gestión superior o excepcional, la producción de actos de
     disposición respecto de las carreteras, la construcción o supresión
     de éstas y la construcción de variantes.
     b) Gestión normal, aquella que no tenga el carácter de superior o
     excepcional.
     (Disposición adicional tercera de la Ley).
     Tercera.-Actualización de la cuantía de las sanciones.
     Las cuantías de las sanciones previstas en este Reglamento podrán ser
     actualizadas por el Gobierno de Aragón, mediante Decreto, a propuesta
     del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
     (Disposición adicional cuarta de la Ley).
     DISPOSICIONES TRANSITORIAS
     Primera.-Adecuación de rótulos mercantiles.
     Los titulares de establecimientos mercantiles e industriales a los
     que hace mención el artículo 107 dispondrán de un plazo de dos años,
     a contar desde la entrada en vigor del presente Reglamento, para
     adecuar la forma y características de sus respectivos rótulos a lo
     dispuesto en el citado precepto. No obstante, el titular de la vía
     podrá ordenar en cualquier momento la retirada o sustitución de
     aquellos rótulos que por sus características puedan perjudicar la
     seguridad de la circulación.
     Segunda.-Revisión de autorizaciones y accesos construidos.
     El titular de la vía revisará, en el plazo de dos años a partir de la
     entrada en vigor de este Reglamento, todas las autorizaciones y
     accesos construidos que sean contrarios a las prescripciones
     establecidas en la Ley de Carreteras de Aragón y en la presente
     norma. La revisión de las autorizaciones y la consiguiente clausura
     de los accesos no darán lugar a indemnización pudiendo el titular
     adecuarlos a las condiciones indicadas en la revisión.