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Rango: RESOLUCIÓN
Fecha de disposición: 23/12/99
Fecha de Publicacion: 21/01/00
Número de boletín: 9
Organo emisor: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
Titulo: RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Tributos, por la que se dictan instrucciones sobre la comprobación de valores.
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Texto

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Tributos, por la que se dictan instrucciones sobre la comprobación de valores.

El Justicia de Aragón, en su informe anual correspondiente a 1998, incluye la sugerencia de que "por el Departamento de Economía y Hacienda de la Diputación General de Aragón se agilice la fase de valoración en la tramitación del impuesto de sucesiones y donaciones adoptando aquellas medidas que estime convenientes". La sugerencia, reflejo de un deseo compartido por todos los implicados en la gestión tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pone de manifiesto una de las disfunciones más graves ocasionadas por la regulación de la comprobación de valores: el retraso en la resolución de los expedientes tributarios. Cuestión ligada, por su común origen en una obsoleta legislación, al reseñado retraso, es el que la facultad de comprobación de valores puede mermar también, al estar fundamentada en un concepto jurídico indeterminado de tan difícil consenso como el valor real de los bienes, la debida seguridad jurídica en la exacción de los impuestos. El mejor exponente del grado de preocupación sobre este asunto es el artículo 25 de la Ley 1/98 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes que establece la obligación, en determinados supuestos caracterizados por unos restrictivos requisitos, de que la Administración tributaria informe sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de su competencia. Sin embargo, y si se une esta norma con la cuestión anterior del retraso en la tramitación de expedientes, resultaría que la atención individualizada de esta información reforzaría el principio de seguridad jurídica pero, como efecto no querido, contribuiría también, en los procedimientos tributarios en que es pieza clave la comprobación de valores, a incrementar, en grave perjuicio de los contribuyentes, los retrasos en las liquidaciones administrativas. Tales procedimientos son, precisamente, los que afectan a los tributos cedidos. El tercer pilar, primero en importancia, sobre el que debe asentarse toda propuesta de mejora de la comprobación de valores, y que no por callarlo quienes denuncian lentitud y falta de seguridad debe olvidarse, es el respeto al principio constitucional de tributación conforme a la capacidad contributiva puesta de manifiesto en la operación que trate de gravarse. De modo tal que no sería solución válida el diseñar un sistema de comprobación rápido y seguro pero ajeno, por defecto o por exceso, al valor de mercado. Para conciliar los anteriores principios de actuación -gestión eficaz, seguridad jurídica, y tributación conforme a lo debido- es preciso buscar fórmulas de información que, atribuyéndoles la misma eficacia jurídica que recoge el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley 1/98 ("Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa, pero, cuando el contribuyente haya seguido los criterios manifestados por la Administración tributaria, no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad"), no produzcan, en los tributos en los que la comprobación de valores es trámite habitual, el perverso efecto de ralentizar esos procedimientos. A esta idea es a lo que responde la presente Resolución que, formalmente dirigida a establecer instrucciones de actuación administrativa, pretende también informar a todos los ciudadanos de la eficacia de los valores de referencia que la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón atribuye a los inmuebles radicados en su territorio, con carácter previo a su transmisión, y, respecto a los tributos que gestiona, con la garantía jurídica que la Ley 1/98 quiere para esa información. No obstante, se prevé que aquel contribuyente que desee una información particularizada, sea atendido cuando cumpla los requisitos (ceñidos a la norma que les da cobertura) que esta Resolución establece. La manera de comunicar esos valores, en consonancia con el artículo 5 de la Ley 1/98, no queda cerrada a un único instrumento, sino que, dependiendo de los medios materiales y humanos que en cada momento estén disponibles, podrá prestarse a través de distintos cauces. La fijación del valor de referencia, asunto central de esta información, está condicionado por varios factores (realismo, seguridad jurídica, favorecimiento de la gestión tributaria, simplicidad de cálculo, no conflictividad y atención a la verdadera capacidad contributiva) de no fácil conciliación. Lo insoslayable, en cualquier caso, y cómo no podía ser de otro modo, es la definición legal de base imponible en función del valor real del inmueble. Con esos condicionantes, la opción perfecta, anhelada desde ámbitos tan distintos como el urbanístico, el registral o el fiscal, sería la identificación del valor real con el valor catastral. Sin embargo, tal asimilación sólo sería posible, so pena de ignorar la realidad del mercado inmobiliario, en el año en que se aprobaran las Ponencias catastrales. En efecto, en ese momento, y por definición legal, la Ponencia debería cuantificar el valor de mercado del bien, aunque para calcular el valor catastral todavía fuere preciso su ponderación con el coeficiente de referencia al mercado, fijado por Resolución del Secretaría de Hacienda de 1993 y ratificado cinco años más tarde por Orden Ministerial, en el 0.5. Pero elaborada la Ponencia, y calculado después el valor catastral, un mínimo conocimiento de la evolución, en uno u otro sentido, del mercado inmobiliario pondría de manifiesto que ese valor catastral congela la referencia de mercado y queda desfasado e inutilizado como reflejo de tal valor. A pesar de todo lo anterior, el valor catastral, en cuanto valor conocido por el ciudadano, por la Administración Tributaria y por el Registro de la Propiedad, sigue siendo una cifra útil sobre la que cuantificar el valor de referencia que la presenta Resolución promueve. Sólo en aquéllos casos en los que los valores catastrales no existan, no estén revisados, o en los que tal magnitud no sea suficientemente relevante (y significativamente en el caso de terrenos rústicos), se informará del valor de referencia sin alusión al valor catastral.

En virtud de lo expuesto, y al amparo del artículo 21 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 29 de la Ley 11/96, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, esta Dirección General ha resuelto lo siguiente: Primero. El Servicio de Valoración inmobiliaria realizará las actuaciones necesarias para que todas las oficinas gestoras del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón estén en condiciones de proporcionar al contribuyente el valor de referencia de los inmuebles radicados en sus respectivas demarcaciones territoriales. En tal tarea deberá darse prioridad a las viviendas, locales y garajes, posponiendo, si resultara preciso, su aplicación a los terrenos.

Esta información no excluye la posibilidad de proceder a las valoraciones individualizadas que, conforme al artículo 25 de la Ley 1/98 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y según las instrucciones que posteriormente se detallan, pudieran presentarse.

Segundo. Por valor de referencia se entiende aquél que, relativo a la plena propiedad de un inmueble, fija, con base en datos estadísticos y estudios técnicos revisables periódicamente, una cifra por debajo de la cual los valores declarados por los sujetos pasivos se considerarán de comprobación preferente. Este valor podrá expresarse mediante la indicación de los criterios de valoración o, preferentemente, con una cifra concreta. Cuando resulte viable, el valor de referencia se expresará por comparación al valor catastral. El valor de referencia no es impugnable mediante recurso administrativo.

Tercero. La información del valor de referencia podrá suministrarse a través de la comunicación verbal o, preferentemente, mediante su publicación en tablón de anuncios, por comunicación dirigida a colegios profesionales, instituciones u otros colectivos, con soporte informático, por medios telemáticos o por cualquier otro medio que se considere oportuno.

En la confección de los programas informáticos que se elaboren en el seno de la Dirección General de Tributos para cumplimentar las autoliquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se incorporará, como una ayuda del mismo, el valor de referencia que corresponda.

Cuarto. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando el valor declarado sea igual o superior al valor de referencia, no se solicitará, salvo en supuesto excepcional que pueda apreciar el propio liquidador, valoración individualizada de los inmuebles adquiridos.

Quinto. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el valor de referencia cumple idéntica función a la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, la existencia de un precio en la adquisición, exige las siguientes matizaciones: --Se informará al contribuyente que, en ningún caso, el valor de referencia puede sustituir en el documento de la transmisión al precio real, so pena de poder incurrir en responsabilidades en el orden civil, fiscal o penal. Cualquier indicio de esta sustitución se comunicará al Servicio de Inspección. --Cuando el precio real consignado en el documento sea superior al valor de referencia, el valor a declarar, conforme a la normativa del Impuesto, será el precio de la transmisión. --Cuando el precio real consignado en el documento sea inferior al valor de referencia, el sujeto pasivo podrá declarar en su autoliquidación por tal valor e, incluso, por otro superior. De tal proceder no se podrá derivar ninguna consecuencia distinta al pago de la correspondiente autoliquidación excepto que, por las circunstancias concurrentes en la operación, pudiera apreciarse un negocio simulado, una conducta fraudulenta o un supuesto de donación onerosa.

Sexto. En aquellos casos en los que, habiendo el contribuyente declarado conforme al valor de referencia, una posterior comprobación de valor fijara un valor real distinto del declarado, no se incoará expediente sancionador alguno. Este tipo de comprobaciones, conforme a lo expuesto, deberá tener un carácter absolutamente excepcional.

Séptimo. Las peticiones de información sobre el valor de bienes inmuebles, amparadas en el artículo 25 de la Ley 1/98 deben seguir el régimen marcado en tal precepto, que se caracteriza por una petición previa a la transmisión, dirigida a la Administración competente para la gestión del Impuesto afectado.

Conforme a las competencias de gestión tributaria atribuidas a esta Administración, estas peticiones se tramitarán según los siguientes requisitos: Momento de presentación de la solicitud: --En las adquisiciones mortis causa, una vez fallecido el causante y antes de haberse producido la aceptación. --En las adquisiciones inter vivos, antes de producirse la transmisión. Para acceder a la petición deberá justificar su intención de adquirir el inmueble. Se entenderá cumplido tal requisito si aporta el consentimiento del propietario del bien para acceder a la valoración, presenta un precontrato, una opción de compra o documento análogo. Persona legitimada para la solicitud: --En el caso de transmisiones lucrativas inter vivos el adquirente. --En las transmisiones lucrativas mortis causa, el llamado a la herencia o legado. --En las transmisiones onerosas, si la operación se encuentra sujeta al IVA y a la cuota gradual del concepto impositivo de documentos Notariales del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el adquirente podrá solicitar valoración, una vez que justifique que, ni por parte del transmitente ni por la suya, procede solicitar valoración a efectos del IVA, impuesto principal que grava la transmisión. Si la operación estuviera sujeta al concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, podrá solicitar valoración exclusivamente el adquirente. --En las operaciones societarias que incluyan inmuebles, y sea preciso cuantificar, para determinar la base imponible de tal concepto impositivo, su valor real, la solicitud la presentará el adquirente del bien. En aquellas operaciones que vayan a acogerse a los beneficios establecidos para fusiones, escisiones, canje de valores, aportaciones no dinerarias especiales y similares, no se accederá a la solicitud. --En ningún caso se tramitarán solicitudes presentadas por el propietario del bien. La razón fundamental es que, por ese inmueble, no resulta potencial sujeto pasivo de los principales impuestos gestionados por la Administración Tributaria de esta Comunidad Autónoma, estructurados todos ellos alrededor de una transmisión. Esto implica que no deberá valorarse ninguna operación sujeta al gravamen de Actos Jurídicos Documentados que no suponga una transmisión. Y significativamente, en los casos de obra nueva, división de propiedad horizontal, agrupación, segregación y similares. En el caso particular del Impuesto sobre el Patrimonio tampoco se accederá a posibles solicitudes, puesto que el valor de mercado de los inmuebles no es la cuantificación de su base imponible. --El Servicio de Valoración Inmobiliaria establecerá los requisitos formales que considere pertinentes, y atenderá la petición formulada, salvo causa justificada, informando del valor que el inmueble tiene según el valor de referencia que le corresponda.

Octavo. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Zaragoza, 23 de diciembre de 1999.--El Director General de Tributos, Francisco Pozuelo Antoni.

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